En plena campaña electoral, el diputado nacional y precandidato a intendente por Córdoba Capital, Rodrigo de Loredo (Evolución Radical), presentó una de sus 60 propuestas que es crear un Ente de Control de Servicios públicos.

“PROPUESTAS PARA LA CIUDAD”, encabezó su tuit en redes y precisó: “Vamos a crear un Ente de Control de los Servicios Públicos: frecuencia que no se cumple, empresa que se multa”.

Así explicó que “en el marco de la reducción del gasto político que vamos a llevar adelante, la creación del órgano técnico no implica ningún gasto extra para las arcas municipales. Deberá controlar los pliegos y los contratos ya existentes y cuando algún punto no se cumple, multar a las empresas”.

“Los colectivos tienen que pasar en días hábiles entre 12 a 15 minutos, mientras que en horario nocturno y feriados la frecuencia es de 30 a 40 minutos. En los barrios, los vecinos se cansan de esperar en las paradas porque el colectivo no tiene esa frecuencia. Lo mismo sucede con el servicio de recolección diferenciada”, planteó el cordobés y agregó: “El contrato dice que deben pasar una vez a la semana, pero hay barrios en los que directamente no pasa. El municipio no controla, no multa, no exige que se respeten las condiciones contractuales”.

De esta manera, explicó que el Ente de Control que se propone, tendrá un perfil técnico, será independiente y autónomo. Estará compuesto por cinco miembros que se designarán tras un concurso de antecedentes. Tres de ellos serán propuestos por universidades y colegios profesionales, uno en representación de los vecinos y solo uno representando al Ejecutivo, garantizando la imparcialidad respecto al poder político.

“El primer paso para tener servicios municipales eficientes y de calidad es el control riguroso y su monitoreo permanente”, sostuvo el precandidato y comentó que “la creación de este tipo de organismos se previó en la Carta Orgánica Municipal desde su sanción en 1995, pero nunca se concretó”.

“Los servicios públicos de la ciudad le salen muy caro a los cordobeses, se paga mucho por servicios de poca calidad. La solución es hacer cumplir los contratos y los pliegos que ya existen. En eso vamos a ser inflexibles: servicio que no se cumple, empresa que se multa”, cerró.

En el marco de la delicada situación económica que atraviesa el país, el legislador del Frente de Todos (FdT), Santiago Roberto, impulsó en la Legislatura un proyecto de ley para que la Ciudad adhiera a la Ley Nacional N° 27.218 para que entidades de bien público porteñas puedan ser parte del régimen tarifario específico que define un tratamiento particular para aplicar a las entidades sin fines de lucro, en relación al precio que las mismas pagan por los servicios públicos.

La mencionada normativa en el título IV hace referencia a los servicios públicos esenciales, y establece que tendrá aplicación en el servicio público de agua potable, desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía. En tanto, el art. 26 de la referida Ley invita al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y trabajar en coordinación para implementar regímenes equivalentes.

Para acceder al Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público las empresas prestadoras de los servicios públicos podrán requerir únicamente la constancia de cumplimiento, que los clubes de barrio estén inscriptos en inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas (R.U.I.D.), el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (R.O.A.C.), y/o la Secretaria de Integración Social para Personas Mayores que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la tarifa aplicable a los sujetos del Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público será la tarifa mínima establecida en la jurisdicción y nunca podrá ser superior a la aplicable a los usuarios residenciales, según los cargos propios de cada servicio.

Las entidades que no estén registradas en los ítems mencionados con anterioridad o que se encuentren con el trámite pendiente de resolución, gozarán del régimen de manera provisoria por el término de seis meses, que podrá ser prorrogado, por la Autoridad de Aplicación, por única vez por otros seis meses.

Al respecto del proyecto, Roberto afirmó que “si algo caracteriza a las y los porteños es la construcción de lazos sociales que suelen surgir en  los clubes de barrio y otras entidades de bien público” e indicó que “estas organizaciones que muchísimas veces son espacios de contención social han entrado en serio riesgo. Por ello, es necesario que la Ciudad adhiera al Régimen tarifario específico como medida para evitar que deban cerrar sus puertas”.

Asimismo planteó que “dada la importancia de la tarea social, comunitaria, cultural, deportiva y de contención que realizan las entidades de bien público, presentamos este proyecto para hacer frente a una situación social que se potenció con la llegada de la pandemia”.

“El impulso puesto en estas instituciones requiere de voluntad política, de programas y leyes específicas, acordes a estos tiempos y que acompañen a las organizaciones para evitar que cierren sus puertas. Por ello, es necesario  considerar que en ello se juega la posibilidad de que niñas, niños, adolescentes y adultas y adultos pierdan esos lugares de pertenencia que funcionan como ámbitos de sociabilidad, contención social, y desarrollo personal y comunitario”, sentenció el peronista.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo, dio el puntapié inicial este miércoles al debate sobre proyectos que buscan declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos y derecho humano universal.

En el arranque de la reunión, que contó solo con la presencia de legisladores del Frente de Todos ya que Juntos por el Cambio rechaza el protocolo de funcionamiento remoto dispuesto por la vicepresidenta Cristina Kirchner, los oficialistas José Mayans y Mario Pais ratificaron la modalidad del trabajo parlamentario y anticiparon que aprobaran el decreto de Presidencia.

A modo de introducción, Luenzo señaló que en la pandemia se vio reflejado que este “es uno de los derechos humanos básicos que también consagra a otros derechos, como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo”.

“Argentina tiene una deuda pendiente particularmente con el interior, donde la brecha digital es importante, es significativa”, remarcó el chubutense y destacó que “ENACOM ha puesto en marcha una serie de planes con una inversión en cuatro años de 40 mil millones de pesos, para seguir desde el Estado cumpliendo con este objetivo, que es el de la inclusión digital”.

El presidente de la comisión consideró que debe existir un “trabajo conjunto entre el sector público y el privado para hacer posible que, a partir de la intervención del Estado, que además es responsable del espacio radioeléctrico, le demos cumplimento a ese objetivo”.

Y subrayó, al repasar que al respecto hay cuatro proyectos presentados por el Frente de Todos y otros dos por Juntos por el Cambio, que “tanto desde la oposición como del oficialismo hay interés” en el tema.

Por su parte, el senador Antonio Rodas lamentó “la actitud por parte de la oposición que pone palos sobre las ruedas, pero ya no nos extraña”. Sobre el tema, recordó que es autor de un proyecto que impulsa la modificación del artículo 15 de la Ley Argentina Digital. “Encontré que lo que Cristina (Kirchner) nos dejó, Macri lo sacó. Todo lo que era el servicio a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) debería considerarse y tratarse, por eso coincido en que tenga un tratamiento adecuado”, sostuvo el oficialista.

Y añadió que su provincia “recibe enormes inversiones y nuestra red de fibra óptica se extiende a más de dos mil kilómetros. Sobre 55 localidades, 43 están haciendo uso de esa herramienta”.

En el cierre de la reunión informativa, que pasó a un cuarto intermedio hasta que se reciban a nuevos expositores, Luenzo informó el pase a la firma de un conjunto de proyectos de declaración y comunicación.

La presentación de los especialistas

La primera oradora fue Bernadette Califano, investigadora del CONICET, quien hizo hincapié y celebró que se tomen iniciativas de políticas públicas porque “es importante hacer foco en los objetivos macros para poder implementar medidas regulatorias integrales y articuladas que conduzcan a una implementación que desagreguen esas políticas”, aunque señaló que, si bien algunos de los proyectos los mencionan hay que volver a preguntarse “por qué queremos declarar el acceso a Internet como servicio público. ¿Qué buscamos? ¿Disminuir brechas digitales? ¿Buscamos fomentar la participación de distintos sectores? ¿Se busca regular precios para el usuario final? Son algunas de las preguntas que me surgen y son interesantes responder para elaborar políticas públicas coherentes que no sean coyunturales, sino a largo plazo articuladas a otras iniciativas de Gobierno”.

“Hay una deuda histórica por la falta de acceso a Internet de calidad para importantes sectores y es necesario que haya políticas públicas que resuelvan este problema”, aseguró, e indicó que según los indicadores del ENACOM “no ha variado la penetración de Internet fija en hogares, es baja. La penetración de telefonía fija es altísima, pero el 90% de los usuarios tienen planes post pagos que utilizan los sectores con menos recursos y registra ingresos más altos”.

Por consiguiente, Califano manifestó que “hay que solucionar un primer nivel de brecha digital que es a la conectividad, pero también en materia de hardware, de alfabetización digital, de calidades de conexión, hay brechas de velocidad. Se necesitan políticas públicas para resolver problemas que el mercado no hizo y tiene que estar en diálogo con el sector empresarial”.

Por otro lado, se refirió a algunos aspectos de los proyectos: “Hay un gran acuerdo de declarar el acceso a Internet como derecho humano, puesto que es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Es un debate que tiene muchos años”.

Además, la expositora recomendó “pensar qué pasa con las plataformas digitales, si se incluyen o no dentro de este proyecto. La telefonía móvil la incluyen dentro de esta clasificación y otros dentro de los servicios públicos”. “Es interesante que se pueda debatir qué implica un servicio público, cuáles son los argumentos para que un servicio de TIC sea considerado como público. Hay que pensar cómo lograr objetivos concretos a través de políticas públicas integrales”, finalizó.

A su turno, Henoch Aguilar, exsecretario de Comunicaciones y exvicepresidente de ARSAT, mencionó que “las desigualdades entre las diferentes provincias argentinas, saco el caso de CABA, no son proporcionales ni a sus ingresos per cápita ni al producto bruto”. “Hay cuatro provincias que están por debajo del 40% de acceso fijo: Formosa con 32%, San Juan 36%, Santa Cruz 37% y Mendoza 39%”.

“Tenemos casos de ingresos muy altos como es el de Santa Cruz; tenemos el caso de unas de las cuatro provincias más ricas como es el caso de Mendoza, no parece tener una explicación lógica”, observó y, por el contrario, precisó que “tenemos líderes provinciales que no son Buenos Aires, Santa Fe ni Córdoba” como La Pampa y San Luis que “lideran con el 82%” de conectividad.

En ese sentido, el expositor explicó que se trata de dos distritos que han tenido “políticas provinciales de largo plazo, que han roto la lógica a través de una continuidad de 20 o más de 15 años”. “La decisión de tomar a la conectividad como un objetivo provincial puede tener resultados que superan a las provincias más ricas”, analizó.

Durante su intervención, resaltó que en el país hay “áreas estructuralmente sin cobertura”, mientras que poblaciones rurales de 500 a 2.000 habitantes “están cubiertas apenas por 3G y muy poquito con 4G”. “No se logrará la cobertura universal que estamos pensando si cada provincia no diseña un plan específico en la medida de sus territorios y sus necesidades”, enfatizó.

Y agregó que “necesitamos nuevas redes, que necesitan inversión y para eso necesitamos un sistema de regulación”, aunque “más que regular precios” él recomienda incentivar la competencia, lo que “exige al otro a mejorar el servicio”.

En tercer lugar expuso Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Derechos de Usuarios y Consumidores, quien opinó que el DNU 690/20 dictado por el Gobierno y objetado en la Justicia por las empresas prestadoras, “abrió una puerta de discusión; viene a terminar con la pobreza en las comunicaciones que en esta etapa significa no poder acceder como en el 90% de la población a información básica. Evidentemente las normas de un país deben adaptarse a la situación, por lo que hay que poner como un derecho humano a las comunicaciones y como prioridad”.

“El concepto de servicio público en las comunicaciones nos lleva a pensar de qué estamos hablando. Argentina tiene un monopolio que ha ido generándose en el tiempo”, expresó y profundizó: “Hay dos grupos poderosísimos, esa división de Telefónica (Movistar) y Telecom, que tienen la disputa del sistema de celulares, Internet y cable. Tenemos empresas que no cumplen con la responsabilidad social empresaria, una función esencial”.

Asimismo, Bassano resaltó que “en esta pandemia se aceleró en forma rápida lo que se venía haciendo a lo largo de los años, que muchas actividades oficiales se desarrollan a través del sistema de Internet. La Justicia es Internet, la salud es Internet. Que un alumno no tenga un celular es apartarlo de la educación”. “El teléfono celular e Internet deben ser universales, son servicios públicos necesarios que el Estado controle las empresas porque la transmisión de los bloques de datos se hace a través de ellas y debe haber regulación y que no haya excluidos”, continuó.

“Si hablamos de que es un servicio público, esencial, universal, estratégico, también debemos hablar que es un servicio controlado y regulado, hay que tenerlo en cuenta. Es peligroso que no se controle el uso de la nube”, concluyó.

La palabra desde el ENACOM

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, se encargó de defender el DNU 690/20 y dijo que este decreto “nunca pretendió ser un todo, sino el comienzo de una política, o retomar una política que había sido anulada” por otro decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

“En el medio de la pandemia, con el ASPO y una situación de crisis sanitaria y económica que vivía el planeta, era necesario tomar una serie de medidas para garantizar el acceso a las TIC’s para todo el mundo”, sostuvo y aclaró que el DNU estuvo en sus fundamentos “inspirado en antecedentes internacionales”.

Sin embargo, el funcionario lamentó que “hay un sector de la economía de Argentina que cree que esto debe ser un bien de mercado y no un derecho humano básico”. “No podíamos dejar que el precio por el acceso al estudio o al trabajo fuera un bien de mercado”, defendió.

E insistió que “el DNU 690, ratificado por el Congreso, lo que hace es ratificar eso y en todo caso reponer y ampliar lo que ya estaba en la Ley Argentina Digital”. Entre sus aspectos centrales, esa norma disponía “generar planes de acceso universales” para los sectores más vulnerables y que la “regulación del precio lo sigue fijando la empresa pero debe ser justo, equitativo y razonable”.

“Todavía hay un sector de la Justicia que entiende que esto es un bien de mercado y no debería ser un servicio público, a pesar de que la Justicia funciona a través de Internet en este momento”, cuestionó.

En otro tramo, López afirmó que “estamos de acuerdo en que la competencia genera reducción de costos” pero “hay muchas legislaciones locales que impiden la competencia, ponen trabas para que donde hay una o dos empresas pueda haber una tercera”.

“Estamos en condiciones de regular precios mayoristas, en el sentido de competencia, para que no haya un abuso de posición dominante, y de precios minoristas, aunque en este momento esta judicializada esa parte del decreto”, prosiguió.

En comparación con la gestión K y la de Cambiemos, el vicepresidente del ENACOM recordó que “entre 2013 y 2015 la inversión del Estado fue de 3.200 millones de dólares” para este área, mientras que “en el período 2015-2019 la inversión estatal total fue de 264 millones de dólares” y “básicamente estuvo puesta exclusivamente en la red federal de fibra óptica”.

Por otra parte, admitió que “la inversión privada es fundamental”. “Hubo una fuerte inversión privada entre 2014 y 2015, 2016 y 2017, pero decayó en 2018 y 2019 y no porque los precios estuvieran regulados, los precios estuvieron más liberados que nunca”, subrayó. Sin embargo, “la telefonía fija en el período 2015-2019 tuvo un aumento de poco más de 2.000%, y en el resto de los servicios estuvo entre 30 y 50 puntos por encima de la inflación”.

“La brecha digital es una realidad, el 690 es un primer paso para vencerla. Con el DNU 690 se da comienzo a una política y un debate necesario”, finalizó.

Durante la pandemia la telecomunicación se volvió fundamental para diversas actividades, motivo por el cual el senador nacional y presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de expresión, Alfredo Luenzo (Frente de Todos – Chubut), presentó días atrás un proyecto de ley que tiene como objetivo declarar Internet como servicio público, debido a que “forma parte de los servicios esenciales en el siglo 21”.

En declaraciones por RN RADIO, Luenzo afirmó “nosotros venimos insistiendo en el carácter de internet como servicio público hace varios años”, tras lo que aseguró “creo que la pandemia nos terminó dando la razón porque es en donde más se puso en evidencia la necesidad de que todos los argentinos tengan acceso a Internet”, y detalló “en el uso de la educación a distancia, del tele trabajo, las recetas electrónicas, la atención a distancia”.

“Inclusive la conectividad es central para desarrollar conocimientos y capacidades, no solo para trabajar en nuestro territorio sino a nivel global. Hoy Internet forma parte de servicios esenciales en el siglo 21, así como en el siglo 20 lo fue la luz, el gas el agua corriente. Nadie puede negar que es importante porque cualquier trámite que se necesita hacer si o si requerís de Internet”, precisó el legislador oficialista.

La pandemia nos terminó dando la razón porque es en donde más se puso en evidencia la necesidad de que todos los argentinos tengan acceso a Internet. Forma parte de servicios esenciales en el siglo 21.

En relación al decreto establecido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló que pretenden “seguir la misma línea, pero ahora a través de una ley que le daría mayor fuerza a una iniciativa de esta característica”, y remarcó que también se busca “que el Estado intervenga en la formación de precios que deben ser justos y razonables”, no obstante dejó en claro que “bajo ningún punto de vista nos apropiamos de lo que es la rentabilidad porque si comparamos los datos del primer trimestre del 2020 y 2021, las compañías han triplicado el costo”, porque “no es un problema económico, sino político por parte de las empresas que se niegan a aceptar esta ley”.

En esta misma línea, el senador chubutense ratificó “apuntamos exactamente a los mismo tanto en lo que es acceso a Internet, telefonía móvil y telecomunicaciones. Creemos que es lo que corresponde porque son los tres pilares básicos”, y remarcó que “garantizan derechos humanos de acceso a la comunicación. El acceso a Internet te garantiza otros derechos también”.

“El Estado debe conversar con las empresas privadas porque Internet es un servicio público. Es un concepto obligatorio básico que incluye el servicio básico Internet, telefonía móvil y televisión paga. Se lo tenemos que garantizar a todos los argentinos porque son derechos”, subrayó el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de expresión.

Por último, en relación a la falta de conectividad en las escuelas expresó que la única posibilidad es “apelar a la buena voluntad de las empresas”, pero deben contar “con la asistencia del Estado y la ENACOM”.

El oficialismo en el Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley que apuntan a limitar la tasa de interés por mora relacionada a los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguro, por 38 votos a favor y 0 en contra.

Como suele ocurrir, al Frente de Todos se sumaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal optaron por ausentarse de la votación.

El debate no fue extenso y solo hubo tres oradores, pero Oscar Parrilli, en voz del oficialismo, y Laura Rodríguez Machado, en representación de la principal bancada opositora, se despacharon largamente y protagonizaron cruces por la cuestión del tiempo.

Abrió el debate el autor de los proyectos, el senador Parrilli, quien detalló los textos, sobre los cuales “veníamos trabajando desde hace mucho tiempo” -dijo- y “fueron proyectos muy discutidos, debatidos intensamente” ya que “aquí se afectan intereses”, sobre todo los referidos “al bolsillo”, donde “no todos votamos igual y no todos pensamos lo mismo”, señaló.

El neuquino aclaró que, por recomendación de la titular de AySA, Malena Galmarini, la iniciativa contempla no dejar la tasa pasiva para todos los usuarios, ya que “a lo mejor una empresa grande” con deudas tenga la posibilidad de especular “entre no pagar y las tasas de interés que podrían darle ese beneficio”, cuando la propuesta apunta a beneficiar “al particular, al club de barrio, al que realmente lo necesita”, resaltó.

“Estamos haciendo algo de equidad, de justicia, y evitar hacerle pagar al usuario, a la familia argentina, algo que no es que no paga porque no quiere, sino porque todavía no cobró, no tiene los recursos”, sostuvo el oficialista, en referencia puntualmente al artículo que establece el día 10 de cada mes como fecha del primer vencimiento.

Durante su extensa exposición, el legislador recordó que en 2014 se había establecido un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, pero en 2015 el gobierno de Cambiemos permitió que los bancos y las financieras “cobraran las tasas de interés que quisieran”. Sin embargo, “ningún banco durante la gestión nuestra perdió plata y se fundió, mucho menos”.

Para el kirchnerista, estas leyes buscan “poner equidad, poner límite, evitar el abuso de poder dominante”. “Los bancos y las financieras en Argentina son los que más rentabilidad tienen en América Latina”, remarcó e insistió: “Ninguna de las empresas a las cuales hoy nosotros le estamos poniendo límite, le estamos poniendo coto, en beneficio de los usuarios, va a perder plata, se van a fundir, ni mucho menos”.

Aspirando a que en la Cámara de Diputados “tengamos los votos necesarios para sancionar la ley”, Parrilli lanzó que “cuando la gente vaya a votar” en las próximas elecciones “también va a votar a diputados que van a estar en contra o a favor de esta ley; a favor de los bancos, las financieras, los grandes grupos económicos, o a favor de la gente”.

Muy crítica de los proyectos, y reclamando tener más tiempo en su discurso por el tiempo excedido por el senador oficialista, Rodríguez Machado disparó: “Hace bastante tiempo que ya le hemos sacado la máscara a estos terribles proyectos que presenta el senador Parrilli y el oficialismo K, que no son proyectos destinados precisamente a defender la producción, el empleo o la mano de obra argentina, sino un despropósito, donde bajo buenas intenciones destruye vastos sectores de la economía. En Córdoba le llamamos a este tipo de proyectos, que presenta Parrilli, Máximo Kirchner y otros de su espacio, los proyectos de lobo con piel de cordero“.

La legisladora del Pro observó que estos son los proyectos a los que “nos están acostumbrando con esa mayoría que tienen”, pero que “12 de septiembre y 14 de noviembre se va a empezar a terminar”, desafió, en relación a las próximas elecciones.

La cordobesa enumeró además medidas que considera erróneas por parte del oficialismo, como las restricciones a las exportaciones de carne, la nueva Ley de Biocombustibles y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego con la que “se iba a solucionar todo. Bueno, les aviso que no funciona”, expresó y mencionó los incendios que sufre su provincia.

En su discurso, Rodríguez Machado opinó que estas iniciativas responden a “internas” dentro del propio Gobierno, porque “estas empresas ya tienen fuertes regulaciones por el Estado argentino” a través del “Banco Central, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Seguros”.

O sino tienen su justificación en que “estamos en una época electoral y quieren ponerse algún moño, haciendo parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación”, analizó. Y continuó: “Están generando un fuerte aliciente a que los usuarios no paguen como corresponde, total de esta manera es mejor no pagar que pagar con mora”.

“Repitan en la cabeza ‘que haya empresas es algo bueno, no es algo malo; que haya fuentes de trabajo en Argentina es algo positivo’. No siempre se puede vivir de subsidios, no siempre se puede vivir del Estado. Y además si ustedes le quieren seguir sacando impuestos a las empresas para pagar el alto gasto que tienen desde el Estado necesariamente permitan que haya empresas en Argentina”, lanzó.

Por último, la senadora no auguró un buen destino de las iniciativas en la Cámara baja, donde pronosticó que “seguramente van a quedar hasta que empiece una nueva gestión en Diputados, con los nuevos diputados, y si se dan las encuestas que venimos manejando no van a tener esta mayoría y estos aliados, que por ahí se hacen los que no son kirchneristas y aprueban las leyes con ustedes; y se van a empezar a tratar las iniciativas el día que haya consenso, y nosotros vamos a poder defender a la producción, y van a dejar de cerrar empresas, y van a dejar de irse por Ezeiza nuestros jóvenes”.

En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, comenzó recordando la deuda y el default del gobierno anterior, durante el que hubo por parte de las empresas un “abuso con los precios”. En relación a las tarifas, subrayó que “mucha gente sacó créditos para poder pagar, sobre todo los jubilados”.

También cuestionó el “currazo” sobre los gastos administrativos extra que se cobran, como “el sostenimiento de cuenta, sostenimiento de la tarjeta, cambio de tarjeta”. “Le esquilman al trabajador, le esquilman al jubilado”, enfatizó y defendió que estos proyectos buscan “que no se le robe al trabajador, para que las empresas no hagan lo que quieran con el trabajador”.

El formoseño añadió que durante la época de Mauricio Macri, al que nombró en varios pasajes, hubo “un sistema financiero de chorros, de corruptos, que roban a los jubilados, a los pensionados, a los argentinos y que después fugan (divisas)”.

Qué establecen los proyectos

El primer proyecto, referido a los servicios públicos, modifica el artículo 31 de la Ley 24.240 -de Defensa del Consumidor- de modo de establecer un límite a la tasa de interés moratorio y/o punitorio por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, como así también las de servicios de televisión por cable, internet y telefonía móvil y fija, a ciertas categorías de usuarios: se trata de residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y cooperativas de trabajo.

De acuerdo al texto, dicha tasa en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último mes anterior al pago. Asimismo, no se podrá cobrar ningún tipo de cargos extras, como por ejemplo gastos de reconexión o administrativos.

También se añade al artículo reformado que la fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.
Otro punto es que los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Las empresas prestadoras de servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecúen su facturación a la tasa de interés regulada por la norma, serán sancionadas con una multa por un monto de 2 a 24 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En caso de incumplimiento por parte de las empresas en el cobro de intereses a los consumidores y usuarios de servicios públicos, se les aplicará una multa de 4 a 48 SMVM.

En todos los casos, las empresas deberán dar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, con tasas y plazos accesibles que serán establecidos por los entes reguladores.
En cuanto a la segunda iniciativa, se establece que “la tasa de interés moratorio y/o punitorio aplicable a las tarjetas de crédito, a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a consumidores y usuarios particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago”.

También, “no se podrá cobrar ningún cargo extra por gastos administrativos o cualquier otro concepto” y en caso de existir una tasa menor, deberá aplicarse siempre la más beneficiosa para los consumidores y usuarios.

La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios mencionados no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.

En sentido similar al otro proyecto, las empresas de estos servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecuen su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio serán sancionadas con multa de 4 a 48 SMVM.

En todos los casos, las empresas deberán otorgar a los consumidores y usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación, de modo que sean accesibles para los consumidores y usuarios.

Durante su exposición, Parrilli precisó que, a pedido de la flamante senadora Juliana Di Tullio, en ambas iniciativas se incorporó un párrafo estableciendo que en caso que la consumidora o usuaria fuera mujer, la tasa “se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios”.

El Frente de Todos avanzó con los dictámenes de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, impulsados por el senador kirchnerista Oscar Parrilli. Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos, definidos este mismo viernes.

Al explicar los cambios a las iniciativas, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.

De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.

Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.

“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.

También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.

“La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”, señala y añade que “los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley”.

En cuanto a las sanciones, las empresas de servicios públicos que no adecuen su facturación dentro de los 30 días, desde la publicación de la ley, serán sancionadas con multas que van desde los 2 a 24 Salarios Mínimo, Vital y Móvil; y, en caso de incumplimiento, habrá multas desde los 4 a 48 SMVM.

Al igual que en el otro proyecto, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán otorgar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas.

Al sentar la posición el interbloque Juntos por el Cambio, la senadora Laura Rodríguez Machado remarcó que “tenemos que considerar y analizar debidamente ya que no hubo unanimidad en asesores”. La cordobesa opinó que la ley busca “avanzar sobre las facultades del Central, desmereciendo todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo” y “es un verdadero incentivo a no pagar, disfrazado de un falso propósito de aliviar la situación de los deudores”.

“Verdaderamente busca liquidar la rentabilidad y posibilidades de subsistencia de estos sectores que alcanza”, dijo la macrista en referencia a los servicios privados, y ratificó: “No vamos a suscribir el despacho y vamos a tomar una decisión que será comunicada debidamente a los presidentes de las dos comisiones luego que el bloque se reúna y analice el texto”.

Desde el propio Frente de Todos, el chubutense Mario Pais planteó que no se debe “diferenciar a los destinatarios de la facturación, porque al hacerlo dejamos sin tope y sin límite, por ejemplo, a otros usuarios y consumidores de servicios públicos”. “La Ley de Defensa del Consumidor no distingue, habla de consumidores en general”, insistió.

A esa idea adhirió la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, que expresó que le parecía “razonable” porque sino “estamos incorporando una distinción que la Ley de Defensa del Consumidor no tiene”.

Sobre ello, Parrilli asintió que “de aquí al recinto podemos hacer un agregado para aclarar cuál es el régimen que queda para las empresas”. Llamativamente, y admitido por ella misma, Rodríguez Machado defendió la idea original de Parrilli de incorporar únicamente a las personas humanas, porque esto “tiene que ver con la imposibilidad de pago de una persona que con su sueldo no llega; no tiene que ver con los empresarios, con los deudores que puedan ser institucionales”. “Yo preferiría dejarlo como usted lo informó”, agregó, aunque aclaró no estar de acuerdo con la ley.

Participación de representantes del Banco Central

La subgerenta general de Regulación Financiera del Banco Central, Daniela Bossio, explicó que “para todas las operaciones de crédito, sean créditos personales o tarjetas de crédito” si la persona deudora “no se atrasa, lo que hay es un interés compensatorio”. “Si la persona se atrasa respecto de los vencimientos pactados debe abonar además el interés punitorio”, señaló.

“Nos deja más tranquilos la aclaración que se hizo sobre los objetivos de estos proyectos, básicamente vinculado a la reglamentación sobre el interés punitorio y no sobre el compensatorio”, dijo.

“La Ley de Tarjetas de Crédito establece un límite para el interés punitorio que no puede ser mayor al 50% de la tasa de interés compensatorio, en los contratos financieros se adiciona, cuando hay una mora, el interés punitorio al compensatorio”, agregó.

En tanto, Germán Feldman, subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central, apuntó que “el proyecto plantea la pasa pasiva del BNA a 30 días” y las tasas de esta entidad “están alineadas con los mínimos regulatorios que plantea el Banco Central”.

“La tasa de interés de tarjetas, que tradicionalmente se encontraba por encima de la tasa de los créditos personales, pasó a estar por debajo, eso es lo que venimos viendo desde mediados del año pasado”, informó.

Feldman consideró que “en caso de que algún usuario decidiera voluntariamente no pagar el servicio, sería conveniente pensar en una tasa que esté por encima de la tasa de interés pasiva del sistema para desalentar ese tipo de incentivos”.

“Distinguiría lo que es financiación con tarjetas de crédito, porque ya de por sí ahí hay una tasa compensatoria, de lo que es el otro proyecto sobre los servicios públicos”, observó.

El jefe del bloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, destacó que la ampliación del régimen de zona fría es una medida que “va a beneficiar el salario del trabajador”, al tiempo que se trata de un proyecto que “tiene el concepto del derecho social de las personas a recibir los servicios públicos”.

“Eran 800 mil las personas beneficiadas y ahora aumenta a 4 millones de personas”, enfatizó el formoseño, que manifestó que el Gobierno busca “un camino distinto al de (Mauricio) Macri” en cuanto a los servicios públicos.

Además, adelantó que se trabajará en una iniciativa sobre garrafas, para declararlas como servicio público, regulado por el Estado y con tarifas uniformes en todo el país, dado que en algunos puntos de la Argentina no hay gas por red.

Con críticas a la gestión anterior, el legislador señaló que en el gobierno de Cambiemos “quedaron morosas 33 mil empresas” en el sistema de gas, y agregó que “lo más triste” es que “fue para fugarlo”.

“Si Mauricio Macri hubiera aumentado las tarifas y hubiera invertido, hubiera sido genial, pero sacaron la plata del país”, añadió Mayans en declaraciones a Radio 10.

El Poder Ejecutivo enviará este año al Congreso una ley para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, según anunció este lunes el presidente Alberto Fernández al encabezar la Asamblea Legislativa donde quedó inaugurado el período ordinario de sesiones.

“Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”, proclamó Fernández, entre aplausos.

Consideró en ese sentido que “las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”.

“La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber ‘cuánto iba a venir de luz y gas’ ha llegado a su fin”, sentenció.

Fernández aclaró que la ley regirá hasta tanto se formule una nueva Revisión Tarifaria Integral. “Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas”, dijo.

El presidente advirtió que durante la gestión anterior “el aumento de las tarifas de luz y de gas se convirtió en un verdadero martirio para los argentinos”, mientras “las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”.

“Si siguiéramos con el sistema de Revisión Integral Vigente que heredamos del anterior gobierno, el gas debería haber aumentado un 80% en octubre de 2019 y debería aumentar un 130% en abril de este año”, y “la electricidad, por su parte, debería aumentar un 168% en el próximo mes de abril”, describió.

Tras remarcar que “cumplió su palabra” al disponer hasta hoy el aumento de tarifas, sostuvo que “ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo”.

“Las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren”, explicó.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de interrumpir por falta de pago la prestación de servicios públicos, que había sido establecida mediante el decreto 311/20 de marzo pasado en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.

La nueva medida también amplía de seis a siete la cantidad de facturas impagas que pueden tener los usuarios y las usuarias de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y TV paga.

Del mismo modo, se extiende también hasta fin de año la obligación de las empresas de telefonía fija o móvil, internet y TV paga de mantener un servicio reducido en caso de falta de pago.

La norma busca, de acuerdo a los fundamentos del decreto que la dispuso, “garantizar –en el marco de esta emergencia– el acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación)”.

La medida alcanza a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, a quienes perciban Pensiones no Contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), a usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social, a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVyM.

También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos SMVyM, a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, personas electrodependientes, a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Además, se benefician de esta medida las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en INAES, las instituciones de salud, públicas y privadas, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.

Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, ponderó el proyecto de Telemedicina que avanza en la Cámara alta y que incorpora “la mirada de la conectividad como un actor central de la discusión”. 

Durante el Plenario de Comisiones en conjunto con Salud y Presupuesto y Hacienda donde se avanzó con la iniciativa, Luenzo se refirió a “la problemática en términos de acceso a internet en los municipios y comunas del interior del país” y también a la “fuerte dispersión de tarifas si se comparan precio-calidad en las grandes ciudades argentinas en relación a los esquemas tarifarios en los pueblos”. 

En ese marco, el senador nacional por Chubut lamentó que “en el interior la conectividad es un problema, los costos son un problema. Quienes vivimos en el interior padecemos este problema crudamente”, agregó. 

Por ello, Luenzo exhortó a trabajar en conjunto con conceptos de “Telemedicina, Teletrabajo, Aula Virtual” con el DNU 690/20 que declaró como Servicio Público en Competencia al acceso a internet. “Este DNU donde colocamos a internet como un servicio público colabora con los objetivos de darle fiel cumplimiento a lo que nosotros acá estamos trabajando en este proyecto de ley de Telemedicina”, manifestó en ese sentido. 

El legislador remarcó que “cuando nosotros hablamos de servicio público de internet lo que estamos diciendo es que este tercer actor aparece mucho más nítidamente como una obligación para que llegue a todos por igual en todos los rincones de la Argentina”. Y agregó: “No solo en cuanto a infraestructura sino también en el cuadro tarifario”. 

Finalmente, Luenzo llamó a trabajar “de manera conjunta para cumplir con los objetivos que tiene el sector en el marco de la conectividad pero también en la necesidad que tiene la población en acercarse a esto que estamos planteando que es la posibilidad de la medicina a distancia”. 

En el Plenario de Comisiones de Salud, Sistemas, Medios y Libertad de Expresión y Presupuesto y Hacienda del Senado, se avanzó con el proyecto de Telemedicina como prestación del servicio de salud y la creación de un sistema de registro digital de Historia Clínica Electrónica y Tarjeta Médica Digital. 

En su presentación inicial, en tiempos de Cambiemos, el proyecto no pudo avanzar. Ahora, y a manos de su autora, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, la idea regresa con un amplio acompañamiento y en el marco de una pandemia que visibiliza aún más el incumplimiento de las prestadoras, según enfatiza su propia autora.

El proyecto, que había perdido estado parlamentario y fue presentado nuevamente por la legisladora chaqueña, obliga al Estado, a los fines del desarrollo económico nacional y “la más justa distribución del ingreso y de resguardar la salud y dignidad humana”, asegurar que los servicios públicos sean prestados en forma económicamente eficiente y satisfactoria, cumpliendo estándares de calidad y seguridad; procurando el acceso universal a los servicios públicos a los que se hizo referencia.

Asimismo, compromete a fomentar la educación para el consumo responsable, asegurar acceso a la información adecuada y veraz sobre todo lo referente a los prestadores de estos servicios públicos y a adoptar los recaudos necesarios para que se efectúen inversiones que aseguren el suministro de las prestaciones a largo plazo con la más apropiada tecnología, entre otras cuestiones.

En su iniciativa, Pilatti Vergara explica que, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió “reducir considerablemente los subsidios a las empresas prestatarias con sus bien conocidos tarifazos con alzas de hasta el 500 %, anuló la asequibilidad de los servicios para gran parte de la población”.

Además, afirmó que “la garantía de acceso a los servicios no se logra estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición económica privilegiada”.

“Buscamos otorgar a las instituciones y a la ciudadanía en general, una herramienta que sirva para establecer de manera irrefutable el acceso posible de estos servicios esenciales, para protegerlos y garantizarlos. No se trata de una mera prestación de un servicio público, se trata de la dignidad y a la salud de nuestros ciudadanos, de lograr una más justa distribución del ingreso y mayores niveles de equidad social e igualdad de oportunidades. Aquí no pueden primar solamente las leyes del mercado”, señaló al respecto la senadora.

El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, advirtió este sábado que “con el DNU que califica de servicios esenciales a la telefonía celular y fija,  internet y la televisión, el kirchnerismo se convirtió en campeón de iniciar juicios ante el CIADI”.

Por su parte, el diputado del Pro Waldo Wolff tuiteó: “Gobiernan hace 40 años ininterrumpidos el 30% más pobre de la PBA y el 50% de la gente no tiene cloacas. Pero te declaran esencial la telefonía y la tv disfrazándolo de política pública y no es otra cosa que terminar de controlar los medios”.

Otro mendocino, Luis Petri, señaló que “el DNU de telefonía celular e internet solo nos garantiza que vuelve la desinversión, la falta de señal y que el país por mucho tiempo no va a tener 5G. En un mundo digital que se encamina al teletrabajo, toman una decisión analógica que lo sepulta”.

Irónico como siempre, Fernando Iglesias tuiteó: “Murió Solange. No sabemos si el cadáver es el de Facundo. Siguen avanzando la crisis económica, la inseguridad y la pandemia. Menos mal que se vienen la reforma de la Justicia y la soberanía telefónica!  Bienvenidos al #MedioevoPeronista!”.

Desde el radicalismo, pero ubicado en esta cuestión en la vereda de enfrente, el senador mendocino Julio Cobos se mostró a favor de considerar “servicio público” a la telefonía celular: “Desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene; la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo”, señaló.

A través de las redes sociales, legisladores del Frente de Todos se alinearon con la decisión anunciada por el presidente de la Nación para declarar servicios públicos a la telefonía celular, el cable y los servicios de internet.

La diputada nacional Fernanda Vallejos sostuvo este sábado que “desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar a nuestro pueblo el acceso a los servicios esenciales. Mi profundo agradecimiento con nuestro presidente Alberto Fernández por la significativa decisión que ha tomado”.

La legisladora kirchnerista destacó “el compromiso” de las autoridades de Enacom, y sus autoridades, Claudio Ambrosini y Gustavo López, y celebró “la vocación del gobierno argentino de cuidarnos a todos y todas, que no es otra cosa que honrar el mandato popular para el que el pueblo nos honró con su voto”.

“Y por supuesto, como todas las construcciones son colectivas, esto también es una construcción del pueblo argentino y de muchos y muchas militantes y dirigentes comprometidos y comprometidas con la realidad de nuestro país, como mi querida compañera Alicia Castro”, agregó Vallejos.

Por su parte, la diputada Gabriela Cerruti señaló que el anuncio del Gobierno representa “una decisión trascendente que legisla a la vez sobre el presente convulsionado por la pandemia y el futuro que ya empezó”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau optó por apuntarle a la oposición: “Juntos por el Cambio se sincera respecto a los intereses que representa. Se opone al gravamen a las grandes riquezas que tendrían que aportar 12 mil personas. Se opone a congelar y regular precios de Internet, telefonía y TV paga. Siempre del peor lado. Eso son ellos”.

A su vez, el diputado Leonardo Grosso señaló que “nuestro presidente acaba de a garantizar el acceso a internet, la telefonía celular y la televisión paga para todes. En este contexto de virtualidad, este es un piso de derechos fundamental. Vinimos a cuidar a todes, sobre todo a les más olvidadxs!”.

Por su lado, Hugo Yasky señaló que “declarar de interés público de los servicios de telefonía celular, internet y TV por cable es garantizar el derecho a la información para todos, todas y todes. Es frenar los abusos cometidos por las empresas con posiciones monopólicas sobre los usuarios”.

La entrerriana Carolina Gaillard consideró que la declaración de servicio público a la telefonía celular, la telefonía fija, el servicio de internet y la TV “es una decisión de nuestro presidente Alberto Fernández que garantiza estos servicios hoy esenciales como un derecho que el estado debe regular para que no sean afectados”.

También celebró el diputado porteño Leandro Santoro, que se quejó: “Ahora dicen que la telefonía celular y la transmisión de datos por internet no son prioridad. Porque prioridad, lo que se dice prioridad, es el gas, la luz y el agua. ¿Quién dice esto? Los que nos subieron el gas, la luz y el agua un 5000%.

¡Fuerte ese aplauso al cinismo!”.

El diputado nacional por el Frente de Todos Leopoldo Moreau señaló este sábado que “el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ha tomado y, seguramente, seguirá tomando, decisiones muy importantes y beneficiosas para la sociedad”.

Citó como ejemplo “aliviar enormemente el peso de la deuda externa. Pero enfatizó que “pocas serán comparables a la decisión de declarar servicio público y esencial a los servicios de telefonía celular y fija, internet y TV paga”.

“Sin duda, esta es una regulación imprescindible que acompaña los cambios tecnológicos y que garantiza derechos para todas y todos los argentinos”, afirmó.

Moreau sostuvo que “el  acceso de menor costo a la educación, a la telemedicina, a la cultura, al teletrabajo y  a las comunicaciones es un paso enorme y una disposición muy alentadora y positiva. De aquí en más deberán contar con autorización estatal para aumentar tarifas. Por lo pronto quedan congeladas hasta el 31 de diciembre”.

Por último, finalizó el legislador: “Los más beneficiados serán los jóvenes a los que se les asegura que en el futuro no quedarán atados o sometidos a los abusos de posiciones dominantes que condicionan el mercado de las comunicaciones y el conocimiento. Los que querían sacar partido del monopolio del cuádruple play se quedan sin super ganancias”.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “el modelo de autoregulación en la telecomunicaciones con esa mirada neoliberal y excluyentemente economicista ha fracasado rotundamente en la Argentina”. En ese sentido, remarcó que “lejos de traernos soluciones, nos generó un esquema de acceso concentrado en los grandes centros urbanos, que profundiza las asimetrías y sobretodo nos dejó una dispersión alarmante en las tarifas y en el servicio”.

De esta forma Luenzo, que preside la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión de la Cámara alta, manifestó su “total acompañamiento” a la decisión del presidente Alberto Fernández para establecer el “carácter de servicio público esencial y estratégico en competencia al mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones”.

El chubutense subrayó que “la conectividad es un derecho humano” y que “dada la configuración que están tomando las sociedades contemporáneas que son sociedades de la información, es fundamental establecer una política de estado al respecto para garantizar un piso mínimo de cobertura, de calidad de servicio y de tarifa”.

Luenzo advirtió sobre “las complejidades que se han presentado en muchos pueblos y comunas durante la pandemia en materia de aula virtual, educación a distancia o telemedicina”. “En muchos casos la educación a distancia o el trabajo remoto eran de cumplimiento imposible producto de las malas prestaciones de servicio y eso es algo en lo que Argentina debía trabajar intensamente”, explicó.

En ese marco, además, rechazó el planteo de parte de la oposición al que interpretó como “oportunista” y los invitó a “dejar de lado la politiquería” y “dar el debate de fondo sobre los problemas de nuestro país”.

Para Luenzo “lo que se escucha de parte de la oposición son muchos lugares comunes, citando a las llamadas tendencias globales del mercado y refiriéndose a eventuales procesos de desinversión”. “Pero nada dicen de la mala calidad de servicio que ya hoy en día tienen los argentinos. Y eso no tiene que ver con la pandemia. Están brindando un servicio muy malo allí donde entienden que no tienen alta rentabilidad”, lamentó.

En contraste con “el planteo de Juntos por el Cambio que avala un criterio de mercado”, el chubutense recordó que “hasta el viernes estábamos en un esquema totalmente autoregulado por el mercado y lo cierto es que eso trajo inequidad, no soluciones. No se podía hablar por teléfono en la Argentina por la falta de inversión”. “Tras el gobierno de Cambiemos, donde se profundizó la concentración, lo que nos deja el modelo de autoregulación es un esquema donde poquitas manos se llevan fortunas mientras los argentinos pagan caro por un servicio de pésima calidad”.

Por otro lado, Luenzo recordó que “desde la Comisión de Sistemas y Medios del Senado que tengo el orgullo de presidir estamos trabajando desde 2016 en cuestiones tarifarias vinculadas a la conectividad y también en materia de infraestructura”.

El chubutense se mostró a favor de articular en conjunto con los prestadoras una tarifa social vinculada a la AUH para el servicio de datos en la telefonía móvil y planteó además establecer una referencia tarifaria para un servicio mínimo de tv, telefonía e internet que “traiga equidad entre las grandes ciudades y los pueblos y comunas”.

Finalmente expresó que “el debate que tendrá que venir ahora está vinculado a la problemática de la infraestructura”. En ese sentido, recordó que “en 2018 dimos media sanción a la Ley de Convergencia” pero que “fue cajoneada por Cambiemos en Diputados”.

“Allí hay una gran oportunidad para trabajar en conjunto con las cooperativas y pymes del interior que ya están en el territorio, que pueden dar miles de empleos en forma federal, pero necesitan un marco jurídico moderno que las contenga y las impulse”, detalló.

Representante de las organizaciones de defensa del consumidor, el diputado nacional José Luis Ramón celebró este sábado el decreto presidencial a través del cual estableció que el cable, los servicios de internet y la telefonía celular son servicios públicos.

Para Ramón, “el presidente Alberto Fernández resolvió una lucha que hace décadas impulsamos los consumidores. La conectividad (telefonía, internet) son un servicio público. Decisión en pos del cuidado y del interés económico de las economías familiares”, tuiteó este sábado.

Agregó el legislador mendocino que “todos los trabajadores, cuando terminan la jornada, se transforman en usuarios de cada servicio público. El aislamiento aceleró los tiempos del reclamo y hoy sumamos a la lista, los servicios de comunicación e información”.

“Un avance para todos/as”, concluyó el diputado del bloque Protectora.

El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto para que se realice una reliquidación de todas las facturas emitidas de los servicios de luz, gas y agua, y que su consumo sea calculado a partir de la última medición real previa a la declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Además, la iniciativa propone que se considere como trabajo esencial el control de los medidores de los servicios públicos y la atención presencial en las sedes administrativas de las empresas.

De acuerdo al texto presentado por el mendocino, los reintegros deberán ser efectuados en la primera factura emitida luego de la lectura real. Asimismo planteó que “se amplíe la cantidad de facturas impagas previo al corte de tres a seis consecutivas o alternadas”.

“Una consecuencia del aislamiento obligatorio fue el cese del control de los consumos de los servicios públicos con medidores domiciliarios, como la luz, el gas y el agua. Para determinar los consumos a partir de mediados de marzo, las empresas los estimaron en cantidades equivalentes a las realizadas en el mismo período del año anterior. De esta forma, un comercio que fue obligado a cerrar por el aislamiento debe pagar como si hubiera consumido la misma cantidad de luz, gas o agua que el año anterior; aun cuando no haya consumido nada. Esto generó una factura disociada totalmente de la realidad que, en muchos casos, no se pagó”, explicó el radical.

El exvicepresidente consideró que “corresponde habilitar el control de los medidores en todo el país y realizar una nueva liquidación de las facturas emitidas por los servicios públicos de luz, gas y agua, a partir de los consumos reales desde la declaración de la emergencia sanitaria”. “Queremos asegurar que se computen todos los cargos fijos y los consumos reales y no un estimado”, agregó.

Cobos recordó que si bien el Poder Ejecutivo, a través del DNU 311/20, “dispuso la posibilidad de tener tres facturas impagas consecutivas o alternadas”, ante la extensión de la cuarentena “y la consecuente caída de ingresos, corresponde ampliar a seis la cantidad de facturas impagas necesarias para que recién la empresa pueda ordenar el corte del servicio a las personas con alto nivel de vulnerabilidad”, sostuvo.

Debido a una nueva extensión del aislamiento social hasta el 28 de junio, los diputados de la UCR-Evolución presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual le solicitan al Gobierno nacional que gestione -a través de los organismos pertinentes- la condonación de las deudas por los servicios públicos que hayan sido adquiridas durante este periodo y exima del pago total y/o parcial hasta la finalización del mismo a todas las PyMEs del distrito capitalino cuyas actividades no se encuentren enmarcadas dentro de las declaradas como esenciales.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “como producto de la pandemia del Covid 19, la economía mundial caerá en 2020 un 5% aproximadamente; para Argentina, las estimaciones arrojan un intervalo de contracción de la actividad económica de entre 7% y 10% respecto a 2019” y remarcaron que “tomando el mes de abril como primer mes completo de aislamiento obligatorio, la actividad industrial a nivel país cayó más de 25% interanual según el consenso de consultoras privadas. Las únicas dos industrias que experimentaron un aumento leve a moderado en la actividad fueron las del rubro ‘alimentos y bebidas’ e ‘insumos químicos y plásticos’, debido a su carácter sumamente esencial”.

 Asimismo indicaron que “la demanda de energía eléctrica funciona como una buena estimación del ritmo comercial e industrial. En abril, en términos interanuales, la demanda de energía eléctrica del Gran Buenos Aires fue 5.5% menor en el segmento intermedio y se redujo 28.7% en los grandes consumos (más relacionado con la actividad industrial)”.

“El Gobierno porteño cuenta con herramientas limitadas para brindar ayuda a estas empresas. Puede hacer una moderada política tributaria o de créditos a través del Banco Ciudad como hoy está sucediendo; pero a diferencia de las Provincias (excluido el GBA) no tiene competencia regulatoria sobre las facturas de los consumos de los servicios públicos de agua, gas natural y energía eléctrica, que se constituyen como uno de los principales gastos de las PYMES debido a que los entes reguladores han resuelto imputar un consumo estimado ante la imposibilidad de lectura de medidores a consecuencia del aislamiento”, concluyeron.

La medida lleva la firma de Juan Francisco Nosiglia, Ariel Álvarez Palma, Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Evolución).