En principio, se trataría las modificaciones a la ley de Ministerios y prestar acuerdo para que Juan Miguel Cuatrromo continúe como presidente del Banco Provincia.
El Senado bonaerense oficializó la convocatoria de lo que será la segunda sesión extraordinaria del año para tratar la reforma de la Ley de Ministerios, considerar tres licencias de legisladores y ratificar a Juan Miguel Cuatrromo como presidente del Banco Provincia, el próximo miércoles a las 15 horas.
A modo de espejo, la Cámara de Diputados, comandada ahora por el diputado Alejandro Dichiara, saldrá de la parálisis para sancionar el cambio ministerial y resolver también los reemplazos de las licencias solicitadas por varios de sus integrantes. El horario es para las 17:30 horas.
La reforma planteada a la ley de Ministerios básicamente consiste en la eliminación de la figura de la Jefatura de Gabinete, tras la conflictiva salida del referente del oficialismo y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El tramite tiene previsto comenzar por el Senado y encontrar la sanción legislativa en Diputados.
El Senado, por su parte, además, tal como sucedió con el pliego de Alberto Sileoni que le dio el visto bueno para asumir al frente de la Dirección de Cultura y Educación, tratará la previsible designación por cuatro años más de Juan Miguel Cuatrromo como presidente del Banco Provincia.
Los senadores bonaerenses prestaron acuerdos para la designación de 31 funcionarios judiciales, se trata de los primeros expedientes remitidos al Cuerpo por la gestión de Axel Kicillof.
Los expedientes llegaron al recinto luego de haber sido considerados en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo, que despachó 31 expedientes de los 41 que en total que remitiera el Poder Ejecutivo.
Con movimientos sincronizados, al mismo tiempo que los senadores avanzaban en los acuerdos por los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, el gobierno firmó idéntico número de decretos para designar los primeros funcionarios judiciales de la gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof.
Así, En esta primera sesión de agosto, los senadores dieron el paso final y prestaron los acuerdos formales, en sesión ordinaria, para la designación de los nuevos 31 funcionarios Judiciales que insistentemente viene reclamando la Suprema Corte desde, prácticamente, la asunción de la actual gestión provincial. Se apunta que son más de 200 las vacantes que la Justicia reclama ser cubiertas.
Por lo pronto los senadores dieron el visto bueno aMaría del Cármen González Molinari y Valeria Álvarez, Paola Carolina Mazzeo (Juezas de Tribunal Criminal), Jorge Andrés Álvarez (Juez de Cámara de Apelaciones y Garantías), Mariano Andrés Porto (Juez de Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal), Lorena Malvina Martos (Jueza de Jugado de Familia): todos ellos del departamento judicial de San Martin.
También tuvieron su acuerdo legislativo los nuevos funcionarios del departamento judicial de Morón; Laura Mariel Pinto (Jueza de Garantías), Federico Carlos Topino (Juez de Tribunal en lo Criminal), Esteban Martín Juliano (Responsabilidad Penal Juvenil)
En tanto, que esperan la designación tras el acuerdo Federico Wacker Shroder (Juez de Tribunal Criminal), Guillermo Abel Pocatino (Juez Juzgado de Primera Instancia en Civil y Comercial), del departamento judicial de Mar del Plata.
En el departamento Lomas de Zamora los nuevos funcionarios son Mariano Marcelo Cattaneo (Juez Juzgado de Primera Instancia en Civil y Comercial), Antonio Miguel Balicki (Juez de Juzgado en lo Correccional) y en San Isídro; Silvina Coto (Jueza de Garantía de Juzgado del Joven), Venere María Paula (Juez de Primera Instancia en lo Administrativo), Pablo Castillo (Juez de Paz), Héctor Alberto Baltar (Juez de Cámara de Apelación de Garantías en lo Penal).
En tanto que en Mercedes se acordó la designación de Ignacio Racca (Juez de Tribunal en lo Criminal), Lucas Ricardo Gómez (Juez de Cámara de Apelación) y en La Plata a Ana Belén Piccone (Jueza en lo Correcional), Ernesto Julián Ferreyra y Juan Alberto Benavidez (Jueces de Cámara de Apelación y Garantías).
Para Quilmes se avanzó en los acuerdos de Luís Alejandro Gil Juliani, Mario Daniel Caputo (Jueces de Cámara de Apelación); en La Matanza se suman Natalia Mauro (Jueza de Juzgado en lo Correccional), Javier Gaspar (Defensor Fuero Responsabilidad Juvenil) y en el departamento Judicial Azul: Gustavo Agustín Echavarría Juez de Cámara de Apelación de Garantías en lo Penal).
En tanto que Jorge Federico Mercado (Juez de Cámara de Apelación) se incorporará en Bahía Blanca y en el departamento Zárate- Campana Alelí Nieves Kalf (Jueza Juzgado en lo Correccional); y José Ignacio Maschia (Juez de Paz) en San Nicolás.
Al Fuero Penal de Menores y Penal Juvenil Región 1 se acordó que Patricio Marcelo Gandulfo se incorpore como Juez de Cuerpo de Magistrado Suplente.
Por otra parte, el Cuerpo votó la iniciativa que regula la habilitación para el funcionamiento de salas de teatro independientes, centros culturales y espacios culturales alternativos dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.
También se declaró como personalidad destacada de la cultura de la provincia de Buenos Aires post mortem a la doctora Alcira Argumedo, socióloga y ex diputada nacional.
En otro orden, también se aprobó y giró a Diputados el proyecto de Ley que busca instituir un régimen excepcional a los fines previsionales, mediante el cual se computarán dobles los aportes por servicios remunerados que los afiliados hubieren efectuado al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, durante los años 2020 y 2021.
Los senadores bonaerenses se preparan para la prestación de acuerdos y así avanzar en la designación de 31 funcionarios judiciales, son los primeros expedientes remitidos al Cuerpo por la gestión de Axel Kicillof.
Los expedientes ya fueron considerados en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo, que movió 31 expedientes de los 41 que remitiera el Poder Ejecutivo y serían tratados en la sesión programada para este miércoles.
Con movimientos sincronizados, al mismo tiempo que los senadores avanzaban en los acuerdos por los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, el gobierno firmó idéntico número de decretos para designar los primeros funcionarios judiciales de la gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof.
Tal como se ha venido informando, en la provincia de Buenos Aires el actual gobierno frenó la designación de 41 pliegos de funcionarios judiciales que consiguieron acuerdo del Senado y que fueran propuesto por el PE durante el mandato de María Eugenia Vidal.
Pero mientras el gobierno que encabeza Kicillof si negó a promulgar los decretos de designación de los 41 funcionarios “acordados”, remitió un paquete de idéntico número de funcionarios judiciales para el Senado preste acuerdo.
Ahora, Kicillof revisó nombres y firmó el decreto para nombrar a 31 funcionarios “acordados” en la era Vidal, del total de 41. Y al mismo tiempo la oposición en el Senado posibilitó avanzar en el trámite formal para acordar 31 funcionarios que recientemente remitiera el gobierno de Kicillof, de un total de 41 remitidos.
No obstante, tras la firma de los decretos la oposición esperó la publicación de los mismo para que se vuelva efectiva la designación de los 31 funcionarios judiciales que quedaron envueltos en una polémica que se inició en los finales del gobierno de María Eugenia Vidal y el comienzo del de Kicillof.
Una vez publicadas los decretos de las designaciones, los senadores avanzarían con los 31 despachos en la Comisión de ACA, que serán tratados en el plenario de los senadores en sesión ordinaria. Finalizado ese trámite legislativo el PE podrá proceder a la designación de los mismo, vía decreto de designación debidamente publicado.
Así mientras senadores avanzaban con el acuerdo de 31 pliego de funcionarios judiciales el Poder Ejecutivo firmó los decretos para nombrar 13 fiscales, 8 Jueces de Tribunal Oral en lo Criminal, 5 Defensores/as, 1 Asesora de Incapaces, 1 Defensora Civil Comercial y Familia, 1 Juez de Cámara Civil y Comercial, 1 Juez de Familia, 1 Juez de Garantías.
Se trata de funcionarios que se desempeñaran en los Departamentos Judiciales de Avellaneda-Lanús, La Matanza, San Isidro, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, Moreno- General Rodríguez, Zarate-Campana, Azul y Mercedes.
Otros 10 pliegos que Juntos por el Cambio prestó acuerdo en ausencia de la bancada del FdT, con su propia mayoría en el Senado, que habían sido propuestos durante la gestión de María Eugenia Vidal, siguieron quedando en estudio del gobernador Axel Kicillof.
Los acuerdos aprobados por el Senado de la gestión Vidal, pero que seguirán esperando el decreto de designación, corresponden a Patricio Guillermo Arrieta como Juez de Garantías de Mercedes, de Leandro Vaccaro como agente fiscal Morón, Ignacio Torrigino, agente fiscal Lomas de Zamora; Mariano Aguilar y Lucia Marta Leiro, como integrantes del Tribunal Criminal de Zárate Campana; Silvia Andrea Gómez como Defensor Oficial en Lomas de Zamora; y Juan Pablo D’Onofrio como fiscal San Isidro.
Pero, sobre todo, los acuerdos de la polémica que más interés suscitan y que el Poder Ejecutivo se resiste a designar son los correspondientes a dos nuevos integrantes del Tribunal de Casación Penal en las personas de Francisco Pont Verges y Ana Julia Biasotti.
De la misma forma, en la Comisión de ACA del Senado provincial 10 expedientes remitidos por el gobierno de Axel Kicillof permanecerán sin movimiento hasta nuevo aviso, o eventualmente a la espera del recambio legislativo donde el oficialismo espera contar con mejor número e incluso con mayoría propia para poder cumplimentar con el trámite de rigor.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos está conducida por el senador del FdT Emmanuel González Santalla, que está acompañado por su par de bancada Gustavo Soos y los legisladores de Juntos Nidia Moirano y Juan Pablo Allan. También integran la comisión el vicepresidente I de la Cámara, el senador del FdT Alfredo Fisher, sus colegas de espacio político Agustina Propato, Gabriela Demaría y Omar Plaini; mientras que por Juntos participaron Elisa Carca, Claudia Rucci, Felicitas Beccar Varela y Gabino Tapia.
En esta primera sesión de agosto, los senadores darán el paso final y prestarán los acuerdos formales, en sesión ordinaria, para la designación de los nuevos 31 funcionarios Judiciales que insistentemente viene reclamando la Suprema Corte desde, prácticamente, la asunción de la actual gestión provincial. Se apunta que son más de 200 vacantes que la Justicia está reclamando.
Al inicio de la sesión, los senadores y senadoras recordaron al ex ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.
Como de púbico conocimiento, el ex intendente de Junín falleció trágicamente en un accidente de tránsito en la ruta nacional N 7 el pasado 23 de abril, y en la primera sesión tras el acontecimiento el Senado lo recordó, como también lo había hecho la Cámara de Diputados en su última sesión, que Meoni integró durante un mandato.
“Lo recordamos por cómo fue como persona, como militante, como intendente y legislador, y también como Ministro, el máximo cargo que ocupó un juninense en la historia”, dijo el miembro participante de la bancada del FdT, Gustavo Traverso.
“Nos unió el respeto, el cariño y la decisión de construir una argentina democrática, nacional, popular e inclusiva”, completó el senador del Frente de Todos, coterráneo del ministro fallecido.
Por su parte, el jefe de bancada de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, también recordó al ex funcionario, con quien compartió mandato en la Cámara de Diputados, entre el 1999 y 2003.
“Tuvimos diferencias políticas, pero nunca personales. Fue un hombre muy inteligente, un gran autodidacta, un gran militante político”, indicó el senador Costa.
En el marco de una nueva sesión ordinaria en el Senado bonaerense, se aprobaron diversas iniciativas que desde el bloque del FdT se ocuparon de resaltar.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la iniciativa del senador del FdT Emmanuel González Santalla para brindar una capacitación obligatoria ambiental y de desarrollo sustentable desde una perspectiva que fortalezca la inclusión social para los trabajadores y las trabajadoras de los tres poderes del Estado.
“En un contexto mundial signado por la pobreza y la inseguridad alimentaria, producto de la crisis del COVID-19, resulta imprescindible que un país con el potencial como el nuestro avance en la concientización respecto a formas sostenibles de producción y de consumo”, se consignó.
Al respecto, González Santalla expresó “no se puede sostener un modelo de producción basado en el extractivismo, los combustibles fósiles y la degradación de la tierra”, y añadió que “para edificar una sociedad más justa y más sustentable, el Estado debe impulsar un modelo de desarrollo, de consumo y de producción distinto al que tenemos hoy, que ponga en su centro al ser humano y al ambiente”.
Para el senador oriundo de Avellaneda, “los problemas ambientales generan pobreza”. Por eso, explicó, “decimos que hablar de ambiente es hablar de justicia social y de la distribución de la riqueza”.
El Senado también aprobó el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación distintos inmuebles localizados en los partidos de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre, que serán destinados a la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaldías.
La medida busca complementar el Plan de Infraestructura Penitenciaria que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está llevando adelante para dar respuesta a la sobrepoblación carcelaria.
Durante su exposición en el recinto, el senador Gustavo Soos manifestó que se trata de un “Plan Integral histórico y reparador para la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense”. “Construir establecimientos penitenciarios y alcaldías va a permitir garantizar derechos y otorgar condiciones dignas a quienes están privados de la libertad”, agregó.
Por su parte, el senador Gervasio Bozzano destacó “el trabajo que han hecho los legisladores sobre este tema y la disposición al dialogo que ha tenido sobre el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, y que la seguirá teniendo para revisar cualquier otra cuestión que sea necesaria”.
Asimismo, se convirtió en ley la iniciativa conocida como “Ángel Azul” que modifica la Ley de Obra Social de los trabajadores provinciales (IOMA) para que incluya a los niños y niñas que permanecen bajo tutela del Estado a la espera de su adopción.
En su discurso, la senadora María Elena Defunchio subrayó que “si bien los niños y niñas tienen la cobertura en salud en nuestro sistema público -que ha sido reforzado en el marco de la pandemia-, sabemos que a veces su tratamiento requiere de algún servicio especial o no tienen posibilidad de elegir a su médico o médica de cabecera”.
En la misma dirección, señaló que “este proyecto tiene una erogación presupuestaria, por lo que quiero destacar la decisión política del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque y del gobernador Axel Kicillof para darle avance”, enfatizando además que la norma “muestra la clara decisión política de nuestro gobierno de acompañar a los más vulnerables y seguir ampliando derechos”.
También, obtuvo media sanción la iniciativa impulsada por el senador José Luis Pallares que crea un Protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y/o extraviadas. En esa línea, el legislador resaltó la importancia de “contar con un instrumento de carácter legal que trascienda las administraciones y que presente una política de Estado que exprese el compromiso indelegable de los poderes públicos de la provincia”.
Por un lado, la ley establece pautas para la recepción de denuncias que ponen en valor la importancia de actuar con celeridad, mientras que, por el otro, contempla brindar un trato digno y de contención a los familiares.
Por último, un hecho lamentable tuvo lugar en el recinto. La senadora Agustina Propato “fue víctima de una actitud machista por parte del senador de Juntos por el Cambio Walter Lanaro, quien hizo referencia a la vida personal y los vínculos familiares” de la integrante del bloque del Frente de Todos.
Ante esta situación, el senador Francisco Durañona solicitó una moción de privilegio pidiendo el desagravio hacia su compañera y para que la Cámara alta vuelva a recibir la capacitación de la Ley Micaela. Sin embargo, el bloque opositor votó en contra y rechazó la iniciativa.
Con los votos mayoritarios de los senadores, constituido por los representantes de JxC, se aprobó una ley que ahora deberá considerar la Cámara de Diputados, estableciendo la contribución por capitalidad para La Plata.
El proyecto propone la creación de “una contribución especial por su condición de capital de la provincia, sede de los tres poderes públicos, Organismos de la Constitución, Organismos Descentralizados y demás organismos provinciales”, a la ciudad de La Plata.
El Senado bonaerense volvió a dividirse, pues los senadores del bloque oficialista del FdT resistieron en principio el tratamiento de la iniciativa para luego votar en contra de la misma; pero los votos de JxC fueron suficientes para avanzar con la idea presentada por los senadores platenses que forman parte de la oposición: Juan Pablo Allan y María Florencia Barcia.
Desde hace tiempo la Provincia debería contemplar en el presupuesto general de gastos y recursos una partida específica anual en concepto de compensación por capitalidad para el distrito de La Plata.
Este proyecto de ley ahora aprobado por el Senado pero que deberá tratar la Cámara baja, fija que la partida no podrá ser inferior al 0,22 por mil ni superior al 0,45 por mil del presupuesto general de la provincia.
La iniciativa también contempla la creación de un Comité Ejecutivo de Capitalidad que estará integrado por un representante de la Municipalidad de La Plata, del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte de Justicia, un diputado y un senador provincial.
Se entiende a la también llamada “tasa de Capitalidad” como una compensación a la Municipalidad platense por el uso que hacen los edificios de la administración pública provincial de los distintos servicios que presta la Comuna: alumbrado especial, la recolección de residuos; el riego y la conservación de calles, plazas y paseos; la ocupación y el uso del espacio aéreo, el subsuelo y la superficie y la ocupación y uso del estacionamiento en playas o en la calle.
El origen de esta apartado fue un convenio firmado a fines de 1991, cuando se acordó que la contribución sería del 10% del cargo total por las tasas de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública y Contribución Especial por Pavimento.
No obstante, desde su puesta en marcha los pagos por parte del gobierno provincial fueron discontinuos.
Por ello, la acumulación de deudas a favor del Municipio condujo a la firma de un Acta Acuerdo en el año 2009, donde la provincia reconoció la deuda exigible.
Pero en 2010 se firmó un nuevo Convenio de adecuación de la alícuota, pasando del
10% al 14,6% de la tasa SUM como base imponible a partir del año 2012.
El Senado bonaerense votó una reforma del Código Procesal Penal impulsada por JxC que apunta a la restitución de los inmuebles a los legítimos dueños sin necesidad de esperar “el proceso de desalojo”.
Tras los incidentes en el predio de Guernica, o incluso la más reciente la situación que se da en el “tambo tomado” entre la ciudad de Guaminí y el Balneario Cochicó, del partido de Guaminí; las tomas de tierras, urbanas y rurales, continúan siendo “una problemática en ascenso que necesitaría una rápida respuesta” por parte del Gobierno provincial, según entienden los impulsores de las modificaciones aprobadas.
La principal fuerza opositora es la que vino trabajando la cuestión y fue capaz de lograr un discreto consenso con el oficialismo para la aprobación por unanimidad el proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco.
No obstante, ahora la iniciativa deberá ser considerada por los Diputados para proseguir con el trámite parlamentario y eventualmente encontrar su sanción.
Ante la necesidad de corregir “la lentitud de los mecanismos procesales” y evitar que las usurpaciones “se consoliden”, es que se presentó esta iniciativa que propone modificar el artículo 231 del Código Procesal Penal bonaerense.
Los legisladores entienden que en la normativa vigente se complejiza el modo en que se concretan las tomas de terrenos, y advierten sobre “medidas y acciones dilatorias”, que permitirían una mayor permanencia y hasta la venta de tierra, en forma irregular, “a otras víctimas del mismo delito”.
A través de la modificación propuesta, el fiscal, la víctima o el particular damnificado podrán solicitar al juez la restitución del inmueble y esto deberá resolver la restitución de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, en un plazo de 72 horas.
Así, la norma cuya modificación se postula, prevé expresamente la restitución del inmueble en casos de usurpación, colocando bajo responsabilidad del juez competente “la disposición del reintegro provisional e inmediato de la posesión o tenencia del bien inmueble que haya sido objeto del delito de usurpación”.
También se señala que, más allá de los elementos aportados, los senadores estarían buscando dar “una señal clara a la Justicia y al Gobierno provincial en aras de proteger el derecho de propiedad, y desalentar a su vez que este delito siga en crecimiento”, en una provincia que “sufrió usurpaciones de 4.300 hectáreas solamente entre los meses de julio y agosto”.
El senador Leandro Blanco, autor del proyecto detalló que se “busca otorgarle a la Justicia las herramientas necesarias para que resuelva rápida y eficazmente las solicitudes de restitución de inmuebles”.
“Hay que ser categóricos: la usurpación es un delito y como tal exige que el Estado actúe; reconocemos que hay un problema habitacional, pero tolerar la toma de tierras no soluciona el problema, sino que lo agrava”, sostuvo.
Asimismo, agregó, “en muchos de esos lotes se iban a construir viviendas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos cercenados por las usurpaciones”.
“Es imposible pensar en una convivencia democrática en paz sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley”, concluyó.
El Senado bonaerense que preside la vicegobernadora Verónica Magario trató un extenso temario.
El Cuerpo votó iniciativas para prevenir el Grooming, establecer la equinoterapia como actividad terapeútica de rehabilitación y crear un Registro Único de trabajadores estatales bonaerenses asesinados o desaparecidos.
El Senado de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar de forma presencial y remota y aprobó una batería de proyectos para mejorar la vida de los y las bonaerenses.
El Cuerpo votó una iniciativa que crea el Registro Único de Trabajadores Estatales que hayan sido víctimas de muerte o desaparición durante el período comprendido entre los años 1974 y 1983, con el objetivo de visibilizar la magnitud del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires y respetando los lineamientos de Memoria, Verdad y Justicia.
Además, se aprobó un proyecto para crear una campaña digital para la prevención del Grooming, que estipula una serie de actividades tendientes a erradicar, concientizar y prevenir esta nueva forma de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Se votó la regulación de la equinoterapia como actividad terapéutica de rehabilitación, habilitación, deporte y educación en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, los senadores y senadoras apoyaron el proyecto de Receta Digital y Telemedicina, herramienta que representa un avance en materia de atención médica y está en sintonía con las legislaciones del mundo.
Y se aprobó con carácter obligatorio una jornada anual de capacitación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para todo el personal docente y no docente que pertenezca a instituciones públicas y privadas dependientes de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia.
Los legisladores debatieron y votaron favorablemente el proyecto que garantiza la tasa de capitalidad para La Plata, que establece la asignación de un ingreso extra dentro de los fondos de coparticipación de la ciudad capital.
Durante la sexta sesión, el recinto respaldó una iniciativa para instituir el 19 de noviembre como Día Provincial para la Prevención del Abuso contra Niñas, Niños y Adolescentes, en sinergia con el 20 de noviembre, cuando se celebra el Día de los Derechos del Niño.
También se aprobó proyecto que instituye el 10 de enero como el Día de la Mujer Policía en el ámbito de la Provincia, en virtud del homenaje a la fecha de nacimiento de la primera mujer bonaerense caída en cumplimiento del deber; y en reconocimiento a las 39142 mujeres que integran el cuerpo policial.
Entre los homenajes de la jornada, se recordaron las figuras del ex presidente Néstor Kirchner, tras cumplirse el pasado 27 de octubre 10 años de su desaparición física; y del ex presidente Raúl Alfonsín, al conmemorarse el 30 de octubre un nuevo aniversario del triunfo electoral de 1983, que significó la vuelta de la democracia.
