En cuestión de minutos se realizó y quedó debidamente oficializado el llamado del presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermín, mientras que la Cámara alta que comanda la vicegobernadora Verónica Magario también convocó sesión para este miércoles.

Los diputados, en teoría, abrirían la jornada pues su citación es para las 11 de la mañana del miércoles, en cambio los senadores fueron convocados al recinto a partir de las 14 horas.

Legisladores de diversas extracciones políticas no pudieron definir el temario que esperan tratar y en principio creen que se trabajará en las horas previas, para definir un sobre tablas que incorpore algún proyecto de ley de importancia, mientras que el orden del día, en ambos recintos, está plagado de minutas legislativas.

En términos general, según consultas realizadas por parlamentario.com, no se estaría avanzando en acuerdos que lleven leyes de fondo a los sobre tablas de ambos recintos.

La Legislatura bonaerense viene, desde un tiempo a esta parte, comportándose en “modo estadístico” y no logra avanzar en acuerdo que permitan la concurrencia de votos de oficialistas y opositores para avanzar en tratamiento de legislaciones de impacto.

No obstante, la sesiones, en ambas cámaras, están firmes, aunque no faltan agoreros que adviertan, incluso, que podrían no realizarse finalmente “ninguna”. Hay una idea que si se cae una por ahí se caen las dos.

“Está muy difícil”, dijo un funcionario de la Cámara baja al ser consultado sobre las negociaciones legislativas: “no habrá compatibilidad de intereses entre el oficialismo y la oposición”, hasta despues de las elecciones, completó otro.

Así mientras unos empujan por un determinado temario los otros lo rechazan y proponen el tratamiento de determinados temas que desde el otro lado no están dispuesto a considerar y, de este modo, discurre el desencuentro en las horas previas a las sesiones.

Desde el oficialismo le ponen una ficha a que se pueda aprobar la tan vapuleada Agencia Provincial de Cannabis, pero desde la oposición relativizan la cuestión porque consideran que la provincia “perdió el tren” en esa cuestión y ahora hay que esperar las definiciones nacionales para luego ver que se hace sobre la cuestión.

Los conocedores entienden que de hacerse la sesión los temas serían “muy livianos”, aunque el debate público de campaña pueda tener lugar en la formalidad del recinto, pero nada pasará de las palabras.

En ese terreno es la oposición la podría tener mayor interés para que la sesión se realice, mientras que el oficialismo gana en estadística, pues es una sesión más que cuenta.

En materia legislativa la Cámara estuvo muy trabada en las últimas semana, los plenario de comisiones importantes no se pudieron realizar por falta de acuerdo y de diputados. La oposición actúa una vez que el oficialismo junta el quorum reglamentario, pero no logra juntarlo, y se caen la convocatorias.

Respecto de la “forma” de sesión, un tema que ya resulta una exigencia opositora es la salida de la virtualidad, aunque el oficialismo no está tan convencido de la cuestión y la variante Delta hace de las suyas en este tema.

No obstante, la sesión está convocada y volverá a ser como se acostumbra en estos tiempos de pandemia, con modalidad mixta: algunos legisladores en el recinto, la mayoría de manera virtual.

Por lo pronto, lo único que está firme, si finalmente se realiza la sesión este jueves es que habrá cruces de alto contenido político, independientemente de lo que suceda en materia legislativa propiamente dicha.  

Sin grandes temas en la agenda legislativa y a la espera de lo anunciado respecto de un Programa Reactivación Productiva, los diputados bonaerenses avanzaron en una sesión que les permitirá ordenarse en el arranque del período ordinario.

Hubo, como siempre, algunos debates ineludibles y un esperado aprovechamiento de la oposición para ventilar “el vacunagate”, algo que incluso hizo peligrar la sesión que tuvo su razón de ser por una cuestión de técnica legislativa.

Sucede que al inicio del período ordinario hay un número importantes de expedientes que “se caen”, que hay que archivar y, acto seguido, se operan reproducciones por parte de los autores, con un nuevo expediente, y así puede seguir en el circuito legislativo la cuestión por dos años más. Para ejecutar estos trámites la Cámara tiene que sesionar.

Más de 1.000 expedientes; sumando proyectos de ley, declaración o solicitud de Informes; tienen los diputados en condición de volverlos “operativos”, sí se cuentan los que se caen, los que se reproducen y los que tiene que tomar estado parlamentario luego del receso estival.

Al realizar la sesión se ordena todo el trabajo legislativo y se pueden girar los expedientes a sus respectivas comisiones y así comenzar con el tratamiento de los mismos, independientemente de que se sesiones pronto o de dentro de algún tiempo, no sería muy lejana pues sobre el 24 de marzo habrá una nueva sesión.

Esta situación hizo que el oficialismo de la Cámara baja haya estado dispuesto a desplegar una sesión, para que la oposición tenga una tribuna, que para el que propio oficialismo tenga alguna normativa buscada.

No obstante, hubo margen para homenajear, tras su muerte el pasado 6 de febrero, a un símbolo de la legislatura bonaerense y en reiteradas ocasiones presidente de la Cámara baja provincial, el peronista Osvaldo José Mércuri. Sencillo pero emotivo homenaje que tuvo su cierre con las palabras de la diputada María Elena Torresi, viuda del dirigente.

También se trató en conjunto de un paquete de iniciativas que reivindican la conmemoración de día internacional de la Mujer, a la sombra de los cruentos e inexplicables femicidios que sacuden la cotidianidad, el próximo 8 de marzo.

Asimismo, se trató un paquete de leyes de temática ambiental. Uno de esos proyectos de ley es aquel a través del cual se estable la capacitación obligatoria en materia ambiental y desarrollo sustentable para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías; fue sancionado.

Sin embargo, el proyecto de Ley para la producción, desarrollo, investigación y comercialización del cannabis con fines medicinales no fue parte del temario del plenario, aunque está próximo su tratamiento en esta Cámara.

Para el final de la sesión quedaron los debates sobre “vacunagate”. En esa instancia, se rechazó el tratamiento de un proyecto de ley creando el “registro provincial de vacunación gratuita y optativa contra el covid-19 y aquel que pretendía crear la comisión bicameral investigadora, de seguimiento, fiscalización y control para la campaña de vacunación contra el virus covid-19. Ambos proyectos impulsados por la oposición no pudieron ser considerados sobre tablas por la negativa del oficialismo.

El visto bueno llegó por votación dividida, aunque cosechó una amplia mayoría, pero desde la bancada rotativa del FIT votaron en contra, mientras que desde Cambio Federal rechazo el tratamiento sobre tablas y votó en contra de las expropiaciones que se plantean en Quilmes. Dos diputados de Quilmes también votaron en contra. Ahora, la iniciativa resta ser tratado por el Senado para proseguir con el trámite parlamentario.    

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires remitió, el pasado martes, a la Cámara baja bonaerense un proyecto de ley a través del cual se pretende expropiar 7 inmuebles que serán destinado para la construcción de nuevas Unidades o Alcaidías penitenciarias.

Los inmuebles que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación se encuentran ubicados en cinco distritos del conurbano provincial; dos en cada uno de los distritos de Quilmes y Moreno, y uno en los distritos de Merlo, La Matanza y Tigre.

Para los impulsores del proyecto, en el marco de la actual emergencia en que se encuentra la provincia, “sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria”, en razón de “la sobrepoblación existente” en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de su libertad.

Si bien no se especifica, en el proyecto de ley, cuáles serán las obras puntuales que finalmente se realizaran en los inmuebles expropiados, sí se detalla que el Estado provincial tendrá diez años para la construcción de Unidades y Alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuesta en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria.

El proyecto, casi desconocido por “la gente en general” tiene, no obstante, cierta resistencia en algunos casos, tal como es la situación en el distrito de Quilmes donde vecinos se están organizando para impedir que se lleva adelante “el proyecto penitenciario” en los inmuebles que se expropiarían, si finalmente el Senado provincial sanciona la iniciativa.

El gobierno argumenta que la necesidad surge de que entre los años 2016 y 2019 se produjo un “incremento extraordinario” en el número de personas privadas de la libertad.

Según la estadística brindada, en 2016 los encarcelados eran 35.000 personas, con una tasa de prisionalización de 240 por 100 mil habitantes; llegando a 308 a fines de 2019 totalizando una población carcelaria de 49 mil personas.

Al parecer, fue esta situación la que elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema, tal como se consigna en los fundamentos de la iniciativa.

Así, se concluye que en tales condiciones “el Estado provincial se encuentra imposibilitado de cumplir con los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional”.

En la actualidad, el SPB afronta “la sobrepoblación más alta de su historia”, cuyo registro se ubica por encima del 100 % de su capacidad, de acuerdo al alojamiento disponible en las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales.

Hacer nuevas cárceles en el conurbano responde a que casi el 70 % de las personas encarceladas provienen de esta región y la misma sólo tiene capacidad para alojar a menos del 40 %, pues ese es el porcentaje de plazas disponible en la región sobre el total que tiene la provincia.

Para los funcionarios de Ministerio de Justicia la construcción de Unidades penitenciarias próximas a “los vínculos familiares o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de los lazos familiares o sociales, y de ninguna manera el encarcelamiento puede cercenar ese derecho”.

Por lo expuesto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que actualmente es conducido por Julio Alak, se ha abocado al diseño y ejecución de una obra de carácter general, que permita dar respuesta a la problemática imperante, mediante la construcción de “nuevas” Unidades y Alcaidías Penitenciarias, como así también Alcaidías Departamentales, principalmente en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La Cámara de Diputados sancionó la ley que regula la profesionalización del ejercicio del terapista ocupacional en la provincia de Buenos Aires, un viejo proyecto que daba vueltas por la legislatura sin encontrar su destino de ley.

Es una iniciativa que establece la creación del Colegio profesional para regular la actividad de este conjunto de trabajadores, que ronda los 6.000, en el territorio bonaerense.

La normativa estable que los terapistas ocupacionales podrán tener un marco regulatorio al momento de ejercer sus tareas.

Quienes ejercen esta profesión analizan, evalúan e intervienen sobre el desempeño ocupacional de quienes poseen o están en riesgo de desarrollar restricción en la participación, limitación en sus actividades, enfermedades y/o lesión.

“Con este proyecto estamos construyendo derechos y reparando deudas históricas que tenemos en la provincia. Las terapistas ocupacionales, la mayoría mujeres, vienen planteando la demanda que tiene muchísimos años, es una profesión precarizada y que no se ha contemplado a lo largo de los años a pesar del lugar tan importante que tienen en la vida cotidiana”, dijo la diputada del Frente de Todos, Florencia Saintout.

La falta de regulación les impedía ser reconocidos en sus lugares de trabajo, mientras que ahora la jerarquización de la labor profesional evitará la precarización laboral. Además, les permite congeniar con las obras sociales, cosa que hasta ahora tenían vedado.

En tanto, el Colegio Profesional de los terapistas tendrá la atribución de reglamentar las condiciones del trabajo, proponer y gestionar los aranceles, detectar el ejercicio ilegal de la profesión y crear el código de ética pertinente.

Se trata de una disciplina de grado universitario, y esta normativa viene a regular el ejercicio para garantizar la excelencia y la ética en las prácticas profesionales y fomentar el desarrollo de la profesión para asegurar la calidad de vida de las y los habitantes del territorio bonaerense.

Además, prevé la formación de delegaciones regionales del Colegio con el fin de ser de fácil acceso a los terapistas que residan en las jurisdicciones en las que se habiliten esas dependencias.

Uno de los puntos de la iniciativa señala que luego de la matriculación, el profesional podrá ejercer la actividad de modo individual o como parte de grupos interdisciplinarios en instituciones públicas o privadas, como también en consultorios o domicilios.

Además, aquellas personas que se hubieran titulado en instituciones privadas, deberán realizar un ciclo curricular complementario para alcanzar el título de grado universitario que exige la ley.

Por otra parte, también fue sancionado un proyecto de ley que implementar un sistema digital de gestión de estudios médicos de diagnóstico por imágenes (radiografías, ecografías, mamografías, tomografías, resonancias) y de laboratorios bioquímicos.

La iniciativa tiene busca proporcionar un “acceso más ágil, seguro y cómodo a la realización de estudios médicos, y evitar que deban dirigirse a los establecimientos de manera presencial cuando no resulte necesario, como por ejemplo al momento de solicitar un turno”, según explicó la senadora del FdT Gabriela Demaría, autora de la iniciativa.

Por último, la Cámara baja provincial sancionó por unanimidad la adhesión a Ley 27.454, que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos para administrar el régimen de donación de provisiones en buen estado, creado por la Ley Donal. 

La iniciativa que encontró el apoyo unánime de todas las bancadas tiene por objeto el empoderamiento de los productores, procesadores, distribuidores, consumidores y asociaciones, para la atención de las necesidades básicas alimentarias de la población en condiciones de vulnerabilidad y con riesgo de subsistencia, según apuntó el senador del FdT que presentó la cuestión, Adrián Santarelli.