La Cámara de Diputados bonaerense realizó una sesión especial de "alto voltaje" para debatir de forma urgente la profunda crisis prestacional y financiera que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
El encuentro parlamentario se logró gracias a la presión de los bloques opositores, quienes unificaron posiciones para alcanzar el quórum necesario y forzar el tratamiento de la problemática de la mayor obra social bonaerense.
Tal como adelantó parlamentario la solicitud de realizar la sesión especial, al amparo del artículo 23 del Reglamento Interno, reunió las presencias de los legisladores del PRO, La Libertad Avanza, UCR + Cambio Federal, Coalición Cívica, UCR, Hechos, Unión y Libertad, Derecha Popular. A los que se sumaron las bancas rotativas de la Izquierda Socialista FITU y del PTS-FIT.
Hubo efectivamente tres ausentes de esos colectivos que estuvieron los 19 diputados de LLA,10 PRO, 5 Unión y Libertad, 2 UCR+ CF, 3UCR, 3 Coalición Cívica, 2 Hechos y 1de Derecha Popular.
Se registraron las ausencias de los diputados opositores; el radical Matías Civale, el republicano Martín Endere y la libertaria piparista Jazmín Carrizo.
Una vez conformado el quorum los tres diputados oficialistas; el presidente Alejandro Dichiara, el presidente del bloque Facundo Tignanilli y el diputado Mariano Cascallares; ingresaron al recinto junto a los secretarios Administrativo y Legislativo y dieron formal inicio a la sesión, a la que rápidamente se incorporó el resto de la banca de Unión por la Patria. Mientras que el bloque de Nuevos Aires, no participó de la sesión.
Una vez puesto a consideración el temario, para su tratamiento sobre tablas, fue en bloque rechazado, pues para su tratamiento es necesario conseguir la voluntad positiva de los dos tercios presentes al momento de la consideración, algo que la oposición nunca tuvo.
Las principales iniciativas legislativas ingresadas por la oposición pero que fueron rechazadas en su tratamiento por la bancada oficialistas para esta jornada parlamentaria contemplan varios puntos que hacen a la situación que atraviesa el IOMA.
Por un lado, se pedía informes e interpelación del titular de la obra social; se solicitó formalmente que el presidente del IOMA, Homero Giles, asista al recinto para brindar explicaciones detalladas sobre el funcionamiento y estado financiero de la obra social.
Por otro se solicitaba la normalización de prestaciones, a través de un proyecto de ley que exige la aplicación de medidas urgentes orientadas a regularizar el servicio médico, ante los continuos reclamos por demoras en coberturas y falta de respuestas a los afiliados.
También se solicitaba la creación de una Comisión Bicameral destinada a conformar un órgano legislativo conjunto de "saneamiento, normalización y seguimiento" permanente sobre la gestión del instituto de salud provincial.
El eje central del debate, que no logró desplegarse, giró en torno al pedido de interpelación de Homero Giles, actual presidente de la obra social estatal, impulsado fuertemente por las bancadas de la oposición, pero, como quedó claro en la sesión, resistido por el oficialismo.
Los legisladores fundamentaron la urgencia de la convocatoria en las crecientes denuncias de los afiliados, quienes reportan severos recortes en coberturas médicas, demoras críticas en la entrega de medicamentos oncológicos y la suspensión de servicios en diversas clínicas del territorio provincial.
Desde los sectores opositores se denunció un "vaciamiento encubierto" del organismo y se exigieron explicaciones detalladas sobre el destino de los fondos y las deudas acumuladas con los colegios profesionales de médicos y farmacéuticos.
Según los bloques críticos al gobierno provincial, la parálisis prestacional pone en riesgo directo el derecho a la salud de más de dos millones de empleados públicos, docentes y policías bonaerenses.
Por su parte, los representantes del oficialismo sin llegar a defender a viva voz la gestión de la obra social y reparando en las dificultades actuales a la compleja coyuntura macroeconómica nacional y al incremento desmedido de los insumos médicos y farmacéuticos; se limitaron a rechazar, sin mayores argumentos, los tratamientos de los respectivos proyectos parlamentarios puesto a consideración del plenario.
Asimismo, argumentaron que el pedido de interpelación responde a “una estrategia puramente electoral” de la oposición, asegurando que los “canales de diálogo” con los prestadores de salud “continúan abiertos” para normalizar los servicios.
La jornada legislativa se completará con una sesión ordinaria posterior, en la cual se prevé que la fuerte polarización política desatada por el conflicto de IOMA condicione el tratamiento del resto de los proyectos en agenda legislativa en curso.
Mientras se mantiene el cruce de acusaciones en el recinto, miles de afiliados bonaerenses continúan a la expectativa de soluciones urgentes que garanticen el restablecimiento pleno de sus prestaciones médicas.
El diputado opositor Manuel Passaglia se mostró molesto por la suspensión de la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar "la crisis" de la obra social del Estado bonaerense.
“La sesión especial para tratar la crisis de la obra social se suspendió”, dijo el diputado que preside el bloque de Hechos en la Cámara baja provincial y advirtió que dicha suspensión fue “sin acuerdos y sin explicaciones”.
Para el dirigente de norte provincial, específicamente del distrito de San Nicolás, la obra social “IOMA tiene más de 2 millones de afiliados y hoy no funciona”.
En ese sentido, el hijo de un ex ministro de Salud de la provincia, Ismael Passaglia, detalló que actualmente en la provincia de Buenos Aires “las Clínicas” que prestan servicios a los afiliados de la obra social “no cobran” y los “medicamentos oncológicos no llegan”, mientras que “autorizaciones” para realizarse prácticas médicas “no salen”.
“El gobernador que no está en la provincia, pero evidentemente tampoco está en los problemas de la provincia”, dijo el diputado Manuel Passaglia que luego se lamentó: “siete años gobernando la provincia más grande del país y hay millones de afiliados a la obra social IOMA que no reciben su medicamento”.
Cabe consignar, que a primeras horas del día el presidente de la Cámara baja Alejandro Dichiara, emitió una resolución que reprograma la sesión especial prevista para este lunes 8 a las 13, donde se pretendía abordar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial, para el jueves 11 de junio a la misma hora.
La Cámara de Diputados realizó una sesión especial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe de Estado cívico-militar.
Un "acto solemne de reafirmación de la democracia y los derechos humanos, y de repudio al Golpe de Estado" sostuvo el presidente del Cuerpo, el diputado Alejandro Dichiara.
La Cámara, en sintonía con la decisión del gobernador Axel Kicillof de declarar 2026 como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, aprobó una Resolución para declarar el actual período legislativo bajo la misma denominación, aunando los proyectos de la diputada Micaela Olivetto, Valentín Miranda y Ricardo Lissalde.
Durante la sesión, además, se aprobaron más de una treintena de proyectos de Declaración en reconocimiento a mujeres y hombres detenidos-desaparecidos, organismos, espacios e iniciativas culturales que bregan por la memoria, la verdad y la justicia.
Fueron muchos los legisladores que eligieron dar testimonio en esta fecha y, así, el recinto fue escenario de un debate que no se limitó a un pasado doloroso sino que estuvo atravesado por las resonancias de esa historia en nuestro presente, sobre lo que el cuerpo expresó un amplio consenso de casi todo el arco político.
También los representantes de distintos colores políticos reivindicaron a figura de Raúl Alfonsín y su papel fundamental para consolidar la democracia con el impulso al Juicio a las Juntas y la creación de la CONADEP; así como la lucha pacífica en busca de verdad y justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “que nunca buscaron revancha” y aún continúan buscando a sus hijos y nietos.
“Celebramos la recuperación de 140 nietos y nietas, eso también es la Argentina” dijo la diputada Mayra Mendoza; mientras que el diputado Juan Martín Malpelli recordó que “faltan 300 que seguimos buscando”.
La conmemoración, que se lleva a cabo cada marzo, tuvo en esta ocasión un carácter particular por tratarse de un simbólico aniversario, 50 años.
Durante la jornada, los distintos bloques políticos se expresaron en torno a los ejes de Memoria, Verdad y Justicia, en un debate atravesado por las diferencias de interpretación y posicionamiento sobre el período dictatorial.
La sesión marcó además la segunda actividad del cuerpo en 2026, año que fue declarado por el gobernador Axel Kicillof como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
El encuentro contó con la presencia de la directora de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Jimena Arias; la magistrada en juicios por delitos de lesa humanidad, Karina Yabor; el nieto restituido y director de la Casa por la Identidad de la exESMA, Manuel Gonçalves Granada; representantes de H.I.J.O.S La Plata, Lucía García Itzigsohn y Victoria Astudillo; integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, Gabriela Ghidini, Daniel y Florencia Bustamante; además de exdetenidos durante la dictadura y testigos en los juicios por Memoria, Verdad y Justicia.
En la sesión propiamente dicha, los diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaron un total de 34 proyectos vinculados al Día de la Memoria, en el marco de una sesión especial en la que también se registraron intervenciones de gran parte de los legisladores.
Del total de iniciativas, 28 correspondieron al bloque peronista, cuatro a la UCR, una a la Coalición Cívica y una a UCR + Cambio Federal.
El legislador Leonardo Moreno presentó la mayor cantidad de iniciativas, con 19 proyectos orientados a homenajear a vecinos de Escobar desaparecidos durante la última dictadura militar.
Asimismo, desde Unión por la Patria impulsaron propuestas para declarar de interés los actos del 24 de marzo, repudiar el golpe de Estado de 1976 y destacar la muestra fotográfica “Todo está guardado en la Memoria”, entre otras.
Por su parte, los diputados de la UCR presentaron iniciativas para declarar 2026 como el “Año de los Derechos Humanos” y resaltar las actividades conmemorativas realizadas en la Cámara baja. En la misma línea, el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, propuso que la Legislatura adhiera a los actos y homenajes del 24 de marzo.
En tanto, la diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, impulsó un proyecto de repudio al golpe de Estado de 1976 y de reafirmación del compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
En tanto, los diputados de LLA se limitaron a realizar diversas exposiciones en el recinto donde dejaron sentada la posición histórica de la alianza que gobierna en Estado nacional.
De hecho, se trató del puntapié inicial, cuando el diputado de La Libertad Avanza, Ramón Vera Chávez, hizo referencia a las organizaciones armadas y pidió "memoria completa, verdad imparcial y justicia para todos los Argentinos. No habrá paz ni habrá justicia cuando la justicia es sesgada, la verdad es a medias y la memoria selectiva. ¡Viva la libertad, carajo!", dijo.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires llevará adelante este miércoles a las 15 una sesión especial en conmemoración del Día de la Memoria, en el marco del 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar. Como cada marzo, el cuerpo legislativo realizará esta actividad, aunque en esta oportunidad tendrá un […]
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires llevará adelante este miércoles a las 15 una sesión especial en conmemoración del Día de la Memoria, en el marco del 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar.
Como cada marzo, el cuerpo legislativo realizará esta actividad, aunque en esta oportunidad tendrá un carácter particular por la significación de la fecha.
En paralelo, a las 14 horas se desarrollarán actividades complementarias en el ámbito legislativo, entre ellas la inauguración de la muestra fotográfica “Todo está guardado en la Memoria” y la entrega del premio Azucena Villaflor, una distinción que reconoce trayectorias destacadas en la defensa de los derechos humanos y los valores de Memoria, Verdad y Justicia.
En un primer momento, el oficialismo evaluó la posibilidad de realizar una sesión doble que incluyera, además de la jornada conmemorativa, una sesión ordinaria para avanzar con el tratamiento de proyectos que quedaron pendientes durante el período extraordinario, comprendido entre diciembre y marzo.
Sin embargo, esa alternativa quedó supeditada a la definición del armado de las comisiones legislativas, que finalmente no sucedió, en siquiera en forma parcial tal como se especuló alternativamente.
Hasta el momento, el oficialismo y la oposición no lograron formalizar la integración de los 48 cuerpos parlamentarios, en medio de dificultades tanto en el oficialismo como en la oposición para definir la distribución de los espacios correspondientes.
Mientras tanto en el Senado, que también le corresponde realizar su sesión especial por el día de la Memoria, Verdad y Justicia; no hay fecha fehaciente.
Sucedió que en un primer rumor instaló el lunes 30 de marzo como el día de la sesión especial, pero luego se mostraron más firmes las posibilidades del miércoles 25 o jueves 26, asunto que aún no está resuelto. Lo que sí se consolidó es el hecho que será después del día conmemorativo y no antes como lo hacen los Diputados.
Los diputados bonaerenses realizaron la sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia con derogaciones de normas de orígenes dictatoriales.
La realización de una sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia está estipulada por la Ley 12.654 y en este caso se realizará al cumplirse los 48 años asunción de la dictadura cívica militar autodenominada de Reorganización Nacional el 24 marzo de 1976.
Como acción simbólica, y más allá de las palabras, los diputados; y se especula que, a su turno, los senadores, convocados para el día inmediatamente posterior; tiene pensado avanzar en la derogación de algunas leyes que en su momento instauraron gobiernos “no democráticos” y encabezados por miembros de las fuerzas armadas de la nación.
El debate de la sesión especial giró en torno a 17 proyectos de declaración relacionados a la conmemoración, presentados por las bancadas de UP, UCR+CF y la CC-ARI, objeto de la sesión especial desarrollada y que está establecida por ley.
Además, para este 24 de marzo, los legisladores echaron mano a la tarea de investigación, análisis y elaboración de anteproyectos que se viene realizando desde la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa.
Cabe consigna que la ley 12.654, establece que “a partir del 24 de marzo de 2001, fecha del XXV aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y en los años sucesivos, en conmemoración el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se reunirán en sesiones especiales en un acto solemne de reafirmación de la democracia y los derechos humanos y de repudio al terrorismo de estado y de toda forma de discriminación desfavorable por cualquier motivo”.
Siguiendo con la premisa dispuesta al crear la Unidad de Reparación Histórica Legislativa es que la misma propuso en esta ocasión la derogación de las normas, que se detallan en esta nota, “con la finalidad de contribuir a la consolidación del régimen democrático y la vigencia del estado de derecho a la luz del principio de Memoria, Verdad y Justicia”, además de continuar buscando cumplir con el objetivo principal que es “declarar a la provincia de Buenos Aires libre de normativas de facto”.
Con ese mandato como premisa, es que desde la Unidad de Reparación Histórica Legislativa propuso la derogación de cuatro Decreto-Ley, y que le presidente de la Cámara, el diputado Alejandro Dichiara lo rubricó como autor. A continuación detallamos la iniciativa con sus respectivos fundamentos.
Primero
En primer lugar, se plantea la derogación del Decreto-Ley 7999/1973; sobre el derecho de reunión en la provincia de Buenos Aires (reuniones públicas).
Ese Decreto-Ley establece normas para el ejercicio del derecho de reunión. En su segundo artículo dice que “está prohibida toda reunión que signifique una amenaza real o inminente para la seguridad pública”.
La misma tuvo como principal fundamento instaurar en el territorio provincial lo que oportunamente el gobierno de facto, a nivel nacional, estableció mediante el dictado de la Ley 20120.
De ello dan cuenta los fundamentos del Decreto-Ley 7999/1973, en los cuales se puede apreciar que textualmente expresan “se ha adoptado la tesitura de seguir el texto dictado en el orden nacional, por entenderse que tales disposiciones responden plenamente a las necesidades locales, especialmente a aquellas que se plantean en el cinturón conurbano de la Capital Federal, donde, además de hallarse reunida la mayor parte de la población de esta provincia, se dan las mismas características que han impulsado al Superior Gobierno Nacional (sic) a sancionar la mencionada Ley 20.120. Un detenido estudio de la materia lleva a considerar la norma nacional como de perfecta aplicación en el resto del ámbito provincial.
A lo antedicho, se suma el hecho que el derecho de reunión se halla en “Cámara de Diputados provincia de Buenos Aires legislado en nuestra esfera en forma dispersa y algunas veces falto de coherencia, no ajustándose a la realidad social y política actual”.
Entre otras disposiciones la norma en cuestión establece el libre acceso de la autoridad policial a los lugares en los que se realicen reuniones públicas, a fin de observar el cumplimiento de las disposiciones legales; así como el requisito de otorgamiento de permiso por la autoridad policial para la realización de reuniones en la vía pública.
Este Decreto-Ley, sin dudas, según se estima, cercena derechos consagrados, inclusive en la Constitución provincial. Sólo por citar, a modo de ejemplo y figurativo, el artículo 13 de la misma establece que “La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho asegurado a los habitantes de la provincia”.
Asimismo, el artículo 14 de la Constitución provincial dispone que “queda asegurado a todos los habitantes de la provincia el derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el orden público, así como el de petición individual o colectiva, ante todas y cada una de sus autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes o para pedir la reparación de agravios. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de sedición”.
Segundo
También se propone la derogación del decreto-Ley 16.588/1957: declarando ilegales los paros y toda otra medida de fuerza que disponga el personal en el servicio telegráfico de la provincia.
Este Decreto-Ley, sancionado el 20 de septiembre de 1957, declaraba ilegal todo paro o medida de fuerza que dispusiera el personal del servicio telegráfico de la provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que el telégrafo era una de las vías más utilizada en ese momento para las comunicaciones.
La norma en cuestión tuvo como fundamentos el imponer sanciones al personal telegráfico de la provincia de Buenos Aires que adhiriera a los paros o adoptara medidas de fuerza por invocación del mismo servicio a nivel nacional.
Esta fue una época en el que FOETRA, Sindicato de Telecomunicaciones, estaba en plena huelga a nivel nacional exigiendo mejoras salariales “teniendo en cuenta el incesante aumento del costo de vida, los bajos salarios percibidos y la congelación, por el término de un año, de los mismos”.
Tercero
El tercer proyecto que se propone para derogar es la Ley 16.591/1957: declarando ilegal todo paro o medida de fuerza que disponga el personal de la administración provincial.
Esta norma, dictada el 21 de septiembre de 1957, estableció en su Artículo 1° “declarar ilegal todo paro o medida de fuerza que disponga el personal de la Administración provincial sin distinción de situación de revista”.
Según los fundamentos se buscaba ir en concordancia con el Decreto-Ley 16588, sancionado el 20 de septiembre de 1957, mediante el cual se declaraban ilegales los paros y toda otra medida de fuerza que dispusiera el personal en el servicio telegráfico de la provincia.
Las sanciones llegaban hasta la exoneración con el solo informe que al respecto cursara el jefe de la repartición a la cual correspondiera el agente, constituyendo un claro ejemplo de avasallamiento de lo establecido por la Constitución.
Cuarto
Por último, también se prevé la derogación del Decreto-Ley 196/1958: sanciones hasta la exoneración a empleados de la administración pública que hicieren política en el ámbito de sus funciones (elecciones).
Mediante esta norma, sancionada el 15 de enero de 1958, se estableció que “será pasibles de sanciones hasta la exoneración, el personal de la Administración Publica, de cualquier jerarquía (funcionarios, empleados y obreros) que hiciere política en el ámbito de sus funciones (Artículo 36°, Inciso I, Estatuto para el personal de la Administración Pública), o utilizare las calidades o ventajas derivadas, directa o indirectamente de estas, con fines de proselitismo partidario o comprometiera en cualquier forma el decoro y la imparcialidad exigidos para el ejercicio de las funciones públicas”.
A su vez en el artículo 2° se exigía que “en caso de ser candidatos a cargos electivos de cualquier índole y en cualquier jurisdicción, los funcionarios los funcionarios que ocupen las categorías de subdirector inclusive y demás escalas superiores, deberán presentar su renuncia. Los empleados y obreros que se hallaren en idéntica situación, deberán solicitar y se les acordará la respectiva licencia sin goce de sueldo”.
Como se puede apreciar, el carácter simbólico, pero a la vez práctico y aleccionador de estas normas radica en las distintas cuestiones prescriptas en las mismas.
Se considera que se puede constatarse aquí el planteo de un objetivo que no es más que “eliminar situaciones que son producto del ejercicio democrático” por parte de la ciudadanía bonaerense, “en tanto la vulneración de derechos era una constante para quienes ejercieron de facto el poder en diversos períodos de nuestra historia”.
Con la idea fija de sesionar este miércoles en Diputados y el jueves en el Senado, los legisladores bonaerenses se disponen a conmemorar el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia con derogaciones de normas de orígenes dictatoriales.
La realización de una sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia está estipulada por la Ley 12.654 y en este caso se realizará al cumplirse los 48 años asunción de la dictadura cívica militar autodenominada de Reorganización Nacional el 24 marzo de 1976.
Como acción simbólica, y más allá de las palabras, los diputados; y se especula que, a su turno, los senadores, convocados para el día inmediatamente posterior; tiene pensado avanzar en la derogación de algunas leyes que en su momento instauraron gobiernos “no democráticos” y encabezados por miembros de las fuerzas armadas de la nación.
Para este 24 de marzo, los legisladores echaron mano a la tarea de investigación, análisis y elaboración de anteproyectos que se viene realizando desde la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa.
Desde allí, se propone la derogación de distintos Decretos-Leyes, los cuales tienen un simbolismo tal que se consideran merecen ser abordados y, eventualmente, derogados en esta próxima sesión especial, establecida en la Ley 12.654.
Cabe consigna que la ley 12.654, establece que “a partir del 24 de marzo de 2001, fecha del XXV aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y en los años sucesivos, en conmemoración el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se reunirán en Sesiones Especiales en un acto solemne de reafirmación de la democracia y los derechos humanos y de repudio al terrorismo de estado y de toda forma de discriminación desfavorable por cualquier motivo”.
Siguiendo con la premisa dispuesta al crear la Unidad de Reparación Histórica Legislativa es que la misma propuso en esta ocasión la derogación de las normas, que se detallan en esta nota, “con la finalidad de contribuir a la consolidación del régimen democrático y la vigencia del estado de derecho a la luz del principio de Memoria, Verdad y Justicia”, además de continuar buscando cumplir con el objetivo principal que es “declarar a la provincia de Buenos Aires libre de normativas de facto”.
Con ese mandato como premisa, es que desde la Unidad de Reparación Histórica Legislativa propuso la derogación de al menos cuatro Decreto-Ley, que a continuación detallamos con sus respectivos fundamentos.
Como siempre sucede en términos legislativos, la última palabra no está dicha, pero los diputados tienen pensado empezar aprobando el proyecto de ley que agrupa las norma que se derogarían, para que luego el Senado sancione y así lograr las derogaciones respectivas.
Primero
En primer lugar, se plantea la derogación del Decreto-Ley 7999/1973; sobre el derecho de reunión en la provincia de Buenos Aires (reuniones públicas).
Ese Decreto-Ley establece normas para el ejercicio del derecho de reunión. En su segundo artículo dice que “está prohibida toda reunión que signifique una amenaza real o inminente para la seguridad pública”.
La misma tuvo como principal fundamento instaurar en el territorio provincial lo que oportunamente el gobierno de facto, a nivel nacional, estableció mediante el dictado de la Ley 20120.
De ello dan cuenta los fundamentos del Decreto-Ley 7999/1973, en los cuales se puede apreciar que textualmente expresan “se ha adoptado la tesitura de seguir el texto dictado en el orden nacional, por entenderse que tales disposiciones responden plenamente a las necesidades locales, especialmente a aquellas que se plantean en el cinturón conurbano de la Capital Federal, donde, además de hallarse reunida la mayor parte de la población de esta provincia, se dan las mismas características que han impulsado al Superior Gobierno Nacional (sic) a sancionar la mencionada Ley 20.120. Un detenido estudio de la materia lleva a considerar la norma nacional como de perfecta aplicación en el resto del ámbito provincial.
A lo antedicho, se suma el hecho que el derecho de reunión se halla en “Cámara de Diputados provincia de Buenos Aires legislado en nuestra esfera en forma dispersa y algunas veces falto de coherencia, no ajustándose a la realidad social y política actual”.
Entre otras disposiciones la norma en cuestión establece el libre acceso de la autoridad policial a los lugares en los que se realicen reuniones públicas, a fin de observar el cumplimiento de las disposiciones legales; así como el requisito de otorgamiento de permiso por la autoridad policial para la realización de reuniones en la vía pública.
Este Decreto-Ley, sin dudas, según se estima, cercena derechos consagrados, inclusive en la Constitución provincial. Sólo por citar, a modo de ejemplo y figurativo, el artículo 13 de la misma establece que “La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho asegurado a los habitantes de la provincia”.
Asimismo, el artículo 14 de la Constitución provincial dispone que “queda asegurado a todos los habitantes de la provincia el derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el orden público, así como el de petición individual o colectiva, ante todas y cada una de sus autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes o para pedir la reparación de agravios. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de sedición”.
Segundo
También se propone la derogación del decreto-Ley 16.588/1957: declarando ilegales los paros y toda otra medida de fuerza que disponga el personal en el servicio telegráfico de la provincia.
Este Decreto-Ley, sancionado el 20 de septiembre de 1957, declaraba ilegal todo paro o medida de fuerza que dispusiera el personal del servicio telegráfico de la provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que el telégrafo era una de las vías más utilizada en ese momento para las comunicaciones.
La norma en cuestión tuvo como fundamentos el imponer sanciones al personal telegráfico de la provincia de Buenos Aires que adhiriera a los paros o adoptara medidas de fuerza por invocación del mismo servicio a nivel nacional.
Esta fue una época en el que FOETRA, Sindicato de Telecomunicaciones, estaba en plena huelga a nivel nacional exigiendo mejoras salariales “teniendo en cuenta el incesante aumento del costo de vida, los bajos salarios percibidos y la congelación, por el término de un año, de los mismos”.
Tercero
El tercer proyecto que se propone para derogar es la Ley 16.591/1957: declarando ilegal todo paro o medida de fuerza que disponga el personal de la administración provincial.
Esta norma, dictada el 21 de septiembre de 1957, estableció en su Artículo 1° “declarar ilegal todo paro o medida de fuerza que disponga el personal de la Administración provincial sin distinción de situación de revista”.
Según los fundamentos se buscaba ir en concordancia con el Decreto-Ley 16588, sancionado el 20 de septiembre de 1957, mediante el cual se declaraban ilegales los paros y toda otra medida de fuerza que dispusiera el personal en el servicio telegráfico de la provincia.
Las sanciones llegaban hasta la exoneración con el solo informe que al respecto cursara el jefe de la repartición a la cual correspondiera el agente, constituyendo un claro ejemplo de avasallamiento de lo establecido por la Constitución.
Cuarto
Por último, también se prevé la derogación del Decreto-Ley 196/1958: sanciones hasta la exoneración a empleados de la administración pública que hicieren política en el ámbito de sus funciones (elecciones).
Mediante esta norma, sancionada el 15 de enero de 1958, se estableció que “será pasibles de sanciones hasta la exoneración, el personal de la Administración Publica, de cualquier jerarquía (funcionarios, empleados y obreros) que hiciere política en el ámbito de sus funciones (Artículo 36°, Inciso I, Estatuto para el personal de la Administración Pública), o utilizare las calidades o ventajas derivadas, directa o indirectamente de estas, con fines de proselitismo partidario o comprometiera en cualquier forma el decoro y la imparcialidad exigidos para el ejercicio de las funciones públicas”.
A su vez en el artículo 2° se exigía que “en caso de ser candidatos a cargos electivos de cualquier índole y en cualquier jurisdicción, los funcionarios los funcionarios que ocupen las categorías de subdirector inclusive y demás escalas superiores, deberán presentar su renuncia. Los empleados y obreros que se hallaren en idéntica situación, deberán solicitar y se les acordará la respectiva licencia sin goce de sueldo”.
Como se puede apreciar, el carácter simbólico, pero a la vez práctico y aleccionador de estas normas radica en las distintas cuestiones prescriptas en las mismas.
Se considera que se puede constatarse aquí el planteo de un objetivo que no es más que “eliminar situaciones que son producto del ejercicio democrático” por parte de la ciudadanía bonaerense, “en tanto la vulneración de derechos era una constante para quienes ejercieron de facto el poder en diversos períodos de nuestra historia”.
Los legisladores de la provincia de Buenos Aires, senadores y diputados, realizarán sesiones especiales este jueves en conmemoración del 24 de marzo, día de la Memoria, Verdad y Justicia.
Los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires se preparan para tener las primeras sesiones del año con motivo de recordarse un nuevo aniversario del golpe cívico militar que dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, gobierno dictatorial que se extendió desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
La parálisis que envuelve a la legislatura bonaerense desde hace algunos meses y parece que se extenderá al presente año electoral fue interrumpida por los senadores, o mejor dicho por la vicegobernadora y titular del Senado Verónica Magario, pues fue la primera en hacer oficial la convocatoria para realizar una sesión especial a partir de las 11 horas, este miércoles, en el recinto que da a la calle 51.
Los diputados en cambio se tomaron algo más de tiempo y se especuló con una sesión ordinaria, e incluso con algún temario ordinario que contuviera algunas leyes de envergadura que se especula con su eminente tratamiento desde hace algún tiempo, que finalmente naufragó y, al igual que el Senado, a las 11 horas del jueves 23 se convocaron para realizar una sesión especial.
La sesión especial por el recordatorio, del acontecimiento histórico, y al mismo tiempo conmemorar el día de la Memoria, Verdad y Justicia tiene de un alto valor para la dirigencia política en general, y para buena parte de la ciudadanía, de la que la bonaerense no es ajena; por lo tanto, las sesiones especiales tienen un amplio consenso en sendos recintos.
No obstante, debido al parate legislativo que se observa desde mediados del año pasado y la ausencia de sesiones en lo que va del presente año; que más allá de las sesiones preparatorias para la asamblea legislativa que dejó inaugurado el 151 período legislativo, no hubo otras; no habría estado demás realizar una sesión ordinaria donde alguno proyecto podría haber encontrado con su tratamiento.
Pero no, los senadores y diputado se disponen a tratar una serie de temas que estarán estrictamente vinculados con el día de la Verdad, Memoria y Justicia, que en su inmensa mayoría conforman un cumulo de las denominadas “minutas legislativas”; pues de eso se trata una sesión especial, solo pueden ser tratados temas vinculados al temario especial.
Así los legisladores bonaerenses podrían sancionar en la jornada doble, sin apartase de la temática, al cumplirse 47 años del golpe del ’76, un un proyecto de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo que plantea expropiar un predio en el distrito de Tandil para crear un “Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”.
El proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble denominado “Quinta de los Méndez”, emerge como un primer paso para a partir de allí contribuir a “una acción que promueva la memoria, el derecho a la verdad y a la dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado”.