En medio de la realización de la sesión preparatoria de este martes en el Senado se conoció que el oficialismo y sus aliados acordaron cambios en los temarios que se habían proyectado para las dos sesiones que habrá entre este jueves y viernes, en el filo del cierre del período extraordinario.

Si bien un grupo de senadores ya había presentado el pedido de sesión para el viernes 27 con el fin de tratar el proyecto de Modernización Laboral devuelto por la Cámara de Diputados junto al Acuerdo Mercosur - Unión Europea, el tratado internacional pasará para el temario del jueves.

El cambio se debe a que el Parlamento de Uruguay avanza a paso firme también con la ratificación del acuerdo, y se prevé que este mismo jueves le dé aprobación final. El gobierno de Javier Milei quiere ser el primero en la región en darle aval legislativo.

De esta manera, se espera que para la sesión del jueves 26 también se debata el proyecto que reforma la Ley de Glaciares. Este tema cuenta con dictamen de comisiones desde diciembre pasado, pero no había sido incluido en la sesión del pasado 11 de febrero cuando se debatió extensamente la Reforma Laboral.

La iniciativa impulsada por el Gobierno, a pedido de provincias mineras, busca modificar la norma sancionada en 2010 para redefinir el concepto de zona periglacial, facilitar actividades extractivas y otorgarle a las provincias mayor autonomía sobre el control de sus recursos naturales.

Finalmente, el otro tema será el pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica. Aunque el Poder Ejecutivo lo designó por decreto "en comisión", la semana pasada se cumplió el trámite parlamentario en la Comisión de Acuerdos, con la audiencia pública correspondiente del candidato.

Ya para el viernes 27 quedará el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que lleva la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años; y la iniciativa de Modernización Laboral, que fue devuelta por Diputados tras la eliminación del artículo que preveía cambios en las licencias por enfermedad.

Con los votos a favor de aliados como el Pro, la UCR y distintas bancadas provinciales, La Libertad Avanza se encamina a sancionar definitivamente los proyectos, un objetivo de máxima que el oficialismo tenía para las extraordinarias y se pronostica alcanzará.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Modernización Laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones, luego de una jornada cargada de momentos de tensión tanto afuera del Congreso como adentro del recinto. Con este resultado y sabiéndose de antemano que tendría la eliminación de un artículo, el proyecto vuelve al Senado, donde ya fue aprobado hace pocos días por un amplio número de votos, lo que hace prever que se convertirá en ley el viernes de la semana que viene, cuando se espera sea tratado.

Luego de la aprobación en general en Diputados, concretada a las 0.30, poco más de diez horas después del inicio de la sesión, se procedió al inicio del tratamiento en particular de los 26 títulos que posee la iniciativa.

Aunque la lista de oradores se redujo, con el objetivo de que a la medianoche se votara, ese objetivo se puso en duda cuando pasadas las 21 la sesión estuvo frenada por 20 minutos a raíz de un intento de Unión por la Patria de votar una moción para que se levante la reunión por falta de quórum.

Más temprano, los diputados de la oposición dura habían encabezado reclamos constantes al presidente del Cuerpo, Martín Menem, a causa de cuestiones reglamentarias. La camporista Florencia Carignano fue protagonista al desconectar cables de los micrófonos de los taquígrafos.

Rotundamente en contra de la Reforma Laboral, los diputados de UP (que fueron en su mayoría los que hablaron) cuestionaron el proyecto por "inconstitucional" y "regresivo" en cuanto a derechos, además de cargar duro contra legisladores peronistas de provincias cuyo mandatarios son aliados del Gobierno nacional.

De hecho, así se vio a la hora de dar quórum: la sesión inició el jueves a las 14.14 con la presencia de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el MID y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo), Catamarca (Elijo Catamarca) y Santa Cruz (Por Santa Cruz). Se trata de los mandatarios Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal, respectivamente.

Mientras dentro del recinto se debatía, por la tarde hubo incidentes en la Plaza del Congreso, con un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad para desalojar a los manifestantes que se movilizaron en contra del proyecto, en un día marcado por el paro general que convocó la CGT. Según la central obrera, hubo "un 90% de acatamiento" a la huelga.

El proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno busca se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo, tuvo media sanción del Senado el 12 de febrero.

Este miércoles, apenas un día antes de ir al recinto, recibió dictamen en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se confirmó la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedades, tema que despertó fuerte rechazo -incluido el de aliados- durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.

Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que salió del Senado, pero, tan solo por ese cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.

Con ese objetivo, el Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación de opositores, ya que fue antes de el propio texto se trate en Diputados.

En los planes de La Libertad Avanza, la Modernización Laboral sería llevada al recinto el próximo viernes 27, junto con régimen penal juvenil, el Acuerdo Mercosur - Unión Europea y el pliego como embajador en Bélgica de Fernando Iglesias.

Volviendo a la Reforma Laboral, el artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.

Votación en particular

Igual que sucediera la semana anterior en el Senado, la votación en particular se realizó por títulos, lo cual no evitó que en algunos de los mismos algunos diputados se enfrascaran en largas exposiciones, pese a lo cual siempre el miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, tuvo la misma respuesta: “No se aceptan sugerencias”.

La expectativa estaba puesta particularmente en los artículos más resistidos, que previsiblemente fueron los que menos votos consiguieron, aunque en todos los casos el oficialismo se impuso con amplitud. En el único caso que el oficialismo perforó el piso de 130 votos fue en el último título, el XXVI, correspondiente a las derogaciones, principalmente por la del Estatuto del Periodista. Dicho título comprendía los artículos del 197 al 217, y se pronunciaron para pedir el retiro de algunos o todos los artículos los diputados Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Esteban Paulón, María Inés Zigarán y Vanesa Siley. Finalmente el resultado fue de 126 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones, correspondientes a Lourdes Arrieta, Karina Banfi, Sergio Capozzi y Yolanda Vega.

La votación del último título fue la que registró el menor número de votos a favor.

Los otros dos títulos que cosecharon menos votos fueron el número II, que contiene la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo para financiar indemnizaciones, y ya se esperaba un número más ajustado. Fue así, pues consiguió 130 votos a favor, hubo 117 en contra y 3 abstenciones, correspondientes a las diputadas Arrieta y Banfi, y el diputado Sergio Capozzi. El otro que también tuvo 130 votos fue el Título XXV, que tiene los artículos 195 y 196, fundamentalmente por este último, que modifica la Ley de Fomento de la Actividad
Cinematográfica Nacional. Tuvo 130 votos a favor, 118 en contra y la abstención de Gisela Scaglia.

Toda la semana se habló del Título I y de la intención de los aliados del Pro de insistir en reincorporar un artículo que permita el cobro del salario a través de billeteras virtuales, pero el secretario Parlamentario del Pro, Javier Sánchez Wrba, se limitó a señalar que acompañarían el título, pero manifestando para que constara en la versión taquigráfica la abstención de su bancada, la del MID y la de Adelante Buenos Aires al artículo 35, que es la que dice que las remuneraciones deberán pagarse en entidades bancarias. Fue aprobado por 133 votos a favor, 116 en contra y una abstención de Lourdes Arrieta.

El Título III fue aprobado con 135 votos a favor, 110 en contra y 5 abstenciones, que correspondieron a Mariela Coletta, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y Maximiliano Ferraro, quien aclaró que votaba positivamente los artículos 90 y 94.

El Título IV tuvo 138 votos positivos, 111 negativos y la abstención de Ferraro; en tanto que el Título V contó con 139 votos a favor y 111 en contra; y el Título VI registró 139 votos a favor y 111 encontra. El Título VII tuvo 131 votos a favor y 119 en contra; en tanto que el VIII cosechó 139 votos a favor y 111 en contra. El IX resultó 138 a 112.

El Título X que comprende el período de prueba para empleadas de casas particulares resultó con 134 votos a favor y 116 en contra; en tanto que el Título XI salió 139 a 110.

El Título XII tuvo 139 votos a favor y 110 en contra; el XII 134 a favor, 114 en contra y una abstención del diputado Jorge Ávila. El Título XIII cosechó 137 votos a favor y 113 en contra, mientras que el XIV, que habla de la ultra actividad resultó con 131 votos a favor, 117 en contra y la abstención de Lourdes Arrieta.

El Título XV es el que habla de prohibición de asambleas, sindicatos por empresas y limita la tutela sindical tuvo 133 votos a favor y 117 en contra.

El Título XVI salió 139 a 110, igual que el Título XVII; mientras que el XVIII registró 138 votos a favor, 110 en contra y la abstención del diputado Ferraro.

El título XIX, el XX, el XXI y el XXII registraron el mismo resultado: 139 a 110.

Finalmente el Título XXIII registró 138 votos positivos y 111 negativos y el XXIV 134 a favor y 115 en contra.

Intento de hacer caer la sesión

El tono alborotado y caótico con el que arrancó la sesión regresó pasadas las 21, cuando Unión por la Patria sorprendió pidiendo votar una moción de orden que a punto estuvo de voltear la sesión. Sucedió puntualmente a las 21.18, cuando el diputado rionegrino Marcelo Mango pidió una moción de orden para que el proyecto de reforma laboral regresara a comisiones.

La jugada de UP estaba bien planificada: el reglamento exige que haya quórum para poder votar una moción de orden, y en ese momento el recinto estaba semivacío. Presidía la sesión el mendocino Luis Petri, quien llamó a los legisladores ausentes y el presidente del Cuerpo, Martín Menem, se hizo presente.

El secretario Parlamentario, Adrián Pagán, aclaró que la moción debía ser hecha con quórum, mientras que desde UP se reclamaba airadamente dar por caída la sesión.

El escándalo ya estaba desatado. Intervino entonces la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Silvana Giudici, quien alargó su discurso hasta que se le comunicó que ya había quórum y ahí ella pidió votar. Menem ordenó votar entonces la moción de orden de Mango y a mano alzada se rechazó la propuesta.

Fue entonces cuando llegó el contragolpe: con una amplia sonrisa, la diputada Giudici pidió entonces votar una moción de orden para que se votara en media hora, y a mano alzada así se aceptó.

Previsiblemente hubo un desbande del bloque UP y nuevamente, como bien temprano, el presidente de la Cámara fue rodeado por diputados en el estrado. El debate estuvo interrumpido por 20 minutos, tras lo cual se acordó volver sobre sus pasos y en aras de recuperar la paz se votó -también a mano alzada- retirar la moción de Giudici de votar a las 22 y agotar la lista de oradores.

El proyecto

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.

Algunos de sus puntos principales son los siguientes:

● Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.

● Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.

● Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.

● Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.

● Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

● Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

● La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija "estándares y reglas claras" para la actividad.

● En el proyecto se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.

Con un paro nacional convocado por la CGT como telón de fondo, la Cámara de Diputados inició este jueves la sesión en la que se debatirá el proyecto de Modernización Laboral, que deberá volver al Senado tras haber sido quitado el artículo referido a las licencias por enfermedades.

En un horario tardío, con el fin de asegurarse la llegada de los legisladores, producto de la afectación en los medios de transporte por la huelga, la reunión se inició a las 14.14 con la presencia de 130 diputados.

A los miembros de La Libertad Avanza se sumaron los del Pro, la UCR, el MID, el santacruceño José Luis Garrido y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo) y Catamarca (Elijo Catamarca).

A la izquierda, el santacruceño José Luis Garrido, mirando el tablero al borde de sentarse. La sesión abrió con 130, uno arriba del número de quórum 

Por el contrario, no se sentaron en sus bancas en el arranque Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda.

La sesión arrancó con un clima caldeado, con UP quejándose por la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria respecto al debate y la votación a mano alzada que se realizó para aprobarlo. Los legisladores se pararon de sus bancas a protestar con aplausos y algunos increparon a Martín Menem en el estrado. Luego de unos minutos se rencauzó la reunión.

El proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno busca se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo, tuvo media sanción del Senado hace una semana atrás.

Este miércoles, apenas un día antes, recibió dictamen en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se confirmó la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedades, tema que despertó fuerte rechazo -incluido el de aliados- durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.

Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que salió del Senado, pero, tan solo por ese cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.

Con ese objetivo, el Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación del bloque UP en Diputados, que a través de su jefe, Germán Martínez, expresó su protesta por este accionar, al considerar que se está convocando a una reunión en base a datos erróneos, ya que el expediente en cuestión aún no ha pasado por la Cámara baja. Luego se plegaron más opositores a la protesta.

En los planes de La Libertad Avanza, la Modernización Laboral sería llevada al recinto el próximo viernes 27, junto con régimen penal juvenil, el Acuerdo Mercosur - Unión Europea y el pliego como embajador en Bélgica de Fernando Iglesias.

Volviendo a la Reforma Laboral, el artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.

Hecha la salvedad de la eliminación completa del artículo referido, en la votación en particular se espera que los aliados del Pro insistan con reincorporar un artículo que permita el cobro del salario a través de billeteras virtuales.

Por otra parte, en la previa, fuentes del oficialismo admitían "números justos" para algunos títulos de la iniciativa (son 26 en total), como el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo para financiar indemnizaciones.

Otro de los títulos que será mirado con atención a la hora de la votación en particular será el último, el XXVI, que propone la derogación de varios estatutos, entre ellos el del periodista profesional.

La voz de los diputados en el recinto

El primer orador de la jornada fue el diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, quien defendió que "todas las modificaciones, derogaciones y agregados" que se proponen en el proyecto son para "fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores".

El correntino leyó su discurso, lo que despertó las críticas de Unión por la Patria, cuyos integrantes lo interrumpieron constantemente. "La legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo. Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo? Tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad", planteó el oficialista.

Luego fue el turno de UP, con Sergio Palazzo como miembro informante del dictamen de minoría de su bloque. El líder del sindicato de bancarios calificó al proyecto como “la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores”, al considerar además que “no hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí hay beneficios para los empresarios”.

También, el opositor cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, con el cual “el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario porque será pagado con plata del Estado”, remarcó.

En tiempo compartido de exposición, su par Vanesa Siley afirmó que la Reforma Laboral “va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos, sobre todo, en los trabajadores de la construcción, los mecánicos y las maestras”. También habló del quórum y llamó “traidores” a los representantes salteños, misioneros y tucumanos que accedieron a sus bancas en boletas de Unión por la Patria en 2023 o de Fuerza Patria en 2025.

Entre las voces en contra, el diputado Miguel Pichetto advirtió que el FAL “se va a financiar con la plata de los jubilados”, lo que para él constituye "un riesgo directo para el sistema previsional argentino". Sobre esto, hay temor a que el FAL derive en una descapitalización de las cuentas previsionales, y existe el riesgo de convertir el fondo en un mecanismo no autosustentado, dependiente de recursos sociales sensibles.

El diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau afirmó que el país necesita una reforma laboral, pero cuestionó con dureza la que impulsa el oficialismo. Señaló que mientras se argumenta que “no hay plata” para mejorar las jubilaciones, sí se destinan recursos para cubrir despidos a través del nuevo Fondo de Asistencia Laboral, al que comparó con las viejas AFJP.

También advirtió que trasladar al trabajador las costas judiciales desalienta los reclamos. Según sostuvo, el fondo de indemnizaciones equivale a 0,4% del PBI, la mitad de lo que costaría un aumento jubilatorio, lo que a su juicio evidencia una clara prioridad del Gobierno.

Increpado por los integrantes de la oposición que le recordaron que accedió a su banca por la boleta de Unión por la Patria, Pablo Outes, representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz, anticipó su apoyo a la Ley de Modernización Laboral -junto a Yolanda Vega y Bernardo Biella, habilitó el quórum- y cuestionó que los anteriores gobiernos “hace muchas décadas nos dejaron sin industrias, sin rutas y sin universidades”.

Sin embargo, advirtió que “no soy mileísta, pero tengo el concepto de que la justicia debe ser para todos y muchos (señalando hacia donde estaban los de UP que gritaban y interrumpían) no conocen el interior”, y concluyó que “el modelo de Milei está fracasando porque para crecer necesitamos infraestructura, energía y universidades”.

“Yo a esto ya lo viví. Este modelo no es nuevo. La senadora (Patricia Bullrich) que defendía este proyecto era ministra de trabajo cuando a mí me tocó agarrar una carreta a los 13 años. No me lo contó nadie”, afirmó por su parte Natalia Zaracho al hacer uso de la palabra. En referencia a los despidos en FATE, preguntó: “¿Qué van a hacer con los nuevos despedidos de la empresa que ayer dejó a más de 900 personas y familias sin trabajo? Nos dicen que van a sacar trabajadores de la informalidad y son una máquina de tirar trabajadores por la ventana”.

Además, cuestionó los cambios en el articulado: “Nos quieren hacer creer que sacando el artículo 44, esta ley siga, siga”, y advirtió que “quieren engañar” al “pueblo” y que no van a “hacer pelear” a “los trabajadores”.

Quien supo ser la ministra de Trabajo en el último año del gobierno del Frente de Todos, Kelly Olmos acusó a la Ley de Modernización Laboral de proponer un marco legislativo “de antes de la negociación colectiva y antes de las leyes del peronismo que han contribuido a la dignidad del pueblo y al desarrollo de esta Nación”. Agregó, además, que “están reemplazando -la ley vigente- con la unilateralidad de la patronal”.

Con una síntesis de repaso histórico, Olmos afirmó que “solo cuando les fue bien a los trabajadores, le fue bien a la Argentina”, y reiteró su parecer sobre este proyecto de ley al que consideró que tiene por objeto “que muy pocas manos se beneficien sobre la base del esfuerzo y el sacrificio del pueblo como lo están haciendo ahora”. Por último, antes de leer un poema peronista de los años 60, criticó el cambio de Ministerio a Secretaría y la gestión de Julio Cordero, a quien llamó “abogado laboralista de la patronal”.

“Como Demócrata Cristiano, no puedo estar a favor de este proyecto”, sostuvo el diputado Juan Brügge al fundamentar su voto negativo. Argumentó que su postura responde tanto a las raíces históricas del humanismo cristiano que inspira al Partido Demócrata Cristiano como a razones técnicas y jurídicas que —según afirmó— tornan inviable la iniciativa.

Brügge centró parte de su exposición en lo que calificó como una “mala redacción técnica” del texto. Señaló que contiene normas confusas, ambigüedades que abren la puerta a interpretaciones contradictorias y vacíos normativos que generarán incertidumbre jurídica. “No estamos ante una ley clara y precisa, sino ante un esquema que trasladará el conflicto a los tribunales”, advirtió.

Representante de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro no ocultó su rechazo a esta Reforma Laboral, y cuestionó que haya sido con una resolución exprés: “Merece mucho más que una reunión y una sesión a las apuradas como estamos teniendo hoy”. Trajo a colación una de las frases que utilizaba en tiempos del Frente de Todos y se la endilgó a La Libertad Avanza: “Han convertido de vuelta a este Congreso en una escribanía”. También, hubo mensaje para el Pro: “Estoy asombrado de muchos republicanos intermitentes y de ocasión que hoy no se sorprenden por las formas”.

“Nos dicen que esto es para generar empleo, pero esta ley no puede obviar en el contexto en el cual se está votando:  40 % de informalidad en la Argentina, 120 mil puestos de trabajo que se perdieron, más de 22 mil fábricas y empresas que cerraron y una economía que no crece. En este contexto va a ser peor el remedio que la enfermedad”, cargó el integrante del interbloque Unidos, quien además sostuvo que “es una ley sin rostro porque no aparece el rostro de las PyMEs, que están asfixiadas por la presión fiscal y por una economía que no crece”.

Por su parte, Mónica Frade remarcó que “si ustedes querían eliminar los litigios van a estar inundados los tribunales y los juzgados de este país con los desastres legislativos que ustedes hacen Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y los cerebros de todo este desastre que va a arrasar con lo poco que tenemos". "Legislen bien para otros 50 años, no hagan burradas", aseveró.

El diputado macrista Fernando de Andreis adelantó que el Pro no insistirá con el pedido de incorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales, pero anticipó que sí lo harán a través de un proyecto de ley para el período ordinario que comienza en nueve días. Respecto a este texto, consideró que “esta ley da más accesibilidad al empleo registrado a la gente”.

En línea con los argumentos del oficialismo, el legislador del Pro señaló que “hace 15 años no crece el empleo privado registrado y los juicios laborales crecen desmedidamente porque llegan a ser 80.000 por año”. Agregó, además, que “una PyME recibe una demanda laboral cada 10 empleados que contrata”, y cerró que “cuando un empresario quiere crecer o ganar más plata, hay un miedo superior a perder la empresa por un juicio laboral”.

Avanzada la lista de oradores, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky destacó que este jueves "hubo un paro como hace mucho tiempo no se veía, con un acatamiento enorme en todo el país y grandes movilizaciones en todas las provincias. Es un verdadero plebiscito de los trabajadores que rechazan esta ley".

Sobre la iniciativa, el líder de la CTA de los Trabajadores aseguró que "no moderniza nada, atrasa 100 años", a "la época en que el patrón te cruzaba la cara con la fusta y te despedía gratis, la época en que la jornada laboral y las vacaciones las definía el patrón". "Es la ley del revanchismo patronal", exclamó y añadió: "Viene a darle a los tiburones la libertad de hacer lo que quieran con las sardinas".

"Y como saben que es inconstitucional, saben que no se va a poder sostener y se quieren llevar puesto al fuero laboral", denunció. Luego de afirmar que "esta ley viene a llevar a la Argentina al escenario idílico que quiere el señor Caputo de que seamos como Perú", donde hay "80% de informalidad", Yasky sostuvo que "los trabajadores sabemos que si no hay industria no hay posibilidad de que haya un país con empleo digno".

A continuación, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz señaló que la ley está "mal llamada de modernización laboral; el título debería ser una reforma financiera y de precarización laboral, en la que de paso metieron por la ventana una reforma impositiva de corte negativamente regresivo".

"En cada uno de los artículos se nota para quién legislan ustedes", se quejó y adjudicó la idea del proyecto a Milei, Caputo, Sturzenegger y Bullrich. Además, advirtió que "el FAL es la estafa más grande que le van a hacer a los jubilados; se están armando un negocio financiero".

Otro de los oradores del extenso debate fue el chubutense Jorge "Loma"Ávila, de Provincias Unidas, quien cargó fuerte contra los libertarios: "Yo voy a defender mi trabajo porque trabajé toda mi vida, porque laburé en el campo, porque no soy como aquellos que están allá (señalando a la bancada oficialista) que nunca laburaron, que no saben lo que es estar en el campo, que no saben lo que es matarse de frío, que no saben lo que es matarse de calor, que no saben lo que estar 12 horas a disposición de la empresa y no saben defender el empleo porque nunca laburaron. ¿Cómo van a defender el empleo si son unos nenes de mamá?".

El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut afirmó que "no podemos encontrar nada positivo" en el proyecto. "Es una ley netamente del Gobierno, no se discutió, es una ley que se le quiere imponer al sector trabajador", cuestionó, además de denunciar los despidos en su sector y la situación crítica que atraviesa la actividad en su provincia.

A su turno, el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) compartió la necesidad de una reforma laboral al ver las estadísticas de caída del empleo formal, pero señaló que “lo que nos unificaba era la idea de darle mayor certeza a los costos de desvinculación laboral. Es la parte más urgente y más compartida por la mayoría de gremios y sindicatos”.

“Más que gestionar los problemas prefiere dañar los sistemas, encuentra una manera a lo largo de la ley de desintermediar la relación entre patrones y empleados. Lo que estamos haciendo más que modernizar, es retroceder tres siglos en términos de la asimetría que el modelo sindical se instauró consagrando la seguridad social, la negociación paritaria, los convenios”, cuestionó Massot.

Así, lamentó: “Nos encontramos en una encrucijada donde una ley de más de 217 artículos donde muchos estábamos preparados para acompañar más de 160 artículos, pero es por títulos”. Por último, hizo dos propuestas como la instauración de licencias parentales intercambiables –aumentar de 2 a 15 días las licencias paternales – y también agregar un módulo de 30 días de licencias intercambiables. En el cierre, planteó que el FAL sea voluntario y no obligatorio y que sea financiado por las empresas y no subsidiado por bajas de aportes patronales.

El proyecto

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y que ya con media sanción del Senado, representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.

Algunos de sus puntos principales son los siguientes:

Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.

Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.

Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.

Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.

Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija "estándares y reglas claras" para la actividad.

En el proyecto se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.

A pedido del oficialismo y aliados, fue confirmada la convocatoria a la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Modernización Laboral este jueves desde las 14.

La solicitud y posterior citación, firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, se conoció este miércoles mientras transcurría el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza consiguió el dictamen de la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado.

Al comienzo de esa reunión, el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, informó que se pasaría a la firma el despacho que reproduce la media sanción, con la excepción de la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad, tema que despertó fuerte rechazo durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.

Así, del texto sancionado en el Senado de 219 artículos, el dictamen de mayoría obtenido este miércoles posee 218 artículos. De esta manera, deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva, que el oficialismo está dispuesto a que sea antes de la apertura de sesiones ordinarias.

El pedido a sesión fue firmado por los libertarios Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch; y los jefes de bloques Cristian Ritondo (Pro), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

Con asistencia perfecta de todos estos bloques, el oficialismo tendría asegurado el quórum desde una base de 130 legisladores.

Por el contrario, Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda no darán quórum.

La jornada estará marcada por el paro nacional convocado por la CGT, que promete sentirse fuerte a raíz de la adhesión de los gremios del transporte. Además, la izquierda convocó a movilizarse al Congreso, que estará rodeado por efectivos de seguridad que aplicarán el protocolo antipiquetes.

Con acompañamiento de aliados de bloques provinciales, la UCR, el Pro y tres peronistas, La Libertad Avanza consiguió sancionar el proyecto de Presupuesto 2026, tras un debate de casi ocho horas en el Senado. La norma cosechó 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. Se trata de primer plan de gastos y recursos desde que Javier Milei asumió como Presidente.

A las 21.12 de este viernes se inició la votación en particular, con especial atención sobre lo que sucedería en torno al Capítulo II, el cual contenía el artículo 30, que en la previa sumó manifiestos rechazos del peronismo y algunos legisladores radicales, por tratarse de la derogación de artículos de distintas leyes que garantizan el financiamiento en educación, ciencia y defensa. Sin embargo, el oficialismo salió victorioso y logró su aprobación, encaminándose así a la sanción definitiva de la "ley de leyes" que llegaría minutos después.

El Gobierno mantuvo negociaciones durante toda la sesión, a través de sus interlocutores -como el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se apersonó en el Congreso-, para que la iniciativa se apruebe sin cambios y se evite así su vuelta a la Cámara de Diputados. También tuvo un rol central en juntar los votos, desde la semana pasada, cuando el texto arribó al Senado, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich.

La ley representa todo un triunfo para el Gobierno, que tras las elecciones esperó al recambio legislativo para aprobar en extraordinarias su Presupuesto. Sobre todo, luego de un año electoral en el que la oposición había manejado la agenda parlamentaria.

El ministro del Interior siguió el debate desde uno de los palcos del Senado, acompañado por los primos Menem. (Foto: Comunicación Senado)

Para la Casa Rosada la aprobación del primer Presupuesto de la gestión de Milei (gobernó dos años con la prórroga del plan de gastos y recursos 2023) representa también una señal fundamental hacia los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y los mercados. Tras la media sanción de Diputados, el 17 de diciembre pasado, el Presidente avisó que no iba a vetar la ley, a pesar de que salió de la cámara de origen sin un capítulo que consideraban clave.

Cuando se votó en la Cámara baja, LLA perdió el Capítulo XI, que había generado enorme rechazo en casi todo el arco opositor, por querer introducir mediante un artículo, el 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Al igual que en Diputados, el oficialismo se impuso temprano durante la primera sesión extraordinaria -y la primera con la nueva composición- para que el Presupuesto también se trate por capítulos y no por artículos en la Cámara alta.

Ni bien resultó aprobado el Capítulo I en la votación en particular, se pasó al II y el senador Jorge "Coqui" Capitanich pidió que el artículo 30 se vote por separado, de manera nominal. El presidente provisional, Bartolomé Abdala, que tomó la conducción luego que Victoria Villarruel se retirara ni bien se aprobó en general, le respondió que ya se había aprobado votar por capítulos.

Introdujo entonces una cuestión de privilegio la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien más temprano se había planteado contra el tema. Denunció a la bancada oficialista y las autoridades por "violar abiertamente el reglamento", en sus artículos 207 y 171.

Anabel Fernández Sagasti

La mendocina enfatizó que querían saber "quiénes son los que levantan la mano contra la educación pública, la ciencia y tecnología, y la defensa". "Ese artículo nada tiene que ver con el déficit cero, es una declaración contra la educación pública", aseveró. Tras una nueva intervención de Capitanich, el miembro informante del oficialismo, Ezequiel Atauche, dijo que no iban a aceptar modificaciones y pidió que se pase a votación.

Así, el Capítulo II resultó aprobado con 42 votos positivos de LLA, el Pro, el grueso de la UCR y bloques provinciales; mientras que los 28 votos negativos fueron del interbloque peronista/kirchnerista menos tres del bloque Convicción Federal: el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil; la tucumana Sandra Mendoza, por órdenes de Osvaldo Jaldo; y la jujeña -sin gobernador al cual responder- Carolina Moisés. Éstos tres también acompañaron en general y en el resto de los capítulos, que resultaron todos aprobados.

Los 25 del interbloque "Popular" llegaron a 28 con tres radicales que se opusieron al Capítulo II: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Mientras que hubo 2 abstenciones, de la neuquina Julieta Corroza y la cordobesa Alejandra Vigo, la única que se abstuvo en la votación en general.

Números del Presupuesto 2026

De acuerdo con las variables macroeconómicas proyectadas por el Poder Ejecutivo, el Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.

El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Otro de los números hablan de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.

Este viernes se realizó la primera y única sesión extraordinaria de diciembre en el Senado, con la sanción del principal tema para el Gobierno. (Foto: Comunicación Senado)

El debate

Como miembro informante, abrió el debate el jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) quien resaltó que “intentamos sancionar un Presupuesto que tenga una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero y precisó el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve" y destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit”.

Ezequiel Atauche fue miembro informante del oficialismo.

Desde el lado de la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich eligió hablar por 40 minutos en lo que tocó diferentes cuestiones vinculadas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Consideró que el tratamiento de este texto es una “violación sistemática del reglamento”, y sintetizó:  Nos oponemos porque este Presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional y necesitamos un debate sin restricciones”.

Integrante del bloque Justicialista, consideró que el presidente Javier Milei ha hecho un “abuso” de la emisión de decretos de facultades delegadas avalados por la Ley de Bases, y con respecto al tratamiento de esta “ley de leyes”. En el final de su extensa intervención en el recinto de la Cámara alta, Capitanich pidió votar en contra del artículo 30 del dictamen en revisión que establece recortes en la educación técnica. “Le quitamos recursos específicos a las escuelas técnicas, pero le sacamos impuestos a las aeronaves y a las embarcaciones”, cuestionó.

También sobre el artículo 30 se refirió el radical Maximiliano Abad, quien arrancó: "En nuestro país la discrecionalidad se convirtió en rutina y la rendición de cuentas en una rareza; yo celebro que estemos a punto de sancionar el Presupuesto, porque eso fortalece la institucionalidad de nuestro país y el funcionamiento republicano".

Sin embargo, a continuación dijo que quería "advertir con gran preocupación que, bajo el mantra del equilibrio fiscal, el Gobierno niega que la innovación y el conocimiento no tienen nada que ver con el desarrollo". "El artículo 30 yo lo llamo 'el artículo escoba', porque barre los pisos de educación, pero también las proyecciones en inversión de ciencia". Y puso como ejemplo la inversión en ciencia de países que admira la gestión mileísta: "Estados Unidos invierte el 3,45% del PBI en ciencia e Israel está por encima del 5%".

"No podemos condenar a la Argentina a la mediocridad", afirmó y consideró que "lo que se viene en Argentina es decisión política: si van a seguir metiendo la mano en las universidades, si van a seguir metiendo la mano a las personas con discapacidad, en los hogares de las zonas frías o si definitivamente se van a animar a desarmar muchos de los privilegios que existen".

Maximiliano Abad

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, resaltó que "han pasado dos años, la mitad de esta gestión, sin una hoja de ruta clara, por eso creo que hoy venimos a subsanar esto". "El Presupuesto no es un trámite administrativo, es un acto profundamente político y una definición sobre el Estado que queremos", señaló.

En ese sentido, la legisladora dijo que este Presupuesto "no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un círculo vicioso de improvisación, crisis y desigualdad". "Tiene un superávit financiero que es útil como herramienta, pero la macroeconomía tiene que acompañar al desarrollo productivo del país. El equilibrio fiscal no puede convertirse en un dogma, no puede inmovilizar a la producción", advirtió.

También, Ávila reclamó por las obras: "Mi provincia se ha hecho cargo de obras que la Nación ha abandonado. Necesitamos imperiosamente que la Nación tenga inversión en infraestructura". "Aprobar este Presupuesto obviamente no es un cheque en blanco", manifestó, al afirmar que eso es mejor que no tenerlo por tercer año consecutivo.

A su turno, el senador Eduardo "Wado" de Pedro centralizó una parte de su intervención en el área educación destacando el artículo 30° “da vergüenza ajena”. “La misma que tuvo el secretario de Hacienda cuando vino a decirnos a la Comisión de Educación que estaban interesados en el tema, porque habían aumentado el presupuesto del sector”, señaló, asegurando que “vino a tomarnos el pelo: todos sabemos que desde que asumió, la educación perdió 45 puntos reales”.

Sostuvo en tal sentido que el funcionario “tiene que defender con coraje sus ideas, no mentirle a la gente”. Y detalló lo que elimina el artículo en cuestión, que en sus incisos elimina la meta del 6% del PBI destinado a la educación. “El secretario de Hacienda mintió, porque cuando el senador Capitanich le preguntó por qué eliminaban el artículo 9, dijo que era porque nunca se había llegado a esa meta”. Por el contrario, De Pedro mostró un gráfico que mostraba que en 2015 se había llegado al 6,1%.

Luego citó el inciso que “deroga una ley que pone como norte que Argentina puede llegar al 1% de inversión en Ciencia y Tecnología en 2032”. Por el contrario, sostuvo que “debemos invertir mucho más en conocimiento”, y advirtió que hoy estamos en “el piso más bajo de los últimos 20 años en inversión en Ciencia y Tecnología”. En cuanto al inciso siguiente, consideró que se mete con “una ley totalmente noble que tiene mucho que ver con esa Argentina pujante del interior”, y se preguntó “cómo vamos a desfinanciar a las escuelas técnicas; desfinanciar las herramientas que necesitan más de 1.900.000 argentinos que quieren estudiar”.

“Hay un discurso gorila que permanentemente dice que los jóvenes no quieren estudiar, no les gusta trabajar… Pónganse de acuerdo: muchas veces en los medios escuchamos de los jóvenes que no quieren estudiar, los vagos, y estamos desfinanciando a la escuela técnica. Es una vergüenza”, cerró.

Eduardo "Wado" de Pedro

“Que nos hablen de obras que no se hicieron, y que lo haga la senadora por Santa Cruz, una provincia donde se pagaron rutas que nunca se hicieron y todavía se están buscando…”, señaló en un pasaje de su discurso el libertario Agustín Monteverde. El economista debutó en el recinto diciendo que “este proyecto de presupuesto rompe con esa lógica: no hay ingresos ocultos por subestimaciones, no tiene atajos contables; aquí hay proyecciones responsables y consistentes, alineadas con el objetivo de reordenar las cuentas públicas porque lo que se busca es devolverle credibilidad a la economía y dignidad a la política”.

“No es insensibilidad ajustar el gasto a los recursos disponibles; en cambio sí es flagrante crueldad financiarlo con inflación, castigando a los que menos tienen”, señaló.

La senadora salteña Alejandra Royón advirtió que “acompaño en general este presupuesto”, adelantó, advirtiendo que “acompañar no es callar, no es no mirar y señalar lo que creemos que está mal”. Y en ese sentido aclaró que “acompaño por una cuestión de federalismo, pero también acompañar es proponer y corregir”.

“En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación –dijo-. En vez de derogar, nos pongamos a gestionar, a hacer mejores propuestas”.

En representación del Frente Pro, el misionero Martín Göerling planteó que el debate del Presupuesto se trata de “en qué se va a gastar el esfuerzo de todos los argentinos. Porque el dinero que se recauda y que se va a gastar que está en esta ley sale de los impuestos de los argentinos, el Estado no genera riqueza, sino que administra la riqueza que generan los argentinos que trabajan”.

El senador del Pro celebró el debate del Presupuesto con equilibrio fiscal “es algo muy positivo para que los argentinos sepan en qué se está gastando eficientemente”. Así, remarcó que “desde el Pro tuvimos la responsabilidad de dar gobernabilidad y dándoles las herramientas para que puedan gobernar, pero apoyar este Presupuesto no significa darle un cheque en blanco para que hagan lo que quieran, también le exige responsabilidad al Gobierno y cumplir los acuerdos que hay, por sobre todo con las provincias”.

A continuación, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, celebró el tratamiento del Presupuesto, valorando todo lo bueno que veía en el presupuesto, pero también dijo que gobernar sin presupuesto, como ha hecho esta gestión durante dos años, “es una falta de respeto hacia las instituciones; una expresión de autoritarismo que no se puede permitir”.

Reconoció que jamás se logró cumplir el objetivo de alcanzar el 6% del PBI para la educación y se llegó a niveles de calidad educativa de los peores. ¿Cuál es la conclusión?, se preguntó. “No es darle recursos y plata a la gente para que salga adelante, sino darle más educación”, remarcó. En ese sentido, el correntino reclamó “un esfuerzo enorme para contribuir a la eficiencia, y no se trata de recursos”.

Agregó el jefe radical que “es muy difícil un crecimiento sin educación; es muy difícil que haya inversión pública sin argentinos que puedan ser empleables, y la empleabilidad viene de la mano de la educación”. Cerró adelantando que su bloque votaría a favor en general, mientras que “en particular algunas diferencias podemos tener”.

Como presidente del bloque Convicción Federal, el puntano Fernando Salino sostuvo que el tratamiento “es fundamental” porque “más allá de lo que los gobiernos hablen, el tema es dónde ponen la plata”. Salino hizo mención a una nota del diario La Nación y puntualizó en el precio del dólar de $1423 para el 2026 “son proyectos que empiezan superados porque ese precio no está en el cálculo de nadie”.

“Necesitamos el Presupuesto porque este Gobierno a partir de las auditorías no permite el control. Si no hay plan, no hay control. No quieren el control y no lo valoran por eso no presentaron el Presupuesto antes”, apuntó y criticó los ejes del Presupuesto: “El Gobierno quiere destrozar todas las instituciones intermedias que tengan capacidad de representación y contención”. También cuestionó que se “priorice” la defensa nacional por encima de la educación, la salud, etc.: “Es incomprensible y no supieron explicarlo. El Presupuesto es contradictorio en sí mismo”.

El senador puntano se quejó por la falta de recursos a las provincias y las críticas hacia los gobernadores que “administran mal”; por el superávit fiscal que “no explican para qué lo quieren y no se entiende dónde está la gente dentro de esto”. “Este Presupuesto es objetable desde muchos lugares y es para tranquilizar a los mercados. No tiene nada que ver con el crecimiento y con que las cosas funcionen mejor. Hay costos ocultos inter temporales. Es un Presupuesto con marcados desequilibrios regionales”, apuntó.

En un extenso discurso durante el tramo final del debate del Presupuesto 2026, el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans, reclamó por las partidas destinadas al Poder Legislativo, en línea con la advertencia de Victoria Villarruel días atrás.

Al anunciar que su bloque votaría en contra, aseguró que votar el Presupuesto "es votar la decadencia de la República Argentina y entregarle a seis irresponsables el manejo del endeudamiento público".

"Están haciendo un verdadero desastre de la economía nacional", exclamó e insistió que "el Presupuesto no se trata de esta forma, es un trato ineficiente". Sobre la seguridad social, sostuvo que "la mayoría de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia... No sé a quién sacaron de la pobreza. Le mantienen el bono de 70 mil pesos con inflación en dólares de los productos".

Al cerrar el debate del Presupuesto, que se extendió hasta pasadas las 21, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, arrancó diciendo que “no estamos acá simplemente discutiendo números; no estamos votando una ley más, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma. No es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

Según Bullrich, “las definiciones difíciles en momentos oportunos llevan a una salida como la que nunca tuvo la Argentina”. Aseguró que “se redujo el gasto innecesario; se achicó la estructura estatal, se eliminaron privilegios, se ordenaron las cuentas. Porque gobernar no es prometer, es decidir, incluso cuando duele, y al mismo tiempo se protegió a los que más lo necesitaban, sin gerentes de la pobreza, sin viveza, sin extorsión”.

“El déficit cero no se negocia: es la línea roja que separa el futuro del desastre”, aseguró Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich debutó como senadora este viernes y cerró el debate. (Foto: Comunicación Senado)

Luego de la reprogramación y en el marco de un año electoral, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne para llevar a cabo una sesión extraordinaria en la que se analizará la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por iniciativa del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La sesión iba a llevarse a cabo este jueves, pero se decidió postergarla para hoy, a fin de poder observar la decisión que el Congreso Nacional tomó respecto a la suspensión de dichos comicios.

La propuesta del jefe de Gobierno permitirá ahorrar más de $20.000 millones, evita votar dos veces y apunta a promover y a fortalecer la discusión de una agenda propia con eje en la autonomía de la Ciudad durante la campaña electoral.

“Queremos que ese dinero no salga del bolsillo de los porteños y usarlo en otras prioridades”, sostuvo Jorge Macri el 27 de diciembre, cuando anunció su intención de suspender las PASO, en el marco de la Agenda 2025 Buenos Aires Primero.

La convocatoria se enmarca en las facultades establecidas por el artículo 74 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 84, inciso 8, del Reglamento de la Legislatura, que habilitan la citación a sesiones extraordinarias cuando el tratamiento de determinados proyectos lo requiere.

En lo que será la última semana del plazo definido por el Poder Ejecutivo para las extraordinarias, el Senado buscará el próximo jueves realizar una sesión para tratar la suspensión de las elecciones PASO y proyectos de seguridad como reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia. Las tres iniciativas, que primero obtuvieron media sanción en Diputados, recibieron dictamen de comisión el miércoles 12.

Pero además, mientras la Cámara baja sesionaba por ficha limpia, en el Senado se formalizó el dictamen de mayoría del pliego de Ariel Lijo para juez de la Corte Suprema. El temario del Gobierno contempla esta cuestión, con lo cual se espera que el oficialismo intente sumarlo a la sesión.

Además, de los siete puntos elegidos por el PEN, se encuentra el llamado proyecto de "ley antimafias" -contra el crimen organizado-, que ya cuenta con dictamen de comisiones desde el año pasado, pero que se verá si finalmente se debate en el recinto, pues desde bloques dialoguistas sugirieron cambios.

La del jueves será la primera sesión de la Cámara alta para tratar un temario de proyectos desde el 26 de septiembre pasado (en noviembre recibió a Guillermo Francos y en diciembre se reunió para expulsar a Edgardo Kueider), y el oficialismo tendrá el desafío de poner en marcha la sesión con 37 senadores sentados en sus bancas para el quórum.

Sobre la suspensión de las PASO, tema en el que algunos dialoguistas no votarán a favor, La Libertad Avanza deberá trabajar en conseguir apoyos dentro del interbloque opositor de Unión por la Patria. Por lo ocurrido en Diputados, se espera que representantes de Santiago del Estero y Catamarca ayuden, entre algún otro, dado que en la Cámara baja también sorprendió la cantidad de miembros de esa bancada que se inclinaron por la positiva.

En el caso del pliego de Lijo, LLA también necesitará de UP, y mucho más todavía, dado el fuerte rechazo que hay en otros bloques de la oposición no K y la mayoría de dos tercios de los votos que se requieren para su aprobación.

En tanto, según supo parlamentario.com, el lunes 24, fecha fijada por el reglamento del Senado, se realizará desde las 14 la sesión preparatoria para ratificación de autoridades. El kirchnerismo contará para ese momento ya con 34 integrantes, pues se sumará la camporista Stefanía Cora, en reemplazo de Kueider, quien había ingresado por el Frente de Todos y abandonó el espacio en febrero de 2023.

Para la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, el desafío será mantener a los 37 senadores restantes de su lado para garantizar la continuidad de las autoridades, dado que la mayoría de 39 que construyó cuando recién arrancó la gestión libertaria -con el fin de relegar al kirchnerismo de todo tipo de cargos- se vio debilitada por la expulsión de Kueider y la licencia del radical Víctor Zimmermann.

En la preparatoria se concretaría el recambio en la Secretaría Administrativa, con la salida de María Laura Izzo por el ingreso de Emilio Viramonte, quien trabaja con la vice hace tiempo.

Por los tiempos que corren, el proyecto de ficha limpia, que recibió media sanción de Diputados el miércoles 12, ya no sería tratado en extraordinarias en la Cámara alta. De hecho, así lo dio a entender también este jueves el senador Carlos “Camau” Espínola, que reconoció que no darían los tiempos para tratarlo ahora y podría quedar para el período ordinario. Recordemos que es uso y costumbre en el Senado dejar transcurrir siete días entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto.

Un nuevo período de sesiones ordinarias comenzará el sábado 1ro. de marzo, cuando el presidente Javier Milei asista a una nueva Asamblea Legislativa. Según confiaron fuentes parlamentarias a este medio, se haría a las 21, horario elegido por el mandatario para sus discursos en el Congreso (apertura de sesiones del año pasado y presentación del Presupuesto 2025).

Tal como se estipuló en la hoja de ruta delineada por el oficialismo para el tratamiento del temario de extraordinarias diseñado por el Gobierno, y habiendo pasado una primera sesión con éxito -aprobó los proyectos de suspensión de las PASO, juicio en ausencia, y reincidencia y reiterancia-, el próximo miércoles 12 de febrero, desde las 10, fue pedida una sesión para debatir el proyecto de ficha limpia. Pocos minutos después, se oficializó la citación por medio del secretario Parlamentario, Adrián Pagán.

La iniciativa, que apunta a prohibir que personas condenadas por corrupción, como el caso de Cristina Kirchner, puedan ser candidatas a cargos nacionales, ya recibió dictamen de comisiones, pero en total hubo seis despechos. De cara a la discusión en el recinto, La Libertad Avanza deberá atender pedidos de modificaciones de bloques dialoguistas. Al tratarse de una cuestión electoral, el texto requerirá de una mayoría absoluta de 129 votos para ser aprobado.

El proyecto de ficha limpia se trata de un tema motorizado con fuerza hace largo tiempo por el Pro, y que se había frustrado en el cierre del período ordinario en noviembre pasado, cuando hubo dos convocatorias a sesión que no reunieron quórum, y con el dato de que en la última faltó un número importante de legisladores de LLA.

Tras un trabajo de especialistas y en el que estuvo involucrado también el ministro de Defensa, Luis Petri -exdiputado-, además de la legisladora del Pro Silvia Lospennato, el Gobierno envió al Congreso en enero su propio proyecto.

En la nueva redacción se propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, quien el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En la iniciativa se indica que la prohibición de candidatearse correrá "únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta".

Mientras que "en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral".

A su vez, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar "un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias".

Además de no poder ser candidatas en elecciones nacionales, las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; "ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos", reza el texto.

El proyecto del PEN recibió dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia con 30 firmas, de LLA, el Pro y el monobloque CREO; mientras que la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal firmaron en disidencia.

Entre las diferencias planteadas por algunos bloques de la oposición aliada se encuentran reclamos respecto de la cláusula que establece que regirá para casos en que los fallos se hayan dado en años no electorales, la ampliación de delitos (no sólo corrupción) y de cargos que no podrían ocupar personas en esta condición.

El primer dictamen de minoría, con 26 firmas, fue el de Unión por la Patria, que incorpora delitos económicos y estima que la prohibición debe darse únicamente en casos de condena firme de la Corte Suprema. También firmaron sus propios dictámenes Encuentro Federal, Democracia para Siempre -por dos- y el Frente de Izquierda, de rechazo.

El pedido de sesión fue firmado por Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Manuel Quintar, José Luis Espert, Romina Diez (LLA); Silvia Lospennato, Silvana Giudici (Pro); Oscar Zago, Cecilia Ibáñez, Eduardo Falcone (MID); Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Roxana Reyes (UCR); Oscar Agost Carreño (EF); Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto (CC).

La Cámara de Diputados inició a las 12.24 de este jueves su primera sesión (extraordinaria) del año, en la que el oficialismo buscará la media sanción del proyecto que propone suspender las elecciones PASO. Al quórum contribuyeron La Libertad Avanza, sus aliados y los bloques de la oposición dialoguista. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no se sentaron para el arranque. 

La aprobación de la iniciativa requiere de una mayoría absoluta de 129 votos, que LLA lograría con el acompañamiento de aliados, el grueso de los bloques dialoguistas y algunos integrantes de UP, que ya exhibió divisiones en la firma de los dictámenes. 

La jornada se prevé maratónica y en la reunión de Labor Parlamentaria, donde se congregan todos los jefes de bloques junto al presidente del Cuerpo, Martín Menem, se estimó una duración de entre 17 y 20 horas. 

Además del proyecto electoral, se tratarán otros dos temas impulsados por el Poder Ejecutivo: juicio en ausencia y una modificación al Código Procesal Penal Federal por el que se modifica el concepto de reincidencia y reiterancia.

El tiempo estimado no tuvo en cuenta cuestiones de privilegio que inevitablemente se darán, a raíz del tiempo que la Cámara baja lleva sin sesionar y con todo el agua que pasó bajo el puente en estos meses. Entre los temas que la oposición quiere achacar al Gobierno se encuentran la exclusión del Presupuesto 2025 del temario de extraordinarias, los dichos del presidente Javier Milei en Davos, la reciente salida de Argentina de la OMS y hasta el fresco anuncio sobre la modificación de la Ley de Identidad de Género. 

Sin dudas, el plato fuerte será la suspensión de las PASO y todo indica que el oficialismo logrará su objetivo. De mínima, claro está, pues originalmente quería derogar las primarias. Pero se espera que salga victorioso luego de sortear el martes pasado la prueba de fuego de la firma del dictamen. No fue sencillo, por cierto, y para lograrlo fue necesario que santiagueños y catamarqueños peronistas firmaran su propio dictamen. Recién más tarde logró torcer también a ciertos radicales que estaban rebeldes.

El dictamen de mayoría reunió 53 firmas, de LLA, aliados y dialoguistas; otro con 5 firmas de los diputados de UP de Santiago del Estero y Catamarca, que responden a los gobernadores Gerardo Zamora y Raúl Jalil, respectivamente; como así también uno de minoría de la izquierda, de rechazo.

En noviembre pasado el PEN envió su proyecto, donde proponía la derogación de las primarias, además de cambios en la constitución, caducidad y financiamiento de los partidos políticos. Ante la falta de apoyo para avanzar en la eliminación total de las PASO, situación con la que LLA se sinceró en negociaciones previas con aliados y dialoguistas, como así también en todas las otras reformas, los libertarios cedieron en aceptar una suspensión de las primarias para este año, cuando se elegirán diputados y senadores. Así, el texto de más de 60 artículos enviado por el Gobierno fue recortado y concluyó en un dictamen de tan solo 5 artículos, que es el que se someterá a votación este jueves. 

Los otros temas

Juicio en ausencia, que consiguió la firma del dictamen el pasado 19 de noviembre, busca establecer un mecanismo que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.

La modificación al Código Procesal Penal en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo. 

Por último, se tratará también el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia. La propuesta de modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia” para “toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

Por Melisa Jofré

Luego de tres meses sin sesiones, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados consiguió este martes el quórum para abrir la sesión extraordinaria en la que se debatirá el plan de pago de deuda previsional y un proyecto sobre informatización y digitalización de historias clínicas. 

El oficialismo se anotó el logro un día antes de la Asamblea Legislativa que encabezará el presidente Alberto Fernández y, de esta manera, habrá habido aunque sea una sesión veraniega. Sin embargo, el abultado temario de 28 puntos quedó casi en su totalidad sin tratar. 

Concluida la reunión de Labor Parlamentaria, voceros del oficialismo no eran optimistas respecto de alcanzar el número necesario de 129, ya que había algunos legisladores retrasados. Pero la bancada que conduce Germán Martínez tuvo asistencia perfecta: estuvieron sentados sus 117 miembros. Además, aporta al quórum la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau.

Al igual que sucede en la mayoría de las veces, el último en llegar por el FdT fue el diputado Máximo Kirchner, a las 10.44. Antes de que comience el Himno Nacional, el líder de La Cámpora tiró un beso a sus compañeros y se retiró del recinto, no sin antes cruzar algunas palabras al oído con el presidente de su bloque. 

A favor de la moratoria previsional, los primeros que dieron el presente fueron los diputados del Frente de Izquierda-Unidad Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Romina Del Plá. 

Cuando ya habían pasado 16 minutos de la convocatoria, a las 10.46 apareció el misionero Diego Sartori, del interbloque Provincias Unidas. Un poco después lo haría su coterráneo Carlos Fernández.

A las 10.55 el tablero quedó en 127 con la llegada del rionegrino Luis Di Giacomo -presidente de Provincias Unidas- y los dos socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, que integran el interbloque Federal.

Los últimos en llegar y lograr que la sesión quede abierta fueron los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del interbloque Federal, y Graciela Camaño, ambos del bloque Identidad Bonaerense. 

Quienes no aportaron al quórum fueron los diputados de Juntos por el Cambio, en su postura de no dar número en las sesiones mientras dure el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema; los cuatro liberales; el bloque SER; el neuquino Rolando Figueroa; y los tres de Córdoba Federal. También faltaron Agustín Domingo (JSRN) y Florencio Randazzo (IB). 

En el filo del cierre de las extraordinarias, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados buscará alcanzar el quórum para llevar a cabo una sesión este martes -desde las 10.30- con la intención de aprobar el proyecto de plan de pago de deuda previsional y otra iniciativa sobre informatización y digitalización de historias clínicas.

En medio de un contexto trabado, pues Juntos por el Cambio mantiene su postura de no dar quórum mientras se lleve adelante el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, el oficialismo confía en contar con el apoyo del interbloque Provincias Unidas -que ha resultado siempre aliado-, el Frente de Izquierda y un sector del interbloque Federal para poder abrir la reunión. Sin embargo, en caso de que se alcance el quórum, JxC bajará.

En la reunión de Labor Parlamentaria se acordaron establecer 12 cuestiones de privilegio; 3 homenajes, y 2 pedidos de apartamientos. Respecto de los temas a tratar propiamente dicho, habrá 50 oradores sobre el plan de pago de deuda previsional y una decían para historias clínicas.

Otro dato saliente que tiene que ver con las dificultades del oficialismo para contar con todas las presencias necesarias para asegurar el quórum: la oposición no aceptó correr el horario de inicio.

La Cámara de Diputados tuvo su última sesión el 24 de noviembre pasado. Durante diciembre, cuando todavía no estaba el proceso de juicio político en marcha, pero sí un conflicto por los representantes en el Consejo de la Magistratura, se frustraron todas las sesiones: la preparatoria del 1ro. no tuvo quórum; la siguiente se abrió, pero se cayó luego del ingreso en medio de un escándalo, con JxC reclamando irregularidades reglamentarias; y la citada para el 21 de ese mes tampoco alcanzó el número de 129 para el quórum.

Durante el caluroso verano, mientras transcurrieron reuniones de distintas comisiones, se especuló con varias fechas para una posible sesión, pero finalmente se citó, con bastante tiempo, para un día antes de la Asamblea Legislativa, cuando el presidente Alberto Fernández asistirá a dejar inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias. Motivo por el cual hay quienes hablan de una "sesión corta", pues el recinto deberá acondicionarse para el día siguiente.

El primero de los temas a tratar es el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación.
La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era "complejo" dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.
Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.

La iniciativa establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Por otra parte, el segundo punto del temario es un proyecto de creación del "Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina", que salió del Senado en noviembre de 2020 y en caso de no ser tratado caería con el inicio de un nuevo período legislativo.

Tal y cómo lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura porteña se reúne desde las 8.54 para llevar a cabo una sesión extraordinaria en la que los diputados buscarán avanzar con la aprobación de un proyecto de ley del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para derogar el impuesto a las tarjetas de crédito.

La mencionada iniciativa fue remitida al Parlamento local luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del distrito capitalino en medio de la disputa con el Gobierno Nacional por la quita de recursos coparticipables.

El mencionado tributo fue creado en 2021 después de que el Gobierno Nacional, a cargo de Alberto Fernández, redirigiera recursos coparticipables del distrito capitalino a la provincia de Buenos Aires. Al momento de su creación, Larreta se comprometió a eliminarlo una vez que se solucionara la disputa judicial con Nación, motivo por el cual ahora el Parlamento porteño se reunirá.

Además, los legisladores porteños buscarán avanzar con la designación de las nuevas autoridades de la Legislatura de la Ciudad, algo que había quedado pendiente después de que se cayera la última sesión ordinaria del año.

Más allá de esta situación, durante la sesión de este viernes, los legisladores de la oposición buscarán avanzar con el pedido de juicio político e interpelación al ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general Juan Bautista Mahiques.

Sin los temas claves que justificaron la autoconvocatoria de los legisladores para realizar sesiones en período extraordinario los diputados bonaerenses realizaron una sesión para tratar otros expedientes del Ejecutivo y una modificación a la denominada ley de Víctimas.

Los diputados de la provincia de Buenos Aires realizaron una sesión esta tarde pero el Senado dejó caer la citación realizada. Los senadores se convocaron para el martes próximo al igual que harán los diputados donde se intentará nuevamente trata los dos expedientes claves que reclama el Ejecutivo, el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2021 y la ley Impositiva con el aumento general de las valuaciones de un 32 %.

No obstante, los diputados, de todos modos, prefirieron sesionar con otros temas que tienen en tratamiento en ese ámbito.

El proyecto de ley que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y violación a los derechos humanos y que modifica los artículos de la ley 11922, código procesal penal, ley 12256 ejecución penal y la ley 14422, fue uno de los temas sobresaliente de la sesión, pero sólo fue aprobado con modificaciones y tendrá que volver a la Cámara de origen, el Senado, para eventualmente concluir su trámite parlamentario.

También se aprobó y giró al Senado un proyecto de ley del Ejecutivo que pretende modificar la orgánica del registro provincial de las personas, incorporando el servicio online para la inscripción de los nacimientos.

Además, los diputados entre otras cuestiones, estarían tratando y aprobando un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a implementar la constitución de un sistema de domicilio electrónico y de audiencias virtuales en los procedimientos administrativos.

Por último, se aprobó un proyecto de ley de la diputada del FdT Susana González, a través del cual se plantea una modificación a la ley 12950, y su texto ordenado por ley 13547, estableciendo el anticipo jubilatorio para todo el personal afiliado del Instituto de Previsión Social (IPS).

Así, la legislatura provincial se prepara para una jornada completa para el próximo martes 22, con la incertidumbre apoderándose de la escena legislativa respecto del desenlace final en torno al Presupuesto General 2021.