Entre otros proyectos de ley fue aprobada una iniciativa de la senadora del FdT Vanesa Spadone que busca reducir la carga administrativa de los ciudadanos y ciudadanas y eliminar trámites innecesarios ante la administración pública provincial, con los costos que esto representa.

Una vez reglamentada, esta ley eximirá a quienes realicen gestiones administrativas de la obligación de presentar documentación que ya obre en archivos de organismos bonaerenses, ya sea que ha sido producida por el propio Estado o ha sido entregada previamente.

Esto aplica también a los organismos centralizados, descentralizados y autárquicos como a las sociedades con mayoría accionaria del Estado y los municipios que adhieran a la norma.

Además, se convirtió en Ley la iniciativa de la senadora de Juntos Flavia Delmonte que crea el Sistema Provincial para la Promoción y Protección de las personas que padecen Parkinson, destinado a la investigación, prevención, detección temprana y atención de esta patología; y que les garantiza a quienes padecen esta enfermedad un trato digno sin discriminación; el acceso al trabajo y a recibir asistencia médica adecuada y en tiempo y forma por parte de todas las prestatarias que operen en la provincia.

Por otra parte, también se concretó la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 27.447 de Transplante de órganos, tejidos y células, en proyecto de ley que impulsó la senadora del FdT Ana Devalle; y se aprobó y giró al Senado la adhesión a la Ley Nacional 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el primer caso, se adecúa el marco regulatorio para la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano. En el segundo, se busca constituir el marco legal e institucional para el desarrollo de una política provincial de ciencia, tecnología e innovación que buscará promover, fomentar y potenciar la aplicación del conocimiento científico, orientado al fortalecimiento de un modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía.

De la misma manera, se convirtió en Ley una iniciativa que -con el fin de evitar exigencias que llevan el abandono deportivo a temprana edad y situaciones de violencia- obliga a las entidades deportivas públicas y privadas de la provincia a exhibir cartelería y/o folleteria, con mensajes sobre la importancia de no generar presión por parte de los padres en los niños, niñas y adolescentes.

Por otra parte, se votó la adhesión a la Ley Nacional 27629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, convirtiéndose así en ley; y se aprobó un proyecto de ley del diputado del FdT Ariel Archanco que establece que los prestadores de servicios públicos domiciliarios deberán enviar a sus usuarios la factura con una antelación no menor a los 10 días de su vencimiento, el proyecto fue girado al Senado.

Finalmente, por iniciativa de la diputada independiente marplatense Débora Indarte fue reconocido como Personalidad Destacada de la provincia el arquero de la selección oriundo de esta ciudad balnearia, Emiliano “Dibu” Martínez.

Similar consideración recibió la escritora Claudia Piñeyro, la doctora Marta Cohen, el locutor y conductor Juan Alberto Badía y el músico Nahuel Pennisi, entre otros y otras.

En lo formal, la sesión de este miércoles 16 a las 11, que se viene en la Cámara de Diputados bonaerense servirá para que los proyectos de Presupuesto 2023 y de Ley Impositiva, formalmente tomen estado parlamentario y así poder ser debatido en las comisiones respectivas.

No obstantes, y haciendo caso omiso a esa formalidad, las fuerzas políticas comenzaron a sopesar en detalle ambos proyectos de ley de singular importancia para la vida administrativa de la provincia, luego de la visita de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque esta semana no las tienen previstas.

La idea primaria de los diputados era sesionar la semana próxima, la que va del 22 al 25, pero los acontecimientos se precipitaron. El acuerdo de antaño atendía a la situación de internas que tenía la UCR, realizadas el pasado domingo 13,  y el acto que preparan desde algunos sectores del FdT para este 17 de noviembre, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como figura central, en el estadio único de la ciudad de La Plata.

Pero la urgencia que la gestión del gobernador Axel Kicillof le imprimió al tratamiento del proyecto de ley que pretende modificar la ley 15008 que versa sobre el ordenamiento de la Caja de Jubilaciones de los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires hizo que se rompiera aquel acuerdo no escrito y se avanzara esta semana en la convocatoria.

El punto es que no hay acuerdo para trata el proyecto de ley de reforma a la caja que está en tratamiento y que el oficialismo quiere llevar al recinto, e introducir el tema ayudado por la presión que a su vez la pone la Suprema Corte de Justicia, que echó cartas en el asunto.

De todas formas, tanto la exposición del gobernador, como la Suprema Corte sobre el tema no elimina esos desencuentros existentes desde hace algún tiempo en la legislatura sobre la cuestión.

La reforma planteada por Kicillof toca algunas cuestiones que no son “judiciables” y es precisamente esa parte de la propuesta del Ejecutivo que termina impidiendo resolver la cuestión que sería “judiciable”, aunque también es inestable en el fondo ese acuerdo.

Lo que objeta la Justicia, según se desprende de los testimonios que surgen de aquellos que participaron de las reuniones que la Suprema Corte realizó con representantes de la legislatura, es “la movilidad” de los haberes, actualmente establecida por el mismo mecanismo que actualiza el ANSES.

Y si bien, habría un principio de acuerdo para modificar este punto, por parte de la oposición, sobre la modificación específicamente no hay tanto e incluso sobre modificar solamente este punto tampoco.

Así las cosas, la sesión convocada para esta semana por las autoridades de la Cámara baja, que tendría como objetivo primario ingresar los proyectos de ley de Presupuesto e Impositiva como así también limpiar de proyectos en general por tratarse de, tal vez,  la última sesión ordinaria, podría ingresar en un terreno de incertidumbre respecto de su realización, finalmente.

Los proyectos de leyes sobre alcohol cero al volante, pirotecnia cero, impulso a Pyme, la promoción a la industria vitivinícola de la provincia, de licencias parentales para concejales, el de régimen de empleo joven, la creación del programa “volver al trabajo” o sobre la creación de los registros de empleados de las Apps de reparto y de los trabajadores que prestan tareas de manera virtual podrían ser abordados, podrían ser tratados, o parte de ellos, en la próxima sesión, entre otros acuerdos que podrían surgir.

Los senadores bonaerenses volverán a verse las caras para abordar un temario que no despierta grandes expectativas. Pero así mantendrán al menos el compromiso de realizar al menos una sesión por mes.

Se adelantó la posibilidad que en el recinto de la Cámara alta se avance con la prestación de acuerdos de una decena de pliegos de funcionarios judiciales, una gota en el desierto, que ya tuvieron el visto bueno, por unanimidad, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Más allá de ese trámite específico del Senado, luego de la reunión de Comisión de Comercio Interior, Pymes y Turismo ganó envión un proyecto de ley, aprobado por unanimidad, que contempla el desarrollo económico y productivo de las micro pymes en la provincia de Buenos Aires que se radiquen o creen en el próximo año a partir de la vigencia de la ley, eximiendo por un año el pago de impuestos provinciales.

Específicamente, se plantea que los beneficiarios estarán exentos del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo a la siguiente escala: Primer año 100%; Segundo año 80%; Tercer año 60%; Cuarto año 40%; Quinto año 20%.

Pero las conversaciones parlamentarias recién empezaron a desplegarse y el punto final de las misma la darán horas ante de la sesión cuando se realice la reunión de Labor Parlamentaria.

Con este panorama en el Senado, para el próximo jueves a partir de las 11, se prepara también una sesión ordinaria en la Cámara de Diputados provincial, también allí hace un mes que no se realiza una sesión ordinaria.

No obstante, sobrevuela la idea de avanzar en el tratamiento de un proyecto de ley que plantea reconversión del Instituto Biológico de La Plata.

Transformar en Sociedad del Estado al Instituto Biológico “Tomás Perón” no se presenta como una maniobra fácil de realizar para una dirigencia que es toda especulación y “táctisismo”.

La propuesta, impulsada fuertemente por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, pretende maximizar las posibilidades que el organismo posee para producir medicamentos necesarios en territorio bonaerense; aunque al mismo tiempo es resistido por la oposición y los propios trabajadores del ente público.

Con esa bandera legislativa esta tarde se realizaron los primeros encuentros de asesores legislativo para ir definiendo un temario que de por sí será abultado de minutas legislativas debido a las escasas sesiones que se convocan y la proximidad de la finalización del periodo ordinario que acelera las pretensiones.

Hay, también, una serie de acuerdos demorados en la Cámara joven que siempre en la previa de las sesiones se especula con la posibilidad de que se resuelvan tales como la integración de algunas comisiones Bicamerales, entre ellas, la que se encarga de gobernar la Defensoría del Pueblo y la que vela por las Normas de Procedimientos para el Enjuiciamiento de Magistrados.

 Tal como se viene informando la parte central de la negociación que se está desplegando en la legislatura de la provincia de Buenos Aires gira en torno a ciertos acuerdos que permitan normalizar situaciones de distintos órganos de gobierno.

Se trata de varios organismos que por práctica usual integran representantes del oficialismo y de la oposición en muchos casos que depende de acuerdos que se producen cuando se acuerdan designaciones que necesitan un trámite parlamentario.

Se trata de espacios que suelen ocupar mientras de la oposición que dependen de decretos del Gobernador, como sillas en los directorios de las empresas del Estado y en otras dependencias públicas.

Pero siempre el primer paso de estos acuerdos se tiene que dar en la legislatura, aunque el gobernador Kicillof estiró hasta el extremo al parecer con resultado aún incierto. Pues se trata de acuerdo que se dan en los inicios mismo de las gestiones.

Así las cosas, en principio y en orden de importancia, en la legislatura bonaerense aparece la prestación de acuerdo por parte del Senado para el nombramiento, por parte del Poder Ejecutivo, de ex secretario general de la gobernación Federico Thea, como presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia.

Son atribuciones del Tribunal Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables.

También debe inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.

Actualmente el Organismo se rige por la Ley Orgánica N°10.869 y sus modificatorias, donde se determina su estructura, composición, facultades, funcionamiento y normas a las cuales deberá ajustar sus procedimientos, tal como se indica en la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

El cargo de presidente del Tribunal, como las restantes cuatro vocales que lo integra, revisten el cararter de “inamovible” y solo podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación.

El trámite de acordar el pliego de Thea, un hombre de plena confianza del gobernador Kicillof pero de escasa trayectoria política, estuvo desde un principio relacionada con algunos cambios en la ley orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas, la 10.869.

La idea que se disparó desde el principio es que en lugar de contar con un directorio descanse sobre cierta conducción en la presidencia sea un cuerpo colegiado de “primus inter pares”.

Esta modificación es empujada luego de que se conociera la intención del gobernador Kicillof de designar a Thea por la tanto es resistida por la gestión por su impacto simbólico en la política actual, más allá de las intenciones de perfeccionar el funcionamiento del Tribunal.

En rigor, luego de 35 años al frente el tribunal por parte de Eduardo Grinberg, su salida se dio luego que en los últimos años estallaran sucesivos conflictos internos por la discrecionalidad de los actos del presidente. Es decir, tal vez las modificaciones sean oportunas, pero las repercusiones no lo son.

La oposición por su parte espera poder avanzar en la prestación de acuerdo para nombrar tres directores en el Banco Provincia y cuatro defensores adjuntos en la Defensoría del Pueblo.

Todo debería empezar por diputados, que tendría que aprobar la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas y los defensores adjuntos para que luego el Senado termina sancionando la modificación a la ley y las designaciones de los defensores adjuntos.

En soledad, el alto Cuerpo, por su cuenta tendría que prestar los acuerdo para designar a Carlos Fernández, por la UCR; Bruno Screnci, exministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería respaldado por el propio Horacio Rodríguez Larreta; y el exdiputado bahiense Santiago Nardelli.     Y finalmente, los senadores bonaerenses se disponen a prestar el acuerdo correspondiente para la designación como presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, según lo establece el artículo 159 de la constitución provincial, a Federcio Thea.

El proyecto de ley de adhesión era reclamado por el gobernador Axel Kicillof pero la oposición fue condicionando hasta aquí su posición y se mostró poco proclive a abordar el Consenso Fiscal 2022, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no firmó.

Esa posición de resistencia que dominó a Juntos hasta la jornada de este jueves, cuando el oficialismo puso en líneas ambas Cámaras, cambió en estas horas y facilitó la sanción con “posturas grises” en sendos recintos.    

El oficialismo puso “en punta” el proyecto de Ley de adhesión al Consenso Fiscal al aprobar, en la última sesión de Diputados, una moción de preferencia, para tratarlo con o sin despacho, por lo que solo requería de mayoría simple para su tratamiento y aprobación, en la Cámara de origen, la Cámara de Diputados.

No resulta algo fácil de conseguir para el oficialismo esa mayoría simple si el voto de Juntos y otras bancadas se oponen, pero los diputados y senadores de Juntos, en ambos recintos, plantearon la abstención a la hora de la votación y, además, en el Senado, facilitar el tratamiento.

Cabe consignar que el acuerdo expresado en labor parlamentaria por parte de los diputados de Juntos no fue transmitido en el recinto por la bancada de diputados. No hubo autorización para abstenerse. El diputado Alex Campbell, miembro infórmate de esta parcialidad, adelantó la posición de “no poder votar afirmativamente este consenso fiscal”, nada dijo de abstención.

Aunque poco apegada al reglamento la forma desplegada por los diputados de Juntos, oficialmente se consideró “la abstención adelantada” en labor parlamentaria, según distintas fuentes legislativa.  

La resistencia radical al proyecto de Consenso Fiscal la encabezó el bloque de Avanza Libertad en compañía de las dos bancadas del FIT, que rezaron el proyecto y votaron “positivamente” en contra del mismo. Mientras que el bloque de Espacio Abierto Juntos, efectivamente adelantó su abstención en el recinto. Unidad para la Victoria expresó voto positivo.

En tanto, en el Senado fue la bancada de Juntos la que posibilitó el tratamiento del proyecto de ley, que para ser considerada la entrada fuera de hora y el tratamiento sobre tablas requiere de los dos tercios de los presentes y, obviamente, quorum para sesionar.

Cabe consignar que en el Senado la paridad en 23 para cada una de las dos bancadas que la constituyen, configura un Cuerpo donde ningún bloque, ni el del FdT ni el de Juntos, tiene quorum propio.   

La iniciativa en cuestión es quito proyecto de ley de Consenso Fiscal que considera la legislatura bonaerense tras las firmas de los titulares del Poder Ejecutivo, tal como ocurrió el año pasado, con Axel Kicillof.

Se trata de la adhesión por ley de la provincia a un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen.

Así, se apunta a que las decisiones que se tomen sean en un marco de estabilidad jurídica y que garanticen una armonización tributaria.

El principal objetivo es el de fortalecer la autonomía de las provincias, brindándoles estabilidad jurídica a sus gobiernos y a los contribuyentes, en lo que respecta a los impuestos provinciales.

A su vez, busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado.

Hay dos ejes sobre los que gira el contrapunto. Aceptar el Consenso implica renunciar al reclamo por los fondos coparticipables y, por otro lado, muy advertido por la oposición de Juntos, es que se abandonaría definitivamente ese sendero que se había trazado en el gobierno de Cambiemos de “ir progresivamente bajando los impuestos”.

Al Consenso, adhirieron -por tercer año consecutivo- las 23 provincias. Rubricaron el compromiso las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán.

En cuanto a las provincias de La Pampa y San Luis, no habían adherido al consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo. 

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, no prestó conformidad con el Consenso del presente año.

Los diputados y senadores se convocaron para las 14.30 y sobrevuela la idea que tratarán temas cruzados para así logra la sanción de proyectos de ley que forman parte de acuerdos políticos, entre el oficialismo y la oposición.

La jornada de sesión en ambas cámaras permite iniciar un trámite parlamentario en una Cámara y sancionarlo ese mismo día en la Cámara revisora, siempre al amparo del correspondiente acuerdo político.

Así las cosas, específicamente la jornada del próximo jueves, podría servir para destrabar un conjunto de temas de alto impacto político que tiene pendientes la legislatura provincial desde el inicio del año, o incluso desde el año pasado.

En la agenda figuran algunos proyectos legislativos que merecen atención, como la adhesión al Consenso Fiscal 2022 y la ley de reforma del régimen jubilatorio de los trabajadores del Bapro, temas que tienen un trasfondo político denso, y que apura el oficialismo ante la resistencia de la oposición.

Además, de la jornada formarían parte un subpaquete de “acuerdos” con designaciones en organismos de gobierno que le corresponden a la oposición y oficialismo.

Por caso, la Legislatura viene postergando el tratamiento de los pliegos para las designaciones de los cargos de Juntos en el directorio del Banco Provincia y en la Defensoría del Pueblo bonaerense, con la posibilidad de que también se trate el pliego de Federico Thea, propuesto por el gobernador Axel Kicillof para la presidencia del Tribunal de Cuentas.

En ese sentido hay nombre que están dando vueltas para ocupar las secretarias de la Defensoría que les corresponde a la oposición, pues la oficialistas ya están ocupadas por funcionario que se designaron cuando se aprobó el acuerdo que reeligió a Guido Lorenzino hasta 2028.

Por caso, desde el radicalismo, según trascendió, se propondrá a Marcelo Honores, que renovará silla, mientras que desde el PRO se pide por Luciano Gómez Alvariño, concejal en Esteban Echeverría; Pablo Walter y por la ex diputada Carolina Barros Schelotto.

Por lo demás, habría acuerdo en lo concerniente el Directorio del Bapro con el tridente que conforman el radical Carlos Fernández, el porteño Bruno Screnci y el bahiense Santiago Nardelli, como representantes de la oposición. El oficialismo tiene sus directores designados, previo acuerdo del Senado, desde principio de año.

La iniciativa declarar la emergencia para empresas recuperadas, en un contexto de aumento de precios, incremento de las tarifas de los servicios públicos y deterioro económico generalizado.

Justamente, en la parte esencial de la iniciativa establece que por dos años la suspensión la ejecución de sentencias de desalojo y la prohibición de los cortes de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales para las empresas recuperadas.

Una vez sancionada la medida se podrá prorrogar por otros dos años, para lo cual ahora tendrán que considerarla los senadores, cuerpo al que fue girada la iniciativa.

Otro de los proyectos que avanzaron en Diputados está un proyecto de ley de jubilaciones anticipadas para veteranos de Malvinas, que ya generó polémica porque incorporaría a militares a la caja del IPS, otro de salud menstrual y la ley marco de equinoterapia.

También fue girado al Senado bonaerense, tras su aprobación en Diputados, el proyecto que declara “ciudad” a la localidad de Lima, partido de Zárate, un debate que reaviva la posibilidad que ese conglomerado urbano avance en la autonomía municipal y se constituya en un nuevo distrito de la provincia, el 136.

El bloque del Frente de Todos tenía como objetivo sesionar la semana pasada, pero los acuerdos necesarios, con las demás fuerzas que integran el recinto, que hacen funcionar a los cuerpos colegiado brillaron por su ausencia y pospusieron el convite para la presente semana.

Para hoy a la tarde, cuando suene la chicharra en la Cámara baja, los legisladores bonaerenses tenían previsto comenzar a discutir el proyecto de ley de adhesión al Consenso Fiscal 2022 que en el mes de enero presentó el gobierno de Axel Kicillof en mesa de entrada de esta casa y que aún espera el Senado para su tratamiento allí.

Pero en la previa del inicio de la sesión tras algunos tanteos de pre Labor Parlamentaria, formal e informal, hay malas noticias para el oficialismo: fuerzas opositoras retacean apoyo a la normativa remitida a la legislatura por el oficialismo luego de haber acordado los términos con el gobierno nacional.

En el mes de diciembre del pasado año y ante la negativa del mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue sellado el Consenso Fiscal 2022 entre el gobierno nacional y las 23 provincias del país.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, destacó en su proyecto de adhesión que es “la necesidad de articular entre todas las jurisdicciones de avanzar con una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, el crecimiento económico y generación de empleo”.

Además del apartado sobre endeudamiento, el Conceso Fiscal 2022 apunta a garantizar una política tributaria articulada entre todas las jurisdicciones, prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

Hay dos ejes sobre los que gira el contrapunto. Aceptar el Consenso implica renunciar al reclamo por los fondos coparticipables y, por otro lado, muy advertido por la oposición de Juntos, es que se abandonaría definitivamente ese sendero que se había trazado en el gobierno de Cambiemos de “ir progresivamente bajando los impuestos”.

Por otra parte, sigue reñida la discusión por las comisiones permanentes que se juegan las fuerzas que tiene representación parlamentaria en la Cámara baja. Son 46 organismos, en total.

El Frente de Todos y Juntos, las dos principales formaciones colectivas, vienen manteniendo hace semanas la discusión. En la Cámara baja el oficialismo se quedaría con la mayor cantidad de las presidencias, entre las que se cuentas las más importantes.

El reparto estaría rondando en unas 26/25 presidencias para el FdT, mientras que Juntos retendría unas 18. Los bloques minoritarios, Espacio Abierto Juntos y 17 de noviembre, accederían a algunas comandancias de comisiones, más no sendas bancadas del FIT-U y Avanza Libertad. El FdT ostentaría mayoría en buena parte de la totalidad de las comisiones; en las que preside, en todas.

En el oficialismo dan algunas certezas, dan como confirmado la continuidad en las presidencias de las comisiones de Presupuesto e Impuesto y Asuntos Constitucionales y Justicia al diputado Juan Pablo de Jesús y la diputada Susana González, respectivamente.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que conduce Federico Otermín sancionó el programa de asistencia para para el sector Turístico que remitió el gobernador Kicillof y que los exime del pago del impuesto inmobiliario a varios prestadores de servicios del rubro.

Al hacer uso de la palabra la senadora del Frente de Todos, Ayelen Duran destacó las políticas de reactivación impulsadas por el gobernador Axel Kicillof, en ese sentido sostuvo que “este proyecto demuestra como al gobierno de la provincia de Buenos Aires le interesa el turismo y la reactivación productiva, porque tenemos un Estado que acompaña, que está al lado de cada vecino y vecina”.

En la negociación legislativa, los senadores de Juntos lograron ampliar el universo de beneficiarios, pero no pudieron sumar condonación de deudas del Impuesto a los ingresos brutos, tal como querían, al igual que al sector gastronómico.  

No obstante, la iniciativa impulsada por el gobierno incluye un conjunto de medidas destinadas a apuntalar uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

El presidente de la Comisión de Presupuestos e Impuestos, el senador del FdT Marcelo Feliú dijo que “este Senado demostró que se puede ayudar al sector del turismo, que fue y es uno de los más golpeados por la pandemia que a todos nos ha tocado sufrir”.

“Hoy damos una señal política, de un gobernador que tuvo esta iniciativa que supone un esfuerzo fiscal por parte de la provincia de Buenos Aires, y que supone una decisión conjunta de madurez política del Ejecutivo y la Legislatura para avanzar con aquellos sectores que la pandemia ha sido más dura”, agregó. 

La eximición del impuesto inmobiliario que plantea el proyecto es tanto para su componente básico (edificado, rural y baldío) como complementario, durante el periodo comprendido entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán poseer al menos el 50% de la propiedad del emprendimiento.

Además, la iniciativa contempla devolver “un saldo disponible” para todas las cuotas del impuesto inmobiliario que pagó el sector hotelero en el período alcanza por la eximición.

Desde la oposición se destacó que se había “impulsado el proyecto de Emergencia Turística, una Ley que fue sancionada y que cuenta con los mismos beneficios que hoy, y varios meses después, envía el gobernador”, dijo el senador Andrés De Leo.

“Si estos beneficios no estaban, no es porque faltaba la herramienta, sino porque no quisieron reglamentarla”, agregó el senador sureño.

Los opositores además consignaron que en “este sector”, según datos de la Asociación de Hoteles y Turismo, cerraron 1700 establecimientos y el 40% de ellos en la provincia de Buenos Aires”.

La inversión total del proyecto original se estimó en $557 millones, $343 millones por condonación y $214 millones por devoluciones.

Los pagos que hubieran sido realizados con relación a las deudas alcanzadas por la extinción de pleno derecho establecida en esta normativa, generarán un crédito a favor del beneficiario de la misma.

El proyecto inicial, enviado por el gobernador incluía beneficios para unos 7.500 actores entre los que estaban incluidos algunos sectores de hospedaje, hoteles y camping.

En la negociación parlamentaria se incluyó a más prestadores de servicios turísticos, pero también ampliaron el beneficio a otros rubros como los salones de fiestas, los jardines de infantes y maternales y los gimnasios.

“Todo este tiempo, estuvimos acompañando y mañana voy a presentar un proyecto ley para que los sectores gastronómicos, que no fueron incluidos en esta iniciativa enviada por el gobernador, puedan acceder a los beneficios que hoy estamos aprobando”, agregó la senadora opositora Flavia Delmonte.

El Senado de la provincia de Buenos Aires que preside la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario aprobó el Programa para la Reactivación del Turismo.

La iniciativa impulsada por el gobierno que encabeza Axel Kicillof incluye un conjunto de medidas destinadas a apuntalar uno de los sectores más golpeados por la pandemia.

El proyecto, que resta ser tratado por la Cámara de Diputados, prevé profundizar la eximición del pago del impuesto inmobiliario a las empresas que brindan servicios de hospedaje durante el período comprendido entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.

El efecto de la exención es la generación de un crédito fiscal, que anula deudas e intereses de las cuotas no pagadas y genera un saldo disponible por los montos abonados.

Además, a través de la normativa la provincia pretende garantizar el viaje de fin de curso para todos los jóvenes del último año de secundaria en escuelas de gestión estatal y privada y otorga apoyo económico para el desarrollo de las tradicionales fiestas populares y eventos culturales y artísticos en todo el territorio bonaerense.

Diputados está por comenzar la sesión para tratar el proyecto de Ley y terminar el trámite parlamentario.

Con una maniobra novedosa y contrariamente a los trámites legislativos ordinarios que venía realizando la actual gestión provincial, la actividad legislativa será parte de la agenda de la semana.

Sucede, en principio, que las cosas aparecen invertidas; la Cámara de Origen elegida por la administración Kicillof siempre fue la Cámara de Diputados que conduce el lomense Federico Otermín, hora los primeros en activar serán los senadores y senadoras, el Cuerpo que capitanea la vicegobernadora Verónica Magario.

De hecho, un dato resulta revelador de las preferencias de Axel Kicillof, mientras que los proyectos PE, tal la denominación de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ingresa por Diputados, van por el número 14 en lo que va del año, los A, los que ingresan por el Senado, va por el 1.   

Precisamente le proyecto A-1/21-22, que versa sobre la creación del “Fondo de Apoyo Económico para Fiestas Tradicionales y Populares” y la eximición de las deudas del impuesto inmobiliario y sus accesorios, para los servicios de alojamientos en hoteles, hosterías, residencias y campings, entre otras cuestiones conexas, aparece como la normativa que más ambiciosa del temario para este jueves.

Pero hay otros dos temas en la sesión especial que funcionará como Cámara de origen del A-1 que tendrán inicio y final en ella.

Por un lado, está pendiente la designación de un nuevo Secretario Administrativo en reemplazo de Roberto Feletti, actual secretario de Comercios de la Nación; el candidateado es Martín Di Bella, ex titular del ARBA en tiempos de Daniel Scioli gobernador.

Por otro, se tratará de prestar acuerdo para un nuevo director del Banco de la Provincia de Buenos Aires que complete el mandato que Juliana Di Tuilo, mandato que culminaría en próximo diciembre según se precisa, conjuntamente con el de los otros tres directores también integran ese cuerpo.

Hay mucha expectativa al respecto de cómo finalmente se realizará ese acuerdo y como finalmente quedará integrado el Directorio, cabe consignar que nunca se logró acuerdo para completar los ocho miembros que tiene el Directorio de la entidad financiera y ahora este acuerdo se da de apuro porque el organismo no tiene quórum reglamentario para constituirse.

En Diputado la sesión está convocada el mismo día una hora más tarde, pero con temario abierto pues se trata de una sesión ordinaria, pero además ya aparecen algunas cuestiones que llaman la atención de la platea.

Habrá que considerar una renuncia y una licencia. La renuncia corresponde a Marisol Merquel que asumió en reemplazo de Victoria Tolosa Paz como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en este tema no habrá mayores inconvenientes pues sin más será reemplazada por Patricia Cobello hasta diciembre, que es cuando finaliza el mandato.

Pero la cosa está más discutida en torno de la licencia de Juan De Jesús, flamante vicejefe de Gabinete de la provincia, que además tiene mandato hasta el 2023.

Sucede que, en la lista del FdT como primera suplente aparece la marplatense Ana Contessi, que tendría la misma “terminal” política que la actual diputada de la misma ciudad Débora Indarte, también del FdT. Los muchachos de La Cámpora están reclamando el lugar para José Zerillo con el falaz argumento de que se trata de una cuestión de género: se va hombre ingresa hombre.

La Cámara de Diputados se expidió sobre la cuestión en una oportunidad y la cosa de judicializó. Cuando la actual intendenta de Presidente Perón Blanca Cantero renunció a su banca fue reemplazada por el actual diputado Nicolás Russo, el criterio fue el primero en la lista de reemplazo y no la primera suplente respetando el género, pero también fue “massista por massisto”.

La diputada suplente de esa lista del FR que compitió en 2017 era María La Rosa que respondía al GEN de Margarita Stolbizer que cuando Massa se sumó al FdT rompió el acuerdo que alcanzó con el ex intendente de Tigre.

Así el GEN vio cómo se aplicó un criterio que respetaba el género en el Congreso de la Nación y no pudo asumir como diputado nacional Marcelo Díaz y en la provincial el otro criterio que no lo respeta y no pudo asumir La Rosa.

Pero La Rosa tiene un fallo de primera instancia a favor suyo que Russo y el FR apeló y que ahora continúa con su periplo judicial. Ese fallo es el que dicen los muchachos de La Cámpora que hay que atender ahora para poder sumar a Zerillo a la formalidad de la banca.      

Los diputados de la provincia de Buenos Aires aprobaron este jueves proyectos de ley para expropiar inmuebles en distritos del conurbano provincial para la construcción de cárceles o alcaidías.

Todos los proyectos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo, donde se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en los partidos de Lanús, Morón, Ezeiza y Tres de Febrero, con cargo a la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.

Se entiende que, en el marco de la actual emergencia, sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria, en razón de la sobrepoblación existente en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de la libertad.

Se trata de una problemática estructural que desde hace tiempo azota a la provincia, e incide directamente en las condiciones de detención dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en alcaidías departamentales, como así también, en comisarías.

De todas formas, en los fundamentos de los proyectos de ley de expropiación, se hace referencia a un incremento extraordinario en el número de personas privadas de la libertad entre los años 2016 a 2019.

Según las estadísticas oficiales se pasó de 35 mil encarcelados, con una tasa de prisionalización de 240 por cada 100 mil en 2015; llegando a finales de 2019 a una tasa de 308 cada 100 mil habitantes y 49 mil presos.

Pues como resulta obvio, estas circunstancias elevo sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema penitenciario provincial.

La aprobación sobre tablas de estas iniciativas del Poder Ejecutivo avanzó con el acuerdo de las bancadas mayoritarias, pero, además, con visto bueno de los poderes locales de los distritos donde se radicarán los establecimientos penitenciarios.

No fue tratado, pero se aprobó el ingreso fuera de hora y se remitió a comisión, otro proyecto de ley del Ejecutivo donde se propone incorporar una modificación a la ley 14806, de emergencia en Seguridad y en Salud Penitenciaria, tendiente a agilizar los procedimientos licitatorios de obras necesarias para paliar el déficit de plazas en las unidades penitenciarias y alcaidías.

Por otra parte, los diputados bonaerenses dieron la puntada final y sancionaron un proyecto de ley en revisión, declarando el día 26 de agosto de cada año el “día provincial del vacunador y vacunadora”.

Por último, entre otros temas diversos donde sobresalieron las minutas legislativas declarando personalidades destacadas y ciudadanos ilustres, se aprobó y remitió al Senado un proyecto de la diputada Verónica Barbieri modificando el artículo 9° de la Ley 14581, promoviendo la creación de los organismos de representación estudiantil bajo la forma de centro de estudiantes en instituciones educativas.

El debate, sin embargo, se desplegó cuando se consideraron los proyectos solicitados para ser tratados y no consiguieron el consenso necesario.

En esas circunstancias quedaron los proyectos, entre otros, que desde Juntos por el Cambio empujaron para declarar la emergencia en el sector gastronómico, solicitando la compra de vacunas contra el Covid-19 producida por la empresa Pfizer-Biontech por ser la única aprobada para inocular a los menores de 18 años.

Tampoco pudo ser considerada en el recinto una solicitud de informe sobre distintos aspectos relacionados con las políticas públicas para identificar y acompañar a estudiantes en riesgo de abandono escolar.

La bancada rotativa del FIT no pudo poner en consideración del plenario de diputados una declación de repudio “a la represión desatada por la Prefectura Naval Argentina, el viernes 11 de junio pasado en el Puente Pueyrredón, ubicado en la localidad de Avellaneda”.

También fue motivo de desencuentros dos proyectos que versaban sobre diferentes cuestiones relacionadas con las licitaciones para la construcción de “casas de la provincia de Buenos Aires”, en los municipios que integran el territorio bonaerense.

El oficialismo, por su parte, se quedó con las ganas de aprobar una declaración de repudio “ante los dichos del diputado provincial Luciano Bugallo que justifican y avalan el trabajo infantil”.

Al igual que con aquel que declaraba la “preocupación por la continua precarización y virtual privatización de la oficina de mandamientos y notificaciones de la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires”.  Aunque, en este caso, quien sabe se la diputada Susana González tenía el acompañamiento de su propio bloque, el de la alianza FdT.

En sesión especial, el cuerpo que preside Verónica Magario votó favorablemente la norma que faculta al Poder Ejecutivo bonaerense a iniciar negociaciones y rubricar contratos en el exterior para adquirir nuevas dosis, en el marco de la emergencia sanitaria.

Con modalidad mixta, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, que le permitirá al gobernador Axel Kicillof, a través de los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.

De acuerdo con la norma, es imprescindible dotar al Poder Ejecutivo “de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar de las dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”.

La ley establece que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán informarse a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura provincial.

En ese sentido, se definió que el informe del Ejecutivo bonaerense deberá ser cada 60 días y que la Comisión Bicameral de las Emergencias tenga facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos para la compra de vacunas contra el coronavirus.

El 3 de mayo pasado, el gobernador bonaerense Axel Kicillof firmó un decreto para adherir a las restricciones que dispuso el presidente Alberto Fernández y, entre las disposiciones, ordenó a los funcionarios bonaerenses a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19”.

Juntos por el Cambio logró incluir modificaciones al texto para garantizar un proceso “transparente” para la adquisición de inoculantes.

Según la normativa, que trataría el próximo martes el Senado, donde se descarta su sanción, a través de los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete de Ministros, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, el gobierno podrá adoptar una serie de medidas de excepción entre la que se encuentra la de comprar vacunas contra el coronavirus.

Desde el oficialismo celebraron el tratamiento positivo de la iniciativa, el titular de la Cámara baja, el diputado Federico Otermin dijo que adquirir vacunas contra el coronavirus “nos permitirá seguir avanzando con el operativo de vacunación más importante de nuestra historia”.  

Desde el massismo, fue el diputado Rubén Eslaiman el que resalto el “rápido accionar del gobernador” y consideró que “los esfuerzos orientados a lograr la autogestión en materia de vacunación contra el covid darán sus frutos y, a corto plazo”.

La propuesta oficial específicamente autoriza a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos -incluso en moneda extranjera- previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19, pudiéndose omitir la exigencia de garantías, fianzas y/o cauciones”, conforme el procedimiento previsto por la legislación vigente.

También se posibilita al Poder Ejecutivo “disponer que, en el ejercicio de las funciones encomendadas, con el objeto de efectuar la adquisición de las vacunas, podrán incluirse en los contratos respectivos cláusulas o acuerdos de confidencialidad y prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

En la negociación con las distintas fuerzas opositoras, el oficialismo concedió en tres cuestiones que el presidente de la bancada de JxC Maximiliano Abad sintetizó en tres ejes: “transparencia, confidencialidad e información y seguimiento”.  

En materia de transparencia, Abad detalló que las modificaciones “permiten la Intervención de los organismos de control, en todas las etapas del proceso”.

Es decir, que los organismos de control no sólo van a tener capacidad de fiscalización en la previa de la firma, como preveía el proyecto original del oficialismo, sino durante toda la ejecución y el cumplimiento del contrato. Los organismos de control serán: Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Gobernación y Fiscalía de Estado.

Por otro lado, la cláusula de confidencialidad, que en rigor es exigida por los laboratorios, se extiende del Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral de seguimiento de la Pandemia que funciona en la provincia.

Esta Comisión podrá votar y exigir al Ejecutivo que abra las cláusulas de confidencialidad en caso de necesitarlo, haciéndose la comisión, responsable de cualquier filtración posterior.

Por último, los diputados de JxC propusieron y el FdT incorporó al proyecto la exigencia de que, cada 60 días, el Ejecutivo deba informar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Pandemia:  cuántas vacunas adquirió, cuántas vacunas recibió y cómo fueron distribuidas esas vacunas.

Este último punto, según deslizaron los legisladores tuvo el acompañamiento de los intendentes, de todos los espacios políticos, que están interesados en conocer cómo se distribuyen las vacunas entre los distintos distritos y cuáles son los criterios que se esgrimen.

Debate

“Queremos celeridad y transparencia, desconfiamos de esta gestión porque desconfiaron de los intendentes cuando ofrecieron vacunar y decidieron politizar la campaña de vacunación”, abrió la discusión en el recinto la diputada radical Alejandra Lordén.

En este sentido, la legisladora radical enfatizó que “pedimos responsabilidad y la celeridad a la hora de conocer como son estas negociaciones, los plazos, cómo va a ser la distribución, porque no es información para nosotros sino para todos los bonaerenses”.

En respuesta, la diputada de Partido Fe, Natalia Sánchez Jauregui, criticó que “en nombre de la pandemia y del coronavirus, se sigue militando la grieta y los únicos que pierden son los ciudadanos que van con miedo a vacunarse, porque se militó en contra de la vacuna”.

“En este proyecto se garantiza la transparencia a través del funcionamiento de varios organismos y estableciéndose la obligación cada 60 días de que la Comisión Bicameral todas las transacciones que se estén ejecutando. La comisión también puede pedir informes sobre las cláusulas de confiabilidad”, remarcó la diputada del Frente de Todos, María Laura Ramírez.

Por último, Ramírez ponderó que “este proyecto es un verdadero acto republicano”. “Quiero invitar a la oposición a dejar de mentir y engañar a la población, esta ley invita al Gobernador a salvar vidas, dejemos de lado las chicanas y la campaña política”, apuntó.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda, Claudio Dellecarbonara, analizó que “nuestro país cuenta con todos los recursos para avanzar en la producción nacional de vacunas para no depender de los laboratorios que están amasando fortunas y son los grandes ganadores de la pandemia”.

“Es una ley escandalosa por donde se lo mire, porque tiene una clausula cipaya de que los problemas se resuelvan de acuerdo a la legislación internacional, el proyecto habilita condiciones de indemnizaciones a los grandes laboratorios, los exime de los derechos de importación, es un negocio redondo para los que lucran con la vida de millones”, sentenció el legislador. 

Por último, el diputado del bloque 17 de Noviembre, Mario Giacobbe, reconoció que “quizás fue un error del Presidente que diga que todos íbamos a estar vacunados en enero, pero todos sabíamos que esto iba a pasar”.

“Los países grandes fabrican las vacunas y se las quedan y nosotros se las tenemos que ir a comprar. Se manejó la pandemia como se pudo con aciertos y errores, muchas veces conductas del propio Gobierno dan lugar a críticas, pero el saldo de la campaña de vacunación es positivo”, cerró.

Los diputados de la provincia de Buenos Aires estarían de acuerdo en aprobar el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo y que simplifica el pago de Ingreso Brutos a monotributistas. No se estaría alcanzado el consenso para aprobar “las moratorias”, ni tampoco hay acuerdo para avanzar con la ley “de cannabis”.   

La iniciativa parlamentaria sobre la que se avanza en acuerdo fue anunciada por el gobernador Axel Kicillof el pasado primero de marzo en la Asamblea Legislativa, cuando dio detalles de los proyectos de ley que ingresaría desde el Ejecutivo al debate parlamentario.

En síntesis, desde la ARBA se trabajó en la implementación de medidas destinada a la simplificación del Impuesto a los Ingresos Brutos y a favorecer la regularización de deudas de contribuyentes que fueron afectados por la pandemia, incluyendo a las empresas que actúan como Agentes de Recaudación.

Por un lado, se presentó este proyecto de ley que avanza con un Régimen simplificado de Ingresos Brutos, creando un sistema para el cumplimiento del pago de Ingresos Brutos que beneficiará alrededor de 1 millón de monotributistas bonaerenses. 

Esto implica incluir en “un sólo importe” lo correspondiente al pago del monotributo, impuesto simplificado de AFIP, e Ingresos Brutos, un tributo que administra ARBA, y que hasta el momento se abonaba por separado.

Entre otros beneficios inmediatos se destaca que los contribuyentes no deberán presentar declaraciones juradas mensuales de Ingresos Brutos en ARBA y tampoco se les aplicarán retenciones, dado que solo pagarán una cuota fija mensual, en función a su categoría del monotributo.

En el proyecto de ley hasta se estipula que esas cuotas fijas irían para el presente año de $ 169 para la categoría A y de $ 11.624 para la categoría K.

Se considera que la simplificación agilizará el cumplimiento, reducirá trámites y restará carga administrativa. En términos fiscales generará una mejora en la cobrabilidad impositiva, según estimó el propio titular de ARBA, Cristian Girad.

Con distinta suerte, se discute además otro de los proyectos de ley ingresado por el Ejecutivo el corriente años que activaría un Plan de pagos para “contribuyentes deudores” afectados por la pandemia.

La iniciativa reclamada por el gobierno incluye beneficios segmentados según las características de cada contribuyente.

La idea es facilitar la regularización de deudas devengadas o vencidas durante 2020 de los impuestos patrimoniales: Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones deportivas.

De todas formas, los diputados todavía no estarían acordando la totalidad de los termino de este proyecto que tiene otra dimensión referida a los Agentes de Retención.

No obstante, esta “moratoria impositiva” posibilitaría, según se estima, que más de 3 millones de contribuyentes puedan ponerse al día con ARBA. Además de la financiación, incluirá como principal beneficio la condonación de multas, intereses y recargos.

Las condonaciones llegarán al 100% de intereses y multas para los más afectados, y desde el 10% al 90% para el resto, dependiendo de la situación del contribuyente y del momento de acogimiento.

Se condonarán intereses en función de la capacidad de pago del contribuyente, lo que implica que recibirán mayores beneficios quienes fueron más afectados.

Se estima que entre los más afectados están las micro y pequeñas empresas, cooperativas, personas de bajo patrimonio y quienes realizan actividades en rubros particularmente perjudicados por la pandemia.

Asimismo, en la misma iniciativa se introduce una “segunda moratoria” que lanzaría un Plan de pagos para Agentes de Recaudación.

Se trata de un plan de pagos especial orientado a 3.800 Agentes de Recaudación que no ingresaron fondos retenidos en sus operaciones con contribuyentes de Ingresos Brutos.

El programa abarcará aquellas obligaciones de Ingresos Brutos y Sellos devengadas o vencidas al 31 de diciembre de 2020 e incluirá como beneficio principal la condonación de multas, intereses y recargos. Esta iniciativa está en discusión ahora por los diputados y no estaría ingresando en el temario de este jueves.

Sin grandes temas en la agenda legislativa y a la espera de lo anunciado respecto de un Programa Reactivación Productiva, los diputados bonaerenses avanzan en una sesión que les permitirá ordenarse en el arranque del período ordinario.

Habrá, como siempre, algunos debates ineludibles y un esperado aprovechamiento de la oposición para ventilar “el vacunagate”, algo que incluso hizo peligra la sesión que tiene una razón de ser por técnica legislativa.

Sucede que al inicio del período ordinario hay una número importantes de expedientes que “se caen”, que hay que archivar y, acto seguido, se opera una reproducción por parte del autor con un nuevo expediente y así puede seguir en el circuito legislativo la cuestión por dos años más.

Más de 1.000 expedientes; sumando proyectos de ley, declaración o solicitud de Informes; tienen los diputados en condición de volver operativos, sí se cuentan los que se caen, los que se reproducen y los que tiene que tomar estado parlamentario luego del receso estival.

Al realizar la sesión en el día de la fecha ya se ordena todo el trabajo legislativo desde esta esta semana y se pueden girar los expedientes a sus respectivas comisiones y así comenzar con el tratamiento de los mismos, independientemente de que se sesiones pronto o de dentro de algún tiempo, no sería muy lejana pues sobre el 24 de marzo habrá una nueva sesión.

Esta situación hizo que el oficialismo de la Cámara baja esté dispuesto a desplegar una sesión, más para que la oposición que para el propio oficialismo, que tendrá que soportar varios discursos opositores donde se expongan fuertes crítica por “los errores” y “adelantamiento en la fila” de algunos vacunados.

No obstante, habrá también margen para homenajear, tras su muerte el pasado 6 de febrero, a un símbolo de la legislatura bonaerense y en reiteradas ocasiones presidente de la Cámara baja provincial, el peronista Osvaldo José Mércuri.

También está previsto el tratamiento en conjunto de un paquete de iniciativas que reivindican la conmemoración de día internacional de la Mujer, a la sombra de los cruentos e inexplicables femicidios que sacuden la cotidianidad, el próximo 8 de marzo.

Por último, habrá según se adelantó, un paquete de leyes ecológicas que tendría luz verde en la sesión, aunque el proyecto de ley sobre regulación de la producción de cannabis no será parte del temario del plenario.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que preside Federico Otermín, sancionó una ley de emergencia que busca contribuir al sostenimiento de la actividad de las pequeñas empresas en el territorio bonaerense.  

El proyecto de ley que declara la emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria de las micros y pequeñas empresas, en los términos de la ley nacional 24467, que se encuentren radicadas en el territorio de provincia de Buenos Aires, fue sancionada por unanimidad de los participantes de la sesión, muchos de los cuales de manera virtual.      

La ley nacional 24467 tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes.

En el contexto de la pandemia, se entiende que “las medidas previstas de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y también económico de los sectores vulnerados”.

Por lo tanto, en ese sentido, la autora de la iniciativa, la senadora opositora Flavia Delmonte consideró que “para hacer frente a esta situación, grave y excepcional es indispensable la declaración del estado de emergencia; las medidas propuestas son imprescindibles y resultan proporcionadas a la extrema gravedad y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental”.

La iniciativa apunta centralmente a diseñar e implementar un régimen de beneficios impositivos; coordinar líneas de crédito especialmente destinadas al sostenimiento de las micro y pequeñas empresas; la formación y capacitaciones en material legal, contable, impositiva y administrativa; desarrolla en forma conjunta con los municipios, facilidades de pago para regularizar deudas de tasas e impuestos municipales, en otras iniciativas que intentan fortalecer a sectores debilitados por la pandemia.

Los senadores opositores que apuraron la norma ahora sancionada por los diputados argumentaron que “las medidas tomadas por el Gobierno Nacional están afectando fuertemente a muchos sectores de la producción de servicios, en especial a las micro y pequeñas empresas, afectando seriamente al empleo, el pago de impuestos, servicios y gastos operativos. Por eso se hacen necesarias medidas extraordinarias para que en los próximos 180 días el estado pueda atenuar este impacto en el sector”. 

En diputados, la defensa de la iniciativa corrió por cuenta del diputado de JxC Santiago Nardelli que consideró “debido a la angustiante situación que estamos viviendo, estamos obligados a dar respuestas concretas en forma urgente”, y añadió: “este proyecto pretende transformarse en un alivio para las micro y pequeñas empresas, fundamentales para el desarrollo de los vecinos de la provincia, motor de la recuperación post pandemia”.

Más de 500 iniciativas legislativas que serán puesta a consideración del plenario de diputados, aunque no serán muchas las iniciativas sancionadas.

De hecho, la cuestión más interesante, que suscita el interés de miradas de los atentos observadores, es que sucederá en torno del pedido de autorización solicitado por la administración Kicillof para contraer deuda provincial por unos 500 millones de dólares y unos 28 mil millones de pesos, y así hacer mejor frente a las obligaciones provinciales aumentadas por la pandemia y el aislamiento social “extra largo”.

Hay una idea, de fácil puesta en práctica, que deambula por el oficialismo que consiste en aprobar una moción de preferencia para tratar con o sin despacho en la próxima sesión ese expediente reclamado por el Ejecutivo. Habrá que ver.

También se manifestó en las últimas horas un marcado interés por prorrogar la vigencia de varias expropiaciones que están pendiente de su tratamiento en la Cámara baja, aunque aclaran que se trata de expropiaciones “vencidas”, no “nuevas”.    

Se sabe sí, que avanzará el proyecto de ley propone la adhesión a la Ley Nacional 25.929, sobre “Parto Humanizado”, la cual establece los derechos de madres, padres e hijos durante el proceso de nacimiento.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en una reunión virtual conjunta de las comisiones de Previsión Social, Legislación General y Presupuesto e Impuestos.

En la ley nacional, a la cual la provincia adhiere a través de este proyecto de ley, se establece, en principio, que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio.

Entre los aspectos fundamentales que se destacan del proyecto de ley, se encuentran el derecho de las madres y padres a ser informados sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente. 

Además, establece que la persona gestante tiene derecho al parto natural y respetuoso en cuanto a su tiempo biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación sin justas causas.

El proyecto que de ser aprobado por los diputados será girado al Senado para proseguir con el trámite parlamentario, fue presentado por la diputada del FdT Mariana Larroque en coautoría con su par de JxC Susana Lázzari.