En el Senado que conduce Verónica Magario naufragó en el primer intento de los senadores oficialista de trata un nuevo endeudamiento del Kicillof por U$D 350 millones.
Finalmente, tras la prórroga sin hora que aprobaron los senadores oficialistas a media tarde, a las 19:50, 16 miembros de la bancada de FdT-UP dieron por caída la sesión convocada para este miércoles, por falta de quórum, que reglamentariamente estable la mitad más uno del plenario, 23 senadores.
En el tramo final de la gestión del primer período de Axel Kicillof ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley que solicita autorizaciones para contraer nuevos endeudamientos o cambiar las fuentes de los mismo, para así terminar de cerrar el presupuesto general del 2023.
El inicio del tratamiento en el Senado estaba ensamblado con el respectivo tratamiento en Diputados establecido para este viernes; fuentes de esa Cámara informaron que no se realizaría esa sesión pues el motivo de la misma era precisamente tratar el proyecto de marras.
Específicamente, se solicitó a la Legislatura autorización para hacerse de unos 150 millones de dólares para gastos corrientes y unos 200 millones de la moneda estadounidense para Infraestructura; en total unos 350 millones de dólares o su equivalente en pesos; para terminar de cerrar el corriente año, no estaría encontrando el acompañamiento legislativo.
Sucede que ese acompañamiento legislativo estaba condicionado por una negociación que los intendentes y legisladores opositores, que reclamaban que se les deposite unos 7 mil millones de pesos a los municipios de JxC, comprometidos con anterioridad y que los municipios no recibieron.
A esos 7 mil millones que se les debe a los municipios, los mandatarios locales opositores quieren arrancarle el compromiso de giros por 11 mil millones de pesos para la realización de obras a ejecutarse en el futuro inmediato.
La iniciativa, que prevé una autorización para endeudarse corre por fuera de los proyectos de ley de Presupuesto y Fiscal Impositiva 2024, que también podrían ser enviados al parlamento bonaerense en los próximos días pero que serían tratados por “la nueva” conformación, luego del 10 de diciembre y en sesiones extraordinarias.
Como viene informando parlamentario.com, además de los 150 millones de dólares para gastos corrientes, a los que se podría agregar esos 18 mil millones reclamados por los opositores; se solicita la reasignación de las autorizaciones de deuda de presupuestos 2012, 2013, 2016, 2017 y 2018.
Se trata de autorizaciones, en su versión original, para endeudarse con organismos multilaterales, tales como CAF, BID, BM, entre otros; pero que se pretende generar nueva deuda a través de otros organismos, cuyo valor inicial es de U$D 868 millones, de los cuales se reasignan U$D 200 millones como dice el artículo 36 de la Ley Presupuesto 2023.
El proyecto de ley incluye también la autorización para que los municipios reprogramen para el año entrante la devolución de las deudas contraídas con la provincia en concepto de los Fondos Especiales de “Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” y “para el pago de la suma fija a empleados municipales”, es decir el “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para los Municipios”. Esas deudas, de otra forma, deberían empezar a pagar en diciembre de 2023.
Además, se incluye la solicitud de prórroga de la ley de emergencia de la provincia; junto con otras adecuaciones que permitan garantizar fluidez en la gestión administrativa provincial, según detallaron fuentes oficiales.
Los senadores de la provincia de Buenos Aires se convocaron para sesionar este jueves a partir de las 15 horas y se especula con un temario “consensuado”.
El Senado que preside la vicegobernadora Verónica Magario realizaría lo que puede ser su última sesión ordinaria del 151 periodo legislativo y lograría, al mismo tiempo, introducir una sesión en el mes de noviembre, antes de la segunda vuelta electoral del sistema de balotaje.
Lo primero que aparece en la agenda legislativa para esta sesión es un paquete de acuerdos para designar funcionarios judiciales de “baja conflictividad”, tal como una vapuleada lista de Jueces de Paz para distintos distritos de la provincial.
Por tal motivo, los senadores también tienen previsto realizar, este martes, una reunión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Comisión que preside el senador del FdT Emmanuel Severo González Santalla, donde se podrían emitir despachos por unanimidad para ser tratados en el recinto el jueves.
La principal expectativa de la sesión está puesta precisamente en lo que suceda en la comisión de ACA, y que luego podría tratarse en lo que será la tercera sesión ordinaria del Senado del presente año.
Recordemos que fueron solo cinco sesiones las realizada por la Cámara alta provincial, de las cuales dos fueron sesiones especiales, el pasado 6 de marzo y el 24 del mismo mes; y se desarrollaron dos ordinarias, la primera el 12 de abril y el 28 de septiembre fue la segunda.
Los legisladores de la provincia de Buenos Aires se convocaron para la tarde del lunes tras los incidentes que tuvo como principal protagonista a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La idea de advertir sobre la escalada de violencia que experimenta la vida política en la República Argentina que tuvo su punto culmine con el atentado que sufrió la principal personalidad política del país, la vicepresidenta Cristina Fernández, hizo reaccionar a los bloques oficialistas de ambas Cámaras que apuraron la convocatoria a sesionar, para así repudiar lo sucedido.
Desde las bancadas opositoras mantienen un prudente silencio, pero se espera una respuesta similar a la construida en el Congreso de la Nación el pasado sábado, cuando idéntica situación se desplegó en la Cámara baja nacional.
Allí, lograron aprobar un proyecto de repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una sesión que transcurrió sin mayores sobresaltos y en un clima de cierta armonía.
Incluso, según se especuló desde el sábado, dentro de las bancadas de Juntos podría darse una situación similar a la nacional donde los legisladores del PRO tuvieron un comportamiento diferente a los de la CC y UCR aunque con posición similar respecto del pronunciamiento.
Así, en la provincia, las principales espadas legislativas, en estas horas previas a la sesión, irán comunicando las definiciones de los detalles del pronunciamiento general de repudio al atentado sufrido por CFK, que por unanimidad estaría siendo aprobado en ambas sesiones especiales, por senadores y diputados, respectivamente.
Los legisladores bonaerenses avanzan en negociaciones hasta el extremo y ratifican la realización de sendas sesiones en la jornada de este martes.
Tal como se viene informando la parte central de la negociación que se está desplegando en la legislatura de la provincia de Buenos Aires gira en torno a ciertos acuerdos que permitan normalizar situaciones de distintos órganos de gobierno.
Se trata de varios organismos que por práctica usual integran representantes del oficialismo y de la oposición en muchos casos que depende de acuerdos que se producen cuando se acuerdan designaciones que necesitan un trámite parlamentario.
Se trata de espacios que suelen ocupar mientras de la oposición que dependen de decretos del Gobernador, como sillas en los directorios de las empresas del Estado y en otras dependencias públicas.
Pero siempre el primer paso de estos acuerdos se tiene que dar en la legislatura, aunque el gobernador Kicillof estiró hasta el extremo al parecer con resultado aún incierto. Pues se trata de acuerdo que se dan en los inicios mismo de las gestiones.
Así las cosas, en principio y en orden de importancia, en la legislatura bonaerense aparece la prestación de acuerdo por parte del Senado para el nombramiento, por parte del Poder Ejecutivo, de ex secretario general de la gobernación Federico Thea, como presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia.
Son atribuciones del Tribunal Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables.
También debe inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.
Actualmente el Organismo se rige por la Ley Orgánica N°10.869 y sus modificatorias, donde se determina su estructura, composición, facultades, funcionamiento y normas a las cuales deberá ajustar sus procedimientos, tal como se indica en la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
El cargo de presidente del Tribunal, como las restantes cuatro vocales que lo integra, revisten el cararter de “inamovible” y solo podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación.
El trámite de acordar el pliego de Thea, un hombre de plena confianza del gobernador Kicillof pero de escasa trayectoria política, estuvo desde un principio relacionada con algunos cambios en la ley orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas, la 10.869.
La idea que se disparó desde el principio es que en lugar de contar con un directorio descanse sobre cierta conducción en la presidencia sea un cuerpo colegiado de “primus inter pares”.
Esta modificación es empujada luego de que se conociera la intención del gobernador Kicillof de designar a Thea por la tanto es resistida por la gestión por su impacto simbólico en la política actual, más allá de las intenciones de perfeccionar el funcionamiento del Tribunal.
En rigor, luego de 35 años al frente el tribunal por parte de Eduardo Grinberg, su salida se dio luego que en los últimos años estallaran sucesivos conflictos internos por la discrecionalidad de los actos del presidente. Es decir, tal vez las modificaciones sean oportunas, pero las repercusiones no lo son.
La oposición por su parte espera poder avanzar en la prestación de acuerdo para nombrar tres directores en el Banco Provincia y cuatro defensores adjuntos en la Defensoría del Pueblo.
Todo debería empezar por diputados, que tendría que aprobar la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas y los defensores adjuntos para que luego el Senado termina sancionando la modificación a la ley y las designaciones de los defensores adjuntos.
En soledad, el alto Cuerpo, por su cuenta tendría que prestar los acuerdo para designar a Carlos Fernández, por la UCR; Bruno Screnci, exministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería respaldado por el propio Horacio Rodríguez Larreta; y el exdiputado bahiense Santiago Nardelli. Y finalmente, los senadores bonaerenses se disponen a prestar el acuerdo correspondiente para la designación como presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, según lo establece el artículo 159 de la constitución provincial, a Federcio Thea.
