Los senadores de la provincia de Buenos Aires avanzan en la sanción de tres leyes, en la sesión prevista para las 13:00 horas, que pretenden dar respuestas a situaciones puntuales de crisis.
Se trata de tres iniciativas que tratan de conseguir financiamiento para realizar obra pública de emergencia, extiende un régimen especial para empresas recuperadas y otorgan beneficios impositivos a territorios del sur provincial.
En principio, para la sesión de este miércoles, los senadores tienen pensado sancionar el proyecto de ley denominado de emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas dispone la asistencia para las cooperativas que se vieron afectadas por las crisis económicas, otorga facilidades financieras, y suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos.
La vigencia de la Emergencia será por “el término de dieciocho meses a contar a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables por el Poder Ejecutivo por única vez y por un año, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado”, según la redacción que surgió en la Cámara baja.
Por otro lado, el proyecto de ley, que empujó el oficialismo, por el que se crea, como ente autárquico institucional, el Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, avanzó a paso firme por la Cámara baja, y ahora estaría siendo sancionado por los senadores sin mayores sobresaltos.
Los Arroyos San Francisco, Las Piedras y Santo Domingo conforman el drenaje natural de un área de aproximadamente 178Km2 en los partidos de Presidente Perón, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, en una importante región en plena expansión inmobiliaria durante estos últimos años.
La iniciativa; que tiene la autoría del otrora diputado y en la actualidad intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; fue aprobado por mayoría con los votos oficialistas y buena parte de la oposición que incluyó las bancadas del PRO, UCR+CF, AC-GEN, CC-ARI y los libertarios de URyF.
La creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, con el objetivo de conseguir financiamiento para obras que eviten inundaciones en el conurbano sur, se encontró con la atenta mirada opositora que con ansias participativa quiere ser parte de la cuestión y metió modificaciones que finalmente el oficialismo adoptó.
Por último, de manera condicional, pues aún resta pasar por el filtro de una negociación exprés en Labor Parlamentaria en la previa de la sesión, es iniciativas que declaran a Patagones como Área Patagónica, y que establecen la vigencia de la Ley que crea la Zona Austral de la provincia, que beneficia a los distritos de Villarino, en su totalidad y determinados cuarteles catastrales de Puan, Tornquist y Saavedra.
La iniciativa avanzó en la Cámara baja que preside el diputado Alejandro Dichiara fue firmada por todos los legisladores que representan a la sexta sección de los bloques de Unión por la Patria, UCR + Cambio Federal, PRO, y Acuerdo Cívico UCR + GEN.
Específicamente, los diputados aprobaron la prórroga por el término de cinco años de la vigencia de la Ley N° 12.322 que declara al partido de Patagones Área Patagónica Bonaerense, prorrogada por las leyes 14.014, 14.610, 15.170 y 15.176.
Al mismo tiempo, se prorrogó también por el término de cinco años la vigencia de la Ley N° 12.323 que crea la zona Austral de la provincia de Buenos Aires, prorrogada por leyes 14.013, 14.609, 15.170 y 15.177.
Ambos proyectos deberían ser considerados por los senadores y todo parece indicar que finalmente sería sancionados sin objeciones, aunque se duda que eso suceda hoy aunque no se descarta.
La Cámara alta bonaerense, en una micro sesión con solo tres temas en el sobre tablas, acordó la designación de Alberto Sileoni para asumir como director general de Cultura y Educación.
La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sesionó, luego del discurso del gobernador Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa en el marco de la asunción de su segundo mandato.
Los legisladores fueron citados para debatir tres temas en particular. La licencia de Florencia Saintout, electa senadora provincial por la octava sección electoral, para continuar al frente del Instituto Cultural de la Provincia.
Su reemplazante sería Sabrina Bastida alguien que forma parte del grupo político, pero se está empezando a generar ciertos problemas con las licencias en la legislatura provincial que podría traer novedades en cualquier momento. También está pendiente el reemplazo del senador Eduardo Bucca, que fue candidato a concejal.
Por otra parte, se acordó el pliego de Alberto Sileoni para que continúe al frente de la Dirección General de Cultura y Educación, cabe recordar que este miércoles se realizaría la jura de ministros del gobierno y para tal ocasión es necesario contar con dicho acuerdo formal.
Tras este pequeño trámite parlamentario ambos funcionario del actual gobierno, Saintout y Sileoni, estára en condiciones de prestar el juramento de rigor en las próximas horas.
Por último, los senadores de la provincia de Buenos Aires extendieron el período de sesiones extraordinarias, en las que se prevé dar tratamiento al Presupuesto 2024 y la Ley Impositiva, entre otras cuestione que forman parte de la agenda legislativa.
Las negociaciones paralelas que se desplegaron sobre el final del período legislativo no parecen llegar a su punto junto y los senadores podrían no tratar el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof.
La prórroga sin hora que aprobaron los senadores bonaerenses para demorar la sesión podría extenderse hasta el final del día y finalmente dar por caída sesión programada para el día de la fecha.
La posibilidad de que el Senado no realice la sesión en el día de la fecha hace suponer cambios respecto de la programado en la Cámara de Diputados, que está convocada para sesionar este viernes.
La iniciativa donde el gobernador Kicillof solicita autorizaciones a la legislatura para hacerse de unos 150 millones de dólares para gastos corrientes y unos 200 millones de la moneda estadounidense para Infraestructura; en total unos 350 millones de dólares o su equivalente en pesos; para terminar de cerrar el corriente año, no estaría encontrando el acompañamiento legislativo.
Sucede que ese acompañamiento legislativo está condicionado por una negociación que los intendentes opositores están desplegando con el propio gobernador Kicillof, concretamente reclaman que se les deposite unos 7 mil millones de pesos, comprometidos con anterioridad y que los municipios no recibieron.
A esos 7 mil millones que se les debe a los municipios, los mandatarios locales opositores quieren arrancarle el compromiso de giros por 11 mil millones de pesos para la realización de obras a ejecutarse en el futuro inmediato.
La iniciativa, que prevé una autorización para endeudarse corre por fuera de los proyectos de ley de Presupuesto y Fiscal Impositiva 2024, que también podrían ser enviados al parlamento bonaerense en los próximos días pero que serían tratados por “la nueva” conformación, luego del 10 de diciembre y en sesiones extraordinarias.
Como viene informando Parlamentario, además de los 150 millones de dólares para gastos corrientes, a los que se podría agregar esos 18 mil millones reclamados por los opositores; se solicita la reasignación de las autorizaciones de deuda de presupuestos 2012, 2013, 2016, 2017 y 2018.
Se trata de autorizaciones, en su versión original, para endeudarse con organismos multilaterales, tales como CAF, BID, BM, entre otros; pero que se pretende generar nueva deuda a través de otros organismos, cuyo valor inicial es de U$D 868 millones, de los cuales se reasignan U$D 200 millones como dice el artículo 36 de la Ley Presupuesto 2023.
El proyecto de ley incluye también la autorización para que los municipios reprogramen para el año entrante la devolución de las deudas contraídas con la provincia en concepto de los Fondos Especiales de “Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” y “para el pago de la suma fija a empleados municipales”, es decir el “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para los Municipios”. Esas deudas, de otra forma, deberían empezar a pagar en diciembre de 2023.
Además, se incluye la solicitud de prórroga de la ley de emergencia de la provincia; junto con otras adecuaciones que permitan garantizar fluidez en la gestión administrativa provincial, según detallaron fuentes oficiales.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionaría este viernes a partir de las 11; la jornada empezará el miércoles a las 16 con la sesión de los senadores.
Luego de poner en duda el tratamiento del proyecto de ley por el cual el gobernador Axel Kicillof busca un financiamiento adicional de 350 millones de dólares, o su equivalente en pesos, los diputados decidieron convocara a sesión para esta semana.
La última sesión ordinaria de un período legislativo marcado por la inacción y el escándalo administrativo se realizará el primero de 1 diciembre en la Cámara de Diputados, al fleje de la legalidad, pues se supone que el 30 de noviembre termina el período de sesiones ordinarias.
Será la segunda sesión ordinaria del año que la Cámara de Diputados realizará en el período legislativo 150 y se estima que, al solo efecto de tratar este proyecto de ley del PE, aunque haya conversaciones sobre la posibilidad de incorporar otros proyectos.
De esta forma, se confirma la sesión en la Cámara de senadores a los fines de poder aprobar el proyecto de ley que remitiera la semana pasada el gobernador Axel Kicillof para que autoricen un endeudamiento adicional equivalente en pesos a 350 millones dólares, y así poder cerrar el Presupuesto 2023.
Tras la convocatoria hecha por los senadores para el miércoles 29, el pasado viernes se especuló con una convocatoria de los diputados para el mismo día, como es práctica usual en la legislatura provincial, y así en una misma jornada tener la sanción de la normativa central de los movimientos legislativos. O incluso para sancionarse iniciativas “cruzadas” por cada una de las Cámaras; es decir, los diputados sancionan iniciativas aprobadas con origen en el Senado y a la inversa.
Independientemente de estas cuestiones generales, este miércoles los senadores se disponen a sesionar para así tratar la iniciativa donde Kicillof solicita autorizaciones a la legislatura para hacerse de unos 150 millones de dólares para gastos corrientes y unos 200 millones de la moneda estadounidense para Infraestructura. Es decir, se está pidiendo autorización para contraer nueva deuda por 350 millones de dólares o su equivalente en pesos.
La iniciativa, que prevé una autorización para endeudarse corre por fuera de los proyectos de ley de Presupuesto y Fiscal Impositiva 2024, que también podrían ser enviados al parlamento bonaerense en los próximos días pero que serían tratados por “la nueva” conformación, luego del 10 de diciembre y en sesiones extraordinarias.
Como viene Parlamentario, además de los 150 millones de dólares para gastos corrientes; se solicita la reasignación de las autorizaciones de deuda de presupuestos 2012, 2013, 2016, 2017 y 2018; estas autorizaciones eran con organismos multilaterales (CAF, BID, BM, entre otros) y se pretende generar nueva deuda, cuyo valor inicial es de U$D 868 millones, de los cuales podrían reasignarse U$D 200 millones como dice el artículo 36 de la Ley Presupuesto 2023.
El proyecto de ley incluye también la autorización para que los municipios reprogramen para el año entrante la devolución de las deudas contraídas con la provincia en concepto de los Fondos Especiales de “Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” y “para el pago de la suma fija a empleados municipales”.
Esas deudas, de otra forma, deberían empezar a pagar en diciembre de 2023.
Además, se incluye la solicitud de prórroga de la ley de emergencia de la provincia; junto con otras adecuaciones que permitan garantizar fluidez en la gestión administrativa provincial, según detallaron fuentes oficiales.
El Senado aprobó en su última sesión el proyecto de ley a través del cual la provincia adhiere a la ley nacional N° 27.709.
Como para salir del letargo, los senadores provinciales realizaron su segunda sesión ordinario del año, donde trataron una importante cantidad de minutas legislativas entre las que se contaron 42 proyecto de leyes, de las cuales se sancionaron una media docena, mientras que las restantes seguirán su trámite en la Cámara Revisora.
Al mismo tiempo, los senadores lograron dar el primer paso legislativo con la idea de adherir a la Ley Nacional N° 27.709, que crea el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio, en Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley Lucio.
En el proyecto de ley, que ahora deberán considerar los diputados, además de adherir a la normativa nacional, se establece como autoridad de aplicación “al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires”, al tiempo que se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que demande el cumplimiento de la ley y se invita a que los municipios se sumen a la adhesión.
Así se promoverá a que “las niñas, niños y adolescentes sean poseedores de todos los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, incorporados por medio del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, así como sus derechos específicos por su condición de personas en etapa de crecimiento”, surgen se consigna en la iniciativa remitida por el poder Ejecutivo provincial.
El Plan Federal de Capacitación se presenta como carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de las niñas, niños y adolescentes, generando mecanismos y herramientas para la protección de los derechos de la infancia y prevención contra las violencias, para promover la necesidad de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas.
Además, la misma normativa nacional invita a las provincias a adherirse, y en ese marco es que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se impulsa esta iniciativa.
“En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley N° 15.348, sancionada el 24 de agosto de 2022, que establece la capacitación obligatoria en Promoción del Buen Trato a Niñas, Niños y Adolescentes”.
En ese sentido se destaca que aquella normativa, “conforma un antecedente fundamental que articula de manera complementaria con los objetivos” que supone esta adhesión a la ley nacional.
El proyecto original conocido como Ley Lucio fue inspirado en la trágica muerte del nene de 5 años, Lucio Dupuy, que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, en noviembre de 2021 en La Pampa. Ambas se encuentran cumpliendo una condena por el crimen.
Según se resalta la adhesión provincial a la ley nacional permitiría sumar cuestiones que reforzarían los preceptos establecidos en la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
En ese sentido, se sumaría la “capacitación obligatoria para los agentes del Estado” que trabajan en relación a la niñez para “detectar indicios” en las víctimas de maltrato; se establece la reserva de identidad para preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia; y por último se estipulan campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
Los senadores bonaerenses podrían dar el primer paso legislativo, en la sesión prevista para este jueves, en procura de que la provincia adhiera a la ley nacional N° 27.709.
Como para salir del letargo, los senadores provinciales mantienen firme la posibilidad de sesionar con la idea de adherir a la Ley Nacional N° 27.709, que crea el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio, en Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como Ley Lucio.
En el proyecto en consideración por los senadores además de adherir a la normativa nacional, se establece como autoridad de aplicación “al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires”, al tiempo que se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que demande el cumplimiento de la ley y se invita a que los municipios se sumen a la adhesión.
Así se promoverá a que “las niñas, niños y adolescentes sean poseedores de todos los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, incorporados por medio del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, así como sus derechos específicos por su condición de personas en etapa de crecimiento”, surgen se consigna en la iniciativa remitida por el poder Ejecutivo provincial.
El Plan Federal de Capacitación se presenta como carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de las niñas, niños y adolescentes, generando mecanismos y herramientas para la protección de los derechos de la infancia y prevención contra las violencias, para promover la necesidad de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas.
Además, la misma normativa nacional invita a las provincias a adherirse, y en ese marco es que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se impulsa esta iniciativa.
“En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley N° 15.348, sancionada el 24 de agosto de 2022, que establece la capacitación obligatoria en Promoción del Buen Trato a Niñas, Niños y Adolescentes”.
En ese sentido se destaca que aquella normativa, “conforma un antecedente fundamental que articula de manera complementaria con los objetivos” que supone esta adhesión a la ley nacional.
El proyecto original conocido como Ley Lucio fue inspirado en la trágica muerte del nene de 5 años, Lucio Dupuy, que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, en noviembre de 2021 en La Pampa. Ambas se encuentran cumpliendo una condena por el crimen.
Según se resalta la adhesión provincial a la ley nacional permitiría sumar cuestiones que reforzarían los preceptos establecidos en la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
En ese sentido, se sumaría la “capacitación obligatoria para los agentes del Estado” que trabajan en relación a la niñez para “detectar indicios” en las víctimas de maltrato; se establece la reserva de identidad para preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia; y por último se estipulan campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
La vicegobernadora bonaerense y titular del Senado Verónica Magario oficializó la convocatoria a sesionar para el jueves a las 14 horas.
Luego de una sesión preparatoria, dos sesiones especiales y una sesión ordinaria llega la segunda convocatoria para realizar la segunda sesión ordinaria del año, año que no se caracterizaría por tener muchas de estas.
El convite llega cuando la dirigencia política está a hora de presentar sus respetivas alianzas transitorias en la justicia electoral, a escasos días de la presentación de los candidatos para las elecciones primarias, se esperaba una última sesión en el Senado provincial.
Sucede que este Cuerpo está solicitado para que preste acuerdo para las designaciones de funcionarios del Poder Judicial que se ve perjudicado en su normal desempeño por la excesiva cantidad de vacantes que registra en la actualidad.
Ello es así, el requerimiento que se viene deslizando desde distintos organismos judiciales, porque luego se ingresa en un largo periodo electoral donde por “práctica usual” el Senado no presta acuerdo, en la eventualidad de que efectivamente se lleven a cabo sesiones, cuestión que también es poco usual.
Las negociaciones por un pelotón de 46 pliegos judiciales pendientes desde año pasado y otros 11 que luego fueron ingresados por el gobierno de Axel Kicillof en la última semana, están en suspenso, por no decir en un punto de no retorno. Desde el oficialismo acusan incumpliendo de la oposición y a la inversa sucede algo parecido.
Ambos bloques mayoritarios harán reunir a sus asesores para este martes 13 de junio por la mañana para comenzar a delinear un ternario posible temario que, a priori, no parece sencillo.
Por el momento la Cámara de Diputados no convocó sesión para esta semana por lo que se especula que no habría un temario que incluya proyectos que reconozcan ese origen.
Por último, no se descartó la posibilidad que no se pueda avanzar en la concreción de temario de sesión alguno y que finalmente no se realice la misma.
Los senadores bonaerenses acordaron un temario que incluyó el tratamiento de más de 50 proyectos de leyes sobre tablas y así despidieron el periodo ordinario.
Luego de varios desencuentros en la previa de la sesión y dejando al margen de la misma el capítulo de acuerdos de pliegos de funcionario del Poder Judicial, los senadores lograron armar un temario legislativo sin conflictos y con algunas buenas novedades en materia legislativa.
En los asuntos destacados de la sesión se encuentra la sanción de un proyecto de ley que sobre “Plan Estratégico de Parto Respetado”, que será complementario a la ley nacional de parto humanizado y que busca “erradicar la violencia obstétrica” por etapas, lo que incluyen campañas de concientización, visibilización, capacitaciones en género y en derecho para los equipos de salud.
“Pensamos este proyecto como complementario a la ley nacional de Parto Humanizado”, señaló la autora del proyecto, la diputada Mariana Larroque, que además indicó busca “reafirmar los derechos que se consagran en esa ley para que se puedan hacer efectivos en todo el territorio de la provincia”.
El plan estratégico está pensando en etapas y “plantea campañas de concientización, visibilización, capacitaciones en género y en derecho para los equipos de salud”.
Además, se destacó que el proyecto prevé la creación de una mesa intersectorial en el ámbito del Ministerio de Salud bonaerense con participación del Ministerio de Mujeres, de los organismos con incumbencia en la temática, de los colegios profesionales, la comunidad científica, equipos salud y las organizaciones libres del pueblo que vienen trabajando hace mucho tiempo con la temática.
Por cuenta separada se aprobó y giró a la Cámara de Diputados proyecto de ley sustituyendo artículos de la ley 14528, que trata sobre los procedimientos de adopción en la provincia, con la intención de agilizar y mejorar en varios aspectos el proceso de adopción.
“Uno de los temas que la política tiene que visibilizar siempre que es la institución de la adopción”, dijo el autor de la iniciativa, el senador Marcelo Feliú que además precisó detalles del proyecto de ley como la incorporación de “licencias especiales previas a la adopción”.
Teniendo en cuenta que los trámites de adopción incluyen una serie de pasos burocráticos que hacen que sea un proceso complejo, en el que los más afectados son los niños, niñas y adolescentes que esperan que se resuelva su situación, ante su situación de vulnerabilidad, se avanzó en una reforma que vuelve a poner a la provincia a la vanguardia en la temática.
En la sesión además se aprobó el proyecto de ley de “creación del banco de pelucas oncológicas, en el ámbito del Ministerio de Salud” y proyecto de ley adhiriendo a la ley nacional 27678 de “programa nacional de cuidados paliativos”.
Por último, también se aprobó y giro a diputado un proyecto de ley que busca la prevención de la violencia y discriminación ejercida contra las infancias en las asociaciones civiles deportivas, tratando de instaurar el concepto de infancias respetadas.
El oficialismo quedó en soledad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos lo que constituía el paso previo para la realización de la sesión de este martes.
Un sorpresivo paquete de 33 expedientes para acordar designaciones de funcionarios Judiciales, remitido en la víspera de la realización de la sesión, hizo estallar el precario equilibrio que habían logrado los senadores para hacer la última sesión ordinaria del año.
Los 33 funcionarios que buscan acuerdo en el Senado sorprendieron a propios y extraños. La lista se anexa a los 8 pliegos que quedaron sin despacho en la última acordada que hicieron los senadores. Son ahora 41 pliegos los que se debaten.
Más allá de algunas objeciones que se hicieron a ciertos pliegos retenidos en la Comisión de ACA, que conduce el senador Emmanuel González Santalla, los últimos pliegos que ingresaron tomaron a varios actores con la guardia baja.
El paquete que es caracterizado porque tendría una marcada influencia del ministro de Justicia, Julio Alak, “no pasa ni el filtro del propio oficialismo”, sostuvo un senador que precisamente integra la Comisión de ACA, pero que es de la oposición.
Independientemente de ello, y ante la falta de acuerdo, la oposición se retiró de reunión de ACA y solo quedaron los senadores del oficialismo que cuentan con mayoría propia en ese ámbito, más no en el recinto.
Pero el hecho que no haya acuerdo en la Comisión de ACA ya imposibilita que esos 33 pliegos sean tratados en la sesión programada para este martes a las 15 horas, pues con despacho de mayoría primero se deberá informar en sesión pública el tratamiento para luego finalmente tratarse en otra sesión.
De todas formas, si bien los senadores del oficialismo tomaron las entrevistas a los aspirantes, un paso formal que hay que dar, se mostraron cauto a la hora de armar los despachos de comisión, que serían de mayoría, y se especula que finalmente no se van a hacer, aunque podrían. Sin despacho es como que todo se puede modificar en el futuro.
Al mismo tiempo se informó que las autoconvocatorias para sesiones extraordinarias en ambas Cámaras serían sin limitaciones temáticas, por lo que se podría incluir los proyectos que encuentren acuerdo en Labor Parlamentaria, así los acuerdos podrían ser considerados en las sesiones extraordinarias que se llevarían adelante en diciembre.
Sin los acuerdos en el posible temario, la sesión estaría perdiendo razón de ser e incluso aunque la tenga, habría que buscar el quorum que por el momento no estaría prestando el bloque de senadores de Juntos, que conduce Christian Gribaudo.
Se trata de encontrar acuerdo nada menos que, en principio, para la designación de 20 Jueces, 8 defensores oficiales, 3 agentes fiscales y 2 Jueces de Paz. La “frutilla del postre” es la inclusión de un postulante para ocupar el Tribunal de Casación Penal de la provincia.
Esta particularidad es el centro de una larga disputa que ahora deberá resolver si en una de sus vacantes se incluya actual Defensor Oficial platense Manuel Bouchoux.
El nombre de Bouchoux le hace ruido a Juntos, que estaría dispuesto a resistir ese nombramiento en el Senado. La principal cuestión que traba el acuerdo es que dos postulantes a integrar ese importante Tribunal ya tienen acuerdo del Senado y no fueron designados por el gobernador Kicillof.
Se trata a Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti. El primero es secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público, y la segunda actualmente se desempeña, también dentro del Ministerio Público, como Defensora ante el Tribunal de Casación.
Estos pliegos, ingresados a mediados de 2019, antes de las PASO de agosto de ese año, fueron acordados en el Senado sin el apoyo del FdT en ninguna instancia, pero de todas formas el bloque de Juntos los acordó legalmente.
Esas acciones del gobierno de Maria Eugenia Vidal y luego de los senadores de Juntos, fueron calificadas por los ahora oficialistas, antaño opositores, como un manotazo de ahogado para “armar una red de protección judicial”, por parte de los ahora opositores.
Tal vez por ello, el gobernador Axel Kicillof no hace el decreto para que la designación de Pont Vergés y Biasotti sean efectiva desde septiembre de 2021, cuando se prestó el acuerdo en el Senado.
Pero sucede que ahora necesita del acuerdo de los senadores de Juntos para poder acordar en el Senado este nuevo pliego de Bouchoux, algo que esta semana no estaría consiguiendo.
El oficialismo quedó en soledad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos lo que constituía el paso previo para la realización de la sesión de este martes.
Un sorpresivo paquete de 33 expedientes para acordar designaciones de funcionarios Judiciales, remitido en la víspera de la realización de la sesión, hizo estallar el precario equilibrio que habían logrado los senadores para hacer la última sesión ordinaria del año.
Los 33 funcionarios que buscan acuerdo en el Senado sorprendieron a propios y extraños. La lista se anexa a los 8 pliegos que quedaron sin despacho en la última acordada que hicieron los senadores. Son ahora 41 pliegos los que se debaten.
Más allá de algunas objeciones que se hicieron a ciertos pliegos retenidos en la Comisión de ACA, que conduce el senador Emmanuel González Santalla, los últimos pliegos que ingresaron tomaron a varios actores con la guardia baja.
El paquete que es caracterizado porque tendría una marcada influencia del ministro de Justicia, Julio Alak, “no pasa ni el filtro del propio oficialismo”, sostuvo un senador que precisamente integra la Comisión de ACA, pero que es de la oposición.
Independientemente de ello, y ante la falta de acuerdo, la oposición se retiró de reunión de ACA y solo quedaron los senadores del oficialismo que cuentan con mayoría propia en ese ámbito, más no en el recinto.
Pero el hecho que no haya acuerdo en la Comisión de ACA ya imposibilita que esos 33 pliegos sean tratados en la sesión programada para este martes a las 15 horas, pues con despacho de mayoría primero se deberá informar en sesión pública el tratamiento para luego finalmente tratarse en otra sesión.
De todas formas, si bien los senadores del oficialismo tomaron las entrevistas a los aspirantes, un paso formal que hay que dar, se mostraron cauto a la hora de armar los despachos de comisión, que serían de mayoría, y se especula que finalmente no se van a hacer, aunque podrían. Sin despacho es como que todo se puede modificar en el futuro.
Al mismo tiempo se informó que las autoconvocatorias para sesiones extraordinarias en ambas Cámaras serían sin limitaciones temáticas, por lo que se podría incluir los proyectos que encuentren acuerdo en Labor Parlamentaria, así los acuerdos podrían ser considerados en las sesiones extraordinarias que se llevarían adelante en diciembre.
Sin los acuerdos en el posible temario, la sesión estaría perdiendo razón de ser e incluso aunque la tenga, habría que buscar el quorum que por el momento no estaría prestando el bloque de senadores de Juntos, que conduce Christian Gribaudo.
Se trata de encontrar acuerdo nada menos que, en principio, para la designación de 20 Jueces, 8 defensores oficiales, 3 agentes fiscales y 2 Jueces de Paz. La “frutilla del postre” es la inclusión de un postulante para ocupar el Tribunal de Casación Penal de la provincia.
Esta particularidad es el centro de una larga disputa que ahora deberá resolver si en una de sus vacantes se incluya actual Defensor Oficial platense Manuel Bouchoux.
El nombre de Bouchoux le hace ruido a Juntos, que estaría dispuesto a resistir ese nombramiento en el Senado. La principal cuestión que traba el acuerdo es que dos postulantes a integrar ese importante Tribunal ya tienen acuerdo del Senado y no fueron designados por el gobernador Kicillof.
Se trata a Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti. El primero es secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público, y la segunda actualmente se desempeña, también dentro del Ministerio Público, como Defensora ante el Tribunal de Casación.
Estos pliegos, ingresados a mediados de 2019, antes de las PASO de agosto de ese año, fueron acordados en el Senado sin el apoyo del FdT en ninguna instancia, pero de todas formas el bloque de Juntos los acordó legalmente.
Esas acciones del gobierno de Maria Eugenia Vidal y luego de los senadores de Juntos, fueron calificadas por los ahora oficialistas, antaño opositores, como un manotazo de ahogado para “armar una red de protección judicial”, por parte de los ahora opositores.
Tal vez por ello, el gobernador Axel Kicillof no hace el decreto para que la designación de Pont Vergés y Biasotti sean efectiva desde septiembre de 2021, cuando se prestó el acuerdo en el Senado.
Pero sucede que ahora necesita del acuerdo de los senadores de Juntos para poder acordar en el Senado este nuevo pliego de Bouchoux, algo que esta semana no estaría consiguiendo.
Los senadores de la provincia de Buenos Aires aprobarían en la sesión de este miércoles la ley que regula el uso, depósito y comercialización de pirotecnia.
La iniciativa que toma como base un articulado del senador de mandato cumplido de Juntos, Juan Carlos Fiorini, aunque se tratará con el agregado del senador del FdT Eduardo Bucca, busca prohibir el uso de “artículos de pirotecnia de alto impacto sonoro” en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para “proteger la salud de la población” de sus “efectos audibles, fumígenos, químicos y físicos”.
Específicamente se establece, en el articulado, la prohibición “de la comercialización, la venta al público mayorista o minorista, la venta ambulante en la vía pública y el uso particular de artificios pirotécnicos y de cohetería de uso recreativo de alto impacto sonoro, cualquiera fuera su característica y naturaleza, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia”.
Además, introduce una regulación para los actos oficiales al prohibir “la adquisición y uso por parte del sector público provincial, de todo artificio pirotécnico o de cohetería, sea de bajo o alto impacto sonoro, en los eventos y/o espectáculos que organice”.
No obstante, se evita extender la prohibición a los “artificios de uso práctico” que se emplean en ferrocarriles, en transportes terrestres y aéreos, en sectores agropecuarios o industriales, en la navegación marítima y fluvial, y en las fuerzas de seguridad, y también los que se manipulan en casos de localización de personas, sistemas de seguridad, detección de incendios y emergencias, entre otros.
La normativa también avanza hacia las multas ante el incumplimiento que serán de “entre cinco y cincuenta haberes mensuales de Agentes de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la provincia de Buenos Aires” para las personas físicas y clausuras de entre cinco a diez días a los comerciantes que vendan “en forma mayorista o minorista” artificios o cohetería.
En otro orden también se estaría aprobando en la sesión de este miércoles un proyecto de ley, de la senadora Daniel Reich para garantizar el derecho a acceder, deambular y permanecer en espacios públicos o de uso público de manera libre, en compañía de un perro de asistencia a toda persona con discapacidad.
Los senadores bonaerenses también, tal como se adelantó, tienen previsto tratar en el recinto de la Cámara alta la prestación de acuerdos a una decena de pliegos de funcionarios judiciales, una gota en el desierto si tenemos en cuenta que desde el Poder Judicial se viene reclamando la designación de entre 400 y 700 cargos judiciales.
No obstante, se prevé que, por unanimidad, tal como se despachó desde la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que comanda senador de La Cámpora Emmanuel González Santalla, se acuerden 10 expedientes para su correspondiente designación.
Así, desde que arrancó la gestión del gobernador Axel Kicillof, el Senado bonaerense estaría prestando acuerdo a 72 pliegos judiciales, con sus propias particularidades.
En principio, en la totalidad de 72 pliegos acordados por el Senado en estos últimos tres años, 41 fueron pliegos remitidos por la gobernadora María Eugenia Vidal y fueron aprobados en soledad por Juntos, cuando ostentaba mayoría de bancas en la Cámara alta, luego de una dilatada polémica por la oportunidad de su tratamiento.
Primero se objetó, desde el Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, que estaban dentro de proceso electoral, en los últimos meses de Vidal, por lo que se pospuso su tratamiento en recinto; y luego se subrayó, desde el FdT, que se trataba de pliegos que no debía considerarse porque no había sido enviado por el gobernador Axel Kicillof. Haciendo caso omiso, la bancada de Juntos para el Cambio, en 2021 acordó los pliegos con sus propios senadores y en ausencia de los senadores oficialistas del bloque del FdT.
Hubo otros 31 pliegos judiciales acordados que fueron los primeros que giró el Gobernador Kicillof, al igual que estos últimos diez. En total son 41 también los que totalizan. ¿Casualidad?
Otras de las particularidades que se observan es que, de los 10 pliegos, 6 son fiscales, un gesto hacia el funcionario del Poder Judicial más cuestionado por el oficialismo actual, el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand.
Al mismo tiempo serán sancionados 4 proyecto de ley que expropian terrenos en General Arenales, Avellaneda y General San Martín para destinarlos al Poder Judicial, para la construcción de nuevas dependencias.
Esta acción también suma al gesto del oficialismo hacia el Poder Judicial, las iniciativas llevan la firma de la diputada Susana González y de Mariano Cascallares, dos legisladores “intrusos” del oficialismo en “función judicial”, función que estaría reservada para otro espacio.
Además, otra particularidad, en dos de los cuatro proyectos de expropiación explícitamente se consigna que los terrenos serán cedidos a la Suprema Corte de Justicia con destino al funcionamiento de dependencia judiciales. En los otros dos se estable el ambiguo destino de “viviendas de interés social y/o equipamiento comunitario y/o espacio verde de uso público”.
Los legisladores de la provincia de Buenos Aires convocaron para sesionar este martes 24 en ambas cámaras.
La Legislatura bonaerense podría volver a tener una sesión doble este martes si prosperan las intenciones de oficialistas y opositores. Es que hay una negociación inconclusa en la Legislatura provincial desde diciembre pasado.
La oposición prestó acuerdo para la designación de funcionarios que necesitan del aval legislativo, pero no avanzó en designaciones que les corresponden por práctica usual en organismos que debe integrar. El oficialismo también se quedó reclamando algunos acuerdos para designar a funcionarios claves.
Así, entre lo que sería un lunes feriado, por ser el día del empleado legislativo bonaerense y la conmemoración de la Revolución de Mayo, el martes 24, se convocaron a ambas Cámaras para intentar terminar el pleito.
A saber, en principio, el oficialismo pretende que se avance con la votación, en el Senado, del pliego de Federico Thea, para que pueda ubicarse en la presidencia del Honorable Tribunal de Cuentas.
El oficialismo también estaría empujando que el Senado eleve una terna para designar la continuidad o reemplazo del actual Contador General y eventualmente del Tesorero General que está de manera provisoria.
Como contrapartida, desde la oposición pretenden concretar las designación en los cargos que le corresponden en organismos de control, como así también en el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo, e incluso algunos agregan la designación de la los Consejeros Generales de la Dirección General de Cultura y Educación.
Así, podría tratarse, en esta jornada especial, que algunos podrían catalogar de express, todo este paquete pre establecidos en negociaciones desplegadas desde hace algún tiempo entre opositores y oficialistas.
El punto quizás más importante es la presidencia del HTC, vacante tras la a decisión de Eduardo Grimberg de renunciar al cargo de presidente de ese organismo, después de 35 años.
El gobernador Axel Kicillof quiere ubicar allí a un funcionario de su más extrema confianza, tal como resulta ser Federico Thea, hasta diciembre pasado secretario General de la Gobernación, lugar que abandonó al ser enviado su pliego para ser designado en la presidente del Tribunal de Cuentas.
El acuerdo lo proporciona el Senado, pero el pliego está atado a una modificación de la ley orgánica del organismo, por lo que Diputados debería ser la Cámara de Origen de esa modificación para que se pueda considerar ambas cuestiones juntas en la Cámara alta.
Luego aparecen los cuatro lugares vacantes en la entidad financiera provincial, el PRO y la UCR negocian los apellidos de quienes ocuparán al menos tres de esos sillones vacantes, pero hay un cuarto sillón que está rodeado de misterio, que si no se designa a nadie podría seguir usado por Diego Rodrigo, que actualmente lo ocupa con prórroga de su mandato.
Más allá de ese detalle, los opositores republicanos tendrían la idea de quedarse con dos cargos en el directorio del Banco. Uno de ellos sería Bruno Screnci, exministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería respaldado por el propio Horacio Rodríguez Larreta, mientras que el otro sería para el exdiputado bahiense Santiago Nardelli.
Por el lado de los radicales las cosas estarían más claras, ya que existe consenso interno para que la silla la ocupe el diputado nacional y senador provincial mandato cumplido Carlos Fernández.
En cuanto a la Defensoría del Pueblo, también falta nombrar a los opositores y hay nombre en danzas. El PRO tiene una terna, propone al concejal de Esteban Echeverría, Luciano Gómez Alvariño; se agita el parche por la ex diputada platense Carolina Barros Schelotto, y también suena el nombre de Pablo Walter, un dirigente asociado a Patricia Bullrich.
Los radicales, sin mayores pretensiones en la previa se conforman con la continuidad de Marcelo Honores, como Defensor Adjunto temático.
En el medio de estas cuestiones aparece la voluntad de elevar terna para designación de un nuevo o la eventual continuidad del contador general de la provincia, cargo que en la actualidad ocupa Carlos Baleztena, aunque su designación fue realizada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
Cabe recordar que desde de febrero 2022 fue designado como subcontador de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Diner. De esta manera, se completó ambos cargos en la estructura de gobierno de Axel Kicillof.
Por último, se especula que idéntico procedimiento se puede realizar en el Senado para una designación “definitiva” del Tesorero General, cargo que interinamente está ocupando David René Jacoby, pero su designación se realizó a través de un decreto firmado por el gobernador Kicillof, sin el “acuerdo” del Senado, como se establece en las normativas vigentes.
El Senado bonaerense que preside la vicegobernadora Verónica Magario sancionó un régimen de promoción provincial para la denominada Economía del Conocimiento.
No se trata solo de una iniciativa legislativa, sino que también desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Augusto Costa se venía insistiendo con la idea.
De hecho, recientemente el ministro Costa se reunió con representantes sindicales de actividades informáticas en el marco, precisamente, del debate sobre la “ley de adhesión” al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, ley que está vigente a nivel nacional y a la que provincia a partir de ahora adhiere.
El Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento otorga, a las empresas que se dedican a servicios basados en el conocimiento, beneficios fiscales como rebajas de hasta el 70 % en las contribuciones patronales, exenciones de los derechos de exportación de servicios o reducciones del Impuesto a las Ganancias, segmentadas según el tamaño de la empresa.
“Impulsar al sector de la Economía del Conocimiento es fundamental para mejorar la competitividad de la industria provincial”, destacó, en su momento, el ministro Costa.
Si bien la norma provincial es una adhesión a la ley nacional, además incluye adaptaciones y agregados para su aplicación en territorio bonaerense, entre ellas pisos mínimos de exenciones de IIBB, que la inscripción en el Registro Nacional sirva para la inscripción en el Registro Provincial, y la incorporación del fomento y promoción de los parques o distritos tecnológicos, que no figuraban en la Ley nacional.
Fue el diputado radical y presidente de la bancada de Juntos Maximiliano Abad el que se encargó de aclararlo cuando salió aprobado de esa Cámara el proyecto de Ley.
El marplatense señaló también que “se hizo un trabajo legislativo muy profundo y serio, porque es un tema de especial relevancia, dado que la economía del conocimiento está revolucionando las economías del mundo, y por eso esta ley es un paso hacia una estrategia de desarrollo para la provincia”.
En rigor, la iniciativa sancionada por los senadores tuvo su origen en la Cámara baja, donde existieron iniciativas sobre la cuestión y la unificación de tres proyectos de ley de las diputadas de Juntos Rosio Antinori -mandato cumplido- y Anastasia Peralta Ramos, y una iniciativa de Débora Indarte, diputada que tiene una bancada unipersonal denominada Unidad para la Victoria.
La promoción de la Economía del Conocimiento busca promover el desarrollo de un sector que no sólo incluye a la industria del software, sino también a actividades como la nanobiología, la biotecnología, los videojuegos, la industria satelital y los servicios de prospección geológica, ingeniería, diseño especializado, exportación y producción y posproducción audiovisual, entre otras.
Se trata de un sector que impacta positivamente en la competitividad de la industria, ofrece salarios superiores al promedio tanto a nivel provincial como nacional, contrata personal calificado proporcionando puestos de trabajo registrados y cuenta con una balanza comercial superavitaria.
Cabe destacar que el sector que comprende a la Economía del Conocimiento genera 75.000 puestos de trabajo en la Provincia: 42 mil en Gran Buenos Aires y 33 mil en el interior de la provincia en ciudades como San Nicolás, Tandil, Trenque Lauquen y Mar del Plata; solo en este último lugar hay 55.000 estudiantes que están relacionados con la economía de conocimiento.
La provincia de Buenos Aires adhiere, por ley provincial, a la ley nacional 27424, al régimen de fomento a la generación distribuida de energía.
Los senadores sancionaron un proyecto de ley en revisión, aprobado con cambios en Diputados, donde se plantea la adhesión a la ley nacional 27424, el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública.
Aquí, la norma sancionada, originaria de una diputada opositora mandato cumplido, Rosio Antinori, pero desde la bancada oficialista se acompañó la norma por considerarla un avance y al mismo tiempo se empujó otra iniciativa complementaria de la ley sancionada.
Lo sancionado en el Senado plantea la adhesión a la Ley nacional 27.424 de “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”.
La norma tiene como objetivo promocionar la generación de energía eléctrica limpia por parte de usuarios particulares ya sea para el autoconsumo como para la inyección del excedente a la red eléctrica.
Se considera que la chance de inyectar energía a la red va a generar un “alivio en las facturas” y la norma además va generar “puestos de trabajo, competitividad de las pymes y fomentar la industria de las renovables”.
El proyecto también establece incentivos y garantías para que los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires puedan acceder a líneas de financiamiento y así a equipamientos para la generación de energía renovable.
En tanto, los prestadores del servicio público de distribución en territorio bonaerense deberán facilitar la inyección de energía y asegurar el libre acceso a la red de distribución.
En su momento, la diputada Antinori, autora de la iniciativa, sostuvo que la normativa “va a permitir que los bonaerenses generen su propia energía no sólo en los hogares sino también en comercios y pymes”.
El Senado bonaerense, que preside Verónica Magario, sancionó una reclamada norma sobre el derecho a la Identidad de Origen.
Finalmente, los senadores bonaerenses sancionaron el proyecto de ley en revisión y el derecho a la identidad de origen está normado en la provincia de Buenos Aires.
Ley de Identidad de Origen busca garantizar el acceso a ese derecho primario a través de una serie de herramientas destinadas a las personas que estén buscando a sus familias.
Con la sanción de esta ley, la provincia de Buenos Aires se suma a otras provincias argentinas que cuentan con una normativa similar como son las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Mendoza.
La iniciativa crea “tres vías protegidas” para que las personas que fueron privadas de su identidad biológica pueden conocer la misma: una judicial, una administrativa a cargo del Poder Ejecutivo, y una particular a la que pueden optar los buscadores con el apoyo del Estado para acceder a los archivos que puedan servir para descubrir sus familias biológicas.
La propuesta legislativa, que reconoce como autores a la senadora opositora Elisa Carca y al senador oficialista José Luis Pallares, se asienta sobre varios principios.
Entre ellos está el principio de informalidad, pues no será necesario un patrocinio de un letrado; el principio de celeridad, se deberá dar pronta respuesta a las solicitudes; el de gratuidad, no se cobrarán tasas; de responsabilidad; de confidencialidad, ya que habrá estricta reserva sobre el peticionante; de tutela efectiva; de máxima información; de buena fe; y de no discriminación.
La Ley de Identidad de Origen también establece el impulso de campañas de concientización, mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la norma, capacitaciones a los organismos de la administración pública, convenios de cooperación y la adecuación de normativas en caso de ser necesario.
En su artículo 9° la Ley de Identidad de Origen resuelve que “el legitimado, el magistrado interviniente y/o la autoridad de aplicación, podrán acceder a los datos contenidos en registros de hospitales, historias clínicas de parturientas, libros de partos, de nacimiento, de neonatología y de defunciones de establecimientos sanitarios de gestión pública o privada como así también la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires”.
En cuanto a los tiempos el proyecto de Ley de Identidad de Origen establece que las “las dependencias públicas y privadas deberán otorgar la información que le fuere solicitada dentro del plazo de 15 días hábiles, no pudiendo ser gravada con ningún cargo”.
Otro punto importante de la Ley de Identidad de Origen es que plantea la gratuidad de los estudios genéticos, en caso de ser requeridos.
“Los efectores públicos de salud que cuenten con la infraestructura apropiada deberán prestar colaboración y asistencia para la realización gratuita de pruebas genéticas en el supuesto que el peticionante acredite no disponer de medios para sufragar tales estudios, de conformidad con la reglamentación”, define el proyecto.
Por último, Ley de Identidad de Origen también impone sanciones de 10 a cuarenta 40 salarios mínimos de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, para los funcionarios públicos y los establecimientos privados que no cumplieran con los deberes establecidos en la ley.
