Previo a la sesión de este jueves, la Comisión de Acuerdos había despachado, por unanimidad, los pliegos de Jueces de Paz para tratado en recinto.

En primera instancia, los senadores llevaron adelante las entrevistas reglamentarias a 10 postulantes para cubrir vacantes en Juzgados de Paz en distintos distritos de diferentes departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente la comisión emitió despacho por unanimidad para que 8 pliegos tengan tratamiento en la próxima sesión del Senado, pues si no hay unanimidad, los pliego ingresan en la siguiente sesión, pero requieren de otra convocatoria para poder ser tratados.

Los actos formales se llevaron adelante en el Salón Dorado de la Cámara alta bonaerense y fueron encabezado por el titular de la comisión permanente, el senador del FdT Emmanuel González Santalla.

Los expedientes que consiguieron acuerdo, por unanimidad, para su tratamiento en el recinto del Senado bonaerense, donde también por unanimidad fuero acordados, corresponden a Carla Ventuala postulada para jueza de paz letrada del partido de Patagones, Departamento Judicial Bahía Blanca; Eric Otto Naumann postulado para juez de paz letrado del partido de Coronel Pringles, Departamento Judicial Bahía Blanca; Diego Mónaco postulado para juez de paz letrado del partido de Lobería, Departamento Judicial Necochea; María Elisa Bainotti postulada para jueza de paz letrada del partido de Carmen de Areco, Departamento Judicial Mercedes; Hérnan Salaverri postulado para juez de paz letrado del partido de Suipacha, Departamento Judicial Mercedes; Gabriela Molina postulada para jueza de paz letrada del Partido Marcos Paz, Departamento Judicial Mercedes; Mauro Rossi postulado para juez juzgado de paz letrado del partido de Carlos Tejedor, Departamento Judicial Trenque Lauquen; y Mario Cosser Navarro postulado para juez de paz letrado del partido de General Paz, Departamento Judicial La Plata.

En tanto que los pliegos de Carlos Miceli postulado para juez del juzgado de paz letrado del partido de Ituzaingó, Departamento Judicial Morón y el de Claudia Tatangelo postulada para jueza del juzgado de paz letrado del partido de Escobar, Departamento Judicial Zárate-Campana, quedaron en la Comisión para su futuro tratamiento, luego de haber sido desarrollada la entrevista reglamentaria.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a principios de este año legislativo, en el mes de abril, establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos, con penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación.

La propuesta remitida por el gobernador Axel Kicillof que prevé la modificación de la Ley 13.927 del Código de Tránsito establece que quienes hayan bebido alcohol no puedan conducir un vehículo.

Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, en general, el nivel de alcohol máximo permitido para los conductores es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Más allá que en algunos Municipios ya vienen ejecutando control de tolerancia cero.

En ese sentido, como ordenanza municipal rige la tolerancia cero en la ciudad de Mar del Plata y en los distritos bonaerenses de Moreno, Tigre, Ezeiza, Bragado y General Rodríguez, entre otras ciudades y provincias del país.

Con la modificación propuesta y aprobada por una de la Cámara legislativa bonaerense, “queda prohibido” en todos los municipios de la provincia “conducir cualquier tipo de vehículo con motor, con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir o con una concentración de alcohol superior a cero miligramos de alcohol”.  

Además, en el Senado de la provincia se trabajó en una modificación integral del proyecto remitido por el Ejecutivo a la luz de dos proyectos de ley sobre la materia que existía en la casa; uno del senador oficialista José Luis Pallares y otro de la senadora opositora Claudia Rucci.  

La unificación de los proyectos es un dato formal pero también real, pues fue de esa mistura de proyectos que finalmente surgió un proyecto que conformara a las diversas partes efectivamente involucradas, que finalmente fue aprobado por el plenario y girado a Diputados para que prosiga su trámite parlamentario.

Entre otros cambios, se incorporó a pedido de la oposición, pero que fue un reclamo de todos los intendentes, principalmente de los del conurbano provincial, que se cree el fondo para que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires puedan aplicar en territorio la ley de alcohol cero, que se distribuirá mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD).  

Las estadísticas del Ministerio de Transporte dan cuenta de cuatro muertes diarias por siniestros viales en la provincia de Buenos Aires, de las cuales cerca de un 60% están relacionadas con el consumo de alcohol y principalmente afectan a los jóvenes. Son 6 mil muertes por año en el ámbito nacional, según lo que se informó.

Los senadores bonaerenses no quieren correr riegos y convocaron a sesión especial para que nada los sorprenda.

En principio los senadores pretenden ordenar formalmente las autoridades, pues en la última sesión el senador Joaquín De la Torre renunció in voce a una vicepresidencia pero ahora se deberá de realizar la formalidad de leer la comunicación escrita de renuncia y se producirá el reemplazo.

El actual vicepresidente VI el senador radical Alejandro Cellillo pasará a ocupar la vicepresidencia II y la senadora peronista Claudia Rucci reeplazará a Cellillo. Y ese será el nuevo ordenamiento de Juntos en lo que respecta con las autoridades de Cámara, lo demás seguirá como hasta ahora.

Por otro lado, no se descartan que fuera de reglamento y a partir del posible alejamiento del actual secretario administrativo del Cuerpo Martín Di Bella, se proceda a su reemplazo. Di Bella suena como posible funcionario de Economía con la llegada de Batakis a ese ministerio.

Por otro lado, y si bien aún no están confirmados los integrantes en su totalidad, se conformarán cuatro comisiones bicamerales que tiene fines específicos. Se trata de la Bicameral del Defensor del Pueblo, del Sistema de Enjuiciamiento de Magistrados, de Hipódromos y la Comisión bicameral de Seguimiento y Control de las Emergencias que rigen en la provincia.

Por último, los senadores tienen previsto a designar sus representantes en el Consejo de la Magistratura, que son tres titulares y tres suplentes. En cuanto a los titulares que serían designados los nombres más firmes que están sonando hasta el momento son los oficialistas del FdT Gustavo Soos y Gabriela De María y, por la oposición de Juntos, la senadora bahiense Nidia Moirano.

El proyecto de ley de adhesión era reclamado por el gobernador Axel Kicillof pero la oposición fue condicionando hasta aquí su posición y se mostró poco proclive a abordar el Consenso Fiscal 2022, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no firmó.

Esa posición de resistencia que dominó a Juntos hasta la jornada de este jueves, cuando el oficialismo puso en líneas ambas Cámaras, cambió en estas horas y facilitó la sanción con “posturas grises” en sendos recintos.    

El oficialismo puso “en punta” el proyecto de Ley de adhesión al Consenso Fiscal al aprobar, en la última sesión de Diputados, una moción de preferencia, para tratarlo con o sin despacho, por lo que solo requería de mayoría simple para su tratamiento y aprobación, en la Cámara de origen, la Cámara de Diputados.

No resulta algo fácil de conseguir para el oficialismo esa mayoría simple si el voto de Juntos y otras bancadas se oponen, pero los diputados y senadores de Juntos, en ambos recintos, plantearon la abstención a la hora de la votación y, además, en el Senado, facilitar el tratamiento.

Cabe consignar que el acuerdo expresado en labor parlamentaria por parte de los diputados de Juntos no fue transmitido en el recinto por la bancada de diputados. No hubo autorización para abstenerse. El diputado Alex Campbell, miembro infórmate de esta parcialidad, adelantó la posición de “no poder votar afirmativamente este consenso fiscal”, nada dijo de abstención.

Aunque poco apegada al reglamento la forma desplegada por los diputados de Juntos, oficialmente se consideró “la abstención adelantada” en labor parlamentaria, según distintas fuentes legislativa.  

La resistencia radical al proyecto de Consenso Fiscal la encabezó el bloque de Avanza Libertad en compañía de las dos bancadas del FIT, que rezaron el proyecto y votaron “positivamente” en contra del mismo. Mientras que el bloque de Espacio Abierto Juntos, efectivamente adelantó su abstención en el recinto. Unidad para la Victoria expresó voto positivo.

En tanto, en el Senado fue la bancada de Juntos la que posibilitó el tratamiento del proyecto de ley, que para ser considerada la entrada fuera de hora y el tratamiento sobre tablas requiere de los dos tercios de los presentes y, obviamente, quorum para sesionar.

Cabe consignar que en el Senado la paridad en 23 para cada una de las dos bancadas que la constituyen, configura un Cuerpo donde ningún bloque, ni el del FdT ni el de Juntos, tiene quorum propio.   

La iniciativa en cuestión es quito proyecto de ley de Consenso Fiscal que considera la legislatura bonaerense tras las firmas de los titulares del Poder Ejecutivo, tal como ocurrió el año pasado, con Axel Kicillof.

Se trata de la adhesión por ley de la provincia a un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen.

Así, se apunta a que las decisiones que se tomen sean en un marco de estabilidad jurídica y que garanticen una armonización tributaria.

El principal objetivo es el de fortalecer la autonomía de las provincias, brindándoles estabilidad jurídica a sus gobiernos y a los contribuyentes, en lo que respecta a los impuestos provinciales.

A su vez, busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado.

Hay dos ejes sobre los que gira el contrapunto. Aceptar el Consenso implica renunciar al reclamo por los fondos coparticipables y, por otro lado, muy advertido por la oposición de Juntos, es que se abandonaría definitivamente ese sendero que se había trazado en el gobierno de Cambiemos de “ir progresivamente bajando los impuestos”.

Al Consenso, adhirieron -por tercer año consecutivo- las 23 provincias. Rubricaron el compromiso las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán.

En cuanto a las provincias de La Pampa y San Luis, no habían adherido al consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo. 

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, no prestó conformidad con el Consenso del presente año.

Los diputados y senadores se convocaron para las 14.30 y sobrevuela la idea que tratarán temas cruzados para así logra la sanción de proyectos de ley que forman parte de acuerdos políticos, entre el oficialismo y la oposición.

La jornada de sesión en ambas cámaras permite iniciar un trámite parlamentario en una Cámara y sancionarlo ese mismo día en la Cámara revisora, siempre al amparo del correspondiente acuerdo político.

Así las cosas, específicamente la jornada del próximo jueves, podría servir para destrabar un conjunto de temas de alto impacto político que tiene pendientes la legislatura provincial desde el inicio del año, o incluso desde el año pasado.

En la agenda figuran algunos proyectos legislativos que merecen atención, como la adhesión al Consenso Fiscal 2022 y la ley de reforma del régimen jubilatorio de los trabajadores del Bapro, temas que tienen un trasfondo político denso, y que apura el oficialismo ante la resistencia de la oposición.

Además, de la jornada formarían parte un subpaquete de “acuerdos” con designaciones en organismos de gobierno que le corresponden a la oposición y oficialismo.

Por caso, la Legislatura viene postergando el tratamiento de los pliegos para las designaciones de los cargos de Juntos en el directorio del Banco Provincia y en la Defensoría del Pueblo bonaerense, con la posibilidad de que también se trate el pliego de Federico Thea, propuesto por el gobernador Axel Kicillof para la presidencia del Tribunal de Cuentas.

En ese sentido hay nombre que están dando vueltas para ocupar las secretarias de la Defensoría que les corresponde a la oposición, pues la oficialistas ya están ocupadas por funcionario que se designaron cuando se aprobó el acuerdo que reeligió a Guido Lorenzino hasta 2028.

Por caso, desde el radicalismo, según trascendió, se propondrá a Marcelo Honores, que renovará silla, mientras que desde el PRO se pide por Luciano Gómez Alvariño, concejal en Esteban Echeverría; Pablo Walter y por la ex diputada Carolina Barros Schelotto.

Por lo demás, habría acuerdo en lo concerniente el Directorio del Bapro con el tridente que conforman el radical Carlos Fernández, el porteño Bruno Screnci y el bahiense Santiago Nardelli, como representantes de la oposición. El oficialismo tiene sus directores designados, previo acuerdo del Senado, desde principio de año.

Sin debate, en absoluto silencio, los senadores provinciales sancionaron un proyecto de ley, que reclamaba el gobierno y que contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados.

La iniciativa modifica la normativa que reglamenta al Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la provincia de Buenos Aire (PROMEI), al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y del Fideicomiso del Programa “Desendeudadas. Programa para el desendeudamiento de Mujeres”.

Los tres fondos a los que se alude están contemplados en distintos artículos de la ley 15310; y mientras se crea un Consejo Administrativo para el PROMEI, se establece que el plan de infraestructura estará bajo la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, un ministerio “creado” por el gobierno central, que comanda el otrora ministro de Infraestructura, Agustín Simone.

Por último, la tercera modificación propuesta, que tiene como objetivo el Programa Desendeudas, se desagregan las competencias reglamentarias que le corresponde al Poder Ejecutivo y aquellas que son del organismo de reglamentación, a favor del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

En la previa a la sesión, todo parece indicar que el Senado bonaerense rechazará el pedido de desafuero del macrista Juan Pablo Allan que oportunamente realizó el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, en el marco de la causa que investiga el presunto funcionamiento de una “Mesa Judicial” durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Los legisladores aprobarán esta tarde la resolución que tomó forma con la intervención del equipo de asesoramiento legal de la Cámara alta, en estrecha comunicación con la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La Cámara legislativa evitaría por impulso del oficialismo dar un cerrado rechazo al desafuero, por lo que se expedirá de manera tal que aun rechazando el pedido del magistrado “se dará certeza de que el magistrado está habilitado” a realizar la indagatoria del senador opositor.

Sucede que los legisladores del oficialismo impulsaron públicamente la denuncia y la investigación judicial y ahora no pueden aparecer como negando sin más un desafuero solicitado por el Juez.

Situación por la cual se especula que podría haber alguna fisura en el bloque del FdT que conduce la senadora Teresa García; se desliza por lo bajo que los senadores pura de La Cámpora podría votar en disidencia del grueso de la bancada, y lo haría por el desafueren del senador.

“El pedido de desafuero no se corresponde con la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ni con nuestro reglamento interno”, aclaran desde cierto tecnicismo que siempre tiene múltiples interpretaciones.

Lo cierto es que hay un Código Procesal provincial y uno federal, la causa en la que está involucrado el senador Allan es una causa que se tramita en un juzgado Federal y por tanto se correspondería con la legislación nacional, donde se habilita la indagatoria de un legislador sin necesidad de sacar los fueros.

El tema es que la ley provincial, tal cual existe en la actualidad, no estaría permitiendo la posibilidad de avanzar en una indagatoria, tendría que ser desaforado para poder hacerlo, según la interpretación dominante que deambula en la legislatura provincial.

Así las cosas, la denominada “autorización no vinculante” que avanzaría en el senado es la forma que el oficialismo encontró para protegerse del supuesto sobreseimiento de Allan, que podría disponer el Juez ante la negativa a aprobar el desafuero.

A principios de enero, el Senado aprobó por unanimidad la autorización para que la Justicia federal de La Plata allanara el despacho de Allan, también en la causa que investiga la existencia de una mesa judicial.

La actividad en la Cámara alta continuará el miércoles por la tarde, durante una sesión especial para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Durante la misma jornada también sesionará la Cámara de Diputados.

Los senadores bonaerenses respondieron así al requerimiento del Juzgado Federal n° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, en el marco de la causa que investiga la “Mesa Judicial” que habría funcionado durante el gobierno de María Eugenia Vidal para encarcelar a gremialistas opositores.

De la sesión especial para aprobar el allanamiento a las oficinas de Allan participaron los 46 senadores bonaerenses, de los cuales 14 estuvieron presentes en el recinto y los otros 32 participaron de manera remota.

Así, el Senado bonaerense aprobó por unanimidad la moción realizada por el jefe de bloque de Juntos, Cristian Gribaudo, en respuesta a la solicitud del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, para allanar las oficinas del representante de Juntos en la Cámara alta, Juan Pablo Allan.

Con el voto de la totalidad de los integrantes del Cuerpo, quedó limitada parcialmente y al solo efecto de este requerimiento la inmunidad parlamentaria de la que goza el senador platense Juan Pablo Allan que le proporcionan los fueros parlamentarios.

Se trata de un “desafuero parcial” y al “solo efecto” de los requerido por lo que se autoriza el allanamiento requerido y rompe con una tradición bonaerense de mantener los fueros parlamentarios ante los pedidos de la Justicia.

Así se autoriza a la recolección de toda documentación en formato papel o físico que se encuentre disponible en el despacho del senador y que se relacione con la puesta en marcha de una estrategia para armar causas judiciales contra sindicalistas opositores. También se habilitó secuestrar dispositivos electrónicos para su posterior peritaje. Se detalló que allanamiento a las oficinas del Senado estará a cargo de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina.

El debate en el recinto tuvo algún inconveniente técnico por lo que algunas alocuciones no se pudieron seguir por la prensa, caso la primera intervención del jefe de la bancada de Juntos Christian Gribaudo y la de la senadora también opositora Nidia Moirano; ambos participantes de manera virtual.

El debate fue cerrado, tal como es práctica usual, por la presidente del bloque del FdT, la senadora María Teresa García que responsabilizó a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al expresidente Mauricio Macri por armar “una mesa judicial para perseguir, hostigar y encarcelar a dirigentes sindicales desde el aparato del Estado”.

García además agradeció la presencia virtual del senador Allan aunque consignó que “me hubiese gustado escucharlo porque no hay nada más saludable que diga algo que humanice la acción de un senador de este Cuerpo, seguramente cuando me lo cruce le haga las preguntas que le quiero hacer”.

“Es una jornada histórica, es la primera vez que se aprueba un allanamiento en el Senado bonaerense. Quiero resaltar la disposición de Juan Pablo Allan y del bloque de Juntos, creemos que los fueros no son un lugar para esconderse”, dijo el primer opositor que se pudo escuchar Alejandro Rabinovich.

“Venimos a este recinto por la manda de un juez, soy parte de los damnificados, mi organización sufrió la intervención con 150 gendarmes y 10 carros de asalto. Fue el intento por disciplinar al movimiento sindical. Hubo un plan sistemático, la mesa judicial no fue obra de la casualidad”, cuestionó el senador del FdT Omar Plaini, histórico referente sindical de los canillitas.

Al término de la sesión los senadores del oficialismo que estuvieron físicamente presentes en el recinto realizaron una conferencia de prensa donde entre otras cuestiones el senador José Luis Pallares afirmó que la voluntad de la bancada del gobierno es que “la mayor cantidad de ciudadanos sepan los que pasó”.

“En los años más tristes de la dictadura hubo un plan sistemático de desaparición de personas y de persecución de sindicatos. Esta mesa no hace otra cosa que replicar esa lógica de persecución y hacer daño”, detalló el senador massista, José Luis Pallares.

Así finalmete se completó el tramite de aprobación del requerimiento, tras conocerse la participación del senador bonaerense en una reunión encabezada por el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en la que se busca “determinar el armado de expediente contra sindicalistas opositores”.

El juez Kreplak notificó al Senado que dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas de Allan por haber participado de dicho encuentro realizado el 15 de junio de 2017.

Las grabaciones que tomaron estado público y motivaron esta denuncia fueron aportadas por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

La formalidad administrativa será acompañada, en principio, por la totalidad de los senadores que integran las dos bancadas existentes, la de oficialistas y de opositores.

Si bien Allan ya había dado su consentimiento, la sesión especial convocada para este martes desde las 14 horas dará el aval formal del Senado bonaerense para el allanamiento que se desprende de la investigación de la “mesa judicial” que habría funcionado durante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.

El juez Kreplak notificó al Senado bonaerense que dispuso el ingreso de miembros de su juzgado a las oficinas de Allan por haber sido uno de los presentes en la reunión de 2017, en la que funcionarios de Vidal, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios acordaban el “armado” de causas para “perjudicar” a sindicalistas.

Si bien se trata de una autorización formal, el recinto de la Cámara de Senadores bonaerense se disparará el debate entre oficialistas y opositores sobre las denuncias cruzadas por la mesa judicial.

“Vamos a ir los 23 y votar todos juntos”, repiten desde la bancada opositora en el Senado bonaerense, aunque por tratarse de una sesión con un único tema, habrá poca presencialidad y mucha virtualidad.

Desde la justicia deslizaron que de autorizarse el allanamiento a la oficina del Allan el mismo se lleve adelante el miércoles de esta semana, aunque a nadie escapa que, a esta altura, se trata de una formalidad la inspección al despacho de Allan en el Senado bonaerense. Hace más de una semana que se viene esperando la autorización.

Cabe consignar que no se registran antecedentes recientes de que el Senado bonaerense autorice un allanamiento al despacho de un miembro del Cuerpo. Por el contrario, los últimos movimientos respecto de la ley de fueros se dieron en la Cámara de Diputados cuando el Cuerpo le negó el desafuero a uno de sus miembros.   

La vicegobernadora Verónica Magario no presidirá la sesión convocada ni asistirá al debate, por estar contagiada de Covid, según se anticipó desde la presidencia del Cuerpo.

En las últimas horas se supo que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso el allanamiento del despacho del senador provincial de Juntos Juan Pablo Allan.

El legislador platense presente en la reunión de junio de 2017 durante la cual espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal intercambiaron estrategias para “terminar” con dirigentes sindicales a través de causas armadas.

La convocatoria se da a conocer minutos después que el bloque de diputados del Frente de Todos brindarán una conferencia de prensa para presentar un proyecto para pedir el Juicio Político al procurador y denunciar la denomina “Mesa Judicial” que habría funcionado durante el gobierno de Vidal.

La encargada de difundir la noticia fue la presidenta del bloque del FdT, María Teresa García que consignó “Nuestro bloque ha ingresado para el día martes una respuesta al requerimiento del Juez Kreplak que es convocar al Cuerpo para tratar la situación del senador Juan Pablo Allan”.

Por cuenta separada, voceros de la bancada aseguraron que sería para el próximo martes a las 14 horas.

El juez Kreplak había solicita el allanamiento de las oficinas de Allan pero había pedido autorización al Senado para hacerlo. Pero la medida, informaron fuentes judiciales, fue ordenada luego de que el senador de la oposición consintiera el allanamiento.

De esa forma se evitó que Kreplak tuviera que aguardar una autorización de la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires, que ya se encuentra en receso estival.  

De todas formas la senadora García insistió en la solicitud de una convocatoria por parte del bloque de la alianza de gobierno para sesionar el martes 11 de enero.

Luego de varias idas y venidas los senadores dieron acuerdo por unanimidad a la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo y así Alejandro Formento, actual director de la Red Link e integrante del Grupo Bapro tuvo luz verde para ser designado nuevo director del Banco Provincia en reemplazo de Juliana Di Tulio, que pasó a integrar el Senado de la Nación tras la salida de Jorge Taiana, que fue designado ministro de Defensa del Gobierno n acional.De esta forma el Directorio de la entidad lograría al menos tener quórum para su normal funcionamiento, aunque uno de sus miembros responde a la oposición.

Tras la salida de Di Tullio, el Banco de la Provincia de Buenos Aires se quedó sin quórum en el Directorio que es integrado por ocho miembros y solo hay tres, y por estatuto el Banco debe pasar por el Directorio varios trámites de gestión.

Por caso, el Directorio debe autorizar los créditos que la entidad otorga a clientes que están migrando en estos meses que no fueron autorizados a tomar créditos en el Provincia.

Con esta designación el gobernador Axel Kicillof suma un representante propio a al Directorio, además de haber propuesto al actual presidente de la entidad Juan Cuattromo.

También integran el Directorio el radical Diego Rodrigo, el massista Sebastián “Patito” Galmarini y Humberto Vivaldo, que responde al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, pero que pasó por la entonces bancada de “los PJ dialoguistas” que respondían a intendentes peronistas.

En síntesis, en la actualidad son tres directores del oficialismo y uno de la oposición, todos ellos tienen mandato hasta diciembre del presente año; cuatro butacas de ese órgano seguirán vacantes.

En otro orden, en la misma sesión, también se aceptó renuncia a Roberto Feletti a la titularidad de la secretaria Administrativo de la Cámara de Senadores para desempeñarse como secretario de Comercio Interior de la Nación. Se designa como nuevo secretario Administrativo del Senado a Martín Di Bella.

Con una maniobra novedosa y contrariamente a los trámites legislativos ordinarios que venía realizando la actual gestión provincial, la actividad legislativa será parte de la agenda de la semana.

Sucede, en principio, que las cosas aparecen invertidas; la Cámara de Origen elegida por la administración Kicillof siempre fue la Cámara de Diputados que conduce el lomense Federico Otermín, hora los primeros en activar serán los senadores y senadoras, el Cuerpo que capitanea la vicegobernadora Verónica Magario.

De hecho, un dato resulta revelador de las preferencias de Axel Kicillof, mientras que los proyectos PE, tal la denominación de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ingresa por Diputados, van por el número 14 en lo que va del año, los A, los que ingresan por el Senado, va por el 1.   

Precisamente le proyecto A-1/21-22, que versa sobre la creación del “Fondo de Apoyo Económico para Fiestas Tradicionales y Populares” y la eximición de las deudas del impuesto inmobiliario y sus accesorios, para los servicios de alojamientos en hoteles, hosterías, residencias y campings, entre otras cuestiones conexas, aparece como la normativa que más ambiciosa del temario para este jueves.

Pero hay otros dos temas en la sesión especial que funcionará como Cámara de origen del A-1 que tendrán inicio y final en ella.

Por un lado, está pendiente la designación de un nuevo Secretario Administrativo en reemplazo de Roberto Feletti, actual secretario de Comercios de la Nación; el candidateado es Martín Di Bella, ex titular del ARBA en tiempos de Daniel Scioli gobernador.

Por otro, se tratará de prestar acuerdo para un nuevo director del Banco de la Provincia de Buenos Aires que complete el mandato que Juliana Di Tuilo, mandato que culminaría en próximo diciembre según se precisa, conjuntamente con el de los otros tres directores también integran ese cuerpo.

Hay mucha expectativa al respecto de cómo finalmente se realizará ese acuerdo y como finalmente quedará integrado el Directorio, cabe consignar que nunca se logró acuerdo para completar los ocho miembros que tiene el Directorio de la entidad financiera y ahora este acuerdo se da de apuro porque el organismo no tiene quórum reglamentario para constituirse.

En Diputado la sesión está convocada el mismo día una hora más tarde, pero con temario abierto pues se trata de una sesión ordinaria, pero además ya aparecen algunas cuestiones que llaman la atención de la platea.

Habrá que considerar una renuncia y una licencia. La renuncia corresponde a Marisol Merquel que asumió en reemplazo de Victoria Tolosa Paz como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en este tema no habrá mayores inconvenientes pues sin más será reemplazada por Patricia Cobello hasta diciembre, que es cuando finaliza el mandato.

Pero la cosa está más discutida en torno de la licencia de Juan De Jesús, flamante vicejefe de Gabinete de la provincia, que además tiene mandato hasta el 2023.

Sucede que, en la lista del FdT como primera suplente aparece la marplatense Ana Contessi, que tendría la misma “terminal” política que la actual diputada de la misma ciudad Débora Indarte, también del FdT. Los muchachos de La Cámpora están reclamando el lugar para José Zerillo con el falaz argumento de que se trata de una cuestión de género: se va hombre ingresa hombre.

La Cámara de Diputados se expidió sobre la cuestión en una oportunidad y la cosa de judicializó. Cuando la actual intendenta de Presidente Perón Blanca Cantero renunció a su banca fue reemplazada por el actual diputado Nicolás Russo, el criterio fue el primero en la lista de reemplazo y no la primera suplente respetando el género, pero también fue “massista por massisto”.

La diputada suplente de esa lista del FR que compitió en 2017 era María La Rosa que respondía al GEN de Margarita Stolbizer que cuando Massa se sumó al FdT rompió el acuerdo que alcanzó con el ex intendente de Tigre.

Así el GEN vio cómo se aplicó un criterio que respetaba el género en el Congreso de la Nación y no pudo asumir como diputado nacional Marcelo Díaz y en la provincial el otro criterio que no lo respeta y no pudo asumir La Rosa.

Pero La Rosa tiene un fallo de primera instancia a favor suyo que Russo y el FR apeló y que ahora continúa con su periplo judicial. Ese fallo es el que dicen los muchachos de La Cámpora que hay que atender ahora para poder sumar a Zerillo a la formalidad de la banca.      

“Esta pandemia nos ha mostrado la inviabilidad de un sistema económico y político mundial en el que los países ricos adquieren más vacunas de las que necesitan, mientras otras naciones aún no han podido acceder ni a una sola dosis”, dijo el presidente del bloque de senadores del oficialismo, Gervasio Bozzano en el recinto de Senado bonaerense.

“Una de las 20 verdades de nuestro movimiento dice que ‘Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social’”, agregó.

“Ese es el ideal bajo el que nos hemos movido y el que nos ha permitido desarrollar una campaña de vacunación con eficacia y eficiencia”, remarcó Bozzano.

El senador oriundo de Maipú también destacó que el Laboratorio Richmond “ya está produciendo en nuestro país la vacuna Sputnik V” y aseguró que “esos son frutos de poner el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social”, ya que “esa planta fue inaugurada por nuestra actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner en 2011, cuando era presidenta de la Nación”.

“Y no tenemos la culpa que nosotros y nosotras tengamos a esta expresidenta y, en cambio, en Juntos por el Cambio tengan a un expresidente que se fue a vacunar a Miami”, concluyó el jefe de los senadores oficialista.

El Senado bonaerense volvió a sesionar para trató una serie de proyectos que se enmarcan en el Plan de Reactivación que el gobernador Axel Kicillof viene impulsando para poner a la provincia en marcha.

Asimismo, los senadores y senadoras del bloque del Frente de Todos defendieron la suspensión momentánea de clases presenciales y el resto de las medidas anunciadas para el AMBA por el presidente Alberto Fernández y acompañadas por el gobernador Axel Kicillof.

Dentro de un debate que se suscitó luego de que desde la oposición se quiso tratar sobre tablas una serie de proyectos que el oficilismo rechazo fueron varios los legisladores que hicieron uso de la palabra.

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Emmanuel González Santalla, que en el marco de los más de 29 mil casos detectados por COVID-19 y las 316 muertes que se conocieron que se habáin producido en el día, defendió las decisiones adoptadas por el gobierno nacional y provincial: “hay que empatizar con los trabajadores y las trabajadoras de la salud que están haciendo un esfuerzo tremendo para que más argentinos y argentinas puedan seguir disfrutando de la vida”, subrayó.

Al mismo tiempo, cuestionó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Vacunó al 14% de los docentes siendo la jurisdicción que más vacunas recibió en función de su población. Sin embargo, su decisión política fue darle las vacunas a las prepagas y no, al personal estratégico”.

González Santalla celebró que la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond Sacif, “inaugurada por la actual vicepresidenta en 2011”, comenzará a producir en junio la vacuna Sputnik V.

 “Es la diferencia entre la política corta electoral y gobernar pensando en un modelo de desarrollo estratégico para la Argentina”, remarcó el senador de Avellaneda.

Por su parte, la senadora María Reigada coincidió con su compañero de bancada y manifestó: “queremos la presencialidad, pero debemos evitar que continúen los contagios y los fallecimientos a causa del COVID-19”, razón por la cual, “vamos a seguir dictando clases desde la virtualidad”.

En esa línea, cuestionó: “si no se hubiese cortado el Programa Conectar Igualdad hoy tendríamos un montón de alumnos y alumnas con aquellas computadoras que quedaron en depósitos y no se entregaron en época de Macri y de Vidal”.

Luego fue el turno del senador Adrián Santarelli, en su intervención, consideró que “en el año 2019, 15 mil chicos quedaron sin vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un fallo de la Justicia porteña de primera instancia que intimó a Rodríguez Larreta a que construya escuelas. Sin embargo, el jefe de gobierno apeló ese fallo. Hoy ese expediente está cajoneado en la misma Cámara que en 48 horas se expidió este fin de semana a favor del gobierno porteño”.

A su turno, para la senadora Agustina Propato, en tanto, quedó expuesto que “hay una profunda distancia entre oficialismo y oposición en las preocupaciones respecto a los bonaerenses”.

En esa línea, destacó al gobernador Axel Kicillof como “uno de los protagonistas que consiguieron las vacunas y sigue luchando para conseguir cada vez más”.

Cabe destacar que, durante esta jornada, el Senado provincial sancionó la nueva modalidad de liquidación del impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas que envió el gobernador para su tratamiento.

También sancionaron dos moratorias impositivas y un proyecto de ley para la regularización de deudas previsionales originadas en los Establecimientos de Educación de Gestión Privada durante el período marzo/2020 con el IPS.

Al momento de justificar la importancia de estos tres proyectos, el senador Marcelo Feliú destacó que se trata de “instrumentos necesarios, que se complementan con el resto de las medidas que se han tomado a partir de una enorme decisión política por parte del Presidente Alberto Fernández y del Gobernador Axel Kicillof, con el propósito de asistir a los sectores más desprotegidos de la economía”.

En el primer paso para poder sancionar el Presupuesto General en la presente jornada los senadores bonaerenses dieron inicio a la sesión donde trataron cinco proyectos y pasaron a cuarto intermedio sin hora para así esperar los expedientes que tratarían los Diputados.

Los senadores sancionaron el proyecto de ley que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y violación a los derechos humanos y que modifica los artículos de la ley 11922, código procesal penal, ley 12256 ejecución penal y la ley 14422.

La iniciativa había sido aprobada en el Senado, en octubre pasado, pero los diputados introdujeron modificaciones por lo que en revisión el Senado terminó sancionando la iniciativa en esta sesión.

Así, la tan demorada reforma de los procedimientos penales para atender fehacientemente los derechos de las víctimas en la provincia encuentra su destino de Ley, si finalmente es promulgada por el Poder Ejecutivo.

La provincia, efectivamente, tiene cierto retraso respecto de las modificaciones operadas en la legislación nacional relacionada con los derechos de las víctimas en los procesos penales.

En ese sentido, desde hace tiempo existen proyectos que intentan legislar para así aggiornar las normativas provinciales, y así lo recordaron los senadores en el debate parlamentario.

También se sancionó un proyecto de ley del Ejecutivo que pretende modificar la orgánica del registro provincial de las personas, incorporando el servicio online para la inscripción de los nacimientos.

Además, los senadores sancionaron un proyecto de Ley que faculta al Poder Ejecutivo a implementar la constitución de un sistema de domicilio electrónico y de audiencias virtuales en los procedimientos administrativos.

Por último, los senadores aprobaron su propio presupuesto financiero para el ejercicio 2021, presupuesto que no excederá el 0,9 % del Presupuesto General de la provincia para toda la legislatura, que ronda los 8 mil millones de pesos para el Senado.