Con la mirada puesta sobre la que será la última sesión ordinaria del año, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Legislación del Trabajo, Presupuesto y Salud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para seguir definiendo el temario que será parte de la misma.

En ese sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Hernán Reyes (VxM), que elevó dictamen sobre el DNU 2-AJG-2024 del Poder Ejecutivo, que dispone la suspensión del inicio de trámites para la emisión de certificados urbanísticos, según el artículo 2.1 del Código Urbanístico, por un plazo de 180 días corridos o hasta la sanción de una modificación legislativa del mismo.
Posteriormente, las Comisiones de Justicia -que preside Inés Parry (UCR-Ev)- y Asuntos Constitucionales, se reunieron en conjunto para elevar dictamen sobre la Modificación de la Ley N.º 6.451 sobre juicio por jurados.

Esta ley, sancionada en 2021, establece el juicio por jurados obligatorio para delitos con penas máximas de 20 años o más, con excepciones como los menores de 18 años. La propuesta de modificación busca garantizar la inclusión de personas con discapacidad, que estaban excluidas por su artículo 11, a través de ciertos ajustes razonables en el texto de la norma y la incorporación de un formulario del Observatorio de la Discapacidad para facilitar apoyos adecuados, asegurando un sistema judicial inclusivo y accesible.

También se dictaminó respecto a la Reorganización de la Justicia de Ejecución Penal, que propone fortalecer el sistema judicial mediante la creación de cuatro juzgados, uno por cada zona judicial de la Ciudad, con el objetivo de garantizar los derechos de las personas condenadas, promover una reinserción social efectiva y avanzar en la transferencia de competencias del Poder Judicial de la Nación al ámbito porteño. Durante el debate, se explicó que el 90% de los detenidos en la Ciudad tiene defensor oficial y se advirtió sobre una fatiga del sistema, que amerita robustecer y darle más herramientas a la justicia mediante la incorporación de un cuarto juzgado.

También la Comisión de Justicia decidió avanzar con declarar de interés jurídico de la Ciudad el libro “Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Decreto 1510/1997 comentado y anotado”, reconocer como Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito de las Ciencias Jurídicas a Jorge Daniel Grispo y María Isolina Dabove; y colocar una placa en la plazoleta ubicada en Azucena Villaflor y Aimé Painé, en memoria del fiscal federal Natalio Alberto Nisman.

Luego se realizó una reunión conjunta de las Comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Legislación del Trabajo, esta última presidida por Matías Barroetaveña (UP), en la que se elevó dictamen sobre el proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público en la Ciudad de Buenos Aires para crear el Fuero del Trabajo. La normativa busca garantizar su organización funcional y presupuestaria para implementar la justicia laboral en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la tarde llegó el turno de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria -a cargo de Paola Michielotto (VxM)- para tratar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del G.C.A.B.A, la Ley Tarifaria y el Código Fiscal.

Durante el desarrollo del debate, se expresaron distintas opiniones sobre el trabajo desarrollado en comisión en el tratamiento del tema abordado, que incorporó una amplia ronda de funcionarios para poder revisar área por área el presupuesto y finalmente se firmó el dictamen de cara a la próxima sesión parlamentaria.

Finalmente, por la tarde, se reunió la Comisión de Salud -presidida por Facundo Del Gaiso (VxM)- en el Salón Montevideo de la Legislatura para tratar más de 30 proyectos presentados por diputados de distintas bancadas.

Entre el temario se avanzó con el proyecto de ley para declarar de interés sanitario al programa “UBA en acción”; expresar preocupación y solidaridad con el reclamo que llevan adelante las y los trabajadores del hospital de pediatría "Profesor Doctor Juan P. Garrahan"; y cursar pedidos de informes referidos a la atención requerida por instituciones educativas de gestión estatal y privada al sistema de atención médica de emergencia (SAME), entre otros.

También participaron vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones civiles y profesionales. Entre ellos, Norma Lezama, presidenta de la Asociación de Médicos Profesionales del Hospital Garrahan; Silvia Quevedo, del colectivo Salud Mental; Silvia Stuchlik, presidenta de la UCR Capital de la Comuna 13; Ignacio Fernández, del Servicio de Urgencia de la Facultad de Odontología de la UBA; María Gimena Agrazar, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Kinesiología; Juan Palomino, de la Federación de Cannabis en Argentina; y, los doctores médicos neurólogos Emilio García y Alejandro Anderson.

En el marco de una de las últimas sesiones del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnes desde las 12.23 para analizar dos importantes iniciativas: la ley de Enfermería profesional del sistema público de salud y la de “Ficha Limpia”.

De esta manera, los diputados buscarán darle una respuesta al reclamo histórico de los enfermeros. Por lo que este proyecto tiene entre sus objetivos establecer el régimen de empleo público para el personal de enfermería de planta permanente del Sistema Público de Salud de la Ciudad; y la promoción y reconocimiento de los profesionales de la enfermería pertenecientes a este sistema.

También se dará tratamiento al proyecto conocido como Ficha Limpia, que busca establecer las condiciones para favorecer el funcionamiento y la transparencia institucional en el ámbito electoral. Así establece que “los/as precandidatos/as que participen en las elecciones primarias pueden hacerlo en una sola agrupación política y para una sola categoría de cargos electivos. Los/las precandidatos/as que hayan participado en las elecciones primarias por una agrupación política, no pueden intervenir como candidatos/as de otra agrupación política en la elección general”.

Por otra parte, también indica que no pueden ser candidatos ni candidatas a cargos electivos en la Ciudad, desde la Jefatura de Gobierno hasta las juntas comunales, quienes hayan recibido condena por delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública ni delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el Código Penal.

En cuanto a las prioridades fijadas para la próxima Sesión Ordinaria, se establecieron cuestiones como el Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración de la Ciudad para 2025, el Código Fiscal, la Ley Tarifaria, la modificación del Código urbanístico y la Ley de Boleto Educativo.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 en el recinto para tratar una serie de proyectos, entre los cuales se encuentra la adhesión al “Régimen De Incentivos Para Grandes Inversiones” (RIGI) de la Ley de Bases promovida por el presidente Javier Milei.

El texto que será sometido a votación por los diputados fue impulsado por la libertaria María del Pilar Ramírez (LLA), y prevé adherir a dicho régimen a fin de “garantizar la prosperidad del país”, “promover el desarrollo económico”, “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos”, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”,  “favorecer la creación de empleo”, entre otros puntos.

En esa misma sesión los diputados tienen previsto expresar su preocupación al cumplirse el 18° aniversario de la desaparición de Jorge Julio López.

En otro orden de cuestiones, también se buscará declarar como personalidad destacada de la Cultura al cantante Valentín Oliva, conocido popularmente como WOS, y al artista musical Andrés Giannoni, conocido como “Emanero”.

En medio de pujas entre los diferentes bloques que conforman la Casa, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pospuso –mediante un cuarto intermedio que se extenderá hasta las 16- la sesión ordinaria convocada para este jueves a las 11, debido a una serie de desacuerdos relacionados a las modificaciones en el Código Urbanístico.

Si bien la medida contaba con el dictamen favorable de la Comisión de Planeamiento Urbano, a cargo del libertario Edgardo Alifranco (LLA), la incorporación de artículos de último minuto complicó los acuerdos a los que había llegado el oficialismo local.

Uno de los puntos que aún continúan analizando los legisladores tiene que ver con la obligatoriedad de reestablecer la construcción de la portería para los edificios de más de 25 unidades. En ese sentido, la diputada de Confianza Pública (CP) y vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña, Graciela Ocaña, le explicó a parlamentario.com que “esta mañana apareció un artículo dentro del Código Urbanístico que restablece la obligación de construir la portería para los edificios de más de 25 unidades. Algo que va a encarecer los costos de las expensas y que genera mayores costos a los vecinos de la ciudad”.

“Desde CP creemos que este artículo es invotable, porque se vuelve a castigar a la clase media para defender intereses sectoriales y privilegios que la sociedad ha dicho que no”, sentenció.

En tanto otro de los artículos que se continúa analizando tiene que ver con el uso del espacio verde público. En ese sentido, Cele Fierro (FIT) remarcó que “los espacios verdes, que no fueron parte de la discusión. O sí, pero para convertirlos en un nuevo negocio. No sólo se negaron a poner en tratamiento mi proyecto que propone una nueva definición para la zonificación Urbanización Parque (UP), una definición que garantiza la preservación de los espacios verdes públicos con un 85% de suelo absorbente verde vegetal vivo y centralmente que sea sin explotaciones comerciales, justamente lo contrario a la línea del gobierno y sus bloques aliados que parecen acordar con la definición que traen hoy y que ya explícitamente y sin querer ocultarlo como días atrás, le quita la palabra pública a la utilidad de las obras que el gobierno puede autorizar en los espacios verdes e incorpora la palabra comercial a los usos que pueden autorizarse en construcciones existentes en dichos espacios”.

“Es evidente que el cuidado del ambiente no es parte de la agenda de este Gobierno ni preocupación de los bloques que votan el proyecto de Jorge Macri y los desarrolladores”, completó.

Tras un mes de debate, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 en el recinto de sesiones para modificar y actualizar el Código Urbanístico del distrito capitalino, cuyo principal objetivo es el de detener la construcción de edificios en barrios residenciales.

Entre los principales puntos del texto, que debe ser actualizado cada cuatro años por ley, se establece la prohibición de que en los barrios residenciales se construyan edificios que no respeten la esencia de cada manzana; por lo que las alturas se ajustarán priorizando las escalas barriales y resguardando la identidad de cada zona. No obstante, sobre las avenidas si se podrán llevar adelante estos grandes desarrollos.

El proyecto también busca promover la sustentabilidad urbana y la calidad ambiental del hábitat construido, por lo que cuando se inicie una nueva obra se deberán realizar de manera más permeable, permitiendo el ingreso de aire y sol.

Además, la reforma promueve la conservación y revalorización del patrimonio urbano mediante la catalogación definitiva de 4209 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy se encuentran en el catálogo preventivo.

También se buscará incentivar el desarrollo de los centros comerciales barriales y establece un impulso a la zona sur, porque estructura un sistema de incentivos para el desarrollo de construcciones en esos barrios.

Más allá de las modificaciones a dicho Código, la Legislatura porteña también buscará ratificar el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad respecto del traspaso de las líneas de colectivo al distrito capitalino.

El mismo busca ratificar el acuerdo entre ambas partes, mediante el cual se le transfiere la competencia exclusiva para regular, controlar y fiscalizar el servicio público de transporte automotor de pasajeros que opera dentro de su jurisdicción. Esto incluye la fijación de tarifas, la planificación de los servicios y la concesión de permisos.

El acuerdo tiene como objetivo cumplir con la Ley Nacional 26.740, que reconoce la autonomía de la Ciudad para gestionar estos servicios. Se establece un periodo de transición para la implementación total de las competencias, así como la colaboración entre las partes mediante convenios específicos.

Por su parte, el Estado Nacional se compromete a continuar con la asistencia a los servicios públicos de transporte a través del pago de las compensaciones denominadas “Atributo Social”, contemplado en la Resolución Nacional 651/15 del entonces Ministerio del Interior y Transporte de la Nación y 521/16 del entonces Ministerio de Transporte de la Nación, así como el pago de las Comisiones SUBE que se generasen por la aplicación del Decreto Nacional 84/09.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 12.10 para tratar un amplio temario, entre los cuáles se encuentra una autorización al Ejecutivo local para tomar una deuda de 85 millones de dólares para mejorar el sistema de salud.

De esta manera, los diputados considerarán una iniciativa del Poder Ejecutivo que solicita autorización para tomar préstamos por hasta 85 millones de dólares, con el objetivo de financiar un plan de la red de digitalización de la salud pública local e instalación de equipamiento de diagnósticos por imágenes.

Entre otros asuntos diversos, se debatirán dos proyectos de leyes para reafirmar la integración social: una ley integral sobre los derechos humanos de los adultos mayores y otro que obliga a todo el personal de la administración pública metropolitana (los tres poderes de la Ciudad) a instruirse en cursos sobre cómo tratar a las personas con capacidades diferentes.

También se votará la ratificación del decreto de necesidad y urgencia número 2/2024 del jefe de Gobierno, Jorge Macri, por el cual se suspendieron ciertos trámites de obras hasta que se sancionen las modificaciones al actual Código Urbanístico de la Ciudad, el cual se está trabajando en comisión dentro de la Casa Parlamentaria.

Además, se tratará otro texto que busca otorgar por 10 años la concesión de uso gratuito del predio que ya utiliza el Club Platense en el barrio de Saavedra, en los terrenos de Manuela Pedraza y Cramer. El otro proyecto propone crear un espacio verde de proximidad, de libre acceso público, en terrenos situados entre la colectora de Av. Gral. Paz y calle Grecia, en el barrio Núñez.

Con una marcha convocada por las universidades nacionales en las afueras del Congreso, el Senado sancionó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del Pro Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.

Desde el bloque Cambio Federal anunciaron disidencia en algunos puntos del texto y propusieron la votación en particular de los 9 artículos del proyecto en revisión. Sin embargo, todos fueron ratificados con dos tercios de los votos.

El proyecto fue motorizado por la oposición unida, habiendo recibido media sanción hace un mes atrás en la Cámara baja. Tal como pasó con el tema de jubilaciones, el Gobierno anticipó que vetará cualquier medida que considere atenta contra el equilibrio fiscal o no tiene determinado de dónde saldrán los recursos para su implementación. Es por eso que se la flamante ley podría correr en manos del presidente Javier Milei la misma suerte que la Movilidad Previsional. Viene el oficialismo de una victoria en este sentido, al haber logrado sostener el veto en Diputados.

De acuerdo a la norma, "el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales".

Asimismo, se encomienda al Gobierno a "recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo".

También indica que "desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación" informada por el INDEC.

Otro de los artículos busca garantizar "la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles".

Oposición unida

Como miembro informante del proyecto, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro presentó el dictamen para el incremento del financiamiento universitario y responsabilizó al presidente Javier Milei por la situación actual del sector. “Nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario y pensábamos que era un acuerdo de la democracia”, inició.

El legislador de Unión por la Patria agregó que “hoy tenemos más de dos millones de estudiantes universitarios y estamos ante un gobierno que ataca los principios fundamentales de la educación”. Asimismo, amplió: “Nuestro sistema tiene 57 universidades nacionales y estamos hablando del salario de 120.000 docentes y no docentes”.

Respecto a los números actuales del presupuesto de las casas de altos estudios, afirmó que “están funcionando con la mitad”, y sumó: “El presupuesto actual es 0,34% del PBI cuando siempre fue el 0,7. El 80% de los docentes están por debajo de la pobreza y estamos en una pérdida del poder adquisitivo del 33%”. En esa línea, cuestionó la no prorrogación del Fonid.

Por otro lado, criticó que “se frenaron todas las obras del sistema universitario”, y se refirió a las Becas Progresar: “Los estudiantes cobran 20.000 pesos para viajar, comprar libros y comer”. “El Gobierno tiene que escuchar esta realidad y tomar nota por la marcha de estudiantes universitarios de nuestro país”, cargó.

Por último, De Pedro sostuvo que este proyecto “en 8 artículos viene a subsanar este desastre hecho por Milei que son los recursos mínimos para garantizar los recursos básicos”. “Estamos votando una ampliación que según la Oficina de Presupuesto del Congreso significa el 0,14% del PBI”. “Queda claro que el modelo del presente y el futuro está ligado con la educación”, concluyó.

El senador radical Martín Lousteau intervino por más de 15 minutos, en donde detalló el contexto económico y social en el que se debate este proyecto. Lanzó críticas contra la gestión anterior, pero enfatizó sus cuestionamientos a la actual: “El Gobierno recibió un desastre y está claro que se debía ordenar todo eso, pero lo hace sobre un enorme esfuerzo de la población”.

Mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto actual y explicó que “a los salarios docentes les pasó esto, pero peor porque el Gobierno agarró un billete de 100 y se lo dejó en 70, ya que no se le reconoció (al personal docente y no docente) la inflación del 25 y el 20% de diciembre y enero”.

Lousteau mencionó al ajuste, los índices de inflación y la recesión como factores negativos del contexto de las universidades.

Con relación al sistema universitario, sintetizó que aportan “valores y crecimientos para nuestro país”, y cuestionó que la educación, las jubilaciones y la obra pública no hayan estado en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “¿No hay libertad para los jóvenes para construir un futuro? La inversión en universidades es del 0,14% del PBI -equivalente a 740.000 millones de pesos- y con el Blanqueo se pronostican 40.000 millones de dolares”.

El senador santacruceño José Carambia destacó que "todo financiamiento educativo no es un gasto, sino que es una inversión a mediano y largo plazo que genera talento y futuro”, y le envio un mensaje al Gobierno nacional: “Eso lo tiene que entender nuestro señor presidente para ver si veta o no veta porque la economía no son solo números, hay sueños y esperanzas detrás”.

También, se refirió a lo ocurrido en la jornada del miércoles pasado respecto al proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria: “Seguramente esto va a ser vetado y cuando vuelva, no cambiemos los votos como hicieron ocho diputados en la Cámara baja”.

El santacruceño pidió diferenciarse de la Cámara de Diputados y exigió mantener el sentido del voto cuando el proyecto sea vetado.

El senador salteño Juan Carlos Romero adelantó su voto positivo al proyecto “porque creo en la educación pública”, aunque admitió que “hay muchas cosas que corregir”.
“La educación es una inversión; pero la inversión necesita resultados”, observó, señalando que cuando llegue al Congreso el Presupuesto será el momento de analizar “cómo repartimos con equidad” y en ese marco “la educación es una prioridad”.

“Debemos preocuparnos de la calidad educativa”, enfatizó, para agregar que habrá que ver en materia de resultados la cantidad de egresados. Asimismo consideró que “fue un error crear más universidades”, lo cual representó una “duplicación de oferta, en algunos casos unas cerca de otras”.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, aclaró que no se estaba hablando en ese debate solo de números, sino de “pensar el futuro como sociedad, el futuro que queremos como país, un futuro con oportunidades para todos. Y este es un instrumento fundamental”.

“Si hay algo que nos iguala es la educación”, enfatizó, valorando el papel de su partido en el tema universitario. Habló de la reforma universitaria de 1918 y resaltó la importancia de contarles a los jóvenes “la historia como es”.

Advirtió que no todo es “el libre mercado”, sino que “la educación es lo que nos va a dar la posibilidad de una sociedad ascendente”. Sostuvo que la situación universitaria “está en una situación crítica”, habló de problemas de infraestructura, pero también la necesidad de inversiones para laboratorios, aulas y bibliotecas. También alertó sobre las dificultades de los docentes, la falta de recursos para becas para sectores humildes, pero también hizo observaciones sobre la calidad educativa. En ese sentido cuestionó la creación de nuevas universidades en tiempos del kirchnerismo, reclamando “un gran debate sobre cómo vamos a seguir creando las instituciones universitarias”.

En el cierre de Unión por la Patria, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti aseveró: “Espero que todas las palabras que escuchamos de la movilidad social ascendente no sean palabras que se lleve el viento y no solo en el veto, sino en el recorte que habrá en el presupuesto”. “Que no se las lleve el viento por una rotonda o por un puente”, ironizó.

En alusión a lo ocurrido en la Cámara baja con la fórmula previsional y dando por hecho que esta sanción será vetada por el presidente Javier Milei, la mendocina cuestionó que “las palabras de algunos legisladores cambian de una semana a la otra”, pero auguró: “Veremos en unas semanas si la palabra de los legisladores tiene que ver con los hechos o no”.

Para culminar su intervención, la senadora reiteró que “la igualdad de oportunidades es salir de la misma largada que los demás y eso es con una universidad que te dé la posibilidad de progresar”. “La verdadera libertad es cuando uno tiene la misma bandera de salida que el resto de la Nación”, concluyó.

Cerró la lista de oradores el jefe del bloque LLA, Ezequiel Atauche, que aseguró que para el oficialismo “la educación pública es sumamente importante”, pero aclaró que al llegar al Gobierno “a los docentes se les debían tres meses: octubre, noviembre y diciembre”. El Gobierno se puso al día, recordó, asegurando que actualizaron el presupuesto de las universidades en el 70%, algo que no se hacía desde 2022.

Con ello consideró que queda demostrado que al Gobierno le interesa realmente la educación, “y no somos un relato”. Habló luego del “desmanejo” del año anterior, electoral, y de “silencios cómplices”.

Atauche aseguró que la última paritaria había cerrado con cero por ciento de aumento, a pesar del 200% de inflación. “En agosto, Massa recortó el presupuesto universitario en 70 mil millones de pesos; y tuvo la complicidad de cerrar su campaña en un colegio universitario. Nadie lo abucheó, no hubo ninguna marcha… Qué capacidad de conseguir cómplices en un año electoral”, ironizó.

El senador jujeño pidió “decirles la verdad a los argentinos en un montón de cosas”. “Y todo este silencio hoy se convirtió en muchos reclamos de los mismos que siempre estuvieron callados y hoy salen a reclamar lo que no reclamaban antes”, remarcó. Según Atauche, los presupuestos universitarios “alcanzarían bien si se gastaran bien, y si no financiaran campañas políticas”.

A dos horas de iniciada la sesión ordinaria en el recinto de la Cámara alta, el senador nacional Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana-UP) presentó una moción de preferencia sobre un proyecto de repudio contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber “puesto en duda el pacto democrático argentino”, cuando encabezó el homenaje a las víctimas del terrorismo en el Palacio Legislativo.

El principal cuestionamiento del legislador, cercano a Cristina Kirchner, fue por la “gravedad” de las expresiones de la titular del Senado cuando había anunciado que "va a reabrir todas las causas que llevan más de 20 años cerradas" el pasado 27 de agosto. “Al decir eso, representa un desprecio por la división de poderes como si el cargo de vicepresidenta le permitiera abrir causas judiciales”, cargó.

El neuquino pidió que la moción sea votada para que se trate el proyecto de declaración de repudio contra la presidenta del Senado, el cual no tiene dictamen de comisión. Pero la moción resultó rechazada en la segunda votación. Antes había resultado en empate.

Oscar Parrilli encabezó el pedido contra la vicepresidente.

En tal sentido, amplió que “después la vuelta de la democracia, todos los partidos políticos, han hecho un pacto democrático para no volver nunca más al uso de la violencia como instrumento de la acción política y a no utilizar la proscripción y el fraude electoral para llevar adelante acciones políticas o de determinado pensamiento”.

Asimismo, cargó que Victoria Villarruel “vulneró derechos y normas internacionales sobre delitos considerados imprescriptibles”, y agregó que “los tres poderes han planteado que aquellos hechos deben ser juzgados por la justicia penal y en muchos casos han recibido condenas, pero algunos fueron beneficiados por indulto”.

Para terminar, Oscar Parrilli reiteró que “nadie se animó a decir que va a reabrir causas personales utilizando su poder como vicepresidenta de la Nación”. “Esto merece que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde”, concluyó.

Se inició a las 14.16 de este jueves la sesión ordinaria en el Senado en la que el oficialismo buscará conseguir la aprobación del proyecto de boleta única de papel, que en ese caso volverá con cambios a la Cámara de Diputados; y, por otra parte, la sanción de la ley de financiamiento universitario, que el presidente Javier Milei anticipó correrá la misma suerte que la Movilidad Previsional: el veto.

La reunión de este jueves había sido convocada la semana pasada, luego que el oficialismo y los bloques dialoguistas acordaran postergar todo una semana más. Esto provocó el rechazo de Unión por la Patria, que el jueves pasado se hizo presente igualmente en el recinto y luego los senadores dieron una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.

Ya en el arranque de esta semana estuvo nuevamente en duda la realización de la sesión, pero este miércoles, tras una reunión en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de la oposición aliada, se llevó a cabo una nueva reunión de Labor Parlamentaria y se excluyó uno de los puntos del temario.

Sin embargo, en el inicio de la sesión, el interbloque Unión por la Patria, a través de su jefe de bancada José Mayans, solicitó una moción para incorporar al temario el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la SIDE. Posteriormente, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, propuso que se incorpore el decreto, pero como tercer tema de la jornada. La oposición más férrea acompañó la moción del radicalismo y así se introdujo el DNU.

El 21 de agosto pasado el decreto en cuestión tuvo el rechazo de la Cámara baja y correría la misma suerte en el Senado, donde para ellos requiere de mayoría simple. Si ocurre, sería la primera vez que el Congreso rechace en ambas cámaras un decreto de necesidad y urgencia.

Después de la cumbre en Casa de Gobierno, con Milei abocándose de nuevo a las negociaciones parlamentarias, se envió formalmente al Senado una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que el Poder Ejecutivo pide una "sesión secreta", con el fin de que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen el uso de los fondos asignados al organismo de inteligencia en concepto de gastos reservados. Pero Mayans explicó este jueves que para su realización necesitan de dos tercios, y ellos no se prestarían.

Los otros dos temas que atravesarán la jornada serán el debate del proyecto de boleta única de papel, que está previsto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una cuestión electoral deberá reunir 37 votos afirmativos, una mayoría absoluta. El segundo será el proyecto sobre financiamiento universitario, que se encamina a ser ley. Se trata de otra iniciativa que Milei ya anticipó vetará, por considerar que va en contra del equilibrio fiscal.

En el caso de la BUP, el proyecto se había dictaminado en enero, pero quedó sin chances de tratarse en sesiones extraordinarias por no reunir los votos suficientes. Luego de un nuevo plenario de comisiones realizado días atrás, funcionarios del Poder Ejecutivo acercaron a los bloques dialoguistas un nuevo borrador. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no. La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. Pero en el Gobierno hay apuro para que los cambios se puedan implementar de cara las elecciones del año próximo.

En cuanto al financiamiento universitario -ley por la cual hay este jueves una marcha a favor en las afueras del Congreso- se trata de una iniciativa que fue aprobada por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos.

Por primera vez tras el receso invernal, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar adelante una nueva sesión ordinaria en la que se evaluaran iniciativas relacionadas al financiamiento para realizar obras, los fondos de la Coparticipación y las denuncias contra Alberto Fernández.

Uno de los temas más importantes es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que tuvo su tratamiento en la comisión parlamentaria de Presupuesto, que propone autorizar a la Ciudad a tomar préstamos para realizar obras viales a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

El texto del proyecto describe que las “operaciones de crédito público” serán por el monto, las especificaciones y el destino del financiamiento indicados en la norma proyectada y por la que se establecen tres años como plazo mínimo de amortización”. La cifra de los empréstitos suma 75 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.

Además, establece que se realizarían “con la Corporación Andina de Fomento u otros organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional, y/o con el Estado Nacional”.

El temario incluye otros varios proyectos de declaración, como el que propone el Frente Liberal Republicano, al que adherirían otros bloques, manifestando “preocupación por la demora en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad”.

También -y por iniciativa de Confianza Pública- se votará un texto que expresa la “preocupación ante las denuncias realizadas por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández”.

En el marco de la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 11.45 para tratar una iniciativa en la que buscarán exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación del distrito capitalino.

Además, se buscará avanzar con una serie de iniciativas que buscan obtener información sobre la situación de personas que se encuentran sin hogar, dado a la ola polar que azota a toda la provincia y que ya provocó la muerte de cinco personas que se encontraban durmiendo en la calle.

También se evaluarán proyectos de declaración que buscan distinguir a personalidades del ámbito de la cultura, educación, deporte, entre otras cuestiones; y otros textos que prevén cambiar nombres en algunos jardines de infantes de la Ciudad.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó -durante la sesión ordinaria de este jueves- un pedido del jefe de Gobierno local, Jorge Macri, para aumentar el Presupuesto 2024 en un total de 4,5 billones de pesos.

La medida recibió 38 votos positivos de los bloques La Libertad Avanza (LLA), Vamos por Más (VxM), Partido Socialista (PS), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Confianza Pública (CP), Frente Liberal Republicano (FLR) y Republicanos Unidos (RU); y 20 votos negativos del Frente de izquierda de los trabajadores (FIT) y Unión por la Patria (UP).

Según se desprende del documento, los principales gastos serían para educación, salud, seguridad, entre otros puntos. De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto 207.517.674.245 de pesos destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por 165.187.944.786 de pesos; de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por 9.146.726.991 de pesos; de uniformes para la Policía de la Ciudad por 5.553.168.449 de pesos y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por 5.664.382.066 de pesos.

Entre otras cuestiones, se contempla el acrecentamiento de las transferencias por 592.009.767.800 de pesos. “Estas mayores erogaciones corresponden, esencialmente, a la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo por 103.376.911.093 de pesos y al transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 21.714.629.763 de pesos”, agrega el texto.

“En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se contempla 92.011.152.505 de pesos para la provisión de alimentos para programas sociales, 26.241.374.058 de pesos para el subsidio Ciudadanía Porteña, 6.803.410.588 de pesos para la asistencia habitacional y, por último, para otros subsidios sociales y a las instituciones de niñez y adolescencia se incorporan 23.582.543.797 de pesos”, señaló y detalló que además “se incluye 113.823.626.354 de pesos para el subsidio a la educación de gestión privada; asimismo, se incorporan los subsidios a los recuperadores urbanos por 17.387.741.327 de pesos, el destinado al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan por 12.426.343.773 de pesos y la transferencia correspondiente al Plan Sarmiento por 11.033.448.942 de pesos”.

El debate en el recinto

A la hora de las exposiciones, la legisladora del FIT Cele Fierro aseguró que “todo es un escándalo, le meten la mano en el bolsillo a los que menos tienen para seguir pagando y bancando la fiesta de los amigos planeros del Gobierno. Los grupos de ricachones a los que banca este Gobierno. Persiguen la lógica de ajustar absolutamente todo. Nosotros ya habíamos advertido que este era un presupuesto de ajuste, esta actualización se queda corta para la situación que se está viviendo y está llena de trampas y mentiras” e insistió en que “lo más brutal es que esconden atrás del discurso que esto es para llegar a pagar los salarios, los cuales son acordados en la baja de la mano de SUTECBA”.

Por su lado, el diputado de Republicanos Unidos (RU), Yamil Santoro, consideró que “la ampliación presupuestaria nos da las chances de reevaluar las prioridades del Gobierno, pero es cierto que la inflación hace que se sienta como rediscutir el Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Lo primero que quiero remarcar es la acción del Gobierno Nacional de buscar frenar la inflación, que viene de arrastre del peor gobierno de la historia, pero no es algo que se haga de un día para el otro.  Más allá de esto, tenemos que ver que hacemos desde la CABA para acompañar lo que está pasando a nivel nacional”.

En tanto el vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto y legislador de la UCR-Evolución (UCR-Ev), Lucio Lapeña, explicó que acompañaron “la ampliación presupuestaria como consecuencia de los aportes e intercambios que hicimos en comisiones. Y porque tenemos el compromiso de sostener los acuerdos salariales de los empleados de la ciudad. Porque sostenemos el compromiso con la prestación de servicios de equipamientos en todas las escuelas y hospitales de la ciudad. Y también porque sostenemos el compromiso de mantener equilibradas las cuentas públicas”.

Mientras que Marina Kienast del Frente Liberal Republicano (FLR) concluyó aseverando que “es necesario adecuar el presupuesto por la suba de la inflación, pero para no caer en la irresponsabilidad y manejo sin discreción de fondos públicos de gestiones anteriores, debemos ser rigurosos en lo que se gasta y en que estableciendo prioridades para aquellos sectores que están haciendo un esfuerzo para atravesar este proceso de ordenamiento económico que necesita el país: salud, educación y seguridad”.

En el marco de la sesión ordinaria que se llevó a cabo este jueves, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 38 votos positivos y 20 negativos una serie de modificaciones a la Ley Tarifaria, a fin de elevar los topes máximos para el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), Impuesto Inmobiliario y Patentes.

El texto contó con el acompañamiento de los bloques La Libertad Avanza (LLA), Vamos por Más (VxM), Partido Socialista (PS), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Confianza Pública (CP), Frente Liberal Republicano (FLR) y Republicanos Unidos (RU); mientras que el Frente de izquierda de los trabajadores (FIT) y Unión por la Patria (UP) lo rechazaron.

La medida llegó al recinto tras un largo debate en la Comisión de Presupuesto, a cargo de Paola Michielotto (VxM), en relación al ABL se propicia la sustitución de los topes máximos establecidos en el artículo 47 de la Ley Tarifaria para el año 2024, los cuales establecían que los mismos no podían ser, en ningún caso, “mayor que el importe que surgiría de aplicar a la Cuota 12/2023 determinada o que hubiera correspondido determinar el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumulado desde agosto de 2023 hasta la cantidad de meses igual al número de cuota a liquidar del tributo”.

De esta manera, con los cambios aprobados este jueves, no se favorece un aumento de impuestos, sino que se elimina el tope debido al avance de la inflación, aunque los montos seguirán actualizándose conforme al IPCBA.

En cuanto a las patentes, la iniciativa recientemente aprobada también establece cambios en los topes, con el objeto de que el impuesto no quede desactualizado. De esta manera, se modifica el beneficio aprobado para este impuesto, pasando del actual tope del 146,4% a una actualización del 264,5% .

Actualmente, la Ciudad cuenta con un padrón de 1.400.000 dominios, que se verán alcanzados de la siguiente manera por esta medida durante las últimas tres cuotas bimestrales del corriente año: 100.000 vehículos quedarán excluidos por haber realizado el pago anual; 650.000 no van a tener modificaciones en el impuesto a abonar; y 650.000 vehículos van a tener una actualización promedio del 30%.

Asimismo, se propicia la actualización de los valores de algunos conceptos puntuales vinculados a la entrada de los turistas internacionales a parques, complejos y polideportivos de la Ciudad.

Beneficios para los jubilados

En esta misma sesión, los legisladores porteños aprobaron por unanimidad la eximición del pago del impuesto inmobiliario y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL) a los centros de jubilados y pensionados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con esta aprobación, el beneficio se extenderá a los 600 centros de jubilados que funcionan en el distrito capitalino, a fin de “ayudarlos a brindarle más y mejores actividades a los adultos mayores de nuestra ciudad”.

El debate en el recinto

La primera en tomar la palabra fue la diputada Michielotto, quien explicó como fue el trabajo en comisión y agradeció la participación de los bloques. Además, dio detalles acerca de como sería la implementación de los nuevos topes.

Por su parte, la legisladora de Unión por la Patria (UP) y vicepresidenta primera de la Comisión de Presupuesto, Claudia Neira, afirmó que lo que se hace “sacar los topes que se establecieron, porque el impuesto hoy, el ABL, se actualiza por el Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene topes: 50, 75 y 100%, según la categoría de los inmuebles. Esos topes se retiran, se plantea que hoy quedaron desfazados porque el tope más alto es 100% y la inflación claramente, es más, aunque calculan en la ampliación una inflación de 150%, que para nosotros es baja para este año, pero plantean sacar este tope”.

“La verdad es que nosotros decimos que el ABL hay que replantearlo íntegramente, porque es verdad que quedó absolutamente desactualizado en los montos de las valuaciones, las categorías ya no existen. Todos los inmuebles de la Ciudad, prácticamente el 90% están en la misma categoría en este momento, porque quedó absolutamente desactualizado hasta en términos de las categorías. Entonces tenés un departamento de dos ambientes en Lugano, está en la misma categoría que cinco ambientes en Palermo, irrisorio, todo”, completó la peronista.

Tras dos meses sin sesiones ordinarias, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvieron a reunirse en el recinto y aprobaron un pedido de informes a través del cuál le exigirán al Gobierno porteño que de información acerca de lo ocurrido el pasado 29 de abril con una formación de la Línea B, la cual permaneció detenida por más de dos horas entre dos estaciones con los usuarios adentros.

De esta manera, los legisladores pedirán que se informe cuál fue el problema técnico de la formación que derivó en la interrupción del servicio y los motivos por los cuales los pasajeros de dicha formación debieron permanecer más de dos horas encerrados sin ningún tipo de ventilación.

Asimismo, exigieron detalles acerca del número de usuarios que se descompensaron durante la espera y si debieron recibir atención médica; si algún trabajador se vio afectado durante la falla o la evacuación; si existe un Plan de Evacuación para estos casos y si hay vías para hacerlo.

Además, también prevén saber si la empresa ha recibido multas por incumplimiento en el brindado de servicio, mal funcionamiento del mismo o fallas en estaciones y trenes; y conocer para cuando prevé realizar la licitación para incorporar trenes nuevos.

Cómo lo anticipó parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 11.49 en el recinto para llevar adelante una nueva sesión ordinaria -la primera en casi dos meses-, donde analizarán un pedido del jefe de Gobierno local, Jorge Macri, para introducir modificaciones al Presupuesto 2024 por 4,5 billones de pesos.

El pedido de ampliación destaca que los principales gastos serían para educación, salud, seguridad, entre otros puntos. De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.

Por otro lado, a lo largo de la sesión, se buscará darle aprobación a otro texto que exime del pago del impuesto inmobiliario y de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza a los centros de jubilados y pensionados. Además, se realizarán numerosas modificaciones a la Ley Tarifaria.

La Legislatura porteña también nombrarán a los nuevos miembros del estamento judicial para integrar el Consejo de la Magistratura y a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento en representación del Ministerio Público y de Jueces y Juezas.

Asimismo, se pondrá a consideración una serie de declaraciones: por una parte, el pesar por el fallecimiento de César Menotti y Juan María Traverso; una distinción para el podcast “Cero Miligramos”, donde el influencer Santiago Talledo busca concientizar sobre diferentes aspectos relacionados a la salud mental; y un repudio al ataque lesbo odiante ocurrido en Barracas, que ya se cobró la vida de tres mujeres.

A casi dos meses de la última sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverá a reunirse en el recinto este jueves a partir de las 11 para debatir, como lo anticipó días atrás parlamentario.com, la ampliación presupuestaria de 4,5 billones de pesos solicitada por el alcalde local, Jorge Macri.

La iniciativa ya fue revisada días atrás por la Comisión de Presupuesto, a cargo de la diputada de Vamos por Más (VxM) Paola Michielotto, y recibió al ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, quien explicó los alcances de la propuesta.

Cabe recordar que el pedido de ampliación destaca que los principales gastos serían para educación, salud, seguridad, entre otros puntos. De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto 207.517.674.245 de pesos destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por 165.187.944.786 de pesos; de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por 9.146.726.991 de pesos; de uniformes para la Policía de la Ciudad por 5.553.168.449 de pesos y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por 5.664.382.066 de pesos.

Entre otras cuestiones, se contempla el acrecentamiento de las transferencias por 592.009.767.800 de pesos. “Estas mayores erogaciones corresponden, esencialmente, a la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo por 103.376.911.093 de pesos y al transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 21.714.629.763 de pesos”, agrega el texto.

“En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se contempla 92.011.152.505 de pesos para la provisión de alimentos para programas sociales, 26.241.374.058 de pesos para el subsidio Ciudadanía Porteña, 6.803.410.588 de pesos para la asistencia habitacional y, por último, para otros subsidios sociales y a las instituciones de niñez y adolescencia se incorporan 23.582.543.797 de pesos”, señaló y detalló que además “se incluye 113.823.626.354 de pesos para el subsidio a la educación de gestión privada; asimismo, se incorporan los subsidios a los recuperadores urbanos por 17.387.741.327 de pesos, el destinado al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan por 12.426.343.773 de pesos y la transferencia correspondiente al Plan Sarmiento por 11.033.448.942 de pesos”.

Tal y cómo lo anunció semanas atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene avanzando a paso firme con el pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de ampliar el presupuesto del distrito capitalino en 4,5 billones de pesos. Tan es así que según le confirmaron fuentes parlamentarias a este medio, el texto llegaría este jueves al recinto.

La iniciativa ya fue revisada días atrás por la Comisión de Presupuesto, a cargo de la diputada de Vamos por Más (VxM) Paola Michielotto, y recibió al ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, quien explicó los alcances de la propuesta.

Cabe recordar que el pedido de ampliación destaca que los principales gastos serían para educación, salud, seguridad, entre otros puntos. De esta manera, se propone ampliar en 1.867.147.316.344 de pesos los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en el impacto de la inflación anual estimada sobre los acuerdos paritarios”, aclaró en el documento.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto 207.517.674.245 de pesos destinados, principalmente, a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el sistema de Salud por 165.187.944.786 de pesos; de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación por 9.146.726.991 de pesos; de uniformes para la Policía de la Ciudad por 5.553.168.449 de pesos y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Seguridad por 5.664.382.066 de pesos.

Entre otras cuestiones, se contempla el acrecentamiento de las transferencias por 592.009.767.800 de pesos. “Estas mayores erogaciones corresponden, esencialmente, a la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo por 103.376.911.093 de pesos y al transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 21.714.629.763 de pesos”, agrega el texto.

“En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se contempla 92.011.152.505 de pesos para la provisión de alimentos para programas sociales, 26.241.374.058 de pesos para el subsidio Ciudadanía Porteña, 6.803.410.588 de pesos para la asistencia habitacional y, por último, para otros subsidios sociales y a las instituciones de niñez y adolescencia se incorporan 23.582.543.797 de pesos”, señaló y detalló que además “se incluye 113.823.626.354 de pesos para el subsidio a la educación de gestión privada; asimismo, se incorporan los subsidios a los recuperadores urbanos por 17.387.741.327 de pesos, el destinado al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan por 12.426.343.773 de pesos y la transferencia correspondiente al Plan Sarmiento por 11.033.448.942 de pesos”.

Tras un mes de la última reunión, el Senado realiza este jueves una nueva sesión desde las 11.22. La misma tiene carácter ordinario -no se lleva a cabo una de esas características desde hace un año-, con lo cual además del temario, los senadores podrán proponer iniciativas para su tratamiento sobre tablas.

Una de las principales cuestiones será la votación de los seis pliegos de embajadores propuestos por el Gobierno nacional. Todos ellos serían avalados, incluso el del rabino personal del presidente Javier Milei, que tuvo el trámite más espinoso.

Se trata de Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India), Ian Selecki (Francia), Sonia Cavallo (OEA) y Axel Wahnish (Israel).

Por otra parte, se someterán a votación una veintena de acuerdos internacionales relacionados con el Mercosur, servicios aéreos, asistencia jurídica y tratados de extradición, entre otros.

En caso de aprobarse, el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur será ley, pues ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

Otra iniciativa con media sanción, incluida en el temario, es la que establece el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Durante la primera sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designó al nuevo Procurador General y nombró a las autoridades del Banco Ciudad, entre otros cargos.

De esta manera, los legisladores porteños ratificaron para el cargo de Procurador General al radical Martín Ocampo, luego de haber llevado a cabo una audiencia pública en la que se evaluó su idoneidad para el puesto y después de que no se recibiera ninguna impugnación a su candidatura.

Por otro lado, la Casa avanzó con los nombramientos en el Banco Ciudad. Tan es así que, tras la audiencia pública en la que no se recibió ninguna impugnación para los candidatos, la mayoría del directorio actual renovó su cargo. El presidente seguirá siendo Guillermo Laje, quien fue propuesto por Martín Lousteau; mientras que, a propuesta del propio Jorge Macri, Guillermo Romero se incorpora como vicepresidente de la entidad.

Luego, de los cuatro vocales a designar, tres renovarían el mandato: Pablo María Videla, quien ingresó en 2022 en reemplazo de Nicolás María Massot quien se fue del cargo que había asumido en 2020; Delfina Rossi, hija de Agustín Rossi; y Gastón Rossi, también referenciado con Lousteau. Asimismo, se incorporaría Ezequiel Sabor, exsecretario de Trabajo en la gestión del expresidente Mauricio Macri. En tanto renovó el cargo la síndica, Paula Villalba.

En otro orden de cuestiones, la Legislatura designó a las diputadas Marina Kienast (FLR), María Bielli (UP) y Manuela Thourte (UCR-Ev) como sus representantes en el Consejo Consultivo de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad.

Por otra parte, a pedido de los legisladores de Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y Vamos por Más (VxM), se prorrogó el mandato de los Defensores del Pueblo adjuntos: Bárbara Bonelli, Silke Mayra Arndt, Paula Andrea Streger, Carlos Antonio Palmiott y Arturo Gonzalo Pozzali.

A días de que se conmemore un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su “preocupación y expresa su más enérgico repudio ante el hecho de violencia política denunciado por la agrupación Hijos e Hijas contra el Silencio y el Olvido (H.I.J.O.S.)”.

Según informaron este jueves desde esa organización, “el atentado político contra nuestra compañera militante de H.I.J.O.S, cuya identidad preservamos, que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. Ella fue atacada, golpeada, abusada sexualmente, nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores”.

“Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: ‘No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto’. Este atentado contra su vida es un ataque político, motivado por su militancias en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación H.I.J.O.S”, sostiene el texto difundido en las redes sociales.

Ante esta situación, los legisladores de Unión por la Patria (UP) remitieron a la Legislatura un proyecto de declaración que fue acompañado por casi todos los bloques, con excepción del de La Libertad Avanza (LLA).

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados explicaron que “en los últimos años pudimos observar cómo los discursos y las prácticas de odio se han incrementado significativamente y cómo estos se han transformado en un mecanismo de intimidación política” y consideraron que “es importante destacar que este crecimiento de la violencia fue abonado durante años por los medios de comunicación, un sector de la política y parte de la sociedad”.

“Si bien ese tipo de discursos están dirigidos en su mayoría a distintos actores políticos, en el último tiempo podemos advertir que esa violencia es ejercida desde el Estado, y que esta se extiende a ciudadanos y ciudadanas que hoy requieren de su asistencia, como así también a los distintos cultos religiosos, personas migrantes y disidencias sexuales”, añadieron.

Por lo que concluyó señalando que “la última dictadura cívico militar, significó el proceso de violencia estatal más grande de nuestra historia, tuvo su principal anclaje en la implementación de un proyecto económico fuertemente regresivo para los trabajadores y los sectores populares, pero antes fue habilitado desde la narrativa estatal en un contexto de violencia política similar al actual”.

Tal y cómo lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 11.58 para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del año, en la que los diputados analizarán las designaciones de autoridades del Banco Ciudad y Procurador General.

Respecto de los nombramientos en el Banco Ciudad, se designará a Guillermo Laje como presidente; Guillermo Romero como vicepresidente; a Pablo Videla, Delfina Rossi, Gastón Rossi y Ezequiel Sabor como vocales; y a Paula Villalba como síndica. En tanto para el cargo de Procurador General se buscará nombrar a Martín Ocampo.

Otro de los temas se refiere a la ratificación de un decreto de necesidad y urgencia del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que disponía una prórroga para las presentaciones de los damnificados por la fuerte tormenta del 17 de diciembre último, a fin de poder acceder a subsidios.

También se declarará al año en curso el del 30 aniversario de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual implica evocaciones y actos institucionales diversos.

Con presentaciones conjuntas de varios bloques, asimismo se considerarán pedidos de informes sobre las acciones preventivas contra el dengue, conmemoraciones por el Día de la Mujer y el próximo Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y un beneplácito de la Legislatura por la canonización de Mama Antula.

Por primera vez desde que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dejó inaugurado el año parlamentario, la Legislatura porteña realizará su primera sesión ordinaria del año este jueves a las 11 para tratar una serie de designaciones en distintos organismos del distrito capitalino.

Según pudo saber parlamentario.com, la Casa buscará avanzar con un texto que ya fue tratado por la Junta De Ética, Acuerdos Y Organismos De Control de la Legislatura porteña, que conduce la legisladora de Vamos por Más (VxM) María Luisa González Estevarena, y que busca nombrar a las nuevas autoridades del Banco Ciudad.

Lo cierto es que, tras la audiencia pública en la que no se recibió ninguna impugnación para los candidatos, la mayoría del directorio actual renovaría su cargo. El presidente seguiría siendo Guillermo Laje, quien fue propuesto por Martín Lousteau; mientras que, a propuesta del propio Macri, Guillermo Romero se incorporaría como vicepresidente de la entidad.

Luego de los cuatro directores a designar, tres renovarían el mandato: Pablo María Videla, quien ingresó en 2022 en reemplazo de Nicolás María Massot quien se fue del cargo que había asumido en 2020; Delfina Rossi, hija de Agustín Rossi; y Gastón Rossi, también referenciado con Lousteau. Asimismo, se incorporaría Ezequiel Sabor, exsecretario de Trabajo en la gestión del expresidente Mauricio Macri.

En tanto renovaría el cargo la síndica, Paula Villalba.

Por otro lado, la Casa buscará avanzar con la designación de la ex legisladora porteña Victoria Roldán Méndez como titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Cabe recordar que el organismo se creó por la ley de la Ciudad 104 y tiene la misión de asegurar el cumplimiento de los preceptos de libre acceso a la información pública y transparencia de los datos. Su función principal es resolver los reclamos por falta de respuestas a solicitudes de información o por contestaciones incorrectas.

Tal y cómo lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad buscará avanzar con un proyecto que prevé multar a las personas que manipulen la basura de los contenedores, desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) convocaron a una movilización a esa Casa.

La protesta se dará este jueves a partir de las 10 en las inmediaciones del Parlamento, para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno electo y su vicejefa, Jorge Macri y Clara Muzzio, que busca introducir modificaciones al Código de Faltas. El texto prevé actualizar sanciones y faltas referidas al área en el que incluyó un nuevo ítem: es una sanción para quien “manipule y/o extraiga materiales de los puntos de disposición de residuos sólidos urbanos instalados en la vía pública” que deberá pagar una multa de 100 a 700 unidades fijas y la obligación de realizar trabajos comunitarios y cursos. De esta manera, las multas oscilarían entre los 14.666 y los 102.662 pesos, dado a que cada unidad fija tiene un valor de 146,66 pesos.

Además, plantea que “cuando el/la autor/a de la infracción sea cometida por una persona jurídica, será sancionada con una multa de 700 a 8 mil unidades fijas y/o decomiso de los materiales y con la obligación de realizar acciones de reparación verde”. Por lo que en este caso las sanciones variarán entre los 102.662 y 1.173.280 pesos.

La iniciativa en cuestión también busca aumentar unas veinte multas del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, referido a las infracciones relacionadas al ambiente, el espacio público y la higiene urbana y se incorpora la obligación de realizar acciones de reparación verde. Entre dichas multas se contempló una para quienes saquen la basura a los contenedores fuera del horario permitido, que es entre las 19 y las 21.

Ante esta situación, desde la FACCyR aseguraron que “dicho proyecto tiene varios artículos que plantean aspectos regresivos sobre la gestión de residuos sólidos urbanos. Para nuestro mayor espanto, el proyecto original planteaba también multar por hasta 100 mil pesos a aquellas personas que revisen los contenedores de disposición de los residuos en la CABA”.

“Sabemos que lo que verdaderamente esconde el proyecto es aumentar la persecución tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado, como a los informales. Por eso exigimos que se dé marcha atrás con el proyecto, que cese la persecución y el secuestro de bolsones y carros por parte de fiscalización que hay en toda la ciudad (sobre todo en la zona de micro y macro centro) y que el proyecto se discuta de cara a la sociedad, con audiencias públicas, reuniones de asesores y convocatorias al Poder Ejecutivo”, sentenciaron.

A días de las elecciones del 14 de noviembre, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 9.35 en el recinto de sesiones para analizar una serie de medidas tendientes a renovar áreas urbanas, aliviar el impacto de la pandemia en diversos sectores, fomentar la economía circular, entre otras cuestiones.

En ese sentido, uno de los temas que estará en debate es una iniciativa del diputado Diego García Vilas (VJ), quien propuso crear un Fondo para el Desarrollo Urbano Sustentable a fin de financiar proyectos públicos, privados o mixtos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos y espacios públicos.

La iniciativa prevé “promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable, facilitar el acceso a la vivienda, la diversificación funcional y la regeneración y renovación de áreas urbanas”.

Otra de las leyes propuestas es la denominada de Economía Circular, que busca “promover el desarrollo de modelos productivos, comerciales y sistemas de gestión que preserven el capital natural, optimicen el uso de los recursos, cierren el ciclo de vida de los productos e internalicen el impacto ambiental”, para lo cual se deben “generar herramientas, incentivos y marcos regulatorios”, que el proyecto menciona en su texto. En este caso, el impulsor de la norma es el diputado Hernán Reyes (VJ), con dictamen de la comisión de Desarrollo Económico.

Impulsado por Marcelo Guouman (UCR) y despachado por las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, también se pondrá a debate una norma de refuncionalización temporal de espacios ociosos.  Consiste en acordar con los propietarios públicos o privados de terrenos baldíos o similares el uso transitorio de esos predios como espacios verdes, recreativos o de esparcimiento, para que puedan ser aprovechados por todos los vecinos del lugar. En contraprestación, habrá exenciones impositivas de Inmobiliario y ABL para los dueños de los inmuebles y facilidades para la cancelación de eventuales deudas con el fisco.

También se votarán dos proyectos de alivio fiscal, uno para el sector de hotelería y afines y otro para las salas de exhibición de filmes. Ambas actividades ya venían siendo beneficiarias de algunos paliativos impositivos y ahora de lo que se trata es de extender esas medidas hasta fin de año.

Para hoteles, pensiones, alojamientos y otros similares no se exigirá el pago de los impuestos Inmobiliario y de ABL correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021 (los anteriores ya estaban exentos). A las salas de cine se las exceptuará de abonar el ABL durante el mismo trimestre.

En ambos casos, el beneficio regirá después de hacer los trámites respectivos en la AGIP, para lo cual las actividades deben estar normalmente habilitadas. Fueron iniciativas de Sergio Abrevaya (Gen) y Juan Nosiglia (UCR), con dictámenes favorables de las comisiones de Presupuesto y de Desarrollo Económico.

Como una forma de reconocer sus trayectorias en el mundo del arte, la Legislatura de la Ciudad declaró –durante la sesión de este jueves- como “personalidad destacada de la cultura” al guionista y director de cine, radio y tv, Pedro Saborido, y a la actriz y conductora Georgina Barbarossa.

Con respecto al trabajo de Saborido, los legisladores afirmaron que “ha llevado adelante una talentosa carrera artística, creando una nueva forma de hacer humor en distintos formatos y llegando a diferentes generaciones” e indicaron que “también ha mostrado su vocación por la formación creativa y como inspiración de miles para convertir sus ideas en proyectos”.

Asimismo recordaron que “estudió comunicación en la Universidad de Lomas de Zamora y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Comenzó su carrera con un breve paso por el cine, participando como técnico en sonido de dos películas emblemáticas del cine nacional de esa época: ‘Los chicos de la guerra’ (1984), de Bebe Kamin, y ‘Esperando la carroza’ (1985), de Alejandro Doria”.

También rememoraron sus inicios en el mundo del humor en la radio, su trabajo junto a Diego Capusotto, la publicación de sus propios libros y su desempeño en la televisión, entre otros varios hitos de su carrera.

En tanto en el caso de Barbarossa, los legisladores recodaron que sus primeros pasos como actriz “fueron en los años ochenta donde participó con Pepe Cibrián Campoy en la obra teatral ‘A pesar de todo de aquí no me voy’ y protagonizó ‘20 años no es nada’, de G. Taratuto junto a Norman Briski, ‘El último de los amantes ardientes’, de Neil Simon, junto a Oscar Martínez y ‘El búho y la gatita’, con Héctor Alterio”.

Además recordaron sus trabajos en diversas telenovelas `y su desempeño como conductora en distintos programas televisivos. “Sin lugar a dudas, de perfil multifacético y con una enorme trayectoria, Georgina Barbarossa se ha convertido en una reconocida actriz y conductora popular que lleva alegría y buen humor a todos los hogares argentinos”, sentenciaron.