La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de una nueva ley de economía del conocimiento, por 246 votos a favor y 2 en contra, de los legisladores de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá. El oficialismo no introdujo ni aceptó cambios a la hora de la votación en particular, propuestas por Juntos por el Cambio.

A través de esta iniciativa, que tiene por objetivo la promoción y el incentivo para las empresas con servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información, se establecen una serie de beneficios que prevén duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones del sector de acá a diez años.

El miembro informante del oficialismo, Pablo Carro, sostuvo que esta ley "va a definir una política de Estado para los próximos 10 años" y señaló que el sector se ubica como el tercero en lugar de exportaciones, con el 8%, lo que permite "un ingreso de 6 mil millones de dólares al año". Además, destacó que "casi todos los dólares que ingresan al país son dólares que se quedan".

"Lo que estamos buscando con este régimen de promoción es que en 10 años dupliquemos los puestos de trabajo. Hoy, entre empleos directos e indirectos estamos hablando de 500 mil", indicó, con lo cual se estima "llegar a un millón" en un década, al tiempo de pasar del 8% de las exportaciones al 15%.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática afirmó que el proyecto tiene "una impronta inclusiva, federal, con perspectiva de género" y es "de carácter progresista y progresivo".

"Con este proyecto estamos diversificando la matriz productiva nacional, generando empleo de calidad, vamos a incorporar a miles de jóvenes al mercado laboral formal, vamos a generar polos de desarrollo federal y vamos a permitir que con exportaciones ingresen divisas que quedan en el país", enfatizó.

El cordobés también ponderó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se modificó "escuchando a todos los sectores involucrados, pensando un proyecto de ley que se ajuste a lo que necesita el sector específicamente, y discutiendo con todos los sectores de la oposición".

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Karina Banfi subrayó que "el potencial que tiene este sector es incomparable" y consideró que, en este tema, "el Gobierno tuvo una buena visión: no tenía sentido sacar esta ley solos". Recordó entonces que el proyecto enviado en febrero pasado "era insuficiente".

La radical destacó que desde el interbloque opositor propusieron "mantener el autodesarrollo; limitar la discrecionalidad del consejo consultivo; lograr mejoras en los beneficios tributarios, el impuesto a las Ganancias y las contribuciones patronales; flexibilizar los requisitos en el marco de la pandemia, porque es necesario que se ponga activa de manera urgente; y establecer escalonamientos del porcentaje por tamaño de empresa".

"Necesitamos potenciar dos industrias, la del agro y la de la industria del conocimiento. Ahí está la llave de nuestro éxito para crecer", expresó, y advirtió que en el país se necesita "un plan económico, certeza jurídica y no asustar a los inversores".

Banfi resaltó que desde Juntos por el Cambio encontrarán predisposición para debatir sobre inversiones y productividad, pero no estarán dispuestos si la "idea" del Gobierno es ayudar a las empresas "para después quedarse con ellas, insistir con expropiaciones o usar el Congreso para legitimar irregularidaderes". "Ahí nos van a encontrar al lado de la gente, tocando bocinas en las calles y, si no nos dejan, búsquennos en las redes sociales y los diarios", agregó.

También desde la UCR, Luis Pastori habló de "un retroceso sobre el espíritu de la ley anterior en cuanto a los incentivos fiscales". El misionero detalló que esta nueva propuesta no contiene la "cláusula de estabilidad fiscal", por ende "le quita uno de los principales atractivos de la ley, que tiene que ver con la seguridad jurídica".

El legislador cuestionó además los cambios en las contribuciones patronales y los ingresos por exportaciones, y el hecho de que la rebaja del impuesto a las Ganancias "solamente se calcule sobre las ganancias que provengan de la actividad promovida y no de las ganancias en general", lo que "obliga a las empresas a llevar una doble contabilidad".

Por el Interbloque Federal, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) enfatizó: "No le tenemos que tener miedo a la iniciativa privada en nuestro país, tenemos que alejarnos de debates que atrasan, llenos de prejuicios. Necesitamos de un capitalismo nacional, progresista".

Para el santafesino, "el desarrollo económico necesita de dos patas fundamentales: un Estado inteligente, probo, y una iniciativa privada vigorosa". "Esta ley nos da una oportunidad de encontrar una herramienta fundamental para el desarrollo", añadió.

Por su parte, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que la iniciativa tiene "gato encerrado" porque "los dueños de las empresas que facturan por encima de los 20 mil millones de pesos" será "muy beneficiados con esta ley".

Sobre ese aspecto, el mendocino señaló que el "bono fiscal, el pagar un porcentaje muy chico del impuesto a las Ganancias, reducir los aportes patronales, y no pagar Ingresos Brutos en las provincias en donde se adhiera esta ley" son beneficios "que vienen pidiendo a gritos muchos empresarios" que "quieren flexibilización laboral y reforma tributaria".

Ramón agregó que el "gato encerrado" tiene "nombre y apellido" y mencionó a empresas como Cablevisión, Pampa Argentina, Telefónica, Claro, entre otras.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño cuestionó que en lugar de discutir el impuesto a las grandes fortunas, se debata “cómo se le dan beneficios con la rebaja de contribuciones patronales y de las alícuotas del impuesto a las Ganancias a las grandes empresas denominadas ‘de la economía del conocimiento’”.

“Esto no es el desarrollo de la economía del conocimiento, sino la apropiación privada del conocimiento. Es falso que esto beneficia a las PyMEs”, advirtió el representante del PTS, al denunciar que la ley beneficiará a grandes firmas como Roemmers y Cargill, “empresas que además pican en punta en lo que hace a la precarización de los trabajadores”.

Última oradora del debate, la oficialista Rosana Bertone destacó: "Tenemos los argentinos un saber hacer en nuestros trabajadores que es impresionante, reconocido en el mundo. Tenemos creatividad, capacidad". Al opinar que esta ley "viene a ratificar" eso, la fueguina señaló que "lo que queremos es favorecer a nuestra industria, a nuestros trabajadores". "Bregamos para que tengamos un alcance mayor en el transcurso de 10 años, de más trabajadores en esta industria", completó.

Puntos principales

El Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, y envió en el mes de febrero un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados.

Tras negociaciones entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa sufrió modificaciones y se dictaminó con consenso en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda, durante mayo pasado.

El proyecto facilita el ingreso de las PyMEs al régimen, en tanto que podrán acceder al mismo las empresas cuyo 70% de su facturación total del último año se genere a partir de estas actividades.

En la nueva norma ya no se habla de estabilidad fiscal, sino que se refiere a la “estabilidad de los beneficios” por el período de vigencia del régimen.

Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social. En tanto, ese monto podrá subir al 80% en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales, personas con discapacidad, entre otras.

Los beneficiarios de la ley también tendrán una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias.

Por otra parte, se dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.

Tras un mes sin sesiones, la Cámara de Diputados se reúne este jueves para debatir sobre tres proyectos que cuentan con consenso entre el oficialismo y la oposición: el proyecto para regular el teletrabajo, la creación de una campaña nacional de donación de plasma, y la iniciativa de la nueva ley de Economía del Conocimiento.

La sesión mixta, es decir, con algunos diputados presentes en el recinto y con la mayoría conectados virtualmente, comenzó a las 16:15. Previamente, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los jefes de bloques mantuvieron reunión de Labor Parlamentaria.

El primer tema a tratar será el proyecto que busca regular la modalidad de teletrabajo, el cual obtuvo dictamen este miércoles luego de varias reuniones informativas con los distintos sectores. El interbloque Juntos por el Cambio firmó con disidencias parciales, mientras que el diputado Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal) presentó su propio dictamen.

La iniciativa incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo el artículo 102 bis, por el cual se establece que "habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios" sea "efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones".

El proyecto prevé además cómo deberá ser pactada la jornada laboral; introduce el derecho a la "desconexión digital"; establece la manera en que el trabajador debe realizar el consentimiento y la reversibilidad en la modalidad; contempla la representación sindical; y dispone las responsabilidades de la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Trabajo, entre otros puntos.

En segundo término, la Cámara baja abordará la discusión sobre un proyecto para crear una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19. Varias iniciativas se habían planteado en este sentido, pero el tema tomó relevancia a partir de un texto presentado por el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto al presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, y el titular del Interbloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca, entre otros legisladores.

Finalmente, Diputados buscará avanzar con la media sanción de la nueva Ley de Economía del Conocimiento. En febrero pasado, el Poder Ejecutivo había enviado a la Cámara baja el proyecto para modificar la norma -suspendida desde el 1ro. de enero-, y tras un debate de consenso con la oposición, obtuvo dictamen en mayo pasado.

La norma tiene por objetivo la promoción y el incentivo para las empresas con servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información.

La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense emitió un dictamen que propone la modificación del Reglamento de la Cámara con la intención de habilitar que, cuando “razones de fuerza mayor” impidan sesionar de manera presencial, entonces se lo pueda hacer de forma remota.

El dictamen en cuestión surgió del acuerdo entre los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y fue acompañado por todos los senadores y las senadoras presentes en la Comisión.

Las modificaciones propuestas apuntan a permitir que, en caso de ser necesario, los senadores y las senadoras tengan la posibilidad de integrar la sesión de manera remota a través de los medios tecnológicos que se habiliten a ese fin.

No obstante, se establece que la existencia de “causas extraordinarias” o de fuerza mayor en los términos del artículo 84 de la Constitución Provincial, que impidan sesionar en forma presencial será determinada por decreto de la presidencia del Senado, con el consentimiento de los dos tercios de los senadores.

En igual dirección, otra de las cuestiones que se consensuaron es que, en cada oportunidad, la comisión de labor parlamentaria establecerá la cantidad mínima de senadores y autoridades cuya presencia será obligatoria e indispensable para llevar adelante cada sesión.

En cuanto a las necesarias garantías sobre el cumplimiento de la representación popular, se concertó que los senadores y senadoras que asistan a la sesión de manera remota deberán acreditar su presencia a través de un sistema de validación por datos biométricos o, en ausencia de este sistema, mediante la validación nominal de las presencias al igual que en las votaciones.

En idéntico sentido, aquellos legisladores que sesionen a través de videoconferencia deberán firmar la asistencia a las sesiones virtuales y sus votaciones a través de la firma digital o mediante la manifestación a viva voz, nominal, del sentido de su voto.

Finalmente, los consensos alcanzados también afectan el funcionamiento de las comisiones, que, “en caso de fuerza mayor”, podrán llevarse a cabo sin la necesidad de que los senadores se hagan físicamente presentes.

Cuando esto suceda, las autoridades habilitarán los medios tecnológicos necesarios para operar de manera remota la convocatoria, el orden del día y la firma del dictamen de comisión.

“Queremos una Legislatura al servicio de nuestra gente y de sus necesidades. Por eso, el dictamen al que hemos arribado es un paso más en el compromiso que asumimos con el pueblo de la provincia para construir entre todos una Buenos Aires inclusiva, democrática y justa”, dijeron desde el bloque del FdT tras la resoloción.