La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó este martes el Decreto Parlamentario 8/21 para mantener por 60 días más la realización en el Senado de reuniones de comisión y de sesiones mediante videoconferencia, en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.
El decreto, que también lleva la firma de la secretaria administrativa, María Luz Alonso, establece que el trabajo parlamentario continuará de manera semipresencial hasta fines de agosto.
En ese sentido, la presidenta del Senado ratificó que las reuniones de las comisiones de la Cámara alta mantendrán su trabajo mediante plataformas virtuales.
Las sesiones del pleno del Senado, en cambio, continuarán siendo mixtas, con un reducido número de legisladores en el recinto.
El Frente de Todos, como bloque de la mayoría, y Juntos por el Cambio, como primera minoría, están facultados para sumar en modo presencial en el hemiciclo a seis miembros cada uno.
La segunda minoría (el interbloque Parlamentario Federal) podrá sentar a dos de sus miembros, mientras que las demás bancadas podrán solicitar que uno de sus integrantes esté presente en los debates.
Los legisladores deberán informar a la Secretaría Parlamentaria con 24 horas de antelación a cada sesión la identidad de los miembros designados a concurrir en forma presencial para disponer de las respectivas medidas sanitarias, tecnológicas y de seguridad necesarias.

Tras un mes sin actividad en el recinto, el Senado volverá a sesionar este jueves desde las 14 para tratar un amplio temario que incluye los últimos tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández en materia de restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

La conducción de la sesión estará a cargo de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, dado que la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a Europa.

Al comienzo de la sesión, el pleno deberá refrendar el decreto 7/21, firmado por Cristina el pasado 3 de mayo, que prorroga una vez más el sistema de funcionamiento virtual por el término de 60 días.

También se votará otro decreto de la titular del Senado que establece que los aumentos en las remuneraciones de los senadores y autoridades de la Cámara sean destinados a instituciones de salud pública para colaborar ante la emergencia sanitaria.

El plato fuerte de la sesión serán los dictámenes de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para ratificar la validez de los DNU 235/21, 241/21 (el cuestionado por la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte, que dispuso la suspensión de clases presenciales en el AMBA) y 287/21.

La aprobación de una sola cámara del Congreso basta para convalidar los DNU del Poder Ejecutivo, por eso el Frente de Todos siempre los votó en el Senado, donde cuenta con mayoría propia para aprobarlos sin inconvenientes.

Otro punto del temario es un proyecto de rechazo al fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los decretos presidenciales que dispusieron las medidas sanitarias para el AMBA.

El fallo fue criticado por Cristina a través de Twitter y al día siguiente el oficialismo avanzó con la declaración de rechazo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Juntos por el Cambio pidió, sin éxito, archivar el tema.

Por otra parte, también se debatirá en la sesión un proyecto de declaración impulsado por Oscar Parrilli en el que se le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que el giro del FMI que recibirá Argentina en agosto -estimado el 4.350 millones de dólares- sea utilizado para los gastos de la pandemia y no para pagar deuda.

También por iniciativa de Parrilli, la Cámara alta votará otro proyecto para declarar el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados”, en homenaje al excanciller Héctor Timerman.

En el temario figura además la propuesta de creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, de autoría de la santafesina María de los Ángeles Sacnun.

Asimismo, se discutirá un proyecto consensuado entre propuestas de Silvia Elías de Pérez (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) para crear el Programa Nacional de Asistencia, Acompañamiento y Cuidado Integral del Personal de Salud en Situaciones de Crisis y Emergencias.

La sesión continuará con un proyecto para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, para lo cual se requerirán los dos tercios del Senado, es decir 48 votos.

Por último, se tratará la declaración del Día de Desagravio al Pueblo Tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966; y se sancionará la ley de educación ambiental integral, bautizada como “ley Pino” en homenaje al dirigente fallecido Fernando “Pino” Solanas.

La Legislatura de la Ciudad se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria, en la que los diputados prevén darle aprobación a dos proyectos de ley impulsados por Vamos Juntos y UCR-Evolución que buscan eximir del pago de los Ingresos Brutos a los centros médicos que cuenten con internación para pacientes con Covid 19 y locales gastronómicos.

La iniciativa en relación a los centros médicos fue impulsada por la oficialista Ana María Bou Pérez (VJ) y prevé eximir “del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”.

Mientras que el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev) presentó otro proyecto que también busca eximir del pago de los Ingresos Brutos de mayo y julio a los restaurantes, cantinas, locales de comida rápida, foodtrucks, bares, heladerías y expendios de comida. Buscando así llevar un alivio fiscal a estos comercios que, a raíz de las últimas medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia, volvieron a ver afectada su actividad.

Por otra parte y como lo adelantó parlamentario.com, esta será la última sesión de la diputada de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, quien comenzará a ocupar un cargo en la Subsecretaría de Gestión Comunal, que depende de la Jefatura de Gabinete. Será por María Celeste Peña, actualmente funcionaria del área de Gestión Intercomunal del Gobierno porteño, dado a que esta era quien la sucedía en la lista de 2017.

El Senado continuará con las sesiones de carácter mixto por otros dos meses, en el marco de la pandemia del Covid-19. La vicepresidenta Cristina Kirchner firmó el último viernes el decreto 7/21, que prorroga nuevamente el sistema de funcionamiento virtual por el término de 60 días.

En el decreto, que ahora deberá ser refrendado en la próxima sesión de la Cámara alta, se establece que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis representantes cada uno en el recinto, mientras que al Interbloque Federal le corresponderán dos, y al resto de los bloques, uno.

Los senadores que participen presencialmente podrán rotar, siempre y cuando se respete la cantidad máxima permitida.

“Corresponde continuar con dicho sistema atento a que el funcionamiento del Congreso de la Nación resulta absolutamente esencial para el normal desarrollo de la vida institucional argentina, especialmente ante las situaciones de emergencia, las que deben ser tratadas dentro del Estado de Derecho”, sostiene el decreto en los fundamentos.

El Senado sesionó por última vez el 8 de abril, cuando se aprobaron las modificaciones en el impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados. En aquella oportunidad también se avaló un proyecto para penalizar el acoso sexual callejero y el nuevo Régimen para la Prevención del Dopaje en el Deporte.

En la Cámara de Diputados, en tanto, los jefes de bloque deben firmar una nueva prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que venció el último viernes, para poder avanzar con los dictámenes de proyectos como la nueva regulación de los biocombustibles y el etiquetado frontal de alimentos.

Como consecuencia del récord de casos de coronavirus -este martes se registraron 27.001 contagios, empujados por cifras alarmantes en provincia y Ciudad de Buenos Aires-, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se analiza la posibilidad de no volver a sesionar hasta el mes de mayo y limitar la actividad al ámbito de las comisiones, con reuniones informativas y el tratamiento de algunos proyectos de ley.

Como sucede desde el inicio de la pandemia, ambas cámaras adhirieron a las disposiciones del DNU 235/2021, por el cual el Poder Ejecutivo ordenó nuevas medidas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).  En ese sentido, tanto en Diputados como en el Senado se volvió a fomentar el teletrabajo y se limitó la presencialidad a los trabajadores de áreas esenciales.

Sin embargo, ante el riesgo que conlleva la realización de sesiones bajo la modalidad mixta -es decir, con parte de los legisladores presentes, sumados al personal legislativo-, fuentes parlamentarias de ambas cámaras deslizaron que en lo que resta del mes ya no habría actividad en los recintos.

El Senado sancionó en su última sesión los proyectos de reforma del impuesto a las Ganancias y del monotributo, que formaban parte de la agenda prioritaria del oficialismo. Por eso, en el bloque presidido por José Mayans apuntan a darle exclusividad a las comisiones, que se reúnen de modo plenamente virtual.

Por caso, para este miércoles a las 14 fue convocado un plenario de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda, para comenzar a tratar un proyecto de educación ambiental, que ya cuenta con aprobación de Diputados. Participarán los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Ambiente, Juan Cabandié.

En la Cámara alta rige el decreto 5/21, firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que prorrogó hasta el 24 de abril las sesiones mediante videoconferencia, con la participación de un número acotado de senadores en el recinto.

En Diputados, en tanto, el Protocolo de Funcionamiento Remoto vence el 30 de este mismo mes, y la agenda más inmediata tiene que ver con la postergación de las PASO y de las elecciones generales, aunque hasta ahora hay apenas un borrador del Poder Ejecutivo y las negociaciones continúan.

La cámara presidida por Sergio Massa también tiene previsto comenzar a tratar en la Comisión de Presupuesto la iniciativa para modificar las alícuotas del impuesto a las Ganancias en sociedades, pero el encuentro todavía no tiene fecha. Para lo que resta de la semana fueron convocadas dos reuniones informativas, en las comisiones de Defensa Nacional y Educación, con la presencia de funcionarios.

La Cámara alta aprobó este jueves, sobre tablas y sin debate, la reforma de la Ley de Régimen de Prevención y Control del Dopaje en el Deporte, con el objetivo de adecuarla al nuevo Código Mundial Antidopaje 2021. La votación fue por unanimidad (votos afirmativos).

Desde el Poder Ejecutivo se había solicitado la pronta sanción de la norma -que debía salir antes del 12 de abril- dada la proximidad de eventos deportivos en los que Argentina participará, como la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio. 

Qué establece la nueva norma

El proyecto sancionado modifica 66 artículos de la Ley de Régimen para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, sancionada en originalmente en 2013, y que sufrió modificaciones en el tiempo a raíz de las diferentes enmiendas que había tenido el Código Mundial Antidopaje en los años 2009, 2015 y 2018, hasta que el pasado 1ro. de enero entró en vigencia uno nuevo.

A través de la ley, se incorporan las funciones y responsabilidades de otras personas sujetas a dicho régimen, que no sean los propios o las propias atletas y su personal de apoyo.

También se establecen nuevas disposiciones que hacen a la prueba de la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un o una atleta.

Entre los cambios, se contemplan las conductas que constituyen un incumplimiento de la localización o paradero del atleta; se incluyen como sujetos activos de la infracción de posesión de sustancias o métodos prohibidos al personal de apoyo a los atletas; y se establecen como sujetos activos de la infracción de tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido, tanto al atleta como a otra persona.

Asimismo, se amplían los alcances de la infracción de administración o intento de administración, complicidad y asociación prohibida, introduciendo como conductas punibles los actos de intimidación o venganza.

Un cambio sustancial consiste en que “cuando la infracción de las normas antidopaje se deba a una sustancia de abuso, si el o la atleta puede demostrar que cualquier ingesta o uso ocurrió fuera de competencia y no guardaba relación con el rendimiento deportivo, el período de suspensión será de tres meses”.

Ese plaza podrá ser reducida a un mes, si el atleta u otra persona “demuestran que han realizado de manera satisfactoria un programa contra el uso indebido de sustancias aprobado por la Comisión Nacional Antidopaje con el asesoramiento de la Sedronar”.

Otro de los puntos es que, en caso que las federaciones deportivas nacionales por haberse cometido una infracción de las normas antidopaje recuperaran un premio de carácter económico, “deberán adoptar las medidas necesarias para asignar y distribuir ese premio entre los o las atletas que habrían tenido derecho a él si el o la atleta infractor o infractora no hubiera competido”.

La nueva norma estipula que “en todos los deportes en los que participen animales en competencia, las federaciones deportivas internacionales o nacionales, las asociaciones hípicas, o las comisiones de carrera, según corresponda, deben establecer y aplicar normas antidopaje para los animales participantes”.

También se establece una asignación de 110 millones de pesos en favor de la Comisión Nacional Antidopaje, destinada al pago de su personal, el costo de los controles a su cargo, la contribución que corresponde a la República Argentina para el presupuesto de la Agencia Mundial Antidopaje, los programas de educación y la atención del resto de los gastos de su funcionamiento.

El Senado convirtió en ley este jueves por unanimidad (67 votos) el proyecto elaborado por la AFIP que busca crear un “puente” entre el régimen de monotributo y el general para aliviar la carga tributaria que deben afrontar los contribuyentes y evitar un “salto al vacío”.

La iniciativa aborda un problema estructural vinculado a la subdeclaración y ocultamiento de ingresos por parte de contribuyentes para evitar pasar al régimen general.

Paralelamente, se atiende la situación de aproximadamente 25.000 personas que fueron excluidas del monotributo de forma automática por la AFIP y no fueron notificadas, ya que el sistema se encuentra suspendido desde septiembre de 2019.

Como consecuencia de esa suspensión, esos contribuyentes acumularon deudas difíciles de afrontar, razón por la cual ahora se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.

En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.

Otro tema que busca resolver el proyecto es la actualización de las categorías del monotributo, que se ajustan por el índice de movilidad jubilatoria, que estuvo suspendido el año pasado. En ese sentido, se tomará un índice del 35,3%, que es el correspondiente al haber mínimo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, precisó que actualmente, en el monotributo, el monto facturado anual mínimo es de 208.000 pesos y el máximo es de 1.739.000 pesos, y con el índice del 35,3%, el mínimo pasará a 282.000 pesos y el máximo a 2.353.000 pesos.

De esta forma, el monto más bajo pasará a tributar mensualmente 2.646 pesos, y el más alto, 12.796 pesos. Estos nuevos parámetros se aplicarán a partir del 1ro. de enero de este año, es decir, la ley será retroactiva.

“Este proyecto es muy necesario y era muy esperado por los monotributistas, y va a brindar soluciones a más de tres millones de trabajadores que desarrollan una actividad independiente, que viven de su trabajo y que necesitan que el Estado elimine trabas burocráticas para poder desarrollarse con normalidad”, destacó Caserio.

Por su parte, Víctor Zimmermann (UCR) manifestó: “Más allá del puente que va a generar este proyecto, consideramos que al igual que con Ganancias, tendremos que pensar a futuro en una reforma de fondo”.

El chaqueño opinó que para la actualización de las categorías debería utilizarse el IPC (Índice de Precios al Consumidor) porque “las ventas se establecen en base a los precios, y los precios se forman en base a la inflación”.

El Senado convirtió en ley este jueves por amplia mayoría el proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias para que trabajadores con salarios brutos de hasta 150.000 pesos y jubilados con haberes de hasta 167.000 pesos dejen de pagar el tributo a partir del 1ro. de enero de este año.

La iniciativa impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y acompañada por todas las centrales obreras recibió 66 votos afirmativos y una sola abstención, de Esteban Bullrich (Pro).

La sesión fue escenario de fuertes cruces entre senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que se reprocharon mutuamente las promesas incumplidas tanto del gobierno de Mauricio Macri como del actual presidente Alberto Fernández.

Si bien el interbloque Juntos por el Cambio acompañó la votación en general, tal como sucedió en Diputados, criticó algunos aspectos particulares y habló de un nuevo “parche” en el sistema tributario.

La flamante norma establece que los trabajadores que ganen por debajo de 150.000 pesos brutos dejarán de pagar Ganancias, y aquellos salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos tendrán deducciones especiales que serán determinadas por el Poder Ejecutivo.

En el caso de los jubilados, el “piso” pasará de seis a ocho haberes mínimos –un monto estimado en 167.000 pesos-, y aquellos que además perciban otros ingresos, tales como una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, también podrán acceder al beneficio.

La ley, que se estima tendrá un costo fiscal superior a los 47.600 millones de pesos, establece la retroactividad al 1ro. de enero, y en la reglamentación la AFIP determinará el modo en que se devolverá a los trabajadores el dinero correspondiente.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, recordó la promesa incumplida de Mauricio Macri de eliminar el impuesto y destacó que “a pesar de la difícil situación heredada y de la crisis de la pandemia, ha sido este presidente, Alberto Fernández, quien vino hoy a solucionar este problema”.

Caserio confirmó que la ley beneficiará a 1.267.000 trabajadores y jubilados, y precisó que solo 733.000 trabajadores pasarán a aportar Ganancias, es decir solo el 7%, un número cercano a los valores históricos.

“Esto demuestra el esfuerzo de nuestro gobierno en una crisis sanitaria y económica mundial para poder dar soluciones y cumplir los compromisos asumidos con los argentinos”, resaltó el oficialista.

A su vez, el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, subrayó que “aumenta casi el doble el piso vigente en la actualidad, y dejando por primera vez al aguinaldo exento. Esto representa una conquista histórica de derechos para los trabajadores”.

En cuanto a los jubilados, indicó que “la proporción de haberes que pagaban este tributo en 2019 era del 5,9% y ahora será del 2,4%”. “Con esta ley ninguna persona que cobre la mínima, la media o la media alta pagará Ganancias”, afirmó.

Lovera apuntó que “en los cuatro años de gestión de Cambiemos, el porcentaje de trabajadores alcanzados pasó del 10% al 25%; esto quiere decir que una de cada cuatro personas trabajadoras pasó a pagar Ganancias, y eso fue un golpe durísimo para la clase media argentina”.

Además, ponderó que a pesar de la crítica situación por la segunda ola de la pandemia, “el Gobierno va a hacer un esfuerzo fiscal de casi 50.000 millones de pesos para darle alivio, tranquilidad y reconocimiento a miles de trabajadores que día a día, sin importar las circunstancias, se levantan y van a trabajar para que la Argentina se ponga de pie”.

Desde la UCR, Víctor Zimmermann consideró que “estamos frente a una reforma necesaria e importante, pero la vemos insuficiente. Sigue pendiente el desafío de una reforma de fondo del sistema tributario argentino”.

“Nada decimos de los autónomos y de los que quieren generar empleo, y esto sin duda genera distorsiones, sobre todo si miramos a los sectores más vulnerables y carenciados que pueden llegar a pagar más impuestos a través de Ingresos Brutos o Sellos si a las provincias no se las compensa correctamente”, advirtió, al recordar que Ganancias es un impuesto coparticipable.

Zimmermann también cuestionó que se utilice el RIPTE (índice de variación salarial) para actualizar el mínimo no imponible en lugar del IPC (índice de inflación).

También por Juntos por el Cambio, el catamarqueño Oscar Castillo coincidió en que “en este contexto socioeconómico, cualquier alivio a esta situación es bienvenido y desde la oposición se lo va a apoyar, pero un verdadero alivio hubiese sido que  sea general para todos los estamentos que hacen a los trabajadores, y este no lo es”.

En defensa de la ley, la chubutense Nancy González expresó que “como decía el general Perón, nosotros no prometemos, cumplimos”, pero el radical Julio Martínez le salió al cruce con ironía: “Se ve que el presidente Fernández no es peronista, porque prometió aumentar un 20% a los jubilados, y no solo no les aumentó, sino que les impuso un nuevo ajuste con una nueva ley “.

Otro momento tenso se vivió con la fuerte intervención de la radical Silvia Elías de Pérez, quien advirtió que en el oficialismo “hablan de promesas de campaña y hacen discursos echándole la culpa de lo que no se hacen cargo”.

“(Fernández) llegó al gobierno prometiendo que los jubilados iban a tener el máximo de los aumentos, que iban a ser los más cuidados, ¡y lo primero que hicieron fue dejar a un costado la fórmula jubilatoria y durante un año le entregaron a nuestros mayores lo que sobraba de la mesa, como si fuesen los perros que estaban ahí abajo, y ahora cambiaron la fórmula para seguir pagándoles menos!”, alertó.

En tono duro, siguió. “¡Prometieron que iban a encender la economía y nos metieron en una cuarentena eterna que llevó a la destrucción de los puestos de trabajo! ¡Prometieron que iban a respetar la independencia judicial y lo primero que hicieron fue tratar de avasallar a la Justicia, y todo el tiempo persiguen al Ministerio Público Fiscal y a los jueces porque buscan impunidad!”

“¡Prometieron que entre diciembre y marzo 10 millones de personas iban a estar vacunadas y seguimos esperando que cumplan!”, continuó Elías de Pérez con el dedo en alto, y Nancy González le llamó la atención: “Calmadita con el dedo”, le dijo.

El kirchnerista Oscar Parrilli también reclamó “un poquito de autocrítica” de Juntos por el Cambio y, tras repasar con abundantes cifras la economía que dejó el macrismo, sentenció: “Cuando gobiernan son un lobo, y cuando son oposición tienen piel de cordero”.

A su turno, Martín Lousteau (UCR-Evolución) pidió “bajar el tono” de las discusiones. “No se me ocurre que Alfonsin le hubiera dicho imbécil a un dirigente opositor o que Cafiero haya dicho que un diputado habla boludeces”, dijo.

El economista relativizó la importancia de la modificación de Ganancias: “Es un alivio, pero no es una transformación de la Argentina. Es un alivio para un sector muy chico de la Argentina, es un alivio para un 5% de los trabajadores, y el 5% de los trabajadores que está dentro del 10% que más gana”.

Tras advertir que se busca “vestir de épica” a la ley, sostuvo que “no es la mejor reforma posible”. “¿Cómo se va a financiar? Con Ingresos Brutos. Ingresos Brutos se traslada a precios”, argumentó, y agregó que eso genera “costos para el 90% que gana menos”. “Al 90% de más abajo le quitamos para darle al 5%”, resumió.

Al respecto de los jubilados, señaló que “de los 5 millones y medio de jubilados estamos hablando de 410.000, y en ese tramo que estamos beneficiando hay jubilaciones de privilegio”. Asimismo, sobre la deducción por cónyuge argumentó que “suena bien pero es un  desincentivo enorme a que la mujer quiera participar en el mercado laboral, que es lo que queremos todos”.

Al cierre del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff advirtió que se trata de “un parche” destinado a “un sector minoritario” de trabajadores. “Estamos legislando para un sector privilegiado de la Argentina. Es una medida aislada, no va a alcanzar ni siquiera para lo electoral”, cuestionó.

El formoseño criticó el rumbo del Gobierno en el contexto de la pandemia: “Pasó un año desde que asumió Fernández, un año de un gobierno que viene marcando la cancha con una agenda equivocada, donde no hay autocrítica, solo desorientación en materia de salud y en materia económica”.

Naidenoff reprochó que se esté discutiendo qué hacer con las PASO y remató: “Si el Ejecutivo no reacciona, nosotros estamos dispuestos a colaborar”.

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, destacó finalmente que “esta ley es un acto de profunda justicia” y recordó que en la gestión anterior la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias se duplicó.

“Yo sé que es un tema muy caro para Juntos por el Cambio. Fue una de las grandes estafas electorales que tuvieron los argentinos. Generaron una destrucción no solo del salario real sino de todo el entramado productivo”, lanzó.

Luego, confesó: “Me da mucha vergüenza escuchar a quienes gobernaron los últimos cuatro años decir que no hay un plan económico, hablar de justicia distributiva, cuando fueron los grandes generadores de endeudamiento y fuga de capitales”.

El titular del bloque, José Mayans, concluyó el debate advirtiendo que “el sistema de especulación, usura y robo no funcionó”. “Tenemos que empezar por recomponer el salario del trabajador, que es lo que estamos tratando de hacer”, reforzó, y acusó al gobierno anterior de cometer un “desastre económico”.

Beneficios de la flamante ley

Además de elevar el umbral de Ganancias, el proyecto sancionado este jueves en el Senado  exime del pago del impuesto al aguinaldo y, por otra parte, mantiene el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

Una nueva incorporación será la deducción por concubino -actualmente se permitía solo el cónyuge-, para los integrantes de “la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”.

Además, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.

También, a pedido del radicalismo en Diputados, se podrá deducir “la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador y trabajadora” y “el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización”.

De acuerdo a la norma aprobada, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad -sin límite de edad-; y se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud y recolectores de residuos debido a la pandemia.

Otro de los puntos es la posibilidad de deducción del “bono por productividad, falla de caja o concepto de similar naturaleza hasta un monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible” con “efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma equivalente a 300.000 pesos mensuales inclusive”.

Para el personal militar se suma la exención de los suplementos vinculados a la “actividad arriesgada, título terciario, y zona y ambiente insalubre o penoso”.

La nueva ley indica, también por un pedido de la UCR en la Cámara baja, que las asignaciones a expresidentes, presidentes y vicepresidentes estén alcanzadas por el impuesto a las Ganancias.

Finalmente, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer una actualización de los topes mínimos, en función de la evolución que tengan los salarios para evitar que, a partir de los acuerdos de paritarias, haya trabajadores que, ahora beneficiados, pasen a estar incluidos en poco tiempo.

Un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual en espacios públicos o privados incorporando esa figura al Código Penal fue aprobado este jueves en el Senado con 67 votos afirmativos y uno negativo, pero dado que recibió modificaciones, volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Se trata de una iniciativa que busca prevenir y combatir el acoso sexual en todos los ámbitos, y que había sido avalada en la Cámara baja en noviembre de 2019. El nuevo texto prevé multas que van de 3.862 pesos a 19.310 pesos, al valor actual (Ver abajo).

El único voto en contra fue del cordobés Ernesto Martínez (Pro), quien dijo estar a favor del propósito de la ley pero hizo objeciones técnicas a la redacción.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, explicó que además de la media sanción de Diputados se tuvieron en cuenta otras iniciativas de senadores, y detalló las modificaciones introducidas en esta nueva figura penal que se busca crear.

En primer lugar, se eliminó la referencia que hacía el proyecto al acoso en “espacios públicos”, ya que “estas actitudes también pueden ser en espacios privados”, como por ejemplo fiestas. “Estamos tipificando la acción, independientemente de que sea en un espacio público o privado”, reparó Parrilli.

Asimismo, en cuanto a la sanción -que será de multa y no de prisión- explicó que “será determinada en valores que no se desajusten con el paso del tiempo, porque ya sabemos lo que ocurre en Argentina con el proceso inflacionario”. Por eso, se tomarán las Unidades de Medida Arancelarias (UMA) utilizadas para los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia.

Además, los senadores incorporaron el “acoso sexual digital”, y establecieron que en todos los casos el acoso será penado siempre que el hecho no constituya un delito más grave.

“Seguramente habrá objeciones desde el punto de vista técnico o legal, pero más allá de que toda ley puede ser perfectible y de que la ley ideal es la que nunca se dicta, lo que queremos con esta ley es dar una clara señal política desde el Senado de cuáles son los temas que nos ocupan”, aseguró Parrilli.

Por su parte, la radical Silvia Elías de Pérez, autora de un proyecto propio, destacó que se trata de “la posibilidad cierta de que el Estado pueda tener un rol activo cuando una persona es acosada en lugares públicos o privados y que esto esté tipificado en el Código Penal”.

La tucumana advirtió que en 2020 se registraron “320 femicidios” y en lo que va de 2021 se produjeron “70”. “Estamos hablando de otra escala de violencia, pero para llegar a esa escala hay una serie de escalones previos que se van transitando, y el mas invisibilizado es este del acoso sexual”.

Además, Elías de Pérez señaló que “hay encuestas que demuestran que la mayoría de las mujeres han sido víctimas de estos acosos sexuales”.

La titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, sostuvo que “el acoso callejero es una violencia de género, vulnera nuestros derechos y restringe nuestra libre circulación”, y por eso “necesitamos que el Estado ponga límites claros, y es lo que estamos haciendo con esta ley”.

“No nos referimos a los piropos, como algunos dicen en broma e inclusive algunos medios de comunicación nos preguntan irónicamente. Nos referimos a un sinnúmero de agresiones, gestos e insultos de una persona desconocida hacia otra”, aclaró la pampeana.

Tras afirmar que “siempre las víctimas de estas situaciones somos las mujeres, niñas y adultas”, citó una encuesta que indica que “el 100% de las mujeres hemos recibido algún tipo de agresión o acoso: bocinazos, silbidos, comentarios procaces, a veces sexualmente explícitos”.

“No queremos vivir con miedo, no queremos transitar intranquilas, cambiar nuestra forma de vestirnos o cambiar los caminos que transitamos”, expresó la oficialista.

Desde el Pro, Ernesto Martínez coincidió en el espíritu de la ley, pero advirtió que “en derecho penal, las cosas hay que hacerlas bien” y, tras criticar la redacción del texto, adelantó su voto en contra.

“(El proyecto) no es para nada exagerado, al contrario, es una buena idea, pero hay que hacerlo bien. No se puede trasladar narrativas al Código Penal”, argumentó, y entre otras objeciones jurídicas, cuestionó que el acoso sea incluido dentro de los delitos contra la integridad sexual y no como delito contra la libertad.

Hacia el final del debate, la oficialista Ana Almirón reconoció que a nivel municipal, en muchos códigos de faltas hay sanciones incluso mayores que las que pretende aplicar este proyecto, pero sostuvo que “el Código Penal es preventivo y tiende a desalentar esta conducta por parte de quienes la realizan”.

“El acoso callejero es una forma de violencia más y es la más normalizada de todas, y ocurre tan a menudo que solo un 5% o 10% de quienes la sufren realizan la denuncia en este sentido”, advirtió Almirón.

Detalles del proyecto

Según la redacción aprobada este jueves, se incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, penalizando a quien “mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

También se sanciona al que “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, plataformas digitales o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona, la perturbare, intimidare u hostigare con connotación sexual, con motivo de género, orientación sexual, identidad de género o su expresión, de modo que altere el normal desarrollo de su vida cotidiana”.

Las multas serán de una a cinco Unidades de Medida Arancelarias (UMA) establecidas por el artículo 19 de la ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores Y Auxiliares de la Justicia Nacional o Federal. El valor actual de la UMA es de 3.862 pesos, según la acordada 1/21 de la Corte Suprema de Justicia, dictada en febrero de este año.

Si la víctima es menor de 18 años o el autor es funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria, la pena se elevará de cinco a diez Unidades. En todos los casos, la multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad, por parte del condenado, de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual y la violencia de género, por un plazo no menor a tres meses.

La recaudación obtenida de las multas será destinada a programas de fortalecimiento de los derechos de las mujeres, géneros y diversidad, según determine la reglamentación.

La discusión por la situación de Formosa volvió a colarse en el recinto del Senado con un nuevo y áspero cruce cara a cara entre el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y su par del Frente de Todos, José Mayans.

Al inicio de la sesión de este jueves, Naidenoff denunció una “campaña descarada” para responsabilizar a dirigentes de la oposición “con nombre y apellido” de los contagios y muertes por Covid-19 en la provincia, lo que desató la respuesta de Mayans.

El radical recordó la situación de varados que estaban impedidos de ingresar a Formosa y de trabajadores que se movilizaron contra las restricciones, y advirtió que “el Gobierno nacional siempre miró para un costado” y “no asumió su responsabilidad”.

“La respuesta del Gobierno fue, primero, culpar a los que se movilizaron, y especialmente a la oposición”, criticó Naidenoff, e ironizó que el gobierno de Gildo Insfrán “será exitoso desde lo electoral, pero en materia de restricción de derechos y libertades exhibe un diez”.

El senador sostuvo que “en política hay reglas del juego en materia democrática que exhiben ciertos límites”, y por eso “cuando se habla de pandemia, contagios y muertes, hay que ser muy cuidadosos”.

En ese sentido, denunció “una campaña descarada para responsabilizar con nombre y apellido a concejales, diputados nacionales” y a él mismo como senador nacional “como responsables de los contagios y las muertes” por coronavirus.

“A algunos les causa gracia. A mi no”, dijo, y agregó: “Siempre seré culpable de defender la democracia, la libertad y los derechos humanos de mi provincia”.

El legislador aseguró que “es un acto de inmoralidad política jugar con el dolor ajeno” y se preguntó: “¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quieren llegar con este nivel de responsabilizar a la oposición de las muertes?”.

Tras insistir en que “el Gobierno nacional tiene su cuota de responsabilidad y el Parlamento también”, pidió tener cuidado con “cruzar los límites” y remató: “No me van a correr ni me van a amilanar para hacerme responsable de esto”.

A continuación, Mayans pidió otra cuestión de privilegio para responderle a Naidenoff, y recordó que al 31 de diciembre de 2020, Formosa tenía 58 casos activos y solo un fallecido, pero la situación se agravó este año.

El oficialista alertó que “fueron a hacer un acto político en Clorinda y en la capital” con el apoyo de “todo el poder mediático”, y señaló que “todos los que estaban en el acto de Clorinda se contagiaron y muchos hoy están en terapia intensiva”.

También apuntó, sin nombrarlo, contra el diputado nacional de la UCR Ricardo Buryaile: “Subir a un avión con síntomas es violar las garantas constitucionales de los ciudadanos”.

Mayans enfatizó que “Formosa es una provincia que no tiene deuda ni déficit” y lanzó que quienes creen que depende de la asistencia nacional “dicen pelotudeces”.

“¡Por haber roto el protocolo inundaron la provincia de coronavirus, y ahora inclusive tenemos la cepa brasilera y la británica! ¡Esta fue la irresponsabilidad de los actos que hicieron en Formosa! ¡Ahora estamos contando las muertes de amigos que se están muriendo!”, disparó el senador.

Al finalizar su discurso, la discusión continuó fuera de micrófono y debió intervenir la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El Frente de Todos bloqueó en la Cámara de Diputados los pedidos de Juntos por el Cambio para tratar sobre tablas una serie de proyectos vinculados al proceso de vacunación contra el Covid, la situación en Formosa y la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, entre otros temas.

Se trata de iniciativas que no estaban incorporadas al temario de la sesión especial, por lo que se necesitaban tres cuartos de los votos para abordarlas, una mayoría imposible de alcanzar para la oposición por sí sola. De hecho, la mayoría de los pedidos fueron votados a mano alzada, a sabiendas del resultado.

Así, el interbloque Juntos por el Cambio no logró que avanzara un pedido de interpelación al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, sobre las “violaciones de los derechos humanos” en la provincia de Formosa. Tampoco se pudo tratar un pedido de informes verbales al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, por el mismo tema.

El Frente de Todos obstruyó además la votación de la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, tras el fracaso de la sesión convocada esta semana por la oposición.

La misma suerte corrió un proyecto contra la postulación de Gustavo Fuertes como titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública -organizaciones civiles advierten que el candidato del Gobierno no es idóneo para el cargo-; y un repudio a la salida de la Argentina del Grupo de Lima.

Juntos por el Cambio también pidió tratar, sin éxito, un repudio al caso de la niña santiagueña detenida por no usar barbijo;  un beneplácito por el 30° aniversario de la creación del Mercosur; y un proyecto encabezado por Mario Negri sobre “transparencia en la gestión, provisión y acceso” a las vacunas contra el coronavirus.

El bloque presidido por Máximo Kirchner tampoco dejó que se tratara la creación de una comisión investigadora sobre la campaña de vacunación; dos pedidos de informes verbales al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la inclusión de personas con capacidad al Plan de Vacunación.

Sergio Massa y Fernando Iglesias volvieron a cruzarse en la sesión de este sábado, durante el momento dedicado a los homenajes por el aniversario del golpe cívico-militar. “¿Usted cree que es gracioso?”, lanzó el presidente de la Cámara baja mientras el diputado del Pro interrumpía un discurso fuera de micrófono.

El desencadenante del cruce fue un encendido discurso del radical Facundo Suárez Lastra, quien vinculó al gobierno de Gildo Insfrán con una dictadura, algo que fue desaprobado por la oficialista Gabriela Cerruti.

“El 24 de marzo no es el día que empieza algo: es el día del fracaso de la democracia argentina”, arrancó Suárez Lastra, y siguió: “La principal víctima del 24 de marzo fue la democracia argentina por el fracaso de un sistema político que estaba absolutamente agotado” por “la violencia y los enfrentamientos internos donde se contaban por cientos los muertos, donde no había diálogo político”.

El legislador insistió en que “Argentina no fue capaz de encontrarle una salida a un modelo económico que estaba agotado”, y entonces disparó: “La vigencia de los derechos humanos es antes, ahora y siempre, con la dictadura de (Jorge Rafael) Videla y el gobierno de Insfrán en Formosa”.

Suárez Lastra reclamó “no andar haciéndonos los distraídos” y “jugar con los enfrentamientos internos”. “Si no hay diálogo y convocatoria a todos los sectores, no se sale”, remató.

Cerruti pidió la palabra y retrucó: “Si vamos a escuchar a alguien comparar a Videla con un gobierno democrático de una provincia y nos tenemos que callar la boca…”.

“Estamos hablando de algo serio, profundo, que en muchos de nosotros ha sido una militancia de toda la vida, un estudio académico, libros escritos… podemos sentarnos y discutir durante horas sobre cómo llegamos a la dictadura militar”, dijo la diputada del Frente de Todos.

Y agregó: “Si queremos dar un debate profundo sobre este tema, respetemos los acuerdos democráticos que se llevaron adelante en Labor Parlamentaria. Todos tenemos ganas de hablar, de discutir, en un tema que nos atraviesa profundamente”.

Por eso, Cerruti cuestionó que Suárez Lastra “haya roto el acuerdo para lanzar una serie de insultos e improperios a otras fuerzas gobernantes legítimamente elegidas por sus pueblos”.

Cuando terminaba su discurso, Iglesias quiso interrumpirla fuera de micrófono y Massa perdió la paciencia: “Diputado, ¿usted cree que es gracioso?”, lo retó, y continuó: “Es irrespetuoso. Toda interrupción a cada uno de los oradores termina siendo irrespetuosa. Le pido por favor que así como pide que respeten el reglamento, sea usted respetuoso de los oradores”.

En medio de los gritos de Iglesias, Massa dio por terminada la discusión: “Silencio, gracias”, le dijo.

La Cámara de Diputados votará este sábado, en un día inhabitual para las sesiones, el proyecto de ley del oficialismo que eleva a 150.000 pesos el umbral a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan el impuesto a las Ganancias.

La iniciativa, que será la principal del temario, fue impulsada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y consensuada con todas las centrales obreras, que forzaron cambios al texto original para incorporar mejoras.

El texto establece que los trabajadores que ganen por debajo de 150.000 pesos brutos dejarán de pagar Ganancias, y aquellos salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos tendrán deducciones especiales que serán determinadas por el Poder Ejecutivo a través de una fórmula matemática.

En el caso de los jubilados, el “piso” pasará de seis a ocho haberes mínimos, y aquellos que además perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio.

Durante el debate se resolvió que la ley será retroactiva al 1ro. de enero y que el aguinaldo quedará exento del pago de Ganancias.

Se agregó también la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantuvo el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

Por otra parte, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.

Asimismo, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años; y finalmente, se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia.

La ley tendrá un costo fiscal superior a 47.600 millones de pesos, según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Por Carolina Ramos

El Senado aprobó este jueves la declaración de zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses. La iniciativa fue presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.

Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero a pesar del rápido acuerdo alcanzado, el debate tuvo algunos cruces picantes entre senadores del oficialismo y la oposición.

La emergencia será declarada por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo, y “se complementa con la respuesta que está dando el Gobierno nacional”, según explicó el senador Luenzo. “Es un instrumento que le permite al Ejecutivo tener las herramientas legales necesarias para consolidar el primer tramo de respuestas”, precisó el oficialista.

Por unanimidad, en el @SenadoArgentina aprobamos la declaración de Zona de Desastre y Emergencia ambiental, económica, social y productiva en el Departamento de Cushamen en la Provincia del Chubut y en la zona de El Bolsón, Departamento de Bariloche, Provincia de Río Negro pic.twitter.com/Pl1DHngFUj

— Alfredo Luenzo (@SenadorLuenzo) March 25, 2021

Romero, contra los mapuches

Al inicio del debate, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) advirtió que “estamos atacando las consecuencias y no las causas” y pidió incorporar al proyecto la cuestión de la seguridad. “Se ha instalado una violencia con ocupación de tierras, ataque a personas, quema de edificios, y hay grandes probabilidades de que los incendios a los cuales nos estemos refiriendo hayan sido causados intencionalmente”, denunció.

El salteño alertó que “tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro no tienen control sobre su territorio, y la Nación está haciendo una tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de la ley, en que la Justicia no funcione”.

Acto seguido, habló de la supuesta violencia “de quienes se dicen mapuches, porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos violentos”.

Tiempo después llegó la respuesta de la chubutense Nancy González, quien recordó que “ni bien llegó el ministro de Ambiente (a la zona), lo primero que hizo fue una denuncia penal por los incendios”.

“No voy a permitir que traten a los pueblos originarios como los causales de estos incendios cuando la Justicia está investigando. Nuestros mapuches no son para nada violentos y el pueblo de Chubut tampoco”, se defendió, y remató: “Podemos fallar, pero seguridad tenemos”.

👩🏼‍💻 Les comparto mi intervención en la sesión del día de hoy, donde tratamos la emergencia en zonas patagónicas afectadas por los incendios forestales 👇https://t.co/U13GORq6CX

— Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) March 25, 2021

Del mismo modo, Luenzo se opuso a la propuesta de Romero y pidió trabajar, en cambio, en incorporar los delitos ambientales al Código Penal para llenar el vacío legal hoy existente. “No estigmaticemos a los pueblos. El peor error es que generalicemos. Si hubo incendios intencionales, que se juzgue a los responsables”, dijo, para dar por terminada la discusión.

La recorrida de Gladys González

En otro pasaje del debate, Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comentó que recorrió las zonas afectadas: “Lo que se vivió y se está viviendo es una tragedia”.

“No hablamos solo de bosques nativos ni de plantaciones: hablamos de las viviendas de más de 350 familias que perdieron todo. Se quedaron sin nada, literalmente”, lamentó, y agregó que además “no tienen luz ni agua”, y por eso “necesitan que la ayuda se sostenga en el tiempo”.

La senadora encendió la polémica al expresar que vio “mucho desorden” en la zona, y pidió a los gobiernos en sus distintos niveles que “ordenen la ayuda”. “Hay familias que están construyendo sus viviendas de manera precaria sobre terrenos que no son firmes”, advirtió, al mencionar la posibilidad de derrumbes o aludes con las lluvias.

Nuevamente fue la chubutense González quien recogió el guante. “No se van a construir viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están trabajando con responsabilidad tanto desde el Gobierno nacional como los gobiernos municipales para que esas viviendas tengan seguridad”, retrucó.

Y luego cargó directamente contra la senadora del Pro: “No es ir a la zona, sacarse una foto y volver a Buenos Aires. Es mirar cómo se está trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el Gobierno nacional van a arriesgar vidas”.

Intervino entonces el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien salió en defensa de Gladys González. “Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto. Fue a ver la realidad de lo que estaba sucediendo”, aclaró, y lamentó tener que “soportar opiniones de senadores que creen que el único negocio es la grieta”. “Acá está la necesidad de la gente, nadie quiere sacar un rédito político”, acotó.

La ayuda del Gobierno nacional

Al defender el proyecto, Luenzo hizo un repaso por la asistencia brindada desde el Gobierno nacional, con “una inversión de casi 700 millones de pesos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y brigadistas de toda la Argentina”.

También mencionó el Programa “Casa Propia-Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “la adquisición de 350 viviendas precarias o de rápida ejecución para las familias que se han quedado en la calle y con lo puesto”. Y habló de “170 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de las redes de agua potable y energía”.

Por último, informó que la ANSES dispuso que en Cushamen las jubilaciones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, y se duplicará por un mes el monto de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, lo que hace a una erogación total de 52 millones de pesos.

Qué dice el proyecto aprobado

La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

En la sesión especial de este jueves, el Senado aprobó por unanimidad (63 votos) un tratado de extradición entre Argentina y República Checa, y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

El primer acuerdo fue firmado en la ciudad de Praga el 25 de noviembre de 2019 y, según explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, se trata del primer tratado suscripto con República Checa.

Taiana indicó que el tratado es similar a otros firmados en otros países; en ese sentido, se dispone que cada país se compromete a extraditar hacia el otro a toda persona que se encuentre en su territorio y sea requerida por las autoridades competentes para ser juzgada o para la imposición o ejecución de una condena por un delito extraditable.

Se establece que la extradición se concederá por hechos que constituyan delito conforme a la legislación de ambos países, y que sean punibles con pena de prisión u otra pena privativa de la libertad por un período máximo de al menos dos años o una pena más severa.

El senador oficialista mencionó como antecedente que “en 2018 la Corte Suprema de Justicia argentina concedió la extradición de una persona de origen checo condenada en su país por delito de abuso sexual”.

Por otra parte, se aprobó la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmada en la ciudad de Benito Gonçalves (Brasil) el 5 de diciembre de 2019.

La enmienda sustituye el anexo sobre servicios financieros, ya que fue suscrito en 1997 y era necesario actualizarlo.

El nuevo anexo contempla, entre otras disposiciones, las medidas prudenciales que puedan mantener o adoptar los Estados partes con el fin de proteger a inversores, depositantes, participantes en el mercado financiero, tenedores de pólizas o personas con las que un prestador de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, y garantizar la solvencia, liquidez y estabilidad del sistema financiero, como así también de los prestadores.

Desde el recinto, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, recordó que este viernes se cumplen 30 años de creación del Mercosur a través de la firma del Tratado de Asunción.

“La integración regional es fundamental. Estamos hablando de un mercado de más de 300 millones de personas. Hablamos de trabajo, de producción, de comercio, de educación, de salud, de energía, de las comunicaciones, del sistema científico tecnológico y de cooperación”, enumeró Mayans.

De todos modos, reconoció: “Estamos atravesando un momento muy difícil en el mundo. Me hubiese gustado que este proceso de integración tenga mayor fuerza, que trabajemos juntos con solidaridad, con cooperación, para ver cómo resolvemos el problema sanitario en nuestros países”.

“Estados Unidos tiene 1.200 millones de dosis de vacunas y la población de Estados Unidos no alcanza a 400 millones de personas. ¿Dónde está la solidaridad y el respeto por la comunidad internacional?”, se preguntó el formoseño.

Por eso, sostuvo que “hoy Argentina debe ratificar su visión de profundizar el esquema de integración regional”.

Por unanimidad, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves un proyecto del Poder Ejecutivo que suspende dos de las causales de caducidad de los partidos políticos debido a la pandemia del Covid-19.

La iniciativa, que recibió 65 votos, busca suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, destacó la intención de “garantizar la participación de los partidos políticos en el proceso electoral” y la contrapuso a la dictadura cívico-militar, a propósito del aniversario del golpe.

La oficialista explicó que “es necesario readecuar el funcionamiento de los partidos como base de la democracia” y por eso se suspenden dos de las causales de caducidad.

Sobre la primera, explicó que “muchos no han podido llevar adelante las elecciones internas que garantizan que puedan ostentar personería política para poder participar en las elecciones”.

Los senadores incorporaron al proyecto un párrafo donde se exceptúa de esta normativa a aquellos partidos con elecciones internas en trámite.

La segunda causal de caducidad que ahora se suspende es la de contar con un número de afiliaciones mínimas.

Por último, el proyecto establece que el dinero no ejecutado en 2020 en materia de capacitaciones que no se pudieron llevar adelante, será reservado para el ejercicio 2021, y se suspenden las sanciones por el no desarrollo de esos cursos.

Durante el debate en comisión, Ernesto Martínez (Pro) había propuesto que también se contemplara el requisito de la presentación de balances financieros, pero Sacnun rechazó el pedido tras consultarlo con el Ejecutivo, porque “se desvirtuaría el sentido del proyecto”.

Desde la oposición, la riojana Clara Vega (Mediar-Interbloque Federal) acompañó la iniciativa para flexibilizar “requisitos que sin duda la pandemia impidió que pudieran concretarse” en los partidos, pero sostuvo que “esta excepción no debe ser la regla”.

“El verdadero problema es cuándo vamos a hacer una reforma política integral que involucre todos los inconvenientes que han tenido los partidos políticos: la posibilidad o no de la participación ciudadana en los partidos políticos, cómo se eligen los candidatos, la financiación, las campañas electorales en los medios de comunicación y la representación de género”, planteó Vega.

Laura Rodríguez Machado (Pro) adelantó el apoyo de Juntos por el Cambio y recordó el momento en el que el Congreso fue reemplazado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) durante la dictadura.

“Es muy importante que los partidos estén fortificados, porque son la garantía de que la democracia subsiste, y que no son las presiones de las sectores las que logran imponer las leyes, a pesar de que en Argentina tenemos que luchar mucho contra ello”, dijo la cordobesa.

A su vez, advirtió que “muchos creen que quienes participamos en política somos una casta de privilegiados” pero consideró que “tenemos que honrar a los partidos con prácticas leales y transparentes” porque no hay otra forma de sostener la democracia.

Por otra parte, Rodríguez Machado pidió tratar un proyecto de su par Pamela Verasay (UCR) para incorporar el voto por correo de aquellas personas que no puedan trasladarse a los lugares de votación debido a la pandemia.

Juan Carlos Romero, del Interbloque Parlamentario Federal, reconoció que “es cierto que muchos partidos chicos se han visto con dificultades de cara al proceso electoral” y remarcó la necesidad de sancionar la ley con urgencia, al poner como ejemplo su provincia, Salta, que en julio celebra elecciones locales.

De todos modos, opinó que “este tema debe ser tratado con más consenso” y aprovechó para criticar el reciente decreto por el cual el presidente Alberto Fernández derogó el voto de argentinos residentes en el exterior.

Romero consideró que es “una forma de conculcar derechos” y advirtió que “son inexplicables los motivos que se esbozan en los fundamentos del decreto”.

El último orador fue el oficialista Mario Pais, quien sostuvo que “es un deber ineludible de este Congreso posibilitar el normal funcionamiento de los partidos, respetar el mayor grado de autonomía posible como manda la Constitución, y alentar que esa participación política dentro de los partidos sea la base del sistema representativo, republicano y democrático”.

Pais puntualizó que la iniciativa abarca tanto a los partidos nacionales como a los de distrito, y aclaró que “no es una ley electoral, sino una ley de partidos políticos, que son temas diferentes, aunque están íntimamente conectados”.

La situación que se vive en Formosa debido a las medidas adoptadas por el gobierno provincial frente a la pandemia volvió a colarse en el Senado, al igual que en la última sesión, con fuertes discursos de los jefes del Frente de Todos, José Mayans, y de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

El tema surgió en el momento de los homenajes, cuando Mayans recordó a Enrique Servian, un médico formoseño fallecido por Covid.

“En Formosa rige un protocolo estricto por todo lo que está pasando en todo el mundo y en Paraguay y Brasil, que están con sus sistemas prácticamente colapsados”, justificó el legislador, presente en el recinto.

Si bien reconoció que “hay gente que no está de acuerdo con las medidas, que son rigurosas”, aseguró que “no existe otra alternativa cuando hay una pandemia”.

A continuación, cuestionó a la oposición por ir a hacer “un acto político” a la ciudad de Clorinda, con la dirigente Patricia Bullrich acompañada por legisladores y dirigentes locales.

Mayans recordó que a fines del año pasado la provincia tenía “un muerto y 58 casos activos”, pero “en este momento la situación está complicada: llegamos a tener 70 casos por día”.

Por eso, cuestionó que el gobernador Gildo Insfrán sea “tan atacado” cuando “la visión” de las autoridades es “tratar de llegar a las vacunas”. “En Clorinda se vacunaron todas las personas de 60 años para arriba, falta la capital que está en 70 para arriba, para disminuir la letalidad del virus y la cantidad de muertos”, dijo.

Debido a la situación, defendió que se haya decidido “tomarse 15 días para poder parar esto”.

Asimismo, el senador oficialista apuntó a “la presencia de los medios nacionales atacando al gobernador, diciendo de todo, transmitiendo mucha falsa información, estigmatizándolo”, cuando se trata de “una provincia que no tiene deuda, que no tiene déficit, que no hace 30 días del inicio de clases y ya inauguramos nueve escuelas, pero eso no salió en ninguna parte”.

Mayans retomó la visita de la oposición a Clorinda y advirtió que “varios de los que estuvieron en el acto, entre ellos algunos legisladores nacionales, están contagiados en este momento”, aunque no dio nombres.

“Cuando se caiga el sistema de Paraguay, van a venir sobre Formosa, sobre Chaco, sobre Corrientes y sobre Misiones, y cuando caiga esa barrera invisible, viene la segunda ola para acá”, avisó, y por eso reclamó “dejar de hacer politiquería barata” con este tema.

La réplica de Naidenoff

A su turno, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio presentó una cuestión de privilegio por lo sucedido el 16 de marzo pasado, cuando 10 legisladores nacionales -entre ellos él mismo- fueron retenidos por la Policía provincial cuando se dirigían a Clorinda, “atacando los fueros y las garantías de transitar y circular libremente”.

Según Naidenoff, se trató de “un hecho sin antecedentes desde 1983 a la fecha”. “La memoria es un ejercicio, y si no se lo practica se tiene la tentación de caer en los errores del pasado”, dijo, a propósito del aniversario del golpe cívico-militar.

El radical enfatizó que “la pandemia en Formosa mostró el peor rostro de un gobierno autoritario que se trata de exhibir como un modelo ejemplar; una ejemplaridad que no fue copiada por ninguna de las provincias argentinas, porque ese modelo se sustenta en la restricción de libertades y en las violaciones permanentes de derechos humanos”.

“Cuando no había circulación, el sector gastronómico no trabajó durante diez meses; hace un año los gimnasios no pueden trabajar; el sector de la cultura no puede trabajar; los peluqueros están hace cinco o seis meses sin poder trabajar. No existían casos y vivíamos de fase uno en fase uno”, criticó Naidenoff.

En esa línea, desaprobó que en marzo se haya vuelto a esa fase por un rebrote de 17 casos en Formosa capital, lo cual “lógicamente” despertó movilizaciones de vecinos.

Frente a esta situación, “la única herramienta” para la oposición fue la presentación de habeas corpus “reclamando ante la Justicia Federal para que un hijo pueda encontrarse con su mamá”, indicó el senador.

“¿Se acuerdan de esas noches oscuras cuando a las madres les arrancaban a sus hijos? Acérquense a Formosa para ver las cosas que pasan en pandemia”, desafió, y aseguró que “los derechos humanos no tienen color político”.

El líder de Juntos por el Cambio en la Cámara alta observó que “tuvo que intervenir el presidente (de la Nación) con un DNU donde por primera vez se estableció como criterio unificador el libre tránsito en Argentina”, y a su vez “después de un año se logró un fallo que establece un nuevo protocolo”.

“Si somos tan exitosos, ¿por qué ninguna de las 23 jurisdicciones restantes copió nuestro modelo?”, se preguntó hacia el final.

El Senado conmemoró este jueves, al comienzo de la sesión especial, el 45° aniversario del golpe cívico-militar en Argentina, que se produjo este 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Jorge Taiana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, abrió el homenaje y recordó que el golpe que destituyó a Isabel Perón “no se dio en el vacío, sino en un contexto regional de alta competitividad, y es también parte de la Guerra Fría que conmovió al mundo y que trajo tantas víctimas”.

El senador oficialista señaló que así se instaló la Doctrina de Seguridad Nacional, con situaciones similares en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, “una cadena de gobiernos que, aferrados a esa doctrina, deciden -con apoyo de las principales potencias mundiales- someter a la democracia y desatar una represión de singular severidad”.

En Argentina, indicó Taiana, surgió entonces “el movimiento de Derechos Humanos basado en la sociedad civil, que venciendo el miedo logró un éxito extraordinario y que llevó a hacer conocer la situación del país en todas partes”.

El legislador del Frente de Todos recordó “la gestión de (Raúl) Alfonsín con el Nunca Más y el Juicio a las Juntas Militares”.

“Luego hubo retrocesos: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los indultos, pero la sociedad tuvo respuestas, siguió argumentando y a los 20 años una enorme manifestación mostró el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Entonces surgieron los Juicios de la Verdad y se alinearon paulatinamente los tres poderes del Estado”, destacó.

Por último, recordó al periodista y escritor Rodolfo Walsh, que fue secuestrado y asesinado un día como hoy de 1977.

Por su parte, la neuquina Silvia Sapag, del mismo bloque, cargó las tintas contra el rol del Poder Judicial en ese momento: “El robo de bebés, las desapariciones, las torturas, la violación de las embarazadas, el tirar personas dormidas al río desde los aviones, los fusilamientos, los saqueos, no eran motivo de preocupación por parte de la Justicia”.

Luego la senadora recordó las privatizaciones y, tras agregar que “hicieron fundir a YPF”, aseguró: “Ese fue el gran saqueo que vivimos en la dictadura, ayudado por los medios de comunicación, tanto en aquella época como en esta”.

En ese sentido, cuestionó que el diario La Nación no haya incluido en su tapa de este miércoles ninguna mención al tema, mientras que Clarín tituló con los vínculos de militares con Estados Unidos. “Se sacan el sayo porque son responsables, ayer del genocidio y hoy de las fake news”, lanzó.

Sapag habló de su situación personal y reveló que sus dos hermanos -militantes de Montoneros- y su cuñada fueron víctimas de la dictadura.

“Ahora ya no es la muerte, pero sí la prisión; sino veamos los casos de Amado Boudou, de Milagro Sala, que exhibió que con la mitad de la plata se pueden hacer las viviendas que otros pretenden hacer con mucho más; y a Boudou no le perdonan que el ahorro de los trabajadores argentinos, que estaba en manos de empresas privadas, vuelva nuevamente a manos del Estado”, comparó.

Por su parte, el radical Julio Cobos, recordó el momento del golpe, cuando era estudiante de Ingeniería: “Tengo grabado a fuego que estábamos viendo un amistoso de Argentina cuando comenzaban a enumerarse los comunicados del Proceso de Reorganización Nacional, que implicaba la pérdida del Estado de Derecho: la desaparición del Poder Legislativo, una Justicia a medias y todo el poder concentrado en la Junta de Comandantes”.

También advirtió que la dictadura “no sólo se dedicó a quitar vidas, a perseguir, a torturar, sino también a apropiarse de bienes, a destruir nuestra economía nacional, que nos está costando mucho recuperar”.

En ese marco, destacó la “figura indiscutida” de Alfonsín, “el único político que se oponía a la Guerra de Malvinas, y uno de los pocos políticos valientes que presentaban hábeas corpus”.

El Senado sesiona desde las 14.15 para tratar un proyecto del Poder Ejecutivo que suspende dos de las causales de caducidad de los partidos políticos debido a la pandemia del Covid-19, y una serie de acuerdos internacionales y declaraciones no conflictivas.

La principal iniciativa a tratar busca suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con mínimo de afiliaciones debido a la pandemia.

El proyecto también propone que en aquellos partidos donde por razones sanitarias excepcionales no se pudieron renovar autoridades, se les otorgue continuidad de ejercicio hasta fin de año a las últimas autoridades informadas ante la Justicia Federal con competencia electoral.

Por último, se suspenden las sanciones por incumplimiento de la obligación de capacitación con el fin de que puedan incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar capacitaciones de manera digital, reservando las sumas no ejecutadas en 2020 para el ejercicio 2021 con el mismo destino.

En la sesión también se tratarán otros dos proyectos del Ejecutivo para aprobar un Tratado de Extradición con la República Checa y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

A continuación, se votarán numerosos proyectos de declaración impulsados por distintos senadores, entre ellos uno para manifestar pesar por el fallecimiento del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez.

También figura en el temario una declaración de beneplácito por los 30 años de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur; y otra por el octavo aniversario de la consagración del papa Francisco.

El Senado sesionará este jueves desde las 14 para tratar un proyecto del Poder Ejecutivo que suspende dos de las causales de caducidad de los partidos políticos debido a la pandemia del Covid-19, y una serie de acuerdos internacionales y declaraciones no conflictivas.

La sesión, que será mixta -presencial y virtual- fue convocada este martes por la vicepresidenta Cristina Kirchner y será la segunda del período ordinario.

La principal iniciativa a tratar busca suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con mínimo de afiliaciones debido a la pandemia.

El proyecto también propone que en aquellos partidos donde por razones sanitarias excepcionales no se pudieron renovar autoridades, se les otorgue continuidad de ejercicio hasta fin de año a las últimas autoridades informadas ante la Justicia Federal con competencia electoral.

Por último, se suspenden las sanciones por incumplimiento de la obligación de capacitación con el fin de que puedan incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar capacitaciones de manera digital, reservando las sumas no ejecutadas en 2020 para el ejercicio 2021 con el mismo destino.

En la sesión también se tratarán otros dos proyectos del Ejecutivo para aprobar un Tratado de Extradición con la República Checa y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

A continuación, se votarán numerosos proyectos de declaración impulsados por distintos senadores, entre ellos uno para manifestar pesar por el fallecimiento del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez.

También figura en el temario una declaración de beneplácito por los 30 años de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur; y otra por el octavo aniversario de la consagración del papa Francisco.

Oficialismo y oposición se encaminan a prorrogar en las próximas horas el Protocolo de Funcionamiento Remoto, con el fin de destrabar la firma del dictamen sobre el proyecto de impuesto a las Ganancias, que el Frente de Todos quiere votar la semana próxima en el recinto de la Cámara de Diputados.

El protocolo, que habilita el funcionamiento mixto -presencial y virtual- de la Cámara baja debido a la pandemia del coronavirus, venció el pasado 12 de febrero y ahora los jefes de bloque deben volver a rubricarlo para poder dictaminar proyectos y sesionar bajo esa modalidad.

Fuentes parlamentarias aseguraron que los líderes del interbloque Juntos por el Cambio están dispuestos a estampar su firma en la nueva prórroga -que regiría por 30 días hábiles- para poder dictaminar esta semana el proyecto de Ganancias en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo.

Desde el oficialismo aseguran que el plenario podría reunirse este jueves y, si hay acuerdo, la sesión -que sería la primera del período ordinario- podría celebrarse el martes próximo.

El proyecto que eleva a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias cuenta con amplio acuerdo de todo el arco político, más allá de algunos cambios que propone la oposición, que buscan sumar más beneficios y revisar tanto la actualización del umbral como las escalas del tributo.

En la última reunión informativa, celebrada el viernes pasado, representantes de todo el espectro sindical -la CGT, las dos CTA, el Frente Sindical y la Corriente Federal de Trabajadores- manifestaron su apoyo al proyecto impulsado por Massa, que permitirá que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar Ganancias.

El texto original sufrió una serie de modificaciones consensuadas, como la retroactividad del beneficio al 1ro. de enero; la exención del aguinaldo; mayor flexibilidad en el caso de los jubilados; deducción para concubinatos; y el diferencial por zona patagónica tal como rige en la actualidad.

En un breve pero encendido debate donde el Frente de Todos renovó sus críticas hacia el lawfare, el Senado avaló este jueves 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del exbogado de Cristina Kirchner Roberto Boico en la Cámara Federal.

El oficialismo contó con el apoyo extra de la neuquina Lucila Crexell, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, mientras que en Juntos por el Cambio la mayoría de los senadores acompañaron todos los pliegos con la única excepción de Boico.

Sin embargo, algunos integrantes del interbloque presidido por Luis Naidenoff se abstuvieron en todo el paquete: fueron Martín Lousteau, Esteban Bullrich, Gladys González, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay. “Con la salida de (Marcela) Losardo y esta embestida contra la Justicia no podemos acompañar los pliegos, pero tampoco podemos votar negativamente cuando en el paquete puede haber buenos jueces”, argumentaron fuentes de ese grupo.

Contra el Poder Judicial

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, señaló que el Senado cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente para atender esos pliegos, destacando que “desde que asumió la presidencia Alberto Fernández se acabaron los artilugios que cubrían vacantes con jueces amigos a través de las diferentes formas, evadiendo el mandato popular”.

“Hemos tenido una semana bastante movida en términos de cuestionamientos a la administración de justicia en la Argentina. Hemos podido ver cómo se lleva adelante un juicio oral y público en nuestro país y cómo se han comenzado a caer varios velos respecto de lo que nosotros decimos que es una persecución judicial para aquellos que intentaron, a través de un gobierno popular, defender los intereses de la Nación argentina”, aseguró.

Lea también: El FdT avaló la designación de Boico, exabogado de Cristina, en la Cámara Federal

En otro pasaje de su discurso, Fernández Sagasti reclamó “reglas que exijan a la Justicia comprometerse con la perspectiva de género”, ante lo cual anunció la presentación de un proyecto “para aquellos casos de jueces o juezas que hayan demostrado mediante declaraciones públicas o mediante sentencias una falta de perspectiva de género”.

“Debemos pensar entre todos cómo vamos a hacer para que nunca más haya un caso Micaela en la Argentina”, expresó.

Luego señaló que “cada vez que se habla de nuevas normas para el Poder Judicial, todo es teñido por los medios de comunicación” con la sensación de que se busca “tratar de evadir la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos con la Justicia” cuando en realidad es “todo lo contrario”.

Otra oficialista, María de los Ángeles Sacnun, recordó que “en la campaña presidencial de 2019 el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de llevar adelante una profunda transformación de la Justicia, el poder menos democrático de los tres poderes del Estado” porque no es sometido al voto popular.

Sacnun habló del proyecto de reforma judicial que se encuentra trabado en la Cámara de Diputados y cuestionó la actitud de la oposición por haberlo criticado “sin antes conocer los términos”. “Están muy cómodos con esta Justicia que no le da respuesta a los ciudadanos”, lanzó.

La santafesina también se refirió al caso del juez de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani, quien -según se conoció- envió un mensaje ofensivo a un chat judicial en el marco del Día de la Mujer, situación que fue puesta en evidencia por la propia vicepresidenta Cristina Kirchner.

Para Sacnun, “es una vergüenza que un juez de Casación haya hecho lo que hizo y que no haya ningún planteo de sus pares” salvo el de otras dos integrantes de Casación, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, quienes pidieron al presidente del tribunal, Gustavo Hornos, que ordene certificar el contenido del chat.

La legisladora se preguntó, a su vez, “qué hizo el juez Hornos visitando a (Mauricio) Macri en seis oportunidades previo al dictado de resoluciones en sus causas”.

Advirtió que además de “la persecución a opositores”, también se busca “disciplinar a la política” e “interferir sobre los procesos electorales para tratar de llevar agua a su molino”, y por último reclamó un Poder Judicial “independiente no solo del poder político, sino también del económico, el mediático y los demás poderes”.

Luego fue el turno de Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, quien redobló la carga contra la gestión anterior. En primer lugar, recordó los casos de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, Eduardo Freiler y Carlos Rosanski, “jueces a los cuales persiguieron y amedrentaron”.

También se refirió al caso de “la familia Mahiques: uno era representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, otro era fiscal acusador de Cristina Kirchner y otro era juez, y todos entraron por la ventana”.

Finalmente, José Mayans, jefe del bloque oficialista, habló de la causa denominada “dólar futuro” y resaltó que “la vicepresidenta destruyó todos los argumentos de una causa absolutamente armada que están viendo si llevar a juicio oral, algo que no tiene ni un milímetro de sustento”.

Los pliegos aprobados

• Jorge Eduardo Di Lorenzo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II
• Juan Rafael Stinco como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 de Capital Federal
• Mercedes Maquieira como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 de Capital Federal
• Roberto José Boico como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal
• María Soledad Casazza como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5 de Capital Federal
• Pablo Daniel Frick como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 de Capital Federal
• Gustavo Adolfo Vargas como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Chaco
• Natalia Eloísa Castro como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
• Guillermo Dante González Zurro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala M
• Lorena Fernanda Maggio como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala B
• Martín Miguel García Ongaro como defensor público de víctima con asiento en la provincia de La Pampa
• Andrea Fabiana Centonze como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 70 de Capital Federal
• Moira Alicia Fullana como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 3 de Capital Federal
• Matías Sebastián Moreno Espeja como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71 de Capital Federal
• Juan Pablo Lorenzini como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47 de Capital Federal
• Eugenio Ricardo Labeau como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 54 de Capital Federal
• Damián Esteban Ventura como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 53 de Capital Federal
• Diego Hernán Tachella como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 20 de Capital Federal
• Vanesa Susana Moreno como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nro. 6
• Gabriel Gerardo Rolleri como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala D
• Maximiliano Luis Caia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala J
• Macarena Marra Giménez como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 de Capital Federal

El Frente de Todos logró avalar este jueves en el Senado la designación de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que actúa en casos de corrupción.

Con el apoyo de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), el oficialismo aprobó el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, con lo cual Boico pasará a integrar la Cámara junto con Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. Quienes se opusieron al nombramiento fueron Luis Naidenoff -jefe del interbloque-, Roberto Basualdo, Pablo Blanco, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Julio Martínez, Stella Maris Olalla, Belén Tapia y Víctor Zimmermann.

En cambio, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Alfredo De Angeli, Esteban Bullrich, Gladys González, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay se abstuvieron, al igual que Carlos Reutemann (Interbloque Federal) y llamativamente un oficialista, Claudio Poggi.

Boico, quien defendió a la expresidenta y al actual senador Oscar Parrilli en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, ocupará un lugar clave en la Sala II de la Cámara Federal, donde días atrás el Gobierno repuso además al juez Farah.

Al presentarse en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, el abogado consideró que “la característica fundamental que tiene que tener una Cámara Federal, que tiene las causas de la envergadura que tiene, es la celeridad y el compromiso por el respeto a las garantías constitucionales de todas las partes en pugna y en litigio”.

El motivo del rechazo

Quien se puso al hombro el rechazo al pliego fue la cordobesa Rodríguez Machado, que explicó que “nada hay que decir de la cuestión técnica ni los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la cuestión de la imparcialidad de los jueces”.

La senadora recordó que en su presentación ante la comisión, Boico “no mencionó en ningún caso el ejercicio de la abogacía. Sabemos que este abogado no solo fue abogado defensor de Cristina Kirchner en la cuestión del memorándum con Irán, sino también lo fue del doctor Parrilli. Y habló siempre de un Poder Judicial disciplinado a la voluntad popular. Y habló insistentemente de la rendición de cuentas de los jueces frente al pueblo… pero la rendición de cuentas de los jueces es ante el Consejo de la Magistratura, no ante el pueblo”.

Alertó entonces que el doctor Boico “decididamente elige la voluntad popular y no la Constitución; y a mi entender un juez tiene que fallar en relación a las leyes, porque lo otro le compete a un organismo político”.

La defensa de Parrilli

Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, defendió la designación de Boico y criticó a Juntos por el cambio por no acompañarla.

“Fue abogado mio, sí, claro, fue abogado mio y me siento orgulloso, hizo una gran defensa, y también fue abogado de la presidenta del Senado. ¿Por qué no lo votan? ¿Porque no pasó el examen? ¿Porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas, por persecución ideológica: no lo votan porque supuestamente es kirchnerista”, lanzó Parrilli.

El senador destacó que en su presentación ante la Comisión de Acuerdos, Boico “dio clase de Derecho Constitucional porque es un gran profesional, además de haber sido abogado mio. Ese es un detalle nada más”.

Parrilli insistió en que “el único motivo que tienen para no votarlo es porque fue abogado de Cristina y mio. Pero quédense tranquilos: no va a tratar ninguna causa de Cristina ni mia”.

Además, recordó que el nuevo juez “de 2015 a 2019 participó en nueve concursos; en los nueve salió ternado, en todos ganó, y no fue porque era abogado de Cristina o de Parrilli, sino porque profesionalmente es muy capaz”, pese a lo cual el gobierno anterior no impulsó su candidatura.

Desde las 14.11, el Senado realiza este jueves su primera sesión del año, durante la que se votará la renovación de las sesiones virtuales y se aprobarán 22 pliegos de candidatos a camaristas, jueces y defensores, entre ellos el de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Como primer punto del temario, el pleno considerará el decreto 5/21, que lleva la firma de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, y que prorroga por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional” por la pandemia del Covid-19.

El esquema seguirá como hasta ahora, es decir, la mayoría de los legisladores podrán participar de las sesiones y reuniones de comisión desde sus domicilios particulares, sus despachos o bien desde dependencias oficiales.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.

En la sesión también se votarán 22 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que obtuvieron dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos presidida por Anabel Fernández Sagasti tras dos audiencias públicas realizadas en febrero.

El nombre que sobresale en la lista es el de Boico, quien fue defensor de Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, y es propuesto ahora como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.

Todos los pliegos que votará el Senado:

-Jorge Eduardo Di Lorenzo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II

-Juan Rafael Stinco como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 de Capital Federal

-Mercedes Maquieira como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 de Capital Federal

-Roberto José Boico como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal

-María Soledad Casazza como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5 de Capital Federal

-Pablo Daniel Frick como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 de Capital Federal

-Gustavo Adolfo Vargas como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Chaco

-Natalia Eloísa Castro como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata

-Guillermo Dante González Zurro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala M

-Lorena Fernanda Maggio como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala B

-Martín Miguel García Ongaro como defensor público de víctima con asiento en la provincia de La Pampa

-Andrea Fabiana Centonze como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 70 de Capital Federal

-Moira Alicia Fullana como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 3 de Capital Federal

-Matías Sebastián Moreno Espeja como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71 de Capital Federal

-Juan Pablo Lorenzini como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47 de Capital Federal

-Eugenio Ricardo Labeau como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 54 de Capital Federal

-Damián Esteban Ventura como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 53 de Capital Federal

-Diego Hernán Tachella como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 20 de Capital Federal

-Vanesa Susana Moreno como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nro. 6

-Gabriel Gerardo Rolleri como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala D

-Maximiliano Luis Caia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala J

-Macarena Marra Giménez como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 de Capital Federal

El Senado realizará este jueves desde las 14 su primera sesión del período ordinario, en la que se renovará por otros dos meses el sistema de funcionamiento virtual y se votarán 22 pliegos de candidatos a jueces, camaristas y defensores, entre ellos el de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En primer término, los senadores aprobarán el decreto 5/21, que lleva la firma de la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, y que prorroga por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional” por la pandemia del Covid-19.

El esquema seguirá como hasta ahora, es decir, la mayoría de los legisladores podrán participar de las sesiones y reuniones de comisión desde sus domicilios particulares, sus oficinas o bien desde dependencias oficiales.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al Interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.

En la sesión también se votarán 22 pedidos de acuerdo para ocupar vacantes en el Poder Judicial, que obtuvieron dictamen favorable en la comisión presidida por Anabel Fernández Sagasti en las jornadas que se realizaron los días 25 y 26 de febrero.

Entre los pliegos figura el de Boico, exabogado de Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli en la causa del Memorándum con Irán, y ahora propuesto como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.

A continuación, el listado completo de pliegos que votará el Senado:

• Jorge Eduardo Di Lorenzo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala II
• Juan Rafael Stinco como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 3 de Capital Federal
• Mercedes Maquieira como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 9 de Capital Federal
• Roberto José Boico como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal
• María Soledad Casazza como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 5 de Capital Federal
• Pablo Daniel Frick como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 14 de Capital Federal
• Gustavo Adolfo Vargas como defensor público de víctima con asiento en la provincia de Chaco
• Natalia Eloísa Castro como defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata
• Guillermo Dante González Zurro como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala M
• Lorena Fernanda Maggio como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala B
• Martín Miguel García Ongaro como defensor público de víctima con asiento en la provincia de La Pampa
• Andrea Fabiana Centonze como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 70 de Capital Federal
• Moira Alicia Fullana como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 3 de Capital Federal
• Matías Sebastián Moreno Espeja como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 71 de Capital Federal
• Juan Pablo Lorenzini como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 47 de Capital Federal
• Eugenio Ricardo Labeau como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 54 de Capital Federal
• Damián Esteban Ventura como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 53 de Capital Federal
• Diego Hernán Tachella como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 20 de Capital Federal
• Vanesa Susana Moreno como defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nro. 6
• Gabriel Gerardo Rolleri como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala D
• Maximiliano Luis Caia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital Federal, Sala J
• Macarena Marra Giménez como jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 de Capital Federal

En momentos donde la Cámara de Diputados debe renovar el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió funcionar a través de la plataforma virtual durante la pandemia, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) presentó un proyecto de resolución para incorporar las sesiones virtuales al reglamento.

En su propuesta, la legisladora lavagnista propone incorporar un agregado al artículo 14, titulado “Ámbito para sesionar”, que indique que “en los casos de fuerza mayor, cuando hubiere razones fundadas que impidan a los diputados constituir Cámara, se facultará el funcionamiento del Cuerpo fuera de su ámbito para sesionar de manera remota mediante plataformas de videoconferencia y/o videollamadas u otros sistemas competentes apropiados que permitan el desarrollo de las sesiones en línea”.

Se agrega además que en estos casos regirán los artículos vigentes sobre la asistencia de los diputados y el quórum legal.

“Verificada la asistencia de los diputados en la videoconferencia y/o videollamada o sistema técnico utilizado, se los considerará concurrentes a los efectos de todas las disposiciones del reglamento que hagan referencia a su presencia”, dispone el proyecto, y “en igual sentido, se entenderá como voto emitido por esta manera verificado personalmente mediante la plataforma utilizada”.

Por último, la iniciativa indica que las autoridades de la Cámara deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar “el funcionamiento virtual de las oficinas afectadas al desarrollo de la sesión en caso de fuerza mayor”.

La última prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto caducó el 12 de febrero y los jefes de bloque deben suscribir ahora una nueva extensión para poder dictaminar en las comisiones y sesionar en el recinto de manera mixta, es decir, con mayoría de diputados presenciales y el resto conectados de forma virtual.

Con el período ordinario ya en marcha, el Senado resolvió continuar con la modalidad de funcionamiento remoto por otros dos meses en función de la pandemia del Covid-19, por lo que la mayoría de los legisladores continuarán participando de las sesiones y reuniones de comisión de forma virtual.

Así lo dispuso la presidenta provisional de la Cámara alta, Claudia Ledesma Abdala, a través del decreto 5/21, donde se prorrogó por 60 días “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional”.

El plazo podrá ser extendido nuevamente “en tanto persista la situación de emergencia sanitaria”, aclara el decreto.

De todos modos, se especifica que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al Interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.

“La incorporación de los miembros previstos para los distintos bloques políticos no obsta a la posibilidad de rotación de todos aquellos senadores que quieran participar presencialmente, siempre y cuando se mantenga la cantidad máxima permitida simultáneamente”, agrega el decreto.

De este modo, quedó saldada en el Senado la discusión sobre el modo de funcionamiento en este inicio de sesiones ordinarias, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde los jefes de bloque todavía no suscribieron el acta de renovación del protocolo, que venció a mediados de febrero.

Tras la intensa actividad parlamentaria del año pasado, el Congreso no logró estar a la altura del ambicioso temario propuesto por el Poder Ejecutivo para este verano. De los 31 proyectos incluidos en la prórroga de ordinarias y la convocatoria a extraordinarias, solo 11 fueron convertidos en ley, mientras que el resto será abordado a partir del próximo lunes, tras la Asamblea Legislativa a cargo de Alberto Fernández.

Enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero, mientras que el Senado realizó ya tres sesiones, el 4 y el 24 de febrero, incluyendo la preparatoria de renovación de autoridades.

Por eso, una vez que el presidente deje inaugurado el 139° período de sesiones ordinarias, el oficialismo buscará acelerar la votación de algunas leyes clave, como el Consenso Fiscal y las modificaciones en el impuesto a las Ganancias, antes de que empiece a rodar el calendario electoral.

Una convocatoria y tres ampliaciones

El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.

Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario sea hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.

A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos.

Las leyes sancionadas

En un fin de año frenético, el Congreso sancionó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que dará sus frutos en marzo con el primer aumento -rondará el 8%-.  Pero además, en una jornada histórica, se aprobó la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días, orientado al embarazo y la primera infancia.

Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas –también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña.

Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorice los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Una veintena de leyes pendientes

Nada menos que veinte proyectos del temario ampliado quedaron pendientes para el año legislativo, entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantienen en alerta a Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición.

Ambas iniciativas cuentan con aprobación del Senado y ahora dependen de Diputados, así como el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos son otros de los temas en carpeta en la cámara presidida por Sergio Massa.

Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.

Asimismo, se incluía un nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.

Finalmente, quedaron pendientes iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO, por ahora sin consenso.

De esos últimos proyectos, el vinculado a Ganancias es uno de los principales, ya que sería utilizado para compensar la futura suba del mínimo no imponible. Es que según se estableció en la reforma tributaria de 2017, las empresas debían tributar un 25% en 2021, pero dada la necesidad de recaudación se busca retornar a la alícuota original del 30% que se aplicó en 2018, 2019 y 2020.

Por otra parte, en Diputados sigue cajoneada la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, y de no tratarse, en mayo caducarán los beneficios impositivos para más de medio centenar de plantas productoras. A pesar de los reclamos y las promesas de tratamiento, el Ejecutivo nunca habilitó el debate en el verano.

A los proyectos pendientes se suman los acuerdos que debe tratar el Senado para el Poder Judicial, el Ministerio Público, personal superior de las Fuerzas Armadas y el Banco Central.

Por votación unánime, el Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto para otorgar un beneficio económico extraordinario, por única vez, a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.

La iniciativa fue aprobada con 53 votos afirmativos y, una vez que sea promulgada, los familiares de los submarinistas tendrán 365 días para reclamar el beneficio, que se calcula en alrededor de 7.000.000 de pesos y que será entregado a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes, según corresponda.

En rigor, la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100; la misma fórmula utilizada en otras leyes reparatorias, como en el caso AMIA.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nancy González (Frente de Todos) enfatizó que más allá de esta ley de reparación económica, “el Gobierno nacional quiere llegar a la verdad” con respecto a la desaparición del submarino.

“Una verdad que merece saber todo el pueblo argentino -continuó-, porque son 44 compatriotas que durante mucho tiempo no fueron buscados y luego fueron buscados de manera irregular”.

González destacó que “el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa”, que será la autoridad de aplicación de la ley, “han estado trabajando incansablemente en apoyo de los familiares y en respeto de los compatriotas cuya desaparición hoy no sabemos cómo fue”.

Desde Juntos por el Cambio, la jujeña Silvia Giacoppo coincidió en que “otorgar este beneficio es reparar, en parte, el dolor de estas familias que han perdido a estos seres queridos. No les podemos devolver la vida, pero con esta ley sí estamos reparando en algo el daño moral y el dolor de estas familias”.

De todos modos, pidió revisar las responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan: “Yo también quiero que se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente y la búsqueda”.

La radical recordó en ese sentido la frase “pato al agua”, proferida en 2011 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que “por 30 años ese submarino iba a tener una vida útil”, algo que no se cumplió.

La santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) advirtió que “los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, nuestros héroes, eran entonces ninguneados permanentemente. Pero el pueblo no olvida y comenzó en todos los puntos de nuestro país a rendirles homenaje. El pueblo no olvida y quiere saber la verdad”.

Por su parte, Julio Cobos (UCR) manifestó que “esta reparación económica no compensa el dolor de los familiares ni la pérdida de 44 vidas, pero es la manera de asistir de la mejor forma posible asumiendo la responsabilidad”.

El rionegrino Alberto Weretilneck, en tanto, sostuvo que “este proyecto bajo ningún punto de vista tiene el espíritu de ser una ley de punto final. Que nadie sienta que el Congreso quiere cerrar esta historia. Comparto la demanda de los familiares de todas las víctimas del ARA San Juan: verdad y justicia”.

Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti dijo que “una de las formas de reparar es decir la verdad de lo que sucedió” y cargó las tintas contra la gestión de Mauricio Macri por el manejo de la tragedia.

Fernández Sagasti habló de “mentiras y manoseos que en virtud de proteger a un ministro político central del gobierno de Macri se hicieron durante esa época”, en alusión al entonces titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad.

La senadora advirtió que lo sucedido “fue la mayor tragedia naval en tiempos de paz que vivió la Argentina”, pese a lo cual pasaron “16 días” desde la desaparición del submarino hasta que el ministro Aguad “hiciera la primera comunicación al pueblo argentino”.

Además, recordó el intenso trabajo de investigación realizado desde el Congreso a través de la bicameral creada con ese fin, la cual ella misma integró. De esa comisión surgió un informe final que fue suscrito por oficialismo y oposición, pero hubo diferencias en el apartado vinculado a las responsabilidades políticas.

Fernández Sagasti precisó que ya en ese entonces, los familiares de los submarinistas “tenían la sospecha de que estaban interviniendo sus teléfonos”, y al plantearlo ante el propio Aguad, el funcionario respondió que “si era cierto, los acompañaría a hacer la denuncia penal”.

“Hace unos meses nos enteramos de que eso fue verdad, que no solo se montó un espionaje ilegal a amigos y empresarios sino también a los familiares que estaban buscando justicia”, confirmó la legisladora.

Agregó también que “la primera semana de diciembre de 2017 el gobierno ya sabía dónde había sido la implosión del ARA San Juan y que por la magnitud de la implosión no había posibilidad de vida. Sabían ese dato y nunca se lo dijeron a los familiares”.

Por esos motivos, denunció una “falta de empatía del gobierno de Macri con los familiares de 43 héroes y una heroína”.

Qué establece la flamante ley

Para cobrar el dinero, los familiares deberán renunciar a todo derecho indemnizatorio por daños y perjuicios, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.

El proyecto aprobado indica que el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier otra acción judicial en trámite en reclamo de daños y perjuicios.

También se establece que en los casos donde los familiares ya hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.

“Este beneficio económico que el Estado Nacional les está otorgando no es obligatorio. Pueden acceder o no, y seguir con la causa civil si es que están”, aclaró la senadora González.

La reparación económica estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, destacó en la sesión de este miércoles que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, al defender el Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores en el marco de la pandemia.

Caserio explicó que este Consenso Fiscal fue concretado el 4 de diciembre del año pasado entre la Nación y 21 de las 24 provincias, ya que San Luis y La Pampa se negaron a suscribirlo porque no lo habían hecho con los anteriores pactos, y la Ciudad de Buenos Aires -que sí había adherido- rechazó las nuevas condiciones.

El cordobés hizo un repaso por los acuerdos anteriores y recordó que el primero se firmó el 23 de mayo de 2016, y fue renovado en 2017 y 2018. “Hasta ahí hablábamos del país de (Mauricio) Macri, de Disneylandia, donde se festejaba y se bailaba en los actos porque parecía que Argentina mejoraba”, ironizó.

“Pero lamentablemente -prosiguió- la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.

Caserio señaló que el gobierno de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.

El senador del Frente de Todos cargó contra la gestión anterior al advertir que “prometían una inflación de un dígito y terminaron con una inflación del 40% durante los cuatro años, y en 2019 batieron el récord de inflación de toda la historia argentina, con un 54,8%”.

También precisó que “la fuga de capitales fue de 86.000 millones de pesos” y que el endeudamiento con el FMI se hizo insostenible. “El gobierno de Macri lo único que hizo fue ajustar”, se quejó.

Luego, con la llegada de la pandemia, “el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, destacó Caserio.

“Hasta el 1ro de octubre las provincias perdieron recursos por 200.000 millones de pesos, y la Nación las asistió por 199.000 millones de pesos. Esto permitió a las provincias cumplir con sus compromisos”, puntualizó.

El Consenso Fiscal 2020

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que el Consenso Fiscal “busca un proceso de armonización con las provincias en el cumplimiento de algunas normas básicas”.

El legislador oficialista informó que “las provincias asumen compromisos en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales”.

Explicó que “en materia tributaria provincial y nacional se busca una armonización que permita recaudar de manera más eficiente y facilitar la vida de los ciudadanos” a través de la automatización de trámites.

De esa forma, indicó el senador, “se prorrogan todas las alícuotas de Ingresos Brutos de las provincias hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, no podrán subirlo pero tampoco podrán bajarlo”.

También se busca “acordar mecanismos de devolución automática y compensaciones a favor de los contribuyentes”.

En cuanto al endeudamiento, el pacto establece que “a partir del 31 de diciembre y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera”, afirmó Caserio.

Asimismo, precisó que durante un año las provincias no podrán iniciar procesos judiciales contra la Nación y deberán suspender los que se encuentran en trámite, motivo por el cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -quien presentó una demanda ante la Corte Suprema por la quita de coparticipación a la Ciudad- se negó a firmar el acuerdo.

Por último, el Consenso Fiscal especifica que “no habrá más transferencias de competencias y funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada por ley del Congreso”, como sucedió el año pasado con los fondos destinados a financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.

Al inicio de la sesión de este miércoles, senadores rindieron homenaje al expresidente Carlos Menem a diez días de su muerte, bajo la mirada de su hija Zulemita y su exsecretario Ramón Hernández, presentes en uno de los palcos del recinto.

El primero en recordar al caudillo riojano fue su reemplazante en la Cámara alta, Ricardo Guerra, quien prestó juramento minutos antes, en la sesión preparatoria, para ocupar la banca que Menem dejó vacante.

“Para los riojanos es un orgullo que un hombre nacido, criado y formado en nuestra tierra haya sido honrado con el voto popular como presidente de la República en dos ocasiones y en tres como gobernador de La Rioja, además de senador nacional”, destacó Guerra.

El flamante senador habló de la “fuerte convicción” de Menem por “la democracia como estilo de vida”, y su “vocación” por “la paz entre los argentinos”.

“Honor y responsabilidad son los sentimientos que me embargan al ocupar el lugar que dejó esta figura”, confesó Guerra, que se incorporó al bloque del Frente de Todos.

Por su parte, Clara Vega (Interbloque Parlamentario Federal) sostuvo que Menem fue “el último caudillo carismático de la política argentina”, y resaltó que “ha marcado un antes y un después en el destino de este país”.

“Soñó con una Argentina grande, inserta en el mundo, e hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograrlo”, aseguró la riojana.

Vega también dijo que Menem fue “reconocido especialmente por los opositores, los que nunca recibieron ningún tipo de atropello ni de insulto por parte de Menem, al contrario; él fue un hombre que se destacó por buscar que los argentinos cerremos esa grieta”.

El tercer senador por La Rioja, el radical Julio Martínez, coincidió en que Menem fue “una persona de un carisma y una sensibilidad inigualables”, y recordó que “desde joven tuvo la convicción de que iba a ser presidente de la Nación”.

Tras repasar algunos hitos de la trayectoria política de Menem, Martínez afirmó que “ha conservado el cariño y el afecto de la gran mayoría de los riojanos”, y además “supo de lealtades y traiciones” a lo largo de su vida.

El último orador del homenaje fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien apuntó que “en el ‘83 (Menem) empezó a recorrer el país para ser presidente”, algo que logró por primera vez en 1989.

“Se destacó como un gran estadista y un hombre de diálogo. Logró el Pacto de Olivos, se reconcilió con viejos adversarios y conmovió al peronismo cuando visitó a un viejo adversario como el almirante Isaac Rojas”, mencionó Rodríguez Saá, y agregó que el expresidente “mostró aquel día la necesidad de que, más allá de las discrepancias, había que poner a la Argentina por encima de las pasiones”.

Además, el senador destacó que “con su carisma sabía llegar a los lugares más humildes y abrazarse con las personas más humildes de la sociedad”, y finalmente lo calificó como un “patriota” y “un grande de la política argentina”.

Tras los discursos, los senadores realizaron un minuto de silencio en memoria de Menem.

En un breve trámite formal, el Senado ratificó este miércoles sus autoridades por un nuevo año, antes de la sesión especial convocada para tratar el Consenso Fiscal 2020, pliegos de embajadores y proyectos de ley consensuados.

Por acuerdo entre oficialismo y oposición, fueron confirmados la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro).

También seguirán en sus cargos los secretarios María Luz Alonso (Administrativa) y Marcelo Fuentes (Parlamentario), así como los prosecretarios Mariano Cabral (Administrativo), Juan Pedro Tunessi (Parlamentario) y Diego Bermúdez (Coordinación Operativa).

La sesión preparatoria duró unos 15 minutos y también se acordó que las sesiones ordinarias de 2021 se llevarán a cabo los días miércoles y jueves a las 14.

Presente en el recinto, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, recordó el trabajo realizado el año pasado para instrumentar las sesiones remotas en el marco de la pandemia. “Hemos tenido un año excepcional, con más de 30 sesiones y más de 200 reuniones de comisión”, destacó el formoseño.

En ese sentido, señaló que “hubo un esfuerzo especial” por parte de las autoridades del Senado para poner en marcha el nuevo sistema y estar presentes en el recinto. “En materia parlamentaria, ha sido un año parlamentario muy bueno”, insistió.

A su vez, la vicejefa del bloque, Anabel Fernández Sagasti, recordó que el 10 de diciembre de 2019, cuando asumió la nueva gestión, en el Senado “se cortó la luz y no había grupos electrógenos”.  “Cuatro meses después tuvimos la capacidad de generar sesiones virtuales, de generar firma digital de todos los senadores, y pudimos hacer que este poder del Estado siga dando respuestas ante una catástrofe mundial como es la pandemia”, resaltó, y agradeció también a las autoridades de la Cámara alta.

Jura del reemplazante de Menem

Al inicio de la sesión juró, de forma presencial, el riojano Ricardo Guerra, quien completará hasta 2023 el mandato del expresidente Carlos Menem, que falleció el pasado 14 de febrero a los 90 años.

Si bien correspondía que asumiera Florencia López, la segunda candidata de la lista de 2017, la dirigente decidió continuar como vicegobernadora de la provincia, razón por la cual asumió Guerra, que era el primer suplente de esa nómina.

Guerra, de profesión contador, fue ministro de Hacienda de La Rioja y es cercano al  exgobernador riojano Luis Beder Herrera.

El Senado tendrá el próximo miércoles doble jornada: la vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a renovar autoridades en la tradicional sesión preparatoria, citada para las 14, mientras que a las 15 habrá otra sesión especial para tratar una serie de proyectos, entre ellos el Consenso Fiscal 2020 firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores de 21 provincias.

En primer lugar, tal como establece el reglamento, la Cámara alta renovará sus autoridades y se espera que todas ellas sean ratificadas por un nuevo año: la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro).

Luego, el Senado abordará un temario de cuatro proyectos de ley y tres pliegos de candidatos a embajadores, Luis Ilarregui (Cuba), Ariel Basteiro (Bolivia) y Sabino Vaca Narvaja (China), quienes cuentan con aval de la Comisión de Acuerdos.

El tema principal de la sesión será la ratificación del Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el presidente y 21 de los 24 gobernadores –las excepciones fueron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los mandatarios de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto-.

A través de este nuevo pacto, que actualiza el firmado originalmente en 2017, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en ese entonces, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.

A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares, y se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte de la coparticipación, se negó a firmar el documento.

En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la coparticipación, sino de partidas presupuestarias.

El Senado también tratará otros tres proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara de Diputados, el primero de ellos para promover la construcción de obras privadas nuevas a través de diferentes beneficios impositivos, como por ejemplo la exención del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a esas construcciones.

Otra de las iniciativas apunta a incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, desde el 0,28% del PBI en 2021 hasta alcanzar el 1% en 2032, con una perspectiva federal en el reparto de esos fondos.

Por último, se votará una reparación económica de carácter extraordinario para familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por un monto de alrededor de 7.000.000 de pesos que serán entregados por única vez a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de las víctimas, según corresponda.

El año legislativo que abrirá próximamente el presidente Alberto Fernández arrancará con la votación de un proyecto clave para el Frente de Todos, el que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para que más de un millón de trabajadores y jubilados dejen de pagar el tributo.

Tal como anunció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Poder Ejecutivo prepara el decreto que amplía el temario de sesiones extraordinarias -que concluyen el domingo 28- para incorporar la iniciativa presentada días atrás por el bloque oficialista, con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, a la cabeza.

Una vez que el decreto se publique en el Boletín Oficial, el Frente de Todos activará la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, para comenzar el debate la semana próxima, con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

De este modo, la firma del dictamen y la votación en el recinto quedarían para los primeros días de marzo, luego de la apertura del período ordinario a cargo del presidente en Asamblea Legislativa.

Asimismo, los jefes de bloque deben acordar si continuarán con el funcionamiento mixto -es decir, con mayoría de diputados en forma presencial y algunos exceptuados-, dado que el Protocolo de Funcionamiento Remoto venció el pasado 12 de febrero y aún no fue renovado.

El proyecto liderado por Massa eleva a 150.000 pesos el piso a partir del cual se paga Ganancias, que actualmente es de 74.810 pesos para solteros y de 98.963 para casados con dos hijos.

Según las estimaciones del bloque, hasta 2020 el 25,6% de los trabajadores y jubilados tributaban Ganancias, mientras que con la nueva ley dejarán de pagar este impuesto 1.267.000 contribuyentes, que de esa forma volcarían recursos al consumo y a la reactivación del mercado interno.

Juntos por el Cambio, en tanto, anunció que acompañará la iniciativa pero propondrá cambios, que tienen que ver con la brecha entre los trabajadores en relación de dependencia y los autónomos, el método de actualización y las escalas.

El texto además fue acompañado, en las firmas, por algunos otros representantes de la oposición, como Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Felipe Álvarez (Acción Federal) y el bloque del Frente de la Concordia Misionero.

El oficialismo intentará sesionar la semana próxima en la Cámara de Diputados aun sin acuerdo de Juntos por el Cambio, que sigue firme en su postura de no acompañar la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto hasta tanto no se acuerde el temario a tratar, en miras de bloquear el posible tratamiento de temas conflictivos, como las reformas en la Justicia.

El bloque presidido por Máximo Kirchner sumó este martes el apoyo de Consenso Federal a través de la firma de Alejandro “Topo” Rodríguez, y con él se terminó de completar el espectro opositor que prestó su aval para seguir sesionando en modo mixto -con mayoría presencial y una minoría en modo virtual- hasta el 12 de febrero inclusive.

El acta cuenta con las firmas de Cecilia Moreau (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero), Andrés Zottos (Justicialista), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro)Felipe Ávarez (Acción Federal), Enrique Estévez (Partido Socialista), Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y el mencionado Rodríguez.

Desde el oficialismo aseguran que con todos esos adeptos ya existe un “consenso mayoritario” para habilitar las sesiones a pesar de que Juntos por el Cambio es, con 115 diputados, la segunda minoría de la Cámara.

Fuentes cercanas a la Presidencia recordaron que la Justicia ya determinó que Diputados tiene facultades para funcionar bajo sus propios reglamentos. En efecto, en octubre pasado, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, Enrique Lavié Pico, rechazó un amparo presentado por Juntos por el Cambio sobre la validez de las sesiones remotas.

El magistrado argumentó entonces que “no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes, en el caso, lo dispuesto por la Cámara de Diputados de la Nación”.

Bajo ese paragüas, el titular del cuerpo, Sergio Massa, podría convocar a una sesión para el 26 o 27 de enero, con un temario a definir entre la veintena de proyectos enumerados en el decreto de extraordinarias.

En ese sentido, el bloque lavagnista -integrado por Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini- reclamó este martes  que se cumpla el acuerdo para tratar, antes de fin de mes, la prórroga hasta 2024 del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que vence en mayo.

Sin embargo, ese proyecto -que cuenta con media sanción del Senado- todavía no puede tratarse porque no está incluido en el temario original del Poder Ejecutivo, y el decreto ampliatorio se hace esperar.

Otras de las iniciativas en danza tienen que ver con el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología, la sostenibilidad de la deuda externa, incentivos para la construcción privada y un beneficio económico para familiares de los tripulantes del ARA San Juan, entre otras.

Qué dice el acta de sesiones remotas

El protocolo fue renovado en los mismos términos que en diciembre y establece la “regla de asistencia presencial” de los diputados para garantizar el funcionamiento de la Cámara.

Así, se indica que “desde la fecha de la prórroga del protocolo y en las condiciones de su vigencia, las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la Cámara, en las cuales se proceda a considerar y despachar asuntos sometidos a su consideración, tendrán plena validez”.

Únicamente quedarán exceptuados de asistir presencialmente los diputados que por razones de edad o salud no puedan movilizarse, y para ello deberán acreditar debidamente su condición sanitaria mediante un certificado médico remitido a la Secretaría General de la Presidencia.

El seguimiento de los certificados médicos estará a cargo de una subcomisión de diputados integrada por los oficialistas Ayelén Spósito, Daniela Vilar y Leonardo Grosso; Dolores Martínez (UCR); Rubén Manzi (Coalición Cívica); Soher El Sukaria (Pro) y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro).

De este modo, los legisladores que resulten exceptuados quedarán autorizados a participar remotamente de las sesiones, y quienes no lo sean serán computados como ausentes.

Al momento del quórum y las votaciones, todos los diputados -incluidos los presentes en el recinto- deberán loguearse en la aplicación de la Cámara a través de la red VPN.

Avanzan las tratativas en la Cámara de Diputados para concretar, tras un intenso año de trabajo, la primera sesión del año, que se realizaría la última semana del mes con un temario acordado entre la veintena de proyectos que el Poder Ejecutivo colocó en la convocatoria a extraordinarias.

Si bien el titular del cuerpo, Sergio Massa, había anunciado que la sesión se realizaría el miércoles 20, fuentes parlamentarias adelantaron que el evento se perfila para la última semana del mes, mientras que la semana próxima se destinaría al trabajo en comisiones para dictaminar los proyectos.

Juntos por el Cambio mantiene firme su resistencia a tratar temas conflictivos durante el verano y es por eso que todavía no firmó, a diferencia de otros bloques de la oposición, la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que tendrá validez hasta el 12 de febrero.

El interbloque presidido por Mario Negri exige conocer de antemano cuáles serán los proyectos a debatir, ya que el extenso listado elaborado por el Ejecutivo incluye leyes del tenor de la reforma judicial y las modificaciones en el Ministerio Público.

Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que los primeros debates del año girarán en torno a temas consensuados, que además son prioritarios para el Gobierno, como el nuevo proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa y beneficios impositivos para la construcción.

En el Ejecutivo también buscan acelerar la discusión sobre los proyectos de monotributo y de prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, aunque para poder votarlos en extraordinarias deberá dictar una ampliación del temario en un nuevo decreto, ya que no habían sido incorporados en el original.

El protocolo virtual será extendido en los mismos términos que en la actualidad, es decir, con mayor cantidad de diputados presentes en el recinto y unas pocas excepciones por cuestiones sanitarias para aquellos legisladores que integren grupos de riesgo, quienes podrán participar desde sus provincias.

La intención del Frente de Todos es convocar a las comisiones competentes la semana próxima para firmar los dictámenes necesarios antes de la sesión, algo que también tendrá que hacerse con mayoría presencial.

Comenzó el movimiento en la Cámara de Diputados: tras un 2020 con intensa actividad a pesar de la pandemia y dos semanas de receso legislativo, los jefes de bloque ya comienzan a delinear la agenda de los próximos días y los temas de la primera sesión del año, aunque antes deberán renovar una vez más el Protocolo de Funcionamiento Remoto.

Si bien el presidente del cuerpo, Sergio Massa, había anunciado una sesión para el 20 de enero, no se descarta una postergación para la última semana del mes; todo dependerá de cómo avancen las negociaciones entre oficialismo y oposición y de los dictámenes que se lleguen a firmar antes de ese día.

Fuentes parlamentarias indicaron a parlamentario.com que el protocolo, que venció junto con la prórroga de sesiones ordinarias el pasado 3 de enero, será extendido hasta el 12 de febrero en los mismos términos que hasta ahora, es decir, con la presencialidad como regla y unas pocas excepciones autorizadas por motivos sanitarios.

De este modo, los diputados que integran grupos de riesgo podrán continuar sesionando desde sus provincias, mientras que la gran mayoría deberá asistir al recinto, donde se seguirán aplicando las medidas de higiene y distanciamiento social.

En la nueva prórroga del protocolo solo falta estampar una firma, la del interbloque Juntos por el Cambio, que se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que el oficialismo intente debatir en extraordinarias temas controvertidos, como la reforma judicial o la del Ministerio Público Fiscal.

La bancada liderada por Mario Negri propondría que, en un documento anexo, se enumeren cuáles serán los temas a tratar antes del 1ro. de marzo entre los veinte que quedaron pendientes del mes de diciembre, para no encontrarse con ninguna sorpresa.

Lo cierto es que, si bien el presidente Alberto Fernández le pidió a sus diputados avanzar este año con los cambios en la Justicia, el proyecto aprobado en el Senado no está, por ahora, en el radar del Frente de Todos, que apunta a tratar primero otras iniciativas.

Una de ellas es la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, donde se busca que el Congreso apruebe los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.

También podría avanzar un proyecto sobre beneficios impositivos para la construcción de obras privadas; otro para otorgar por única vez una asignación económica a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; y una iniciativa para incrementar gradualmente el presupuesto destinado a ciencia y tecnología.

El oficialismo quiere avanzar además con la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2024, del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, pero el proyecto no figura en el temario de extraordinarias, por lo que Diputados espera que el Ejecutivo dicte un decreto ampliatorio incorporando este y otros temas, como los cambios al régimen de monotributo.

Dado que la mayoría de las iniciativas no cuentan con dictamen, las comisiones respectivas deberán reunirse en los próximos días, lo que también implica activar una logística en pleno verano, ya que los despachos se firman -según el último protocolo- con mayoría presencial.

La introducción de la virtualidad en el trabajo legislativo y un oficialismo con mayoría propia son dos caras de una misma moneda: el Senado cerró un año de enorme actividad a pesar de la pandemia del Covid-19, con nada menos que 31 sesiones a lo largo de 2020, es decir, más del triple que en 2019, cuando realizaron apenas diez.

Pero la cantidad de sesiones no solo aumentó respecto del año precedente, sino que fue la más alta desde 2009, según el relevamiento que realiza parlamentario.com entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de cada año. De allí se desprende que, además, el año 2019 -el último de la gestión de Mauricio Macri- registró el récord negativo.

Con el sistema virtual en pleno funcionamiento y vigente hasta marzo, el Senado conducido por Cristina Kirchner mantuvo buen ritmo, con sesiones casi todas las semanas y un bloque oficialista prácticamente imbatible, que logró aprobar hasta los proyectos más polémicos con ayuda de aliados, y que cerró el 2020 con la sanción de la ley de aborto.

El Senado arrancó el año con cuatro sesiones en febrero: se aprobaron el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa; los pliegos de una docena de embajadores nombrados por Alberto Fernández; la denominada “ley de góndolas”; y la designación de Marisa Graham como primera defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes de la historia argentina. También se realizó una breve sesión preparatoria para ratificar a las autoridades de la Cámara.

Ya en el período ordinario, el cuerpo presidido por Cristina pudo realizar una sesión presencial, donde se sancionó el proyecto de modificación de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. En mayo debutó la virtualidad, en paralelo a Diputados, y se realizaron 27 sesiones: 18 especiales; dos informativas con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; cuatro de tablas; y tres durante la prórroga del período ordinario, en diciembre.

Lea también: En el año de la pandemia, Diputados sesionó siete veces más que en 2019

La discusión sobre el modo de funcionamiento se extendió a lo largo del año y desgastó la relación entre el bloque presidido por José Mayans y Juntos por el Cambio. Si bien hubo un acuerdo inicial sobre limitar el debate a proyectos vinculados a la pandemia, el Frente de Todos fue abriendo el temario y sometió a votación proyectos de toda índole.

Con 40 senadores propios -sin contar a José Alperovich, de licencia desde noviembre de 2019-, y el apoyo casi incondicional de la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck, el oficialismo pudo aprobar inclusive la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos proyectos polémicos que se encuentran trabados en Diputados.

La bancada solo encontró un obstáculo: la mayoría necesaria para nombrar a Daniel Rafecas, el candidato del Poder Ejecutivo para la Procuración General. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se abroquelaron en contra del pliego y el Frente de Todos, sin poder llegar a los dos tercios de los votos, tuvo que desistir y tomó otro camino: propició la reforma de la ley para habilitar la designación con la mitad más uno.

Aunque el protocolo virtual sufrió modificaciones a medida que el Gobierno relajó las restricciones sanitarias, el Senado quedó lejos de recobrar la “normalidad”. A diferencia de Diputados, donde se habilitó una mayor cantidad de legisladores presentes en el recinto, la Cámara alta se mantuvo a la inversa: la mayoría se conecta a las sesiones de modo remoto y solo asisten al recinto sus autoridades y unos pocos representantes por bloque.

Cantidad de sesiones en el Senado, año por año*

• 2020: 31
• 2019: 10
• 2018: 15
• 2017: 18
• 2016: 23
• 2015: 13
• 2014: 23
• 2013: 22
• 2012: 23
• 2011: 16
• 2010: 21
• 2009: 19

*El relevamiento es de parlamentario.com y corresponde al período anual, no al período de sesiones.

En un año donde la pandemia del coronavirus trastocó lo que se conoce como “normalidad”, la Cámara de Diputados sorteó con éxito las dificultades que impuso el aislamiento social y, contra todos los pronósticos, logró mantener y hasta incrementar su actividad. El cuerpo presidido por Sergio Massa sesionó siete veces más que en 2019 y también superó la marca de 2018.

Gracias a la incorporación de tecnología al trabajo legislativo -primero con videoconferencias informativas y luego, a través del protocolo de funcionamiento virtual-, la Cámara baja realizó 18 sesiones de enero a diciembre: una en enero, dos en febrero y 15 durante la vigencia del período ordinario y su prórroga por parte del Poder Ejecutivo.

De esta manera, se incrementó el número respecto de 2019 (11 sesiones) y 2018 (15), aunque no así el registro de 2017, cuando se realizaron 21 sesiones; ni el de 2016, cuando se hicieron 23. Este último año registró el récord en las mediciones desde 2009, según el relevamiento realizado por parlamentario.com, que analiza períodos anuales.

Si bien el balance fue positivo desde el punto de vista de la cantidad de sesiones, una vez más se cayó en el abuso de las sesiones especiales: no hubo ninguna de tablas -lo que se conoce como “ordinarias”-, es decir, aquellas donde los temarios se acuerdan entre todos los bloques. Al igual que en los últimos años, la excepción volvió a transformarse en regla.

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El año saliente también dejó otros dos datos para analizar. Uno de ellos es que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, asistió solo una vez de forma presencial a brindar su informe de gestión, el 30 de julio. Aunque sí envió en tiempo y forma sus informes escritos, la pandemia conspiró contra el cumplimiento del mandato constitucional de presentarse una vez ante cada Cámara.

El segundo aspecto fueron las sesiones en minoría, esto es, aquellas donde los diputados convocantes no logran alcanzar el quórum. En 2020 se realizaron dos, citadas por Juntos por el Cambio, que cuando fue oficialismo también negó el quórum en sesiones convocadas por el Frente para la Victoria. Sin ir más lejos, en 2017 y 2018 la entonces oposición realizó seis y cuatro sesiones de estas características, respectivamente.

En su primera sesión del año, el 29 de enero, Diputados aprobó y giró al Senado la ley de sostenibilidad de la deuda externa, casi por unanimidad. El verano parlamentario continuó con una sesión informativa a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar los alcances de las negociaciones. Por último, el 27 de febrero, se aprobaron las reformas en los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos, en una sesión recordada por el affaire del embajador Daniel Scioli.

Esa fue la última sesión netamente presencial: tras declararse en el mundo la pandemia del Covid-19, Diputados se enfrascó en la discusión sobre cómo funcionar a través de la virtualidad, y finalmente el 13 de mayo se realizó la primera sesión virtual en la historia argentina, con proyectos de consenso -la exención del pago de Ganancias para el personal esencial y la “Ley Silvio” de asistencia a médicos y enfermeros-.

El protocolo remoto se fue flexibilizando en función de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional y, con el pase del aislamiento al distanciamiento social, Diputados resolvió -tras fuertes discusiones entre oficialismo y oposición- retomar gradualmente la “normalidad”, permitiendo cada vez más legisladores presentes en el recinto y cada vez menos excepciones por cuestiones sanitarias.

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A lo largo del año se sancionaron 66 leyes: entre las principales se encuentran las dos sobre la sostenibilidad de la deuda externa; el Presupuesto 2021; el aporte solidario de las grandes fortunas; la moratoria ampliada; la regulación del teletrabajo; la protección de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); y un programa de reactivación turística por la pandemia.

En materia internacional, se ratificó el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y la justicia en materia medioambiental; y se aprobó la adhesión al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.

La Cámara baja cerró el año con dos debates de alto voltaje que se dieron durante la prórroga de ordinarias: la despenalización y legalización del aborto -aprobada con votos transversales y luego sancionada en el Senado- y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria -que fue ley con votos del oficialismo y de parte de la oposición-.

Cantidad de sesiones en la Cámara de Diputados, año por año*

• 2020: 18
• 2019: 11
• 2018: 15
• 2017: 21
• 2016: 23
• 2015: 11
• 2014: 21
• 2013: 12
• 2012: 22
• 2011: 10
• 2010: 20
• 2009: 14

*El relevamiento es de parlamentario.com y corresponde al período anual, no al período de sesiones.

Contra todo pronóstico, el período legislativo que inició el 1ro. de marzo y finalizará en febrero con las sesiones extraordinarias se encamina a convertirse en uno de los más productivos en materia de cantidad de sesiones: un total de 42 entre ambas Cámaras -27 en el Senado y 15 en Diputados-, la mayoría bajo el sistema virtual, que marcó un antes y un después en la tarea parlamentaria.

Si bien la marca del año 2020 solo fue superada en 2014, el año legislativo no terminó: se espera que en el transcurso de enero y febrero el Congreso tenga al menos dos sesiones más, y de esta forma el año saliente será el de mayor cantidad de sesiones desde 2012, según un detallado informe de la Fundación Directorio Legislativo.

El factor determinante para semejante nivel de actividad fue, sin dudas, la incorporación de tecnología al proceso legislativo, primero con las reuniones informativas de comisiones a través de videoconferencias, y luego con la elaboración de protocolos en ambas Cámaras, discutidos largamente entre marzo y mayo, para habilitar la firma de dictámenes y la realización de sesiones virtuales.

Bajo este nuevo formato, los legisladores tuvieron un año con 66 leyes aprobadas. Entre el 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre último, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso 33 proyectos, de los cuales 22 fueron convertidos en ley, es decir, casi un 67% del total.

Esto fue posible, sobre todo, gracias a la mayoría propia de la que goza el Frente de Todos en el Senado, presidido por Cristina Kirchner. Por el contrario, en la Cámara de Diputados el oficialismo no cuenta con superioridad numérica y se vio obligado a negociar cada ley con bloques minoritarios de la oposición, ya que Juntos por el Cambio prestó su apoyo solo en temas puntuales.

De esta forma, el apoyo con el que contó el gobierno actual fue mayor al que obtuvo Cristina durante el primer año de su segundo mandato (con la aprobación de casi un 43% de los proyectos enviados por el Gobierno) y también al que logró el expresidente Mauricio Macri tras asumir (logró el aval de un 50% de sus iniciativas durante el 2016).

De las 66 leyes aprobadas, casi un 60% fueron emanadas del Poder Legislativo y un 40%, del Ejecutivo. Entre las iniciativas impulsadas por legisladores, la oposición pudo colar temas de su interés y un porcentaje no menor de las normas sancionadas (23%) surgió de proyectos redactados en conjunto por representantes de distintos bloques.

La cantidad de leyes sancionadas el año pasado no sobrepasó la media de 97 registrada desde 2012, pero fue mayor a la cifra de 2019, con 45 leyes. Además, se igualó la marca de 2018: si bien ambos fueron años no electorales, esta vez intervino el factor de la pandemia, algo que pone en valor el resultado obtenido.

Entre las principales leyes sancionadas en 2020 se encuentran las dos sobre la sostenibilidad de la deuda externa; el Presupuesto 2021; la legalización del aborto; el aporte solidario de las grandes fortunas; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; la moratoria ampliada; la regulación del teletrabajo; y la protección de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

¿Cómo fue la cosecha de sesiones en Diputados? El dato saliente es que no hubo ninguna sesión de tablas: de las 15 realizadas, 14 fueron especiales y hubo una sola informativa con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que si bien no asistió una vez por mes a cada Cámara, sí cumplió con el deber de enviar los informes mensuales por escrito.

En Diputados también hubo dos sesiones en minoría -no contabilizadas en el informe- convocadas por Juntos por el Cambio: en la primera, el 28 de mayo, el interbloque presidido por Mario Negri intentó avanzar con la derogación del DNU que le otorgó facultades extraordinarias al jefe de Gabinete; y la segunda, el 11 de noviembre, fue citada con un amplio temario, que incluyó desde la declaración de la emergencia educativa hasta un protocolo nacional de circulación y un rechazo al cierre del aeropuerto de El Palomar.

Asimismo, el 9 de diciembre se llevó a cabo la sesión preparatoria donde Sergio Massa fue revalidado como presidente, y se avaló al resto de los vicepresidentes: Omar De Marchi (Pro), José Luis Gioja (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR), en ese orden.

En el Senado, en tanto, fueron nada menos que 27 sesiones -aproximadamente una sesión cada 15 días-, con tan solo cuatro ordinarias, 21 especiales y dos informativas a cargo de Cafiero. Con 40 legisladores propios y dos aliados, el bloque comandado por José Mayans no tuvo inconvenientes en aprobar hasta los proyectos más polémicos, algunos de los cuales se encuentran trabados en Diputados, como la reforma judicial y la nueva Ley del Ministerio Público.

El trabajo en la Cámara dirigida por Cristina fue tan arrasador que superó ampliamente el promedio de 19 sesiones anuales, y se hizo evidente el contraste con el nivel de actividad en 2019, bajo la presidencia de Gabriela Michetti, cuando se realizaron solo 11 sesiones -una de las marcas más bajas de los últimos años-, con la salvedad de que ese fue un año electoral.

Otro indicador favorable del año saliente fue la cantidad de reuniones de comisión, nada menos que 320 (172 en Diputados y 148 en el Senado). Entre ambas Cámaras se firmaron en total 174 dictámenes sobre proyectos de ley, en el período comprendido entre el 1ro. de marzo y el 3 de enero, cuando finalizó la prórroga de ordinarias.

Entre las comisiones que más se reunieron en la Cámara baja figuran las de Presupuesto y Hacienda (32 reuniones), Salud (26 reuniones) y Mujeres y Diversidad, que en su primer año de funcionamiento realizó 19 reuniones, en una muestra de cómo penetró la agenda de género, que tuvo su broche de oro con la sanción de la ley de aborto.

En el Senado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda también fue la más productiva, con 29 reuniones, seguida por Trabajo y Previsión Social (26) y Justicia y Asuntos Penales (23). Fue notable, a su vez, la diferencia en la actividad de la Comisión de Asuntos Constitucionales comparada entre ambas Cámaras: en el Senado se reunió 18 veces, y en Diputados apenas dos.

Por otra parte, con sus tres presentaciones ante el Congreso, Cafiero igualó la marca de Juan Manuel Abal Medina en su breve gestión como jefe de Gabinete (2012-2013). El récord lo tiene Marcos Peña, con 20 informes presenciales en sus cuatro años en el cargo, y la contracara es Aníbal Fernández, que ejerció la función en 2015 y no concurrió nunca al Parlamento.

Una de las sorpresas de la votación de esta madrugada en el Senado fue la ausencia de la riojana Clara Vega (Mediar Argentina), quien habló en la sesión cerca de la medianoche pero no se conectó para el momento decisivo. Lo cierto es que en su discurso, la legisladora dejó señales ambiguas y, por otra parte, denunció que recibió “mensajes intimidatorios” de uno y otro lado.

“Desde el Congreso y desde el Ejecutivo debemos convocar a la ciudadanía, porque la aprobación o no de esta ley no va a cambiar grandes cosas para la Argentina, pero sí la decisión de cada uno, ya sean celestes o verdes, debe continuar porque es su convicción, porque es su lucha. Más allá de que se apruebe hoy la ley, la lucha de los celestes no termina, porque su convicción es acompañar a aquella mujer indecisa, a aquella persona que está en un momento difícil y que tiene que tomar esa gran decisión”, arrancó Vega.

Y agregó: “Es más, si se aprueba la ley, lo que debe hacer este gran movimiento (celeste) es que esa ley caiga en desuso y que ninguna mujer opte por abortar”.

Luego, Vega confesó: “Yo abrazo la causa celeste, porque mi provincia lo ha decidido así. Todo el norte argentino, en su mayoría, abraza la causa celeste. Pero eso no me hace estar ciega ni sorda sobre todos los casos de abusos que hay en el interior y en el interior del interior. En muchos casos, hay todo un manto de complicidad que obliga a esas pequeñas niñas, que no están preparadas ni física ni psicológicamente, a que sean madres, a que lleven ese embarazo no buscado, no deseado”.

“Por eso es necesario el trabajo del Estado en este sentido. Si bien es cierto que los casos de abuso no hacen ninguna diferencia de clases, es la responsabilidad del Estado estar a la par de los más vulnerables. Por eso, necesitan sí o sí del acompañamiento de todos los organismos, de todas las instituciones: nacionales, provinciales y municipales”, sostuvo.

Tras señalar que “le costó mucho” definir su posición y su discurso, advirtió que el proyecto del Poder Ejecutivo, “lejos de acercar posiciones, ahondó aún más la grieta, y lo que tenemos que buscar son puntos de consenso”.

“En cuanto a la situación de cada uno de los senadores, les quiero decir que estoy con cada uno y cada una, porque sé que deben haber pasado la misma situación que pasé yo hasta hace momentos. En efecto, recibí mensajes de uno u otro lado. Pareciera que se viniera el fin del mundo de acuerdo con la decisión que tomemos”, lamentó.

Además, la senadora indicó que “están también los distintos sectores de poder que han puesto una espada de Damocles en la cabeza de cada uno de nosotros, haciéndonos creer que, de acuerdo con la decisión que tomemos, salvamos a la Argentina o no, salvamos al mundo o no. Y, en realidad, cada sector de poder se debe hacer cargo de las decisiones que toma”.

“Sin embargo, hubo ciudadanos de distintos puntos del país que se tomaron la licencia de enviarnos distintos mensajes, en muchos casos intimidatorios. Por ahí, a cualquier hora del día, tenían nuestros teléfonos, nuestros mails, atacándonos en las redes sociales, sin entender que nosotros, además de la representación, también cargamos con toda una mochila que tiene que ver con las creencias, con lo cultural y con lo que defiende la ciudadanía que representamos”, planteó.

La senadora del Interbloque Parlamentario Federal continuó: “Una de las cosas que no he visto durante el desarrollo del debate es interpelarnos qué pasó en estas dos últimas décadas con tantas leyes, con tantos programas que hacían referencia a la salud sexual y reproductiva, al tema de la profilaxis. ¿Qué pasó con todo eso que hoy estamos debatiendo una  ley extrema? Esas son las interpelaciones que tenemos que realizarnos, más allá del resultado de esta noche”.

“Como defensora de los derechos de las mujeres, les digo que soy y seré siempre una defensora de ellos, y que no considero que el aborto legal y gratuito sea la última etapa –quizás, algunos consideren que es un escalón más–, porque la verdadera pelea que debemos dar las mujeres es por lograr la igualdad en los espacios de poder, en los lugares de toma de decisión”, consideró.

Por último, concluyó que “más allá del resultado de esta noche, creo que ningún sector se puede tomar la posibilidad de festejar, porque de uno u otro lado se habla de muerte”.

BUENOS AIRES
Esteban Bullrich (Pro) – En contra
Gladys González (Pro) – A favor
Jorge Taiana (Frente de Todos) – A favor

CATAMARCA
Inés Blas (Frente de Todos) – En contra
Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) – A favor
Dalmacio Mera (Frente de Todos) – En contra

CHACO
María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) – A favor
Antonio Rodas (Frente de Todos) – En contra
Víctor Zimmermann (UCR) – En contra

CHUBUT
Nancy González (Frente de Todos) – A favor
Alfredo Luenzo (Frente de Todos) – A favor
Mario Pais (Frente de Todos) – A favor

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Martín Lousteau (UCR) – A favor
Mariano Recalde (Frente de Todos) – A favor
Guadalupe Tagliaferri (Pro) – A favor

CÓRDOBA
Carlos Caserio (Frente de Todos) – A favor
Ernesto Martínez (Pro) – A favor
Laura Rodríguez Machado (Pro) – A favor

CORRIENTES
Ana Almirón (Frente de Todos) – A favor
Néstor Braillard Poccard (Pro) – En contra
Carlos “Camau” Espínola (Frente de Todos) – En contra

ENTRE RÍOS
Alfredo de Angeli (Pro) – En contra
Edgardo Kueider (Frente de Todos) – A favor
Stella Maris Olalla (UCR) – A favor

FORMOSA
María Teresa González (Frente de Todos) – En contra
José Mayans (Frente de Todos) – En contra
Luis Naidenoff (UCR) – A favor

JUJUY
Mario Fiad (UCR) – En contra
Silvia Giacoppo (UCR) – En contra
Guillermo Snopek (Frente de Todos) – Abstención

LA PAMPA
Norma Durango (Frente de Todos) – A favor
Daniel Lovera (Frente de Todos) – A favor
Juan Carlos Marino (UCR) – En contra

LA RIOJA
Julio Martínez (UCR) – En contra
Carlos Menem (Frente de Todos) – Ausente
Clara Vega (Mediar Argentina) – Ausente

MENDOZA
Julio Cobos (UCR) – En contra
Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) – A favor
Pamela Verasay (UCR) – A favor

MISIONES
Maurice Closs (Frente de Todos) – En contra
Humberto Schiavoni (Pro) – A favor
Magdalena Solari Quintana (Misiones) – En contra

NEUQUÉN
Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) – A favor
Oscar Parrilli (Frente de Todos) – A favor
Silvia Sapag (Frente de Todos) – A favor

RÍO NEGRO
Martín Doñate (Frente de Todos) – A favor
Silvina García Larraburu (Frente de Todos) – A favor
Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) – A favor

SALTA
Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) – A favor
Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos) – A favor
Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) – En contra

SAN JUAN
Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) – En contra
Cristina López Valverde (Frente de Todos) – En contra
Rubén Uñac (Frente de Todos) – En contra

SAN LUIS
María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) – A favor
Claudio Poggi (Avanzar San Luis) – En contra
Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) – Ausente

SANTA CRUZ
Eduardo Costa (UCR) – A favor
María Ana Ianni (Frente de Todos) – A favor
María Belén Tapia (UCR) – En contra

SANTA FE
Roberto Mirabella (Frente de Todos) – A favor
Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) – En contra
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) – A favor

SANTIAGO DEL ESTERO
Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de Todos) – En contra
Gerardo Montenegro (Frente de Todos) – En contra
José Neder (Frente de Todos) – En contra

TIERRA DEL FUEGO
Pablo Blanco (UCR) – En contra
María Eugenia Duré (Frente de Todos) – A favor
Matías Rodríguez (Frente de Todos) – A favor

TUCUMÁN
José Alperovich (Frente de Todos) – De licencia
Silvia Elías de Pérez (UCR) – En contra
Beatriz Mirkin (Frente de Todos) – A favor

El acta oficial de la votación

Acta-1-Sesion-2020-12-29

Por Carolina Ramos

Esta vez sí: el aborto en Argentina ya es legal. El Senado le puso el broche de oro a un debate reinstalado por el movimiento feminista y aprobó, por una diferencia de nueve votos, el proyecto que habilita a las mujeres y personas gestantes a interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas de gestación, de forma voluntaria y gratuita y con acompañamiento del Estado.

La victoria “verde”, enmarcada en una imponente movilización en las calles, fue finalmente por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, del jujeño Guillermo Snopek (Frente de Todos), que en 2018 había votado negativamente y fue una de las grandes sorpresas de la jornada.

Pero además, para ampliar la diferencia fueron claves las ausencias de dos “celestes”, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y la riojana Clara Vega (Mediar Argentina). Los otros senadores que no participaron de la votación fueron Carlos Menem -internado- y José Alperovich -de licencia-.

Las incógnitas que había en la previa se terminaron de despejar durante la noche, con discursos a favor por parte de tres indefinidos: el oficialista Sergio “Oso” Leavy, de Salta; la radical Stella Maris Olalla, de Entre Ríos; y la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 había sido la única en abstenerse. Sumó también su voto favorable el entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos, que se había anotado en la lista de oradores pero luego se bajó.

Durante la jornada, varios funcionarios se mostraron en los palcos del recinto y en el Salón Azul, entre ellos las dos principales impulsoras de la ley: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Con la sanción, el Gobierno pudo celebrar el cumplimiento de uno de los ejes de su campaña electoral.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, por su parte, se mostró poco. Asistió para abrir la sesión y luego, como suele hacer, se retiró para regresar al final, dejando la mayor parte de la conducción en manos de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, y el vicepresidente Martín Lousteau (UCR-Evolución). La posibilidad de un desempate, demasiado extrema, se esfumó enseguida.

Antes del inicio de la sesión, una de las referentes antiabortistas, la tucumana Silvia Elías de Pérez, realizó una conferencia de prensa y denunció “presiones nunca antes vistas” por parte del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley. Anunció que la discusión no se cerró este miércoles sino que continuará en la Justicia, donde plantearán la inconstitucionalidad.

Lo cierto es que desde la Casa Rosada participaron de forma activa en las negociaciones y así fue como se concedió un pedido clave a un senador de la oposición: el rionegrino Alberto Weretilneck. El Ejecutivo aplicará un veto parcial y de esa forma el exgobernador patagónico garantizó su voto favorable.

Se trata de una modificación que no altera el espíritu de la ley: según explicó la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, se vetará la palabra “integral” vinculada a la salud, manteniendo como hasta hoy las causales de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), es decir, aquellas situaciones donde el aborto no es punible -violación o riesgo para la salud o la vida de la mujer-.

Verdes vs. celestes

El debate fue una nueva muestra de una grieta insalvable. Se repitieron los argumentos a favor y en contra de la legalización: por un lado, la necesidad de que las mujeres puedan tener autonomía sobre sus cuerpos y no mueran en abortos clandestinos; y por otro, la defensa de la vida desde la concepción y la noción del aborto como un “fracaso” del Estado a la hora de prevenir embarazos no deseados.

Al abrir la discusión, que se extendió durante 12 horas, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”, y sostuvo a su vez que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.

La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.

Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango planteó: “Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”. Y, tras la pregunta retórica, insistió en que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.

Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.

Por el rechazo, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, sostuvo que la ley demuestra “un fracaso estrepitoso del Estado” y aludió al artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que “la existencia de las personas humanas comienza con la concepción”. “Nosotros no titubeamos con las palabras, no buscamos eufemismos para referirnos a la vida”, reprochó.

Asimismo, explicó que “este proyecto deja solas a las mujeres, porque solo se les ofrece el aborto y nada más”, y negó que el Programa de los Mil Días brinde un acompañamiento, porque -consideró- “solo es declarativo y a tiempo futuro”.

“Aprobar este proyecto es reconocer el fracaso estrepitoso del Estado: como no pudimos garantizarle la seguridad a las mujeres, como fuimos incapaces de evitar que niñas y adolescentes sean abusadas, como no pudimos asegurarles el acceso a los servicios de salud de calidad, como no nos vamos a ocupar de garantizar las condiciones para que ninguna mujer muera por una hemorragia en una sala de partos… entonces, les ofrecemos el aborto”, sentenció.

Un recinto semivacío y pintado de verde

En el recinto se respetaron las medidas de distanciamiento social: como establece el protocolo de funcionamiento remoto, tuvieron sus lugares asegurados los vicepresidentes Lousteau y Laura Rodríguez Machado (Pro); dos senadores por el Frente de Todos; otros dos por Juntos por el Cambio; y uno por cada bloque minoritario.

Los legisladores se las arreglaron para turnarse en las bancas y de ese modo varios tuvieron su postal en el recinto. Oficialistas como María Inés Pilatti Vergara y Ana Almirón, ambas con discursos de alto voltaje, lucieron atuendos y pañuelos verdes. La puntana Eugenia Catalfamo -que en 2018 fue la única ausente por un embarazo- se tomó revancha y esta vez estuvo presente. Y dos fueguinos, Matías Rodríguez y Eugenia Duré, viajaron desde Tierra del Fuego para participar físicamente de la sesión.

Vea también: La sesión por el aborto legal, en fotos

Por el Congreso pasaron, además, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la titular de AySA, Malena Galmarini; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz; y referentes históricas de la lucha por el aborto legal como Nelly Minyersky y Marta Alanis. También se vio a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, que cruzó desde la Cámara de Diputados, donde presenció el debate sobre la nueva movilidad jubilatoria.

El final de un debate histórico

Al momento de los cierres, Weretilneck ratificó su voto a favor y el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) lo hizo en contra. Luego fue el turno de Elías de Pérez, que insistió en que “toda vida vale, sin discriminación entre deseados o no deseados, sin que importe el color de piel, la clase social, si es una persona del interior o de la capital. Por lo tanto, toda vida tiene que ser cuidada y protegida”.

La tucumana repitió que el aborto “significa que el Estado ha tirado la toalla” y que el proyecto enviado por el Ejecutivo “no trae nuevas libertades, tampoco nuevos derechos: lo que sí nos trae es la negación del acceso a la vida”.

A continuación, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff remarcó que la ley no alienta a las mujeres a abortar. “¡Se aborta en nuestras narices, ocurre, es un dato de la realidad!”, exclamó, y con ese mismo tono enérgico, aseveró: “¡Nadie quiere el aborto! ¡No lo quiere la ley! La ley protege las desigualdades, y el punto de partida son la clandestinidad y la pobreza”.

“Estamos hablando de un Estado cómplice que deja hacer”, advirtió el formoseño, y subrayó que “no es un tema menor garantizar a todas las mujeres argentinas el acceso a la salud pública”.

En el mismo sentido, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “lo que realmente molesta” al sector antiabortista “es la libertad de las mujeres” y el “poder de decidir”. “No tienen empatía con las miles de mujeres que toman la decisión de abortar”, lamentó.

Además, señaló que “no solamente es la revolución de las hijas, sino también de las madres, de las abuelas, de todas. Gracias al debate nos enteramos que nuestras madres abortaban y nuestras abuelas abortaban, y de la peor manera. Y hoy lo pueden decir”.

Fernández Sagasti también destacó que con la sanción de la ley “nos queda un horizonte muy bueno porque vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades, poniendo por delante los intereses de las mayorías”.

De todos modos, la senadora coló la cuestión partidaria: “Soy feminista porque soy peronista, y que el Ejecutivo nacional peronista haya mandado esta ley hace la alquimia perfecta entre el feminismo y el peronismo”.

El último discurso quedó para el titular del bloque, José Mayans, que una vez más no ocultó su malestar por el tratamiento de este proyecto. Interpretó que para habilitar el aborto voluntario “hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a los tratados internacionales”, porque de lo contrario “es un país sin ley donde cada uno hace lo que quiere”.

“El presidente, los legisladores y los miembros del Poder Judicial están obligados a cumplir la Constitución”, aseguró, y continuó: “Estamos de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres, con la autonomía y las libertades, siempre y cuando no dañe a terceros, como dice el artículo 19 de la Constitución, porque en todo derecho hay un límite, que es donde empieza el derecho del otro”.

Mayans denunció que “hay distintos estatus: para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. Para el niño no deseado es la pena de muerte. El Estado no puede hacer eso, porque en Argentina no existe la pena de muerte”.

Los discursos más esperados

Con el correr de la noche, tres senadores indefinidos confirmaron su voto verde. La primera fue la radical Olalla, quien habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.

“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.

Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.

Poco tiempo después fue el turno de Crexell, que reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.

“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció la neuquina, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.

Al sumar razones a su voto positivo, coincidió con Olalla en que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.

Por su parte, el salteño Leavy manifestó: “Personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto. Ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.

Al comparar este debate con el de 2018, cuando votó en contra, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.

“Hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”, sintetizó.

Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.

Sorpresa: la abstención de Snopek

Entre los “tapados” estaba ni más ni menos que el jujeño Snopek, que si bien no acompañó el proyecto, decidió abstenerse y así facilitó la sanción de la ley. Una señal política que fue leída, en parte, como un contraste con el gobernador Gerardo Morales, decididamente “celeste”.

En un breve discurso, Snopek aclaró que sigue creyendo en que “la vida comienza desde la concepción”, pero reconoció que “en los últimos dos años no hicimos absolutamente nada” para resolver la cuestión. El senador advirtió que “Jujuy tiene uno de los niveles más altos de suicidios por embarazos adolescentes, por arriba de la media del país, y el gobierno provincial no trabaja para prevenirlo”.

El oficialista pidió, entonces, una consulta popular, y dejó un mensaje para Fernández: “Él tiene la responsabilidad, se apruebe o no, de que en el próximo proceso electoral sea el pueblo, a través del voto, el que decida si esta ley es legítima”.

Qué dice la flamante ley

La norma sancionada legaliza el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.

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Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo. En caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente a otra institución sin dilaciones y asumiendo los costos de la intervención.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Crece la diferencia a favor del aborto legal y la aprobación del proyecto en el Senado está prácticamente asegurada. Tres de los indefinidos -la entrerriana Stella Maris Olalla, la neuquina Lucila Crexell y el salteño Sergio “Oso” Leavy- , confirmaron por la noche su voto afirmativo y de ese modo hicieron crecer la tendencia “verde”.

Con las dudas despejadas acerca de Olalla, Crexell y Leavy, el conteo realizado por parlamentario.com arroja 37 votos afirmativos, 32 negativos y solo uno sin confirmar: el oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos).

Minutos después de las 22.30, Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, confirmó que el senador -que se encuentra internado en grave estado- no podrá participar de la votación, lo que significa un voto “celeste” menos.

Mi padre @CarlosMenem_LR aún está en coma inducido, lamento profundamente que un gran defensor de la vida , el que instituyó el día del niño por nacer ,no pueda acompañar con sus convicciones en este momento tan importante para nuestro país .

— zulema menem (@zulemitamenem) December 30, 2020

Los discursos más esperados

Tras permanecer en silencio en todo momento, Olalla pronunció un discurso donde sostuvo que con el aborto legal “se conquistaría una nueva causa”.

La senadora hizo referencia a la definición del concepto de salud acuñada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “desde 1.948”, donde “puntualmente dice que la salud es un estado completo de bienestar, fundamentalmente físico, mental y social”.

Agregó que “los tratados internacionales firmados y comprometidos por la República Argentina ratifican lo expresado por la OMS más o menos en los mismos términos”.

Olalla habló de “estadísticas preocupantes” de embarazos no deseados, “no solamente de la Capital Federal sino de las provincias”, y señaló que “cabe preguntarse qué ha hecho el Estado en ese sentido para corregirlo, cómo se ha protegido el derecho a la salud”.

“Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas de las mujeres que acuden en la clandestinidad para resolver el problema de los embarazos no deseados”, aseguró la legisladora.

Finalmente, expresó: “Entendemos que se trata de una cuestión de derechos, que el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer. En definitiva, se conquistaría una nueva causa”.

Poco tiempo después fue el turno de Crexell, quien indicó que “a pesar del rechazo del proyecto que se puso a consideración” en 2018, “el debate siguió presente en la agenda social y política”.

“Reafirmo la necesidad de escuchar y respetar todos los argumentos, porque representan ideas presentes en nuestra sociedad y es correcto que el Congreso sea la caja de resonancia de todas esas miradas”, planteó.

La neuquina reconoció haber “reflexionado profundamente” después de abstenerse en la anterior votación, y dijo: “No cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar respecto de lo que creo sobre el aborto. Cambié el enfoque: no se trata de feminismo o religión, es una causa silenciosa que mata y escribe historias muy tristes en nuestro país”.

Crexell enfatizó que el tema “no admite posiciones absolutas ni respuestas obvias”, y añadió que “no es un debate fácil ni cómodo ni para quedar bien con nadie”.

“Los abortos no deberían existir, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que falló? La estrategia punitiva”, sentenció, y en ese sentido afirmó que “nada cambió” desde que se rechazó la ley por primera vez: “Las mujeres siguieron abortando, y muchas en condiciones de soledad y ocultamiento”.

Al sumar razones a su voto positivo, consideró al igual que Olalla que “estamos ante un tema de salud pública” y “una cuestión de justicia social”, ya que “es un hecho insoslayable que aquellas personas que no cuentan con recursos se exponen a condiciones de precariedad” a la hora de realizarse la práctica.

Por su parte, Leavy manifestó: “La verdad es que personalmente me opongo, odio el aborto y creo que nadie de los aquí presentes está de acuerdo con el aborto; ninguno de todos los argentinos lo queremos, pero existe”.

“Hay mujeres que hacen un esfuerzo sobrehumano para ser mamás, pasan por tratamientos y muchas dejan parte de su vida, hacen de todo para ser mamás… hay otras mujeres que con la misma fuerza, contra viento y marea, deciden no ser madres e interrumpir su embarazo”, observó.

Al comparar este debate con el de 2018, dijo que “esta vez tenemos un proyecto diferente” y confesó: “Me di cuenta que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres”.

“Lo que me hizo tener esta mirada es la ley de los Mil Días, una ley completamente antiaborto con acompañamiento económico, de salud e información”, agregó.

Leavy sostuvo que “hoy tenemos que poner blanco sobre negro, tenemos que acompañar a esas mujeres que ya tienen decidido que quieren abortar para que lo hagan en los hospitales y seguras. No las dejemos que lo hagan de manera insegura. He comprendido a las mujeres que deciden abortar. Esta ley no promueve el aborto, solo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”.

Por último, subrayó: “No se trata de estar a favor del aborto, se trata de estar a favor de la vida de las mujeres. Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”.

CRÉDITO DE LAS FOTOGRAFÍAS: COMUNICACIÓN SENADO

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (Frente de Todos), aseguró al abrir el debate de este martes que “la alternativa es aborto legal o clandestino”, y sostuvo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”.

Conectada desde su despacho, Durango destacó que “hoy es un día de esperanza” ya que el debate sobre el aborto coincide con el del Programa de los Mil Días y el comienzo de la vacunación contra el Covid-19. “Los tres son para cuidar la vida y la salud de los argentinos. Esto es lo que llamamos justicia social”, resaltó.

La pampeana sostuvo que “una vez más tenemos la posibilidad de legislar por y para las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

“Vengo a ocupar esta banca en nombre de las mujeres muertas por el aborto clandestino”, proclamó.

La legisladora advirtió que “las mujeres van a hacerse los abortos clandestinos a los lugares más sórdidos, solas, casi siempre sin acompañamiento de sus parejas y sus familias, y nunca con el acompañamiento del Estado. Por eso el Estado debe hacerse cargo. El Estado que durante años miró para otro lado”.

Tras insistir en que “el aborto sigue sucediendo y las mujeres siguen muriendo”, Durango enfatizó que “la alternativa es aborto legal o clandestino, y si sigue siendo clandestino van a seguir muriendo mujeres”.

“Yo no estoy a favor del aborto, nunca me hice uno, pero ¿quién de nosotros está a favor de un aborto?”, se preguntó, y al detallar los puntos principales del proyecto, anunció que el Poder Ejecutivo aplicará un veto parcial a la ley, quitando el concepto de “integral” vinculado a la salud.

La senadora dijo que “si este fuera un tema de varones, hace décadas sería ley”, y agregó que a la mujer “nunca se la pone tan en el centro de la escena como en este tema”.

“Dejemos de ser hipócritas: dejemos que las mujeres decidamos sobre nuestras vidas”, subrayó, y añadió que la maternidad debe ser “un derecho y no una obligación”.

Además, citó un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que indica que “1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto en 17 provincias”. “La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres pobres y las de clase media y alta, que van a un médico, pagan el misoprostol o se hacen la práctica segura”, afirmó.

Por último, la pampeana señaló que “la ley no obliga a nadie a abortar: lo que habilita es una práctica segura”.

Comenzó una nueva jornada histórica: desde las 16, el Senado debate el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto y, a diferencia de 2018, el sondeo previo arroja un resultado afirmativo, con 34 votos a favor, 33 en contra y solo cuatro indefinidos. Cincuenta y nueve senadores se anotaron para hablar sobre el proyecto, que se de esa forma se votaría cerca de las 4 de la mañana del jueves.

Luego será el turno del debate del denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a la mujer durante todo el embarazo y la primera infancia del hijo. Para esta segunda iniciativa hay solo cuatro oradores, por lo que la sesión terminaría, según las estimaciones, cerca de las 5 de la mañana.

Con una imponente movilización en las calles a pesar de la pandemia del Covid-19, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en la Cámara de Diputados tiene posibilidades de ser convertido en ley. A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación.

En el recinto de la Cámara alta se encuentran presentes, además de la vicepresidenta Cristina Kirchner, los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro), sumados a dos representantes por cada bloque, según lo estipula el protocolo de funcionamiento remoto.

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Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización y 33 la rechazan, pero los “celestes” bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta en la votación, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.

Si bien había circulado la posibilidad de que el proyecto sufriera cambios para afianzar la ventaja “verde”, eso se evaluará en la reglamentación. El impulsor de las modificaciones fue el rionegrino Alberto Weretilneck, quien se encamina a votar favorablemente si el Gobierno atiende al menos algunos de sus pedidos.

Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto. Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR.

Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.

El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.

La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

En paralelo al debate sobre el aborto legal en el Senado, la Cámara de Diputados sesionará para tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el oficialismo espera convertir en ley con ayuda de bloques de la oposición y sin el apoyo de Juntos por el Cambio.

La sesión iniciará a las 11 y, según los cálculos que surgieron en la reunión de Labor Parlamentaria, podría terminar cerca de las tres de la madrugada dada la gran cantidad de oradores, y la votación podría coincidir así con la del proyecto de legalización del aborto.

Con cierta resistencia por parte de Juntos por el Cambio, los jefes de bloque acordaron pasar las cuestiones de privilegio para el final de la sesión, y en el caso de los apartamientos de reglamento, se votarán a mano alzada y no a través del sistema virtual, para evitar demoras.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado en el Senado establece una fórmula de actualización de las jubilaciones que combinará recaudación tributaria de la ANSES y variación salarial, medida por el INDEC o el índice RIPTE, el que resulte más alto.

La ley comenzará a regir en enero, con aumentos trimestrales que de esta forma dejarán de estar a merced de decretos del Ejecutivo, como sucedió desde la suspensión de la fórmula anterior, en diciembre pasado.

El Frente de Todos, que cuenta con 117 votos propios, lograría aprobar la iniciativa por un margen ajustado, gracias al apoyo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón, los cuatro diputados de Córdoba Federal y aliados como Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

En ese sentido, el dictamen de comisiones fue acompañado por el propio Ramón, el cordobés Paulo Cassinerio y Diego Sartori, del Frente de la Concordia misionero.

Juntos por el Cambio encabeza el rechazo con 115 diputados, y se suman Consenso Federal; los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista); y los dos del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

Por otra parte, en la sesión se votarán -sin debate- la autorización al presidente Alberto Fernández para ausentarse del país en 2021, y un acuerdo con Qatar para evitar la doble imposición.

En un escenario completamente distinto al de 2018, con unos pocos indefinidos y un fuerte lobby del Gobierno, el Senado votará este martes el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que en principio cuenta con una leve ventaja “verde”.

La histórica sesión, que duraría unas 12 horas, comenzará a las 16 y también se tratará el denominado Programa de los Mil Días, que busca acompañar a mujeres embarazadas durante toda la gestación y en la primera infancia del hijo.

Tanto ese proyecto como el de aborto legal son dos apuestas fuertes del gobierno de Alberto Fernández, que en los últimos días reforzó las gestiones con senadores para garantizar la sanción de ambas leyes, sobre todo la segunda, un reclamo urgente del movimiento feminista.

Los preparativos para la jornada comenzaron este lunes con el montaje de un escenario de cara a la Plaza de los Dos Congresos, donde se congregarán militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Puertas adentro también se puso en marcha un operativo para garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento, en un día donde también sesionará la Cámara de Diputados, desde las 11, con el proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El protocolo de funcionamiento remoto del Senado solo autoriza la presencia de las autoridades en el recinto -la presidenta, Cristina Kirchner, los tres vices y los dos secretarios-, junto a dos representantes por cada bloque de la oposición.

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A diferencia de hace dos años, cuando el “no” al aborto legal se imponía desde la previa, en esta oportunidad los “verdes” llegan con expectativa y no se descarta que haya sorpresas en la votación, con al menos dos senadores que podrían cambiar su postura.

Según el cálculo de parlamentario.com, 34 senadores apoyan la legalización, incluyendo a la rionegrina Silvina García Larraburu, que había votado en contra en 2018 -fue la única “celeste” del bloque Unidad Ciudadana, que entonces integraba Cristina Kirchner- pero esta vez acompañará.

Otro rionegrino, Alberto Weretilneck, sorprendió al pedir una serie de cambios al texto en revisión pero, según supo este medio, también se encamina a votar favorablemente si el Gobierno garantiza que incluirá algunas de las propuestas en la reglamentación.

En ese sentido, no solo senadores “verdes” del Frente de Todos se pusieron en contacto con el exgobernador, sino también representantes de la propia Secretaría Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra, para comenzar a delinear la letra chica.

Los “celestes” son 33, pero bajarían a 32 si, como todos los pronósticos indican, el expresidente Carlos Menem se ausenta, ya que se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, en estado delicado.

Entre los cuatro senadores que no confirmaron públicamente su voto hay dos del Frente de Todos que podrían votar a favor en una señal de lealtad al Gobierno: el entrerriano Edgardo Kueider y el salteño Sergio “Oso” Leavy, que en 2018 rechazó el proyecto.

Las dos indefinidas restantes son la neuquina Lucila Crexell, que en la anterior votación se abstuvo y hasta ahora evitó hacer declaraciones; y la entrerriana Stella Maris Olalla, de la UCR, que también permanece en silencio.

Finalmente, el exgobernador tucumano José Aperovich se encuentra de licencia hasta el 31 de diciembre, luego de que el Senado aprobara la última prórroga a fines de agosto, debido a una causa judicial por presunto abuso sexual.

El proyecto busca legalizar el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud integral de la persona gestante.

La iniciativa autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo, y en caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente de inmediato.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Por Carolina Ramos

Enero

El Congreso venía de sancionar, en diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la primera del gobierno de Alberto Fernández, que declaró nueve emergencias en distintas áreas y delegó amplias facultades en el Poder Ejecutivo. Fue la herramienta que le permitió al presidente iniciar su gestión en un marco de excepcionalidad, aun sin haber comenzado la pandemia.

En su primera sesión del año, el 29 de enero, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda externa y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019, el pacto entre la Nación y los gobernadores por el cual se suspendieron hasta el 31 de diciembre algunos de los compromisos asumidos en los acuerdos de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.

En enero además juró como diputada Gisela Marziotta en reemplazo de Daniel Filmus, quien  asumió como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Febrero

Dos días antes de la apertura de sesiones, el Senado sancionó la denominada “ley de góndolas”, que había permanecido cajoneada tres meses. A pesar del apuro por tratar la norma en el período extraordinario, el Gobierno recién la reglamentó el 15 de diciembre para su entrada en vigencia.

En esa misma sesión, la Cámara alta saldó una deuda de 15 años y aprobó la designación de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada recibió aval por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló la cuestión de la legalización del aborto.

Por otra parte, el oficialismo contó con un amplio respaldo de la oposición para sancionar, el 6 de febrero, la ley de sostenibilidad de la deuda externa regida por ley extranjera. Un gesto de apoyo institucional hacia las negociaciones que tenía por delante el ministro de Economía, Martín Guzmán, que días después se presentó ante la Cámara de Diputados. El funcionario asistió a una sesión informativa inédita en el recinto, con características similares a la presentación del jefe de Gabinete.

Pero una de las sesiones más recordadas en Diputados es la que se celebró el 27 de febrero, cuando se desató un escándalo en el recinto por la presencia de Daniel Scioli, avalado como embajador en Brasil. Juntos por el Cambio denunció una maniobra irregular del oficialismo para conseguir el quórum y tratar el proyecto que modificaba los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos, sancionado finalmente el 12 de marzo en el Senado.

En la misma sesión de la polémica prestaron juramento dos nuevas diputadas: Liliana Schwindt, en reemplazo del canciller Felipe Solá; y Adriana Cáceres, en lugar de Guillermo Montenegro, electo intendente de Mar del Plata. Ambas asumieron tras librar sendas batallas en la Justicia por la Ley de Paridad de Género, que en sus casos no se aplicó.

Por otra parte, el Senado avaló las designaciones de los embajadores Rafael Bielsa (Chile), Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Sergio Urribarri (Israel), Carlos Raimundi (OEA) y también de Fernando “Pino” Solanas (Unesco), quien falleció ocho meses después en París.

Marzo

El presidente Fernández inauguró por primera vez el período de sesiones ordinarias, en el marco de una movilización en la Plaza de los Dos Congresos. En un discurso de una hora y veinte, repasó los ejes de su gestión y anunció el envío de varios proyectos, como la reforma judicial -congelada desde septiembre en Diputados-, la legalización del aborto y la creación del Consejo Económico y Social.

Dos días después de la Asamblea Legislativa se conoció el primer caso de Covid-19 en Argentina y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, marcando un punto de inflexión en la historia del país y el mundo. El presidente decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 19 y el Congreso adhirió a la medida. En un gesto de colaboración, Diputados giró 32.700.000 pesos al sistema de salud, en concepto de subsidios y de pasajes no utilizados por las restricciones en la circulación.

Recién a fin de mes, tras una discusión sobre cómo mantener la actividad durante la emergencia sanitaria, se realizó la primera reunión virtual en la Cámara baja: la Comisión de Educación escuchó al ministro del área, Nicolás Trotta, convocado a raíz de la suspensión de clases presenciales. Fue el puntapié inicial para una seguidilla de reuniones informativas con funcionarios.

En otro orden, el Senado dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas, que nunca fue tratado. El Frente de Todos dejó de lado su tratamiento al no contar con la mayoría de votos necesaria para la designación, y en cambio impulsó, tiempo después, una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La Cámara alta también discutió en comisión, justo antes del inicio de la pandemia, un proyecto de Guillermo Snopek (Frente de Todos) para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que finalmente no prosperó.

Abril

Fue un mes dominado por nuevos cruces entre oficialismo y oposición por la modalidad de funcionamiento de ambas cámaras. El 17 de abril, el presidente mantuvo una videoconferencia con los líderes parlamentarios, que ya habían respaldado el dictado de la cuarentena en una reunión en Casa Rosada.

En Diputados, las negociaciones finalmente llegaron a buen puerto y se aprobó en comisión el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió al cuerpo, a través de sucesivas prórrogas, funcionar durante todo el año, con algunas modificaciones a medida que se relajó el aislamiento.

En cuanto al Senado, la Corte Suprema rechazó un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y evitó expedirse sobre la validez de sesiones remotas. El máximo tribunal consideró que la Cámara alta tiene facultad para fijar e interpretar su propio reglamento, y de esa forma dio vía libre al funcionamiento virtual.

Ya se empezaba a hablar, para ese entonces, del denominado “impuesto a la riqueza”, aunque llegaría al Congreso mucho tiempo después.

Mayo

Diputados realizó el 6 de mayo la capacitación obligatoria de género de la Ley Micaela, con la presencia de la ministra de área, Elizabeth Gómez Alcorta. El encuentro se utilizó como simulacro para las sesiones virtuales y arrojó un resultado desalentador por fallas técnicas, sumadas a la falta de experiencia. Por el contrario, las primeras pruebas del Senado fueron exitosas.

Finalmente, el 13 de mayo se concretaron las primeras sesiones virtuales de la historia. El Senado avaló una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia vinculados a la pandemia -entre ellos, la prohibición de despidos y suspensiones- y Diputados aprobó la exención del pago del impuesto a las Ganancias para el personal esencial y la denominada “Ley Silvio”.

En esa sesión también juraron como diputados José Luis Patiño, Claudia Bernazza y Lisandro Bormioli, en reemplazo de Elisa Carrió -renunció a su banca-, Daniel Scioli -asumió como embajador en Brasil- y Andrés “Cuervo” Larroque –fue nombrado ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense-.

Ambas cámaras volvieron a sesionar paralelamente el mismo día, el 21 de mayo. El Senado convirtió en ley los dos proyectos aprobados en Diputados y también una nueva regulación para la Cruz Roja, y la Cámara baja avanzó con la receta médica digital y la incorporación de la educación a distancia para casos excepcionales.

La armonía reinante comenzó a quebrarse a fin de mes, cuando el Frente de Todos avanzó con un dictamen de rechazo al DNU firmado por el expresidente Mauricio Macri que transfirió las escuchas telefónicas desde la Procuración General a la Corte Suprema. También hubo chispazos en otra bicameral donde el oficialismo pidió informes sobre la toma de deuda y la fuga de capitales en el gobierno anterior.

El mes cerró con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y una sesión frustrada convocada por Juntos por el Cambio con el fin de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin control parlamentario. A la bancada presidida por Negri le faltaron cinco legisladores para el quórum.

Junio

El Frente de Todos empezó el mes aprobando en el Senado una nueva tanda de DNU, entre ellos el de los “superpoderes” del jefe de Gabinete. También avanzó con la anulación del decreto referido a las escuchas telefónicas. La relación con la oposición, que ya venía algo resentida, empeoró: Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal denunciaron que el bloque de José Mayans se desviaba del acuerdo original de tratar solo temas vinculados a la pandemia.

En ese clima caldeado el Senado volvió a sesionar y, tras la sanción de la ley de educación a distancia, la oposición se desconectó y dejó al oficialismo votando en soledad la ley de alquileres -retomada tras meses de cajoneo- y otro proyecto de Oscar Parrilli que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS).

Una semana después, la Cámara alta recibió por primera vez en el año a Santiago Cafiero, quien brindó su informe de gestión desde el recinto ante las autoridades presentes y la gran mayoría de los senadores conectados desde sus provincias.

En el Congreso también se coló, con voces a favor y en contra, el tema de la expropiación de Vicentin, anunciada por el presidente y luego descartada. Lo que sí avanzó, aunque a medias, fue la creación de una comisión bicameral para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación. El proyecto, de Oscar Parrilli, fue aprobado en el Senado y nunca más se volvió a hablar de él.

También en junio comenzaron a conocerse los primeros contagios de coronavirus en el mundo de la política. En el caso de Diputados, el sindicalista Walter Correa inauguró el listado, que luego se ampliaría con Carlos Selva, Federico Fagioli, Miguel Bazze y Julio Sahad, entre otros que transitaron la infección sin mayores complicaciones.

Julio

Fernández volvió a escuchar los planteos de la oposición parlamentaria en una nueva videoconferencia, aunque primero dialogó con el Pro y la UCR y luego con el resto de los bloques. La Coalición Cívica no participó de ninguno de los dos encuentros, que sirvieron para aflojar la tensión política justo antes de que el Gobierno anunciara una nueva fase de la cuarentena, con aperturas escalonadas.

El 22 de julio, Massa le tomó juramento a Miguel Pichetto como auditor general. El excompañero de fórmula de Macri fue elegido por Juntos por el Cambio para completar hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular de la AGN.

Al día siguiente, el Senado convirtió en ley la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados de Covid-19, un proyecto de Máximo Kirchner. Y se sancionó otra iniciativa reclamada por la primera dama, Fabiola Yáñez, y otras personalidades, para la atención de la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que no tiene cura y requiere un tratamiento de por vida. También se aprobaron en esa jornada la ley de receta digital y dos proyectos sobre promoción de ingreso a carreras estratégicas y penas para la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual o erótico.

A fin de mes, Cafiero tuvo su debut ante Diputados, donde volvió a defender las medidas tomadas durante la pandemia y habló de un “esfuerzo sin precedentes” desde el Estado. Paralelamente, el Senado sancionaba la ley de teletrabajo sin apoyo de la oposición.

La Cámara baja también avanzó con la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras; y la moratoria impositiva, previsional y aduanera para todos los contribuyentes con deudas vencidas al 31 de julio. Fue tras un debate picante donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para el empresario Cristóbal López.

El mes de julio tuvo otros dos datos salientes: Marisa Graham expuso por primera vez ante la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes; y el presidente anunció en Casa Rosada el esperado proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal, más conocido como reforma judicial, aunque luego Cristina Kirchner negó que lo fuera.

Agosto

El mismo día que el Gobierno anunciaba un acuerdo con acreedores, Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la reestructuración de la deuda bajo legislación argentina. La Cámara baja también sancionó la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

El 13 de agosto, el Senado avaló la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España y convirtió en ley la moratoria universal, a la vez que dio media sanción a un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia. La Cámara alta sancionó además la ampliación presupuestaria por 1,9 billones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI- para afrontar gastos derivados de la emergencia sanitaria, como los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo).

La reforma judicial fue aprobada el 28 de agosto con 40 votos a favor y 26 en contra, tras dos semanas de tratamiento en comisiones con la participación de funcionarios y especialistas y un fuerte debate en el recinto. El texto tuvo idas y vueltas y a último momento sufrió numerosos cambios que hicieron estallar a la oposición, entre ellos la creación de nuevos juzgados y cámaras federales. Parrilli tuvo que dar marcha atrás con una polémica cláusula que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los “poderes mediáticos”.

En la misma sesión, se renovó hasta el 31 de diciembre la licencia del tucumano José Alperovich, investigado por presunto abuso sexual.

Septiembre

El primer día del mes se vivió otra de las jornadas parlamentarias más calientes del año: Juntos por el Cambio congregó a la mayoría de sus diputados en Buenos Aires para sesionar presencialmente a pesar de la continuidad de la pandemia, mientras que el Frente de Todos y otros espacios de la oposición pretendían continuar con el funcionamiento virtual. Las negociaciones en Labor Parlamentaria se extendieron por siete horas y finalmente no hubo acuerdo: el interbloque conducido por Negri anunció que impugnaría la sesión por la supuesta invalidez del protocolo, que fue renovado sin su aval. Más de 90 diputados de ese espacio coparon el recinto y denunciaron que el quórum fue irregular. La discusión llevó otras seis horas de duros cruces. Finalmente, durante la madrugada, se aprobaron los dos proyectos del temario: el aumento de multas por pesca ilegal y la ley de reactivación del turismo.

En el Senado, el Frente de Todos convalidó el DNU 690/20, por el cual se declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. También se aprobó el decreto que dejó sin efecto la intervención de Vicentin.

La Cámara presidida por Cristina anuló en otra sesión los controvertidos traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior. Los pliegos impulsados por el macrismo fueron rechazados por unanimidad, ya que la oposición se había retirado, esgrimiendo argumentos reglamentarios contra una nueva prórroga del protocolo virtual. A principios de noviembre, la Corte puso fin al entuerto y dispuso que los jueces permanezcan en los cargos a los que habían sido trasladados hasta que se realice el concurso para designar a los ocupantes definitivos.

Tal como indica la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Fernández. El ministro Guzmán expuso los lineamientos el día 22 en el Salón de Pasos Perdidos, donde definió al proyecto como un “puente” hacia la estabilidad económica post-pandemia.

El 24 de septiembre asumió como diputado el neuquino Guillermo Carnaghi en reemplazo de Darío Martínez, designado como secretario de Energía. Aquella sesión tenía como tema principal el proyecto de protección de los activos del Fondo de Garantía De Sustentabilidad (FGS), pero un escándalo inesperado pasó a ocupar el primer plano: un diputado del Frente de Todos, el salteño Juan Ameri, fue sorprendido en una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual, y tras haber sido suspendido de inmediato por Massa, finalmente ofreció su renuncia.

En esa misma sesión, Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre medioambiente. Otro proyecto sobre prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales también estaba listo para ser aprobado, pero cambios de último momento impulsados por Fernanda Vallejos provocaron su regreso a comisiones. La iniciativa volvió a recibir dictamen, pero no llegó al recinto.

En otro orden, obtuvo luz verde en el Senado la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas.

Octubre

En su primera sesión del mes, el Senado introdujo cambios al proyecto de economía del conocimiento, que volvió a Diputados. También dio media sanción al recorte de la coparticipación de la Ciudad, en función de los gastos por el traspaso de la Policía Federal.

Juntos por el Cambio, que rechazó ese proyecto, además sufrió otro revés: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 1 rechazó el amparo presentado por el interbloque para declarar la invalidez de la sesión del 1 de septiembre en Diputados. Un fallo que convalidó el funcionamiento virtual de la Cámara, tal como había sucedido en el Senado meses atrás.

El 7 de septiembre, Diputados aprobó una resolución de repudio a la conducta del salteño Ameri y juró su reemplazante, Alcira Figueroa. Luego se aprobó el proyecto que fijó condiciones en los contratos para la adquisición de vacunas contra el Covid, y se sancionaron tres leyes: la prórroga de la emergencia citrícola en ocho provincias; la regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología; y el régimen de economía del conocimiento, con las modificaciones impuestas en el Senado.

El mismo día, Cafiero volvió al Senado para brindar su tercer informe del año. La Cámara alta también aprobó, en otras sesiones, el etiquetado frontal de alimentos; la equidad de género en los medios de comunicación; la regulación de la “telesalud”; y una iniciativa sobre cuidados paliativos. Además, recibió aval el pliego de Roberto Carlés como embajador en Italia.

Otro hecho destacado fue la presentación de Miriam Lewin ante la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. La funcionaria defendió ante los legisladores la creación del Observatorio NODIO contra las fake news.

También recibió dictamen un polémico proyecto de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) con el fin de crear una bicameral para el tratamiento de un nuevo Código de Defensa del Consumidor.

El 28 de octubre, Diputados sesionó por primera vez con mayoría presencial desde el inicio de la pandemia, gracias a un acuerdo entre los bloques. Tras un debate de 17 horas, se aprobó el Presupuesto 2021 con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones -de Juntos por el Cambio-. El mes cerró con la sanción, en el Senado, del proyecto para proteger los activos del FGS, habilitando paralelamente a las provincias a renegociar sus deudas con la ANSES.

Más allá de la agenda parlamentaria, ambas Cámaras aprobaron sendas resoluciones para prohibir a legisladores nacionales que compren dólares para atesoramiento.

Tampoco faltaron los movimientos políticos: el riojano Felipe Álvarez abandonó Juntos por el Cambio y conformó un bloque de dos junto al santacruceño Antonio Carambia. Días después, la tucumana Beatriz Ávila conformó un bloque unipersonal. Con ella y Carambia, el interbloque presidido por Ramón pasó de ocho a seis integrantes.

Noviembre

El candidato del Ejecutivo para completar la Cámara Nacional Electoral (CNE), Daniel Bejas, recibió el visto bueno en el Senado con los votos del oficialismo y el rechazo de buena parte de la oposición. En la misma sesión avanzaron otros proyectos acordados, entre ellos beneficios laborales y previsionales para trabajadores y contratistas de viñas, y una corrección sobre el pago del aguinaldo a empleadas domésticas.

En Diputados comenzaron a tratarse, por impulso de Juntos por el Cambio, los proyectos de “ficha limpia”, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos.

El 11 de noviembre, el interbloque comandado por Negri intentó sesionar para tratar diversos proyectos de su agenda -como la emergencia educativa y un protocolo nacional de circulación-, pero solo reunió 85 diputados presentes. Massa declaró fracasada la sesión y comenzó otra donde se votaron la declaración de 24 capitales alternas; la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la acreditación inmediata de los pagos con tarjeta de débito para comerciantes; una iniciativa contra la deserción escolar; y una campaña contra el grooming.

El mes de noviembre también estuvo marcado por un suceso inédito: en el Senado se descubrió que al proyecto de Presupuesto le faltaban planillas y tuvo que volver a Diputados para su sanción definitiva, el 17 de noviembre. Ese día también se aprobó el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, un tema del que se habló durante meses pero recién ingresó a la agenda parlamentaria hacia fin de año. El proyecto, que creó un gravamen por única vez sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, fue convertido en ley el 4 de diciembre.

Mientras Diputados trataba el aporte solidario, el presidente anunció, tras meses de incertidumbre y presión por parte del movimiento feminista, el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. El debate empezó al poco tiempo en las cuatro comisiones intervinientes con la participación de alrededor de 70 expositores, entre funcionarios y especialistas, muchos de los cuales ya habían desfilado por el Congreso en 2018.

A diferencia del Senado, donde el oficialismo no tuvo inconvenientes en extender el funcionamiento virtual hasta marzo, en Diputados Juntos por el Cambio opuso mayor resistencia: en una sesión caldeada, legisladores de ese espacio denunciaron una convocatoria irregular y pidieron un sinfín de cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. La razón que se escondía detrás de esa maniobra era la de dilatar el tratamiento del proyecto sobre la coparticipación porteña, que finalmente fue aprobado, aunque con cambios.

Otro de los temas picantes del mes fue la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El oficialismo logró aprobar el proyecto en el Senado con toda la oposición en contra, tras una serie de reuniones informativas en comisiones y en medio de un intento indisimulado por desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, a través de distintas acciones en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. El Frente de Todos eligió tomar ese camino en lugar de avanzar con el pliego de Rafecas, que no reunía los dos tercios necesarios. Por ese motivo se estableció que el procurador podrá nombrarse con mayoría absoluta -la mitad más uno- y que su mandato ya no será vitalicio sino que durará cinco años. El debate continuará en sesiones extraordinarias.

La agenda medioambiental también estuvo presente: se sancionó la “Ley Yolanda” de capacitación a funcionarios de los tres poderes del Estado, así como la modificación de la Ley del Manejo del Fuego, y recibió dictamen favorable en Diputados la ley de humedales, aunque no llegó al recinto.

Finalmente, la muerte de Diego Maradona tuvo su eco en el Congreso: el Senado realizó una sesión exclusiva de homenaje y en Diputados también se recordó al ídolo futbolístico.

Diciembre

El último mes del año arrancó con la ratificación de Massa como presidente de Diputados y la renovación de las restantes autoridades, a excepción del vicepresidente primero, Álvaro González, que fue reemplazado por otro hombre del Pro, Omar De Marchi.

Horas después de la sesión preparatoria, se firmó el dictamen a favor de la legalización del aborto, en un plenario de comisiones que se realizó en el recinto para respetar el distanciamiento social. El texto del Ejecutivo recibió cambios y se trató al día siguiente, en un clima de expectativa por el voto de alrededor de una veintena de indefinidos. El debate, más calmo que el de 2018, duró 20 horas y media y fue seguido de cerca por varios funcionarios del Gobierno que se acercaron al Congreso para respaldar la ley. El final fue todo festejo “verde”: el proyecto se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, con una movilización en las calles a pesar de la pandemia. Acto seguido, recibió aval el “Programa de los Mil Días”, que establece distintas medidas de asistencia para acompañar a las mujeres con embarazos deseados y a sus hijos durante la primera infancia.

Mientras se desarrollaba en Diputados esa jornada histórica, el Senado sesionó en un segundo plano, aunque con un proyecto no menos importante: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que reemplaza a la que rigió en la gestión anterior y que combina recaudación de la ANSES y variación salarial, sin contemplar la inflación.

Aborto legal y movilidad jubilatoria son los dos grandes temas con que el Congreso cerrará un año tan atípico como intenso, donde la incorporación de tecnología al quehacer legislativo marcó, sin dudas, un antes y un después.

En un 2020 con un elevado nivel de actividad a pesar de la pandemia del coronavirus -producto, entre otras cosas, de la introducción de tecnología en el trabajo parlamentario-, la Cámara de Diputados cerrará el año con el tratamiento de leyes clave para el Gobierno.

Fuentes parlamentarias informaron que la Cámara presidida por Sergio Massa sesionaría el próximo martes 29 para tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el mismo día que el Senado tiene previsto debatir, en el recinto, la legalización del aborto.

El proyecto que establece el cálculo para la actualización de las jubilaciones tiene giro a las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente.

La intención del oficialismo es convocar a un plenario -posiblemente el lunes 28- para dictaminar el proyecto y sancionarlo antes de fin de año, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo ya anunciado de Juntos por el Cambio.

El interbloque encabezado por Mario Negri no es el único que se opone: también los “lavagnistas” Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez dieron a conocer su postura en contra, al igual que los santafesinos Luis Contigiani (Fte. Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista).

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Una de las principales críticas a esta fórmula es que ignora el componente inflacionario, a lo que se suma, según Juntos por el Cambio, una pérdida de arrastre para los jubilados, que “perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos por los aumentos otorgados por decreto y frente a la suspensión de la ley de movilidad, que hubiera otorgado un aumento de 42% para todos”.

Otros proyectos pendientes

La Cámara baja también tiene en carpeta otro proyecto con media sanción del Senado sobre la sostenibilidad de la deuda externa, que dispone que el Congreso deba autorizar el endeudamiento cuando éste supere los límites establecidos en el Presupuesto.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, también establece que los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deban ser aprobados por el Parlamento, y a su vez prohíbe la emisión de deuda para financiar gastos corrientes.

A diferencia de este proyecto, que aún no cuenta con dictamen de comisiones, hay otros dos que sí fueron despachados y hay consenso en tratarlos: el libre acceso y navegación por plataformas educativas estatales; y el incremento progresivo del financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Otro tema pendiente y con acuerdo es la prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.093, que estableció un Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, y que alcanza al biodiésel, bioetanol y biogás.

También figuran en la agenda de la Cámara baja, entre otros, dos proyectos del Ejecutivo sobre construcción en el sector privado y promoción de créditos hipotecarios.

El Congreso tiene prorrogadas las sesiones ordinarias hasta el 3 de enero, y luego comienza a regir la convocatoria a extraordinarias.

Dada la gran cantidad de temas incluidos en el decreto del Poder Ejecutivo, fuentes parlamentarias indicaron que Diputados entraría en receso la primera quincena de enero, mientras que en la segunda se reactivarían las comisiones.

La intención de Massa es realizar la primera sesión del año 2021 a fines de enero, sumando una o dos más en febrero, antes de la apertura de un nuevo período.  

Por Carolina Ramos

Con una serenidad muy lejana al clima de confrontación que se vivió hace dos años, la Cámara de Diputados continúa el debate sobre la despenalización y legalización del aborto. En un recinto bicolor, con pañuelos verdes y celestes, el proyecto se encamina a la aprobación cerca de las 5 de la mañana del viernes, con una mayoría no demasiado holgada.

La iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) recibiría, según los cálculos del oficialismo, entre 130 y 131 votos a favor y al menos 117 en contra. La novedad es que habría más abstenciones que en 2018, cuando solo se plantó en esa posición la cordobesa Alejandra Vigo, que ahora irá por el rechazo.

A lo largo de la jornada, se definieron algunos de los legisladores en duda: se confirmó el voto a favor de Francisco Guevara -el único sanjuanino “verde”-  y también el de la exgobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, que apareció en su banca con el pañuelo de la Campaña por el Aborto.

Pero además, sorprendió la revelación de una diputada misionera, Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia), que en 2018 se había opuesto al proyecto y ahora, tras una reflexión personal y cierto trabajo de persuasión del Frente de Todos, acompañará con su voto.

Por el lado opuesto, la cordobesa Vigo informó el voto en contra de los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, donde se especulaba con alguna abstención. Los “verdes” tampoco contarán con el voto de una radical, Roxana Reyes, que hace pocos días sufrió la pérdida de uno de sus hijos.

Durante la madrugada fueron varios los diputados indefinidos que confirmaron su voto, entre ellos la santafesina Alejandra Obeid (Frente de Todos): “Me costó mucho tomar esta decisión. Soy una mujer que practica la fe católica y he iniciado un proceso de construcción que continúa”, argumentó.

En sentido contrario, Nancy Sand, del mismo bloque, se convirtió en la segunda correntina en pasar de “verde” a “celeste”. Y, finalmente, el jujeño Jorge Rizotti (UCR), hombre del gobernador Gerardo Morales, anunció su voto favorable. “Hoy voy a acompañar la ley contra el aborto inseguro y clandestino”, dijo, y se escuchó algún aplauso.

De todos modos, varios diputados mantienen la incógnita, como el titular de la UCR, Alfredo Cornejo -podría abstenerse-; Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica; y el “lavagnista” Jorge Sarghini.

La sesión arrancó a las 11.12 con la presencia de 105 diputados en el recinto y 45 conectados de manera remota, esto es, 150 en total. Antes del debate, prestó juramento Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) en lugar de Romina Del Plá (PO), en función de la rotación de bancas acordada en el Frente de Izquierda.

La apertura del debate sobre el aborto legal estuvo a cargo de los presidentes de las comisiones intervinientes: Cecilia Moreau (Legislación General), Pablo Yedlin (Salud), Mónica Macha (Mujeres y Diversidad) y Carolina Gaillard (Legislación Penal). En tanto, el dictamen de rechazo fue defendido por Carmen Polledo (Pro) y Marcela Campagnoli (Frente de Todos).

Al inicio, hubo dos intentos de la Coalición Cívica para postergar el debate: primero, la santafesina Lucila Lehmann pidió aplazar el tratamiento hasta después del 6 de enero de 2021, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año; y luego, el bonaerense Javier Campos pidió discutir la convocatoria a una consulta popular. Ninguna de las dos mociones prosperó, porque necesitaban dos tercios de los votos, que no se reunieron.

A lo largo de la tarde hubo varios pasajes salientes. Uno de ellos fue el discurso de una “celeste” del bloque oficialista, Vanesa Massetani, quien advirtió: “Ningún funcionario va a decirme lo que tengo que hacer hoy aquí en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo”.

Massetani pronunció esas palabras en la cara del ministro de Salud, Ginés González García, presente en el recinto. Sin nombrarlo, lo cuestionó por calificar al embrión como un “fenómeno” y hasta se ganó aplausos: “A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre”.

También sobresalió la confesión de una diputada “verde”, Adriana Cáceres, embarazada de 19 semanas. “Quiero contar que estoy embarazada. Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales”, reveló, y lanzó un contundente “la maternidad será deseada o no será”.

Otro de los momentos emotivos de la sesión fue la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero aun así intervino en el debate para defender el proyecto.

Osuna, de 70 años, se encuentra en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto. “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”, dijo.

Por un acuerdo de Labor Parlamentaria, esta vez no habrá cierres de bloque, para acortar los tiempos. Más allá de esta decisión, el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, no se anotó en la lista de oradores, a diferencia de otros titulares de bancadas que ya intervinieron o lo harán en el transcurso de la noche.

Funcionarios presentes

A lo largo de la jornada, representantes del Poder Ejecutivo pasaron por el recinto para presenciar la sesión y se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

Asistieron los ministros Ginés González García (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y Sabina Frederic (Seguridad), además de las secretarias Vilma Ibarra (Legal y Ténica) y Carla Vizotti (Acceso a la Salud).

También se dieron cita la asesora presidencial Cecilia Nicolini; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta; y la responsable de AySA y esposa de Massa, Malena Galmarini.

Si bien circuló la versión de que el propio presidente Alberto Fernández podía pasar por el Congreso en algún momento de la noche para renovar el impulso a la ley de aborto, distintas fuentes oficiales confirmaron que finalmente no asistirá.

Por Carolina Ramos

En una sesión que durará menos de lo previsto -unas 20 horas-, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de despenalización y legalización del aborto, que, en principio, cuenta con los votos para ser aprobado y girado al Senado, donde se presenta un escenario todavía incierto.

A continuación, se debatirá el proyecto que crea el “Programa de los Mil Días”, el cual brinda acompañamiento e incentivos a aquellas mujeres que desean continuar con su embarazo.

Si bien el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, había informado que las iniciativas se debatirían en conjunto, en Labor Parlamentaria el Pro reclamó que se hicieran dos debates separados y triunfó esa postura.

En primer lugar, como marca el reglamento, los miembros informantes tendrán 20 minutos cada uno para defender los dictámenes: Cecilia Moreau (Frente de Todos) por el de mayoría y Carmen Polledo (Pro) por el de rechazo.

Luego no habrá tiempos de bloque, sino que se pasará directamente a oradores individuales de cinco minutos cada uno, y finalmente tampoco habrá cierres, sino que sobrevendrá la votación.

Para el proyecto de aborto legal, se calcula que habrá unos 170 diputados anotados para hablar, con lo que la votación sería cerca de las 4 de la mañana del viernes, y luego la sesión continuará con el proyecto de los “Mil Días”, para el cual habría unos 50 oradores.

La sesión tendrá como marco, una vez más, la movilización y posterior vigilia de la Campaña por el Aborto Legal y de las agrupaciones que rechazan la ley. Los “verdes” se ubicarán del lado de Avenida Rivadavia, mientras que los “celestes” lo harán sobre Hipólito Yrigoyen.

Pero además, en el recinto habrá un desfile de funcionarios: ya está confirmada la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, y también participarían desde los palcos Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Diversidad) y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Los diputados a favor del aborto legal se ilusionaban hasta anoche con la presencia del presidente Alberto Fernández, aun no confirmada.

El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cuenta, según el sondeo de parlamentario.com, con un piso de 124 diputados, mientras que los rechazos son 109. La Cámara se completa con 23 legisladores indefinidos, algunos de los cuales guardarán en secreto su decisión hasta el final.

El texto recibió dictamen favorable este miércoles en el plenario de comisiones con dos modificaciones clave para sumar votos: en primer lugar, se incorporó un artículo que indica que la paciente deberá ser derivada de inmediato a otro establecimiento de salud cuando el requerimiento se realice en uno donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.

En segundo término, se ajustó la redacción para los casos de mujeres menores de 16 años: el proyecto ahora remite al artículo 26 del Código Civil, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”.

A diferencia del proyecto de aborto legal, donde hubo dos dictámenes -el de mayoría recibió 77 firmas y el de rechazo, 30-, el “Programa de los Mil Días” recibió unanimidad y se espera una votación por amplia mayoría. De ser aprobados, los dos proyectos serán girados al Senado, que tendrá la última palabra.

Por Carolina Ramos

Eran cerca de las 8 de la mañana del 14 de junio de 2018 cuando un tuit cambió la historia. El diputado pampeano Sergio Ziliotto -luego electo gobernador- anunciaba el voto a favor de sus dos compañeros de bloque y se daba vuelta el resultado, que finalmente quedó sellado con el apoyo de un fueguino. Tras una madrugada para el infarto, se aprobaba en la Cámara de Diputados el proyecto de despenalización y legalización del aborto.

Dos años después, con una renovación de bancas de por medio, un presidente que impulsa la ley, el debate ya maduro y el movimiento feminista nuevamente en las calles, los diputados y diputadas “verdes” llegan a la sesión más confiados: tendrían garantizada la mayoría para volver a lograr la media sanción y girarla al Senado, donde están puestas todas las miradas.

La posición pro-aborto legal está muy cerca de alcanzar los 129 votos, si bien sigue habiendo un grupo de diputados entre signos de interrogación. Según el relevamiento que realizó parlamentario.com, hay 123 a favor del proyecto, 109 en contra y 24 indefinidos. El diputado número 257 es José Ignacio De Mendiguren, que está de licencia por su cargo en un banco público.

La mayoría de los diputados electos en 2019 dieron a conocer su postura públicamente, y otros la confirmaron a este medio, pero la mantienen bajo reserva hasta el día de la sesión. Asimismo, entre los que ya votaron en 2018 hay dos mujeres que lo hicieron a favor y ahora irán por el rechazo: la chaqueña Aída Ayala (UCR) y la correntina Sofía Brambilla (Pro).

Entre los legisladores que no se pronunciaron figura ni más ni menos que Sergio Massa. A diferencia de hace dos años, cuando la posibilidad de un desempate de Emilio Monzó despertó todo tipo de especulaciones, esta vez es impensado que el presidente de la Cámara tenga que intervenir en la votación.

Por otra parte, el bloque Córdoba Federal -que fue clave para la aprobación del recorte de la coparticipación porteña- presentó en los últimos días un proyecto alternativo de despenalización del aborto. Pero lo cierto es que, lejos de acercar posiciones, dos de los cuatro integrantes votarán en contra de la iniciativa del Ejecutivo: Paulo Cassinerio (ya lo hizo en 2018) y Claudia Márquez, la mujer que asumió en lugar del intendente de la capital, Martín Llaryora.

“Mi voto es en contra. Tengo esta posición desde los años ’90, cuando era estudiante de Derecho, y no ha variado, por el contrario: a través del principio de progresividad de los derechos, se fue consolidando la protección de los derechos tanto de las mujeres como de los niños, y se dio carácter de niño al concebido cuando se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Mi postura personal es a favor de la vida”, ratificó Márquez ante la consulta de parlamentario.com.

Por lo tanto, resta conocer qué harán el jefe de la bancada “schiarettista”, Carlos Gutiérrez, que en campaña propuso convocar a una consulta popular; y Alejandra Vigo, esposa del gobernador, la única que se abstuvo hace dos años. Ambos guardan su definición bajo siete llaves.

Otros diputados que evitaron expresarse hasta ahora son Mariana Zuvic (Coalición Cívica-CABA), Jorge Sarghini (Consenso Federal-Buenos Aires) y Lucía Corpacci (Frente de Todos-Catamarca). En la misma situación están Sebastián García de Luca (PRO-Buenos Aires) y Martín Berhongaray (UCR-La Pampa), quienes votarían a favor.

Tampoco confirmó su posición el propio titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que en campaña propuso una consulta popular. Jimena Latorre, quien le siguió en la lista de diputados, también se había inclinado por esa propuesta, pero hace pocos días confirmó que acompañará, y lo mismo haría otro mendocino, Alejandro Bermejo (Frente de Todos).

La lista de indecisos se completa con el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti (UCR), quien responde al gobernador Gerardo Morales; el chaqueño Gerardo Cipolini, también del radicalismo; y nada menos que 15 diputados del bloque oficialista, entre los que se encuentran la mencionada Corpacci; Carlos Ponce, exvicegobernador de San Luis; y el massista Ramiro Gutiérrez.

Desde luego, Máximo Kirchner apoyará, e incluso tendrá a su cargo el cierre del debate como jefe del bloque, si es que no resuelve dejarle el lugar a alguna mujer del Frente de Todos. Como está aislado porque mantuvo contacto estrecho con una persona con Covid positivo, es difícil imaginar un discurso final de un tema tan trascendente pronunciado desde una pantalla.

Entre las autoridades de Juntos por el Cambio, solo Cristian Ritondo (Pro) está en contra de la legalización. Mario Negri, jefe del interbloque, volverá a votar a favor, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) siempre fue activo militante de la causa. En 2018 el bloque tuvo un solo “verde” (Juan Manuel López) y ahora se suman con su voto, además de Ferraro, Mónica Frade y Mariana Stilman.

José Luis Ramón, titular de Unidad Federal para el Desarrollo, volvería a votar en contra. En el anterior debate se había expresado a favor, pero a los pocos días cambió su postura, lo que le valió la expulsión del bloque que entonces compartía con el porteño Martín Lousteau. Recientemente, el mendocino propuso un plebiscito.

Hay dos bloques enteros que rechazan la Interrupción Voluntaria del Embarazo: el Frente de la Concordia misionero y Acción Federal. En Consenso Federal hay dos votos en contra -Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez- y un indeciso, el mencionado Sarghini. Eduardo “Bali” Bucca, titular del interbloque habitado por los “lavagnistas”, ya votó a favor.

Entre los “verdes” también figuran el representante del Partido Socialista, Enrique Estévez; el rionegrino Luis Di Giácomo; y por supuesto, Nicolás Del Caño y Romina del Plá, del Frente de Izquierda. Por último, hay dos bloques unipersonales en contra: Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social).

El horizonte más inmediato es el de la definición en comisiones y el sector pro-abortista lleva ventaja para alzarse, sin inconvenientes, con el dictamen favorable. Tiene mayoría en las comisiones de Legislación General, Salud y Mujeres y Diversidad, mientras que Legislación Penal es la más peleada. En las cuatro comisiones hay tan solo cinco indefinidos.

El proyecto de IVE fue debatido en cuatro jornadas con la participación de unos 70 expositores de ambos bandos. El plan es firmar dictamen el próximo miércoles a las 17, con la mayoría de los diputados ya en Buenos Aires. Es que, según acordaron jefes de bloque, a partir de ahora la virtualidad será la excepción: quienes participen de modo remoto deberán acreditar sus motivos ante una subcomisión que evaluará cada caso.

Con este nuevo esquema es que Diputados tratará, el próximo jueves, los proyectos de aborto legal y del Programa de los Mil Días, que también será dictaminado el miércoles, a las 14. Las autoridades de la Cámara trabajan desde el viernes para la puesta a punto del recinto, las galerías y los salones aledaños, donde habrá que guardar distanciamiento.

El Frente de Todos buscará convertir en ley este viernes, en una sesión especial virtual convocada para las 14 en el Senado, el proyecto que crea un aporte solidario y extraordinario a pagar por única vez para contener la pandemia del Covid-19.

Será el tema principal de la sesión citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde además el oficialismo intentará sancionar la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, para prohibir el cambio de uso en tierras incendiadas.

La sesión se da en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero, tras la corrección del decreto anterior, que ponía como fecha el 11 de diciembre.

El proyecto de impuesto a la riqueza recibió dictamen favorable el pasado 24 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5% y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias.

Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas, es decir, más que las 9.298 que calculaba el ente recaudador cuando el proyecto se trató en la Cámara de Diputados.

Con 40 integrantes, el bloque presidido por José Mayans no tendría inconvenientes en sancionar el proyecto, y contaría además con la ayuda de aliados, mientras que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal rechazan la iniciativa.

La oposición sostiene que existe una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, y advierte además que el tributo podría ser confiscatorio y quedar instalado para siempre, a pesar de que la redacción aclara que es por única vez.

Otros proyectos

En la sesión también se tratará el proyecto impulsado por el jefe del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, con el fin de impedir la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

El proyecto recibió dictamen favorable el 24 de noviembre, con el rechazo de la oposición, que advirtió que el texto no distingue entre incendios intencionales y no intencionales; que avanza sobre facultades provinciales; y que implica un retroceso respecto de leyes vigentes.

Por otra parte, la Cámara alta tratará este viernes la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También figura en el temario un proyecto de Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) sobre creación de un “Programa Nacional de Turismo Seguro”.

Asimismo, se votarán dos acuerdos internacionales: un Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con Uruguay; y un Acuerdo de Cooperación en Defensa con Italia.

La Cámara de Diputados se encamina a retomar la actividad presencial, aunque con excepciones debidamente justificadas por cuestiones sanitarias. Ese fue el principio de acuerdo que se alcanzó este miércoles en una reunión de jefes de bloque encabezada por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, aunque la definición final se hace esperar.

Tras el vencimiento del Protocolo de Funcionamiento Remoto el último lunes, en la polémica sesión donde se trató el recorte de la coparticipación de la Ciudad, los líderes parlamentarios mantuvieron un encuentro para resolver cómo sigue la actividad, en el marco de la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 3 de enero.

Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición, consideró que “no hay motivos” para continuar con el funcionamiento virtual tras el fin del aislamiento social decretado por el Gobierno, mientras que otros bloques provinciales prefieren sostener el actual esquema mixto, pero se adaptarían a la decisión mayoritaria.

La opción con más posibilidades de avanzar es la de volver a la actividad presencial, pero con excepciones “muy estrictas”, por ejemplo, el caso de diputados que integran grupos de riesgo. Pero aun así, las autoridades de la Cámara todavía evalúan si están dadas las condiciones para la concurrencia de unos 200 diputados respetando a la vez el distanciamiento social.

Hasta ahora, están habilitadas en el recinto entre 80 y 85 bancas, y también las galerías superiores, pero en la oposición creen que no sería suficiente para garantizar los resguardos sanitarios si aumenta el número de presentes. Por eso, Mario Negri volvió a proponerle a Massa el Centro Cultural Kirchner (CCK) como lugar alternativo.

Los jefes de bloque deberán notificar este jueves si aceptan la modalidad presencial con excepciones, y en ese caso, cuál será el lugar propuesto. Massa dejó en claro que la decisión final debe surgir del consenso entre los bloques para garantizar la participación de todos los diputados, ya sea en forma física o remota.

Qué pasará con el proyecto de aborto legal

Dado que todavía no se concretó el acta de Labor Parlamentaria sobre cómo seguir, la firma del dictamen sobre la legalización del aborto se pasará para el próximo miércoles, por dos motivos: ya no hay tiempo material para garantizar mayoría presencial en las comisiones esta semana, y un dictamen completamente virtual tampoco sería válido.

Por lo pronto, los presidentes de las comisiones que intervienen acordaron sumar veinte expositores más al debate. Cecilia Moreau, titular de Legislación General, informó al finalizar la jornada que este jueves habrá más presentaciones de especialistas de 11 a 14, y luego de 15 a 19 serán las últimas disertaciones y comenzará el debate entre diputados.

La discusión parlamentaria seguirá el viernes en otras dos etapas, de 10 a 13 y de 14 a 19, y finalmente el miércoles 9, después de los feriados, se firmará el dictamen. ¿Qué pasará con la sesión? Por ahora se mantiene en pie, como fecha, el jueves 10. Resta saber si será en el recinto y, en ese caso, cuáles serán las restricciones.

El retiro de las pantallas LED instaladas en el recinto fue la señal de una decisión que terminaría de confirmarse este miércoles: el regreso a la actividad presencial en la Cámara de Diputados. Tras el vencimiento del Protocolo de Funcionamiento Remoto el último lunes, el cuerpo presidido por Sergio Massa retomaría la normalidad, aunque con excepciones.

Los detalles del nuevo funcionamiento de la Cámara se definirán a las 19 en una reunión de jefes de bloque, aunque la intención sería retomar la presencialidad, con concesiones. Esto es: que los diputados que pertenecen a grupos de riesgo puedan participar desde sus provincias, debido a la pandemia del Covid-19 que aun continúa.

En el encuentro que mantendrán jefes de bloque deberán acordar no solo el formato de las sesiones, sino también de las comisiones. Es que, sin una nueva prórroga del protocolo virtual, no podría firmarse el dictamen de la legalización del aborto este viernes, a menos que se realice un plenario enteramente presencial.

Asimismo, los líderes parlamentarios tendrán que consensuar la agenda más inmediata dentro de los casi 30 proyectos que el Poder Ejecutivo incluyó en la prórroga de ordinarias y en las extraordinarias. Entre los temas que están listos para ser tratados en Diputados hay varios polémicos, como la reforma del Ministerio Público Fiscal aprobada en el Senado.

Por Carolina Ramos

Faltaban pocos minutos para la medianoche cuando la sesión ingresó en un callejón sin salida y la Cámara de Diputados se transformó en escenario de durísimos cruces entre oficialismo y oposición, con gritos en el recinto y un desesperado intento de Sergio Massa por poner orden. El motivo fue la discusión -que se extendió hasta las 2.30- sobre la vigencia del Protocolo de Funcionamiento Remoto después del 30 de noviembre.

En una sesión atípica donde hubo 15 homenajes, más de medio centenar de cuestiones de privilegio y numerosos pedidos de apartamiento del reglamento -todos de Juntos por el Cambio-, se dilató el tratamiento del proyecto que reduce la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo principal del bloque presidido por Máximo Kirchner.

Entrada la noche, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero, saldando así la cuestión del límite del período ordinario. Sin embargo, quedaba pendiente la puja por el protocolo virtual, que según Juntos por el Cambio también caducaba a las 0 horas del 1ro. de diciembre.

Tras dos horas de una disputa “estéril” -en palabras de Massa-, el Frente de Todos logró aprobar, con 129 votos afirmativos, 108 negativos y dos abstenciones, una moción formulada por la oficialista Vanesa Siley para reencauzar el debate. Juntos por el Cambio votó negativamente “con reserva”, advirtiendo sobre la supuesta nulidad de la sesión. Eso sí: para no consentir la votación por el sistema virtual, los diputados liderados por Mario Negri pidieron votar uno por uno, a viva voz.

Madrugada caliente

El enfrentamiento empezó cuando la vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, formuló una moción para que el proyecto de la coparticipación pasara al primer lugar del temario, desplazando otra iniciativa sobre uso de cisternas de doble descarga. Pero Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria del Pro, advirtió que el cambio de orden requería una mayoría calificada de tres cuartos de los votos.

La discusión entró entonces en un terreno técnico; las diputadas se ampararon en diferentes artículos del reglamento y finalmente, sin acuerdo posible, Moreau retiró la moción. Pero lejos de cesar la polémica, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, inició el segundo capítulo.

“Estamos convocados para una sesión que partió de una reunión atípica de comisión, donde Pablo González (presidente de Asuntos Constitucionales) dijo que tenía todos los informes a disposición pero ningún diputado del interbloque los pudo conseguir”, cuestionó, sobre la reunión donde se dictaminó el proyecto vinculado a los fondos de la CABA.

Ritondo alertó que el pedido de sesión se hizo “el viernes 3 horas y 20 minutos después de cerrada la Mesa de Entradas, y 20 minutos después de haber asegurado que no había ninguna sesión”, y exigió conocer el acta formal de convocatoria, tal como había solicitado antes su par mendocino Omar De Marchi.

El diputado insistió en que a la medianoche venció el protocolo y pidió a Massa que “verifique el quórum, porque tenemos que funcionar con quórum como marca el reglamento”. Y remató: “Sino, nosotros veremos que hacemos”.

Desde el oficialismo, Paula Penacca subió aun más el tono y denunció que “todo el día estuvieron construyendo el escenario” para obstruir el Orden del Día. “La vigencia del protocolo fue prorrogada hasta el 30, nada dice sobre qué sucede el mismo día en que la vigencia del protocolo llega a su fin”, aclaró.

Y agregó: “Como eso no está taxativamente planteado, debemos interpretarlo, como sucede ante cualquier norma jurídica, y para eso tenemos que basarnos en la Constitución, que plantea la razonabilidad. Si algo no hubo en toda esta jornada fue buena voluntad y predisposición. El bloque opositor se dedicó a intentar posponer el ingreso al temario de esta sesión”.

En medio de un alboroto, Penacca advirtió que “obstruir el funcionamiento de Diputados es obstruir la democracia”. “¡Hablaron ocho horas para hablar de cuestiones que no le importan a la ciudadanía!”, exclamó.

En reiteradas oportunidades, Massa intentó calmar los ánimos pidiendo silencio en el recinto, y hasta tuvo que aclarar que “tenemos dos orejas y una boca”. Pero la tensión no se alejó, sino todo lo contrario: en respuesta a los gritos de Fernando Iglesias (Pro), Cecilia Moreau le exigió que le permitiera hablar y lo llamó “cobarde” por pararse de su banca. “No le tuve miedo a la dictadura, no le voy a tener miedo a sus insultos”, sentenció.

Jorge Enriquez (Pro) adelantó entonces que su interbloque irá a la Justicia, una vez más, al considerar que “esta sesión es nula de nulidad absoluta”. “Los plazos están para ser cumplidos. A las 12 de la noche terminó el protocolo. Esto tiene que ser presencial les guste o no les guste”, aseguró.

Massa aprovechó para recordar que “el 4 de agosto la Cámara sesionó y siguió sesionando después de las 12 a pesar de que el protocolo estaba vencido, y no hubo en ese momento ninguna presentación, ni resolución, ni observación. Cuando hay buena voluntad, la Cámara sigue funcionando”.

Sin embargo, Lospennato recogió el guante y aclaró que el protocolo en ese momento se renovó “por 30 días corridos desde la fecha de suscripción del acta, que fue el 7 de julio, por ende estuvo vigente hasta el 7 de agosto”, es decir, más allá de la sesión mencionada por Massa.

También levantó la temperatura la diputada Gabriela Cerruti, del Frente de Todos, recordando sus épocas de legisladora porteña. “Después del 10 de diciembre de 2015 me han hecho votar el Presupuesto, ¡Usted también, (Maximiliano) Ferraro! ¡Y usted también, (Paula) Oliveto! Porque las sesiones continúan. El 9 empezábamos la sesión y los mismos pasábamos a cuarto intermedio y seguíamos hasta terminar la sesión aunque hubiera pasado el 10 de diciembre”.

Más adelante, Iglesias tomó la palabra y se defendió: “No le debemos nada al oficialismo. Es nuestro derecho hacer cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. No es que nos dan una graciosa concesión ni que ponen buena voluntad”, dijo, y añadió: “Empezamos una sesión hace más de 10 horas de manera irregular, pasaron 10 horas y no aparece el acta, no se sabe a qué hora entró ni dónde están las firmas”.

Conectado desde Córdoba, intervino finalmente Mario Negri, quien aseveró: “Lo remoto, que vino como excepción, se está convirtiendo en natural. Si no hubiera sesión virtual, no convocarían a una sesión del viernes para el lunes. Ahora sí, porque están detrás de una pantalla”.

Negri cargó las tintas contra Massa: “El nivel de tensión que se vive hoy es responsabilidad suya, porque ha ninguneado a los presidentes de bloque, ningunea la institucionalidad de la oposición, cree que somos empleados suyos”. Y, por si quedaban dudas, aclaró que su bancada no estaba dispuesta a irse: “Si con estos antecedentes nos retiramos, son capaces de apartarse del reglamento para tratar cualquier cosa”.

La oficialista Siley, al formular su moción, retomó el tema de la intervención de la Justicia y pronosticó un fallo desfavorable para un eventual amparo. “Ya la Corte Suprema, cuando interpretó el caso del Senado, como el Fuero Contencioso, dijeron que es una potestad soberana del Congreso determinar su reglamento y su funcionamiento”.

Una vez aprobada la moción, la Cámara baja se metió en el debate del proyecto sobre promoción de las cisternas con doble descarga, a lo que seguía el tema de la coparticipación porteña y, finalmente, otros dos proyectos sobre libre navegación por plataformas educativas y aumento del presupuesto de ciencia y tecnología.

Un intento para incorporar al temario de la sesión de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos fracasó por tan solo siete votos, debido a que buena parte de Juntos por el Cambio rechazó la moción y bloqueó así la mayoría necesaria.

El pedido fue formulado por Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General, y se le sumó Héctor Stefani (Pro), pero se necesitaban tres cuartos de los votos, por tratarse de un pedido de apartamiento del reglamento.

El resultado de la votación fue 143 a favor, 58 en contra y 44 abstenciones (que no cuentan para la base de cálculo), de modo que faltaron siete votos para lograr la mayoría.

La votación fue desordenada por el desconcierto de Juntos por el Cambio: mientras que algunos rechazaron la moción, otros se abstuvieron, aunque Massa les tuvo que aclarar que con la abstención estaban facilitando la aprobación.

El dato saliente fue, además, el rechazo de diputados del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, donde tiene peso la industria azucarera: votaron en contra Pablo Yedlin (presidente de la Comisión de Salud), Gladys Medina y Mario Leito, además de la jujeña Carolina Moisés.

 “La información accesible y directa es fundamental para tomar las decisiones personales adecuadas para tener una alimentación más saludable. La ley de etiquetado frontal es necesaria para que los argentinos avancemos en ese camino”, sostuvo Moreau al formular el pedido.

En el mismo sentido, Stefani explicó que el etiquetado “ayuda a los consumidores a comprender qué es lo que consumen, promoviendo la salud pública”, y recordó que es autor de un proyecto de ley similar.

“El 28,3% de la población es obesa, uno de cada tres argentinos. El 73% de los hombres tienen sobrepeso de acuerdo a su talla o edad, y el 56% de las mujeres tienen sobrepeso de acuerdo a su talla o edad. En los últimos 30 años la tasa de obesidad en Argentina se duplicó, y el 7% de los niños son obesos”, describió el diputado del Pro.

Por eso, afirmó: “No creo que esto tenga que ver con una cuestión ideológica: cuando hablamos de la salud de los argentinos, no importa la ideología que profesemos, es un tema de vital importancia”.

“No puede ser que no hayamos podido conseguir que no nos informen qué es lo que estamos consumiendo, pese a que el artículo 42 de la Constitución nos da el derecho a contar con información a la hora de comprar un alimento”, lamentó.

Con votos 65 votos a favor, ninguno en contra y una abstención -del rionegrino Alberto Weretilneck-, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este lunes el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Congreso deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como cualquier endeudamiento externo que supere el límite fijado en el Presupuesto Nacional.

Al abrir el debate, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, cargó contra la deuda tomada por la gestión anterior y dijo que “el endeudamiento de los últimos cuatro años no solamente lo vemos irresponsable, inadecuado, insostenible, sino que además tuvo un volumen inédito”.

“Estamos tratando de encontrar un camino lógico, para que los próximos Ejecutivos, incluido el nuestro, tenga responsabilidad para endeudar a los argentinos, lo haga con una visión racional, con créditos que se puedan pagar, y que eso signifique bienestar para la gente y no solamente atraso para el país”, subrayó.

El miembro informante del Frente de Todos recordó que “este Senado y nuestro bloque le ha pedido al FMI que esta negociación tiene que ser racional”, porque “todos sabemos que este crédito se tomó en circunstancias muy irregulares, que fue el más grande de la historia” y se otorgó aún “sabiendo de antemano que no se podía pagar”. Por eso, apuntó a la “co-responsabilidad de dar un crédito en esos términos”.

“No queremos el FMI nos quiera traer soluciones que siempre fueron pérdida para los argentinos”, afirmó el oficialista; y mencionó que con el dinero de ese préstamo “es muy difícil encontrar que se hayan hecho cien metros de camino o cinco escuelas”, sino que fue “una plata que entró por un lado y salió por el otro y que ni siquiera el FMI se encargó de cumplir sus estatutos”.

Desde la oposición, el senador Martín Lousteau instó a debatir los “problemas estructurales” de la economía argentina, y señaló que “lo que viene a hacer la ley” es a “colocar una suerte de rector institucional” para “evitar la discrecionalidad”.

Sin embargo, el radical reclamó que “en tiempos recientes esa institucionalidad fue víctima de excepciones”, con la sanción de ciertos artículos tanto en la ampliación presupuestaria como en el Presupuesto, dando “de baja” en éste último “elementos significativos de las leyes de responsabilidad fiscal”.

El exministro de Economía indicó que el proyecto “es nada más que la eliminación de un agregado del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera”. Sobre esa línea, el legislador agregó que “si quisiéramos trabajar en serio” hay que “trabajar en aquellas cosas que han quedado desactualizada de la Ley de Administración Financiera”.

En su discurso, el porteño aseguró que “el origen del problema está en el déficit”. “Cuando vienen las crisis de balanza de pago vienen porque hay endeudamiento; pero vienen también porque hay pocas reservas y muchos pesos, y si no abarcamos el problema en conjunto no lo vamos a resolver”, explicó.

Por su parte, la santafesina María de los Ángeles Sacnun destacó que el proyecto “es una ley que retoma la manda constitucional y las atribuciones del Congreso”. La oficialista repasó, al igual que sus pares, la deuda tomada por el gobierno macrista y reprochó la decisión del pago los fondos buitre que “no le hizo ningún favor a la Argentina”.

“Cuando hablamos de recuperar la sostenibilidad no sólo es desde el punto de vista económico-financiero, sino también del punto de vista social”, resaltó y expresó que el país “estaba en default desde 2018” por más que se haya utilizado el término “reperfilamiento porque era una palabra más fina”. “Los acreedores fueron tan irresponsables como el gobierno de Mauricio Macri”, criticó y consideró que cuando la gente votó al Frente de Todos, “votó el nunca más a la deuda”.

A su turno, el macrista Esteban Bullrich lanzó que cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, asistió a la comisión a explicar el proyecto “vino a hacer sarasa”, en referencia a los números aportados sobre el rendimiento de bonos. “Este mecanismo de usar el dólar oficial para beneficiar a algunos fue usado en Venezuela para que muchos se enriquecieran”, alertó.

El bonaerense manifestó que existe un “problema adicional” que es el de “no reconocer la realidad”, algo por lo cual “los inversores no confían en la Argentina”. “Había deuda antes de Macri”, remarcó y detalló: “Casi dos de cada tres dólares que recibió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner eran preexistentes al gobierno de Mauricio Macri. 240 mil millones de dólares fue lo que dejó Cristina Fernández de Kirchner de deuda. Y este Gobierno recibió 330 mil millones de dólares”.

El opositor afirmó que “la estabilidad permanente se logra cuando se construyen consensos que trascienden un gobierno”, y sobre el proyecto lo tildó de “parcial, chiquito” porque “habla de la sustentabilidad de la deuda pero no habla de la sustentabilidad de Argentina”.

Desde el Frente de Todos, el puntano Adolfo Rodríguez Saá aclaró que “el nunca más de la deuda no tiene nada que ver” con este proyecto, sino que es “todo lo contrario”, porque “estamos legislando para que los próximos endeudamientos sean autorizados en los próximos presupuestos y tengan un determinado uso”.

Si bien adelantó su acompañamiento al texto del Ejecutivo, el senador rechazó que se establezcan “pautas flexibles y blandas para seguirse endeudando”, y confesó tener un “sabor amargo” porque la iniciativa no es la que él impulsa como “un compromiso definitivo” para que “no haya vericuetos y siempre caigamos en el endeudamiento”, donde “las pérdidas son del pueblo y las ganancias se las lleva la usura internacional”.

Más adelante, la mendocina Anabel Fernández Sagasti destacó que ésta es “la cuarta ley que votamos en esta visión integral respecto de la complejidad que tiene la deuda pública en Argentina”. Al igual que sus pares, muy crítica del endeudamiento del gobierno anterior, la vicejefa de la bancada oficialista puntualizó que en los últimos cuatro años “la deuda bajo legislación extranjera pasó del 24% al 44%” y “ni qué hablar en moneda dura, pasamos a tener el 77% de nuestra deuda en dólares”.

“Cada uno de los indicadores de calidad de vida de los argentinos fue destrozado por el macrismo”, exclamó y señaló que “fue tal el desastre que no solamente no sabemos dónde están los 44 mil millones de dólares que le prestaron a la Argentina”, sino que “casi quiebran al FMI también”, en alusión al monto del crédito.

Al momento de los cierres, el monobloquista Alberto Weretilneck anticipó su abstención porque al proyecto “lo entendería viniendo del Congreso de la Nación”, pero “no lo entiendo proviniendo del ministro de Economía”, dijo. El rionegrino ahondó que “esta ley se adelanta un año” al dejar en claro que “piensan endeudarse en moneda extranjera y bajo legislación extranjera” en 2022. “Creo que es una ley que carece de sentido común”, opinó.

En tanto, el jefe del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero valoró que la iniciativa “fortalece el rol del Congreso en el endeudamiento a moneda extranjera y no hay que escandalizarse, porque con los pesos no vamos a ningún lado”. “El problema de Argentina no es coyuntural, es estructural”, aseveró y habló de “más de 35 años de incumplimiento”, algo que vinculó a “una conducta errática y equivocada de la dirigencia”.

El salteño recordó que el gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, “dejó un déficit de 5,1%, y primario de 3,8%”. “Preguntar dónde está la plata (del crédito con el FMI) es no entender dónde estamos viviendo”, enfatizó y añadió que “la plata está gastada, porque los argentinos hace 35 años venimos gastando más de lo que tenemos”. “El pacto que Argentina necesita es el pacto fiscal”, observó.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, confirmó el acompañamiento de la bancada y advirtió sobre un aspecto del proyecto referido a “cuándo brindará el Parlamento el acuerdo”, ya que no se establece si “la aprobación debe ser previa o posterior” a una negociación y pidió que esa cuestión sea aclarada en la reglamentación.

“Se busca con una ley respaldo político, que el Congreso brinde aval político para la negociación”, apuntó y abogó por comenzar a “ordenar el desorden macroeconómico que arrastra la Argentina”. En ese sentido, rechazó “el pase de facturas” porque “el endeudamiento y la fuga de capitales es transversal a todos los gobiernos”. El radical subrayó que “cuando un Estado es deficitario” se financia “con préstamos externos”.

En un llamado al oficialismo, el formoseño expresó que “administrar a Argentina en este escenario requiere mucha prudencia” por parte del Gobierno. Pegándole a la carta al FMI que envió el bloque del Frente de Todos, Naidenoff consideró que “el juego de las cartas” no logra “conmoverlo al Fondo”, sino que “el respaldo político es el que debe ser contundente”. “Estamos dispuestos a aportar, también aporten ustedes, porque la Argentina necesita calma y responsabilidad”, cerró.

Por último, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, ponderó que la iniciativa está en línea con los artículos 75 y 77 de la Constitución Nacional, algo que “fue violado sistemáticamente en el gobierno anterior” que hizo “caso omiso a la Constitución Nacional y a leyes que tenemos”.

“Este es un proyecto que invita a la reflexión”, sostuvo y defendió que en los gobiernos kirchneristas la deuda se pagó con “la economía creciendo” y “no haciendo ajuste”, como durante la gestión de Cambiemos, a la que cuestionó por un “fracaso contundente” en el que “el ratio de deuda fue casi el 100% del PBI”.

El formoseño le enrostró a la oposición que “fracasó el plan económico y ustedes no hacen una autocrítica al respecto”. Y se preguntó “a dónde fue la plata” del endeudamiento: “¿Al sector productivo, al sector comercial? No, fue a la usura”.

“Quédense tranquilos que por ahora no nos vamos a endeudar. Nadie nos quiere prestar un peso gracias a las gestiones que hicieron. El desafío que tenemos ahora es poner en marcha la economía”, completó.

Qué prevé el proyecto

El proyecto establece que la ley de Presupuesto de cada ejercicio “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, indica el texto.

También dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

Durante el debate en comisión, el oficialismo hizo un agregado para que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con el FMI no puedan ser utilizados para gastos corrientes.

Según quedó redactado, “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.

El Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados este lunes un proyecto que establece la creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas”, con el fin de instaurar, en forma progresiva, el “Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas”.

Según el proyecto, la Nación deberá reglamentar -a través de la autoridad de aplicación- la implementación y puesta en funcionamiento de este programa, en consenso con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se tendrá que elaborar un protocolo de carga de historias clínicas, así como diseñar e implementar un software de historia clínica, respetando las leyes de Derecho del Paciente (26.529) y de Protección de Datos Personales (25.326).

El software deberá ser instalado de forma gratuita en todos los hospitales públicos nacionales, provinciales y municipales, así como en los centros de salud privados y de la seguridad social, según se establezca por la vía reglamentaria.

En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se dejará constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en cualquier institución sanitaria del país.

Este sistema contendrá todos los datos clínicos del paciente, “de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento”.

El proyecto establece que “el paciente es titular de los datos y tiene en todo momento derecho a conocer la información en la historia clínica electrónica, que es el documento digital, obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital del responsable”.

“El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso”, agrega el texto.

Durante la sesión, el misionero Maurice Closs (Frente de Todos) señaló que “se busca establecer un sistema unificado, gradual, coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación y el COFESA (Consejo Federal de Salud)”.

Apunta a que tanto el sector público como el privado, “cuando desarrollen un programa de historias clínicas lo hagan en base a este sistema que se está definiendo, para que el sistema creado sea único y que cada uno en su provincia tenga la capacidad de realizar un sistema que pueda interactuar con los demás”, explicó el legislador.

A su turno, el titular de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), remarcó que “el titular de la historia clínica es el paciente y por eso es él quien decide quién tiene acceso a la misma”. En ese sentido, dijo que en la iniciativa “se preservan sus derechos” mediante “mecanismos seguros”.

“Son muchas las ventajas que tienen las historias clínicas electrónicas, especialmente si las enmarcamos en la atención a través de la telemedicina”, expresó el jujeño, de profesión médico. Además, destacó que “desde cualquier lugar permite tener una visión integral del paciente”.

El radical también indicó que las historias clínicas electrónicas “optimizan los tiempos en consulta” y permiten “certeza sobre la medicación suministrada al paciente”. “La implementación va a ser progresiva y va a estar coordinada”, agregó, sobre la aplicación de la norma.

En tanto, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) ponderó el consenso al unificar cinco proyectos sobre el tema y mencionó a la provincia de Misiones y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “han hecho un trabajo sensacional en esta materia”.

La radical observó que la pandemia demostró “cuán importante que es poner la tecnología de la información al servicio de la salud”. Y, sobre este sistema, aseguró que es muy necesario en el interior, dado que cuando se necesitan derivaciones a hospitales de mayor complejidad, en una nueva consulta en otro lugar “es como un empezar de nuevo, se pierde tiempo al volver a contar lo que ya hemos contado, al volver a hacer estudios que ya hemos hecho”.

Circulación de vehículos de emergencia

La Cámara alta también convirtió en ley, por unanimidad, un proyecto de modificación de la Ley de Tránsito (24.449), referida a la circulación de vehículos de emergencia.

La norma indica en su artículo 61 que “los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento (…)”.

Con la ley sancionada este lunes, se agregó que, en esa circunstancia, las ambulancias “deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera extraordinaria urgencia”.

También se indica que “los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias, y no pueden seguirlos”, y se estipula que “la sirena debe usarse simultáneamente con las balizas distintivas, con la máxima moderación posible”.

Por último, el proyecto aprobado dice que “estos vehículos tendrán habilitación especial y no excederán los 15 años de antigüedad, excepto en el caso de autombombas, móviles de los cuerpos de bomberos y vehículos afectados a las Fuerzas Armadas y se seguridad, cuyos vehículos podrán exceder dicho período siempre que cuenten con la revisión técnica obligatoria otorgada por la autoridad competente”.

Otros temas

El cuerpo votó además, por unanimidad, un proyecto -que se convirtió en ley- sobre la prohibición de la producción, importación y comercialización de productos cosméticos y productos de higiene oral de uso odontológico que contengan micro-perlas de plástico añadidas intencionalmente, a partir de los dos años de la promulgación de la ley.

Por otra parte, recibió media sanción una iniciativa que modifica el artículo primero de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, referido a la realización de jornadas de concientización en colegios de todo el país y en todos los niveles educativos.

El cambio propuesto es para que, además de alumnos y docentes, también forme parte de estas jornadas el personal no docente, incluyendo trabajadores administrativos, subalternos, de limpieza, porteros, de cocina y serenos, entre otros.

El momento dedicado a las cuestiones de privilegio en la sesión de la Cámara de Diputados se convirtió en una catarata de diatribas de Juntos por el Cambio contra el oficialismo y, puntualmente, el presidente del cuerpo, Sergio Massa.

A lo largo de casi tres horas, integrantes del bloque presidido por Mario Negri advirtieron sobre la convocatoria “irregular” a la sesión para tratar, principalmente, el proyecto que reduce la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

“El funcionamiento irregular de Diputados atenta contra el debate democrático”, alertó Lospennato desde el recinto, al presentar la primera cuestión de privilegio sobre el tema.

La legisladora recordó que el Protocolo de Funcionamiento Remoto, renovado a lo largo de todo el año, vence este mismo lunes. “Había una excepcionalidad y por eso condicionamos la vigencia del protocolo al ASPO”, aclaró.

Sin embargo, señaló que “en la convocatoria a esta sesión claramente se incumplió una de las condiciones que nuestro interbloque fijó para su renovación: que los temas relevantes fueran tratados de manera presencial”, como sucedió con el Presupuesto 2021 y el impuesto a la riqueza.

Según precisó Lospennato, el protocolo indica que si un bloque lo solicita, la sesión debe ser con mayoría presencial, pero la solicitud debe realizarse con una semana de anticipación, algo que no fue posible en este caso porque la sesión se pidió el último viernes por la noche.

“Es imposible solicitarlo si convocan a una sesión el viernes después de cerrada Mesa de Entradas”, planteó la diputada del Pro, y agregó que “esto, además de ser irregular, es profundamente antifederal, porque da la sensación de que todos los diputados viven a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires”.

En ese sentido, indicó que “no se ha restituido la totalidad de los vuelos”, y remarcó la necesidad de que cualquier diputado, “desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, pueda venir a representar al pueblo que lo eligió”.

Por otra parte, Lospennato advirtió que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no concurrió a la Cámara baja para brindar su informe de gestión este mes, como correspondía, y por lo tanto asistió solo una vez este año. “Se está vulnerando la Constitución Nacional”, sentenció.

Su par de la Coalición Cívica Juan Manuel López sostuvo: “Volver a la normalidad para nosotros no es una opción, es un mandato constitucional. Nuestros fueros no son para que no vayamos presos: son para que los oficialismos de turno, cuando se vuelven autoritarios, no nos impidan ejercer nuestro rol y nuestra representación. Y estamos sufriendo demasiadas dificultades para eso”.

El diputado de la Coalición Cívica se preguntó: “¿Por qué todo el tiempo le quieren bajar la calidad al debate? ¿A qué le tienen miedo?”.

“Yo no tengo miedo de convertirme en calabaza, vamos a dar el debate, pero mantengan las reglas de convivencia”, reclamó el porteño.

La Cámara alta aprobó este viernes un conjunto de proyectos consensuados, entre los que recibió media sanción una iniciativa que incorpora una modificación a la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares, impulsada por las senadoras Norma Durango (FdT) y Stella Olalla (UCR).

Se trata de agregar un inciso, al artículo 5 de la norma, que establezca “la inembargabilidad e inejecutabilidad del patrimonio bibliográfico, del inventario informático y de un único bien inmueble del que sea titular registral, siempre que el mismo se encuentre afectado a la consecución de su objeto social”.

En la sesión, Norma Durango destacó “la importancia de las bibliotecas populares en cada una de las localidades en las que vivimos”, a las cuales “se las concibe y organiza en función de poder rescatar la cultura popular, socializar la información, alcanzar la bibliografía a todas las personas que viven en su radio de extensión, y también recrear lazos de solidaridad”.

“Actualmente en Argentina hay más de mil bibliotecas populares y están distribuidas en las grandes ciudades, en los pequeños pueblos, al pie de montañas”, sostuvo la pampeana, que dijo que el proyecto tiene por objetivo “proteger el patrimonio bibliográfico, proteger el inventario informático y su inmueble”.

También recibió media sanción un proyecto del senador Adolfo Rodríguez Saá (FdT), que indica que “el pañuelo o corbata negra usada por la Armada Argentina en sus uniformes de marinería simbolizará el luto en honor al personal naval caído en el conflicto del Atlántico Sur que tuvo por objeto la recuperación de los territorios de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes, ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”.

Durante el debate, Rodríguez Saá enfatizó que “es hora de que los argentinos con orgullo defendamos esa gesta heroica y continuemos la lucha pacífica de recuperación de los territorios dominados por el imperio inglés”.

“Que el pañuelo negro y la corbata negra que usan y lucen todos los uniformes de la Armada Nacional sean, a partir de la sanción de la ley, el homenaje de nuestras Fuerzas Armadas y del pueblo argentino a los héroes que perdieron la vida; y señale el luto eterno que rendiremos tributo a nuestros héroes de Malvinas”, agregó.

Por otra parte, se aprobó y giró a la Cámara baja un proyecto que declara Monumento Histórico Nacional al monumento a los héroes de la independencia, ubicado en la colina de Santa Bárbara, Humahuaca, provincia de Jujuy; y otro que declara patrimonio inmaterial argentino a la Fiesta del Tinkunaco, celebrada en la provincia de La Rioja.

En tanto, se convirtió en ley la declaración como Lugar Histórico Nacional al “Parque de las Naciones”, ubicado en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.

Además, recibió sanción definitiva un proyecto para transferir un inmueble al Club Social y Cultural Deportivo Penales de Santa Rosa, La Pampa. Mientras que tuvo media sanción la transferencia de un conjunto de inmuebles a la ciudad de Recreo, Catamarca; y otra transferencia de un inmueble al municipio de La Rioja, que se trata del sitio donde comenzó con su actividad Rosario Vera Peñaloza, pionera maestra jardinera, y sobre el cual está pensado que se convierta en un museo.

El Senado realiza desde las 14.20 la sesión en la que el oficialismo buscará aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de flexibilizar la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador -pasando de dos tercios a la mitad más uno-, y de acotar el mandato a cinco años.

El Frente de Todos, con ayuda de aliados, se encamina a dar media sanción a la iniciativa para girarla a la Cámara de Diputados, mientras sigue en espera el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de jefe de los fiscales.

El proyecto recibió dictamen favorable hace una semana, unificando los viejos proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) -pese a la resistencia de éstos-, sumados al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), más reciente.

Además de modificar la mayoría necesaria para la designación del procurador y limitar su mandato -hoy vitalicio-, el texto introduce varias reformas importantes.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.

Otro aspecto relevante es que el procurador deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

Por otra parte, el Senado tratará un proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.

Asimismo, figura en el temario un proyecto -que sería convertido en ley- para declarar “Capital nacional del fútbol” a la ciudad de Avellaneda; y otra iniciativa sobre el luto en el uniforme de la Armada Argentina.

Por último, también se votará una modificación de la Ley de Bibliotecas Populares, sobre embargos y ejecuciones; y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, entre otros temas.

El Senado se plegó al duelo nacional por la muerte de Diego Armando Maradona. Con acuerdo entre los bloques, se decidió que la sesión prevista para este jueves estará dedicada pura y exclusivamente a homenajear al exfutbolista, y se pasará a un cuarto intermedio hasta el lunes para tratar los proyectos del temario.

La decisión se tomó cerca del mediodía y se acordó destinar alrededor de 40 minutos para recordar a Maradona, quien falleció este miércoles a causa de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, y es velado en Casa Rosada con la presencia de miles de hinchas y del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández.

De este modo, la Cámara alta pasó para el lunes la agenda de la sesión de este jueves, que incluía el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda externa, que busca que el Congreso autorice el endeudamiento cuando se supere el límite presupuestario, y también los programas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Senado también tenía previsto votar la prórroga del funcionamiento virtual hasta el 1ro. de marzo, debido a la pandemia del Covid-19. La decisión fue tomada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el decreto 18/20, firmado este miércoles, que debe ser sometido a consideración del pleno.

Asimismo, el temario de este jueves incluía diversos proyectos de consenso, como la implementación de la historia clínica digital, declaración de días nacionales y monumentos históricos, modificaciones a la Ley de Tránsito, pliegos judiciales y transferencias de inmuebles.

La sesión convocada para este viernes, en cambio, sigue en pie. El oficialismo decidió mantener la convocatoria para tratar, principalmente, la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que apunta a modificar el modo de selección del procurador general y acotar su mandato a cinco años.

El temario del viernes también contiene iniciativas consensuadas, como un proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.

El Senado votará en la sesión ordinaria de este jueves la prórroga de las sesiones virtuales hasta el 1ro. de marzo del año próximo, según dispuso la vicepresidenta Cristina Kirchner en el decreto presidencial 18/20, firmado este miércoles.

Cristina ordenó la continuidad del formato remoto, tanto para las sesiones como para las comisiones, a pesar de que el Gobierno decretó el 7 de noviembre pasado el cese del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

En el decreto, la vicepresidenta mantiene la realización de “sesiones en carácter remoto o virtual, mediante videoconferencia y a modo excepcional, hasta el día 1 de marzo de 2021”.

El documento establece que “el plazo será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria que diera lugar al dictado del decreto de la Presidencia del Senado”, firmado originalmente el 4 de mayo.

Se trata de la cuarta prórroga del sistema virtual, que ya se había extendido en julio, en septiembre y en octubre, en el marco de la pandemia del Covid-19.

Juntos por el Cambio mantendrá una reunión de interbloque previa a la sesión, a las 9.30, para definir si acompaña la medida de la vicepresidenta.

En la Cámara de Diputados, la bancada presidida por Mario Negri le pidió al presidente del cuerpo, Sergio Massa, retomar el funcionamiento presencial, al considerar que “se encuentran dadas todas las condiciones sanitarias y de movilidad” para que el Congreso “recupere su funcionamiento reglamentario”.

“Si todas las actividades sociales, económicas y productivas han vuelto, no hay razón alguna para que la actividad legislativa, que es una actividad esencial, continúe funcionando bajo la excepcionalidad del protocolo de sesiones remotas”, sostuvieron los diputados.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio pidió retomar las sesiones presenciales en la Cámara baja tras el fin del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país, al considerar que “se encuentran dadas todas las condiciones” para que el Congreso “recupere su funcionamiento reglamentario”.

El reclamo fue formulado a través de una nota dirigida al titular del cuerpo, Sergio Massa, con las firmas de los líderes de los bloques, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

“Es tiempo de volver a funcionar de manera presencial en todos los ámbitos del Congreso de la Nación, para el trabajo tanto de comisiones como en las sesiones, atento que se encuentran dadas todas las condiciones sanitarias y de movilidad suficientes para que el Congreso de la Nación, y esta Cámara en particular, recuperen su funcionamiento reglamentario”, sostuvieron los legisladores.

El Interbloque @juntoscambioar
pidió a Sergio Massa el retorno de la actividad parlamentaria presencial.

No existe más el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el que se basa el protocolo de sesiones remotas.
Legislar es una actividad esencial.#SesionesPresencialesYa pic.twitter.com/Vv5TdTJ3eg

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 25, 2020

El Protocolo de Funcionamiento Remoto actualmente vigente vence el próximo lunes 30 de noviembre, día en que finaliza el período ordinario, y ante la proximidad de la fecha, Juntos por el Cambio solicitó retomar la presencialidad amparándose en el decreto presidencial 875/20, que dispuso el cese del ASPO en todo el país, con algunas excepciones.

“Tenemos por delante debates trascendentes y queremos darlos con absoluta transparencia de cara a la sociedad”, argumentó el interbloque en función de la agenda que se viene en Diputados, con proyectos como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el aborto legal y la reforma del Ministerio Público, entre otros.

Negri, Ritondo y Ferraro insistieron: “Si todas las actividades sociales, económicas y productivas han vuelto, no hay razón alguna para que la actividad legislativa, que es una actividad esencial, continúe funcionando bajo la excepcionalidad del protocolo de sesiones remotas”.

“Manteniendo las normas que el distanciamiento social impone solicitamos a la Presidencia que arbitre los medios necesarios para la inmediata vuelta a la presencialidad en el funcionamiento de esta Cámara”, concluyeron los diputados en la nota enviada a Massa.

Al filo del cierre del período ordinario, que termina el próximo lunes 30, el Senado tendrá doble sesión, este jueves y viernes, para tratar dos proyectos clave: las modificaciones a la Ley del Ministerio Público, para flexibilizar el modo de selección del procurador general y acotar su mandato, y el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa.

Las dos sesiones se acordaron en una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes, y si bien circuló la versión de que la actividad legislativa podía suspenderse por el duelo nacional decretado por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona, las convocatorias siguen en pie.

El jueves se celebrará una sesión ordinaria, a partir de las 14, donde el principal tema será el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Congreso autorice el endeudamiento en caso de que supere los límites del Presupuesto, y que a su vez deba aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa recibió dictamen favorable el pasado 18 de noviembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el oficialismo realizó un agregado al texto original, para que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con el FMI no puedan ser utilizados para gastos corrientes.

El segundo proyecto relevante para el Frente de Todos se debatirá en la sesión del viernes y tiene que ver con la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador en el Senado -pasando de dos tercios a la mitad más uno de los presentes-, aunque para la remoción se mantendrá la mayoría especial.

La discusión se da mientras sigue en espera el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de jefe de los fiscales, quien meses atrás pidió mantener la mayoría agravada para su designación, aunque el Frente de Todos no tenga los votos porque la oposición rechaza el pliego.

El oficialismo consiguió el dictamen favorable el viernes pasado, unificando los viejos proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), sumados al de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), más reciente

Otros proyectos

En ambas sesiones se tratarán además proyectos consensuados que cuentan con dictamen, ya que el lunes termina el período ordinario y todavía no se firmó la prórroga, como tampoco se convocó a extraordinarias, a pesar de las versiones que indican que así será.

En la sesión del jueves se tratarán una serie de pliegos judiciales, transferencias de inmuebles, declaraciones de días nacionales y monumentos históricos nacionales.

También se votará un proyecto para avanzar en la historia clínica digital; una modificación a la Ley de Tránsito referida a la circulación de vehículos de emergencia; y otra modificación a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, referida a la realización de jornadas de concientización en colegios.

El viernes, en tanto, se buscará aprobar un proyecto que otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.

Asimismo, figura en el temario un proyecto -que sería convertido en ley- para declarar “Capital nacional del fútbol” a la ciudad de Avellaneda; y otra iniciativa sobre el luto en el uniforme de la Armada Argentina.

Por último, también se votará una modificación de la Ley de Bibliotecas Populares, sobre embargos y ejecuciones; y la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio presupuestario 2015, entre otros temas.

Por Carolina Ramos y Melisa Jofré

Más de siete meses después de instalado el debate, el proyecto que grava por única vez los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos para contribuir a mitigar la pandemia fue aprobado en la Cámara de Diputados y quedó a un paso de ser convertido en ley. El Frente de Todos consiguió avalar la iniciativa con apoyo de bloques minoritarios de la oposición, a pesar del rotundo rechazo de Juntos por el Cambio.

Tras el cierre del debate a cargo de Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista y autor del proyecto, el aporte solidario y extraordinario recibió 133 votos a favor, 115 en contra y dos abstenciones. La discusión ahora pasó al Senado, donde la bancada liderada por José Mayans tiene una cómoda mayoría para sancionar la norma.

En la Cámara baja, la oposición se dividió: los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo acompañaron en su gran mayoría -con la excepción de Graciela Camaño, de Consenso Federal-, mientras que Juntos por el Cambio se opuso -salvo los radicales jujeños Gabriela Burgos y Jorge “Colo” Rizzotti, que votaron a favor-. También rechazó el proyecto Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), una aliada habitual del Frente de Todos, mientras que el Frente de Izquierda, como había anunciado, se abstuvo.

Lea también: Cuáles son los puntos destacados del proyecto de aporte solidario

El debate dividió aguas entre la posición oficial, basada en que se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios del país para atender la pandemia, y la postura de Juntos por el Cambio, que denunció que se trata de un nuevo impuesto que desalentará inversiones, que además es “confiscatorio” y opera como una doble imposición con el ya existente impuesto a los Bienes Personales.

Al momento del cierre, Máximo tuvo que retirarse del recinto porque, según reveló, estuvo en contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus. El resultado de la votación -que superó la mayoría absoluta necesaria- fue celebrado por los oficialistas presentes con aplausos de pie.

La sesión, que arrancó cerca de las 12.30, fue presidida en buena parte por el vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro), hasta que su titular, Sergio Massa, salió del aislamiento preventivo porque resultó negativo el tercer hisopado de Luis Cubeddu, el integrante de la misión del FMI que originalmente había sido considerado positivo de Covid-19.

Massa arribó al Congreso cerca de las 17, aunque no se sentó en la Presidencia hasta las 21, pues primero recibió a una comitiva de funcionarios que se dieron cita para empujar el proyecto de Máximo. Estuvieron, además del presidente del bloque, los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de las titulares de la ANSES, Fernanda Raverta, del PAMI, Luana Volnovich, y de AYSA, Malena Galmarini, junto a intendentes bonaerenses.

Debate caliente

“No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario, porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que da la excepcionalidad”, explicó, al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

El miembro informante recordó que según la AFIP estarían alcanzadas menos de 10.000 personas humanas, “un número equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre Bienes Personales en 2019, y al 0,02% del total de contribuyentes de la Argentina”.

Por eso, sostuvo que “es una falacia decir que esto va a afectar a las pymes o a la producción”, y además advirtió que “el 42% del total de los bienes declarados son activos y bienes dolarizados, y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior”, por lo cual “lejos está de poder afectar a alguna actividad productiva”.

Heller precisó que aquellas personas con activos en el exterior pagarán una alícuota superior, pero si aceptan repatriar al menos el 30% de esas tenencias quedarán exentas del diferencial. “Muchos de los que blanquearon en su oportunidad dejaron la plata afuera y no la trajeron. Ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon y ayudar a mejorar la situación del país”, afirmó.

La presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, consideró que es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”, y precisó que -también según la AFIP- de los más de 307.000 millones de pesos que se esperan recaudar, la mitad provendrá del aporte de tan solo 253 personas, “las que están en la cima de la cima de la pirámide”.

Asimismo, el oficialista Marcelo Casaretto indicó que “el Estado necesita financiamiento”, pero la deuda contraída por el gobierno anterior hizo que esté “vedado el acceso al financiamiento del crédito”. Pero aunque exista “la posibilidad de recurrir a la emisión monetaria”, el legislador dijo que “necesariamente teníamos que reforzar la posibilidad recaudatoria del Estado en los impuestos existentes o en alguna característica de apoyo excepcional” sobre “aquellos sectores que tienen capacidad contributiva”.

Luciano Laspina (Pro) encabezó el rechazo de Juntos por el Cambio y denunció que “este impuesto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán ideológico, y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia”.

Un país con 165 impuestos. La segunda carga tributaria sobre empresas más alta del mundo. Decenas de empresas abandonando el país. 12% de caída del producto. 12 subas de impuestos desde que asumió ⁦@alferdez⁩ y un nuevo impuesto que grava activos dedicados a la inversión.👇🏻 pic.twitter.com/fImWKNps8r

— Luciano Laspina (@LaspinaL) November 18, 2020

El santafesino sostuvo que “la emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional”. “Los principios de la Constitución Nacional deben ser respetados en cualquier circunstancia, independientemente a quiénes afecten”, enfatizó, y en ese sentido consideró que “este impuesto violenta los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación”.

Laspina advirtió que “este gobierno desde que asumió ha subido 12 impuestos, en el país más gravoso del planeta”, y en ese contexto “se tira un tiro en el pie” con esta ley. “Vamos a votar en contra aunque perdamos votos, porque cuando este modelo inexorablemente fracase, queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir al sector privado ahogando la producción y el empleo”, sentenció.

Asimismo, el radical Luis Pastori subrayó que “este proyecto es uno más de los tantos agravios a la Argentina por parte de un gobierno que recurre a los eufemismos para vestir de épica todo lo que acomete, y en especial aquellas cuestiones cargadas de un absurdo neologismo, con un sesgo claramente anti-empresas y anti-inversiones”.

“No cabe ninguna duda que estamos en presencia de un nuevo impuesto, por cumplir con todos los conceptos que lo integran: surge de la ley, es coactivo, es obligatorio, no es voluntario y está destinado a un fin público”, definió Pastori, e insistió en que “empezamos muy mal si arrancamos pretendiendo engañar desde el título”.

Muy duro, Javier Campos (Coalición Cívica) habló de una “salvajada tributaria” y de “tributarismo populista”. “Si tenemos experiencia internacional que lo desaconseja, si tenemos a gente del propio bloque oficialista que dice que es un impuesto anti-producción, si sabemos que esto va a ser malo para la inversión y el empleo, ¿por qué el Frente de Todos  impulsa este  impuesto? Lo hacen pensando en las próximas elecciones, para buscar un supuesto rédito político”, planteó.

También en contra el proyecto, la diputada Camaño aseguró que el aporte solidario “presenta algunos inconvenientes tanto jurídicos como técnicos, que permiten sembrar dudas sobre su legalidad en el sentido de su constitucionalidad”. “Independientemente del nombre fraternal que se le ha colocado, su propia naturaleza y el articulado da cuenta de que se trata de un impuesto”, coincidió.

La legisladora remarcó que “existe una sustancial correspondencia entre el impuesto a los Bienes Personales y el tributo que se pretende crear”, porque se trata de “los mismos sujetos pasivos, el mismo hecho imponible y sustancialmente es la misma base imponible”.

Camaño advirtió que con este aporte “podrían estar en juego principios básicos del derecho tributario, como la legalidad y la no confiscatoriedad”, y agregó que “están desalentando las inversiones privadas” y generando “inseguridad jurídica y falta de previsibilidad”.

En el debate también intervino uno de los diputados que deberían pagar el aporte, el radical entrerriano Atilio Benedetti -los otros dos son el propio Máximo Kirchner y José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia y se expresó en contra de la iniciativa-.

Benedetti opinó que se trata de “pan para hoy y hambre para mañana” y sostuvo que “a pesar del nombre épico y romántico de esta iniciativa, no hay ninguna duda de que estamos en presencia de un nuevo impuesto, y cada vez que ha venido un nuevo impuesto en Argentina ha venido para quedarse”.

En ese sentido, puso como ejemplo que en 1932 se instauró el impuesto a las Ganancias “por única vez” y persiste hasta hoy, así como en 1995 se aumentó el IVA en tres puntos “solo por un año”, y en 2001 se creó el impuesto al Cheque, que también sigue vigente.

La neuquina Sapag se despegó esta vez del oficialismo y se pronunció en contra del proyecto. “¿Qué prosperidad pueden ver los inversores en un país donde la creatividad tributaria está a la orden del día? ¿Qué atractivo puede tener un país donde los recursos parecen nunca alcanzar y el cambio de reglas es moneda corriente? Si no generamos condiciones mínimas, la huida de inversores se continuará acrecentando”, lamentó.

En tanto, el Frente de Izquierda habló de una “maniobra” para “tapar el ajuste” y defendió su propio proyecto, más agresivo que el que obtuvo media sanción. “El ‘aporte solidario’ viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del FMI, que representan un ataque brutal a la población trabajadora: una fórmula jubilatoria a la baja y desatada de la inflación, peor que la del macrismo; el Presupuesto 2021, que recorta en salud, educación y salarios; la anulación del IFE; el tarifazo anunciado para enero; y la represión a las familias sin vivienda”, se quejó Romina Del Plá, del Partido Obrero.

El debate dio lugar a algunos cruces inesperados, como el que mantuvo Cristian Ritondo con un aliado de Juntos por el Cambio, el radical José Cano, por una chicana del jefe del bloque Pro hacia el oficialista Leopoldo Moreau: “Espero que con este gobierno termine mejor que con el del ’83. Espero que termine mejor, defendiendo las mismas cosas, las mismas ideas”.

De inmediato, Cano le pidió que se retracte, y Ritondo tuvo que aclarar: “Lo que menos quise es dar algún tipo de insulto al doctor Raúl Alfonsín. Lo que dije es que hay medidas del gobierno que no terminan bien y que esperaba que tengamos otra suerte”.

Modificación

Al final del debate, Heller informó una pequeña modificación en uno de los destinos que tendrá la recaudación del aporte solidario, el que tiene que ver con la exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Según la nueva redacción, se girará un 25% de lo recaudado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural” a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos (…)”.

“Envían a (Martín) Guzmán de paladín del ajuste y ustedes se visten de Robin Hood”, lanzó el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, al cierre del debate sobre el proyecto de aporte solidario y extraordinario.

“Nos ha llevado muchos años de discusión la distribución en Argentina y no hemos puesto la misma energía para discutir cómo generamos riqueza en nuestro país. Estamos en un tobogán y una debacle donde encajan las enormes diferencias que tenemos alrededor de este impuesto”, sostuvo.

El cordobés advirtió que “la Argentina es el país de mayor presión tributaria y además todo impuesto existente que se imaginan en la cabeza de algún hombre de algún planeta lo traemos acá, y le metemos la mayor alícuota, y metemos a todos los impuestos juntos. Eso nos ha llevado a retroceder, no genera confianza ni inversión y desalienta la inversión. En ese contexto estamos debatiendo este impuesto”.

Negri explicó que “no hay inversión directa extranjera en la magnitud que tenemos, pero hemos tenido que asistir con ATP a las empresas en el medio de la pandemia, por una definición que al principio fue acertada pero luego equivocada. Porque la cuarentena era para mantener el sistema de salud y rearmarlo, no para convertirlo en un programa de gobierno. Eso tuvo una fuerte implicancia en la economía que de por sí era vulnerable. Somos top ten en la caída del PBI con un 12%, en el déficit fiscal rayando el 8%”.

“No estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron en el blanqueo y están afuera en los paraísos fiscales. Un centro mecanizado vale un millón de dólares. Si tiene un tambo con 100 vacas y si tiene un tractor le pegan en el poste a este impuesto. En Córdoba, 400 hectáreas de base imponible para 2020 tienen 98 millones de pesos, la mitad para la valuación del impuesto; una cosechadora vale 600 mil dólares cada una. Esos no están en el exterior, están acá, no tendrán el ATP y tienen que dar trabajo a la gente”, describió.

El titular de la principal bancada opositora insistió: “Nosotros somos el país que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierne quien sea, no va a haber inversión. ¿De dónde van a venir divisas?”. “Y ahora en el sur ponen el impuesto al viento y luego vendrá el impuesto al sol también”, ironizó.

Negri señaló que “hay incertidumbre por la pandemia, hay incertidumbre económica, y hay incertidumbre tributaria que se aumenta esta noche. Además, hay incertidumbre institucional, y si nos descuidamos habrá incertidumbre electoral. Hay que salir de la incertidumbre, hay que generar confianza y hay que tener un plan”.

Cerca de las 2 de la mañana de este jueves se produjo un tenso cruce en la sesión de la Cámara de Diputados, que tuvo como protagonista al jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien terminó a los gritos contra legisladores del oficialismo.

En momentos donde se acercaba al final el debate sobre el impuesto a la riqueza, el diputado del Frente de Todos Aldo Leiva, un excombatiente de Malvinas representante de Chaco, cargó duro contra el expresidente Mauricio Macri y sacudió los ánimos del recinto.

Tras mencionar el “orgullo” que siente por el expresidente Juan Domingo Perón en el Día del Militante, Leiva lanzó: “Qué triste debe ser no tener orgullo de Mauricio Macri, qué triste debe ser mirar para otro lado cuando se menciona al domador de reposeras”.

“Como son los herederos del odio, los herederos del bombardeo a Plaza de Mayo, los que atentan contra los gobiernos populares, los que odian a os pobres, los que desprecian a la clase media, hoy se rasgan las vestiduras porque el pueblo les dijo que no”, remató.

Negri pidió la palabra y respondió: “Si alguno de nuestros colegas necesita hacer lo mismo que el anterior (por Leiva), hagamos una ronda ahora, así después terminamos tranquilos. Hagamos un consultorio ahora y que cada uno se saque las ganas…”.

El radical luego levantó la voz: “¡¿A quién más le recomendó el psicólogo?! ¡¿Necesitan un diván?! ¡Acá tienen un diván! ¡Acá tienen un diván!”. Y en medio de gritos se cruzó con el oficialista Leopoldo Moreau: “¡Calláte, caradura!”.

La diputada Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, sostuvo este martes que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas es “un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una Argentina con mayor igualdad”.

Vallejos aseguró que es “mentira” la “supuesta asfixiante presión tributaria”, ya que “se está soslayando el hecho de que no estamos debatiendo un impuesto sino un aporte, por única vez, un aporte extraordinario, en una circunstancia que, probablemente, sea la más extraordinaria que le haya tocado vivir, por lo menos, a mi generación”.

“La presión tributaria en la Argentina se ubica cerca de 10 puntos por debajo de los niveles que existen en los países de la OCDE y cerca de 15 puntos por debajo de los europeos”, precisó.

También rechazó otro argumento de la oposición más dura, con respecto a que la iniciativa atenta contra las inversiones: “El aporte no recae sobre el patrimonio de las empresas, sino sobre las fortunas personales acumuladas por las menos de 9.300 personas humanas más ricas de la Argentina, en función de sus patrimonios declarados”.

“Esto también es mentira. Durante el anterior gobierno, las reformas tributarias que se instrumentaron, entre las que resalta el aplanamiento de las alícuotas de Bienes Personales, el impuesto que grava la riqueza en nuestro país, implicó que la tasa de recaudación por ese impuesto sobre el total cayera desde el 1,36% promedio durante 2003-2015, hasta el 0,74% durante 2015-2019. Cayó prácticamente a la mitad. Y, sin embargo, ¿creció la inversión cuando se redujeron los impuestos que pagan los ricos? ¡No! Mientras los ricos pagaron menos impuestos, la inversión cayó: desde una tasa promedio de 21,1% a una de 19%. Dicho de otro modo, cuando los impuestos a los ricos eran más altos, había más y no menos inversión en la Argentina”, retrucó.

La legisladora del Frente de Todos sostuvo que “iniciativas como el aporte extraordinario que estamos debatiendo son un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad”.

Según Vallejos, “tal es el nivel de concentración en pocas manos que este aporte recae sobre menos de 9.300 personas, el 0,02% de nuestra población. Pero de los aproximadamente 300.000 millones de pesos que esperamos recaudar, cerca de la mitad será aportado por solo 252 personas, las que están en la cima de la cima de la pirámide”. 

El diputado del Pro Luciano Laspina encabezó el rechazo, en la sesión de este martes, al aporte solidario y extraordinario, al sostener que  “este impuesto no tiene un afán recaudatorio, sino ideológico”, y que el Gobierno “se tira un tiro en el pie”.

“La emergencia no habilita a violentar la Constitución Nacional. Los principios de la Constitución Nacional deben ser respetados en cualquier circunstancia, independientemente a quiénes afecten”, enfatizó, y en ese sentido consideró que “este impuesto violenta los principios de no confiscatoriedad y de razonabilidad en la tributación”.

Al profundizar en esos aspectos, dijo que “opera como una doble imposición respecto al impuesto de Bienes Personales: estamos hablando del mismo sujeto imponible, la misma base imponible y una sobrealícuota respecto a esa base imponible”.

“Es confiscatorio porque se considera confiscatorio cuando el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad”, explicó Laspina, y precisó que “el aporte llega al 7,5% en el caso de la alícuota máxima para activos en el exterior”, lo que “va a gatillar una avalancha de juicios”.

El legislador de Juntos por el Cambio cuestionó que “se gravan activos que alientan el ahorro nacional: a diferencia de Bienes Personales, donde los títulos públicos están exentos, acá  se gravan los depósitos, los campos, los bienes rurales y los activos empresarios. Es decir, es un impuesto a la inversión en Argentina, independientemente de a quiénes alcance”.

“¿Cuál es la lógica económica de subir impuestos en el medio de una recesión? Se habla de ‘no al ajuste’, pero es la misma inconsistencia conceptual de cuando se critica el endeudamiento y no se quiere bajar el déficit fiscal”, planteó.

El santafesino advirtió que “este gobierno desde que asumió ha subido 12 impuestos, en el país más gravoso del planeta. ¿Cuál es la lógica de pegarle un tiro en el pie a los empresarios que tienen que empujar el carro a la salida de esta enorme recesión gatillada por la pandemia?”.

También señaló que “en un mundo donde los países compiten para atraer inversiones, nosotros nos damos el lujo de crear nuevos impuestos. Los argentinos necesitan que seamos creativos en generar riqueza, no aumentando impuestos”.

Laspina calculó que “este sería el impuesto número 166”, y criticó que “en medio de una emergencia sanitaria, con un 45% de pobreza, destinamos el 25% a financiar a ENARSA”, según uno de los destinos que establece el proyecto para la recaudación.

“Este impuesto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán ideológico, y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia”, lanzó.

El diputado observó que “por primera vez el kirchnerismo, en su cuarto gobierno, se enfrenta a una situación donde se han agotado los recursos, similar a la que recibió Mauricio Macri en 2015: reservas negativas, el FGS vaciado y sin capacidad de emitir moneda”.

En ese contexto, opinó que el aporte solidario es “una bomba de humo que le va a generar un enorme perjuicio al propio Gobierno, que se tira un tiro en el pie” ahuyentando inversiones, y a su vez “es un daño enorme a todos los argentinos”.

“Vamos a votar en contra aunque perdamos votos, porque cuando este modelo inexorablemente fracase, queremos que el país tenga una alternativa para otro camino que no sea el de exprimir al sector privado ahogando la producción y el empleo”, finalizó.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió el debate sobre el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y aclaró que “no es un proyecto que vaya contra nadie” sino una medida excepcional en el marco de la pandemia del Covid-19.

Heller indicó que, como su nombre lo indica, será un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, y que se aplicará “por única vez sobre los patrimonios de las personas humanas” superiores a los 200 millones de pesos.

“No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario, porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que da la excepcionalidad”, explicó.

El legislador del Frente de Todos señaló que “es por única vez porque se pretende, con sustento en los principios constitucionales de solidaridad, alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas de manera que la solidaridad se exprese en la cantidad de personas que en el otro extremos serán las beneficiarias de este aporte, y que podrán a través de él morigerar los efectos de la pandemia”.

“Los esfuerzos que se han hecho para enfrentar la emergencia sanitaria son enormes, pero siempre falta más”, dijo el porteño, y añadió, ante las objeciones sobre la presión tributaria, que “en Argentina los impuestos que se cobran son más bajos que los que se cobran en la OCDE, es decir, en los países centrales”.

El diputado puntualizó que el proyecto indica cuáles serán los destinos de lo recaudado. “Se ha dicho que hay quienes tendrán que vender sus bienes para hacer frente a este aporte, pero es falso de toda falsedad: según la AFIP estarían alcanzadas menos de 10.000 personas, un número equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre Bienes Personales en 2019, y al 0,02% del total de contribuyentes de la Argentina”, precisó.

Por eso, sostuvo que “es una falacia decir que esto va a afectar a las pymes o a la producción”, y además advirtió: “El 42% del total de los bienes declarados son activos y bienes dolarizados, y de ese 42%, el 92% está declarado en el exterior… qué lejos está de poder afectar a alguna actividad productiva”.

Heller también afirmó que “los activos rurales representan en promedio el 2,4% de sus bienes declarados, pero los activos monetarios y financieros de esas personas son en promedio 25 veces lo que tendrían que pagar de aporte si esta ley es sancionada”.

El titular de la Comisión  de Presupuesto también se refirió a la posibilidad, para quienes tienen activos declarados en el exterior, de no pagar la alícuota diferencial si aceptan repatriar al menos el 30% de esas tenencias.

“Muchos de los que blanquearon en su oportunidad dejaron la plata afuera y no la trajeron. Ahora tienen la oportunidad de traer esa plata que blanquearon y ayudar a mejorar la situación del país”, destacó.

Respecto de la recaudación, calculó que serán más de 300.000 millones de pesos, y que esa cifra “va a crecer porque casi la mitad de los bienes en el exterior está en valores dolarizados”.

Por último, concluyó con críticas a la oposición más dura: “No quieren aceptar el precedente de que el Estado legisle a través de este Congreso estableciendo que es legítimo, y sobre todo en una situación de emergencia, solicitar un aporte extraordinario para atender a los que menos tienen. Es de estrictita justicia y por eso esperamos la media sanción”.

Con dudas sobre la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el oficialismo intentará aprobar este martes el proyecto de ley que crea un aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas para mitigar los efectos de la pandemia del Covid-19.

El denominado “impuesto a la riqueza” será el principal tema de la sesión, convocada para las 12, donde también se tratarán la “Ley Yolanda” de capacitación en medioambiente y una modificación de la Ley de Manejo del Fuego para evitar el cambio de uso de tierras incendiadas.

Además, se sancionará definitivamente el Presupuesto 2021, luego de que, en un hecho imprevisto, el Senado devolviera el texto en segunda revisión por la omisión de planillas que contenían obras.

La incógnita que aun no terminó de develarse es si Massa podrá presidir la sesión, ya que continúa con aislamiento preventivo luego de realizarse un hisopado -que dio negativo- debido al dudoso contagio del jefe de la misión del FMI en Argentina, Luis Cubeddu.

El primer hisopado de Cubeddu dio positivo, pero el segundo dio negativo, por lo que se realizará un tercer estudio para determinar si efectivamente se contagió de coronavirus o no.

Massa espera que ese tercer resultado dé negativo, o que en su caso resulte positivo el test de anticuerpos, para poder conducir la sesión desde el recinto, pero si ninguna de esas dos cosas sucede, continuará aislado y el debate quedará a cargo del vicepresidente primero de la Cámara, Álvaro González (Pro).

Ante las consultas respecto a la presencia del Presidente de la Cámara en el día de mañana, esta casa desea transmitir:

— Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 16, 2020

Los detalles de la sesión se definirán a las 11 en una reunión de Labor Parlamentaria y se espera una jornada extensa dado el tenor de los temas, sobre todo el proyecto de aporte solidario impulsado por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, en tándem con Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo necesita una mayoría absoluta (129 votos) para aprobar la iniciativa y girarla al Senado, algo que tiene garantizado gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.

También acompañarían la votación el nuevo bloque de dos denominado Acción Federal, encabezado por el riojano Felipe Álvarez, y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

Juntos por el Cambio, la bancada que lidera Mario Negri, votará en contra por considerar que se trata de un impuesto que podría ser “confiscatorio” y que implica una doble imposición para aquellas personas que ya tributan Bienes Personales, además de desalentar la inversión.

En tanto, el Frente de Izquierda, representado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, se abstendrá y defenderá su propio proyecto, como adelantó parlamentario.com el viernes.

La iniciativa crea un aporte por única vez para aquellas personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con una alícuota que irá del 2% al 3,5% en el caso de bienes en el país, y del 3% al 5,25% para los bienes en el exterior.

La AFIP espera recaudar más de 307.000 millones de pesos -alrededor de un punto del PBI-, que serán destinados a la compra de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana y programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural.

Otro de los proyectos que se tratará en la sesión, también presentado por Máximo, es el que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.

Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.

La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.

Asimismo, se debatirá la denominada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en medioambiente para funcionarios de los tres poderes del Estado, y que lleva su nombre en honor a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Latinoamérica.

El Frente de Todos buscará aprobar este martes el proyecto de ley presentado por el presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, que crea un aporte solidario, extraordinario y por única vez para morigerar los efectos de la pandemia del Covid-19.

A continuación, un repaso por los puntos principales de la iniciativa, que es acompañada por los bloques de la oposición a excepción de Juntos por el Cambio:

• El aporte será “con carácter de emergencia” y por única vez, y recaerá sobre personas humanas residentes en el país con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. También quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país.

• Del mismo modo, deberán pagar el aporte las personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales -definidos como “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”-.

• El aporte empezará a regir desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.

La escala de cuánto deberán pagar los sujetos alcanzados según su patrimonio es la siguiente:

En el caso de bienes situados en el exterior las alícuotas son mayores:

• Si dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley la persona acepta repatriar, como mínimo, el 30% de esos bienes, quedará exenta de pagar el diferencial.

• El destino que se le dará a la recaudación es el siguiente:

-Un 20% para la compra  o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria.

-Un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”.

-Un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.

-Un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares.

-Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos”.

• La AFIP será el organismo encargado de aplicar la ley y de dictar las normas complementarias determinando plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.

• Si en los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, la AFIP detecta variaciones en los bienes sujetos al aporte “que hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”, podrá disponer que esos bienes queden gravados.

• Según informó la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 9.298 personas en todo el país, de las cuales 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos. Son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

• Las 1.860 personas restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores quedarían también alcanzadas.

• Los bienes y activos declarados están valuados en 15,7 billones de pesos.

• La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.

• El aporte promedio sería de 33 millones de pesos.

• Las 253 personas que declararon bienes por más de 3.000 millones de pesos aportarían la mitad de la recaudación total, unos 153.000 millones.

El informe completo de la AFIP

Informe-AFIP-Comisión-de-Presupuesto-y-Hacienda-de-la-HCDN-sobre-el-alcance-del-proyecto-de-ley-de-Aporte-solidario-y-extraordinario

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, adelantó que gran parte de su bancada tomó la decisión de abstenerse como un “gesto político”, aunque consideró que el Presupuesto es “de ajuste” y, tras hacer un balance del primer año de Alberto Fernández en el poder, habló de una “mala gestión”.

“Una gran mayoría tomamos la decisión de abstenernos como un gesto político, y vaya si no es un gesto político con estas 35 planillas que no fueron incorporadas”, dijo Naidenoff sobre el error técnico proveniente de la Cámara de Diputados.

A pesar de esa falla, que retrasa la sanción de la ley, consideró que la postura de Juntos por el Cambio es “una señal ante el primer Presupuesto que presenta este nuevo gobierno”.

El formoseño trazó un diagnóstico y sostuvo que “nuestra democracia adolece de dos grandes defectos, y el primero tiene que ver con los personalismos, que no es un defecto menor: la prevalencia de las personas más allá de las propuestas, los planes o los programas, que pasan a un segundo plano porque siempre los personalismos marcan la agenda”.

El legislador analizó que “esto pasa porque tenemos una cultura presidencialista” y llamó a “lograr que las instituciones sean más fuertes que las improntas de las personas”.

“La impronta de las personas ha marcado los tiempos y la agenda por encima de los programas y los planes, que han estado ausentes”, insistió.

Naidenoff puso como ejemplo que “en el Senado hemos perdido meses discutiendo una reforma judicial, y esto tiene que ver con el núcleo del poder del Gobierno”. “La agenda de la sociedad pasó a un segundo plano”, lamentó.

En otro orden, advirtió que “es bueno reconocer que ha habido una mala gestión. La prolongación de la cuarentena fue un error. También hubo mala gestión porque se estableció una falsa confrontación entre economía y salud. Y en esa mala gestión tampoco se advirtió, mientras perdíamos meses en discutir la agenda de las personas, que debemos discutir la agenda de la institucionalidad”.

Sobre el Presupuesto 2021, consideró que es un proyecto “de ajuste”. “Yo quiero saber cómo vamos a afrontar la Argentina del día después”, dijo, al mencionar que “casi 9 millones de argentinos a partir de diciembre van a dejar de percibir el IFE” (Ingreso Familiar de Emergencia), son la variable de ajuste”.

Finalmente llegó el momento para el tratamiento del proyecto de ley de aporte solidario de las grandes fortunas. La iniciativa, que representa una contribución por única vez sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, se tratará el martes próximo a partir de las 12, según lo solicitado por un grupo de diputados no solo del Frente de Todos, sino también de los bloques minoritarios de la oposición.

El pedido de sesión especial fue formulado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el temario incluye tres proyectos de ley: el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia; y la modificación a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece un lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas.

El tercero de los proyectos es conocido como la ley Yolanda y establece la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la Administración Pública. En este caso, cuenta con media sanción del Senado, por lo que será convertido en ley.

No debería sorprender que el oficialismo aproveche esa sesión para sumar el tratamiento del Presupuesto 2021, que vuelve del Senado para subsanar en la Cámara baja la omisión de la remisión de las planillas que incluían obras en todo el país.

Cabe recordar que los últimos días el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, había garantizado que el proyecto llegaría al recinto en las próximas sesiones. No obstante ello, una encumbrada fuente legislativa había condicionado por esos días el tratamiento de ese proyecto a la presentación de la reforma tributaria, con el fin de que no se superpusieran artículos de ambas iniciativas.

Si bien todavía falta la convocatoria formal del presidente de la Cámara, se descuenta que el pedido será atendido, y con las firmas de acompañamiento el oficialismo se garantizó la aprobación del aporte solidario, que necesita una mayoría de 129 votos por tratarse de la creación de un impuesto.

Además de los oficialistas Máximo Kirchner, Carlos Heller, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, también aparecen las firmas del presidente del interbloque Federal, Eduardo Bucca; el titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez; el del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; el del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; el de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, y Felipe Álvarez, quien acaba de alejarse de Juntos por el Cambio y formó un bloque de dos diputados, Acción Federal.

El Frente de Todos tiene 119 diputados, pero a la hora de votar cuenta con 117, ya que Massa no vota -salvo que lo pida expresamente- y hay un legislador de licencia, José Ignacio De Mendiguren.

De todos modos, sumando a los 11 del Interbloque Federal, los seis de Unidad Federal para el Desarrollo, los dos de Acción Federal y la neuquina Alma Sapag, el oficialismo llega cómodo a la sesión, con una base de 137 adhesiones para el proyecto de Máximo.

Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo, y resta por conocer la postura de la tucumana Beatriz Ávila, quien recientemente se alejó del interbloque de Ramón y formó un bloque unipersonal. El Frente de Izquierda, en tanto, tiene un proyecto propio.

Durante el debate en comisión, donde el oficialismo logró el dictamen de mayoría, se aclaró que el aporte será obligatorio y que regirá desde la sanción de la ley, es decir, no será retroactivo al 31 de diciembre de 2019, como se preveía en un principio.

Para evitar un eventual desapoderamiento masivo, se aclaró que “cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.

Según relevó la AFIP,  son 9.298 personas físicas las que deberían hacer la contribución extraordinaria por única vez,  según la base del impuesto sobre los Bienes Personales.

De ese total, 7.438 declararon bienes por más de 200 millones de pesos -el piso establecido en el proyecto-, y los 1.860 restantes todavía no presentaron su declaración jurada, pero según el patrimonio informado en años anteriores, se verían alcanzados.

Un dato saliente es que los 7.438 individuos que, ya se sabe, serán aportantes, son el equivalente al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron sus declaraciones juradas y al 0,02% de la población total de la Argentina.

La recaudación potencial es de más de 307.000 millones de pesos, lo que representa “alrededor de un punto porcentual del PBI”.

El senador catamarqueño Dalmacio Mera (Frente de Todos) sorprendió este jueves en la sesión al proponer que el tratamiento del Presupuesto comience en la Cámara alta y no en Diputados, como establece la Ley de Administración Financiera.

“Tenemos que animarnos a que el Presupuesto tenga como Cámara de origen el Senado”, sugirió Mera durante el debate del proyecto para 2021.

El legislador explicó que “hay una tradición larguísima de que el Presupuesto debe iniciar por Diputados, pero esa es una decisión legal infraconstitucional que es parte de la Ley de Administración Financiera en su artículo 26. El constituyente no previó por qué Cámara debe iniciar el Presupuesto”.

“Sí especifica la Constitución, como principio general en su artículo 77, que las leyes tienen Cámara de origen en cualquiera de las dos, planteando excepciones: reclutamiento de tropas y contribuciones para el caso de Diputados, y para el Senado, por ejemplo, las leyes de coparticipación”, repasó Mera.

Sin embargo, sostuvo que “el Presupuesto es un plan de gobierno y de cómo vamos a desarrollar un país, y un país lo vamos a desarrollar desarrollando las provincias y las regiones. Necesitamos que el Presupuesto tenga ingreso en la Cámara donde esas provincias están representadas”.

De lo contrario, analizó el oficialista, “la brecha regional sigue presente” con más fondos para el AMBA en detrimento del interior del país. “Si no integramos la Argentina, si no potenciamos las economías regionales, si no potenciamos nuestras riquezas, es muy difícil que podamos planificar un país con desarrollo y equidad”, concluyó.

El senador Nacional Martín Lousteau (UCR-Evolución) cuestionó en la sesión de este jueves la “baja calidad” del debate del Presupuesto, que deberá volver a la Cámara de Diputados por un error técnico, y también criticó la inclusión de nuevos impuestos en el proyecto que vino en revisión.

“Ni el proceso del tratamiento del Presupuesto, ni todas estas falencias que señalamos, pavimenten el camino hacia la tranquilidad, ni son un puente hacia otra configuración macroeconómica”, advirtió Lousteau, y agregó que “hay una enorme oportunidad” para revisarlo en Diputados.

El legislador, presente en el recinto, cuestionó “la baja calidad del proceso presupuestario”.

“Hay artículos que se incorporaron en Diputados que merecen una discusión aparte, no que en la discusión presupuestaria creemos tributos nuevos”, dijo, y enumeró: “Se subieron tasas de fiscalización, se subieron cargos sobre primas de seguros, se bajaron alícuotas para algunos de débitos y créditos, se eximió a esos mismos actores de pagos de aranceles, se subieron impuestos internos, se hicieron de manera diferencial impuestos al juego y hasta se creó un área aduanera especial”.

Para Lousteau, “muchas de estas cosas no son razonables. Como mínimo, la discusión merece una mejor calidad. No sé si esas cosas las revisarán cuándo vuelva a Diputados, pero habría una enorme oportunidad”.

Alertó en ese sentido que “hay planillas que faltan, fe de erratas, y eso es la consecuencia de un mal proceso presupuestario. De hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que en el paso por Diputados, se aumentaron los gastos en 260.564 millones de pesos y se agregaron tres artículos para el Plan Gas, que se estima son 1.300 millones de dólares, es decir que en el paso por Diputados se agregaron 400.000 millones de pesos de gastos sin decir de dónde salen”.

“Lo único que dicen es que el jefe de Gabinete reasignará partidas, entonces lo que sancionamos es que le estamos pidiendo al jefe de Gabinete es que haga una tarea de magia, que genere 400.000 millones de pesos reasignando partidas”, ironizó.

El porteño admitió que vio “con mucho agrado” las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, “donde dijo que este Presupuesto era el horizonte para que Argentina vaya hacia la consistencia macroeconómica y que era un puente para tranquilizar la economía”.

“Lamentablemente -expresó-, cuando uno lo lee, no ve que esto sea así, es muy difícil pensarlo como puente si ni siquiera se incorpora la plurianualidad que exige la ley”, manifestó Lousteau.

También señaló que “hay excepciones y suspensiones a algunas normas administrativas, financieras y de responsabilidad fiscal que aprobó este mismo Congreso”, y consideró que eso “no muestra ningún compromiso con una gestión responsable, equilibrada y transparente para dar esa tranquilidad y lastima las propias iniciativas que el propio ministro envía al Parlamento”.

“Quiere enviar una norma que acote los déficit pero si nos desdecimos de las normas que nosotros mismos aprobamos, le hacemos flaco favor a la institucionalidad”, abundó.