Lovera cargó contra la gestión de Cambiemos: “Nos dejaron un país devastado”

En un discurso plagado de críticas al gobierno anterior, el senador denunció que “arrasaron el país” y “generaron la peor crisis de la historia”.

Durante el debate del Presupuesto para el año próximo, el senador Daniel Lovera (Frente de Todos) salió con los tapones de punta contra la gestión de Mauricio Macri: “Nos dejaron un país devastado”, lanzó.

“Podemos pensar distinto, podemos tener diferentes proyectos de país, pero sorprende la imprudencia, la insensatez, la asombrosa impunidad con la que se expresan algunos que fueron gobierno hasta hace pocos meses y que nos dejaron un país devastado”, cuestionó Lovera.

El titular de la Comisión de Previsión y Seguridad Social advirtió que “el mejor equipo de los últimos 50 años nos hablaba de ‘pobreza cero’, prometía una lluvia de inversiones, y lo que hicieron fue arrasar el país, generaron la peor crisis de la historia, y no fueron variables externas las que hundieron a la Argentina, fue ese equipo el que arrasó el país”.

Lovera insistió: “Fueron absolutamente incapaces para gobernar, y como si esto no les alcanzara destruyeron en cuatro años el salario real en Argentina, que a fines de 2015 era de 590 dólares y a diciembre de 2019 llegó a 260 dólares aproximadamente. Por eso hay que tener memoria”.

Además, el legislador pampeano recordó que “después del gobierno de Cambiemos los salarios sufrieron una merma de casi el 55% en apenas cuatro años, en ningún lugar del planeta sucedió esto”, y también “la ‘pobreza cero’ dejó en la pobreza a más de 16 millones de personas. Fue un verdadero desastre”.

El senador señaló que “tomaron deuda sin pasar por el Congreso, y estamos hablando de los defensores de la República, que ahora están preocupados por nuestros jubilados y criticando al Gobierno desde el primer día, un Gobierno que está trabajando para recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados”.

Por último, alertó que “se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo” en la gestión anterior y defendió el Presupuesto 2021, al sostener que se trata de “una acción concreta del plan macroeconómico del Gobierno” y no de “vagas promesas”.

El pasaje al distanciamiento social podría flexibilizar el funcionamiento virtual en Diputados

Luego de que el Gobierno dispusiera el fin del aislamiento en el AMBA, en la Cámara baja evalúan la posibilidad de elaborar un nuevo protocolo de cara a una probable convocatoria a sesiones extraordinarias. Massa espera la opinión médica.

El camino hacia la nueva normalidad comenzará a tomar forma en las próximas semanas en Diputados. Luego de que el Gobierno dispusiera el fin del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) para pasar a la fase de distanciamiento en el AMBA, autoridades de la Cámara baja analizan la posibilidad de flexibilizar el funcionamiento virtual.

El Protocolo de Funcionamiento Remoto fue renovado por última vez el 15 de octubre, a través de un acta firmada por los jefes de bloque e interbloque, y rige hasta el lunes 30 de noviembre, día en que culmina el período ordinario de sesiones.

Sin embargo, una encumbrada fuente del oficialismo adelantó a parlamentario.com que el trabajo continuará todo el verano: no solo habría convocatoria a extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, sino también prórroga de ordinarias. Y en ese contexto, la Cámara baja podría recuperar de a poco la presencialidad.

“El paso del ASPO al DISPO nos pone en la obligación de definir un nuevo protocolo”, afirmó la fuente consultada, que señaló que el presidente de Diputados, Sergio Massa, ya instruyó al responsable de la Dirección Médica, Marcelo Halac, y al secretario administrativo de la Cámara, Rodrigo Rodríguez, para que hagan propuestas alternativas.

La revisión del esquema actual implica además la posibilidad de que los empleados retomen, gradualmente, sus tareas presenciales. Desde que el Gobierno decretó el aislamiento, la Cámara se plegó a los sucesivos decretos y solo asistieron al Congreso y sus Anexos el personal de seguridad, de limpieza y el que se desempeña en las áreas esenciales para el funcionamiento parlamentario.

Por eso, la intención de Massa es sentarse a negociar con los jefes de bloque una vez que Halac y Rodríguez evalúen las variantes, para buscar consensos de cara a lo que viene. “Cuando tenga opinión médica, avanzo”, les dijo el presidente de la Cámara a sus colaboradores.

Ya hubo quienes sugirieron, horas después del mensaje del presidente Alberto Fernández, que el pasaje al DISPO permitiría abandonar la virtualidad. Waldo Wolff (Pro), uno de los más férreos detractores de este sistema junto con su par Fernando Iglesias, tuiteó: “Quiero creer que con el anuncio del Presidente @alferdez los diputados y senadores pasaremos a sesionar de manera presencial cumpliendo con las normas de distanciamiento correspondientes. Quiero creer”.

El pasado 28 de octubre, para el tratamiento del Presupuesto 2021, la Cámara baja sesionó con buena parte de sus integrantes en modo presencial por primera vez desde el inicio del aislamiento social, para lo cual se acondicionó el recinto y se habilitaron las tres galerías superiores.

Se hicieron presentes más de 110 diputados de todos los bloques, y según ordenó la Dirección Médica, en el recinto se habilitaron 80 bancas, debidamente separadas entre sí, mientras que los legisladores restantes se ubicaron en los palcos.

La Cámara alta sesiona para aprobar un paquete de proyectos consensuados

El Senado se reúne desde las 14.18. La sesión arrancará con el tratamiento del pliego de Raúl Bejas para la Cámara Nacional Electoral. El temario incluye iniciativas vinculadas a beneficios laborales para empleadas domésticas y trabajadores viñateros, y propuestas sobre discapacidad y niñez.

La Cámara alta realiza desde las 14.18 una nueva sesión especial en la que tratará un paquete de proyectos que cuenta con consenso entre los bloques. En tanto, el primer tema será la votación de una treintena de pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo y con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Entre ellos se encuentra el del juez federal tucumano Raúl Daniel Bejas, propuesto para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral. Juntos por el Cambio rechaza su postulación, no solo por su pasado como apoderado del PJ en su provincia durante 12 años, sino porque en el primer lugar del concurso había resultado una mujer, Alejandra Lázzaro, secretaria de la CNE.

El temario de este jueves incluye un proyecto de Julio Cobos (UCR) que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Se tratará a continuación un proyecto de Anabel Fernández Sagasti (FdT) que otorga beneficios laborales y previsionales a trabajadores y contratistas de viñas. Por un lado, se les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años; y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas, de diez a doce meses.

Otro de los proyectos del temario busca ampliar de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad.

El pleno avanzará también con una modificación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, disponiendo una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita para brindar información, contención y asesoramiento en caso de violencia, maltrato y abuso.

Además, figura un proyecto de la senadora Norma Durango (FdT) que crea el Foro Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes; y otro que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados para declarar el Día de la Persona Donante de Órganos el 29 de agosto.

También se abordará un proyecto del Poder Ejecutivo que aprueba el Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado con la República Dominicana, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires.

La lista de proyectos a tratar abarca la declaración de dos Monumentos Históricos Nacionales: el “Solar Sarmiento”, la última casa donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Asunción, Paraguay; y la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, en la localidad sanjuanina de Jáchal.
Se votará, por otra parte, la transferencia de distintos inmuebles a la ciudad de Belén (Catamarca), a la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Dorado (Misiones), a la provincia de La Pampa y a la Municipalidad de Tostado (Santa Fe).

Proyectos vinculados a discapacidad

En la sesión se tratará una iniciativa de María Inés Pilatti Vergara (FdT) que promueve la adopción del nuevo Símbolo de Accesibilidad Universal, diseñado por la ONU, que consiste en una figura con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.

Otros proyectos será el de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que propone incorporar en los ascensores de organismos públicos la señalización en sistema braille y parlante; y uno del titular de la Comisión de Salud, Mario Fiad, que instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille, en adhesión al día mundial consagrado por la Asamblea de las Naciones Unidas.

Asimismo, se votará la iniciativa de Inés Blas (FdT) que modifica la Ley de Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, en lo vinculado a acciones de difusión y concientización; y una propuesta de Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) que modifica la Ley de Protección Integral a los Discapacitados, respecto de utilizar máscaras o barbijo transparente para interactuar con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas.

El Senado vuelve a sesionar este jueves con el pliego de Bejas y proyectos de consenso

El amplio temario incluye beneficios laborales para empleadas domésticas y trabajadores viñateros, y propuestas sobre discapacidad y niñez.

sesion senado recinto 29 octubre 2020

Tras la doble jornada de la semana pasada, el Senado volverá a sesionar este jueves a partir de las 14 con una serie de proyectos acordados, vinculados a beneficios laborales para empleadas domésticas y trabajadores viñateros, y propuestas sobre discapacidad y niñez, entre otras.

La sesión iniciará con la votación de 30 pliegos judiciales que cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, entre ellos la polémica designación de Raúl Bejas en la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Luego se debatirá un proyecto de Julio Cobos (UCR) que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Se tratará a continuación un proyecto de Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque oficialista, que otorga beneficios laborales y previsionales a trabajadores y contratistas de viñas. Por un lado, se les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años; y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas, de diez a doce meses.

Otro de los proyectos del temario busca ampliar de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad.

El Senado debatirá también una modificación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, disponiendo una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita para brindar información, contención y asesoramiento en caso de violencia, maltrato y abuso.

Además, figura un proyecto de la senadora Norma Durango (Frente de Todos) que crea el Foro Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes; y otro que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados para declarar el Día de la Persona Donante de Órganos el 29 de agosto.

También se abordará un proyecto del Poder Ejecutivo que aprueba el Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado con la República Dominicana, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires.

En la sesión también se aprobaría la declaración de dos Monumentos Históricos Nacionales: el “Solar Sarmiento”, la última casa donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Asunción, Paraguay; y la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, en la localidad sanjuanina de Jachal.

Se votará, por otra parte, la transferencia de distintos inmuebles a la ciudad de Belén (Catamarca), a la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Dorado (Misiones), a la provincia de La Pampa y a la Municipalidad de Tostado (Santa Fe).

La discapacidad en agenda

En la sesión se tratará una iniciativa de María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) que promueve la adopción del nuevo Símbolo de Accesibilidad Universal, diseñado por la ONU, que consiste en una figura con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.

También en relación a la discapacidad, el Senado votará un proyecto de Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio) que propone incorporar en los ascensores de organismos públicos la señalización en sistema braille y parlante.

El temario también incluye otro proyecto de la oficialista Inés Blas que modifica la Ley de Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, en lo vinculado a acciones de difusión y concientización.

Los senadores discutirán además una propuesta de Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) que modifica la Ley de Protección Integral a los Discapacitados, respecto de utilizar máscaras o barbijo transparente para interactuar con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas.

Asimismo, figura una iniciativa del titular de la Comisión de Salud, Mario Fiad, que instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille, en adhesión al día mundial consagrado por la Asamblea de las Naciones Unidas.

Recibió media sanción del Senado el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos

Aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases. Además, se prohíbe su publicidad y venta en kioscos escolares. La iniciativa recibió 64 a favor 3 en contra.

Por Melisa Jofré

El Senado dio el primer paso hacia la ley para establecer la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos, con el objetivo de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.

El proyecto, votado en la sesión de este jueves, recibió 64 votos a favor y 3 en contra, de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), y la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal).

El texto, producto de un consenso entre propuestas presentadas por 15 senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud y distintos sectores. Ahora, la discusión pasa a la Cámara de Diputados.

El “corazón” de la iniciativa consiste en que los alimentos y las bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos -sodio, azúcares o grasas- deberán llevar en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda, de color negro y forma octogonal.

Estos productos, y principalmente los dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tendrán prohibida la publicidad, promoción y patrocinio; y, además, no podrán venderse en los kioscos de las escuelas.

Arrancó el debate la neuquina Silvia Sapag (FdT), quien consideró que la presentación de más de una docena de proyectos al respecto demuestra que “esto es algo absolutamente necesario para nuestra población”. Con énfasis en la cuestión de la publicidad, la legisladora señaló que “el éxito de las marcas es canalizar las emociones; es la forma en que logran colarse en el hogar”.

La oficialista precisó que “los niños de tres años ya reconocen el logo de 100 marcas. A los niños de 10 años le resultan afines 400 marcas, y la mayoría son comestibles. A los 12 años ya fueron expuestos a 40 mil comerciales de propaganda; y el 85 por ciento de los anuncios dirigidos a su target son productos”. “La publicidad es efectiva en la niñez y si se mezcla con personajes es igual a una bomba, genera compromiso emocional y va directo al subconsciente”, agregó.

A continuación, la bonaerense Gladys González (Pro) aseguró que la ley “se trata de reconvertir la industria alimenticia y no de destruirla”. “Los consumidores tienen el derecho de acceder a información clara de lo que comen”, remarcó y se preguntó “si el consumidor tiene realmente la libertad de elegir y tiene toda la información para poder hacerlo a conciencia”.

Al hablar de distintas “influencias”, como la de la publicidad y el marketing, a la hora de elegir los alimentos, la macrista opinó que “no somos tan libres para elegir, por lo tanto ahí el Estado tiene un rol esencial”. Y, finalmente, envió un mensaje al sector productivo: “Sean aliados, no se resistan al cambio, porque es en vano, porque el rumbo ya está claro”.

“Es una norma fundamental para reducir las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, y las cardiovasculares”, subrayó la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT), que detalló que “somos el tercer país de América Latina con la mayor ingesta de comida ultraprocesada”, según datos de la Organización Panamericana de la Salud que indican que por año una persona consume “185 kilos” de estos alimentos.

Presidente de la Comisión de Salud, donde se debatió el proyecto, Mario Fiad (UCR) se manifestó a favor de la iniciativa, pero planteó sus “inquietudes” sobre algunos aspectos, en los que anticipó su abstención. En ese sentido, el jujeño indicó que hay que “extremar los recaudos” para la concordancia entre las normativas del Código Alimentario con las del Mercosur.

“Me preocupa que varios de los productos cuyo consumo es recomendado por la guía alimentaria serán productos que contendrán sellos de advertencia”, alertó el legislador, de profesión médico, y sostuvo que la ley tendría que poseer una “normativa complementaria”. También habló de un “período corto” de adaptación para las industrias.

matias rodriguez sesion 29 octubre 2020
El senador Matías Rodríguez exhibió productos en pantalla al momento de su discurso.

Con varios alimentos que exhibió en pantalla, el fueguino Matías Rodríguez (FdT) defendió que el proyecto fue pensado “en esos pibes que serán los adultos del futuro en la Argentina y que no podemos permitir ni arriesgarnos más en que se mal alimenten, que pongan en riesgo su organismo y su cerebro, porque este tipo de productos, esta gaseosa oscura que muchos se imaginarán cual puede ser, afectan el organismo y cerebro de muchos pibes”.

En rechazo a la iniciativa, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el azúcar no puede ser demonizado” y afirmó que esta ley lleva “desamparo” a su provincia. “Hoy más que nunca vengo como senadora por la provincia de Tucumán a defender la industria madre de mi provincia, a defender el azúcar, que implica trabajo para 60.900 familias tucumanas, jujeñas, salteñas, misioneras, santafesinas; e implica el trabajo para 8.100 productores de mi provincia”, exclamó.

También en contra, la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal) expresó que la ley “es inoportuna” porque “no ha contemplado la situación en la que viven los argentinos, y menos aún el sector industrial y privado, que cada vez más necesita del acompañamiento de todos para poder salir adelante”. “No nos podemos dar el lujo de perder un puesto más de trabajo”, reclamó.

“Voy a votar convencida de que voy a hacer lo correcto y lo digo como productora agropecuaria, como representante de una zona productora de mi provincia”, aseveró la jujeña Silvia Giacoppo (UCR), que cruzó a su compañera de bloque al decir que “para nada se está atacando a la producción azucarera”. Y añadió que está prevista la excepción del “azúcar común”.

La radical continuó: “Acá no se está demonizando el azúcar, muy por el contrario, se está otorgando al consumidor información de lo que se lleva a la boca”. Al aportar cifras, la senadora apuntó que “el 61,6 por ciento de los argentinos tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2 por ciento de personas con sobrepeso y el 25,4 por ciento con obesidad”. Además, “Argentina ocupa el segundo podio en la región en obesidad en la primera infancia, niños menores de cinco años”.

El mendocino Julio Cobos realizó el cierre en representación de Juntos por el Cambio.

En el cierre del debate, el mendocino Julio Cobos (UCR) resaltó que “este es un problema y hay que atacarlo” y “la mejor manera de trabajar en salud es la prevención”. “La promoción de la salud a través de una alimentación adecuada se logra advirtiendo a la población sobre lo que va a consumir”, dijo y justificó el sello negro octogonal en función de la experiencia de Chile, pionero en el etiquetado frontal.

“Este etiquetado es perfectamente claro, advierte a la población, es un derecho para el consumidor”, insistió. En tanto, sobre los tiempos para la readecuación de la industria, consideró que “son plazos más que entendibles” y remarcó que “hace cinco años que la industria ya sabe que se venía la discusión de esta ley y deberían haber tomado algunas medidas”.

El radical negó que se quiera “demonizar” algún producto, y menos prohibir, sino que “estamos advirtiendo a la población, que después tendrá derecho a consumir lo que quiera”.

Por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti destacó que el proyecto “es fruto de un diálogo construido por todos” y aseguró que “mejorar la información de los alimentos que consumimos es una demanda social”. “Hoy la información que hay en los productos alimenticios es inentendible” y “sólo un 13 por ciento de la población la entiende”, señaló.

“Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos los argentinos y argentinas que tenemos el derecho a saber qué comemos, y qué queremos que coman nuestros hijos e hijas”, argumentó la mendocina, que aclaró que “no es una ley exclusivamente dirigida a combatir la obesidad”.

En un mensaje a las empresas, les pidió que “toda la energía que la industria ha puesto para tratar que este Senado no saque una media sanción”, la coloquen en “tratar de ofrecer a los argentinos mayor información de los componentes nutricionales que tienen sus alimentos y además hacer los productos más saludables”.

Hacia el final, Fernández Sagasti afirmó que entendía la situación de Tucumán, pero “esta ley no demoniza al azúcar; esta apoya a las economías regionales”. “Paren de mentir, paren de repetir mentiras de los lobbistas que no dan la cara y llaman a los legisladores para convencerlos de mentiras”, lanzó.

La vicepresidenta del bloque FdT fue la última oradora del debate.

Puntos principales del proyecto con media sanción

  • La ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; advertir sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz; y promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
  • Quedan obligados a cumplir con la norma “todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano” en todo el país.
  • Los productos que tengan un exceso de componentes críticos (azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías) deberán incluir en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda.
  • En tanto, los que contengan edulcorantes, deberán además llevar la inscripción “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”; y aquellos con cafeína, deberán tener la leyenda “contiene cafeína, evitar en niños/as”.
  • Las etiquetas de advertencia se extienden a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.
  • El sello será un de octógono de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. Su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase; y no podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. Los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevarlos.
  • Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
  • Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, sal común de mesa, aceites vegetales y frutos secos.
  • Los alimentos con este tipo de sellos tendrán una serie de prohibiciones para la incorporación de ciertas palabras o imágenes en los envases, como por ejemplo personajes infantiles, dibujos animados, entre otros, que fomenten su consumo o compra.
  • La iniciativa establece la prohibición de “toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes”.
  • El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional para todos los niveles.
  • Los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia no podrán ser “ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados” en las escuelas de nivel primario y secundario.
  • El incumplimiento de la ley prevé sanciones para las empresas, que van desde apercibimientos hasta clausuras, acorde a lo establecido en la normativa de Lealtad Comercial -decreto 274/2019-.
  • Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.
  • Los alimentos y bebidas cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer a la venta hasta agotar su stock.
  • Se encomienda al Poder Ejecutivo a la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino, a efectos de adecuar sus disposiciones con la ley en cuanto corresponda.

“El azúcar no merece ser demonizado”, enfatizó la tucumana Elías de Pérez

En contra del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, la senadora radical defendió a la industria de su provincia “que implica trabajo para 8.100 productores” y más de 60 mil familias en diferentes puntos del país.

silvia elias de perez sesion 29 octubre 2020

En contra del proyecto de etiquetado frontal de alimentos, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó durante el debate que “el azúcar no merece ser demonizado”.

“Hoy más que nunca vengo como senadora por la provincia de Tucumán a defender la industria madre de mi provincia, a defender el azúcar, que implica trabajo para 60.900 familias tucumanas, jujeñas, salteñas, misioneras, santafesinas; e implica el trabajo para 8.100 productores de mi provincia”, comenzó.

La legisladora recordó un episodio del pasado, cuando “el dictador (Juan Carlos) Onganía traía desamparo y desesperación a Tucumán, cerraba 11 ingenios, y también nos hablaba de sentido común, de eficiencia y nos decía ‘la reconversión es lo que acá conviene'”. “¿Sabe lo qué pasó? 240 mil tucumanos emigraron. Se fueron a llenar los cordones alrededor de la provincia de Buenos Aires”.

“Esta ley ataca al azúcar, la demoniza injustamente y, por lo tanto, intenta también una vez más traer desamparo a mi provincia“, consideró y defendió que “el azúcar es un nutriente natural, orgánico, no sintético, no merece ser demonizado”.

Además, Elías de Pérez señaló que con esta norma “cualquier producto, por pocos gramos de azúcar, tendrá que llevar un sello de advertencia”.
Aunque aclaró que no tenía “dudas” de la “buena intención” de los senadores que promueven la ley, mencionó que más allá del aumento del sobrepeso y la obesidad, “en estos cinco, seis años el consumo del azúcar ha disminuido un 20%”.

También opinó: “Lo que siento es que no se armoniza con el Mercosur y esto es indispensable si queremos competir”. Asimismo, la senadora subrayó que “el Código Alimentario argentino es una ley convenio, se la asimila a la propia Coparticipación”, por lo tanto esta discusión había que “llevarla” a la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos).

Se va a terminar unificando la góndola. Una barrita de cereal va a terminar teniendo un sello, un yogur regular y una papa también”, pronosticó y lamentó que “(Lionel) Messi o los Pumas van a poder hacer una publicidad de una cerveza, pero no una publicidad de algo que tiene azúcar”. “Reivindico el azúcar para endulzar la vida, un producto natural y argentino”, concluyó.

Sancionan la ley que autoriza condiciones de excepción en los contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19

La norma, requerida desde el Ministerio de Salud, incluye cláusulas de prórroga de jurisdicción, confidencialidad e indemnidad patrimonial. La votación resultó con 56 votos a favor y 11 en contra. Juntos por el Cambio se dividió.

sesion senado recinto closs 20 octubre 2020

El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto que habilita una serie de condiciones excepcionales para los futuros contratos que suscriban el Estado Nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19. La norma, requerida por el Ministerio de Salud, recibió 56 votos a favor y 11 en contra.

A través de la ley, los laboratorios productores se garantizan la protección jurídica con la prórroga de jurisdicción, es decir que en caso de litigio las compañías podrán elegir la sede de su país para el desarollo del juicio. Además, se contemplan cláusulas de confidencialidad e indemnidad patrimonial.

El dato saliente de la votación fue la división de Juntos por el Cambio: si bien la gran mayoría del interbloque acompañó al oficialismo, diez senadores -firmantes de un dictamen de minoría- votaron en contra. Fueron Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann, Martín Lousteau, Laura Rodríguez Machado, Pamela Verasay, Esteban Bullrich, Alfredo De Angeli, Eduardo Costa y Oscar Castillo, a quienes se sumó la riojana Clara Vega (Interbloque Federal).

Al abrir el debate, el oficialista José Neder sostuvo que “ante la pandemia, tenemos el enorme desafío de coordinar todos los esfuerzos para afrontar este problema”.

“Este proyecto de interés público en la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de la vacuna destinada a generar inmunidad contra el Covid contiene requisitos excepcionales para el marco legal, herramienta necesaria en relación a la emergencia que estamos atravesando”, explicó el santiagueño.

Tras repasar los detalles de la iniciativa, Neder señaló que “lo que queremos es establecer condiciones para la compra de vacunas contra el Covid, brindando las medidas necesarias al Ministerio de Salud con relación a la firma de convenios que nos permitan tener con mayor celeridad el acceso a la vacuna”.

El senador indicó que “hay varias vacunas en fase uno, dos y tres que están avanzando”, y “suponiendo que todas las vacunas que están en fase tres sean efectivas, aun así se llegaría a producir 6.000 millones de dosis, por lo cual si se aplican dos dosis por cada uno, esta producción no alcanzaría”.

“Es de destacar el esfuerzo hecho por nuestro país, que ha empezado las tratativas por las vacunas en el mismo momento que los países desarrollados”, resaltó Neder, y valoró “el enorme trabajo desde el propio presidente Alberto Fernández hasta el último agente sanitario del pueblo más pequeño de la Argentina” para combatir el coronavirus.

El presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, reconoció que “todos somos conscientes de la importancia de las vacunas y del valor que tiene esta herramienta sanitaria para disminuir los enormes índices de mortalidad, para erradicar patologías, para prevenir contagios, y en esta situación de pandemia, es la única solución de control global”.

Sin embargo, Fiad advirtió que “el proyecto no se refiere a una vacuna en particular, porque si bien hay varias vacunas que se encuentran en fases avanzadas, todavía no ha sido aprobada ninguna de ellas”.

El radical señaló que “hay artículos que generan muchísimas dudas e incertidumbre”. “Estamos ante un proyecto que consagra excepciones y suma amplias facultades al Poder Ejecutivo, que ya viene gobernando con procedimientos de excepción”, se quejó.

“Entiendo el objetivo, pero me preocupan las imprecisiones del texto”, insistió, y agregó que “entra en conflicto con normas” ya existentes. Por eso, pidió que en la reglamentación de la ley se establezcan “reglas claras”.

Otra radical, Belén Tapia, denunció que “el proyecto adolece de graves falencias que hacen imposible nuestro acompañamiento tal como está”, y cuestionó que si bien el proyecto habla de “investigación, desarrollo, fabricación y adquisición” de las vacunas, en su articulado solo se refiere a la adquisición.

La santacruceña observó que “se establece en la práctica un blindaje a los laboratorios” a través de la prórroga de jurisdicción y la cláusula de confidencialidad”. “¿Por qué piden esto las industrias farmacéuticas y por qué estamos tan dispuestos a dárselo?”, se preguntó.

Además, Tapia señaló que “en ninguna parte del proyecto se establece que el Ministerio de Salud rinda cuentas” en caso de adquirir una vacuna en particular entre varias disponibles.

“Estamos hablando de un mercado que todavía no existe y del que, lógicamente, desconocemos sus reglas, y por otro lado estas cláusulas son las resultantes de un mercado internacional en el que, por su propia naturaleza, lo que prima es el lucro y la ganancias, no la salud ni el interés general, y donde sus jugadores son las industrias farmacéuticas multinacionales que ocupan el segundo lugar en el poderío económico después de la venta de armas”, alertó la legisladora.

Foto: Comunicación Senado

Desde el Frente de Todos, Ana María Ianni advirtió que desde la oposición, “con tanta argumentación, buscan tratar de confundir a la gente” y “no quieren reconocer que el Gobierno está haciendo lo que hay que hacer”.

“No hace mucho tiempo atrás degradaron el Ministerio de Salud a Secretaría, devastaron la ciencia y la tecnología, se olvidaron vacunas en los containers y hoy se preguntan por qué todas estas medidas de excepcionalidad cuando estamos en una situación de emergencia”, cuestionó.

La senadora sostuvo que las condiciones que se habilitan en los contratos “no son excepcionalidades que no vamos a poder monitorear”, y tienen que ver con “la celeridad que busca el Estado para cuidar a cada argentino y que, cuanto las vacunas estén aprobadas y finalizadas, puedan ser aplicadas a cada uno de nuestros ciudadanos”, afirmó.

También por el oficialismo, Nancy González garantizó que el Gobierno “no va a salir a comprar a troche y moche la primera vacuna que salga”. “Tengan la plena seguridad que cuando esté la vacuna, todo el pueblo va a tener la información de qué se trata, no va a ser una vacuna insegura porque queremos brindarles soluciones”, prometió.

Juan Carlos Romero, jefe del Interbloque Parlamentario Federal, admitió que “le llama la atención” que el oficialismo actual defienda la prórroga de jurisdicción, siendo “un gobierno que tanto se desgarra las vestiduras en el discurso” criticando esa medida cuando fue aplicada en la gestión anterior.

El salteño también sostuvo que “no se justifica que por el apuro haya profesionales que no lleguen a conocer los ‘ingredientes’” de la vacuna por la cláusula de confidencialidad, y por último, criticó la cláusula de indemnidad patrimonial.

En tanto, apuntó: “Hubo un poco de ruido por la obligatoriedad por la oposición de gente a la que lamentablemente le ha crecido el espíritu antivacuna, una especie de rebeldía peligrosa. No coincido con los antivacunas, me recuerdan a los que piensan que la tierra es plana”.

El rionegrino Alberto Weretilneck destacó que “esta ley significa un acuerdo con los productores de la vacuna para poder llegar, lo más rápidamente posible, a ponérsela a todos aquellos argentinos que la necesiten”, y opinó: “No es lo ideal y lo que pregonamos, pero estamos en una emergencia”.

Al cierre del debate, Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio explicó que “en materia de salud pública, el rol del Estado es el bienestar general”.

El paso que está dando el Senado es  necesario e imprescindible, independientemente de las observaciones, que yo acompaño. En el marco del rol del Estado, si bien es cierto que la salud y la educación son competencias delegadas en las provincias, la Nación tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos”, consideró.

Naidenoff aprovechó para criticar, sin mencionarlo, al gobernador Gildo Insfrán, por las restricciones de ingreso a Formosa: “Algunos gobernadores se tomaron muy a pecho la idea de tomar decisiones en el marco de la pandemia”. “Ese rol lo tiene que recuperar el Estado nacional”, dijo, y propuso que en todo caso “el Congreso discuta un protocolo con nuevos parámetros de libre tránsito”.

La última oradora fue la presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón, quien repasó cifras de la pandemia a nivel mundial, y en cuanto a la vacuna advirtió que “estamos no solo atravesando un tiempo de gran demanda, sino también de fuerte concentración, y la oferta es insuficiente”.

“Para acelerar estos contratos, las industrias establecieron requisitos excepcionales, que no son habituales”, aseguró Almirón, y en ese sentido recordó que la prórroga de jurisdicción se habilitará “como se hace muchas veces con los bonos de deuda”, y “de ninguna manera involucra a los terceros involucrados”.

Respecto de la cláusula de confidencialidad, la correntina aclaró que no necesariamente tiene que ver con los componentes de la vacuna, sino también con los plazo de entrega, el precio y el stock.

La oficialista enfatizó que la ley “de ninguna manera se trata de un cheque en blanco”, ya que los contratos estarán sometidos a controles de la SIGEN, la AGN e incluso del Congreso, a través de las comisiones de Salud. Por último, destacó la decisión del Ejecutivo de impulsar una ley en lugar de emitir un DNU.

Detalles del proyecto

La flamante ley declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.

Una de las condiciones que se habilitan es “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.

No obstante, “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas”, quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven” de la aplicación de los contratos.

En cuanto a la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.

Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

En tercer lugar, se podrán disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente.

Las vacunas contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

También se exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.

En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.

La Cámara alta avanzó con un conjunto de transferencias de inmuebles

Se aprobaron proyectos que disponen el traspaso de terrenos desde el Estado Nacional a distintas localidades de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Fe, Santa Cruz y Misiones.

senadores oficialismo sesion 29 octubre 2020

La Cámara alta sancionó y giró a Diputados un conjunto de proyectos que disponen la transferencia a título gratuito de inmuebles desde Estado Nacional a distintas localidades de las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Fe, Santa Cruz y Misiones. La votación resultó por unanimidad, con 65 votos positivos.

Una de las iniciativas dispone la cesión de un terreno propiedad del Estado Mayor General de la Armada Argentina a la municipalidad de Puerto Madryn, Chubut. El destino de las tierras será para “programas de desarrollo urbano, planes de vivienda única, infraestructura de servicios, habilitación de parques o plazas públicas, unidades educacionales, culturales, asistenciales, sanitarias y/o desarrollo de actividades deportivas”.

El municipio deberá “subdividir los terrenos en lotes cuyas transferencias deberán realizarse mediante los procedimientos de subasta o licitación pública, garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia e informalismo”. Entre los requisitos para poder presentarse en licitación, se indica que los sujetos no deberán tener deudas con el municicipio ni ser funcionarios públicos.

Además, el proyecto impulsado por la senadora Nancy González (FdT) prevé que las autoridades de Puerto Madryn establecerán plazos máximos para el cumplimento de las obras.

Por otra parte, se dio media sanción a la transferencia de un inmueble en favor de la municipalidad de la capital de La Rioja. La iniciativa, presentada por el senador Julio Martínez (UCR), indica que se trata de un terreno que se encuentra abandonado y en el que anteriormente funcionaba la Radio Nacional La Rioja. Una vez traspasado deberá destinarse al desarrollo de actividades culturales e institucionales.

En tanto, se aprobó la transferencia de un predio a la municipalidad de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, con el fin de que allí funcione una plaza pública; de un terreno a la municipalidad de Villa Constitución, en Santa Fe, para la construcción de viviendas; y de un predio a la municipalidad de Aristóbulo del Valle, en Misiones, de modo que allí funcionen obras que tengan que ver con la asistencia social y el fomento cultural.

También avanzó un proyecto que establece la transferencia de un terreno del Estado Mayor General de la Armada hacia la municipalidad de Puerto Deseado, en Santa Cruz, con el objetivo del desarrollo de “programas de desarrollo urbano, planes de vivienda única, infraestructura de servicios, habilitación de parques o plazas públicas, unidades educacionales, culturales, asistenciales, sanitarias, desarrollo de actividades deportivas”.

El Senado aprobó la designación de Roberto Carlés como embajador en Italia

En la sesión, también recibió acuerdo el nombramiento de José Carlos “Conde” Ramos como cónsul en Asunción, y más de 50 ascensos de diplomáticos.

votacion pliegos sesion senado 20 octubre 2020

El Senado aprobó este jueves, por 65 votos afirmativos y uno negativo -del salteño Juan Carlos Romero-, la designación Roberto Carlés como embajador en Italia.

Se trata del abogado de 39 años, quien realizó su doctorado en Derecho en ese país, había sido propuesto en 2015 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar en la Corte Suprema a Raúl Zaffaroni, pero finalmente su postulación fue retirada.

En la sesión, el pleno también avaló el nombramiento del exdiputado José Carlos “Conde” Ramos como cónsul en Asunción, Paraguay, país donde actualmente se desempeña como embajador el exgobernador chaqueño Domingo Peppo.

Por otra parte, recibieron aprobación un total de 58 ascensos en Cancillería. Se trata de una nómina que había quedado retrasada en su tratamiento por el recambio de gobierno en diciembre pasado.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, recordó que tanto Carlés como Ramos asistieron a audiencia pública y respondieron preguntas de los senadores.

Por otro lado, la miembro informante destacó “la integración con un criterio de equidad” de género en las listas de ascensos de diplomáticos, algo que “hemos observado con mucha alegría”.

“A pesar de estar en un contexto inusitado la República Argentina y la humanidad, estamos trabajando desde el Senado de la Nación para garantizar el funcionamiento de los distintos poderes del Estado”, agregó.

Sesiona el Senado para convertir en ley el proyecto sobre la compra de vacunas contra el Covid

La Cámara alta se reúne desde las 14.17 en una nueva sesión ordinaria. Recibirá media sanción una iniciativa sobre etiquetado frontal de alimentos. Además, tratarán pliegos y un conjunto de transferencias de inmuebles.

sesion senado recinto 20 octubre 2020

En su segunda sesión ordinaria del año, el Senado se reúne desde las 14.17. Este jueves se convertirá en ley el proyecto requerido desde el Ministerio de Salud para establecer las condiciones en los contratos que el Estado Nacional firmará con la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19.

Se trata de una norma que otorga protección jurídica a los laboratorios productores al establecer cláusulas de prórroga de jurisdicción, confidencialidad e indemnidad patrimonial.

Además, se exime de impuestos a las vacunas importadas, las cuales pasarán por “aprobación de emergencia” en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y deberán ser analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

En tanto, los contratos celebrados tendrán que ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.

Por otra parte se dará media sanción a un proyecto de ley consensuado sobre la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos que contengan exceso de sodio, azúcares o grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.

La iniciativa prevé la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas que contengan nutrientes críticos y estén dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, estos productos no se podrán vender en los kioscos de las escuelas.

También indica que las sanciones a las empresas serán las contempladas en la normativa de Lealtad Comercial; y encomienda al Poder Ejecutivo a reformular el Código Alimentario como sea necesario, entre otros puntos.

Al comienzo de la sesión habrá un homenaje a Néstor Kirchner, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento; se tratarán un conjunto de pliegos y un paquete de proyectos sobre transferencias de inmuebles desde el Estado Nacional hacia distintas localidades de las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Misiones.

Juntos por el Cambio se dividió al votar el Presupuesto 2021 en Diputados

A pesar de que la decisión mayoritaria del interbloque fue abstenerse, hubo 13 legisladores del Pro y la Coalición Cívica que rechazaron el proyecto. Representantes de Corrientes, Jujuy y La Rioja votaron a favor.

Por Carolina Ramos

La votación del Presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados, que se realizó cerca de las 7 de la mañana, dejó una fisura en Juntos por el Cambio: si bien la mayoría de los integrantes del interbloque presidido por Mario Negri se abstuvo, hubo también votos a favor y en contra.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo recibió 139 votos afirmativos, 15 negativos y 90 abstenciones, de las cuales 89 fueron de Juntos por el Cambio. La número 90 fue la tucumana Beatriz Ávila, que integra el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo -presidido por José Luis Ramón- y es la mujer del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

Entre los votos negativos, siete fueron del Pro, seis de la Coalición Cívica y los dos restantes, de Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.

Los rechazos del Pro vinieron del mendocino Omar De Marchi, los porteños Fernando Iglesias y José Luis Patiño, el cordobés Luis Juez, los neuquinos Francisco Sánchez y David Schlereth, y el bonaerense Pablo Torello.

Por la Coalición Cívica, se opusieron la bonaerense Mónica Frade, al cordobesa Leonor Martínez Villada, las porteñas Paula Olivetto y Mariana Zuvic, la bonaerense Mariana Stilman y la chaqueña Alicia Terada.

El dato saliente fue, además, el voto a favor de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio: las correntinas Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, y los jujeños Gabriela Burgos, Osmar Monaldi y Jorge Rizzotti. Fue a pedido de los gobernadores de esas provincias, los radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy).

También acompañó el Presupuesto el riojano Felipe Álvarez, que tiene un monobloque (Acción Federal) y es de extracción peronista.

En la votación en general hubo cinco ausentes: Lucila Lehmann (Coalición Cívica), Diego Mestre (UCR), Jorge Sarghini (Consenso Federal) y Pablo Tonelli (Pro), además de José Ignacio De Mendiguren, quien se encuentra de licencia.

Otros diete diputados también fueron contabilizados como ausentes porque el sistema virtual no los registró: Graciela Camaño (Consenso Federal), Daniel Ferreyra (Frente de Todos), Federico Frigerio (Pro) y los radicales Gerardo Cipolini, Gabriela Lena y Claudia Najul.

Con votos del oficialismo y parte de la oposición, se aprobó en Diputados el Presupuesto 2021

Fue tras un debate de 17 horas. El proyecto del Poder Ejecutivo recibió 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones. Juntos por el Cambio se dividió entre la abstención y el rechazo. La discusión pasa al Senado.

Por Carolina Ramos

Con apoyo del Frente de Todos y bloques minoritarios de la oposición, el Presupuesto para el año 2021 -el primero de la gestión de Alberto Fernández- fue aprobado en la Cámara de Diputados, tras un debate que llevó 17 horas y que terminó a las 8.30 de la mañana del jueves, tras la discusión en particular de los 136 artículos.

La iniciativa recibió 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones. El oficialismo contó con el apoyo de los interbloques de Eduardo “Bali” Bucca (Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), además de la neuquina Alma Sapag.

La mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio se abstuvieron, buscando dar una señal de gobernabilidad en lugar de obstruir la aprobación del proyecto. Sin embargo, el interbloque presidido por Mario Negri no pudo evitar la fisura: 13 legisladores votaron en contra y seis lo hicieron a favor, en función de pedidos de sus gobernadores.

La sesión tuvo la particularidad de ser la primera, desde el inicio del aislamiento social, en contar con mayoría de diputados en forma presencial, distribuidos tanto en las bancas como en las tres galerías superiores.

El proyecto se votó en general alrededor de las 6.40 y no hubo cierres de bloque. El último orador fue el titular del PJ, José Luis Gioja, quien sostuvo que “este Presupuesto es un programa de transición económica, sin dudas, por el país que recibimos y por el país que tenemos”. “No podemos negar la doble crisis que vive la Argentina”, consideró.

En total, 113 diputados se hicieron presentes: 22 del Frente de Todos, 82 de Juntos por el Cambio (37 del Pro, 33 de la UCR y 12 de la Coalición Cívica), tres del Interbloque Federal, dos de Unidad Federal para Desarrollo y los dos del Frente de Izquierda.

Con la media sanción, el oficialismo cerró el primer capítulo de un debate que se inició hace poco más de un mes con la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la posterior participación de tres ministros y tres secretarios en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El texto presentado por el Poder Ejecutivo, que recibió numerosas modificaciones, proyecta para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

Foto: HCDN

Al abrir el debate, Carlos Heller sostuvo que “no se puede hacer proyecciones más entusiastas” que las planteadas en el proyecto, “que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”.

El diputado del Frente de Todos señaló que “los escenarios macroeconómicos” proyectados en el texto “son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.

“Viniendo de la situación de la que venimos, y con la incertidumbre que aún tenemos respecto de cuánto durará la pandemia y cuánto influirá el año que viene, no se puede hacer proyecciones más entusiastas que las que estamos planteando, que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”, dijo el presidente de la comisión.

El legislador afirmó que el Presupuesto apunta a lograr “una sociedad más justa y equilibrada donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento vayan de la mano”.

También desde el oficialismo, Ariel Rauschenberger destacó que el Presupuesto “marca claramente el cambio de rumbo que los argentinos votaron en octubre de 2019”, y recordó que “cuando las primeras medidas del presidente empezaban a dar resultado, la pandemia irrumpió en el mundo y obligó a reprogramar objetivos”.

“Este Presupuesto no hubiera sido posible sin el exitoso canje de deuda, que superó todas las expectativas”, subrayó, y agregó que se apunta a “la construcción de políticas públicas destinadas a la inclusión, pero no cualquier inclusión, sino inclusión con dignidad y justicia social”.

Además, el pampeano afirmó que el proyecto “marca un camino hacia el equilibrio fiscal, compatible con un sendero inclusivo y sin ajustes. El único ajuste recaerá sobre los intereses de la deuda, que bajan al 1,5% del PBI”.

Otro diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, salió al cruce de quienes se preguntan si el Gobierno “tiene o no tiene un plan económico”. “Por supuesto que lo tiene. Lo que no tiene es un Presupuesto de ajuste, un Presupuesto neoliberal, de ese menú de opciones que dan los economistas que están en el prime time de la televisión, y que plantean una reforma impositiva para bajar impuestos a los ricos, o una reforma previsional para perjudicar a los jubilados, o una reforma laboral para perjudicar a los trabajadores”, retrucó.

Casaretto advirtió que “según estos gurúes”, el Gobierno tendría que haber planteado “un Estado ausente, que no intervenga en la política fiscal o monetaria”. “Nuestro criterio es totalmente opuesto. El rol del Estado fue dar un paso adelante, tanto en la política fiscal como monetaria”, aseguró.

El entrerriano también destacó que “nunca ha habido un volumen de ayuda tan grande” como el que se destinó a atender las consecuencias de la pandemia, con una inversión de “casi siete puntos del PBI, para sostener a la actividad privada y los ingresos de las familias”.

La titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, sostuvo que “este Presupuesto busca dejar atrás un país para pocos, que terminó en 2019 con la inflación más alta en tres décadas; que en cuatro años empujó a la muerte a 25.000 pymes; que vio achicarse una economía que venía de crecer un 2,8% en 2015 y terminó cayendo más del 2% en 2019; que vio caer el consumo y la inversión; y que dejó como corolario el enorme avance del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad”.

“A pesar del dramático impacto de la pandemia en el mundo, este es un Presupuesto expansivo, es la antítesis de los Presupuestos de aquellos cuatro años donde la regla era el ajuste permanente y la excepción al ajuste era el descomunal aumento para afrontar los intereses de la deuda”, analizó la economista.

Foto: HCDN

Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina anunció la decisión de abstenerse en la votación a pesar de las críticas al proyecto y sus estimaciones. “No queremos ser una oposición que obstaculice. Queremos asegurarnos de que el Gobierno tenga su Presupuesto”, garantizó.

Laspina cuestionó, con ironía, que “Guzmán plantea un puente de esperanza hacia una economía donde todos seremos felices”.

“Si criticamos el gradualismo de Cambiemos para financiar el déficit fiscal, deberíamos criticar el gradualismo de este Presupuesto”, opinó, y observó que “este gradualismo está asediado por una brecha cambiaria”, mientras “las reservas siguen cayendo a pesar de las medidas”.

En este contexto, criticó a Guzmán por aplicar “dosis homeopáticas” cuando en realidad se necesitaría “una estrategia de shock”. “El puente de Guzmán no nos conduce a la otra orilla: nos devuelve a la misma orilla”, describió, y añadió que “en el medio, la economía se va desangrando”.

Además, alertó que el Presupuesto se basa en “algunas premisas insólitas” ya que “basa su ajuste de diez a seis puntos del Producto en que el 31 de diciembre de este año se termina la pandemia global”, y con esa idea “desaparecen el IFE y el ATP”.

Desde la UCR, Luis Pastori cuestionó los montos asignados al pago de jubilaciones y pensiones, universidades nacionales y transporte público del interior del país.

Respecto del reparto a universidades, denunció que “se han cometido muchas inequidades”, y sobre el transporte dijo que, si bien los subsidios ascendieron de 13.500 millones de pesos previstos en el proyecto original a 20.000 millones contemplados en el dictamen, “la relación con el AMBA sigue siendo abismal, en una proporción de 80% contra 20%”.

Pastori también señaló en cuanto a las jubilaciones y pensiones que “no hay cálculo para una fórmula de movilidad que va a incidir a partir del 1ro de enero y que impacta nada más ni nada menos que sobre el 50% del gasto público”.

En otro orden, criticó el incremento de impuestos internos a los artículos electrónicos, como aire acondicionado, radiograbadores, televisores y teléfonos, del 7% al 17%.

Asimismo, sobre el impuesto a los juegos de azar, aceptó la suba de la alícuota del 2% al 5%, pero cuestionó que ésta se reduzca en un 50% para apuestas en las que intervengan sujetos con inversiones genuinas en el país. “¿No será esta otra cláusula a favor de Cristóbal López?”, se preguntó, y denunció una “delegación de facultades inadmisible en la AFIP”.

Por último, reveló que Juntos por el Cabio votaría a favor de algunos artículos, como el que establece una zona aduanera especial para Misiones y el que establece la automaticidad de las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las siete provincias productoras.

Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) retomó el tema del transporte e insistió en elevar el monto de los subsidios al interior. “Reconocemos el esfuerzo del Gobierno nacional en subir del Presupuesto original 7.000 millones de pesos, elevando el monto a 20.000 millones”, destacó el schiarettista, pero advirtió que “no obstante, ese monto tiene la característica de ser insuficiente e inequitativo”.

“En relación al Presupuesto de 2019 solo hay un aumento de 3.000 millones de pesos, lo que equivale a una suba del 15%, cuando se prevé una inflación del 29%. Esto deja a los subsidios 14 puntos por debajo de la inflación proyectada para 2021”, alertó el legislador.

A su vez, consideró que “es inequitativo porque solo representa el 20% del total que va a destinar el Gobierno al subsidio del transporte en todo el país, dejando el 80% restante para el AMBA”. Recordó que en presupuestos de años anteriores la distribución era del 70% para el AMBA y el 30% para el interior, y pidió volver a esa proporción.

A su turno, el jefe del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, advirtió que el Presupuesto “no protege a usuarios de servicios públicos”, aunque adelantó su acompañamiento en la votación.

Presente en el recinto, el mendocino criticó que “no se toma en cuenta el grave problema que existe con el congelamiento de la adecuación de los servicios públicos”.

No hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene. No hay una previsión que tenga como objetivo la protección de los usuarios de servicios públicos”, lamentó.

Pasadas las 6 de la mañana fue el turno del titular del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, quien subrayó que “no hay más margen para tirar de la cuerda. El Gobierno no tiene más posibilidades para tomar atajos. Hay que definir un rumbo y una política económica”.

Bucca hizo foco en “la situación sanitaria hoy está llegando con fuerza al interior del país y al interior de la Provincia, se ha llevado a más de 30.000 argentinos y ha contagiado a más de un millón de personas”. “No sabemos cuándo estará la vacuna, y esto no es un tema menor a la hora de armar un Presupuesto”, señaló.

Por último, sentenció que “acompañar el Presupuesto no significa acompañar todas las decisiones económicas que se tomaron hasta este momento. Hay cosas que no van más: ni la ruta del endeudamiento ni el camino de la emisión descontrolada”.

Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá (PO) y Nicolás Del Caño (PTS) denunciaron que el Presupuesto fue “pactado con el FMI” y anunciaron su rechazo al proyecto.

“El apuro del Gobierno por aprobar este Presupuesto responde a un requisito del FMI para continuar con la renegociación de la deuda externa. Este Presupuesto proyecta un ajuste en educación, salud, jubilaciones y salarios, y mayores impuestos a los trabajadores para la enarbolada reducción del déficit fiscal y mayor endeudamiento para financiarlo, ya que la emisión monetaria nos ha lleva al borde de la hiperinflación”, sostuvo Del Plá.

La diputada insistió en que “no es un Presupuesto para que Argentina crezca, ni para terminar con los problemas sociales, sino un Presupuesto de ajuste contra el pueblo trabajador que el Frente de Izquierda rechaza de plano sobre la base de defender un plan económico y social antagónico”.

Del Caño aportó que “si comparamos el Presupuesto 2021 contra el de 2020, tenemos un ajuste del 9,5% en los gastos primarios”, y mencionó que el área de salud “pierde el 10% del presupuesto en medio de la pandemia”, y a la vez “el gasto social sufre un tijeretazo enorme: 36% de recorte en la Tarjeta Alimentar y 7% en la Asignación Universal por Hijo, cuando la pobreza no para de crecer”.

Puntos centrales

  • El proyecto del Poder Ejecutivo prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.
  • También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.
  • El financiamiento del déficit provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central (emisión monetaria).
  • La inversión en infraestructura se duplicará, pasando del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021, lo que significa 835.000 millones de pesos.
  • Se destinarán 94.748 millones de pesos al financiamiento de la producción, a través de diferentes herramientas.
  • Se incrementará en un 49% la inversión real en salud pública, llegando a 199.000 millones de pesos (0,5% del PBI).
  • Se destinarán 115.000 millones de pesos a la asistencia alimentaria y 113.000 millones al plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales.
  • Aumentará en un 11% la inversión en educación y conectividad respecto a 2019, llegando a 483.000 millones de pesos (1,3% del PBI).
  • Se destinarán 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros del AMBA y 20.500 millones para las provincias del interior.
  • Por primera vez el Presupuesto tiene perspectiva de género. La inversión proyectada para las áreas de género y diversidad es de 6.205 millones de pesos.
  • Por un cambio introducido en la comisión, las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras serán mensuales y automáticas.
  • Se modifica el impuesto a las apuestas y juegos de azar aumentando la alícuota del 2% al 5%, con atenuantes para sujetos con inversiones genuinas y agravantes para aquellos radicados en paraísos fiscales.
  • Se crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia de Misiones.
  • Se establece un régimen especial de regularización de deudas de distribuidoras de energía eléctrica con CAMMESA.

Bucca: “El Gobierno no tiene más posibilidades para tomar atajos”

Pasadas las 6 de la mañana del jueves habló el jefe del Interbloque Federal, quien remarcó que “hay que definir un rumbo y una política económica”.

El jefe del Interbloque Federal en la Cámara de Diputados, Eduardo “Bali” Bucca, habló en la sesión pasadas las 6 de la mañana de este jueves y enfatizó que “el Gobierno no tiene más posibilidades para tomar atajos”. “Hay que definir un rumbo y una política económica”, remarcó.

Presente en el recinto, Bucca se refirió al “contexto de crisis económica y social muy profunda” que atraviesa el país.

“Comenzamos este año tratando la emergencia, con una enorme deuda que era necesario reestructurar y saldar, y con parámetros económicos que se fueron empeorando con el transcurrir del año. Y sumado a esto, la pandemia”, recordó.

Y continuó: “Como médico, me cuesta entender que le quiten valor a esta situación mundial que golpea con contundencia al mundo y nuestro país”.

El legislador advirtió que “la situación sanitaria hoy está llegando con fuerza al interior del país y al interior de la Provincia, se ha llevado a más de 30.000 argentinos y ha contagiado a más de un millón de personas”.

“No sabemos cuándo estará la vacuna, y eso no es un tema menor a la hora de armar un Presupuesto”, señaló.

Bucca expresó la “enorme preocupación le da ver que nos cuesta tanto generar entornos de diálogo serios, honestos y responsables, donde podamos buscar posiciones comunes para temas tan importantes y tan serios como los que atraviesan a la Argentina”.

“No hay más margen para tirar de la cuerda. El Gobierno no tiene más posibilidades para tomar atajos. Hay que definir un rumbo y una política económica”, subrayó.

Hacia el final de su discurso, aclaró que “acompañar el Presupuesto no significa acompañar todas las decisiones económicas que se tomaron hasta este momento”.

“Hay cosas que no van más: ni la ruta del endeudamiento ni el camino de la emisión descontrolada”, concluyó.

Del Plá y Del Caño denunciaron que el Presupuesto fue “pactado con el FMI”

Los diputados del FIT advirtieron sobre recortes en áreas sensibles como la salud y la asistencia alimentaria en medio de la pandemia.

Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Romina Del Plá y Nicolás Del Caño denunciaron en la sesión de este miércoles que el Presupuesto fue “pactado con el FMI” y anunciaron su rechazo al proyecto.

“El apuro del Gobierno por aprobar este Presupuesto responde a un requisito del FMI para continuar con la renegociación de la deuda externa. Este Presupuesto proyecta un ajuste en educación, salud, jubilaciones y salarios, y mayores impuestos a los trabajadores para la enarbolada reducción del déficit fiscal y mayor endeudamiento para financiarlo, ya que la emisión monetaria nos ha lleva al borde de la hiperinflación”, sostuvo Del Plá.

La legisladora del Partido Obrero consideró que “otra hipocresía de este Presupuesto es que es tiene perspectiva de género”, ya que “no se dispone una sola medida tendiente a aumentar específicamente los ingresos de la mujer trabajadora. Es una operación estadística y no un real gasto destinado a las necesidades urgentes de las mujeres”.

El ajuste contra el pueblo está en marcha y se va a profundizar. Los jubilados perdieron entre el 6% y el 15% de sus ingresos reales. Se elimina desde fin de año el IFE. Pero los subsidios a las petroleras, eléctricas y transportistas se multiplican. A la promoción del biocombustible se destinan 16.904 millones, que después tendrán que pagar los trabajadores en los aumentos del combustible”, describió.

La diputada insistió en que “no es un Presupuesto para que Argentina crezca, ni para terminar con los problemas sociales, sino un Presupuesto de ajuste contra el pueblo trabajador que el Frente de Izquierda rechaza de plano sobre la base de defender un plan económico y social antagónico”.

Por su parte, Del Caño coincidió en que “es un Presupuesto de ajuste a la medida de la negociación y el acuerdo con el FMI”.

“Si comparamos el Presupuesto 2021 contra el de 2020, tenemos un ajuste del 9,5% en los gastos primarios”, denunció el representante del PTS, y mencionó que el área de salud “pierde el 10% del presupuesto en medio de la pandemia”, y a la vez “el gasto social sufre un tijeretazo enorme: 36% de recorte en la Tarjeta Alimentar y 7% en la Asignación Universal por Hijo, cuando la pobreza no para de crecer”.

Del Caño también criticó que se elimine el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para 9 millones de personas, y por otra parte advirtió sobre un “ajuste a jubilados” a partir de la suspensión de la movilidad y el pago por decreto.

Ramón advirtió que el Presupuesto “no protege a usuarios de servicios públicos”

“No hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene”, cuestionó el diputado, aunque votará a favor del proyecto.

El jefe del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, advirtió en la sesión de este miércoles que el Presupuesto 2021 “no protege a usuarios de servicios públicos”, aunque adelantó su acompañamiento en la votación.

En primer lugar, Ramón consideró que los legisladores sean “sometidos a los abusos del Poder Ejecutivo”, ya que la Ley de Administración Financiera “permite que el Ejecutivo, aún teniendo Presupuesto, en cualquier momento lo pueda modificar”.

También se preguntó “cómo es posible que todavía siga existiendo la posibilidad de que se interprete el artículo 99 de la Constitución Nacional como que siempre hay una emergencia que amerita el dictado de un DNU”.

Al referirse al proyecto de Presupuesto para el año próximo, el mendocino criticó que “no se toma en cuenta el grave problema que existe con el congelamiento de la adecuación de los servicios públicos”.

No hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene. No hay una previsión que tenga como objetivo la protección de los usuarios de servicios públicos”, lamentó.

Por otra parte, cuestionó que todavía no se haya tratado en el Congreso la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. “No podemos hablar de la protección de los jubilados, y no tener la nueva fórmula jubilatoria”, dijo.

Diputado cordobés insistió en que la distribución de subsidios al transporte es “inequitativa”

Paulo Cassinerio, del bloque Córdoba Federal, denunció nuevamente que las provincias del interior recibirán el 20% de los fondos contra el 80% destinado al AMBA.

Tras encabezar el reclamo durante el debate en comisión, el diputado Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) insistió en la sesión de este miércoles en elevar el monto destinado a subsidiar el transporte automotor de pasajeros del interior del país en el Presupuesto 2021.

“Reconocemos el esfuerzo del Gobierno nacional en subir del Presupuesto original 7.000 millones de pesos, elevando el monto a 20.000 millones”, destacó el schiarettista, pero advirtió que “no obstante, ese monto tiene la característica de ser insuficiente e inequitativo”.

“En relación al Presupuesto de 2019 solo hay un aumento de 3.000 millones de pesos, lo que equivale a una suba del 15%, cuando se prevé una inflación del 29%. Esto deja a los subsidios 14 puntos por debajo de la inflación proyectada para 2021”, alertó el legislador.

A su vez, consideró que “es inequitativo porque solo representa el 20% del total que va a destinar el Gobierno al subsidio del transporte en todo el país, dejando el 80% restante para el AMBA”.

Cassinerio recordó que en presupuestos de años anteriores la distribución era del 70% para el AMBA y el 30% para el interior, y pidió volver a esa proporción.

Por último, pronosticó que por esta decisión “miles de usuarios se van a quedar sin poder trasladarse” y además “se perderán miles de puestos de trabajo” en las provincias.

Pastori cuestionó los montos asignados al pago de jubilaciones, universidades y transporte del interior

El diputado radical criticó varios aspectos del Presupuesto, aunque adelantó que Juntos por el Cambio acompañará algunos artículos.

Luis Pastori, diputado nacional por la UCR, cuestionó en la sesión de este miércoles los montos asignados al pago de jubilaciones y pensiones, universidades nacionales y transporte público del interior, aunque resaltó algunos artículos que Juntos por el Cambio acompañará.

Respecto del reparto para universidades nacionales, denunció que “se han cometido muchas inequidades” y puso como ejemplo la Universidad Nacional del Alto Uruguay, ubicada en su provincia, Misiones, la cual “es la más castigada, con la peor asignación presupuestaria sin ningún sentido”.

Por otra parte, el legislador dijo que, si bien los subsidios al transporte del interior del país ascendieron de 13.500 millones de pesos previstos en el proyecto original a 20.000 millones contemplados en el dictamen, “la relación con el AMBA sigue siendo abismal, en una proporción de 80% contra 20%”.

Pastori también señaló en cuanto a las jubilaciones y pensiones que “no hay cálculo para una fórmula de movilidad que va a incidir a partir del 1ro de enero y que impacta nada más ni nada menos que sobre el 50% del gasto público”.

“No va a alcanzar la partida presupuestaria para pagar jubilaciones y pensiones”, alertó Pastori, presente esta vez en el recinto de la Cámara baja.

En otro orden, criticó el incremento de impuestos internos a los artículos electrónicos, como aire acondicionado, radiograbadores, televisores y teléfonos, del 7% al 17%.

Asimismo, sobre el impuesto a los juegos de azar, aceptó la suba de la alícuota del 2% al 5%, pero cuestionó que ésta se reduzca en un 50% para apuestas en las que intervengan sujetos con inversiones genuinas en el país. “¿No será esta otra cláusula a favor de Cristóbal López?”, se preguntó, y denunció una “delegación de facultades inadmisible en la AFIP”.

Por último, anticipó que Juntos por el Cabio acompañará en la votación algunos artículos, como el que establece una zona aduanera especial para Misiones y el que establece la automaticidad de las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las siete provincias productoras.

Laspina advirtió que el Presupuesto se basa en “premisas insólitas” y anunció la abstención de JxC

El diputado criticó a Guzmán por aplicar “dosis homeopáticas” cuando en realidad se necesitaría, a su criterio, “una estrategia de shock”.

El diputado nacional Luciano Laspina advirtió que el Presupuesto 2021 se basa en “algunas premisas insólitas”, como que la pandemia terminará a fin de año, y además cuestionó el “gradualismo” aplicado por el Gobierno.

Laspina habló de un “diagnóstico errado” por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, y consideró que “el problema no era el sobreendeudamiento de la Argentina, sino que hace diez años que no crecemos”.

“Si criticamos el gradualismo de Cambiemos para financiar el déficit fiscal, deberíamos criticar el gradualismo de este Presupuesto”, opinó, e ironizó que “Guzmán plantea un puente de esperanza hacia una economía donde todos seremos felices”.

Laspina observó que “este gradualismo está asediado por una brecha cambiaria, que es el tema de todos los días”, mientras “las reservas siguen cayendo a pesar de las medidas”. “Me pregunto con qué dólares se espera una recuperación del 5%, si hoy el Banco Central está perdiendo reservas todos los días”, insistió.

En este contexto, criticó a Guzmán por aplicar “dosis homeopáticas” cuando en realidad se necesitaría “una estrategia de shock”.

“El puente de Guzmán no nos conduce a la otra orilla: nos devuelve a la misma orilla”, describió, y añadió que “en el medio, la economía se va desangrando”.

Además, alertó que el Presupuesto se apoya en “algunas premisas insólitas” ya que “basa su ajuste de diez a seis puntos del Producto en que el 31 de diciembre de este año se termina la pandemia global”, y con esa idea “desaparecen el IFE y el ATP”.

Por último, Laspina anunció la decisión de Juntos por el Cambio de abstenerse en la votación a pesar de las críticas al proyecto y sus estimaciones. “No queremos ser una oposición que obstaculice. Queremos asegurarnos de que el Gobierno tenga su Presupuesto”, garantizó.

Diputados se encamina al final del debate del Presupuesto 2021 tras más de 14 horas de debate

El debate inició a las 15.50 dada la gran cantidad de homenajes y cuestiones de privilegio. El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el proyecto y girarlo al Senado.

Luego de numerosos homenajes y cuestiones de privilegio, la Cámara de Diputados se metió de lleno en el debate del Presupuesto 2021, que se votará de madrugada. El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el proyecto y girarlo al Senado, que lo sancionaría a mediados de noviembre.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, que recibió modificaciones en comisión, proyecta para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

El Frente de Todos contará con el acompañamiento de los interbloques de Eduardo “Bali” Bucca (Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), además de la neuquina Alma Sapag. Juntos por el Cambio, en tanto, se abstendrá, mientras que el Frente de Izquierda votará en contra.

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sostuvo este miércoles que “no se puede hacer proyecciones más entusiastas” que las planteadas en el Presupuesto, “que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”.

El diputado del Frente de Todos señaló que “los escenarios macroeconómicos” proyectados en el texto “son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.

“Viniendo de la situación de la que venimos, y con la incertidumbre que aún tenemos respecto de cuánto durará la pandemia y cuánto influirá el año que viene, no se puede hacer proyecciones más entusiastas que las que estamos planteando, que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”, dijo.

El legislador afirmó que el Presupuesto apunta a lograr “una sociedad más justa y equilibrada donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento vayan de la mano”.

También desde el oficialismo, Ariel Rauschenberger destacó que el Presupuesto “marca claramente el cambio de rumbo que los argentinos votaron en octubre de 2019”, y recordó que “cuando las primeras medidas del presidente empezaban a dar resultado, la pandemia irrumpió en el mundo y obligó a reprogramar objetivos”.

“Este Presupuesto no hubiera sido posible sin el exitoso canje de deuda, que superó todas las expectativas”, subrayó, y agregó que se apunta a “la construcción de políticas públicas destinadas a la inclusión, pero no cualquier inclusión, sino inclusión con dignidad y justicia social”.

Además, el pampeano afirmó que el proyecto “marca un camino hacia el equilibrio fiscal, compatible con un sendero inclusivo y sin ajustes. El único ajuste recaerá sobre los intereses de la deuda, que bajan al 1,5% del PBI”.

Otro diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, salió al cruce de quienes se preguntan si el Gobierno “tiene o no tiene un plan económico”. “Por supuesto que lo tiene. Lo que no tiene es un Presupuesto de ajuste, un Presupuesto neoliberal, de ese menú de opciones que dan los economistas que están en el prime time de la televisión, y que plantean una reforma impositiva para bajar impuestos a los ricos, o una reforma previsional para perjudicar a los jubilados, o una reforma laboral para perjudicar a los trabajadores”, retrucó.

Casaretto advirtió que “según estos gurúes”, el Gobierno tendría que haber planteado “un Estado ausente, que no intervenga en la política fiscal o monetaria”. “Nuestro criterio es totalmente opuesto. El rol del Estado fue dar un paso adelante, tanto en la política fiscal como monetaria”, aseguró.

El entrerriano también destacó que “nunca ha habido un volumen de ayuda tan grande” como el que se destinó a atender las consecuencias de la pandemia, con una inversión de “casi siete puntos del PBI, para sostener a la actividad privada y los ingresos de las familias”.

La titular de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, sostuvo que “este Presupuesto busca dejar atrás un país para pocos; que terminó en 2019 con la inflación más alta en tres décadas; que en cuatro años empujó a la muerte a 25.000 pymes; que vio achicarse una economía que venía de crecer un 2,8% en 2015 y terminó cayendo más del 2% en 2019; que vio caer el consumo y la inversión; y que dejó como corolario el enorme avance del desempleo, de la pobreza y de la desigualdad”.

“A pesar del dramático impacto de la pandemia en el mundo, este es un Presupuesto expansivo, es la antítesis de los Presupuestos de aquellos cuatro años donde la regla era el ajuste permanente y la excepción al ajuste era el descomunal aumento para afrontar los intereses de la deuda”, analizó la economista.

Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina anunció la decisión de abstenerse en la votación a pesar de las críticas al proyecto y sus estimaciones. “No queremos ser una oposición que obstaculice. Queremos asegurarnos de que el Gobierno tenga su Presupuesto”, garantizó.

Laspina cuestionó que “Guzmán plantea un puente de esperanza hacia una economía donde todos seremos felices”.

“Si criticamos el gradualismo de Cambiemos para financiar el déficit fiscal, deberíamos criticar el gradualismo de este Presupuesto”, opinó, y observó que “este gradualismo está asediado por una brecha cambiaria”, mientras “las reservas siguen cayendo a pesar de las medidas”.

En este contexto, criticó a Guzmán por aplicar “dosis homeopáticas” cuando en realidad se necesitaría “una estrategia de shock”. “El puente de Guzmán no nos conduce a la otra orilla: nos devuelve a la misma orilla”, describió, y añadió que “en el medio, la economía se va desangrando”.

Además, alertó que el Presupuesto se basa en “algunas premisas insólitas” ya que “basa su ajuste de diez a seis puntos del Producto en que el 31 de diciembre de este año se termina la pandemia global”, y con esa idea “desaparecen el IFE y el ATP”.

Desde la UCR, Luis Pastori cuestionó los montos asignados al pago de jubilaciones y pensiones, universidades nacionales y transporte público del interior, aunque resaltó algunos artículos que Juntos por el Cambio acompañará.

Respecto del reparto para universidades nacionales, denunció que “se han cometido muchas inequidades” y puso como ejemplo la Universidad Nacional del Alto Uruguay, ubicada en su provincia, Misiones, la cual “es la más castigada, con la peor asignación presupuestaria sin ningún sentido”.

Por otra parte, el legislador dijo que, si bien los subsidios al transporte del interior del país ascendieron de 13.500 millones de pesos previstos en el proyecto original a 20.000 millones contemplados en el dictamen, “la relación con el AMBA sigue siendo abismal, en una proporción de 80% contra 20%”.

Pastori también señaló en cuanto a las jubilaciones y pensiones que “no hay cálculo para una fórmula de movilidad que va a incidir a partir del 1ro de enero y que impacta nada más ni nada menos que sobre el 50% del gasto público”. “No va a alcanzar la partida presupuestaria para pagar jubilaciones y pensiones”, alertó Pastori, presente esta vez en el recinto de la Cámara baja.

En otro orden, criticó el incremento de impuestos internos a los artículos electrónicos, como aire acondicionado, radiograbadores, televisores y teléfonos, del 7% al 17%. Asimismo, sobre el impuesto a los juegos de azar, aceptó la suba de la alícuota del 2% al 5%, pero cuestionó que ésta se reduzca en un 50% para apuestas en las que intervengan sujetos con inversiones genuinas en el país. “¿No será esta otra cláusula a favor de Cristóbal López?”, se preguntó, y denunció una “delegación de facultades inadmisible en la AFIP”.

Por último, anticipó que Juntos por el Cambio acompañará en la votación algunos artículos, como el que establece una zona aduanera especial para Misiones y el que establece la automaticidad de las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las siete provincias productoras.

Promediando la noche intervino el presidente del Pro, Cristian Ritondo, quien fundamentó la abstención de Juntos por el Cambio. “Este proyecto adolece de inconsistencias que ameritan un rechazo”, sostuvo, pero justificó la abstención por la que esa bancada se inclinó finalmente en la pretensión de “colaborar”.

Y sobre el final habló de “futuros acuerdos que sabemos que el Gobierno necesita para salir de esta coyuntura preocupante y desafiante. Queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, pero entendemos también que este es un camino equivocado, y sabemos adónde vamos”.

A su turno, Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) retomó el tema de los subsidios al transporte del interior. “Reconocemos el esfuerzo del Gobierno nacional en subir del Presupuesto original 7.000 millones de pesos, elevando el monto a 20.000 millones”, destacó el schiarettista, pero advirtió que “no obstante, ese monto tiene la característica de ser insuficiente e inequitativo”.

“En relación al Presupuesto de 2019 solo hay un aumento de 3.000 millones de pesos, lo que equivale a una suba del 15%, cuando se prevé una inflación del 29%. Esto deja a los subsidios 14 puntos por debajo de la inflación proyectada para 2021”, alertó el legislador.

A su vez, consideró que “es inequitativo porque solo representa el 20% del total que va a destinar el Gobierno al subsidio del transporte en todo el país, dejando el 80% restante para el AMBA”. Recordó que en presupuestos de años anteriores la distribución era del 70% para el AMBA y el 30% para el interior, y pidió volver a esa proporción.

El jefe del bloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, advirtió que el Presupuesto “no protege a usuarios de servicios públicos”, aunque adelantó su acompañamiento en la votación.

Presente en el recinto, el mendocino criticó que “no se toma en cuenta el grave problema que existe con el congelamiento de la adecuación de los servicios públicos”.

No hay una asignación seria de los subsidios para las personas que tienen que asumir el pago de los servicios públicos del año que viene. No hay una previsión que tenga como objetivo la protección de los usuarios de servicios públicos”, lamentó.

Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá (PO) y Nicolás Del Caño (PTS) denunciaron que el Presupuesto fue “pactado con el FMI” y anunciaron su rechazo al proyecto.

“El apuro del Gobierno por aprobar este Presupuesto responde a un requisito del FMI para continuar con la renegociación de la deuda externa. Este Presupuesto proyecta un ajuste en educación, salud, jubilaciones y salarios, y mayores impuestos a los trabajadores para la enarbolada reducción del déficit fiscal y mayor endeudamiento para financiarlo, ya que la emisión monetaria nos ha lleva al borde de la hiperinflación”, sostuvo Del Plá.

La diputada insistió en que “no es un Presupuesto para que Argentina crezca, ni para terminar con los problemas sociales, sino un Presupuesto de ajuste contra el pueblo trabajador que el Frente de Izquierda rechaza de plano sobre la base de defender un plan económico y social antagónico”.

Del Caño aportó que “si comparamos el Presupuesto 2021 contra el de 2020, tenemos un ajuste del 9,5% en los gastos primarios”, y mencionó que el área de salud “pierde el 10% del presupuesto en medio de la pandemia”, y a la vez “el gasto social sufre un tijeretazo enorme: 36% de recorte en la Tarjeta Alimentar y 7% en la Asignación Universal por Hijo, cuando la pobreza no para de crecer”.

Puntos centrales

  • El proyecto del Poder Ejecutivo prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.
  • También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.
  • El financiamiento del déficit provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central (emisión monetaria).
  • La inversión en infraestructura se duplicará, pasando del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021, lo que significa 835.000 millones de pesos.
  • Se destinarán 94.748 millones de pesos al financiamiento de la producción, a través de diferentes herramientas.
  • Se incrementará en un 49% la inversión real en salud pública, llegando a 199.000 millones de pesos (0,5% del PBI).
  • Se destinarán 115.000 millones de pesos a la asistencia alimentaria y 113.000 millones al plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales.
  • Aumentará en un 11% la inversión en educación y conectividad respecto a 2019, llegando a 483.000 millones de pesos (1,3% del PBI).
  • Se destinarán 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros del AMBA y 20.500 millones para las provincias del interior.
  • Por primera vez el Presupuesto tiene perspectiva de género. La inversión proyectada para las áreas de género y diversidad es de 6.205 millones de pesos.
  • Por un cambio introducido en la comisión, las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras serán mensuales y automáticas.
  • Se modifica el impuesto a las apuestas y juegos de azar aumentando la alícuota del 2% al 5%, con atenuantes para sujetos con inversiones genuinas y agravantes para aquellos radicados en paraísos fiscales.
  • Se crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia de Misiones.
  • Se establece un régimen especial de regularización de deudas de distribuidoras de energía eléctrica con CAMMESA.

Heller sobre el Presupuesto: “No se puede hacer proyecciones más entusiastas”

El diputado sostuvo que “los escenarios macroeconómicos son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sostuvo este miércoles que “no se puede hacer proyecciones más entusiastas” que las planteadas en el Presupuesto 2021, “que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”.

Así se expresó el diputado del Frente de Todos al abrir el debate en la Cámara baja, donde señaló que “los escenarios macroeconómicos” proyectados en el proyecto “son compatibles con una economía que se recupera gradualmente del impacto generado por la pandemia”.

“Hemos trabajado intensamente en la Comisión de Presupuesto y hemos incorporado diversos cambios al proyecto original”, dijo, aunque reconoció que “seguramente no estarán satisfechas todas las expectativas”.

Heller enfatizó: “Viniendo de la situación de la que venimos, y con la incertidumbre que aún tenemos respecto de cuánto durará la pandemia y cuánto influirá el año que viene, no se puede hacer proyecciones más entusiastas que las que estamos planteando, que son moderadas, prudentes, serias y cumplibles”.

El legislador afirmó que el Presupuesto apunta a lograr “una sociedad más justa y equilibrada donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento vayan de la mano”.

Tras hacer un pormenorizado repaso de los indicadores económicos que dejó la gestión anterior, Heller advirtió que la pandemia “está provocando la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1930” y a raíz de esta situación “el Gobierno tuvo que asumir una cantidad de políticas que no estaban pensadas”, como el Ingreso Familiar de Emergencia y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.

Luego parafraseó al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien “dijo que había que ver al Presupuesto como un ancla del esquema macroeconómico de transición” y que “si la pandemia continúa habrá que hacer revisiones”.

“No se pueden hacer proyecciones absolutas pero existirá una capacidad para reaccionar”, aseguró Heller, citando a Guzmán, y agregó que “se plantea transitar un sendero de sostenibilidad consistente con la recuperación económica”.

Respecto de la política de financiamiento, indicó que habrá “una reducción gradual de necesidades de financiamiento monetario del Banco Central y mayor participación de crédito público en moneda local”.

El titular de la comisión explicó que los “objetivos centrales” de este Presupuesto son “consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la sociedad; impulsar una recuperación económica robusta en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social; y comenzar a construir un camino de desarrollo sustentable sobre la base de una estructura productiva que asegure una generación sostenida de empleo y contribuya al bienestar social de los habitantes”.

Señaló que el proyecto “se apoya en seis pilares: la reactivación productiva; la generación de empleo; el apuntalamiento de las capacidades de innovación; el fortalecimiento de la educación y la salud; y políticas de género y diversidad”.

Al profundizar en cada uno de esos ejes, el oficialista destacó que “la infraestructura volverá a ser un motor de la economía” ya que se duplicará la inversión respecto de 2019, llegando en 2021 a 835.000 millones de pesos, el equivalente al 2,2% del PBI.

También resaltó “el fortalecimiento de la salud pública a partir de plan de inversiones integral que incluirá el financiamiento de la vacuna contra el Covid-19”, y agregó que en esta área se prevé incrementar en un 49% la inversión real, llegando a 199.000 millones de pesos.

Heller mencionó además el “salto de valor en políticas de inclusión gracias a una consolidación de las transferencias hacia los sectores más vulnerables y la construcción de caminos hacia el mercado de trabajo”. “Recuperar la movilidad social ascendente es un mandato de este gobierno”, sintetizó, y habló de una inversión de 270.000 millones de pesos.

Por último, dijo que la perspectiva de género que por primera vez tiene el Presupuesto “permite visibilizar el esfuerzo que realiza el Gobierno para cerrar las brechas de desigualdad”, con una inversión planificada en 6.205 millones de pesos.

En doble sesión, el Senado tratará los proyectos sobre el FGS, vacunas contra el Covid y etiquetado de alimentos

La Cámara alta sesionará jueves y viernes para aprobar proyectos consensuados. Los temarios fueron acordados en Labor Parlamentaria. Homenajearán a Néstor Kirchner.

El Senado sesionará esta semana por partida doble, jueves y viernes, para aprobar los proyectos de protección de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), adquisición de vacunas contra el Covid-19, etiquetado frontal de alimentos y prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles.

Los temarios fueron acordados este martes en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, de la que participaron José Mayans, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

La sesión del jueves, convocada para las 14, iniciará con un homenaje a diez años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y a continuación se aprobarán numerosos pliegos de diplomáticos que tienen acuerdo.

También se votarán las nominaciones de Roberto Carlés y José Carlos Ramos como embajadores en Roma y Paraguay, respectivamente.

Luego el Senado se abocará al debate del proyecto que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el Covid-19.

La iniciativa establece condiciones en los futuros contratos a firmar con la industria farmacéutica, habilitando cláusulas de indemnidad, prórroga de jurisdicción o confidencialidad.

Por otra parte, se votará el proyecto que establece la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos con exceso de sodio, azúcares o grasas, con el objetivo de promover una alimentación saludable.

Por último, se aprobará la transferencia de distintos inmuebles ubicados en las provincias de Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Misiones.

Para la sesión del viernes -también citada para las 14- se acordó que el Senado trate la prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.093 de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles, que vence en mayo del 2021.

Asimismo, se discutirá el proyecto que busca proteger los activos del FGS, estableciendo que el programa de Reparación Histórica podrá financiarse con recursos propios de la ANSES y del Tesoro.

Paralelamente, con la sanción de la ley, las provincias podrán rediscutir las deudas que mantienen con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

Con más de un centenar de diputados presentes, el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2021

Por primera vez desde el inicio de la pandemia se realizará una sesión con mayoría de diputados en forma presencial. El oficialismo cuenta con los votos para avalar el proyecto. Juntos por el Cambio se abstendría.

En una sesión con mayoría de diputados presentes en el recinto, el oficialismo buscará aprobar este miércoles el proyecto de ley de Presupuesto 2021, que prevé un crecimiento del 5,5%, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.

La sesión está convocada para las 12 y este martes se trabajó en acondicionar el recinto para poder respetar el distanciamiento social entre los diputados, que ocuparán no solo las bancas, sino también las tres bandejas superiores.

Además, las pantallas gigantes instaladas en el recinto fueron corridas unos metros hacia atrás, liberando así una nueva hilera de bancas que quedaron a disposición.

Según fuentes consultadas, participarían de forma presencial alrededor de 120 diputados de todos los bloques, aunque hasta este martes por la noche el listado oficial no estaba cerrado.

Los detalles de la sesión se definirán a las 10 en una reunión de Labor Parlamentaria y se espera un debate extenso, hasta pasada la medianoche, como ocurre todos los años con la “ley de leyes”.

El Frente de Todos cuenta con los votos para aprobar el Presupuesto -el primero de la gestión de Alberto Fernández- y girarlo al Senado, que lo sancionaría a mediados de noviembre.

Con el acompañamiento del Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, sumados a la neuquina Alma Sapag, el bloque presidido por Máximo Kirchner llegaría a un piso de 137 votos para cumplir su objetivo.

En tanto, Juntos por el Cambio define por estas horas si logra unificar una postura, ya que la intención mayoritaria es la abstención pero hay un sector que se inclina por el rechazo.

Puntos centrales

  • El proyecto del Poder Ejecutivo prevé para el año próximo un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar a 102,4 pesos.
  • También proyecta un crecimiento del consumo privado del 5,5%, y del 2% del consumo público; un incremento del 10,2% en las exportaciones y del 16,3% en las importaciones.
  • El financiamiento del déficit provendrá en un 40% de la deuda pública, y en un 60% del Banco Central (emisión monetaria).
  • La inversión en infraestructura se duplicará, pasando del 1,1% en 2019 al 2,2% en 2021, lo que significa 835.000 millones de pesos.
  • Se destinarán 94.748 millones de pesos al financiamiento de la producción, a través de diferentes herramientas.
  • Se incrementará en un 49% la inversión real en salud pública, llegando a 199.000 millones de pesos (0,5% del PBI).
  • Se destinarán 115.000 millones de pesos a la asistencia alimentaria y 113.000 millones al plan Potenciar trabajo, donde se unificaron todos los planes sociales.
  • Aumentará en un 11% la inversión en educación y conectividad respecto a 2019, llegando a 483.000 millones de pesos (1,3% del PBI).
  • Se destinarán 65.000 millones de pesos en subsidios al transporte automotor de pasajeros del AMBA y 20.500 millones para las provincias del interior.
  • Por primera vez el Presupuesto tiene perspectiva de género. La inversión proyectada para las áreas de género y diversidad es de 6.205 millones de pesos.
  • Por un cambio introducido en la comisión, las transferencias del Fondo Especial del Tabaco a las provincias productoras serán mensuales y automáticas.
  • Se modifica el impuesto a las apuestas y juegos de azar aumentando la alícuota del 2% al 5%, con atenuantes para sujetos con inversiones genuinas y agravantes para aquellos radicados en paraísos fiscales.
  • Se crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia de Misiones.
  • Se establece un régimen especial de regularización de deudas de distribuidoras de energía eléctrica con CAMMESA.  

Avanzan las negociaciones en Diputados para el tratamiento presencial de las leyes económicas

El Presupuesto volverá a ser discutido el próximo martes, pero podría retrasarse el dictamen por pedidos de la oposición y el propio oficialismo. Los bloques deben informar a Sergio Massa cuántos presentes habrá en la sesión, que se haría en el recinto.

Por Carolina Ramos

Mientras el bloque oficialista analiza con el Poder Ejecutivo si acepta cambios pedidos en el proyecto Presupuesto 2021, avanzan las tratativas en la Cámara de Diputados para ultimar detalles de la próxima sesión y se encamina el acuerdo para renovar por última vez el Protocolo de Funcionamiento Remoto, que caduca el miércoles próximo.

En los despachos de los jefes de bloque ya circula un modelo de acta para revalidar el protocolo hasta el 30 de noviembre -día en que termina el período ordinario-, en los mismos términos que la última renovación, es decir, con la posibilidad de sesionar con mayoría presencial a pedido de los bloques, tomando los recaudos sanitarios necesarios.

Con la intención de marcar la cancha, Juntos por el Cambio presentó una nota a fines de septiembre solicitando formalmente al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que tanto el Presupuesto como el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -los dos temas que generan mayor discusión- se traten en modo presencial.

Lo cierto es que la posibilidad de sesionar en otro sitio que no sea el recinto es cada vez más lejana: si bien los bloques todavía no informaron a Massa cuántos diputados asistirán, fuentes consultadas aseguraron que con el acondicionamiento de las bandejas superiores bastaría para realizar la sesión en su ámbito natural.

En Juntos por el Cambio, la bancada más numerosa, estiman que concurrirán “no más de 90 diputados”; la última versión del protocolo permite a aquellos diputados que integran grupos de riesgo a participar de modo remoto, así como a aquellos que lo soliciten expresamente por razones fundadas.

La incógnita que se abrió estas horas es si el Frente de Todos terminará demorando la votación del Presupuesto: si bien la comisión presidida por Carlos Heller volverá a reunirse el martes a las 11 para retomar el debate, fuentes consultadas aseguran que el dictamen podría demorarse unos días más por el volumen de los cambios que se analizan.

Uno de los puntos que despiertan más inquietud es la distribución de subsidios al transporte, que según el proyecto será de 65.000 millones de pesos para el AMBA y 13.5000 millones para el interior, que este año, gracias a la ampliación presupuestaria sancionada a mediados de agosto, recibió 17.000 millones.

“Este es el talón de Aquiles del Presupuesto”, definió un diputado de la oposición, al señalar que los propios oficialistas hicieron este reclamo, que Heller se comprometió a analizar con el Ejecutivo. “Hay muchas dudas. Estamos a tiempo, no habría razón para apurar el dictamen”, consideró la fuente consultada.

En tanto, el aporte solidario de las grandes riquezas ya está en condiciones de ser tratado porque recibió dictamen favorable el 25 de septiembre, pero en este caso la principal preocupación del Frente de Todos es asegurarse los 129 votos necesarios para la aprobación en el recinto, por tratarse de la creación de un impuesto.

El último tema de la agenda económica es la prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en guaridas fiscales, un proyecto que fue dictaminado el último lunes tras volver a comisión, sin el apoyo de Juntos por el Cambio, que rechazó las modificaciones introducidas.

Con este escenario, el bloque encabezado por Máximo Kirchner deberá definir si finalmente unificará el debate del Presupuesto con los otros dos temas -tal como preveían en el plan original- o si desdobla el debate en función de las negociaciones, lo que tendería a descomprimir los tiempos de una posible sesión “extralarge”.

Avanza un proyecto sobre la acción de reducción en donaciones a herederos forzosos

Se trata de modificaciones al Código Civil y Comercial que apuntan a beneficiar al mercado inmobiliario.

Por unanimidad, el Senado aprobó este jueves una serie de modificaciones del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre acción de reducción en donaciones a herederos forzosos.

El miembro informante del dictamen fue Humberto Schiavoni (Pro), quien destacó que la medida “dará certidumbre a los beneficiarios” y que “era un reclamo de larga data de quienes participan del mercado inmobiliario”.

Los senadores coincidieron en que la medida permitirá incorporar al mercado inmobiliario muchas propiedades que a día de hoy poseen lo que se conoce como “títulos imperfectos”.

El proyecto reemplaza el texto actual del artículo 2386 del Código Civil y Comercial por el siguiente: “Donaciones inoficiosas. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero”.

Ante el supuesto de la donación que exceda la porción disponible más la porción legítima del donatario, corresponderá la acción de colación y no la acción de reducción.  Asimismo, se establece que la compensación deberá ser en dinero.

También se modifica el artículo 2457 del Código y se le añade que la reducción determinada por la vía judicial no afectará la validez de los derechos reales sobre los bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso.

Se modifica además el artículo 2458 y se reconoce para la llamada acción reipersecutoria la excepción de que, salvo lo dispuesto en artículo anterior, el heredero legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables.

Se reemplaza el texto del artículo 2459 por el siguiente: “Prescripción adquisitiva. En cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901. No obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación”.

De este modo, se añade a la norma que el conocimiento de existencia de la donación por parte del tercero poseedor de buena fe del bien donado no quita la presunción de la buena fe que tiene en su favor.

El Senado aprobó con modificaciones la emergencia de concursos preventivos y quiebras

El oficialismo en la Cámara alta avanzó con cambios en el proyecto, que de esta manera vuelve a Diputados. La votación resultó con 41 votos afirmativos y 29 negativos. Qué prevé la iniciativa.

El oficialismo en el Senado aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia en los procesos de concursos preventivos y quiebras, estableciendo que solo alcanzará a las empresas que llegaron a esa situación producto de la pandemia.

La iniciativa fue la única de la sesión de este jueves que terminó en una votación dividida: recibió 41 votos a favor -del Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana- y 29 votos en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.

El proyecto había sido aprobado en Diputados el pasado 31 de julio, pero en el Senado el oficialismo demoró su tratamiento para analizar los alcances de la norma, y establecer que el beneficio no abarque a empresas cuyas presentaciones de quiebra hayan sido anteriores a la pandemia.

Las modificaciones refieren, entonces, a ampliar la emergencia hasta el 30 de junio de 2021 -el texto original estipulaba el 31 de marzo-; aclarar que serán beneficiarios quienes se declararon en quiebra a partir del comienzo de la emergencia sanitaria; y exceptuar a quienes cometan ciertas operaciones financieras en el exterior.

La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón, indicó que las modificaciones fueron pedidas por muchos acreedores de las empresas que ya se encuentran concursadas o con pedidos de quiebra -entre ellos muchos pertenecientes al Estado nacional-, y también por Eduardo Hecker, titular del Banco Nación.

“De ninguna manera se modifica lo sustancial: que las empresas se recompongan, que tengan continuidad y que puedan realizar acuerdos con sus acreedores”, sostuvo Almirón, y afirmó que “muchas de las empresas venían de crisis económicas con anterioridad, pero lo que busca la norma es morigerar los efectos de la pandemia”.

Desde Juntos por el Cambio, la radical Silvia Elías de Pérez expresó un enfático rechazo: “Debemos apoyar la media sanción que viene de Diputados. No más dilaciones, no más vueltas. Estamos llegando tarde, es urgente que esto se transforme en ley”.

La tucumana dijo que su interbloque “no está de acuerdo para nada con los cambios” porque “hay muchos concursos que empezaron antes de la cuarentena, y lo que queremos es que esas empresas no cierren, que puedan cumplir”. “No hay una lógica que diga por qué quieren excluir a estas empresas”, se quejó.

A su vez, Esteban Bullrich (Pro) opinó que “no hay ninguna racionalidad en esta decisión de modificar y limitar el alcance del proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en Diputados”.

El legislador puso como ejemplo que “una empresa que el 19 de marzo acordó su concurso, ya con la pandemia declarada y algún atisbo de la cuarentena, está excluida de este proyecto”, y del mismo modo, “una empresa que el 11 de diciembre cerró una serie de pagos pensando que la actividad iba a ser normal, también la agarró la pandemia”.

El oficialista Oscar Parrilli denunció que la oposición, al reclamar la sanción de la ley tal como vino de Diputados, “en realidad lo que están diciendo es que hay que suspender la seguridad jurídica y no aplicar la Ley de Concursos y Quiebras porque gobernó el macrismo” y “no hay empresa que haya podido aguantar” en ese período. “Si las políticas que aplicaron desde 2016 generaron esta situación, ¿por qué insisten?”, se preguntó.

Hacia el final del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sentenció que la nueva redacción “es una herramienta que poco sirve desde marzo en adelante, por la feria judicial”.

“No sirve al mundo que queremos proteger. Las pymes significan en Argentina 11 millones de puestos de trabajo. ¿Qué culpa tienen las pymes de los errores económicos? En política se pagan; nosotros los pagamos y ahora somos oposición. Pero, ¿qué tienen que ver las pymes?”, cuestionó Naidenoff, presente esta vez en el recinto.

Por el contrario, José Mayans, titular de la bancada oficialista, recordó que “en 2019 el 61% de las empresas entraron a concurso preventivo, y eso fue consecuencia del desastroso programa económico que teníamos. Era un show de concursos. Y ahora dicen que están preocupados por las empresas que ellos mismos fundieron”.

Detalles del proyecto

Según la nueva redacción del artículo primero, se declara “hasta el 30 de junio de 2021” la emergencia “de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, cuya formulación se hubiese solicitado o peticionado a partir de que el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia sanitaria por medio del decreto 297/20, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien” desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.

Quedarán exceptuados “los sujetos que entre el período de sospecha que fija el artículo 16 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras y hasta dos años siguientes de la entrada en vigencia de la ley realicen” una serie de operaciones, como “giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento, o por cualquier otro motivo, mediante las cuales los beneficiarios sean sus propios accionistas, socios, integrantes o entidades (empresas, fideicomiso o similar) vinculadas directa o indirectamente y dichos fondos no hayan sido repatriados”.

También quienes realicen “erogaciones a países categorizados como no operantes o de nula o baja tributación” de acuerdo a lo descripto en la Ley de Impuesto a las Ganancias; “adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero”; y “constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período”.

La iniciativa indica que durante el plazo que dure la emergencia se suspenderá el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley 24.522, en lo dispuesto al denominado “período de exclusividad” previsto en el artículo 43 de esa norma.

Se establece, además, que “en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma”.

En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.

También se suspenden “los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia”.

Y se contempla la suspensión de “la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean”, al tiempo que se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.

Aprueban un proyecto para que las empresas de telefonía móvil informen a los usuarios sobre la cobertura

Las prestadoras deberán otorgar precisiones en los contratos sobre el alcance de la cobertura, con el fin de facilitar la decisión de los habitantes de localidades del interior, donde en muchos casos no llega la conectividad.

El Senado dio media sanción por unanimidad a una iniciativa que busca mejorar la información para los usuarios de telefonía móvil, ordenando a las empresas prestadoras que precisen con detalles el alcance de la cobertura, a fin de que los habitantes de localidades del interior del país puedan decidir sobre la contratación.

El proyecto, impulsado por el senador pampeano Juan Carlos Marino (UCR), incorpora el artículo 55 bis a la Ley 27.078 -Argentina Digital-, que indica que “en los contratos de prestación, los licenciatarios del servicio de telefonía móvil deberán detallar todas las localidades en que presten el servicio y el alcance de la cobertura en cada una de ellas”.

Asimismo, dispone que “en relación al servicio de acceso a internet, deben informar la velocidad de bajada y subida, latencia, fluctuaciones y estabilidad de la línea en cada área”.

Cabe aclarar que la publicación de esta información en las páginas web oficiales no reemplazará lo dispuesto por este nuevo artículo.

Marino precisó que “según el INDEC 84 de cada 100 argentinos utilizan este servicio, y en épocas de pandemia presuponemos que se ha ampliado”.

“En muchos hogares la telefonía móvil es la única vía para poder tener acceso a Internet, y en muchos casos el servicio es precario”, lamentó, y a esto sumó que la información “brilla por su ausencia” en los sitios web de las compañías.

El senador explicó que se busca “traer tranquilidad a las personas que van a comprar teléfonos móviles”, sobre todo aquellas que residen en el interior del país, que corren el riesgo de no poder utilizarlos porque la conectividad no llega a sus localidades.

El salteño Juan Carlos Romero acompañó la iniciativa, pero advirtió que “con este proyecto valioso no terminamos con el problema generado por la falta de inversión, control y la presión de estas empresas que tanto alejan a los argentinos de vivir comunicados como debería ser”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, adelantó que se está trabajando en una propuesta para mejorar la conectividad en todo el país, y destacó que “el derecho a información es un derecho fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de usuarios”.

“La telefonía móvil, es, para muchos, la única herramienta posible para acceder a un aula virtual”, ejemplificó, y reconoció que “la conectividad no está a la altura de las circunstancias y de lo que demanda este extenso territorio”.

La Cámara alta avaló un proyecto sobre cuidados paliativos a enfermos con riesgo de muerte

La iniciativa, que ahora fue girada a Diputados, hace operativo el derecho a los cuidados paliativos de las personas con enfermedades que amenazan o limitan la vida.

Un proyecto de ley que busca garantizar el acceso a los cuidados paliativos de personas que padecen enfermedades con riesgo de muerte fue aprobado este jueves en el Senado por unanimidad y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca “asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias”.

El presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, aclaró que “el derecho a los cuidados paliativos ya está establecido en la Ley de Derechos del Paciente”, pero con este nuevo proyecto ese derecho se hace “operativo”.

La iniciativa comprende “aquellas prestaciones integrales y continuas que se brindan a las personas que en cualquier franja etaria y con diferentes patologías puedan estar atravesando una enfermedad amenazante o limitante para la vida”, puntualizó Fiad.

El senador especificó que se trata de los casos donde “desde el punto de vista de los tratamientos no se puede hacer nada para mejorar la salud del paciente, pero sí se puede hacer mucho para mejorar su calidad de vida”.

Detalles de la iniciativa

El proyecto define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En ese marco, la iniciativa tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El proyecto ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque Fiad aclaró que estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, el proyecto crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Por último, se indica que la ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, y se invita a adherir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A raíz de la pandemia, el Senado aprobó la regulación de la “telesalud”

La consulta médica podrá hacerse por medios tecnológicos de manera diferida o en tiempo real. Detalles del proyecto que ahora fue girado a la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó este jueves un proyecto de ley consensuado para regular los principios y alcances de la “telesalud”, una modalidad de prestación extendida con la pandemia que incorpora a la atención médica el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

Para la redacción final, se unificaron proyectos de los senadores radicales Mario Fiad -presidente de la Comisión de Salud- y Julio Cobos, y de los oficialistas Antonio Rodas y Cristina López Valverde.

“Este proyecto viene a traer certezas y definiciones a un tema de enorme complejidad. Estamos ante el desarrollo de la salud digital, donde las TICs nos ofrecen la posibilidad de prestación de los servicios”, sostuvo Fiad, y agregó que la telesalud “surgió como una posibilidad en aquellos lugares donde la distancia o las posibilidades de acceso son factores críticos” para la atención.

El radical aclaró que la telesalud “no viene a suplantar nada”, sino que “es una herramienta complementaria”, ya que “la esencia del acto médico está dada por el encuentro entre el médico y el paciente”.

En el mismo sentido, Cobos reiteró que “no venimos a reemplazar la atención presencial, pero sí a complementarla”, y advirtió que el aislamiento social “generó muchos trastornos y consultas retrasadas” que no pudieron realizarse por el avance del Covid.

“Es bueno que demos este avance, no solo para esta situación de emergencia, sino para que quede regulado para la posteridad”, destacó el mendocino.

Como funcionará la telesalud

El texto define a la telesalud como “la provisión de servicios de salud utilizando Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones con el objetivo de ofrecer información para diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, investigación y evaluación, y educación continua de los profesionales de la salud”.

La telesalud engloba a su vez las modalidades de telemedicina, telegestión, teleducación y teleinvestigación.

El proyecto aprobado aclara que la telemedicina y la telegestión “son modalidades que complementan a la asistencia presencial sin perjuicio de que, a criterio profesional, pueda agotarse en un solo acto”.

Se aclara que todo acto bajo estas modalidades debe ser registrado en la historia clínica del paciente, y tendrá la misma validez legal que cualquier acto de modalidad presencial.

Además, los pacientes deberán prestar su consentimiento informado sobre este tipo de atención, “debiendo ser informados además sobre los alcances, riesgos, limitaciones y beneficios de esta modalidad”.

La telegestión podrá ejercerse a través de una consulta asincrónica -consulta virtual realizada a un profesional de manera diferida– o sincrónica -realizada en tiempo real por medio de las TICs-, y también se autoriza a los médicos a efectuar el monitoreo remoto de los pacientes.

El proyecto establece los principios de universalidad; accesibilidad; seguridad de la información y protección de datos; eficiencia; descentralización en la utilización de recursos sanitarios; confidencialidad en la relación médico-paciente y en el intercambio de información; y equidad.

La autoridad de aplicación de la ley, a definir por el Poder Ejecutivo, tendrá entre otras funciones las de acreditar, registrar, evaluar y habilitar por sí o a través de terceros a los profesionales y técnicos que ejerzan actos de telesalud; y registrar y monitorear los medios informáticos o plataformas donde se ofrezcan estos servicios.

De resultar sancionada, la ley deberá ser reglamentada dentro de los 180 días posteriores a su promulgación, y la autoridad de aplicación deberá fijar un cronograma para su implementación.

Aprueban proyecto para impedir que bomberos voluntarios sufran cortes de servicios

La iniciativa es de Sergio “Oso” Leavy y apunta a garantizar los servicios de luz, agua, gas, telefonía, Internet y TV por cable en los cuarteles de bomberos cuando haya situaciones de catástrofes.

El Senado aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos-Salta) que busca que los bomberos voluntarios no padezcan cortes de servicios esenciales cuando haya situaciones de catástrofes, epidemias o pandemias.

La iniciativa incorpora a la Ley de Bomberos Voluntarios 25.054 el artículo 15 bis para eximir a estos entes “de la suspensión o el corte por parte de las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, durante el período en que se declaren situaciones de catástrofes, epidemias y/o pandemias”.

Asimismo, se establece que “las empresas procederán a la inmediata reconexión o restitución de los servicios en caso de encontrarse suspendidos”, y se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley.

Leavy presentó el proyecto a raíz del caso de los bomberos voluntarios de la localidad bonaerense de Bernal (Quilmes), quienes a mediados de abril denunciaron que la empresa Telefónica S.A. cortó sin previo aviso el servicio de las cuatro líneas que poseen en el cuartel central, debido a la falta de pago de facturas.

Al defender el proyecto, el senador advirtió que los cortes se produjeron a pesar de que el Poder Ejecutivo había dictado los decretos 297 y 311/20, donde “se decretó al servicio nacional de bomberos voluntarios como personal esencial” y se prohibió la suspensión  de los servicios.

 “Los bomberos voluntarios están haciendo un gran trabajo en la pandemia, están en la primera línea de combate, y más que nada en este momento de catástrofe por los incendios forestales en toda la Argentina”, destacó el salteño, y precisó que en el país hay 43.000 bomberos voluntarios, de los cuales 36.000 son varones y 7.000, mujeres.

Desde Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado comentó que durante los incendios forestales en Córdoba, “la comunicación de los bomberos ha sido por vía satelital” debido a los cortes, por lo cual “se hace imprescindible contar con este servicio”.

Avanza un proyecto para declarar lugar histórico a la Gruta de la Virgen del Valle

El predio está ubicado en la provincia de Catamarca y el proyecto fue impulsado por una senadora de esa provincia, Inés Blas.

Al inicio de la sesión de este jueves, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de Inés Blas (Frente de Todos) que declara “lugar histórico nacional” a la gruta donde fue encontrada la imagen de la Santísima Virgen del Valle, propiedad del Obispado de Catamarca, en la capital provincial.

Blas, titular de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, explicó que se trata de un predio ubicado a unos siete kilómetros de la Basílica de San Fernando del Valle de Catamarca.

La legisladora recordó que la iniciativa fue presentada en varias oportunidades e incluso recibió media sanción en 2014, pero perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

Explicó que el sitio “encuentra su origen en el año 1620, momento en que un aborigen movido por la curiosidad sirvió a un grupo de niñas que escalaban la montaña, y allí el indígena descubrió que las niñas veneraban una imagen oculta bajo las piedras”, que resultó ser la Virgen.

“Cuando esa imagen fue retirada de la montaña y trasladada hacia la población, desaparecía de manera constante porque volvía al lugar original”, rememoró Blas.

La oficialista señaló que “actualmente ese lugar está protegido por un templete y existe un altar sencillo en piedra que los catamarqueños visitan para venerar esta imagen”, y además  durante las festividades de la Virgen en abril y diciembre “miles de peregrinos” asisten a la ceremonia.

“La gruta forma parte del patrimonio de nuestro pueblo, y además de su valor histórico representa una parte importante de la identidad de nuestra provincia”, destacó la autora del proyecto.

El senador Dalmacio Mera también se refirió a la importancia de la festividad de la Virgen para la provincia y celebró la aprobación del proyecto, “tanto de los que practican la fe católica como los que no la practican”, lo que consideró “un signo de madurez”.

El Senado trata proyectos sobre salud y la emergencia en el proceso de concursos y quiebras

Desde las 14.20, la Cámara alta realiza su primera sesión ordinaria del año. Se debatirán iniciativas sobre telesalud, cuidados paliativos, beneficios para bomberos voluntarios, telefonía móvil y acuerdos internacionales.

El Senado realiza desde las 14.20 su primera sesión ordinaria del año con temas consensuados, luego de que el oficialismo tendiera puentes con la oposición para reencauzar la relación y seguir funcionando en modo remoto por la pandemia del Covid-19.

El temario fue acordado este miércoles en Labor Parlamentaria e incluye proyectos vinculados al ámbito de la salud y a la pandemia, acuerdos internacionales y la declaración de la emergencia en el procedimiento de concursos y quiebras, entre las principales iniciativas.

En el caso de concursos y quiebras, se trata de un proyecto aprobado en Diputados a fines de julio, que en el Senado recibió modificaciones impulsadas por el oficialismo, por lo que volverá a la Cámara baja en segunda revisión.

Los cambios introducidos se refieren a ampliar la emergencia hasta el 30 de junio de 2021 -el texto original estipulaba el 31 de marzo-; aclarar que solo podrán ser beneficiarios quienes se declararon en quiebra a partir del comienzo de la emergencia sanitaria; y exceptuar a quienes cometan ciertas operaciones financieras en el exterior.

Por otra parte, el Senado debatirá un proyecto de Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos-Salta) que busca que los bomberos voluntarios no padezcan cortes de servicios esenciales cuando haya situaciones de catástrofes, epidemias o pandemias.

También se votará una propuesta consensuada para regular los principios y alcances de la “telesalud”, una modalidad extendida con la pandemia que incluye la telemedicina y la teleasistencia, y que con la ley tendrá la misma validez que la atención médica presencial.

Otro de los proyectos del temario vinculados a la salud ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos de personas que las padecen enfermedades con riesgo de muerte, a través de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.

Por otra parte, la Cámara alta debatirá a una iniciativa que busca mejorar la información para los usuarios de telefonía móvil, ordenando a los prestadores a precisar con detalles el alcance de la cobertura, a fin de que los habitantes de localidades del interior del país puedan decidir sobre la contratación del servicio según sus necesidades.

Se aprobarán a su vez una serie de modificaciones al Código Civil y Comercial sobre reducción de donaciones a herederos forzosos; y la declaración de Lugar Histórico Nacional a la gruta donde fue encontrada la Imagen de la Santísima Virgen del Valle, propiedad del Obispado de Catamarca.

En materia de acuerdos internacionales, se tratará la ratificación de un protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, adoptado en Londres, Reino Unido.

Asimismo, se aprobarán enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas por la Asamblea de Estados Partes en su 16° sesión en la ciudad de Nueva York el 14 de diciembre de 2017.

El Senado avaló tres proyectos sobre acuerdos internacionales

Hacia el final de la sesión de este jueves, el Senado aprobó tres proyectos vinculados a acuerdos internacionales. Uno de los proyectos establece modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, recordó que la Cuenca del Plata […]

Hacia el final de la sesión de este jueves, el Senado aprobó tres proyectos vinculados a acuerdos internacionales.

Uno de los proyectos establece modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, recordó que la Cuenca del Plata está conformada por cinco países: Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Esta entidad regional “desde su constitución, a fines de los ’60, tuvo el propósito de la integración y el mejor uso de los recursos”, explicó.

Sin embargo, señaló las dificultades para el funcionamiento del FONPLATA y dijo que por eso en 2010 se inició su reformulación “para transformarlo en un banco multilateral de desarrollo”, que de a poco fue recibiendo recursos.

“Crear fuentes financieras regionales, propias y al servicio de nuestros intereses es un objetivo importante”, destacó Taiana, presente en el recinto.

El segundo proyecto aprobado consiste en una corrección a la Convención Relativa a la Competencia, Ley aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

Taiana aclaró que se trata de “una pequeña modificación en la traducción al español de la redacción original de 1996”.

El senador recordó que “esta fue una de las últimas leyes que aprobó el Congreso en 2015” antes del cambio de gestión.

“Es una ley muy importante porque trata sobre casos que cada vez son más frecuentes, de niños hasta los 18 años donde la responsabilidad parental está bajo distinta legislación por encontrarse en distintos países”, indicó.

Por último, recibió aval el Acuerdo de Sede entre la Argentina y el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que establece que la sede se situará en Buenos Aires.

Aprueban en la Cámara alta un proyecto de equidad de género en los medios de comunicación

La iniciativa que ahora deberá tratar Diputados garantiza no solo la presencia de mujeres y disidencias en los medios, sino también su participación en los directorios.

Por unanimidad, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves un proyecto de Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, que establece la equidad de género en los medios de comunicación públicos desde una perspectiva de diversidad sexual.

Durango explicó que el sentido de este proyecto es “erradicar los estereotipos machistas y patriarcales” y destacó que “fue fundamental el aporte del colectivo de periodistas argentinas”, así como el trabajo de asesores legislativos, quienes hicieron que la iniciativa “fuera cambiando en su forma, pero no en su esencia”.

“Necesitamos más mujeres contando lo que pasa y lo que nos pasa, escribiendo la información, decidiendo contenidos y determinando prioridades y maneras de decir, qué decir y cómo decirlo. No queremos que los hombres hablen por nosotras. Queremos tener voz”, resumió Durango.

Puntualizó que el proyecto busca “no solo el ascenso y la permanencia (de mujeres y disidencias) en sus puestos de trabajo, sino también su presencia en las políticas de los medios de comunicación”, por lo que se pide integrar “a todas las identidades de género en los directorios y espacios de toma de decisiones”.

La senadora agregó que se intenta “que los medios se sumen a la lucha contra la violencia de género”, generando “acciones para prevenir la violencia simbólica y mediática en la producción y difusión de mensajes, con perspectiva de género, diversidad sexual e interculturalidad”.

Informó que según un estudio que abarcó más de 500 empresas periodísticas en 59 países, hay una “presencia mayoritaria de hombres” en los medios. “Vaya novedad”, comentó.

Durango también citó otro estudio realizado sobre cinco diarios, dos canales de televisión y una radio, que concluyó que de un total de 2.000 trabajadores, 1.393 son hombres y 624 mujeres, es decir, el 69% contra el 31%.

Ese mismo relevamiento detectó que “las mujeres solo alcanzan el 15,4% de la representación entre accionistas y solo el 21% en los altos puestos de gestión y edición”, advirtió la titular de la Banca de la Mujer.

Norma Durango fue la miembro informante del proyecto

Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, coincidió en que el proyecto fue fruto de una “construcción colectiva” y recordó que si bien originalmente hablaba de “paridad”, ese concepto “tiene que ver con una concepción binaria” y por eso se lo cambió por el de “equidad”, que consideró “mucho más inclusivo”.

Por otra parte, afirmó que este gobierno “predica con el ejemplo” al haber colocado a mujeres en puestos de dirección de los medios públicos, y mencionó a Rosario Lufrano al frente de RTA (Radio y Televisión Argentina), Bernarda Llorente en Télam, Andrea Merenzon en Radio Nacional Clásica, Mikki Lusardi en Nacional Rock y Mavi Díaz en Nacional Folklórica.

En tanto, Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) señaló que “no es que falten mujeres, y este cuello de botella no ocurre porque no seamos idóneas: hay que torcer un poco la cancha, una cancha que viene torcida ya hace muchísimos años”.

También apoyó la propuesta la radical Silvia Giacoppo: “Este es un proyecto que avanza sobre terminar con la discriminación, terminar con la desigualdad y promover la equidad de género. Es un gran avance. Deberíamos tener el mismo criterio para todos los ámbitos del Estado”.

En qué consiste el proyecto

El objetivo del proyecto aprobado es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.

¿Cuál es su alcance? Todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro, en los términos que establece la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los servicios estatales son aquellos bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E., y estarán obligados a cumplir con lo que dispone la ley, mientras que los medios de gestión privada solo deberán cumplir con el régimen de promoción que deberá crear la autoridad de aplicación.

Se considera “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual” a “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.

La equidad deberá aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluyendo los cargos de conducción y/o de toma de decisiones.

Otro aspecto destacado es que debe garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal dará lugar a las sanciones de llamado de atención y apercibimiento.

Entre las múltiples funciones de la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo, hay dos novedosas: la de promover políticas de cuidado, e impulsar el uso del lenguaje inclusivo en la producción y difusión de contenidos.

Los medios públicos deberán adecuar sus normas estatutarias y procedimientos de selección de personal a las disposiciones de la ley, y hasta tanto se garantice la equidad en la representación de los géneros, los puestos de trabajo deberán ser cubiertos de manera progresiva atendiendo a las vacantes que se produzcan.

Media sanción a la “Ley Yolanda”, de capacitación obligatoria en materia ambiental

El proyecto fue aprobado este jueves en el Senado. El nombre es en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente de Argentina y América Latina.

El Senado dio media sanción este jueves, por unanimidad, al proyecto de “ley Yolanda”, que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, de manera similar a la “ley Micaela” sobre violencia de género.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados, recibe el nombre de Yolanda Ortiz en homenaje a quien fue la primera mujer en Argentina y en América Latina en ocupar un cargo relacionado con la temática.

Ortiz, quien falleció el año pasado, asumió como secretaria de Ambiente en 1973, en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. “Es muy valioso darle un reconocimiento a su lucha”, expresó Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), autora de uno de los proyectos consensuados.

El proyecto prevé la “capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

Catalfamo mencionó hechos como “la industrialización, la deforestación, la agricultura a gran escala, situaciones que no están alejadas de nuestro país, fenómenos extremos como las sequías, las lluvias persistentes, la contaminación de las aguas o los incendios forestales”.

“Es fundamental promover una verdadera conciencia ambiental, sobre todo en los funcionarios que deben definir las políticas públicas”, subrayó la puntana, y aseguró que esta ley “va a tender un puente entre los tres poderes del Estado y la comunidad científica para fomentar el trabajo en equipo”.

Gladys González (Pro), quien también trabajó en el tema, opinó que “nos debemos un cambio cultural en la agenda ambiental” al igual que en la agenda de género. “Luchamos por los mismos valores: la igualdad, la equidad, la justicia y los derechos humanos, con la misma mirada transversal que debe existir en cualquier lugar del Estado”.

“La ‘ley Yolanda’ no es el punto de llegada, sino el punto de partida, de base, sobre la educación ambiental. Necesitamos conocimiento para garantizar la calidad de nuestras políticas públicas”, manifestó.

Detalles del proyecto

De acuerdo al texto, en los 90 días posteriores a la sanción de la ley, la autoridad de aplicación deberá establecer “los lineamientos generales destinados a las capacitaciones”, para cuya confección deberá convocarse a “instituciones científicas especializadas en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones”.

Se deberá contemplar, “como mínimo, información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente”.

Las máximas autoridades de los organismos serán responsables de garantizar las capacitaciones, mientras que para las máximas autoridades de los tres poderes, la capacitación estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.

“La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científica, y deberá ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde. El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina”, indica el proyecto, que invita a las provincias a adherir a la norma.

También dispone que las personas que se nieguen “sin justa causa” a realizar las capacitaciones “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación”, y el incumplimiento de esa intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”.

Como sanción adicional, la autoridad de aplicación podrá hacer pública la negativa a participar en la capacitación en su página web.

Con apoyo de la oposición, avalan el decreto que amplía la cantidad de senadores presentes en las sesiones

La nueva disposición firmada por Cristina Kirchner y aprobada este jueves en la Cámara alta establece que también podrá asistir un senador por cada bloque minoritario.

El Senado aprobó este jueves por unanimidad el decreto 17/20, firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que amplía la cantidad de senadores que pueden estar presentes en las sesiones remotas, incluyendo a los bloques minoritarios.

Hasta ahora solo estaba permitido el ingreso de dos representantes del Frente de Todos y otros dos de Juntos por el Cambio, además de autoridades de la Cámara alta, con previo aviso a la Secretaría Parlamentaria.

Con la aprobación del decreto, también podrá participar presencialmente un senador por cada uno de los bloques minoritarios, siempre con los recaudos sanitarios por la pandemia del Covid-19.

El oficialista Mario Pais consideró que “todos los decretos que hemos dictado han sido actos de interpretación del reglamento para adaptarnos a la pandemia” y resaltó que gracias a la modalidad virtual, el Senado “sesionó casi el doble de veces que de modo presencial el año pasado”.

Pais aclaró que, a diferencia de lo que sostiene la oposición, “nunca se modificó el reglamento” de la Cámara, sino que “se dictaron diferentes disposiciones para interpretar el mismo”.

El chubutense afirmó que “este protocolo vino para quedarse” en función de “esta situación de emergencia que todos los senadores hemos determinado que existe”.

“Vamos a seguir buscando los consensos, pero no vamos a permitir que la minoría se imponga sobre la mayoría. Queremos que el Senado funcione y darle respuestas a la sociedad”, insistió el senador.

Humberto Schiavoni (Pro) se mostró de acuerdo en que “una minoría no puede imponerse sobre una mayoría” y también en “la búsqueda de acuerdos”, y recordó que cuando acompañaron el decreto original de sesiones remotas, lo hicieron “en base a esta emergencia y a un acuerdo político”.

Los posteriores decretos fueron rechazados por la oposición, que entendió que se estaba reformando el reglamento y, por lo tanto, se requería una mayoría de dos tercios.

En la última disposición (16/20), que habilitó la presencia de dos senadores por la mayoría y dos por la primera minoría, Juntos por el Cambio criticó especialmente que se ordenara pedir autorización a la Secretaría Parlamentaria para ingresar al recinto.

Sin embargo, en esta oportunidad la principal bancada de la oposición decidió acompañar el decreto 17/20, ampliatorio del anterior, por entender que “recepta gran parte de las condiciones para garantizar el funcionamiento de las sesiones telemáticas”, afirmó Schiavoni.

De todos modos, insistió en que “esto no significa convalidar” los anteriores decretos “porque no reunieron los dos tercios” que a su juicio se necesitaban.

El jefe del interbloque, Luis Naidenoff, también destacó que la nueva disposición “corrige, enmienda el error, y posibilita la participación de los bloques”, y celebró que haya “un punto mínimo de entendimiento” con el oficialismo.

Finalmente, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, festejó la actitud de la oposición, pero aclaró, al igual que Pais, que “no estamos reformando el reglamento, estamos interpretándolo”.

Mayans dijo que “en ningún momento hemos presentado un proyecto” de reforma reglamentaria, ni tampoco se discutió el tema en comisiones.

“Lo importante es que vamos a trabajar en Labor Parlamentaria. Que el pueblo argentino sepa que acá no estamos con estupideces sino tratando las políticas públicas que den confianza al pueblo argentino”, concluyó.

En representación de Juntos por el Cambio, asistieron al recinto este jueves Esteban Bullrich (Pro) y el riojano Julio Martínez (UCR), mientras que por el Interbloque Parlamentario Federal se hizo presente otra riojana, Clara Vega. Por el oficialismo, volvieron a concurrir Anabel Fernández Sagasti y Jorge Taiana.

Asimismo, este miércoles habían asistido a la presentación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los senadores Martín Doñate y Teresa González por el Frente de Todos; el rionegrino Alberto Weretilneck; y la mencionada Vega.

El Senado trata la “ley Yolanda”, la equidad de género en los medios y una serie de pliegos

Tras recibir al jefe de Gabinete, la Cámara alta sesiona este jueves para aprobar un proyecto sobre capacitación en medioambiente y la representación igualitaria de mujeres y hombres en los medios públicos. También se tratará un decreto sobre las sesiones virtuales y la prohibición de compra de dólares para legisladores.

Tras el informe del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el Senado vuelve a sesionar este jueves para tratar la “ley Yolanda” de capacitación en medioambiente, la equidad de género en los medios públicos de comunicación y una serie de pliegos de jueces, fiscales y defensores.

Además, se votará el decreto 17/20 firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner que amplía la cantidad de senadores que pueden estar presentes en las sesiones remotas, siempre y cuando lo informen a la Secretaría Parlamentaria con 24 horas de antelación.

Dado que hasta ahora solo estaba permitido el ingreso de dos representantes del Frente de Todos y otros dos de Juntos por el Cambio, además de autoridades de la Cámara alta, la vicepresidenta accedió a que pueda participar presencialmente un senador por cada uno de los bloques minoritarios.

A continuación, el Senado votará la resolución conjunta 12/20, que establece que ni diputados ni senadores nacionales podrán comprar dólares para atesoramiento, así como directores y subdirectores generales de ambas Cámaras.

La resolución fue aprobada este miércoles en Diputados y va en línea con la prohibición que alcanza a funcionarios nacionales.

Luego se tratará una serie de pliegos judiciales, entre los que se encuentran dos traslados que serán revisados: los de las juezas Zunilda Niremperger, a cargo Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata, al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones.

El temario continúa con un proyecto denominado “ley Yolanda”, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y “con especial énfasis en cambio climático”, para trabajadores de los tres poderes del Estado en todas sus jerarquías.

El proyecto lleva ese nombre en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente de Argentina y América Latina.

Otra iniciativa que se debatirá en la sesión, promovida por Norma Durango (Frente de Todos), es la que establece la equidad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional, desde una perspectiva de diversidad sexual.

Por equidad de género se entiende “la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”.

El Senado también tratará modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuencua del Plata; y modificaciones a la Convención Relativa a la Competencia, Ley aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

El último punto del temario es un Acuerdo de Sede entre la Argentina y el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Diputados ratificó los cambios del Senado a la ley de economía del conocimiento: cuáles son los puntos principales

El proyecto establece un régimen de promoción para numerosas actividades que gozarán de beneficios fiscales. Las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán un trato diferenciado.

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La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de promoción de la economía del conocimiento, ratificando los cambios introducidos por el Senado el último viernes.

El régimen tendrá una duración desde el 1ro. de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029 y supone un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para fomentar el sector.

A continuación, parlamentario.com repasa los puntos salientes:

  • Los servicios profesionales alcanzados serán los siguientes:
  1. Software y servicios informáticos y digitales.
  2. Producción y postproducción audiovisual, incluidos los de formato digital.
  3. Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis.
  4. Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones.
  5. Servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación, cuando se trate de servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, asesoramiento impositivo y legal, servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos; servicios de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias; diseño de experiencia del usuario, de producto, de interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, diseño editorial y diseño interactivo; y servicios arquitectónicos y de ingeniería.
  6. Nanotecnología y nanociencia.
  7. Industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales.
  8. Ingeniería para la industria nuclear.
  9. Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación de procesos físicos a digitales y viceversa, exclusivamente caracterizados por el uso de tecnologías de la industria 4.0, tales como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual.
  10. Actividades de ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental.
  • Podrán acceder al régimen las personas jurídicas dedicadas a estos rubros que estén cumpliendo debidamente sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. Será condición que el 70% de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades promovidas.
  • Adicionalmente, las empresas que deseen acceder al régimen deberán cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes.
  • En el caso de las micro empresas con menos de tres años de antigüedad, solo deberán acreditar, para acceder al régimen, que desarrollan en el país -por cuenta propia y como actividad principal- al menos una de las actividades promovidas.
  • Todas las empresas que ingresen al régimen gozarán de la estabilidad de los beneficios contemplados.
  • Para mantener su inscripción, las empresas -cualquiera sea su tamaño- deberán acreditar cada dos años que cumplen sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales; que mantienen o incrementan su nómina de personal; y que los requisitos adicionales fueron incrementados.
  • Las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. El carácter de “intransferible” fue una modificación que introdujo el Senado. Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
  • Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al valor del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
  • Otro de los beneficios de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto original establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.
  • Se establecen sanciones por incumplimiento del régimen o la falsedad de la información declarada, tales como suspensión del goce de los beneficios por un lapso de entre tres meses y un año, la baja total y la inhabilitación para inscribirse nuevamente, además de multas.
  • Se crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), que se conformará como un fideicomiso.  El objetivo será financiar actividades de capacitación y formación, apoyar inversiones productivas, financiar capital de trabajo, promover el desarrollo de empresas “ambientalmente sustentables”, fomentar la inserción comercial internacional de las empresas, las actividades de innovación productiva y nuevos emprendimientos.
  • El FONPEC se alimentará de aportes de los beneficiarios de hasta el 4% del monto total de los beneficios percibidos; partidas presupuestarias; legados o donaciones; fondos provistos por organismos nacionales, provinciales o de ONGs, o de empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, entre otras fuentes de financiamiento.
  • Por último, en las cláusulas transitorias se flexibilizan los requisitos de inscripción si ésta se solicita durante la emergencia sanitaria por la pandemia.

Diputados convirtió en ley el régimen de promoción de la economía del conocimiento

Pasadas las 2.30 de la madrugada del jueves, la Cámara baja ratificó los cambios que el Senado le introdujo al proyecto. Habrá un tratamiento diferenciado para las empresas según su tamaño. Juntos por el Cambio se abstuvo.

Tras varias idas y vueltas, el régimen de promoción de la economía del conocimiento es ley. La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos por el Senado y aprobó el proyecto con los votos del oficialismo, Unidad Federal para el Desarrollo y el Interbloque Federal, mientras que Juntos por el Cambio se abstuvo.

La votación se produjo a las 2.34 y resultó con 133 adhesiones, 5 rechazos y 88 abstenciones, del interbloque presidido por Mario Negri, que denunció que las modificaciones empeoraron el texto y que habrá menos beneficios para las grandes empresas del sector.

Es que el corazón de los cambios realizados en la Cámara alta apunta a establecer una diferenciación en la ayuda estatal: las grandes compañías solo podrán acceder a la reducción del 20% del impuesto a las Ganancias, mientras que para las medianas esa reducción será del 40% y para las micro y pequeñas, del 60%.

Además, las personas jurídicas inscriptas en el régimen no podrán utilizar el bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales pagadas para cancelar el impuesto a las Ganancias, cuando el proyecto original establecía que podía aplicarse a cualquier tributo nacional.

Los votos negativos correspondieron a Graciela Camaño (Consenso Federal), los diputados del Pro José Carlos Núñez y María Carla Piccolomini, y los de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

A la hora de preguntarle el presidente de la Cámara baja uno por uno a quienes no habían registrado el sentido de su voto, se hizo notar el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, pues era el único de los que estaban presentes que no registró su determinación. “No voto a favor, ni en contra… La sesión del Senado no fue legal, compútelo como quiera”, fue la respuesta de Iglesias. Cuando por protocolo debió repasar todos los nombres, Sergio Massa volvió a insistirle e Iglesias le respondió: “Me niego a votar; la sesión del Senado fue ilegal”. Por eso el titular del cuerpo se dirigió entonces al presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, para preguntarle cómo debía interpretar el voto de su diputado, a lo que el legislador bonaerense respondió que lo tomara como una abstención.

Para conocer los puntos principales del proyecto de economía del conocimiento aprobado, haga click aquí.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, consideró que “está muy bien que haya políticas de fomento para que crezcan este tipo de empresas, y al mismo tiempo es necesario tener políticas cuidadosas respecto de la utilización de los recursos fiscales”.

Ante las críticas de la oposición respecto de un intento de perjudicar a las grandes empresas, Heller aclaró que “no es ese el espíritu: lo que estamos modificando son los parámetros para que las empresas tengan beneficios según su dimensión”.

“No se trata de una cuestión discriminatoria, sino de administrar recursos escasos, tratando de que ese apoyo vaya a quienes más lo necesitan y no a aquellos que por su volumen son generadores, ya de por sí, de grandes utilidades”, insistió el diputado del Frente de Todos.

Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, opinó que este es “un proyecto superador, que mejora notablemente” la redacción original, porque “especifica con claridad cuáles son los servicios profesionales que pueden ingresar a la promoción, establece un escalonamiento en los beneficios, y la revalidación bienal si se mantienen o aumentan los puestos de trabajo y si no hay prácticas fraudulentas”.

El cordobés destacó que nuestro país tiene ventajas como “la solidez del sistema científico universitario” y “la capacidad, la creatividad y la formación de nuestros profesionales”, y habló de un “triángulo virtuoso entre el conocimiento, la ciencia y la tecnología”, que se verá plasmado en “una política de Estado para los próximos diez años”.

Informó que el año pasado, con la Ley de Software, “de las 521 empresas beneficiarias, el 37,1% eran micro, el 46,8% eran pequeñas, el 13,8% eran medianas y el 2,3% eran grandes”, y “el 50% de los beneficios se concentró en diez empresas -seis de las grandes y cuatro de las medianas-”, de los cuales “el 71% están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires”.

Carro también mencionó que el 75% de los trabajadores del sector en áreas técnicas son hombres, mientras que en el personal de maestranza es al revés: el 75% son mujeres.

Respecto del proyecto, manifestó que para 2030 esperan lograr “más de 1 millón de puestos de trabajo de calidad”, “llegar al 15% de exportaciones” y “duplicar los 6.000 millones de dólares generados por este sector de la economía”.

Desde Juntos por el Cambio, Karina Banfi (UCR) sostuvo que “esta industria, junto con el agro, son la llave del éxito para salir adelante”, y la gestión de Cambiemos entendió que la Ley de Software “tenía que ser parte de una política de Estado” y por eso hubo reuniones “con más de 11.000 empresas para ampliar el alcance de esa norma”.

Banfi criticó en duros términos los cambios introducidos por el Senado y advirtió que “el sector no fue recibido por ningún senador oficialista”. Pero además, advirtió que debido a que “esta ley está dando vueltas, en el segundo trimestre de este año cayeron las exportaciones del sector en un 11,4%”.

“Hasta acá llegamos con este proyecto. No vamos a acompañarlo. Estoy convencida de que no entienden lo que se está votando”, lanzó, al anunciar la decisión de su interbloque de abstenerse en la votación. “Están sacando una ley para zafar, para que no les digan que han matado a la economía del conocimiento que promovió su mentor Néstor Kirchner”, remató.

Silvia Lospennato (Pro) enfatizó que “trabajar con el sector privado no es mala palabra. Es lo que hace cualquier país que busca desarrollarse y crecer: se alía con el sector privado para crear empleo, la única vacuna posible contra la pobreza”.

La diputada afirmó que este proyecto “se hizo a espaldas del sector porque detrás de esta ley hay una mirada anti-empresa, digan lo que digan”. En ese sentido, habló de una “demonización de las grandes empresas” y sentenció que “una actitud anti-empresa es una actitud anti-empleo”.

“Con la que mandamos al Senado teníamos una oportunidad, pero con las modificaciones que le hicieron, empeoraron la ley”, lamentó, y graficó: “Debemos ser el único país del mundo que ataca a sus unicornios”.

El diputado José Luis Ramón justificó las modificaciones del Senado y afirmando que “lo que está permitiendo esta ley no es anti empresa, es que las empresas más grandes puedan tener un incentivo que les permita ser  muy grandes que les permita competir en los mercados externos”. Tras aclarar que las empresas “no se van a ir”, señaló que “las medianas pueden tener un beneficio del 40%, pero las leyes y el chorro del Estado a estos señores muy grandes hay que dárselos a estos emprendedores más chicos, porque es a los que hay que levantar para que se hagan grandes y en algún momento puedan exportar”.

“Lo que está haciendo esta ley es poner el fiel de la balanza en su equilibrio -agregó-. Eso es sano, porque el emprendedor de verdad es al que hay que levantarle el estándar de calidad para que produzca su ejercicio intelectual para hacer economía del conocimiento”.

Por su parte, la neuquina Alma Sapag cuestionó las modificaciones implementadas por el Senado, aunque adelantó que igual votaría a favor, solo porque no se puede seguir sin ley. “Me preocupa mucho tanto empecinamiento en romper los consensos logrados”, se quejó. “Pasó en esta Cámara con la ley de paraísos fiscales, y ahora pasa con la ley de economía del conocimiento… ¿Tanto nos cuesta respetarnos? ¿Qué seguridad jurídica pude observar un potencial inversor si un proyecto de ley que salió por unanimidad de una Cámara, a los cuatro meses es cambiado por el mismo sector que lo impulsó?”, se preguntó.

No se entiende tanta obstinación y prejuicios con las grandes empresas y sus empresarios… Me preocupa”, insistió, cuestionando que “los beneficios en la reducción del impuesto a las Ganancias, que de acuerdo con lo establecido por esta Cámara eran iguales para todas, ahora son escalonados de acuerdo al tamaño de cada empresa. Ser empresario es un pecado… Ser un gran empresario es un pecado; ser un buen empresario es un pecado… y no se entienden las razones por las cuales se estableció la inmovilidad del bono de crédito fiscal al hacerlo intransferible”.

Los cambios al proyecto original

Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.

Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. “Esto tiene lógica. Si las empresas pagan Ganancias, no necesitan subsidios”, razonó Heller.

Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

En cuanto al impuesto a las Ganancias, el proyecto aprobado en Diputados establecía una reducción del 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.

“Esta modificación permite redistribuir el alto esfuerzo fiscal, escalonándolo y orientándolo a quienes más lo necesitan”, sostuvo Heller, y destacó que ese esfuerzo será de aproximadamente 18.000 millones de pesos anuales.

Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.

Esos requisitos adicionales son inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes.

Por último, caerán los beneficios de la ley si se registra una reducción de la plantilla de personal, si se detectan trabajadores no registrados, o si se verifican prácticas fraudulentas para la obtención de la ayuda estatal.

Diputados aprobó el proyecto que establece condiciones para la compra de vacunas contra el Covid

La iniciativa fue solicitada por el Ministerio de Salud de cara a la firma de futuros contratos con laboratorios. Podrán establecerse cláusulas de prórroga de jurisdicción, confidencialidad e indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles un proyecto de ley que establece condiciones en los futuros contratos a firmar entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19.

La iniciativa, presentada por Pablo Yedlin (Frente de Todos) e impulsada desde el Ministerio de Salud, recibió 230 votos afirmativos, ocho negativos y once abstenciones.

Los votos negativos fueron de Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri (UCR), Francisco Sánchez, David Schlereth, Martín Grande (Pro), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).

La Coalición Cívica aportó buena parte de las abstenciones, con Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Carolina Castets y Alicia Terada. Las restantes fueron de Álvaro De Lamadrid, Estela Regidor (UCR), Jorge Enriquez, Julio Sahad, Héctor Stefani y Wado Wolff (Pro).

Yedlin, titular de la Comisión de Salud, explicó que se busca “generar herramientas para la contratación de las vacunas” y dio un panorama del estado de la pandemia a nivel mundial, con “más de 35 millones de casos y más de 1 millón de muertes” por coronavirus.

En Argentina, recordó que ya se registraron más de 800.000 casos positivos y más de 20.000 muertes, mientras que a nivel regional América “viene acumulando la mayor cantidad de casos, con casi el 50% de casos mundiales”.

El diputado oficialista también señaló que en nuestro país “la cantidad de fallecidos nuevos por día está superando a la de otros países”.

“La situación no está controlada y la pandemia no está resuelta. Este virus ha demostrado su capacidad de transmisión llegando a los lugares más remotos del mundo, y su gravedad no ha disminuido”, observó.

En este contexto, informó que hay varias vacunas precandidatas en fase pre-clínica, mientras que fase en clínica hay “29 en fase uno, 14 en fase dos y 11 en fase tres”.

Yedlin supuso que aunque “todas las vacunas que están en fase tres sean efectivas y seguras, aun así la capacidad máxima de producción no excederá las 6.000 millones de dosis, y si son dos dosis por humano, desde ya que no va a alcanzar para todos”.

“Argentina ha empezado las tratativas para garantizar las vacunas en el mismo momento que países desarrollados”, indicó, y apuntó que “parte de la industria planteó requisitos excepcionales”, por lo cual es necesaria esta ley.

El legislador sostuvo que “es responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación llevar adelante estas contrataciones” y destacó la decisión de “no optar por la vía del DNU, que quizá hubiera estado justificado”, sino dejar el tema en manos del Congreso.

La vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (Pro) se mostró “de acuerdo en actuar con celeridad para que no nos pase lo que nos pasó en marzo con los test y los respiradores”.

Polledo dijo que “probablemente se tomen decisiones no por un solo proveedor ni por una sola clase de vacunas”, ya que “se irán adquiriendo lotes a distintos laboratorios y quizá distintas vacunas”.

“Cuando nos comunicaron que se necesitaba modificar el encuadre jurídico, nos pusimos a disposición del presidente de la Comisión de Salud para colaborar y en menos de 48 horas logramos un dictamen por unanimidad”, celebró la porteña.

Al igual que Yedlin, advirtió que la demanda mundial de vacunas contra el Covid es de 15.000 millones de dosis, pero hasta el momento la capacidad de producción no supera las 6.000 millones de dosis.

“No va a ser fácil conseguir la vacuna. Los países están disponiendo sumas extraordinarias”, advirtió Polledo, aunque resaltó que con esta ley “estaremos en mejores condiciones para negociar con los laboratorios”.

La radical Claudia Najul dijo que el proyecto contiene “requerimientos excepcionales” y “obliga a los países soberanos a flexibilizar el marco legal”, pero afirmó que esas herramientas son “totalmente necesarias”. “El mundo tiene como nunca un desafío enorme de coordinar todos los esfuerzos científicos”, analizó.

La mendocina además consideró “fundamental que sea la ANMAT el único organismo responsable de evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas”. “Ningún otro organismo puede asumir las obligaciones que nuestro marco legal le otorga a la ANMAT”, enfatizó, y agregó que “acelerar procesos no debe implicar relajar los controles”.

Por su parte, Eduardo “Bali” Bucca expresó que “el proyecto genera expectativa y nos da una luz de esperanza en una pandemia que no da tregua”. “Nos preocupa la sostenibilidad del contagio y la propagación del virus hacia el interior. Muchas ciudades pequeñas del interior ven colapsado su sistema de salud”, advirtió.

Bucca, jefe del Interbloque Federal, sostuvo que la ley permitirá “darle una herramienta concreta al Gobierno nacional para que pueda generar las gestiones pertinentes para poder adquirir la vacuna que genere inmunidad”, aunque pidió “no generar falsas expectativas a la sociedad”.

“Hay muchos procesos de investigación, desarrollo y producción de vacunas en el mundo, una carrera donde las grandes potencias compiten para ver quién llega primero a la meta. Pero esto no significa que la primera vacuna que salga sea la más eficiente, la más eficaz o la que genere inmunidad”, aclaró.

En esa línea, manifestó que “si hay algo que no está demostrando el mundo es solidaridad: muchos países tendrán serias dificultades para adquirir la vacuna, y quizá Argentina sea uno de ellos”.

Detalles del proyecto

El proyecto declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.

Una de las condiciones que se habilitan es “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.

Se aclara en el texto que “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas”, quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.

La iniciativa prevé que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.

Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

En tercer lugar, se podrán disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente.

Las vacunas contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

El proyecto exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.

En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.

Es ley la regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología

El proyecto fue aprobado en Diputados por unanimidad. Establece qué actividades comprende la profesión y cuáles son sus incumbencias.

La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles, por unanimidad, la regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología, una disciplina considerada hasta ahora como auxiliar.

El proyecto, que establece un marco general para el ámbito nacional y las jurisdicciones que adhieran, recibió 247 votos afirmativos y ninguno negativo.

Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud, sostuvo que se trata de “una deuda del sistema de salud y la democracia” y explicó que el proyecto “da cuenta de todas las actividades que realizan los fonoaudiólogos”.

“Se genera un marco legal para una actividad de vital importancia que comprende a miles de profesionales”, señaló el diputado del Frente de Todos, y agregó que la norma no solo regulará, sino que “jerarquizará” el trabajo de los fonoaudiólogos.

“Transitamos uno de los años más difíciles de nuestra historia reciente. Es clave destacar la importancia de mantener el Congreso trabajando, y esta ley es una muestra del éxito del Congreso trabajando”, resaltó Yedlin.

También desde el oficialismo, Paola Vessvessian coincidió en que “estamos dando un gran paso” en “un tema claramente postergado” en el Congreso. “En este período de reconstrucción del sistema de salud, es oportuno y apropiado sancionar esta ley”, subrayó.

Por su parte, Carmen Polledo (Pro) coincidió en “el rol fundamental” de los fonoaudiólogos “en la rehabilitación de las patologías que afectan la comunicación humana”.

“En el mundo en el que vivimos, la capacidad de comunicarse es cada vez más importante para el desarrollo de las personas”, explicó, y apuntó que la ley significa “un paso cualitativo importante en la mejora de la atención de la salud”.

La radical Soledad Carrizo, autora de uno de los proyectos sobre el tema, recordó que la discusión comenzó en 2016 y a partir de entonces se presentaron propuestas en varias oportunidades, “trabajando codo a codo con los actores del sistema”.

Carrizo recordó que la primera carrera de fonoaudiología se abrió en la UBA en 1992, y consideró que “el fomento de esta carrera también va a lograr democratizar el acceso a la salud”.

La cordobesa también señaló que la ley será “un piso mínimo para las leyes que hay en las provincias”, y por último llamó a “profesionalizar muchas disciplinas auxiliares que hoy están esperando esta misma discusión”.

Qué dice la flamante ley

En el proyecto sancionado se contemplan las actividades de promoción, prevención, estudio, exploración, investigación, evaluación por procedimientos subjetivos y objetivos que permitan el diagnóstico, pronóstico, seguimiento, tratamiento, habilitación y rehabilitación de las patologías de la comunicación humana en las áreas de lenguaje, habla, audición, voz, fonoestomatología, masticación, sorbición y deglución para el tránsito de la saliva y las relacionadas con la ingesta de la alimentación e intervención temprana.

El ejercicio profesional de la fonoaudiología quedará reservado exclusivamente a aquellas personas que posean título de grado de fonoaudiólogo, licenciado en fonoaudiología o licenciado fonoaudiólogo, otorgado por universidades públicas o privadas; o un título equivalente expedido por universidades extranjeras, debidamente convalidado en el país.

El profesional de la fonoaudiología podrá ejercer su actividad en forma individual o integrando equipos interdisciplinarios, en forma autónoma o dependiente, en instituciones privadas o públicas.

El proyecto establece un listado de cuáles serán las incumbencias profesionales de los fonoaudiólogos, como por ejemplo la indicación y prescripción de tratamientos no medicamentosos; la selección, adaptación y prescripción de audífonos u otros dispositivos de ayuda auditiva; y profilaxis en el área de audición, voz, lenguaje, habla, fonoestomatología e intervención temprana.

También quedarán habilitados para realizar tareas de prevención, detección, evaluación clínica e instrumental y diagnóstico de las áreas de voz, habla, lenguaje, intervención temprana, audición y vestibular y fonoestomatología en disfunciones estomatognáticas, disgnacias, trastornos deglutorios, disfagias, desórdenes alimentarios y todas aquellas que el avance científico permita identificar.

Por otra parte, se establecen requisitos para la práctica de especialidades, así como las posibles causas de inhabilidad, incompatibilidad y ejercicio ilegal de la profesión, con sus correspondientes sanciones; se establecen los derechos, obligaciones y prohibiciones; y se regula tanto el otorgamiento como la cancelación de la matrícula.

Fracasó el tratamiento de un proyecto para declarar la emergencia educativa

En momentos donde se define la posible vuelta a clases presenciales, el oficialismo bloqueó el debate de un proyecto de Juntos por el Cambio.

Fracasó este miércoles en la Cámara de Diputados el tratamiento de un proyecto de ley del interbloque Juntos por el Cambio para declarar la emergencia educativa para 2020 y 2021, en momentos donde se define la posible vuelta a clases presenciales.

Dado que la iniciativa no tenía dictamen de comisión y tampoco estaba incorporada al temario de la sesión, se requería una mayoría de tres cuartos de los votos, por lo que la moción, presentada por la radical Brenda Austin, resultó rechazada.

“La situación que está atravesando el sistema educativo nacional de punta a punta en Argentina en cada uno de sus niveles amerita que llamemos a las cosas por su nombre”, planteó Austin, y recordó que en diciembre se sancionaron nueve emergencias en distintas áreas.

La legisladora, presente en el recinto, advirtió que “más de 40 conglomerados fueron declarados esenciales; sin embargo, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo han entendido que la educación es una actividad esencial”.

“No queremos hacer una bandera de la grieta. Lo pedimos porque estamos absolutamente preocupados por la situación que atraviesan las escuelas”, afirmó la cordobesa.

En ese sentido aseguró que “solo la mitad de las escuelas tienen conectividad diaria con los estudiantes”, y agregó que según un informe de Unicef, “el 72% de los chicos están queriendo volver a clases” de forma presencial.

Por esta razón, reclamó “que la educación sea declarada actividad esencial y que se le devuelva a las jurisdicciones la decisión sobre la hoja de ruta”.

Aprueban la resolución que prohíbe comprar dólares a diputados y senadores

La Cámara baja avaló la resolución conjunta que solicita al Banco Central que los legisladores nacionales sean incluidos en la prohibición, como así también directores y subdirectores de las cámaras.

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles, a mano alzada, la resolución conjunta 12/20, firmada por Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que prohíbe comprar dólares a diputados y senadores nacionales, en línea con la decisión del Gobierno nacional que abarca a funcionarios.

En el texto aprobado se solicita al Banco Central “que incluya dentro de los clientes de las entidades financieras que no pueden acceder a la compra de moneda extranjera en los términos previstos en la Comunicación A 7105 y 7106 del 15 de septiembre de 2020 a los diputados nacionales y senadores nacionales”.

La resolución también abarca a “las autoridades de ambas cámaras, hasta el rango de director general y subdirector general, inclusive, del Congreso de la Nación”.

En los fundamentos, se indica que “el Poder Ejecutivo Nacional ha implementado determinados mecanismos a los efectos de asegurar la sostenibilidad del mercado cambiario argentino y el flujo de divisas para proteger la inversión y el empleo argentino”.

“La sociedad en su conjunto ha acompañado esta visión solidaria, efectuando un esfuerzo sustancial para sustentar estas políticas públicas”, destaca la resolución.

Por eso, considera “oportuno” que los legisladores nacionales “adopten una posición similar a los efectos de dar sustentabilidad a estas políticas públicas diseñadas por el Poder Ejecutivo que tienen como objetivo dar previsibilidad al mercado cambiario para apoyar el normal desarrollo de la economía del país”.

Juró Alcira Figueroa, la reemplazante de Ameri en Diputados

La antropóloga salteña completará hasta 2021 el mandato del diputado que tuvo que renunciar tras haber protagonizado una escena erótica en plena sesión.

La antropóloga salteña Alcira Elsa Figueroa juró al inicio de la sesión de este miércoles en reemplazo de Juan Ameri, el diputado del Frente de Todos que tuvo que renunciar hace dos semanas tras haber protagonizado una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual de la Cámara baja.

Al prestar juramento, la salteña lo hizo “por los 30 mil desaparecidos, por mi hermanito Carlitos y toda la niñez muerta por desnutrición, por las mujeres y las disidencias, por los campesinos, criollos e indígenas, y por la madre tierra”.

Con la asunción de Figueroa, el bloque de diputados del Frente de Todos pasará a tener más mujeres (60) que hombres (59).

Figueroa completará el mandato de Ameri hasta 2021, ya que fue la primera suplente de la lista de diputados del entonces Frente Ciudadano para la Victoria en 2017, cuando todavía no regía la paridad de género, que ordena que los reemplazos sean por candidatos del mismo sexo.

Alcira Figueroa dialoga en el estrado principal con Sergio Massa (Foto: HCDN)

La flamante diputada es feminista y, además de antropóloga, es magister en Políticas Sociales y Desarrollo Sustentable e integra la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Orán, el departamento salteño del que es oriunda.

El pasado 24 de septiembre, Ameri fue descubierto en una escena íntima con su pareja mientras se debatía el proyecto de ley de protección de los activos del Fondos de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Al difundirse las imágenes, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, ordenó -con aval de todos los bloques- la inmediata suspensión del diputado, hasta que finalmente, horas después, se hizo efectiva la renuncia.

Ameri había jurado en su banca el 4 de diciembre de 2019 para completar hasta 2021 el mandato de Sergio “Oso” Leavy, que había sido electo en 2017 pero dos años después asumió como senador nacional.

Diputados tratará los proyectos de economía del conocimiento, compra de vacunas contra el Covid y fonoaudiología

También se votará un proyecto de declaración sobre el caso del exdiputado Juan Ameri y asumirá su reemplazante. La sesión será el miércoles a las 15.

sesion diputados 1 septiembre 2020

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una nueva sesión virtual para tratar los proyectos de ley de economía del conocimiento, de contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19 y de regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología.

Además, se votará un proyecto de declaración acerca del caso del exdiputado salteño Juan Ameri, quien renunció hace dos semanas tras haber protagonizado una conducta inapropiada frente a la cámara de video en plena sesión.

El texto es un pronunciamiento ético y fue el fruto de una reunión que mantuvieron el jueves pasado los integrantes de la comisión que se creó para el caso: Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el Frente de Todos; Silvia Lospennato y Miguel Bazze por Juntos por el Cambio; y Graciela Camaño por Consenso Federal.

Además de tratarse la declaración, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, le tomará juramento en forma presencial a Alcira Figueroa, la reemplazante de Ameri, quien completará su mandato hasta 2021.

En efecto, la semana pasada el titular del Juzgado Federal Nro. 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, le confirmó por nota al secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, que será Figueroa quien ocupe el lugar de Ameri.

A continuación, la Cámara baja se abocará al tratamiento del proyecto de economía del conocimiento, que el último viernes fue aprobado con cambios en el Senado, y que este martes recibirá dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática de Diputados.

Los diputados deberán definir si insisten en la redacción original o si aceptan las modificaciones del Senado -entre otras cosas, se ampliaron los sujetos alcanzados, se incorporaron incentivos para un bono de crédito fiscal y se modificó la reducción de Ganancias en detrimento de las grandes empresas-.

El segundo de los proyectos del temario de la sesión busca habilitar una serie de cláusulas en los futuros contratos entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.

La iniciativa, solicitada desde el Ministerio de Salud, declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.

En ese marco, se habilitan cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero; cláusulas de indemnidad patrimonial; y cláusulas de confidencialidad.

El proyecto también establece que las vacunas contra el Covid-19 no estarán gravadas con IVA ni impuestos aduaneros, y deberán ser previamente registradas por la ANMAT y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

Por último, Diputados tratará la iniciativa que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología, que sería convertida en ley.

Los detalles y la mecánica de la sesión se definirán en una reunión de Labor Parlamentaria convocada para las 14 en el Salón Delia Parodi.

Julio Martínez lamentó que el Gobierno haya suspendido la ley de economía del conocimiento

“La falta de esta ley ha generado la pérdida de 11.000 puestos de trabajo y de 95.000 millones de dólares en exportación”, alertó el riojano. Pidió que el proyecto se apruebe sin modificaciones.

El senador por la UCR Julio Martínez lamentó que el Gobierno haya suspendido a principios de año la ley de economía del conocimiento y pidió que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones, al considerar que en la Cámara de Diputados “no va a salir rápido”.

Martínez destacó que se trata de beneficiar a “un sector que está en crecimiento, con mucha potencialidad”, y recordó que la Ley de Software “fue una de las pocas leyes de promoción que dio sus frutos”.

El legislador de Juntos por el Cambio precisó que “entre el 95% y el 96% del empleo que se genera” en este sector “es de calidad”, y además los ingresos están “un 40% por encima del promedio”.

A su vez, dijo que “cada diez puestos de trabajo que se generan, cinco se generan indirectamente”.

“Duele que esta ley se haya frenado por nueve meses innecesariamente. La falta de esta ley ha generado la pérdida de 11.000 puestos de trabajo y de 95.000 millones de dólares en exportación”, alertó el riojano.

También advirtió que “el 98% de las empresas que más han perdido en estos nueve meses son las pymes, y muchas se han ido del país”.

Luenzo dijo que los cambios a la ley de economía del conocimiento tienen “una lógica equitativa, federal y solidaria”

El miembro informante del dictamen mayoritario detalló las modificaciones que sufrió el proyecto. “Tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”, dijo.

Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, resaltó este viernes que los cambios a la ley de economía del conocimiento introducidos en el Senado tienen “una lógica equitativa, federal y solidaria”, y “tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”.

El senador del Frente de Todos señaló que la redacción final fue el fruto de dos meses de trabajo donde se consultó a los actores involucrados.

Explicó que los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.

Al ir al detalle, el chubutense señaló que las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado.

En el nuevo texto se aclaró que ese bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”, especificó Luenzo.

El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal será de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias.

Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”, según se estableció.

El bono ascenderá al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.

Otro de los cambios, apuntó Luenzo, fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” respecto del cumplimiento del régimen, a través de universidades y organismos nacionales.

El legislador precisó que el costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año. “Por cada dólar de costo fiscal se esperan exportar 33 dólares”, destacó, y por otra parte ejemplificó: “En un sueldo de 80.000 pesos, el beneficio sería de 10.424 pesos en reducción de aportes patronales, mientras que el retorno al Estado a través de gravámenes sería de 39.600 pesos”.

La ley de promoción de la economía del conocimiento recibió cambios y vuelve a Diputados

Por unanimidad, la Cámara alta aprobó la iniciativa que busca impulsar al sector con beneficios fiscales e impositivos. Juntos por el Cambio pidió no introducir modificaciones y a la hora de la votación se ausentó.

Pasada la medianoche, el Senado aprobó el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, que volverá a la Cámara de Diputados porque sufrió una serie de modificaciones, a pesar de que Juntos por el Cambio pidió avanzar sin cambios para no retrasar más la sanción.

El nuevo texto recibió 41 votos afirmativos, del Frente de Todos y los senadores Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se desconectaron del recinto virtual, como lo hicieron horas antes al votarse el proyecto sobre quita de fondos para la CABA.

La iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1ro. de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.

Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, resaltó que los cambios formulados al texto tienen “una lógica equitativa, federal y solidaria”, y “tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”.

El senador del Frente de Todos señaló que la redacción final fue el fruto de dos meses de trabajo donde se consultó a los actores involucrados.

Explicó que los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.

Lea también: Los puntos principales del proyecto de ley de economía del conocimiento

Al ir al detalle, el chubutense señaló que las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales abonadas. En el nuevo texto se aclaró que el bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”.

El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal es de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

El bono será del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.

Otro de los cambios, apuntó Luenzo, fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” a través de universidades y organismos nacionales respecto del cumplimiento del régimen.

El legislador precisó que el costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año. “Por cada dólar de costo fiscal se esperan exportar 33 dólares”, destacó.

En nombre de Juntos por el Cambio, Julio Martínez (UCR) lamentó que el Gobierno haya suspendido la ley a principios de año y pidió que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones, al considerar que en Diputados “no va a salir rápido”.

“Duele que esta ley se haya frenado por nueve meses innecesariamente. La falta de esta ley ha generado la pérdida de 11.000 puestos de trabajo y de 95.000 millones de dólares en exportación”, alertó el riojano, y advirtió que “el 98% de las empresas que más han perdido en estos nueve meses son las pymes, y muchas se han ido del país”.

Por el Pro, Esteban Bullrich señaló que “es bueno que haya una política de Estado” sobre el tema, pero coincidió con Martínez en que “los cambios limitan la ley”. En el mismo sentido, el radical Víctor Zimmermann sostuvo que “el proyecto proveniente de Diputados posee mayores incentivos fiscales que el modificado”.

Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostuvo que “este proyecto es un instrumento clave en la planificación estratégica del país que hace nuestro Gobierno”, y que “nos permitirá aumentar la productividad de nuestra economía, generando trabajo digno y de calidad y proyectándolo también hacia todo el interior”. 

“Esto va a permitir apuntalar la recuperación y el crecimiento económico con una perspectiva integrada, equitativa y federal”, señaló el oficialista, en coincidencia con Luenzo.

También por el Frente de Todos, Silvina García Larraburu dijo que “esta ley es muy esperada por el sector científico y tecnológico del país” y recordó que a partir de la Ley de Software, del año 2004, “se desplegaron un conjunto de políticas que posibilitaron a estas industrias a ocupar el tercer lugar en la economía del país”.

Al cierre del debate, Anabel Fernández Sagasti manifestó: “Hemos logrado un mejor proyecto que el que vino de Diputados porque hemos tenido diálogo con el Ejecutivo Nacional, con diputados y miembros del sector, incluso el sector gremial”.

Fernández Sagasti elogió que el Senado decidiera “parar la pelota y pensar cómo hacer crecer a este sector”, y a su vez “no diezmar al Estado y no seguir haciéndolo un socio bobo de aquellos que ya no necesitan su apoyo, sino que ya pueden caminar solos”.

La vicejefa del bloque oficialista ponderó que el estado invertirá con esta ley “18.000 millones de pesos anuales para que eso se multiplique en divisas, empleo y crecimiento”.

El oficialismo en el Senado aprobó el proyecto que quita recursos a la Ciudad y lleva la coparticipación al 1,40%

La iniciativa impulsada por el Gobierno establece un nuevo mecanismo a través del cual el distrito porteño recibirá los fondos para los gastos en seguridad. La votación fue por unanimidad, ya que la oposición se retiró del recinto virtual. Ahora la discusión pasa a la Cámara de Diputados.

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Por Melisa Jofré

Tras más de cinco horas de debate, el oficialismo en el Senado aprobó este viernes el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso hace dos semanas, fue avalada por unanimidad, ya que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se desconectaron del recinto virtual. El Frente de Todos reunió 42 votos afirmativos con el apoyo de los monobloquistas Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.

A través del proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, se aprueba el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales, firmado en enero de 2016 por el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En el texto se fijan unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital. La cifra es, según se afirmó desde el Gobierno nacional, el total de dinero que representó atender la transferencia en 2020, pero el monto deberá ser actualizado cada año.

Para ello se establece una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.

De esta manera, el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos. En tanto, la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.

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Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad tendrán que informar “a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores” establecidos en la fórmula, “de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”.

“El INDEC, a solicitud de la Secretaría de Hacienda o del Ministerio de Economía, verificará la metodología empleada y realizará las recomendaciones u observaciones que resulten pertinentes”, agrega la iniciativa.

Además, el proyecto habilita al jefe de Gabinete a adecuar las partidas presupuestarias de este año y prevé que el Poder Ejecutivo, a partir de la entrada en vigencia de la ley, podrá readecuar los recursos de coparticipación que le corresponden a la Ciudad, con lo cual, antes de fin de año el territorio porteño podría ver la merma en los fondos.

Esta iniciativa se suma a una medida anterior en la que, en el marco del conflicto policial bonaerense, el Gobierno nacional llevó al 2,32% el coeficiente de coparticipación para la CABA mediante un decreto. Por esa medida, la administración porteña recurrió a la Corte Suprema.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, lamentó que las discusiones terminen en la Justicia. “Es la misma lógica que conocimos en los últimos años. Cuando se quitan recursos de manera discrecional, cuando no se acuerda con la jurisdicción, cuando se deja de lado la concertación para confrontar, ¿cuál es el camino final? Una vez más, ante el fracaso de la política, será la Justicia. Y en este caso, la Corte”, señaló.

El radical insistió en que “no ha habido consenso; ha existido la quita de un punto de una jurisdicción para solucionar el problema de otra jurisdicción, que -dicho sea de paso- recibió el 51% del total de las transferencias a jurisdicciones subnacionales” previo al conflicto con la Policía bonaerense, lo que equivale a “más de 71.000 millones de pesos”.

Ante lo que llamó como “el problema de la sábana corta”, el formoseño se preguntó “cuál será la próxima provincia” en perder recursos “cuando no alcance por la impericia de la gestión”.

En tanto, el titular del bloque oficialista, José Mayans, sostuvo que se trata de “una distribución justa y equitativa de los recursos, dando más al que más lo necesita”, y apuntó al “relato salvaje de la oposición contra el Gobierno nacional”. “Aprovechan la pandemia para ver cómo hacen para dañar la imagen del Gobierno”, lanzó.

“Si analizamos el Presupuesto Nacional, ni se imaginan lo que recibe la Ciudad, ‘la gran ciudad que está siendo perjudicada’ según la oposición”, planteó Mayans, y sentenció: “Lo que es triste es ver a senadores que representan a provincias que tienen dificultades defender al centralismo”.

Además, el senador criticó la “incoherencia” de la oposición por haber participado de una sesión que “consideran inválida”.

Caluroso debate entre oficialistas y opositores

Abrió el debate -que se extendió por más de cinco horas- la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), quien aseguró que el proyecto “no se trata ni de odio, ni de revanchismo, sino de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias argentinas”.

“Este proyecto de ley no es en contra de los porteños”, remarcó la santafesina, que además criticó que durante la gestión anterior “(el expresidente Mauricio) Macri le dio el 3,75% discrecionalmente a Horacio Rodríguez Larreta”. Y agregó que el convenio de transferencia de la Policía Federal y los decretos posteriores carecieron de “fundamentos” e “informes técnicos”.

A continuación, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio (Frente de Todos), afirmó que el coeficiente de coparticipación para la Ciudad “se modificó de un modo totalmente arbitrario” en “una cuestión de amiguismo”.

El cordobés precisó que los gastos netos por el traspaso en 2016 fueron de “6.826 millones de pesos, pero el incremento de coparticipación que recibió la Ciudad significó 16.386 millones de pesos”, con lo cual “solo en el primer año hay 10.560 millones de pesos que la Ciudad recibió de más en función de los servicios transferidos”.

Y si se suman los montos hasta 2019, los gastos representaron “39.525 millones de pesos y el incremento de la coparticipación fue de 125.794 millones. La Ciudad se quedó con 86.269 millones que no correspondían”, indicó y resaltó que “fue un abuso impresionante”. “Sería muy importante que la Ciudad de Buenos Aires devuelva ese excedente, porque son recursos de todos los argentinos”, lanzó.

Desde la oposición, el porteño Martín Lousteau (UCR) expresó que la primera rebaja de coparticipación, con el objetivo de asistir a la provincia de Buenos Aires en el conflicto policial, tuvo “intencionalidad política” y fue “inoportuna, súbita, improvisada y burda la manera en cómo se hizo”.

El opositor aseveró que “el presidente decidió sacarle la plata a la Ciudad” mientras que a la provincia de Buenos Aires “ya le dieron mucho más que a otras”. “Le dieron casi lo mismo que al resto de las 23 provincias en lo que va del año, pero si la gestión no es buena, el dinero se escurre por todos lados”, disparó.

También advirtió que al estar contemplados los recursos en el Presupuesto, “con el Presupuesto le pueden bajar más todavía el dinero a la Ciudad”. “¿Cuántas jurisdicciones van a buscar lo que tienen en el Presupuesto tantos años y no está? Por todos estos motivos y otros es que la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación judicial, entonces esta materia se va a tener que definir en otro lugar, porque es claramente inconstitucional lo que estamos tratando”, añadió.

Por su parte, el rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos) se quejó que “con Mauricio Macri en el Gobierno nacional se le dio casi el triple, miles de millones de pesos más de lo que la Capital Federal necesitaba para los servicios transferidos”. “Qué caro que nos salió a todos los argentinos y argentinas la administración de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri como presidente de la Nación”, exclamó.

Otra de las voces en contra fue la de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), quien alertó que “lo que le hacen hoy a la Ciudad se lo van a hacer después al resto de las provincias”. “Mal hace una autoridad nacional cuando cree que graciosamente distribuye los recursos que le pertenecen a las provincias en perjuicio de otra”, opinó.

La macrista recordó: “No es la primera vez que el kirchnerismo hace abuso del poder central y no entienden que los recursos son de las provincias. A los cordobeses nos sacaron el 15% de la coparticipación de un plumazo, quien preside hoy el Senado (en referencia a Cristina Kirchner)”.

Avanzado el debate, el bonaerense Jorge Taiana (Frente de Todos) manifestó que enviar el Convenio para su aprobación es “un acto de reparación ante una maniobra arbitraria, escandalosa, vergonzosa e inmoral que llevó adelante el presidente Macri”.

Al momento de su intervención, el neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) realizó un repaso histórico del nacimiento de la Ciudad de Buenos Aires como capital y señaló: “Todos los argentinos invertimos plata en la Ciudad. Es la que más recauda porque es en la que más gastan todos los argentinos”.

El oficialista observó que, según el Presupuesto porteño de 2019, hubo gastos en “publicidad, consultorías, catering”, entre otros aspectos, por un total de “6 mil millones de pesos”, lo cual representa “el doble del presupuesto total de Concordia (Entre Ríos)”. También lo comparó con el del partido de La Matanza, que es de “12 mil millones de pesos”, es decir, “los gastos superfluos de la Ciudad son la mitad del total de La Matanza”, dijo.

Luego fue el turno de dos bonaerenses. La opositora Gladys González (Pro) cuestionó: “Me da tristeza y me parece increíble que mis compañeros senadores oficialistas se lamenten por lo bueno que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué se lamentan? ¿Se lamentan del Metrobus, que lo que significó fue que los trabajadores viajen mejor y más rápido? ¿Se lamentan del SAME, de la excelencia del SAME? ¿Se lamentan de un sistema de salud que recibe 50% de pacientes que no son porteños?”.

En tanto, su par Esteban Bullrich (Pro) sostuvo que la gestión anterior dejó “a mi provincia con 4,5% más de coparticipación, eso es federalismo, hablemos claro, hablemos con números. El discurso barato no sirve”. “Esto es un parche y un parche no resuelve el problema”, subrayó.

En el último tramo, la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri vinculó la iniciativa con “un ataque directo y decidido por estrategias electorales y revanchismo político”. “La Ciudad les esquiva electoralmente, esa es la razón para quitarle el presupuesto”, le reprochó al oficialismo.

Cerca del final del debate, Mariano Recalde (Frente de Todos) calificó de “ilegal” el decreto de Macri que le otorgó más fondos a la Ciudad, y consideró que “lo que necesita la ciudad más rica de la Argentina no es de tantos recursos, sino una gestión que piense en los que más necesitan”.

El porteño le reprochó al Gobierno de Cambiemos no haber seguido “los pasos constitucionales correspondientes” al momento del traspaso de la Policía, por lo que habló de “una transferencia de recursos que estuvo mal hecha”, no solo por considerar que fue inconstitucional, sino también con “una intencionalidad política”.

Recalde insistió en que la medida fue “inconstitucional porque no pasó por el Congreso; infundada y excesiva, porque ni siquiera exhibieron los números que fundamenten esa enorme transferencia de recursos a la Ciudad, e incluso cuando empezaron a discutir los números en este Congreso, se demostró que era excesiva, cosa que no solo reconoció el propio ministro Rogelio Frigerio en 2016 ante gobernadores, sino que se comprometió a corregirlo y no lo  hizo”.

Sin apoyo de JxC, se refrendó el decreto que hablita la presencia de más senadores dentro del recinto

El oficialismo defendió que la prórroga de las sesiones remotas no se trata de un cambio de reglamento. Fuerte rechazo del jefe del principal interbloque opositor, Luis Naidenoff.

sesion senado 2 octubre 2020

En el comienzo de la sesión de este viernes, el oficialismo convalidó el decreto firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que habilita la presencia de cuatro senadores más dentro del recinto, durante las sesiones remotas en el Senado.

La medida recibió 42 votos a favor, del Frente de Todos y de los monobloquistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones). Mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se ausentaron de la votación, al desconectarse de la sesión.

A través del decreto 16/20, la Presidencia autorizó que dos senadores del Frente de Todos y dos senadores de Juntos por el Cambio -en su condición de mayoría y primera minoría- puedan asistir presencialmente a la sesión, junto a las autoridades de la Cámara, quienes estaban habilitadas desde el comienzo del sistema virtual.

Dicho decretó modificó el 14/20, ratificado hace dos semanas atrás por el voto de la mayoría, pero con el rechazo del grueso de la oposición. En tanto, la bancada de la UCR y el Pro realizó una presentación ante la Justicia, reclamando que la extensión de las sesiones remotas se trata de una modificación del reglamento y requiere de una mayoría especial.

En defensa de la medida tomada por Cristina Fernández de Kirchner, el senador Mario Pais aseguró que, desde el primer decreto que estableció el sistema virtual, lo que se hizo fue “de naturaleza interpretativa en función de la pandemia y lo dicho por la Corte Suprema” cuando la vicepresidenta pidió la declaración de certeza.

“No hemos estado nunca en presencia de una modificación del reglamento”, sostuvo y recordó que para ello son necesarios “cuatro requisitos” establecidos por el artículo 227 del mismo. “Lo que hemos hecho es interpretar el artículo 30”, señaló, en referencia a que los senadores se constituyen en Cámara dentro del recinto “salvo en casos de gravedad institucional”.

También desde el oficialismo, la santafesina María de los Ángeles Sacnun dijo que “en ningún momento ha habido intención de modificar el reglamento” y argumentó que “la gravedad institucional es la que claramente estamos atravesando por esta situación de pandemia”.

Desde la oposición, el jefe del bloque Pro, el misionero Humberto Schiavoni, recordó que al comienzo de las sesiones remotas hubo “un acuerdo político que reflejaba y respetaba la posición de las minorías”, algo que no se dio en la última prórroga y “por eso no nos queda otro camino que recurrir a la Justicia”, expresó. Y reiteró la “voluntad” de JxC de “estar dispuestos a buscar los consensos”.

A su turno, el rionegrino Alberto Weretilneck manifestó que “no” tiene “ningún motivo de reproche en cuanto al funcionamiento de la Cámara desde marzo hasta aquí”. “El temario obviamente funciona con la lógica de mayorías y minorías” pero “se cumplen y se pautan los tiempos de cada uno y cada una de los senadores”, destacó el monobloquista, al tiempo que opinó que “esta es la manera en que el Senado puede garantizar el funcionamiento al pueblo y al Gobierno”.

Otro senador del Frente de Todos que defendió el mecanismo fue el catamarqueño Dalmacio Mera, quien además cuestionó a la oposición por “responder a una agenda y un discurso electoral” y habló de “un ánimo per saltum que pareciera haber en algunos legisladores”.

senado sesion 2 octubre 2020 fernandez sagasti
La mendocina Anabel Fernández Sagasti fue una de las senadoras del FdT que se debutó este viernes en el recinto.

Muy enfático, el jefe del interbloque JxC, Luis Naidenoff, aseveró que “no existe ningún senador nacional que tenga algún impedimento de concurrir o encontrarse limitado en el ejercicio de sus funciones”. “¿Se dan cuenta lo que van a votar?”, preguntó a sus pares y criticó que haya que, según indica el decreto 16/20, “pedirle a la Secretaría Parlamentaria el permiso para ejercer el derecho de sentarse en las bancas”.

El formoseño mencionó que en 1890, en el fallo Leandro N. Alem, la Corte Suprema estableció que “no se puede impedir ni siquiera en estado de sitio la presencia de los senadores en el recinto”. “Es cierto que estamos en pandemia, es cierto que esta cuarentena no termina nunca. Y sabemos que hay que tomar recaudos”, señaló, pero afirmó que desde su espacio intentaron “tender puentes para encontrar un sistema rotativo que respete el distanciamiento y que pueda haber una amplia representación federal en el recinto”.

“¿Cómo pueden avanzar en la autodegradación del propio recinto?“, fustigó al oficialismo y les preguntó si se “tomaron el tiempo” de leer el decreto. “Muchos ni se dan cuenta de rol que se ejerce en esta Casa, del rol que se ejerce como senadores”, continuó y reprochó que se “agradezca” la presencia de cuatro senadores más en la sesión.

En referencia a los trabajadores esenciales, el legislador remarcó que “no se resguardan en un Zoom los cajeros de supermercado, los transportistas, los médicos, los docentes, los policías, que dan su vida y muchos la pierden por una doctrina que quedó en el pasado”.

Y completó: “No vamos a convalidar. Vamos a estar ausentes en esta votación. Este decreto no se debería tratar. Es una ofensa a cada uno de los senadores”, completó.

“Bueno Luis, no te enojes tanto”, comenzó el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, quien se preguntó si “esto es una discusión jurídica o es una discusión política”. En coincidencia con los argumentos de sus pares, defendió que “está absolutamente claro de que son válidas las sesiones y las decisiones que estamos tomando”.

Destacó entonces todo el temario trabajado a los largo de “18 sesiones” en el año, más “que el año anterior cuando Macri gobernaba”. “Es indispensable que el Parlamento pueda funcionar”, subrayó y opinó que la actitud de la oposición “es una estrategia general que se lleva adelante en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores; afuera atacando al presidente, al ASPO y a todas las medidas que se toman”.

“La oposición no acepta que es minoría, y en eso consiste el juego parlamentario. La minoría no puede someter a la decisión de la mayoría de los temas que considera indispensable”, insistió el formoseño y advirtió: “Si vemos que quieren condicionarnos para paralizar, para entorpecer, obviamente no vamos a permitir eso. El pueblo necesita que el Parlamento funcione y no que judicialicen la política”.

El bonaerense Jorge Taiana fue el otro senador del oficialismo que asistió de manera presencial, como habilita el nuevo decreto.

El Senado sesiona para aprobar la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires

El Frente de Todos cuenta con los números para avanzar con el proyecto que lleva el coeficiente a 1,4% y establece una fórmula para calcular los gastos en seguridad. Además, la iniciativa de economía del conocimiento recibirá modificaciones y volverá a Diputados.

En un día inhabitual, el Senado comenzó este viernes su sesión especial a las 14.22, durante la que el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional que establece una baja al 1,4% de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, al reducir los recursos que son girados al distrito porteño por los gastos de la Policía Federal traspasada durante la gestión anterior.

Además, se tratará la iniciativa de economía del conocimiento, que recibirá cambios y volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

En el comienzo, el pleno tratará el decreto 16/20 firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el cual se habilitó que cuatro senadores más puedan estar presentes en el recinto durante las sesiones remotas -dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio-.

Dicho decreto modifica el 14/20, ratificado hace dos semanas atrás por el voto de la mayoría, pero con el rechazo de la oposición -salvo Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana-, que planteó que la prórroga del funcionamiento remoto se trata de un cambio de reglamento y, por ende, requiere de los dos tercios de los votos -es decir, mayoría especial-. Por este tema, Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia.

El temario continuará con el ingreso de un paquete de pliegos enviados por Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el Poder Judicial. Entre ellos se encuentra el de Raúl Daniel Bejas, juez federal de Tucumán, candidato a ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral.

Convenio de transferencia de la competencia de seguridad a la Ciudad

La primera iniciativa del temario propone la aprobación del convenio de traspaso de la Policía Federal desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires, firmado en enero de 2016 por el gobierno anterior.

El proyecto trata de fijar unos 24.500 millones de pesos para atender los gastos -de acuerdo a los recursos que significó este año-, y establece que ese monto se actualizará anualmente por una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.

También establece que la suma “se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su actualización se realizará en forma trimestral”.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad informarán a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo 2°, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega. Y finalmente indica que los gastos presupuestarios se readecuarán una vez que esté en vigencia la ley.

Economía del conocimiento

Luego será el turno de un tema largamente reclamado por la oposición, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara baja para su sanción definitiva.

La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.

Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.

Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las PyMEs, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.

Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.

Los puntos principales del proyecto de ley de economía del conocimiento

La iniciativa recibirá cambios en el Senado, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputados. Un repaso por los aspectos salientes.

El Senado se dispone a aprobar este viernes el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, una industria clave para la generación de divisas y de empleo de calidad. La iniciativa recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El régimen tendrá una duración desde el 1ro. de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029, y según se informó, supone un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para fomentar el sector.

A continuación, parlamentario.com repasa los puntos salientes:

  • Los servicios profesionales alcanzados serán los siguientes:
  1. Servicios jurídicos, de contabilidad general, consultoría de gerencia, servicios gerenciales y servicios de relaciones públicas, auditoría, cumplimiento normativo, asesoramiento impositivo y legal.
  2. Servicios de traducción e interpretación, gestión de recursos humanos (búsqueda, selección y colocación de personal).
  3. Servicios de publicidad, creación y realización de campañas publicitarias (creación de contenido, comunicación institucional, estrategia, diseño gráfico/web, difusión publicitaria).
  4. Diseño de experiencia del usuario, de producto, de interfaz de usuario, diseño web, diseño industrial, diseño textil, indumentaria y calzado, diseño gráfico, diseño editorial y diseño interactivo.
  5. Servicios arquitectónicos y de ingeniería: asesoramiento sobre arquitectura (elaboración y diseño de proyectos, planos y esquemas de obras, y planificación urbana); diseño de maquinaria y plantas industriales; ingeniería, gestión de proyectos y actividades técnicas en proyectos de ingeniería.
  • Podrán acceder al régimen las personas jurídicas dedicadas a estos rubros que estén cumpliendo debidamente sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. Será condición que el 70% de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades promovidas.
  • Adicionalmente, las empresas que deseen acceder al régimen deberán cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes.
  • En el caso de las micro empresas con menos de tres años de antigüedad, solo deberán acreditar, para acceder al régimen, que desarrollan en el país -por cuenta propia y como actividad principal- al menos una de las actividades promovidas.
  • Todas las empresas que ingresen al régimen gozarán de la estabilidad de los beneficios contemplados.
  • Para mantener su inscripción, las empresas -cualquiera sea su tamaño- deberán acreditar cada dos años que cumplen sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales; que mantienen o incrementan su nómina de personal; y que los requisitos adicionales fueron incrementados.
  • Las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. El carácter de “intransferible” fue una modificación que introdujo el Senado. Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
  • Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al valor del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
  • Otro de los beneficios de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.
  • Se establecen sanciones por incumplimiento del régimen o la falsedad de la información declarada, tales como suspensión del goce de los beneficios por un lapso de entre tres meses y un año, la baja total y la inhabilitación para inscribirse nuevamente, además de multas.
  • Se crea el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), que se conformará como un fideicomiso.  El objetivo será financiar actividades de capacitación y formación, apoyar inversiones productivas, financiar capital de trabajo, promover el desarrollo de empresas “ambientalmente sustentables”, fomentar la inserción comercial internacional de las empresas, las actividades de innovación productiva y nuevos emprendimientos.
  • El FONPEC se alimentará de aportes de los beneficiarios de hasta el 4% del monto total de los beneficios percibidos; partidas presupuestarias; legados o donaciones; fondos provistos por organismos nacionales, provinciales o de ONGs, o de empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, entre otras fuentes de financiamiento.
  • Por último, en las cláusulas transitorias se flexibilizan los requisitos de inscripción si ésta se solicita durante la emergencia sanitaria por la pandemia.

Cristina oficializó la convocatoria a Cafiero para su segundo informe ante el Senado

La vicepresidenta citó a la sesión informativa para el próximo miércoles 7 de octubre. Los senadores le enviaron al jefe de Gabinete 760 preguntas por escrito.

La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó formalmente a una sesión informativa para el próximo miércoles 7 de octubre con el fin de escuchar, por segunda vez en el año, el informe de gestión del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

A través del decreto 84/20, la titular del Senado formalizó la citación a Cafiero, que asistirá al recinto junto a un grupo de colaboradores para exponer sobre la marcha de la gestión y responder preguntas de los senadores, conectados por videoconferencia en su gran mayoría.

Será la segunda sesión informativa de Cafiero ante la Cámara alta, donde se presentó por primera vez el 18 de junio, mientras que ante Diputados lo hizo el 30 de julio.

Los senadores le enviaron al funcionario un total de 760 preguntas por escrito, de las cuales la mayor cantidad fueron para los ministerios de Economía (104), Salud (84), Desarrollo Productivo (51), Obras Públicas (47) y Ambiente y Desarrollo Sostenible (46).

Los bloques que más consultas realizaron fueron la UCR con 294, seguido por el Pro con 197 y el Frente de Todos con 171.

El Senado tratará este viernes los proyectos de quita de coparticipación a CABA y economía del conocimiento

La Cámara alta sesionará des de las 14, en un día inhabitual. También se debatirá una modificación del decreto de sesiones remotas.

El Senado sesionará este viernes desde las 14 para tratar dos proyectos de ley que prometen un intenso debate: la reducción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía durante la gestión anterior, y el régimen de promoción de la economía del conocimiento.

Además, se someterá a consideración un decreto firmado este miércoles por la vicepresidenta Cristina Kirchner (16/20) que modifica la prórroga de las sesiones remotas, habilitando la presencia de cuatro senadores en el recinto, dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio.

La discusión sobre la validez de las sesiones virtuales promete volver a hacerse presente, ya que Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia y, por ende, no avala el sistema en tanto no se apruebe con una mayoría especial.

El proyecto sobre coparticipación, ampliamente rechazado por la principal bancada de la oposición, ratifica el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad el 5 de enero de 2016.

Allí se calcula que este año la Policía de la Ciudad recibirá 24.500 millones de pesos, pero ese monto deberá ser actualizado de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En caso de aprobarse el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la coparticipación para la Ciudad -que ya no recibirá en forma automática los fondos para afrontar los gastos en seguridad, sino a través de este nuevo mecanismo- se verá reducida al 1,4%.

Por otra parte, el Senado buscará aprobar el proyecto de promoción de la economía del conocimiento, que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.

Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.

Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.

Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.

Cristina habilitó la presencia de más senadores en el recinto durante las sesiones

A través de un decreto, la vicepresidenta dispuso que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en carácter de mayoría y primera minoría, puedan contar con hasta dos integrantes cada uno.

La vicepresidenta Cristina Kirchner habilitó este miércoles, a través de un decreto, la presencia de más cantidad de senadores en el recinto de la Cámara alta durante las sesiones remotas.

Con el esquema actual, solo pueden hacerse presentes, además de la titular del Senado y sus secretarios, la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala (Frente de Todos), y los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro).

Sin embargo, Cristina dispuso en el decreto 16/20 que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en carácter de mayoría y primera minoría, puedan contar con hasta dos integrantes cada uno en el recinto.

Los bloques deberán informar con una antelación de 24 horas a la Secretaría Parlamentaria quiénes son los senadores que asistirán, a fin de que se autorice su ingreso.

El decreto firmado por Cristina modifica el 14/20, en el cual se prorrogaron las sesiones remotas del Senado “de modo excepcional y por el plazo de 60 días” prorrogables en tanto persista la emergencia sanitaria.

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Diputados aprobó la renuncia de Ameri, pero igual le aplicará una sanción

Sergio Massa conminó al legislador salteño a que diera un paso al costado. Pero dada la gravedad de la escena que transcurrió durante la sesión, se avanzó también con la comisión que evaluará el caso.

Por Carolina Ramos

El escándalo del diputado Juan Ameri, quien protagonizó una escena íntima con su pareja en el medio de la sesión, encontró una resolución consensuada en la Cámara baja. Cerca de las 3.30 de la madrugada del viernes, el pleno aprobó la renuncia del salteño, pero además avanzará con una sanción por la gravedad del caso.

Ameri había sido suspendido de forma inmediata durante la tarde, cuando se hizo viral el video del momento hot en pleno debate por la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Sin embargo, la presión creció con el correr de las horas y el diputado, acorralado, no tuvo otra opción que dar un paso al costado.

“O presentás la renuncia antes de las 12 de la noche, o te echamos hoy”, fue la amenaza que Sergio Massa hizo llegar al involucrado. Así fue como, cerca de la medianoche, Ameri presentó la nota ante el titular de la Cámara, quien convocó a un breve cuarto intermedio para notificar a los jefes de bloque que se encontraban presentes en el recinto.

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, manifestó Ameri en la nota.

Y finalmente, anunció: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

La renuncia fue aprobada con 224 votos a favor, uno en contra, del misionero Alfredo Schiavoni (Pro); y tres abstenciones, de Fernando Iglesias (Pro), Javier Campo y Héctor “Toty” Flores, ambos de la Coalición Cívica-ARI.

Pero los bloques decidieron recrudecer la condena: además de aceptar la renuncia, siguieron adelante con la creación de la comisión que deberá definir, en el menor tiempo posible, la sanción al diputado.

La iniciativa se materializó a través de un proyecto de resolución que fue aprobado a mano alzada, y donde se nombró como integrantes de la comisión a Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el Frente de Todos; Silvia Lospennato y Miguel Bazze por Juntos por el Cambio; y Graciela Camaño por Consenso Federal.

“Estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Ninguno de nosotros ni ningún argentino mereció el bochorno al que nos sometió el diputado renunciante”, lamentó Lospennato.

Si bien destacó que la suspensión y posterior aprobación de la renuncia “es el procedimiento correcto”, la legisladora consideró que “los bloques tienen que expedirse sobre la inconducta de Ameri, porque Argentina está atravesando una situación que exige de nosotros la mayor seriedad”.

Queremos que igual la comisión se expida como una señal de que la Cámara no va a tolerar este tipo de inconductas. Queremos sentar un precedente para que estas inconductas no vuelvan a repetirse”, reafirmó Lospennato.

Cecilia Moreau (Frente de Todos) y Mario Negri (Juntos por el Cambio) acompañaron la decisión. “Debemos recobrar el prestigio que fue dañado por la inconducta”, observó el jefe de la principal bancada de la oposición.

También Camaño, visiblemente afectada, respaldó el procedimiento “Nunca viví lo que viví en el día de hoy. Es el escándalo más bochornoso que nos ha tocado vivir”, describió la diputada, quien confesó el padecimiento que le genera el sistema virtual.

Tras destacar que Massa “supo interpretar que estábamos en presencia de un gran escándalo”, ratificó: “No podemos simplemente aceptar esa renuncia. Tenemos que hacer que este hecho nos convoque a una suerte de código ético. Bajo ningún punto de vista podemos decir que esto se resolvió con una renuncia”.

La renuncia

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En medio de una fuerte presión, el diputado Ameri presentó su renuncia

Tras protagonizar un escándalo por la escena hot en la sesión de este jueves, el salteño decidió dar un paso al costado para evitar la expulsión. La renuncia se votará al final de la sesión.

La presión política y social pudo más: el diputado Juan Ameri, protagonista de la jornada de este jueves por una escena hot en plena sesión de la Cámara baja, finalmente dio un paso al costado. El salteño del Frente de Todos presentó la renuncia a su banca y evitó así la expulsión.

“O presentás la renuncia antes de las 12 de la noche, o te echamos hoy”, fue el mensaje liso y llano que Sergio Massa le transmitió a Ameri, horas después de haberse aprobado su suspensión por 60 días y la creación de una comisión para analizar el caso.

Así fue como, cerca de la medianoche, Ameri presentó la nota ante Massa, quien había convocado a un breve cuarto intermedio para hablar el tema con los jefes de bloque que se encontraban presentes en el recinto.

“Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, manifestó Ameri en la nota.

Finalmente, anunció: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

Con su renuncia, el diputado evitó la expulsión, la posibilidad que asomaba con mayor certeza a raíz de los pronunciamientos de todos los bloques en repudio a la conducta inapropiada del legislador.

Tiempo antes de conocerse la decisión del salteño, se habían confirmado los nombres de los diputados que integrarían la comisión encargada de evaluar el caso: los elegidos eran Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el Frente de Todos; Silvia Lospennato y Miguel Bazze por Juntos por el Cambio; y Graciela Camaño por Consenso Federal.

La renuncia

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Se definió la comisión que decidirá si se expulsa al diputado Ameri

Son cuatro diputadas y un diputado que deberán evaluar lo sucedido con el legislador en la sesión de este jueves, si es que antes no presenta la renuncia.

Se definió la comisión que deberá determinar, en los próximos días, si se promueve la expulsión del diputado nacional Juan Ameri por su conducta inapropiada en la sesión de este jueves, cuando se lo vio en un momento erótico con su pareja.

Por el Frente de Todos, integrarán la comisión Cecilia Moreau y Cristina Álvarez Rodríguez, vicepresidenta y secretaria parlamentaria del bloque que preside Máximo Kirchner, del cual Ameri forma parte.

En nombre de Juntos por el Cambio, participarán Silvia Lospennato (Pro) y Miguel Bazze (UCR), mientras que la integrante restante será Graciela Camaño (Consenso Federal).

Ameri fue suspendido por 60 días a propuesta del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien a su vez hizo aprobar la creación de una comisión para evaluar el caso cuanto antes y tomar una decisión antes de la próxima sesión.

El bloque de diputados oficialistas, en un comunicado, apoyó la suspensión inmediata del salteño.

“Lamentamos este hecho que consideramos una falta de respeto hacia esta Cámara y hacia toda la sociedad argentina. Como representantes del pueblo no podemos permitir una irresponsabilidad de esta envergadura, por lo que garantizaremos que se apliquen todas las normas para que sea sancionado de la manera que corresponda de acuerdo a la gravedad de sus actos”, expresó la bancada.

Desde Juntos por el Cambio también hubo un rechazo a la conducta de Ameri y todo indica que promoverán su expulsión del cuerpo.

Del mismo modo, Camaño reprobó lo ocurrido: “En el contexto de incertidumbre y dolor de los argentinos, los representantes tenemos la obligación de tener una conducta intachable. El triste espectáculo que vivimos hoy en la sesión merece solo repudio”.

Por amplia mayoría, Diputados aprobó el proyecto que busca proteger los activos del FGS

Se trata de la iniciativa que habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSES y, a su vez, modifica el modo de financiamiento de la Reparación Histórica. Recibió 245 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Tras un debate cruzado por el escándalo del diputado Juan Ameri, quien protagonizó una escena íntima en plena sesión virtual, la Cámara baja aprobó este jueves el proyecto que habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modifica el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La iniciativa del Poder Ejecutivo recibió 245 votos a favor, tres en contra -del Frente de Izquierda y José Luis Patiño, del Pro- y una abstención, de Héctor Stefani, también del Pro.

Con la futura ley, 21 de los 24 distritos -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

Para no afectar fondos de los jubilados, el proyecto aprobado indica que el programa de Reparación Histórica será financiado a través de recursos propios de la ANSES y del Tesoro, ya que la ley sancionada en la gestión anterior ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, el FGS.

A pesar de algunas objeciones, Juntos por el Cambio acompañó la votación del proyecto, al igual que el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, las bancadas de José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior, estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos explicó que el pago de ese beneficio se afrontará ahora a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que ese Fondo “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

El oficialista Marcelo Casaretto destacó el acompañamiento de la oposición y recordó que próximamente se debatirá en el Congreso la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori se refirió a las deudas de las provincias e informó que totalizan 25.000 millones de pesos que vencieron, en su gran mayoría, en agosto.

La ANSES detrajo ese monto de la coparticipación que le corresponde a las provincias, “causándoles un grave perjuicio financiero”, y luego, tras un acuerdo con la Nación, “se suspendió por 45 días el plazo del vencimiento”, que será a lo largo de la primera quincena de octubre.

Ante este panorama, Pastori marcó “la urgencia de tener esta ley aprobada para que no vuelva a vencer ese plazo” y las provincias no vuelvan a verse afectadas.

Por su parte, Luciano Laspina (Pro), advirtió que el Gobierno puso a consideración la ley de protección del FGS “al mismo tiempo que suspendió la fórmula de actualización para los actuales jubilados”.

“¿Cómo se explica esta paradoja jurídica de que por un lado queremos proteger los fondos de los jubilados y al mismo tiempo les estamos defaulteando a los actuales jubilados suspendiendo una fórmula que, de haberse cumplido, hubiese sido mejor que los ajustes por decreto?”, se preguntó Laspina.

Jorge Sarghini, de Consenso Federal, celebró que las reformas se harán “sin quitar garantías a los jubilados que adhirieron a la Reparación Histórica, garantías que no estaban en el proyecto original y que en el debate en comisión se pudieron corregir”.

De todos modos, advirtió que “salvo el título y el enunciado de buena voluntad del capítulo primero, no tenemos ninguna garantía ni certeza que nos haga creer que esta ley por sí sola defienda el patrimonio del FGS”, que “es un fondo extraño, porque estamos bajo un sistema de reparto y ese fondo viene extraído de un sistema privado de capitalización”.

En tanto, el mendocino Ramón destacó el “reenfoque del FGS” y señaló que “los dos frentes mayoritarios lograron un consenso cuando las arcas de los estados provinciales se encuentran en una profunda crisis”.

El titular de Unidad Federal para el Desarrollo consideró que “un punto que no tuvo relevancia en la comisión fue el relacionado con los créditos de la ANSES”, y en ese sentido dijo que “no se discutió el sobreendeudamiento de las familias”.

En contra del proyecto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) opinó que “se pretende ocultar la política que durante muchos años tuvieron todos los gobiernos, de saqueo de los recursos de la ANSES”.

En ese sentido, recordó que los recursos del FGS llegaron “a rondar los 67.000 millones de dólares y en la actualidad está apenas en torno a los 32.000 millones de dólares”.

El legislador de la izquierda criticó la reforma previsional de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y también el “ajuste” a los jubilados por parte del gobierno de Alberto Fernández con la suspensión de la fórmula de movilidad.

Además, dijo que el proyecto es “contradictorio” en lo referido al refinanciamiento de deuda de las provincias, las cuales “fueron parte del festival del endeudamiento beneficiando a los especuladores bajo el gobierno de Macri”.

Renuncia, expulsión o “perdón”: los caminos del caso Ameri en Diputados

Una comisión de cinco integrantes evaluará lo sucedido con el legislador, que fue sorprendido en una escena íntima en plena sesión virtual.

Una comisión de cinco representantes de los bloques determinará en los próximos días cuál será el futuro del diputado Juan Ameri, del Frente de Todos por la provincia de Salta, quien fue sorprendido en plena sesión cuando protagonizaba una escena íntima junto a una mujer.

El fragmento de la videoconferencia se hizo viral en minutos y Sergio Massa, presidente del cuerpo, no dudó en someter a votación la suspensión inmediata del salteño por el plazo de 60 días.

En paralelo, y en función del artículo 188 del reglamento, se creó una comisión que evaluará si corresponde la expulsión o si no habrá sanción, siempre y cuando Ameri no presente antes la renuncia a su banca.

Ameri juró en su banca el 4 de diciembre de 2019 para completar el mandato de Sergio “Oso” Leavy, que había sido electo en 2017 pero dos años después asumió como senador nacional.

Si el diputado decide renunciar, o bien si es expulsado, su lugar quedaría para una mujer, Alcira Elsa Figueroa, quien fue la primera suplente de la lista de diputados del entonces Frente Ciudadano para la Victoria en 2017, cuando todavía no regía la paridad de género.

Mientras continúe suspendido, por supuesto, no tendrá reemplazo: el diputado continuará en el cargo pero no podrá ejercerlo, como en 2017 sucedió con el exministro Julio De Vido, quien fue desaforado y suspendido.

En tanto dure esta situación, el Frente de Todos tendrá una banca menos, es decir, quedará con 118 integrantes, en momentos donde se avecinan discusiones cruciales, como la del Presupuesto 2021 y el aporte solidario de las grandes fortunas.

Escándalo: Massa suspendió a un diputado por una conducta impropia durante la sesión

Se trata del diputado Juan Ameri, del Frente de Todos por Salta, quien protagonizó una escena íntima con una mujer en plena videoconferencia, con la cámara encendida. Una comisión evaluará si corresponde expulsarlo.

Por Carolina Ramos

Un escándalo realmente inesperado y sin precedentes se produjo este jueves cuando, en plena sesión de la Cámara baja, un diputado conectado en forma virtual protagonizó una escena íntima con una mujer, que quedó a la vista porque su cámara estaba encendida.

Se trata de Juan Ameri, del Frente de Todos por Salta, quien fue inmediatamente suspendido por Sergio Massa, ante la sorpresa de algunos diputados que no estaban anoticiados del video que se hizo viral en las redes sociales.

La insólita escena se produjo mientras el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendía el proyecto de ley de protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y refinanciación de las deudas de las provincias con la ANSES.

El fragmento -en el que se ve a una mujer sentada sobre Ameri, en una situación íntima- llegó a manos de Massa, quien, muy rápido de reflejos, interrumpió el debate para anunciar la decisión de suspender al legislador, que pertenece a su propio bloque.

“Frente a una falta grave de un diputado, en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa”, reprobó el presidente de la Cámara baja.

Y continuó: “En estos meses, en el marco de la pandemia y del funcionamiento remoto, hemos convivido con situaciones de algún diputado que se quedaba dormido, o que se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y normal funcionamiento de esta casa”.

Muy firme, Massa pidió “la inmediata aplicación del artículo 188 del reglamento y la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri”, y, en paralelo, propuso la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinen si corresponde la expulsión del salteño.

“Esta es la casa del pueblo. Vamos a escuchar las explicaciones del diputado, pero no podemos admitir, como cuerpo de representantes en democracia, que se den este tipo de situaciones”, sentenció Massa, e invitó a los bloques a que nombren a sus representantes en la comisión.

De inmediato, la oficialista Cecilia Moreau aceptó la decisión de Massa, al igual que Mario Negri, aunque el jefe del interbloque Juntos por el Cambio se mostró sorprendido por la intempestiva medida y pidió dar a conocer lo que había ocurrido.

“Se dio una situación que es de casi público conocimiento, que está circulando en redes, de un diputado manteniendo una conducta inapropiada con el decoro que debe tener una sesión”, repitió Massa, y por si acaso insistió: “Situaciones como éstas no las podemos dejar pasar”.

El titular del cuerpo sometió a votación, a mano alzada, la suspensión inmediata de Ameri por 60 días y la conformación de una comisión para analizar el caso, y dio por hecho que el resultado fue unánime.

Para no dejar lugar a dudas, Negri reclamó que la votación volviera a hacerse en forma nominal, y entonces pidió la palabra la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), quien echó mano a sus años de experiencia parlamentaria y quiso poner un freno.

“Tengamos un poco de calma. Muchos de nosotros no sabemos lo que ha sucedido… proceder a una suspensión ipso facto de un representante… lo correcto es formar la comisión y evaluar la conducta con el conocimiento de todos”, consideró.

La legisladora, conectada a la videoconferencia, expresó: “No lo conozco, no tengo idea de quién es ni qué hizo. Hacer esto de esta manera no es procedente”.

Desde el recinto, Moreau repitió que “se trata de una situación íntima del diputado con su pareja, que fue puesta en el sistema… la vimos casi todos, ya está en las redes y en la televisión. A nuestro entender, la conducta fue inapropiada”.

Por el Pro, Silvia Lospennato coincidió en que “tiene que operar inmediatamente la suspensión” y luego debe pronunciarse la comisión, ya que si bien la escena se reprodujo por la videoconferencia, se entiende que tuvo lugar “en el recinto de esta Cámara”.

Finalmente, Massa confirmó el resultado de la votación y dio por cerrada la discusión.

Heller defendió el proyecto para blindar el FGS y refinanciar deudas de las provincias

El objetivo del proyecto, sostuvo el titular de la Comisión de Presupuesto, es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto” de los jubilados.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Poder Ejecutivo que busca “blindar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) modificando el modo de financiamiento del programa de Reparación Histórica.

Heller recordó los orígenes del FGS, creado en 2007, y destacó que en su composición accionaria participan “muchas empresas líderes”, por lo que en ese momento se buscó proteger esos activos y además “mantener la participación efectiva del Estado en el funcionamiento de esas empresas”.

“Como su nombre lo indica, el FGS tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales, explicó Heller.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos puntualizó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará entonces a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

Sesiona Diputados para tratar el proyecto de protección a los activos del FGS

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, apunta a refinanciar la deuda de las provincias con la ANSeS. Además, se tratará un proyecto que bloquea la asistencia estatal a empresas en paraísos fiscales.

sesion virtual diputados 24 septiembre 2020 recinto

Tras la renovación del protocolo de funcionamiento remoto, la Cámara de Diputados realiza una nueva sesión para aprobar el proyecto de ley que apunta a proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), al modificar el modo de financiamiento de la Reparación Histórica.

La sesión, presidida por Sergio Massa, inició cerca de las 15.15, pero el debate de los proyectos se demoró por una serie de homenajes y de cuestiones de privilegio, por lo que se estima que la jornada terminará cerca de la medianoche.

La principal iniciativa del temario -que incluye otros tres temas acordados- establece, además de la modificación en la Reparación Histórica, la posibilidad de refinanciamiento de las deudas que 21 de 24 provincias mantienen con la ANSES, a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos explicó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará ahora a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que ese Fondo “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

Otros proyectos

La Cámara baja tratará además un proyecto de Pablo Carro (Frente de Todos) que impide acceder a asistencia económica o financiera a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o situaciones de fuerza mayor.

Asimismo, se convertiría en ley la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018.

Por último, se tratará en la sesión otra iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología.

Diputados sesionará este jueves de forma virtual con un temario acordado

Se tratará el proyecto de defensa de los activos del FGS y refinanciación de las deudas provinciales con la ANSES. También una iniciativa que bloquea la asistencia estatal a empresas en paraísos fiscales.

sesion virtual diputados 4 de agosto de 2020

Por primera vez desde que se renovó el Protocolo de Funcionamiento Remoto, la Cámara de Diputados sesionará nuevamente en forma virtual. Será este jueves a partir de las 15 y se tratará una serie de proyectos acordados, que serían aprobados por amplia mayoría.

La principal iniciativa del temario es la que apunta a refinanciar la deuda de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modificar el modo de financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El proyecto del Poder Ejecutivo establece el programa de Reparación Histórica -al que, según la ANSES, adhirieron 900.000 jubilados- será financiado a través del Tesoro y no del FGS, como establecía en segunda instancia la ley sancionada durante la gestión anterior, donde la principal fuente de recursos era el blanqueo de capitales.

De esa forma, el Gobierno busca salvaguardar los activos del FGS, ya que se emprenderá, en paralelo, una refinanciación de las deudas que 21 de los 24 distritos mantienen con la ANSES -las excepciones son Córdoba, Santa Fe y San Luis-.

Durante el debate en comisiones, Juntos por el Cambio acompañó el dictamen favorable gracias a que el oficialismo incorporó cambios en las tasas de interés para la renegociación de deudas, y además aclaró en la redacción que el pago de la Reparación Histórica se hará en su totalidad “sin poder fijarse límites”.  

Por otra parte, la Cámara baja debatirá un proyecto de Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) que impide acceder a asistencia económica o financiera a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o situaciones de fuerza mayor.

Asimismo, se convertiría en ley la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018.

Por último, se tratará en la sesión otro proyecto que cuenta con media sanción del Senado, que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología.

Cafiero se presentará el 7 de octubre ante el Senado

Será la segunda sesión informativa del jefe de Gabinete ante la Cámara alta y la tercera ante el Congreso. Por escrito le enviaron 760 preguntas.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se presentará el próximo miércoles 7 de octubre ante el Senado, donde la relación entre oficialismo y oposición se encuentra en un estado de máxima tensión, para brindar su informe de gestión como lo establece la Constitución Nacional.

Será la segunda sesión informativa de Cafiero ante la Cámara alta, donde se presentó por primera vez el 18 de junio, mientras que ante Diputados lo hizo el 30 de julio.

Los senadores le enviaron al funcionario un total de 760 preguntas por escrito, según el relevamiento de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios.

De ese total, la mayor cantidad fueron para los ministerios de Economía (104), Salud (84), Desarrollo Productivo (51), Obras Públicas (47) y Ambiente y Desarrollo Sostenible (46).

Los bloques que más consultas realizaron fueron la UCR con 294, seguido por el Pro con 197 y el Frente de Todos con 171.

Las senadoras que más preguntas hicieron fueron Pamela Verasay (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución), con 90 cada una, seguidas por Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), con 80.

“Pese a la actitud de algunos sectores de la oposición, que en las últimas semanas vienen poniendo obstáculos en el funcionamiento del Poder Legislativo, desde la Jefatura de Gabinete ratificamos nuestra voluntad de dialogar y continuar trabajando para que los argentinos cuenten con un Estado presente, articulando entre sus distintos poderes las respuestas necesarias para enfrentar la pandemia”, aseguró la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada.

La funcionaria, que acompañó a Cafiero en la presentación de sus informes, remarcó que desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández “más de 130 funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional participaron de distintas reuniones de comisión tanto de manera remota como presencial, número que supera ampliamente lo ocurrido durante el período legislativo 2019”.

“Se trata de una cifra que demuestra la vocación del Gobierno de trabajar en conjunto para superar la crisis que dejó la gestión anterior, a la que se sumó el coronavirus”, agregó Gómez Mirada, quien recordó además que la cantidad de sesiones en lo que va del 2020 también es mayor a la del año anterior.

Sancionan una ley para crear el Fondo Nacional de la Defensa, con el objetivo de reequiparar a las FF.AA.

En la sesión de este miércoles, la Cámara alta aprobó por unanimidad la iniciativa que había sido impulsada el año pasado por el entonces diputado Agustín Rossi, hoy ministro del área. Los detalles de la norma.

sesion senado debate fondo de la defensa

La Cámara alta sancionó este jueves la ley que establece la creación de un Fondo Nacional de la Defensa, cuyo objetivo es reequiparar a las Fuerzas Armadas. El proyecto se aprobó por unanimidad con 41 votos positivos y ninguno negativo.

La iniciativa había sido impulsada el año pasado por el entonces jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, hoy a cargo del Ministerio de Defensa, cartera que será la autoridad de aplicación de la norma.

Miembro informante, la chubutense Nancy González señaló que las FF.AA. “durante 40 años han sido relegadas por situaciones del país que han sido muchos más apremiantes”. Y destacó el “apoyo unánime” que recibió el proyecto en la Cámara de Diputados y en comisión hace días atrás, aunque la oposición se encontró ausente en la votación.

“El Ministerio de Defensa cuenta con material obsoleto, hay aviones prácticamente que son imposibles de volar, una flota naval totalmente disminuida…entonces, la verdad que reequipar a nuestras Fuerzas Armadas nos tiene que enorgullecer”, sostuvo.

La titular de la Comisión de Defensa Nacional detalló que “el principal financiamiento viene del Presupuesto Nacional, pero también está contemplado que puedan hacer aportes personas humanas o jurídicas; y las donaciones, legados o herencias”.

“La administración de este Fondo está exclusivamente bajo la órbita del Ministerio de Defensa”, indicó, sin embargo destacó el “control” que realizarán las comisiones competentes del Congreso.

La oficialista resaltó: “Nuestras Fuerzas Armadas, más allá de cuidar nuestras fronteras, salen a otros países a hacer ejercicios militares. Si queremos que esas salidas sean fructíferas tenemos que dotarlas de todo el material con la mayor modernización”.

En tanto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, ponderó que los recursos “se van ampliando en un porcentaje en los presupuestos futuros” y aunque la cifra parezca “insignificante” en realidad “para el sector es enormemente significativo”. En ese sentido, el cordobés informó que para 2021 se estima un 0,5%, lo que “sería alrededor de 30 mil millones de pesos”.

Además, el legislador consideró que la ley “da un nuevo horizonte para las FF.AA., pero fundamentalmente para la industria nacional, para la industria de la defensa”. Y celebró que “cuando estas empresas se vayan recuperando, también se van a ir recuperando a los trabajadores despedidos”.

También desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli ponderó que las FF.AA. “van a tener importantes recursos anuales” y cuestionó a la gestión anterior porque “malgastaron” las inversiones para el área.

Entre varios números que repasó, el neuquino dijo que “en el 2016 el (ex)presidente (Mauricio Macri) alquiló a Estados Unidos dos aviones de adiestramiento” y “se gastaron 160 millones de dólares” para “suplantar a los aviones Pampa que son de producción nacional”. “Fue una pésima inversión”, opinó y añadió: “La política que ellos llevaron adelante nada tiene que ver con lo que se plantea en este proyecto”.

Durante el debate, el rionegrino Alberto Weretilneck celebró que este Fondo no es solo para reequiparar a las FF.AA., sino también “es el financiamiento para que nuestro país tenga la tecnología no solo para defendernos, sino para poder generar después actividad económica, empleo y riqueza”.

“Esta ley tiene una profundidad enorme”, expresó y aseveró: “Esto no es para salir a comprar a terceros países productos terminados, sino para que el país pueda tener su propia tecnología de defensa y que el día de mañana podamos decir que estamos exportando, que estamos vendiendo y que la tecnología argentina forma parte de lo que se utiliza en otros países del mundo”.

Qué establece la ley

La norma establece que los recursos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) serán afectados específicamente a la recuperación, modernización y/o incorporación de material.

En tanto, para el destino de los recursos deberán tenerse en cuenta los criterios de: favorecer la sustitución de las importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; incrementar las acciones de investigación y desarrollo en los sectores público y privado; y mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.

El FONDEF estará integrado con las partidas presupuestarias de 0,35% para el 2020; el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el 2022; y el 0,8% para el 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.

El aporte al Fondo será independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto Nacional.
También, estará conformado con los aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, como así también otras fuentes de financiamiento de origen nacional e internacional; y con las donaciones, legados y/o herencias que se efectuaren en su favor.

La ley prevé que el FONDEF deberá ejecutarse anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente disponerse hasta un 10% en concepto de remanente no atribuido al objeto de la norma. En este supuesto, el remanente será imputado al ejercicio siguiente.

Por otra parte, las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso serán competentes para intervenir en el seguimiento del proceso de reequipamiento de las FF.AA. llevado a cabo a través del FONDEF. A tal efecto se les asigna una serie de funciones como recibir el plan anual de inversiones, recibir informes semestrales, requerir informes al Ministerio de Defensa, verificar la ejecución presupuestaria de los recursos mencionados y formular observaciones y sugerencias.

Piden desestimar una denuncia contra Massa por la sesión del escándalo en Diputados

Se trata de la denuncia de un abogado particular por la sesión que Juntos por el Cambio impugnó. El fiscal Taiano consideró que no hay delito.

El fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 8, le solicitó a la jueza María Romilda Servini que desestime la denuncia de un abogado contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por la escandalosa sesión del pasado 1 de septiembre.

Se trata de la sesión virtual que Juntos por el Cambio impugnó en rechazo al procedimiento por el cual se renovó, “sin consenso”, el Protocolo de Funcionamiento Remoto.

En aquella jornada, que terminó de madrugada, la Cámara baja aprobó un proyecto contra la pesca ilegal y sancionó la ley de asistencia al turismo por la pandemia del Covid-19.

6807-20-vista.-desestimación.

La denuncia que Taiano pidió desestimar fue presentada por el abogado Santiago Nicolás Dupuy de Lome, quien advirtió que Massa “hizo sesionar a la Cámara de Diputados como presidente fuera de las normas vigentes en nuestra Constitución, ya que el protocolo de sesiones que se había adoptado por la pandemia estaba vencido”.

“No solo eso, sino que estando diputados del bloque de Juntos por el Cambio presentes en el recinto, (Massa) los hizo pasar como ausentes, violando toda norma constitucional además de incumplir con sus deberes”, planteó el denunciante.

Sin embargo, Taiano habló de una “inexistencia de delito”. “No surge de forma palmaria alguna actividad ilícita que pueda ser alcanzada por el derecho penal”, consideró.

El fiscal observó que Dupuy de Lome realizó una “somera descripción que menciona de forma genérica sesiones, normas vigentes, vencimientos de plazos y normas constitucionales, sin aportar una fecha o al menos un elemento probatorio”.  

El Senado convirtió en ley por unanimidad el aumento de penas a la pesca ilegal

Por unanimidad, el oficialismo aprobó la iniciativa que es objetada por Juntos por el Cambio por la forma en que se votó en la Cámara de Diputados. Establece un nuevo mecanismo para medir los montos, a través de “Unidades Pesca”, que equivalen a un litro de gasoil.

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El Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para aumentar las penas a la pesca ilegal. La iniciativa cosechó 41 votos a favor y ninguno en contra, en un debate breve que estuvo marcado por la ausencia del grueso de la oposición.

Desde Juntos por el Cambio cuestionan la validez del proyecto por la forma en que se votó en la Cámara de Diputados, donde el mismo espacio objetó la manera en que se renovó el protocolo para llevar adelante esa sesión del pasado 2 de septiembre.

Sobre ese tema, el puntano Adolfo Rodríguez Saá recordó que en el tratamiento en comisiones “los miembros de Juntos por el Cambio plantearon que este proyecto fue tratado en Diputados en aquella reunión que ellos califican de escandalosa” y “como estaba judicializado no lo podíamos tratar”. “Nada más alejado de la realidad”, remarcó.

El oficialista explicó que “el principio básico del derecho administrativo es la presunción de legitimidad de los actos administrativos”, los cuales “se presumen legítimos hasta que haya una sentencia que diga que no es legítima o un acto de la misma administración que los revoque”. “Entonces, los actos de la Cámara de Diputados se presumen legítimos”, agregó y criticó la actitud de Juntos por el Cambio “poco republicana y poco democrática; ellos deben participar, dar sus opiniones y actuar con lealtad”.

Sobre la iniciativa, el titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que la ley “tiene que ver con la soberanía, con la defensa de la producción, con la enorme trascendencia que tiene la pesca en el sistema productivo de la Argentina”.

También, precisó que la pesca ilegal tiene “una significación” de pérdida de “entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales”, además de producirse “un daño ambiental, porque no tienen límites, alterar el ecosistema y depredar nuestras especies”.

“Estamos defendiendo la soberanía argentina sobre nuestros mares y aguas jurisdiccionales, es una política de Estado”, sostuvo y homenajeó a los tripulantes del submarino ARA San Juan como “estos héroes que se encontraban justamente cumpliendo una misión: patrullando nuestro territorio y defendiendo nuestros intereses frente a las actividades ilegales desarrolladas por buques extranjeros”.

A su turno, la fueguina María Eugenia Duré recordó que “durante cuatro años el gobierno de Mauricio Macri eliminó de la agenda el tema de la soberanía y Malvinas”, mientras que con esta ley “estamos diciendo que no vamos a claudicar en nuestro reclamo”.

Muy crítica de la gestión anterior, la oficialista apuntó que “durante los cuatro de Cambiemos solamente fueron capturados dos buques” mientras que “en lo que lleva la gestión de nuestro presidente (Alberto Fernández) ya llevan tres buques”. “Si hubiésemos apresado a los buques que correspondían, hubiéramos tenido una recaudación de 430 millones de pesos”, aseguró.

Sobre la iniciativa, ponderó que “previamente fue trabajada entre diversos ministerios” y remarcó que “desde 1997, cuando el peso equivalía a un dólar, que no se hacían las modificaciones correspondientes” a la ley.

El otro orador del debate fue Jorge Taiana, quien sostuvo: “La pesca es un negocio extraordinario, Argentina exporta en los últimos años alrededor de 2.000 millones de dólares, exporta mucho langostino, exporta mucho calamar, y sobre todo tiene una situación de necesidad de preservar nuestro recurso que es depredado y los británicos en las islas no hacen más que depredar los recursos”.

“Esta ley es parte de una visión más amplia, que busca recuperar la mirada hacia el Atlántico Sur, las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes, y la proyección de la Atlántida argentina como un sector de desarrollo”, destacó.

La norma modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán.

La ley indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.

“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.

Asimismo, se establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.

En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.

Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la nueva norma incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.

Sesiona el Senado para tratar los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

La Cámara alta se reúne virtualmente desde las 14.25. El oficialismo hará valer su mayoría para desplazar a los tres magistrados. Se debatirá también el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal y otro para un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF).

El Senado realiza desde las 14.25 una nueva sesión virtual, durante la que el oficialismo buscará rechazar los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior y que el Frente de Todos asegura se realizaron de manera “irregular”.

En primer lugar, el pleno deberá refrendar el decreto 14/20 por el cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a prorrogar las sesiones remotas por el plazo de 60 días.

Luego se considerarán los dictámenes de la Comisión de Acuerdos, en los cuales el oficialismo rechazó los pliegos de los tres magistrados.

En el caso de Bruglia y Bertuzzi, ambos fueron trasladados durante la gestión anterior a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala I, desde donde han intervenido en algunas instancias de la llamada causa de los cuadernos.

En tanto, Castelli fue trasladado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal, donde recayó el juicio de esa causa.

Por otra parte, el temario incluye el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal, que ahora se medirán en unidades de valor denominadas “Unidades Pesca” (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil. La iniciativa tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Otra iniciativa -con dictamen unánime- es la que apunta a crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) que servirá para reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional.

El oficialismo buscará anular en el Senado los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Los tres pedidos de acuerdo serán tratados este miércoles desde las 14 en sesión especial. Antes, deberá ratificarse la prórroga del formato virtual. También se debatirán proyectos sobre el Fondo Nacional de la Defensa y la pesca ilegal.

sesion senado 3 septiembre 2020

En una sesión que promete cargarse de polémica, el oficialismo buscará anular en el Senado los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante la gestión anterior de forma “irregular”, según sostiene el Frente de Todos.

Los pedidos de acuerdo de los tres jueces serán tratados desde las 14 en una sesión especial, donde primero deberá ratificarse la prórroga del funcionamiento virtual, a través del decreto 14/20, firmado este lunes por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El pasado 4 de septiembre, el oficialismo firmó en la Comisión de Acuerdos dictámenes de rechazo a los traslados de Bruglia y Bertuzzi, ambos intervinientes en la causa de los “cuadernos de la corrupción” y ausentes en la reunión.

Los jueces fueron trasladados desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en un procedimiento que el kirchnerismo objeta.

Del mismo modo, el bloque presidido por José Mayans buscará rechazar el traslado de Castelli del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal.

En la sesión de este miércoles también se tratará el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal, que ahora se medirán en unidades de valor denominadas “Unidades Pesca” (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil.

El último proyecto del temario obtuvo dictamen unánime este lunes y apunta a crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) que servirá para reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional.

Cristina prorrogó una vez más las sesiones remotas en el Senado

Por segunda vez, la vicepresidenta extendió la modalidad virtual a través de un decreto que será tratado en primer término en la sesión de este miércoles.

cristina kirchner sesion reforma judicial

Por segunda vez, Cristina Kirchner prorrogó la modalidad de funcionamiento virtual del Senado en el marco de la pandemia del Covid-19. Tras el escándalo desatado en la Cámara de Diputados, donde finalmente se llegó a un acuerdo, la vicepresidenta firmó este lunes el decreto 14/20, que extiende por otros 60 días el formato remoto.

El decreto será puesto a consideración del Senado en la sesión convocada para este miércoles a las 14, y el oficialismo insiste en que no están dadas las condiciones para retomar las sesiones presenciales.

En la Cámara baja, Juntos por el Cambio logró habilitar la presencialidad, pero en un recinto más amplio donde se garanticen los cuidados sanitarios, y siempre y cuando lo soliciten 10 o más legisladores para debatir temas puntuales, los que generan mayor discusión.

Pero en el Senado, un acuerdo así está lejos de asomar: el Frente de Todos, con mayoría propia, no tendrá inconvenientes en refrendar el decreto de Cristina, donde no se hace mención a las sesiones presenciales.

En su artículo primero, se prorroga “la realización de sesiones del Senado de carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional, por el plazo de 60 días”, y se agrega que “dicho plazo será prorrogable en tanto persista la situación de emergencia sanitaria”.

Las sesiones virtuales fueron habilitadas a través del decreto 8/20, que fue aprobado por unanimidad el 13 de mayo. Luego, el 23 de julio, la Cámara alta aprobó la primera prórroga, pero afloró la polémica: tanto Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal consideraron que se estaba reformando el reglamento y que por lo tanto se requería una mayoría especial, que ninguna de esas bancadas estaba dispuesta a conceder.

Sin embargo, el oficialismo avanzó, y este miércoles se dispone a aprobar la segunda prórroga, que regiría entonces hasta mediados de noviembre.

El decreto de CFK

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Diputados: las leyes “polémicas” podrán tratarse de forma presencial, pero en un estadio

Así lo acordaron los jefes de bloque en una reunión de Labor Parlamentaria. Aquellos legisladores que integren el grupo de riesgo o que justifiquen sus motivos, podrán participar de forma remota.

Por Carolina Ramos

Los líderes del oficialismo y la oposición arribaron a un acuerdo este lunes en la Cámara de Diputados y, tal como exigía Juntos por el Cambio, las leyes que suscitan mayor discusión podrán tratarse de forma presencial, aunque no en el recinto, sino en un estadio más amplio que garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El acuerdo fue rubricado en un clima armónico por los jefes de bloque, cerca de las 23, tras una reunión de Labor Parlamentaria en el Salón de Honor encabezada por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

El resultado de la reunión, tras la escandalosa jornada de la semana pasada, fue saboreado como un triunfo por el interbloque presidido por Mario Negri, que consiguió que temas como la reforma judicial, el Presupuesto 2021 o la ley de movilidad jubilatoria puedan ser abordados de modo presencial.

Si bien no se definió aun un lugar específico, las dos condiciones necesarias serán la amplitud y la ventilación; condiciones que, según la Dirección Médica de la Cámara, no pueden cumplirse de ninguna forma en el recinto.

De todos modos, según el acuerdo alcanzado, aquellos diputados que integren el grupo de riesgo o justifiquen debidamente sus motivos, podrán participar de modo remoto.

No solo hubo satisfacción en Juntos por el Cambio, sino también en Unidad Federal para el Desarrollo y en el Interbloque Federal, los espacios encabezados por José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca.

“La propuesta fue la misma que se hizo la semana pasada: que sigamos funcionando de forma telemática y mixta, y para el supuesto de que alguno de los bloques considere que alguno de los temas debe tratarse en modo presencial, así se lo hiciéramos saber al presidente de la Cámara, y él adoptará las medidas necesarias para llevar adelante la sesión”, confirmó Ramón en diálogo con Diputados TV.

Foto: HCDN

En el Salón de Honor estuvieron presentes, además de Massa y Ramón, Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el Frente de Todos; Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Álvaro González, Silvia Lospennato (Pro), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), Romina Del Plá (PO), Nicolás del Caño (PTS) y Felipe Álvarez (Acción Federal).

En modo remoto, participaron “Bali” Bucca, Alma Sapag (MPN), Luis Costigiani (Fte. progresista Cívico y Social), Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Daniela Vilar (Frente de Todos), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), Enrique Estévez (Partido Socialista), Alfredo Cornejo (UCR) y Ricardo Wellbach (Fte. de la Concordia Misionero).

Continuidad de las sesiones virtuales

En el acta de la reunión, los jefes de bloque refrendaron la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto por 30 días hábiles, de modo que las comisiones podrán reunirse y dictaminar de manera virtual.

Del mismo modo, el recinto podrá funcionar como viene haciéndolo hasta ahora, es decir, con un máximo de 45 diputados presentes y el resto, conectados desde sus hogares, oficinas o dependencias oficiales.

Este es el acta firmada por los referentes de los bloques de Diputados.

En Labor Parlamentaria, el oficialismo dio a conocer un cronograma de tratamiento del proyecto de reforma judicial, aprobado en el Senado el pasado 28 de agosto; serían varias semanas de debate con especialistas, tal como dejó trascender Massa.

Fuentes de Juntos por el Cambio se apuraron a destacar que, con ese esquema, sería necesaria una nueva prórroga del protocolo en el medio, lo cual abriría una nueva ventana de negociaciones.

El proyecto ya está en la Cámara baja a la espera del giro formal a comisiones: serían las de Asuntos Constitucionales (cabecera), Justicia, y el oficialismo podría aceptar sumar la de Presupuesto y Hacienda, algo que en el Senado no se concedió.

Álvarez Rodríguez: “Negri miente y le falta el respeto al director médico de la Cámara”

La oficialista salió al cruce del jefe del interbloque Juntos por el Cambio y aclaró que solo podía haber 45 diputados sentados en sus bancas.

En la previa de la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Sergio Massa para retomar el diálogo, la diputada del bloque oficialista Cristina Álvarez Rodríguez salió al cruce del jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, por la escandalosa sesión de la semana pasada.

En declaraciones a radio Mitre, Negri habló este martes del amparo judicial presentado por su bancada para invalidar la sesión, por entender que el protocolo virtual fue renovado de manera irregular.

“Tuvimos 94 diputados en Buenos Aires. La distancia social en el recinto la fijó la HCDN. El Frente de Todos inició la sesión por vía remota, con 132 personas, mientras nosotros estando presentes no nos computaban. Tuvimos que presentar un amparo ante estos hechos kafkianos”, explicó Negri.

Sin embargo, Álvarez Rodríguez acusó al cordobés de “mentir” y aclaró que el director médico de la Cámara baja. Marcelo Halac, dispuso que solo pudieran ingresar al recinto 45 diputados, para respetar el distanciamiento social.

“Negri miente y le falta el respeto al director médico de la Cámara, quien dejó en claro que solo podían ingresar 45 diputados y diputadas para respetar el distanciamiento. Se habilitaron además los palcos, pero no quisieron utilizarlos porque querían copar el recinto”, advirtió la representante del Frente de Todos en Twitter.

En ese sentido, Álvarez Rodríguez citó el informe médico conocido este lunes, que indica que “teniendo en cuenta las características del recinto de la Cámara de Diputados, esto permite la identificación de 45 bancas respetando esta recomendación”.

Halac también sugirió en su informe “evaluar la adecuación de los balcones de las galerías con el fin de que los legisladores se ubiquen a razón de uno por balcón, lo que aumentaría considerablemente la disponibilidad de plazas en comparación con el uso exclusivo del recinto de sesiones”.

El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto que declara 24 capitales alternas

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se votó por unanimidad en la sesión de este jueves. Cuáles son las ciudades elegidas en todo el país.

sesion virtual senado 3 septiembre 2020

El Senado aprobó por unanimidad (69 votos positivos) el proyecto de ley enviado por el Gobierno para declarar 24 capitales alternas en todo el país. La iniciativa deberá ser ahora analizada en la Cámara de Diputados.

El proyecto crea, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el “Programa Gabinete Federal”, destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros/as, secretarios/as, funcionarios/as de Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias.

Se dispone que el jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con un periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.

Según la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.

Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. Y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.

El artículo 6 del texto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.

El proyecto fue aprobado de manera unánime. (Foto: Comunicación Senado)

El debate

Miembro informante del oficialismo, la senadora María de los Ángeles Sacnun destacó que el sistema federal está establecido en el primer artículo de la Constitución Nacional y este proyecto “tiene el objetivo fundamental de federalizar y descentralizar”.

La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se analizó la iniciativa, reveló que la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe en el que señala que “es prácticamente impracticable la cuantificación presupuestaria del proyecto, porque dependerá del informe que se eleve oportunamente y que, por otra parte, deberá ser claramente incluido en el Presupuesto”.

maria de los angeles sacnun sesion 3 septiembre 2020

En principio, “simplemente con las partidas destinadas para viáticos se estaría pudiendo hacer frente al inicio de este programa federal”, aseguró.
La santafesina enfatizó que “es fundamental que sea el Senado la cámara de origen”, ya que es la Cámara “donde las provincias se hallan en un absoluto estado de paridad”.

Finalmente, abogó por una democracia que “tenga que ver con la cercanía de las autoridades nacionales con las autoridades provinciales y las economías regionales para poder garantizar un verdadero federalismo, que no sea solo el del reparto de los recursos, sino que lo sea en el sentido de la generación de los recursos”.

Desde la oposición, el radical Julio Martínez consideró que “este proyecto no soluciona el problema del federalismo” porque “no va en el sentido de lo que se necesita y lo que tenemos que hacer”. “El federalismo es una pelea que se viene perdiendo desde siempre”, remarcó y lamentó que es un tema que “no hemos podido resolver con leyes”.

“Lo mejor que tiene (la iniciativa) es que periódicamente funcionarios van a tener que visitar a cada una de las provincias y el interior”, sostuvo. Respecto a la ciudad de su provincia (La Rioja) que contempla el proyecto, el senador aseguró que “es positivo e importante” que sea Chilecito, “un lugar pujante”, dijo.

Por su parte, la fueguina María Eugenia Duré valoró que la propuesta “no quedó en una promesa de campaña”, sino que “es una decisión política (del Gobierno) que la Argentina sea federal”. Para la legisladora oficialista, esta ley “va a profundizar lo que tiene que ver con la descentralización de las decisiones políticas” y va a “atender cada una de las particularidades, necesidades, problemáticas”. “Nuestra provincia va a tener un rol fundamental porque tiene muchísimo para ofrecer”, agregó y, en ese sentido, ponderó el rol de la industria.

A continuación, el puntano Claudio Poggi opinó que el proyecto “es un avance al federalismo” y “sería novedoso para el país”. “A las ciudades elegidas se las jerarquiza, se las ilumina, se las visibiliza y se las incluye”, subrayó el senador aliado de Juntos por el Cambio, quien pronosticó que el “éxito” de la norma dependerá de “la cercanía y empatía en solucionar los problemas”. Sin embargo, propuso que por San Luis se declare como capital alterna a Villa Mercedes y no a la capital de la provincia, o que cada dos años se vayan cambiando.

Otro de los oradores fue el cordobés Ernesto Martínez, quien calificó a la iniciativa como “una buena expectativa en desarrollo”, aunque dijo que votaría a favor.

El senador del Pro, que analizó que la ciudad elegida de Córdoba debería haber sido Villa María y no Río Cuarto, criticó que “este mapa se ha hecho en Buenos Aires y ha sido hecho por el Gobierno más porteño-céntrico, calculo yo, de los últimos 100 años”. “En el caso de Córdoba el mapa debería haber sido de otro modo, consultando a todas las fuerzas políticas y a la Legislatura”, completó.

En representación de la provincia de Salta, el legislador del Frente de Todos Sergio “Oso” Leavy observó que “tenemos una gran deuda con el federalismo”. “Es una deuda que podamos desarrollarnos y vivir todos en el lugar que nos vio nacer”, manifestó y afirmó que la norma será “sumamente beneficiosa para todos los que vivimos alejados de la Capital”.

En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck reflexionó que “la construcción del federalismo en nuestro país no se agota ni en este proyecto ni en la actitud del presidente”. “Siempre quedan cosas por hacer y siempre nos quejamos de un unitarismo no deseado, pero que es una realidad”, agregó.

Cuáles son las 24 capitales alternas elegidas

La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).

Media sanción a un proyecto para crear un programa nacional de prevención contra el grooming

Además, el Senado aprobó otro proyecto que incorpora la temática al contenido escolar. Ambas iniciativas se votaron por unanimidad.

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El Senado dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que dispone la creación de un programa nacional de prevención contra el grooming o ciberacoso a niñas, niños y adolescentes. Además, se aprobó otro proyecto que incorpora la temática al contenido escolar. Ambas iniciativas se votaron por unanimidad (69 votos positivos).

El senador Dalmacio Mera (FdT), impulsor de la propuesta junto a Silvia Elías de Pérez (UCR) y Cristina López Valverde (FdT), señaló que “hoy vivimos conectados, dependientes de la situación de conectividad” en medio de la pandemia con “una nueva realidad” y “esa dependencia nos hace vulnerables en distintos sentidos”.

El catamarqueño resaltó que “es muy difícil encontrarles a las aplicaciones el mecanismo de regulación”, lo que hace que “un pedófilo o un asesino” puedan usar perfiles falsos. En ese sentido, detalló que “hay 2.400 millones de usuarios en Facebook; no existe un Estado en la Tierra que tenga tanta cantidad de gente”.

“Debemos concientizar a la sociedad”, enfatizó el oficialista y dijo que la ley es en homenaje a “las madres sufridas que no bajaron los brazos y que pelearon por nuestros hijos”. Además, leyó una nota de la madre de Micaela Ortega, víctima de grooming que fue asesinada en 2016, y a quien se homenajeará con la ley.

A su turno, la radical Silvia Elías de Pérez remarcó que “el 70% de los padres desconocen esta problemática” y alertó que “durante la cuarentena hubo un aumento de denuncias en un 30%”. “Es un tema urgente y un tema de la gente, por eso nos une”, sostuvo la tucumana y opinó que “la joya que tiene un país son los niños y si no los cuidamos desprotegemos a lo más importante que tenemos”.

En tanto, la pampeana Norma Durango (FdT) precisó que, según datos de Naciones Unidas y de UNICEF, “la captación de víctimas en las redes sociales puede llevar minutos, horas, días o meses, según los objetivos y necesidades del agresor. Pero un acosador entrenado necesita solo 12 minutos para hacer que una niña se quite la ropa, se tome una fotografía y la envíe“.

“Saben de técnicas de abordaje de la psiquis de niñas y niños, saben cómo seducirlos, cómo engañarlos, cómo amenazarlos y cómo obligarlos para que hagan los que ellos quieren. Por eso estamos legislando esto que es muy importante”, apuntó.

La porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) resaltó que los niños son “nativos digitales” y “hoy estudian y se entretienen” por medios tecnológicos, con lo cual “la respuesta nunca puede ser demonizar la tecnología”.

“Seis de cada diez chicos usan plataformas y hablan con extraños”, advirtió, por eso valoró el “espíritu” del proyecto “de promover el uso responsable de las tecnologías”. Mientras que expresó que “la justicia deben sancionar rápida y efectivamente” estos casos y abogó por tratar próximamente una “modificación de las penas que tienen estos delitos”.

Autora del proyecto, junto a su par Teresa González (FdT), para incorporar la temática al contenido curricular, la legisladora Inés Blas (FdT) consideró que “es primordial que desde la escuela se contribuya a la prevención” y los niños “deben recibir orientación y las herramientas indispensables para navegar en entornos seguros”.

“La escuela debe ser formadora de nuevas generaciones y ciudadanos que vivan esta era de la informática y la comunicación con herramientas que los protejan”, agregó la catamarqueña.

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Puntos centrales de los proyectos

La primera iniciativa dispone la creación del “Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes”, que tendrá como objetivo “prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática del grooming o ciberacoso a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto”.

En el proyecto se define como grooming o ciberacoso a “la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Los objetivos del programa son: generar conciencia sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación; garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al grooming o ciberacoso; capacitar a la comunidad educativa a los fines de concientizar sobre la problemática del grooming o ciberacoso, diseñar y desarrollar campañas de difusión; y brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos.

Además, se dispone la inclusión, como pantalla de inicio de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y tablets, de información tal como “la peligrosidad de sobreexposición en las redes de niñas, niños y adolescentes”; acerca de “la existencia de delitos cibernéticos, haciendo especial énfasis en los que atentan contra la integridad sexual”; consejos sobre “el rechazo de los mensajes de tipo pornográfico”; sugerencias a “no aceptar en redes sociales a personas desconocidas”, entre otros.

De acuerdo a la iniciativa, se deberá crear una página web con información referida al grooming o ciberacoso.

En tanto, el Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con organismos que propendan a la implementación del programa; coordinar un equipo interdisciplinario integrado por profesionales especialistas en la materia, que elabore planes de acción sobre prevención y concientización; organizar espacios de reflexión y debate en establecimientos educativos que reúna a niñas, niños y adolescentes y a sus padres, madres y/o tutores/as con el objeto de capacitarlos mediante talleres, seminarios y clases especiales; promover y difundir investigaciones relacionadas a la problemática del grooming o ciberacoso; y fiscalizar y verificar el cumplimiento de la ley, disponiendo la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción a la misma.

El segundo proyecto, sustituye el artículo 88 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que quedará redactado: “El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento, como así también el desarrollo de competencias y capacidades para su uso crítico y responsable a fin de promover la protección de datos personales y la prevención y cuidado frente al ciberacoso o acoso virtual, y el ciberdelito”.

Festival de cruces entre el oficialismo y Juntos por el Cambio en un recinto copado por la oposición

El principal interbloque de la oposición consideró que la sesión era inválida, porque el protocolo de funcionamiento remoto se extendió por mayoría y no por consenso. En las ocho horas previas, no hubo acuerdo en Labor Parlamentaria.

sesion diputados 1 septiembre 2020

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este martes a las 19.36, tras ocho horas previas de negociaciones, en las que el oficialismo y otros bloques de la oposición no acordaron con el interbloque Juntos por el Cambio la modalidad para la reunión.

Pese a haber mantenido discusiones desde las 11.40 hasta casi las 19, no hubo consenso entre todos los bloques. El Frente de Todos avanzó con el apoyo del Interbloque Federal, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el Frente de Izquierda y el Movimiento Popular Neuquino en extender el protocolo y sesionar virtualmente.

Pero Juntos por el Cambio no firmó el acta y optó por presentarse en el recinto: un total de 94 legisladores ocuparon bancas y los lugares dispuestos en los palcos. En conferencia de prensa, los jefes de la bancada opositora anunciaron que, si se avanza con esta sesión, impugnarán la convocatoria.

Este martes, la sesión iba a comenzar a las 13, pero ante la falta de acuerdos se fue postergando a las 15, a las 16.30, a las 17.30 y a las 18.30. Finalmente arrancó formalmente a las 19.36, con 132 diputados conectados a la VPN -red privada virtual-.

El temario de la sesión incluye un proyecto de asistencia a la actividad turística y otra iniciativa para aumentar multas a la pesca ilegal.

Oficialismo y bloques de la oposición VS. Juntos por el Cambio

En el inicio de la sesión, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, dio lugar a las expresiones políticas. El primero en hacer uso de la palabra el radical Gustavo Menna, quien le pidió que “no avance en un acto irregular” y le reclamó que haya dado quórum con 131 diputados conectados virtualmente.

“No es cierto. No hay quórum legal para sesionar, como tampoco es cierto el quórum que está dando cuenta el tablero que está allí. Estamos avanzando sin quórum legal. En este recinto no hay 129 diputados presentes, usted no puede convalidar esto, es un funcionario público; el reglamento vigente establece lo que acabamos de decir”, enfatizó.

El diputado chubutense recordó que el protocolo aprobado en mayo ya está vencido y que en su inciso C establece que la Comisión de Labor Parlamentaria para disponer una prórroga lo debe hacer por “consenso de todos los presidentes de bloques”.

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Foto: Prensa Sergio Massa.

Por el oficialismo habló entonces la vicepresidenta del Frente de Todos, Cecilia Moreau, quien ratificó que el acta de Labor fue firmada por la mayoría de los presidentes de bloques que participaron de la reunión.

“Es cierto que no tiene consenso”, admitió, desatando los aplausos de pie de los integrantes de Juntos por el Cambio que estaban presentes. “Pero también es cierto que tiene amplia mayoría en la firma de los presidentes de bloques. Los únicos que no firmaron ese acta fueron los presidentes del interbloque Juntos por el Cambio”, agregó.

Luego dijo sobre la palabra consenso: “Es cierto que no es la definición de que estamos todos de acuerdo, pero también es la mayoría de las voluntades acompañando. Lamentablemente el marco de la pandemia y la extensión de esta enfermedad no solo no retrocedió, empeoró y lo vivimos con preocupación”.

“Se requiere seguir sesionando de manera mixta, no solo para cuidar a los trabajadores y trabajadoras de esta casa, sino para que no sean restringidos los derechos de aquellos diputados que no pueden participar porque están en enfermedad de riesgo, situaciones familiares”, continuó y resaltó que el sistema remoto “funciona”.

Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá discrepó con la presencialidad, “sobre todo cuando hay 10 mil contagios diarios” y calificó como “una medida irresponsable la de copar el recinto, comprometiendo a los trabajadores”.

Desde Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez también cuestionó la postura de Juntos por el Cambio y se alineó con el oficialismo, criticando duramente la postura de la principal oposición y afirmando que debían trabajar de manera remota.

El radical Luis Petri se quejó a viva voz de que no podía ser que “ese tablero no nos registra”, y al defender la posición de su sector dijo que “no podemos sesionar detrás de un monitor”. “¿Sabe qué pasa? Si nosotros sesionamos telemáticamente se van a llevar puesto el Congreso para aprobar la reforma judicial y eso es lo que no podemos permitir. Esa reforma judicial y esa reforma previsional no puede ser con los microfonos muteados”, manifestó enfático.

Luego fue el turno de Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, quien denunció que desde Juntos por el Cambio “se negaron” a renovar el protocolo “para que podamos seguir trabajando”. “Las minorías no le pueden imponer la agenda al oficialismo. Las minorías tenemos que controlar, exigir, y acompañar, en especial en esta situación de crisis”, subrayó. Además, aseguró que se estuvo por llegar a un acuerdo, pero la principal bancada opositora renunció a ello cuando “hubo un llamado…quizás de algún país extranjero, de Washington, de Zurich”.

A su turno, la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, consideró que “esta no es una sesión, sino manifestaciones en minoría”, al tiempo que sostuvo: “No pierdo la esperanza de llegar a un acuerdo. Queremos tratar presencialmente aquellos temas que requieren una mayor rigorosidad”.

En un pasaje reveló que ellos habían estado dispuestos a que aquellos que no pudieran estar de manera presencial, por ser personas de riesgo, o por vivir con personas en esas condiciones, o por tener miedo simplemente, pudieran sesionar de manera telemática. Por eso, cuando concluyó, Massa le respondió que eso no era lo que habían establecido durante las negociaciones, y que podían aclararlo en ese mismo momento, para ver si ahora sí podían firmar el protocolo.

Al hablar, el oficialista José Luis Gioja felicitó a Massa “por la paciencia, por estar ocho horas escuchando a quienes no quieren escuhar, a quienes cren que son los dueños de la verdad, a quienes se toman el atrevimiento de decir cosas que nada tienen que ver con la realidad”.

“¡Déjense de joder, muchachos! Aquí el pueblo decidió y tenemos que gobernar y vamos a gobernar. No nos pongan piedras en el camino. El Parlamento va a sesionar como ha venido sesionando por más que ustedes quieran imponer reglas que no existen”, lanzó el sanjuanino.

En tanto, el jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, contó que en Labor Parlamentaria se había empezado a “observar la posibilidad de un acuerdo”, pero “algo pasó que se rompió la reunión y esto hay que decirlo claramente: hoy quienes no han querido sesionar es el frente Cambiemos“.

“Quiero llamar a la cordura, a la responsabilidad, a la racionalidad”, solicitó el bonaerense y criticó a Juntos por el Cambio por “esa foto que están mostrando hoy, todos juntos, uno al lado del otro pegados…es una falta de respeto a los argentinos”.

Muy duro, Leopoldo Moreau acusó a Juntos por el Cambio de estar “utilizando la pandemia para extorsionar al Congreso”. “Han venido con la decisión de impedir el funcionamiento del Congreso”, añadió y relacionó que “evidentemente hay decisiones, iniciativas parlamentarias, que los incomodan mucho”, como el proyecto de aporte solidario y extraordinario, que opinó les genera “un dilema muy difícil”.

“Juntos por el Cambio ha renunciado a la política para subordinarse a una agenda de poder”, expresó el legislador del Frente de Todos y cargó que “ellos no quieren ninguna reforma judicial, quieren mantener a la justicia como bastión de sus privilegios”.

Después fue el turno de la bonaerense Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien siguió levantando la temperatura. “Esta es un sesión sin quórum y, por lo tanto, esto es como una reunión de amigos”, ironizó y llamó a Cecilia Moreau -quien presidía en ese momento- como “señorita Moreau” porque “el único presidente que tenemos” es el reglamento, afirmó.

“Ustedes le tienen un profundo desprecio a la ley, y ustedes quieren llevarnos a un país sin ley, porque los ladrones hacen sus trabajos fuera de la ley, pero nosotros vamos a defender la Constitución y las normas y no nos van a llevar puestos”, disparó.

Y dijo que iba a decir “algo que papá Moreau ya dijo”, cuando Cecilia Moreau -hija del diputado- la interrumpió: “Diputada le voy a pedir por favor que no sea irrespetuosa”. “¡Ustedes están dando un golpe institucional en el Parlamento. Y esto no va a quedar acá, esto va a ser denunciado”, remató Frade.

Avanzado el tramo de las manifestaciones, el oficialista Leonardo Grosso se preguntó por qué “en este momento donde sube el pico de contagios, donde sube el pico de muertes en Argentina, tenemos que reunirnos todos los diputados y diputadas en el recinto”. “¿Este el momento? Ojalá que nadie se contagie en el recinto”, abogó.

“El consenso no es imposición, el Congreso no funciona por imposición, el Congreso funciona por mayorías o minorías”, observó y opinó que Juntos por el Cambio quiere “frenar el funcionamiento del Congreso en uno de los momentos más difíciles de la historia argentina”. “El circo que están haciendo es una falta de respeto al conjunto del pueblo argentino que hace cinco meses viene esforzándose para sostener esta cuarentena”, remarcó.

Ese prolongado tramo de la sesión se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada. Esto es, más de cinco horas se extendió ese debate que Juntos por el Cambio consideró que fueron “expresiones en minoría”. Concluyó ese extenso trámite el diputado del Frente de Todos Lisandro Bormioli. Pero antes de él habló el radical puntano Alejandro Cacace, que al concluir su mensaje anunció que para no convalidar esa sesión Juntos por el Cambio se retiraba del recinto. Dicho lo cual, mientras Bormioli comenzaba su discurso, sus pares de la oposición abandonaban el recinto a la 1.14.

“Están montando una operación mediática porque han perdido el rumbo”, los despidió el legislador bonaerense.

Con el rechazo de la oposición, el oficialismo impuso su mayoría y dio media sanción a la reforma judicial

Tal cual se preveía, el Frente de Todos avanzó con la aprobación del proyecto oficial, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde se plantea un escenario adverso para que la iniciativa avance. La votación resultó con 40 votos a favor y 26 en contra.

Por Melisa Jofré

El oficialismo impuso su mayoría en el Senado y avanzó con la media sanción del proyecto de reforma judicial. La votación resultó con 40 votos a favor y 26 en contra. Ahora, la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados, donde al Frente de Todos se le plantea un escenario adverso para reunir el número suficiente y sancionar la ley.

En el final de la sesión, antes de la votación, el oficialismo informó numerosas modificaciones al texto, que se aprobó en una sola votación, lo que provocó el reclamo e indignación de la oposición.

El proyecto, bajo el título de “organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias”, recibió duros cuestionamientos por parte de la oposición, que la calificó de “inoportuna”, con “visos de inconstitucionalidad”, parte de “un plan de impunidad” y con un gran costo fiscal en medio de la pandemia, al crear “más de 900 cargos”.

Además del rechazo del interbloque Juntos por el Cambio, votaron negativamente la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann, del interbloque Parlamentario Federal. En tanto, al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana.

Hubo cuatro ausencias: José Alperovich -con licencia renovada-, Carlos Menem, Juan Carlos Romero y Clara Vega. Y a la hora de la votación tampoco estuvieron Ernesto Martínez (Pro) -que sí participó del debate- y Adolfo Rodríguez Saá (FdT), con problemas de conectividad a última hora.

Con una protesta en las afueras del Congreso -que comenzó ya desde el miércoles por la tarde-, la Cámara alta debatió por nueve horas el proyecto enviado por el Gobierno. La sesión inició a las 14.36, pero el debate de la reforma judicial arrancó a las 15.46, concluyendo a las 00.45 de este viernes.

Qué plantea el proyecto

El proyecto prevé la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en CABA.

La iniciativa establece la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires -que se sumarán a los 23 ya existentes- y cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal; además del traspaso en su totalidad de la competencia penal no federal al distrito porteño.

Estos 23 nuevos juzgados tendrán jueces y juezas subrogantes, quienes permanecerán en el cargo hasta que asuman los magistrados titulares, pero no podrán estar más de un año (con prórroga de seis meses).

La Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura. Luego esa nómina se enviará al Poder Ejecutivo, y éste deberá remitir los pliegos al Senado para su acuerdo.

De acuerdo al artículo 14, las causas que ya están en trámite “continuarán ante esos mismos órganos, hasta su conclusión”. Es decir, mantendrán a sus jueces naturales.

Dentro del plazo máximo de dos años de la entrada en vigencia de la ley, deberá implementarse el Código Procesal Penal Federal en el Fuero Penal Federal con asiento en CABA; y se encomienda a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código a adoptar las medidas necesarias para llevar adelante ese proceso.

Se crean además 63 juzgados federales de primera instancia con asiento en distintas ciudades de todas las provincias, y ocho Cámaras Federales de Apelaciones en Catamarca; Salta y Jujuy; San Juan; Santiago del Estero; Rosario (Santa Fe); Formosa; San Luis; y Mar del Plata (Buenos Aires).

En las modificaciones a la versión original, se decidió no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pero para resolver los conflictos de competencia se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver esas cuestiones preliminares.

El oficialismo introdujo que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas, que deberán ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. “Así se evitará que ‘siempre’ sean para los mismos jueces”, argumentaron desde la bancada.

También, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, bajo anonimato, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

El debate

Miembro informante del oficialismo, la santafesina María de los Ángeles Sacnun inició el debate y sostuvo que “seguramente requeriremos de otras leyes para conformar una verdadera reforma judicial”. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales -cabecera de la iniciativa- defendió que el texto no se trató “a libro cerrado” y criticó a la oposición al calificarla de “cerrada”, por no haber aportado sugerencias.

“La situación de la justicia federal es grave, porque hemos asistido a cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, durante los cuales se estableció una mesa judicial”, cuestionó a la gestión anterior, y afirmó que con la creación de nuevos juzgados se busca “desconcentrar el poder de Comodoro Py; porque cuanto mayor concentración, más arbitrariedad”.

sesion reforma judicial sacnun hablando

En total rechazo al proyecto, la senadora macrista Laura Rodríguez Machado lanzó que “la reforma judicial es bastante más que este proyecto conocido como el festival de cargos”. Para la cordobesa, la iniciativa “es simplemente un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”, en referencia al kirchnerismo.

“Es un proyecto que pone mordaza a la justicia, que lo único que pretende es poner jueces interinos que van a estar colgados de un dintel del poder político, que baja los estándares de calidad de los exámenes no exigiendo los antecedentes para los nuevos magistrados, que crea subrogancias inconstitucionales, y crea un festival de cargos por un alto monto en una pandemia”, enumeró.

También desde el Pro, el senador Esteban Bullrich opinó que la iniciativa está “pergeñada en los sótanos de la democracia”. “El Senado debería atender las urgencias de la gente en lugar de tratar urgencias pseudo-personales”, dijo y remarcó que una medida de este tipo “demanda una participación muy amplia para construir un consenso general y eso no sucede aquí”.

Y agregó que “la reforma carece de racionalidad, fundamentación y legitimidad. Es posible que esté pensada como un camino hacia la impunidad. Pero también, como dicen otros, que esté diseñada para restringir la libertad de expresión y amordazar a la prensa con ese artículo inconstitucional”.

Por el Frente de Todos, Mario Pais habló de “una justicia en verdadera crisis que no respeta las expectativas y los reclamos de la sociedad”. En referencia a quién impulsa el proyecto, el chubutense le contestó a Bullrich: “El origen de este proyecto es claro y transparente, es el Poder Ejecutivo”. “Ni siquiera la vicepresidenta de la Nación tiene la potestad de iniciar un proyecto de ley”, aclaró.

Y continuó: “Pongamos las cosas por su nombre. Esto es una decisión política del presidente de la Nación, en cumplimiento de un compromiso de campaña y de un anuncio que diera en el mes de marzo en el discurso inaugural en el Congreso”. Para el oficialista, el proyecto “es trascendente” y busca “una justicia más transparente, más independiente”.

A su turno, el radical Julio Cobos afirmó que la reforma judicial “no es ni urgente ni importante”, porque “la prioridad hoy está en la salud, en la economía, que está agobiada y se refleja en los índices de desempleo, en la pérdida de poder adquisitivo”.

“Se están creando 316 magistrados, 988 nuevos cargos”, calculó el mendocino y repasó que durante el debate en comisiones “48 fueron los expositores, de los cuales 11 hablaron a favor, 8 con críticas, 27 en contra y dos nada más se dedicaron a la transferencia a CABA”. “Es inoportuna; no ha sido consensuada ni política ni socialmente; no resuelve el problema de Comodoro Py y tiene visos de inconstitucionalidad”, completó.

sesion reforma judicial julio cobos hablando

La única oradora por el interbloque Parlamentario Federal, Lucila Crexell aseguró que “más que reforma judicial, yo diría que es la no reforma judicial”. “Con este proyecto lo único que hacemos es nombrar jueces y fiscales, que ni siquiera sabemos si responden a las necesidades concretas de los lugares donde se los está nombrando”, advirtió. Asimismo, la neuquina expresó que la iniciativa “no combate la corrupción judicial” y “empeora al sistema”, porque “es gatopardismo puro con un gran costo fiscal”.

La radical Silvia Elías de Pérez alertó por la “creación gigantesca de más de 900 cargos, de una manera irracional” y estimó un “presupuesto es de 6.000 millones de pesos”, además de que “por año vamos a necesitar 2.500 millones más” para la justicia. “Este es un proyecto de intervención de la justicia”, consideró y acusó que “lo que quieren es tomar el control de los jueces que han investigado las causas de corrupción que han hecho llorar a la Argentina”.

Avanzado el debate, el radical Martín Lousteau advirtió que la reforma judicial “no va a servir para modificar la realidad”. “La pandemia tiene urgencias nuevas, agudas, pero si la reforma fuera buena y el compromiso fuera colectivo, siempre es el tiempo de la reforma de la justicia o del Poder Judicial, porque todos decimos que funciona mal”, reflexionó, pero resaltó: “El problema es que ni es la reforma correcta ni la estamos encarando de la manera correcta”.

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde criticó a la oposición por haber estado desde un principio en contra del proyecto, “sin haber leído siquiera cuál era el contenido de la ley”. Asimismo, los cruzó por hablar del “rechazo de la sociedad” al considerar que en el “puñado de gente” que se manifestó en las afueras del Palacio, “no está la ciudadanía”.

“Esta es una ley que desconcentra el poder concentrado en un grupo de jueces que ha hecho las cosas muy mal, y favorece la agilidad de las causas“, manifestó.

Impulsor de un inciso que había despertado la polémica, Oscar Parrilli anunció que se daba marcha atrás con la redacción sobre los “poderes mediáticos” y leyó la nueva letra. El oficialista cuestionó a la oposición porque “armaron una gran batahola de este tema, diciendo que nosotros no queríamos la libertad de prensa”.

Por otra parte, el neuquino dijo estar “convencido” que “la gran mayoría de los senadores de Cambiemos quieren la impunidad de (Mauricio) Macri por todas las causas que vienen para delante”. “Es la imagen del espejo invertido, nos acusan a nosotros de lo que ellos son”, disparó.

“Si algo quedó claro a lo largo del debate sobre este proyecto es que el Poder Judicial en Argentina no funciona bien y que hay que mejorar el servicio de justicia. Siempre es oportuno el fortalecimiento de las instituciones y de nuestra democracia”, sostuvo Anabel Fernández Sagasti.

La vicepresidenta del bloque Frente de Todos subrayó que “para la oposición nunca habrá oportunidad para tratar algo que tenga que ver con la reforma del Poder Judicial”. “La verdad es que son adictos al statu quo y los beneficia el statu quo de la Argentina. ¡Y el peronismo fue votado para cambiar las cosas!”, lanzó.

En la recta final del debate, el rionegrino Alberto Weretilneck analizó que “es llamativo como los temas en este país se tergiversan” y expresó que cree “que (el proyecto) no tiene ninguno de los dos extremos que se han planteado: no es la ley que garantiza impunidad a nadie y tampoco es la ley que viene a resolver los problemas de la justicia en Argentina“.

Al afirmar su acompañamiento, el exgobernador sugirió que “si no modificamos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura es imposible que esta ley tenga un efecto positivo”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que en el proyecto de “se ve un intento liso y llano de colonizar la justicia”. También, abogó por que en la Cámara de Diputados “se pueda encontrar un parate”, al tiempo que remarcó que “cuando no hay sensatez desde la política, el último resguardo es la Corte Suprema”.

Finalmente, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, fustigó a la oposición: “Este proyecto ni lo leyeron…entonces vienen con la guitarrita y le dan a la sanata”. “Tenemos un buen proyecto que mejora la justicia federal en todo el país, y obviamente que aspiramos a generar una justicia transparente, libre e independiente, porque nosotros no vamos a hacer lo que hicieron”, apuntó.

El FdT avanzó en dejar sin efecto la designación de un vocal en el tribunal que juzga a los fiscales

Se trata de Mario Laporta, quien fue designado por decreto de la exvicepresidenta Gabriela Michetti. También votaron desplazar a Juan Emilio Simoni. Juntos por el Cambio advirtió que tiene que ver con la “arremetida” contra el procurador general interino, Eduardo Casal.

En la previa del debate de reforma judicial, el Frente de Todos dejó sin efecto las designaciones de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, y de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa.

Los proyectos de resolución recibieron 41 votos a favor y 27 en contra, en la sesión de este jueves. Al oficialismo lo acompañaron el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal votaron negativamente.

Ambos funcionarios habían sido designados por decreto de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, sin pasar por votación en el recinto. Bajo ese argumento, el Frente de Todos decidió avanzar en la modificación de la integración de los jury.

Desde Juntos por el Cambio advirtieron que estas resoluciones tienen que ver con la “arremetida” del oficialismo contra el procurador general interino, Eduardo Casal.

En el debate, el senador Martín Doñate (Frente de Todos), titular de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, aseguró que con esta aprobación “venimos a regularizar, normalizar y enmendar una grave irregularidad que cometió la exvicepresidenta Gabriela Michetti”.

En ese sentido, el rionegrino calificó como “arbitraria, unilateral, ilegal e ilegítima” la decisión de la extitular de la Cámara alta, que firmó ambos decretos “sin ser sometidos como indica la Ley del Ministerio Público Fiscal a la votación del pleno en el recinto”.

El oficialista remarcó que el vocal (Laporta) “no cuenta con los votos de los senadores y senadoras” y esa banca “es de Senado”. Además, señaló que el gobierno anterior “ni siquiera tenía la mayoría en este Senado”.

“Corresponde designar a los miembros con la votación de este cuerpo”, insistió y rechazó la “insolvente afirmación” de que con este proyecto se confirme una “persecución y avasallamiento” al procurador general interino, Eduardo Casal, “por parte del oficialismo”.

Foto: Comunicación Senado.

A su turno, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), sostuvo que “no” tienen “duda” de “la arremetida contra el Ministerio Público Fiscal” y lanzó: “Un procurador como Eduardo Casal los molesta”.

También, acusó al oficialismo de querer tener “un tribunal que pueda responder a sus propios intereses” y defendió que “ambas designaciones fueron realizadas en cumplimento de los actos administrativos y procesales que establece la legislación de fondo”.

El formoseño justificó que Michetti designó a los funcionarios “de conformidad a los precedentes” que “siempre fueron los bloques los que llevaban los nombres y la presidenta del cuerpo los refrendaba”. En ese sentido, enfatizó que “ningún senador” objetó esto “en 2017 y 2018”. “¿Por qué no lo objetaron? Porque estaban bien realizadas”.

Naidenoff resaltó que Laporta y Simoni tienen un cargo que dura tres años. Y pidió: “No busquen el atajo de sacarlo a Casal de la cancha porque les molesta, busquen los números (para designar a un nuevo jefe de fiscales)”. “Es un mamarracho. Es un procedimiento de nulidad absoluta e insanable”, agregó.

“El único mamarracho, el único acto nulo, son los dos decretos de la entonces presidenta de la Cámara”, lo cruzó el chubutense Mario Pais (Frente de Todos), quien criticó que “desde la oposición le hacen decir a las leyes lo que las leyes no dicen”.

Sobre eso, explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, “habla inclusive de que uno (de los integrantes de ese jury) será designado por la mayoría del Senado, y eso es con la votación”. “¿Cómo se expresa el Senado? ¿Se expresa a través de la vicepresidenta o se expresa a través del cuerpo?”, añadió.

Con una protesta en las afueras del Congreso, el Senado debate la reforma judicial

La sesión en la Cámara alta comenzó a las 14.36. El oficialismo impondrá su mayoría para dar media sanción al proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados, donde el escenario se vislumbra complicado para el avance de la iniciativa.

Con una protesta en las afueras del Congreso -que comenzó con una vigilia desde el miércoles por la noche-, el Senado comenzó a las 14.36 de este jueves la sesión virtual en la que el oficialismo impondrá su mayoría numérica para dar media sanción al proyecto de reforma judicial.

La iniciativa fue anunciada y enviada al Parlamento por el presidente Alberto Fernández a fines del mes de julio, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Tras dos semanas de debate en comisiones, por donde pasaron alrededor de 50 expositores, el Frente de Todos firmó el dictamen en soledad la semana pasada.

La oposición rechazó desde un primer momento la propuesta, mientras que en las audiencias que se realizaron con especialistas, en su mayoría los invitados pusieron varios reparos al proyecto.

La versión original del texto sufrió algunas modificaciones, entre ellas que se decidió no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pero para resolver los conflictos de competencia se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver esas cuestiones preliminares.

En los cambios, el oficialismo introdujo que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas, que deberán ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. “Así se evitará que ‘siempre’ sean para los mismos jueces”, argumentaron desde la bancada.

También, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, bajo anonimato, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

Atendiendo al reclamo de organismos de derechos humanos, se contempló que las secretarías de juzgados a trasladarse “no incluirán aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad”.

A propuesta del senador Oscar Parrilli, se incluyó en el artículo 72, inciso “e”, que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.

En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.

Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.

El proyecto prevé la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en CABA.

La iniciativa establece la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires y cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal; y el traspaso en su totalidad de la competencia penal no federal al distrito porteño.

Estos 23 nuevos juzgados tendrán jueces y juezas subrogantes, quienes permanecerán en el cargo hasta que asuman los magistrados titulares, pero no podrán estar más de un año (con prórroga de seis meses). La Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura. Luego esa nómina se enviará al Poder Ejecutivo, y éste deberá remitir los pliegos al Senado para su acuerdo.

De acuerdo al artículo 14, las causas que ya están en trámite “continuarán ante esos mismos órganos, hasta su conclusión”. Es decir, mantendrán a sus jueces naturales.

Dentro del plazo máximo de dos años de la entrada en vigencia de la ley, deberá implementarse el Código Procesal Penal Federal en el Fuero Penal Federal con asiento en CABA; y se encomienda a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso a adoptar las medidas necesarias para llevar adelante ese proceso.

Se crean además 63 juzgados federales de primera instancia con asiento en distintas ciudades de todas las provincias, y ocho Cámaras Federales de Apelaciones en Catamarca; Salta y Jujuy; San Juan; Santiago del Estero; Rosario (Santa Fe); Formosa; San Luis; y Mar del Plata (Buenos Aires).

Los otros proyectos

En la sesión también se tratarán dos proyectos de resolución impulsados por el Frente de Todos que dejan sin efecto las designaciones de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, y de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa.

Ambos habían sido designados por resolución de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, sin pasar por votación en el recinto, y con ese argumento el oficialismo pretende avanzar en la modificación de la integración de los jury. Desde la oposición lo interpretan como una jugada más en el intento de desplazar al procurador general interino, Eduardo Casal.

El temario se completa con un proyecto por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.

Debatirán incentivos económicos para la industria y la gastronomía

La Legislatura porteña se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria, en la que también debatirán un proyecto de ley acerca de la responsabilidad del Estado.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad se reunirá desde las 11 para analizar una serie de beneficios económicos que buscan impulsar la reactivación económica en el distrito.  Entre las principales iniciativas figura una del jefe de Gobierno, Horario Rodríguez Larreta, que busca eximir del pago de los impuestos sobre los ingresos brutos hasta febrero de 2021 a los responsables de locales gastronómicos afectados por las medidas de emergencia sanitaria, como bares, restaurantes, cantinas y similares.

A su vez, una iniciativa del diputado Forchieri y otros legisladores del bloque Vamos Juntos procura aliviar la carga impositiva, con exenciones y/o descuentos, sobre los trámites y primeras actividades para el comienzo de obras de construcción, con el propósito de ayudar a la reactivación de ese segmento productivo.

Otro tema importante que debatirán los legisladores porteños es un proyecto de ley local de responsabilidad del Estado en la ley nacional respectiva pero adecuada a la Ciudad. Legisla sobre las relaciones entre el Estado, sus ciudadanos, habitantes, proveedores, etc. a los efectos de delimitar las indemnizaciones que pudieran corresponder por acción u omisión estatal que provoca daños y perjuicios a empresas, particulares o instituciones de la sociedad.

Por otra parte, se pondrá a consideración un texto consensuado entre las bancadas de lo que busca ser una “ley del derecho al último adiós”. Se propicia crear el “Plan de Acompañamiento a los pacientes infectados con el virus Covid 19 en situación de final de vida, con el objetivo de que los mismos sean acompañados, de manera virtual o presencial, de acuerdo a las circunstancias, por una persona de su entorno afectivo”.

Juntos por el Cambio mantiene el alerta en Diputados de cara a la renovación de las sesiones virtuales

Si bien Sergio Massa dejó trascender que la semana próxima se tratarían las leyes de asistencia al turismo y de protección de los activos del FGS, en el interbloque opositor insisten en buscar acuerdos sesión por sesión. El límite: la reforma judicial.

En alerta máxima por la casi inexorable aprobación de la reforma judicial en el Senado, Juntos por el Cambio se mantiene expectante en la Cámara de Diputados, luego de que su titular, Sergio Massa, dejara trascender que la semana próxima podría haber sesión, cuando todavía no hay acuerdo en torno a la renovación del protocolo virtual.

En efecto, Massa deslizó que el miércoles o jueves podría tratarse en el recinto el proyecto de asistencia al turismo -ya cuenta con media sanción del Senado- y otra iniciativa recientemente enviada por el Poder Ejecutivo para proteger los activos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).

Si bien ambos temas contarían en principio con un acuerdo mayoritario, los integrantes de la “mesa chica” del interbloque presidido por Mario Negri mantuvieron una videoconferencia este jueves y coincidieron en rechazar una nueva prórroga mensual del protocolo de funcionamiento remoto, que caducó a fines de julio.

En Juntos por el Cambio creen que de esa forma se estaría dando vía libre a un posible debate exprés sobre la reforma en la Justicia. “Nuestra posición es la renovación del protocolo sesión por sesión y para temas acordados. De ninguna manera concederemos un mes entero”, confiaron fuentes de la bancada tras la reunión.

Tanto Negri como Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) niegan haber sido contactados por Massa para acodar el temario de la próxima sesión, e insisten en que primero debe debatirse la vigencia del protocolo en Labor Parlamentaria, donde participan los jefes de todos los bloques.

En el protocolo original se estableció que la renovación debía ser “por consenso”, sin especificar mayorías, por lo que el Frente de Todos podría acordar con los dos espacios minoritarios: el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.

En un acto de seducción a la oposición, Massa manifestó su intención de avanzar con la ley de asistencia al sector del turismo, un proyecto que en el Senado fue aprobado por unanimidad y que en Diputados solo tuvo giro a una comisión, la de Presupuesto y Hacienda, de modo tal de agilizar el debate.

De hecho, en la Cámara baja se encontraba en tratamiento un proyecto sobre la misma temática, aunque menos ambicioso que el del Senado, que había recibido dictamen en las comisiones de Turismo y de Defensa del Consumidor, pero se encontraba trabado en la comisión presidida por Carlos Heller.

La iniciativa de “sostenimiento y reactivación” del turismo interno que ahora busca ser sancionada contiene medidas de alivio fiscal y crediticias, además de un plan de reprogramación de viajes y medidas de promoción, todo por el plazo de 180 días prorrogables.

El otro proyecto que está en el radar de Massa tiene que ver con la defensa de los activos del FGS, con un capítulo dedicado a la renegociación de los contratos con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una discusión que viene dándose desde fines de enero, cuando la Cámara baja trató la ley de sostenibilidad de la deuda bajo ley extranjera: en ese momento, distintos bloques reclamaron, a la par de gobernadores, incluir en la norma la deuda que las provincias contrajeron en pesos con la Nación y organismos como la ANSES.

El oficialismo no aceptó el pedido, pero a cambio de votos aceptó aprobar una resolución donde se creó una “mesa de trabajo” para abordar la problemática. Sin embargo, sobrevino la pandemia y no se avanzó. “Ahora que se logró un trabajoso acuerdo con los bonistas, sería oportuno que las provincias puedan llegar a un acuerdo con la Nación por sus acreencias”, sostuvieron desde Juntos por el Cambio.