La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora un artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

En la votación faltó el voto positivo de Rodrigo De Loredo, que se expresó a viva voz, mas no figuró en el tablero.

La palabra de los diputados

En su carácter de presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que el proyecto de emergencia está “afuera de la grieta y busca acompañar, atender lo que es una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.

Arroyo explicó que la ley tiene tres partes, una de ella busca “resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas”, y ejemplificó: “Hoy las familias, las personas con discapacidad están accediendo a muy pocos servicios o casi ninguno. Es recomponer el nomenclador, las prestaciones”.

Al respecto, detalló que “una persona que hoy trabaja en un taller protegido que va a trabajar todos los días 4 horas a una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad cobra $28.000 por mes”, y alertó que ese monto no se actualiza desde febrero del 2023.

También brindó otro ejemplo: “Una persona que transporta personas con discapacidad cobra 541 el litro de nafta. Como la nafta sale $1300, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde para el tratamiento, con mucha suerte los lleva dos días”.

“Un acompañante terapéutico, estamos hablando de un alumno que está en una escuela común, esa persona mujer en general cobra 180 días cuando cobra $3000 la hora básicamente está buscando trabajo todo el tiempo porque no le alcanza, porque no llega”, y por último habló de la situación de los centros: “Tienen fuertes dificultades. Los hogares los centros de día están todos a punto de cerrar. Todos tienen deuda con la AFIP que los aguanta hasta el 30 de junio”.

En cuanto a la segunda parte, el diputado bonaerense explicó que refiere a las pensiones porque “se ha desacomodado la estructura de funcionamiento de las pensiones por discapacidad”. Así, precisó que el proyecto “busca ir para adelante y mejorar la situación de las personas que tienen o pueden acceder a una pensión por discapacidad”. Por último, la iniciativa “tiene una tercera parte que es salir del maltrato el Estado ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad”.

“Argentina tiene un millón 200,000 personas que tienen pensión por discapacidad. El Gobierno el 16 de enero hizo la resolución 187 yendo 100 años para atrás, literalmente a la década del 40 del siglo pasado”, criticó Arroyo y comentó que “crearon nuevas condiciones para que una persona acceda a una pensión por invalidez y, a partir de ahí, una normativa fuera de toda regla internacional, fuera de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad”.

Arroyo cuestionó la manera de auditar que llevó a cabo el Gobierno porque “desacomodó la vida cotidiana de muchos. Mandó 30.,000 cartas documentos, los hace hacer 200 km a las personas, 10 horas de cola. Todos buscando mostrarle un papelito a la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrar lo evidente es que tiene una discapacidad. Les piden volver a hacer todos los estudios. Desacomodó la vida, no hizo una auditoría correcta. No fue a ver dónde estaban los problemas, sino que decidió desacomodar la vida de la familia, generar angustia”.

“Hoy está en un limbo la situación de las pensiones. El médico no sabe qué evaluar, la persona no sabe qué papeles presentar”, alertó y precisó que la ley apunta básicamente a reconstruir el sistema.

La tercera parte de la iniciativa, es contra el maltrato luego de que “las familias con personas con discapacidad fueron maltratos”, y enumeró: “El vocero presidencial mostró una radiografía con un perrito y una colita contándonos que la persona accedió a una pensión por discapacidad con eso, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió una pensión por discapacidad”.

“Luego el Gobierno en enero de este año hizo una resolución en la que denominó a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’, ‘débil mental’ y, en los últimos días, ha decidido lastimar, a través, de las redes sociales a gran parte de las personas con discapacidad. Lo que dice esta ley es entiéndase que lo que hay que hacer es acompañar, cuidar, no maltratar a las personas con discapacidad porque estamos hablando del dolor una familia que tiene una persona con discapacidad”, explicó y cerró: “Lo que plantea es que hay una regla que es el respeto, no se puede maltratar, no se puede lastimar a las personas con discapacidad”.

Arroyo resumió: “Esta ley reordena el nomenclador y hace que funcione el sistema de discapacidad, reordena las pensiones y termina con el experimento de ir y venir sin saber qué hacer fuera de toda regla internacional, y que busca el respeto va a plantear”.

“Cando un Gobierno designa funcionarios para el área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad. Es una regla que queremos establecer para la democracia argentina próximos 10 gobiernos”, sostuvo y remarcó que el sistema de discapacidad en la Argentina se rige con una ley de 1981 que “no solo es una ley de la dictadura militar, sino que tiene 44 años. Hace falta rearmar ese sistema. Esta ley no está modificando lo estructural, ni la cuestión educativa, ni la cuestión laboral, ni el funcionamiento del sistema en general, nos hemos concentrado en la emergencia porque hay una catástrofe y la familia Lo pasan muy mal”, concluyó.

El diputado del Pro Martín Maquieyra habló por el dictamen en minoría, advirtiendo por la “situación crítica” de las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. Habló de una situación compleja “de años” y en ese sentido dijo que “sorprenden algunos discursos que ahora se preocupan por la discapacidad, pero nada hicieron durante estos años”.

Remarcó el impacto de la inflación en el nomenclador, enumerando los índices de actualización, atribuyéndole al kirchnerismo el “descalabro” que existe en torno a la discapacidad. “Coincidimos en la situación crítica que está el sistema”, señaló, admitiendo que el Gobierno está haciendo cosas, “y puede hacer mucho más”, al tiempo que insistió en cuestionar la declaración de la emergencia, “pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver”.

Por eso reivindicó el dictamen propio, que contempla el vocabulario, que debe ser adecuado, acorde a la convención internacional de las personas con discapacidad. También se manifestó de acuerdo en la actualización del nomenclador, pero pidió “celeridad en los pagos”. También dijo que “hemos planteado la reglamentación de la Ley de Empleo Protegido”, y por último planteó que la dignidad de cualquier persona no pasa por los subsidios, sino conseguir trabajo, por lo que apeló a un programa que ya existe, pero que no cuenta con demasiada adhesión. El mismo consiste en asistencia a los empleadores, con beneficios que su propuesta prevé triplicar.

En defensa de otro de los dictámenes de minoría, la santafesina Melina Giorgi (Democracia para Siempre) rechazó un “ajuste” en un sector tan débil como el de la discapacidad. “Esto no puede reducirse a un debate puramente fiscal, tiene que ser un debate donde prime la sensibilidad, la corazonada y pensar con el corazón en aquellos que más están sufriendo esta situación”, dijo.

La diputada del bloque DpS Carla Carrizo lamentó estar “con tantas emergencias. Este es un tema que nos atraviesa a todos”. Pese a acompañar, planteó: “No queremos una emergencia larga, queremos resolver la urgencia, contener, cuidar, proteger, porque son cosas que no pueden esperar y no se pueden justificar desde el desequilibrio fiscal”, y ratificó una emergencia acotada en el tiempo porque “el Congreso no puede volver a delegar por tres años la política en discapacidad porque el Estado no lo hizo bien en estos años”. Esa sugerencia fue aceptada en la votación en particular resolviéndose que la emergencia quedara hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.

Carrizo señaló que la ley es antigua, pero la ley nueva “no está explicada en toda la política social. Tenemos una ley que no se usa”. Así, precisó que “el Estado no cuida con calidad y profesionalismo. Está todo mal, las leyes no están actualizadas. No tenemos que vivir de emergencias tenemos que tomarnos en serio cómo controlar el Estado”.

Miembro de la Comisión de Discapacidad, la oficialista Lilia Lemoine expresó su preocupación por “la utilización mediática y el abuso de menores de edad, que comunicadores y políticos estén abusando de los chicos”. Aclaró que no se refería a que fueran a saludar “a Cristina, a Milei o a Macri, sino que después los padres los lleven a manifestaciones o programas, que los sometan a situaciones de altísimo riesgo”.

La blonda legisladora dijo que está en la Comisión de Discapacidad porque es hija de una persona que tuvo tres discapacidades. Y desde esa experiencia considera que “lo más importante es romper las barreras duras que impiden la integración”.

Lemoine afirmó que “todo el país está en emergencia”, y aclaró que “no voy a apoyar una declaración de emergencia que está hecha a la medida de Milei, porque empieza el 10 de diciembre de 2023 y termina en el 2027, porque quieren cargarle a este Gobierno el desastre que ocasionaron previamente”.

Luego dio datos contra el kirchnerismo, al señalar que en 2003 había asignadas solo 77 mil pensiones por discapacidad; en 2015 eran 1.055.000. “Y durante el Gobierno de Alberto Fernández se agregan 390 mil personas a cobrar”, señaló planteando además que en Formosa un 7% de la población cobra una pensión por discapacidad. “Ha habido un fraude enorme de 3.400 millones de dólares solamente en 2023 en el Gobierno kirchnerista”, remarcó.

Por el contrario, Lemoine aseguró que “este Gobierno es resolutivo, a pesar de lo que ustedes digan. Las soluciones que se encuentran son prácticas. No queremos quedar bien, no entramos en política para eso, sino para hacer lo que hay que hacer; para que los recursos se distribuyan bien y no se malgasten”.

Luego sumó la situación con los residentes del Garrahan y destacó que de ganar 800 mil pesos pasaron a ganar 1.300.000, cosa que atribuyó a que “se reasignan recursos que estaban mal asignados para hacerle favores a la política. “Si los diputados ganáramos lo que gana un residente el Garrahan, este recinto se quedaría la mitad vacío. Y los primeros en salir de esa puerta son los que tienen ese cartelito”, señaló en referencia a los diputados de UP que tenían en sus bancas carteles referenciando la situación en el Hospital Garrahan.

A continuación habló, también desde el oficialismo, la diputada María Emilia Orozco, que arrancó quejándose de que se esté “politizando” un tema tan sensible. “Quienes están proponiendo esta ley hicieron siempre de la discapacidad un negocio”, dijo en referencia al kirchnerismo, al que dirigió todo su discurso. “No tendríamos que hablar de esto si no hubieran usado las pensiones para hacer política. Hoy las personas que realmente tienen discapacidad, no los curros que han armado haciendo negociados, podrían estar cobrando como se merecen”, afirmó.

Orozco aseguró que “el desfasaje de los nomencladores viene desde su gobierno”, y contra el dictamen de UP dijo que “han hecho un menjunje que lejos de beneficiarlos los perjudica más. Si aprobamos esto, vamos a estar dando pensiones a prófugos, presos, muertos, personas que declaran discapacidad por tener pie plano, ansiedad, gente con bipolaridad…”. Por eso consideró que “el sistema está desfasado”, y denunció que “hay un diputado del bloque kirchnerista que claramente sigue haciendo negocios con la discapacidad. Me pregunto de dónde va a salir la plata, porque nunca dijeron”.

A su turno, la diputada Mónica Fein dijo que “venimos a ponerle un límite a un gobierno que cree que las leyes no son límites, que cre que la Constitución no es un límite, que las convenciones internacionales no es un límite, que la crueldad o la falta de humanidad con los más débiles no es  un límite”. “Las personas con discapacidad nos enseñaron a entender la problemática”, aseguró, señalando que a través de eso surgieron las mejores leyes de la Cámara. “Fundamentalmente por las personas con discapacidad, por sus familias, por la lucha que llevaron adelante”, dijo, advirtiendo que en nombre del equilibrio fiscal “atropellamos todas esas construcciones colectivas, humanas, sociales”.

Se quejó de que en esa cámara donde el año pasado discutieron una ley para un trato humanizado para las personas con Síndrome de Down, “y tenemos un presidente que utiliza el Síndrome de Down para burlarse de alguien. ¿Qué pasó en una sociedad donde un presidente puede burlarse de un niño autista? Así se construyeron las mejores leyes, escuchando”.

Y sobre el final advirtió que “este Gobierno quiere cambiar un rumbo cultural, que no generemos derechos de igualdad a las personas que tienen más vulnerados sus posibilidades de construir una vida integral en esta sociedad”.

Sobre el final, el diputado Eduardo Valdés salió al cruce de lo que definió como “una difamación, una calumnia que ha hecho el titular de la ANDIS hacia mi persona, diciendo que integro la Fundación Infancias, que sería prestadora de organismos del Estado como el PAMI”. Y aclaró que esa entidad “nunca fue prestadora del Estado nacional”, agregando que él la integró hasta 2013, cuando se fue como embajador al Vaticano. “Pero ni antes, ni durante, ni hoy, ha sido prestadora del Estado. Sus funciones han sido otras. Nunca ha sido prestadora del Estado nacional, ni de los privados. No tiene como objeto ser prestador, sino mostrar los logros de las personas con discapacidad”, aclaró.

“Si bien me fui en 2013, lo que nunca dejé es mi compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, que cada vez es más profundo”, afirmó luego, admitiendo que “con el Gobierno anterior estábamos mal, pero ahora estamos peor”. Y dio datos al respecto: “¿Saben cuánto le pagan a una persona con discapacidad en un taller protegido? 28 mil pesos. ¿Alguien puede vivir con eso? Los  hogares de día están cerrando porque se les paga, por desayuno, más almuerzo y merienda, 3.000 pesos. Acá mismo en la Cámara de Diputados el almuerzo costaba 11 mil pesos. Los transportistas están dejando la actividad porque el Estado les paga 500 pesos por kilómetro”. Y cerró diciendo que “no venimos a echar culpas, venimos a querer resolverlo”.

Por su parte, el diputado Pablo Yedlin sostuvo que el sistema de seguridad social merece una discusión de fondo. “hay que revisar esto. Pero le pido al Gobierno que trabajemos en conjunto para encontrarle una solución a un sistema de salud que necesita integrarse”.

Respecto de la aseveración que se hace respecto de que Argentina tiene demasiados discapacitados, el titular de la Comisión de Salud sostuvo que esa afirmación “no resiste el menor conteo comparado con cualquier país de la OCDE”. Y explicó: en 2010, los discapacitados eran menos del 4% de la población, mientras que en la OCDE los discapacitados severos son más del 7,5%. “A mí no me parece mal la auditoría, pero tenemos un Gobierno que nos ha llevado a auditar todo y no sabemos el resultado de ninguna auditoría”.

Desde el martes 8 de abril que la oposición no conseguía quórum para poner en marcha una sesión con temas que le preocupan y que por cierto incomodan mucho al oficialismo, al punto tal que el Gobierno ya ha anticipado que si los proyectos impulsados son convertidos en ley, tendrán destino de veto. Pero esta vez, con mucho esfuerzo y antecedidos por intensas negociaciones del Gobierno con gobernadores para conseguir quitarle diputados a la sesión, la oposición consiguió el objetivo de arrancar la sesión a las 12.21, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, anunció la presencia de 131 diputados en sus bancas.

Se trata de una sesión que tiene temas que el Gobierno se resiste a convalidar, y que se desarrollará en un marco muy especial, signado por una gran movilización convocada para acompañar a la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, a los que se sumarán sectores como trabajadores del Hospital Garrahan, centrales sindicales y el colectivo Ni Una Menos, a diez años de la primera marcha por ese motivo.

La sesión tiene como primer tema de debate el incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.

La sesión incluye en tercer lugar el debate de la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esos tres temas son los que el oficialismo se resiste a convalidar por su costo fiscal, que el Gobierno considera excesivo. A continuación, es el turno de una serie de emergencias climáticas que contemplan la declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe, por 180 días prorrogables por igual plazo a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Como así también una declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.

Como dijimos, la oposición se propone impulsar un emplazamiento sobre el Hospital Garrahan. Lo anticipó este martes el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. “Mañana en la sesión vamos a plantear el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan. Así que mañana hay que estar y dar quórum”, pidió el tucumano.

Otro emplazamiento que tratarán de impulsar tiene que ver con las universidades. Tal cual se anticipó la semana pasada durante una reunión con representantes del sector universitario, en esta sesión pedirán emplazar a una reunión de comisiones para el 10 de junio, otra el 11, para dictaminar, y poder llevar el tema al recinto el 19 o el 26 de junio.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tal cual se anticipaba, un grupo de diputados de la oposición más severa presentó este martes un pedido de sesión para el miércoles 4 de junio a las 12, con un temario que abarca varios de los temas que no alcanzaron a reunir quórum el pasado 21 de mayo, e incluye otros. Pero deliberadamente omite esta vez cuestiones que generaban especial escozor en el seno de La Libertad Avanza.

Según se desprende de la presentación dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, figuran siete temas a debatir en esta sesión convocada a partir del mediodía del primer miércoles de junio.

Allí figuran los proyectos previsionales, incluidos en los dictámenes correspondientes a la Orden del Día que prevé otorgar un incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, por un lado, y la reinstalación de la moratoria previsional, por otro.

También figura el tema que originalmente había motivado la próxima sesión, la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

Asimismo han sido incluidas una declaración de emergencia y situación de catástrofe por el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, y otros afectados por las inundaciones registradas este mes de mayo.

También la declaración de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en distritos afectados en la provincia de Buenos Aires a raíz de las inundaciones de los días 16, 17 y 18 de mayo pasado.

Figura además una declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional por 180 días a los partidos bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero y Rojas.

Por último, se busca la declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en zonas afectadas por la inundación en el AMBA.

La nota fue presentada por los diputados Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

Lo que no está

Fueron excluidos de la próxima sesión -al menos hasta ahora- dos temas que habían figurado en la última sesión y que despertaban fuerte resistencia de parte del oficialismo.

No está esta vez el tema de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA, intríngulis que la oposición quiere resolver con una votación en el recinto que ameritaría una gran discusión, pues el oficialismo considera que ese tratamiento necesitaría ser habilitado con dos tercios de una votación.

La otra cuestión que no se debatirá en la próxima sesión es la designación de dos auditores, habida cuenta de la virtual acefalía que padece la Auditoría General de la Nación (AGN). Recordemos que era intención de la oposición más dura votar los nombres de Juan Ignacio Forlón en nombre de Unión por la Patria y Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Las autoridades de la Cámara quieren dilatar estas designaciones atento el inicio del tratamiento en ambas cámaras de una reforma del reglamento de la AGN.

En su intervención durante la sesión en minoría, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”.

“Me parece razonable hablarlo acá, porque es la gente que trabaja con nosotros todo el tiempo, gente calificada… Si no tenemos solidaridad con la gente que trabaja en esta casa, ¿con quién la vamos a tener?”, se preguntó, para referirse a continuación a la situación en la AGN. Como presidente del a Comisión Revisora de Cuentas, recordó que dos meses atrás había alertado ante las autoridades sobre “un proceso de prácticamente vaciamiento” imperante en la Auditoría General. “También quiero decir que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades: el año pasado esta Cámara se la pasó esperando la carroza; no sabíamos qué pasaba, no tenían la definición del nombre y estuvimos un año para hacer la presentación” de los elegidos para completar la AGN. “Lo que falló es lo que nos corresponde hacer por nuestra propia competencia”, admitió, advirtiendo sobre “un sector mayoritario que tiene un número importante no definía quién era el representante”.

En ese sentido dijo que hay organismos como el BID y la CAF que tienen previstos créditos internacionales para la Argentina que no van a otorgar si la Auditoría General de la Nación no está constituida.

Por último, llamó a “entrar en un camino de racionalidad y acuerdos en función de las responsabilidades que tenemos. Me parece que es importante que recuperemos algo de cordura, de lo contrario se plantea un esquema de bloqueo que no le sirve a nadie”.

Caída la sesión convocada para debatir en Diputados este miércoles, intervino el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien lamentó la dinámica parlamentaria que se está dando en la Cámara baja, donde “está costando todo el doble, el triple, o el cuádruple”, cosa que atribuyó a “la situación política particular que está teniendo la Argentina y en particular el Gobierno”.

El diputado santafesino detalló los temas que pretendían llevar al recinto, citando en primer lugar el de las jubilaciones, con la prórroga de la vigencia de la moratoria previsional, como así también actualizar el bono que sigue congelado en 70 mil pesos. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló Martínez, quien sugirió entonces que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no son capaces de pagar la cuenta”.

Citó también los casos de aquellos jubilados que tienen que andar eligiendo qué remedio comprar y no cuentan con los recursos económicos tampoco para pagar alquileres.

Comentó también la intención de tratar sobre tablas una media sanción que atienda la gravedad de la situación de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. “Un tema gravísimo y que esperábamos el acuerdo necesario para tener el acuerdo”, mencionó.

Obviamente también se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $LIBRA y demás”. “Están hasta las manos con la estafa Libra, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, señaló

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, lanzó Martínez, advirtiendo que desde el oficialismo “intentaron con una maniobra artera que el tema $LIBRA no esté en esta sesión”, y se quejó porque no tuvo eco un pedido de prórroga de una hora para garantizar la llegada de vuelos que traían a diputados que no pudieron llegar a la sesión.

Dijo que también tenían diputados como María Luisa Chomiak y Leopoldo Moreau que habían salido el martes de operaciones quirúrgicas y que están postergando entrar a otras intervenciones, como Gisela Marziotta, y se preguntó porqué no se conceden las postergaciones de horarios.

“Acá hay presidentes de la Cámara, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, diputados históricos, con enorme trayectoria, que pueden recordar que nunca se le negó a un grupo de diputados que puedan postergar por una hora la conformación de la sesión”.

Por último, citó el intento de “garantizar el funcionamiento de la AGN, que tiene que ver con el control que tiene que hacer este recinto y la oposición respecto del accionar de este Gobierno y todos los gobiernos”.

“No se puede decir ser oposición y después no querer ejercer los atributos y competencias que le da esa propia Constitución Nacional al cuerpo parlamentario -lanzó-. Los mismos que no quieren que se investigue la estafa cripto, son los que no quieren que se conforme la Auditoría”.

Martínez cerró citando al recientemente fallecido José Mujica: “Si alguien cree que a este bloque de la Cámara de Diputados lo van a amedrentar con estas maniobras, se equivoca. Al Pepe Mujica le pidieron un mensaje y dijo que ‘la fortaleza en la vida es justamente todos los días reponerse de las dificultades, ponerse de pie y seguir luchando’. Vamos a seguir luchando con un objetivo claro, que es que estos temas avancen para el funcionamiento de las instituciones. Vamos a seguir insistiendo y ya tenemos un pedido de sesión especial para el jueves que viene, para tratar la emergencia en discapacidad. Y quizá allí tengamos la posibilidad de avanzar en la ampliación del temario”.

El temor a no alcanzar el quórum quedó finalmente confirmado a las 12.31, cuando la oposición en la Cámara de Diputados vio frustrada sus intenciones de llevar adelante este miércoles la primera sesión convocada luego de la estruendosa victoria oficialista del domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza derrotó al peronismo y duplicó en votos al Pro.

En esta sesión organizada con presagio de tormentas fuertes, la oposición pretendía abordar el postergado tema de la cuestión previsional, como así también resolver cuestiones pendientes como la integración de la AGN y desenrollar el ovillo en el que se ha convertido la Comisión Investigadora del caso $LIBRA.

No obstante, el intento quedó frustrado cuando Martín Menem dio por caída la sesión con la presencia de 124 diputados en el recinto. La fuerte presión del oficialismo hizo lo suyo una vez más sobre algunos gobernadores. Además, el oficialismo consiguió que no asista nadie de sus aliados ni bloques provinciales.

Caída la sesión, que también incluía declaración de emergencia en distintas localidades bonaerenses por las inundaciones del último temporal, intervino el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien lamentó la dinámica parlamentaria que se está dando en la Cámara baja, donde “está costando todo el doble, el triple, o el cuádruple”, cosa que atribuyó a “la situación política particular que está teniendo la Argentina y en particular el Gobierno”.

El santafesino detalló los temas que pretendían llevar al recinto, citando en primer lugar el de las jubilaciones, con la prórroga de la vigencia de la moratoria previsional, como así también actualizar el bono que sigue congelado en 70 mil pesos. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló Martínez, quien sugirió entonces que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no son capaces de pagar la cuenta”.

También se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $LIBRA y demás”. “Están hasta las manos con la estafa $LIBRA, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, remarcó.

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, lanzó Martínez, advirtiendo que desde el oficialismo “intentaron con una maniobra artera que el tema $LIBRA no esté en esta sesión”, y se quejó porque no tuvo eco un pedido de prórroga de una hora para garantizar la llegada de vuelos que traían a diputados que no pudieron llegar a horario.

Por su parte, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”. Un tema que después también hizo referencia con críticas a Menem la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.

Durante la sesión en minoría, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot se refirió también a los temas que quedaron pendientes de tratamiento y sobre los beneficios que se quisieron brindar a los jubilados, aseguró que había por lo menos siete fuentes de financiamiento que se ofrecieron en los dictámenes.

Le dijo también al presidente de la Cámara que “es nuestra responsabilidad que la Auditoría General de la Nación se constituya. No puede ser una opción que trabemos su funcionamiento. Podemos estar en desacuerdo con los nombres, es obvio que la primera minoría tiene que llevar por lo menos un miembro, y es razonable y entendible que el oficialismo tenga un miembro, probablemente el único, porque en el Senado no tendrán ninguno”.

Presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, observó que “esta sesión se cae en un contexto en donde el Gobierno nacional gana la Ciudad de Buenos Aires e interpreta que ese triunfo es en favor de más impunidad”.

Sobre la eliminación por parte del Gobierno de la unidad que había creado para autoinvestigarse, el bonaerense enfatizó que “es muy difícil construir un cambio de esa manera. Presentan a la sociedad la idea de cambio, pero significa ventaja, significa ocultar, significa impunidad, significa venganza, porque acá no vino ningún diputado del Pro, que acaba de escupir sangre en la búsqueda de la decapitación que está llevando a cabo La Libertad Avanza en la Ciudad”.

Y, sobre la ausencia de los aliados del oficialismo, concluyó que “pagan platos rotos los jubilados, los inundados, el control. El Gobierno pareciera que tiene una urticaria a la auditoría, le tiene miedo, le tiene pavor, no quiere el control", en relación a la elección de auditores.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto, quien compitió en las elecciones porteñas, admitió la “derrota muy grande” en las urnas, pero argumentó: “Cuando uno defiende valores, principios, sentimientos, no importa los votos que sacas. Hay políticos que van de acá para allá como el viento, y hay otros que somos robles”. Y se mostró orgullosa, “defendiendo a los jubilados sin especular”, porque “esta casa de la democracia no puede quedarse indiferente cuando un jubilado gana 379 mil pesos, porque eso nos tiene que doler la entraña”.

“Lamento mucho que (algunos diputados) estén detrás de las cortinas viendo cómo en algún momento le sacan al Gobierno una candidatura. De los que negocian candidaturas detrás de los cortinados, este Congreso los conoció, tienen nombre y apellido y son un montón. Ahora, les puedo asegurar que nadie se acuerda de ellos, intrascendentes totales”, disparó.

Y reflexionó: “Si nosotros hoy no pudimos hablar de jubilados y personas que lo han perdido todo en una inundación, pensemos si nosotros no somos parte de por qué la gente no va a votar”, en relación a la baja participación electoral.

Otro de los oradores fue el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, quien mencionó las marchas de jubilados que hay todos los miércoles en las puertas del Congreso. “Hay seis millones de jubilados y pensionados a los que el Gobierno solo se les ocurre reprimir y ajustar. El año pasado logramos un aumento por ley para jubilados y jubiladas y el presidente (Javier) Milei lo dio de baja a través de un veto”.

En ese sentido, el legislador socialista arremetió contra los diputados que “se están riendo detrás de las cortinas porque no pudimos sesionar; espero que tomen conciencia de lo que eso significa”. “Vamos a seguir trabajando por una recomposición de jubilaciones y pensiones y por reflotar la moratoria previsional que posibilita jubilar a quienes han aportado muchos años. Acá nadie se salva solo”, finalizó.

La diputada de UP Victoria Tolosa Paz reclamó que el Gobierno tuvo un año “para reformar el drama de los jubilados y no lo hicieron”. “Hay una crisis del sistema previsional muy profunda”, coincidió, para recordar luego: “Ustedes prefieren decir que la moratoria es un invento de Néstor y Cristina (Kirchner), pero tengo una mala noticia para usted (a Martín Menem) que porta el apellido Menem; la primera moratoria previsional en Argentina lleva la firma del expresidente Carlos Saúl Menem”.

En referencia a la ley vetada el año pasado, la exministra de Desarrollo Social apuntó que “aquel 8,1% que les robaron es el 7,2 de ahora que estamos ratificando” en los dictámenes. “Devuélvanles todo lo que le sacaron a los jubilados”, pidió. En tanto, sobre el tema de la comisión por $LIBRA y la elección de auditores de la AGN, denunció que “impidieron la sesión porque lo que les preocupa y ocupa es evitar el control de este Parlamento al Poder Ejecutivo”.

No estaba anotada en la lista de oradores, pero la única oficialista que ingresó al recinto avanzadas las expresiones en minoría fue la neuquina Nadia Márquez, quien arrancó criticando “el nivel de caradurez, mentiras y distorsiones que supera hasta los niveles de inflación que nos dejó (Sergio) Massa”. “Fueron ustedes quienes mientras la inflación iba en tren bala estuvieron todos calladitos, y ahora que la inflación baja abruptamente andan cacareando”, agregó.

Sobre la comisión investigadora, la libertaria le enrostró a la oposición que “no les salió el cálculo” sobre los integrantes y esto es porque “no les viene saliendo el cálculo evidentemente”. “Háganse cargo que inventaron una comisión investigadora y les salieron mal los números”, cargó.

“¿Es difícil la situación de algunos argentinos? Sí, no lo negamos. Pero peor estábamos antes”, justificó Márquez y completó: “Estamos haciendo mucho y vamos a hacer todo lo que falta, sin especulaciones electorales, como ustedes están acostumbrados a hacer”.

Transcurridas las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, se oficializó la convocatoria a una sesión especial solicitada por la oposición, que vuelve a la carga con el tema previsional sobre el cual, por el momento, hay una decena de dictámenes y desde los bloques impulsores conversan para llegar a un consenso.

Este martes, además, se amplió el temario para tratar la designación de autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, cuestión por la que se espera una larga discusión reglamentaria; y la elección de auditores de la AGN, luego que Unión por la Patria y Encuentro Federal alcanzaran un acuerdo para proponer nombres para dos de las tres vacantes pendientes desde el año pasado. Se trata de Juan Ignacio Forlán -cuyo mandato venció en 2024- y Emilio Monzó.

Exulante por los resultados en CABA, pero incómodo con los temas que presiona la oposición, el oficialismo apostará a que la sesión fracase. A su vez, sobre AGN, el propio presidente del Cuerpo, Martín Menem, presentó un proyecto para cambiar la forma de selección de los auditores y se convocó a debatir la iniciativa este miércoles, a las 9.30, en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Otro ítem del temario es la declaración de emergencia y zona de desastre para 16 localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones del último temporal. Ninguno de los textos cuenta con dictamen, por lo cual requerirán dos tercios de los votos para habilitarse.

En cuanto a los temas previsionales, están contemplados los despachos vinculados a prorrogar la moratoria vencida el 23 de marzo pasado, idea avalada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; y, por otra parte, el incremento de las jubilaciones y del bono para los jubilados, donde habría más chances de acercamiento. Sobre el primer eje, varios bloques dialoguistas -incluido una parte del Pro- prefieren crear una prestación proporcional por años aportados.

El pedido de sesión fue presentado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Graciela Parola, de Unión por la Patria; Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal; y Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Carla Carrizo y Marcela Coli de Democracia para Siempre.

Como en cada pedido de cita en el recinto, la primera incógnita surge en la construcción numérica del quórum. Teniendo en cuenta a los bloques de la oposición, se da por sentado que Unión por la Patria, aportando asistencia perfecta de sus integrantes, aportaría 98 legisladores sentados en sus bancas.

En tanto, Encuentro Federal y Democracia para Siempre tienen integrantes que responden a gobernadores de relación cordial con el Gobierno nacional. Sin embargo, se espera que ambos espacios sienten a la hora prevista al 75% de sus integrantes.

Resta saber aún qué es lo que hará el Pro tras la confrontación con La Libertad Avanza por las elecciones porteñas. Se descuenta que los 12 legisladores de Patricia Bullrich no darán quórum a esta sesión. Pero hay otros 23 que responden a Mauricio Macri (dos son de Horacio Rodríguez Larreta) y existe la especulación de que, esta vez, no colaboren con los intereses del oficialismo.

En el marco de otro miércoles con tensión e incidentes en las afueras del Palacio Legislativo, y en el cual debía haberse desarrollado la sesión de interpelación a ministros del Poder Ejecutivo por el caso $LIBRA, la oposición decidió ir al recinto con, por ahora, los dictámenes sobre la modificación al sistema de ingreso de las personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años que exige la ley vigente. La fecha acordada entre las bancadas impulsoras del tema es el próximo miércoles 21 de mayo.

Este martes, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda pasó a la firma más de una docena de despachos: los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que insisten con la extensión por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo; y los de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el radicalismo y un sector del Pro, que buscan eliminar el requisito de los 30 años y la creación  de una prestación que se basa en agregar una suma proporcional por años de aporte. También hay uno del oficialismo y aliados que propone la creación de una comisión para la elaboración de una reforma previsional.

Ya para entonces con la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires definida, los referentes de cada bloque en materia previsional se van a reunir el próximo lunes 19 de mayo para hacer un intento de volver a acercar los dictámenes. Según pudo saber parlamentario.com, la principal diferencia radica en la aceptación o no de la prórroga de la moratoria que propone el bloque que conduce Germán Martínez.

En principio, los diputados que oficiarán como delegados en el encuentro para deliberar sobre la redacción del texto de esta reforma previsional serán: Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera, por UP; Nicolás Massot y Alejandra Torres, del bloque Encuentro Federal; Danya Tavela o Marcela Coli por Democracia para Siempre; y por la Coalición Cívica lo hará el jefe de bancada, Juan Manuel López.

El otro tema que la oposición tiene decidido incorporar al temario para la sesión prevista en la semana próxima será la designación de las autoridades de la comisión investigadora del caso $LIBRA tras el empate de la reunión del 30 de abril. La postura de la oposición será la de llevar la resolución de la presidencia de dicha comisión a una votación nominal en el recinto.

En la única reunión llevada a cabo, el flanco del oficialismo y los aliados propuso al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe de bancada libertaria; por el flanco de la oposición, la elegida fue la diputada massista Sabrina Selva.

Si bien trascendió que la estrategia del oficialismo es plantear que la definición de la titularidad de una comisión no puede ser definida en el recinto, la oposición esgrimirá que las decisiones tomadas por el pleno del Cuerpo en sesión “tienen mayor peso" que, incluso, las decisiones del propio presidente de la Cámara de Diputados. Se sabe que esta discusión llevará mucho tiempo y que el oficialismo planteará que para avanzar sobre esa cuestión se necesitan los 2/3.

Así las cosas, los bloques que pidan esta sesión van a ocupar parte del tiempo de sus exposiciones en repudiar la ausencia de los ministros Luis Caputo, Economía, y Mariano Cúneo Libarona, Justicia, en la sesión informativa de interpelación que había sido aprobada para este miércoles 14 de mayo y que quedó sin efecto. Las criticas apuntarán contra el titular del Cuerpo, Martín Menem.

Sin elecciones en el medio, la oposición planea, también, pedir una segunda sesión con fecha tentativa para el miércoles 28 de mayo, en la cual pondría en el temario el dictamen que exige la declaración de la emergencia en discapacidad, dictaminado a fines de abril.

Es muy factible que en esa segunda cita en el recinto de la Cámara de Diputados se busque emplazar a comisiones para el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y, eventualmente, la iniciativa sobre las retenciones al sector agropecuario.

Una alta fuente legislativa confirmó a este medio que el primer pedido de sesión no será hasta el lunes próximo, a fin de esperar a que transcurran las elecciones porteñas para conocer con certeza el escenario a corto plazo, especulando con la posibilidad de que un sector del Pro pueda acompañar la reforma previsional el 21 en el recinto.

A 24 horas de la sesión en la que debería tener continuidad la interpelación de funcionarios por el caso de la criptomoneda $LIBRA, un grupo de diputados opositores envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a fin de que se defina si habrá o no sesión.

Un día después de haber enviado una nota reclamándole convocar formalmente a la sesión, los diputados ahora quieren que, una vez el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, confirmaran su comparencia, se convocara a sesionar este miércoles a las 12, para continuar la interpelación iniciada el 29 de abril pasado.

Pero en caso de que no se haya asegurado la convocatoria de los funcionarios citados para este 14 de mayo, y atento a la imposibilidad de convocar a la sesión por tal motivo, le requirieron a Menem comunicarlo a los distintos bloques a los efectos de “tomar las medidas que estimen corresponder”.

Suscriben la nota los diputados Oscar Agost Carreño, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Germán Martínez, Paula Penacca (Unión por la Patria), Pablo Juliano, Carla Carrizo (Democracia para Siempre), Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño y Vanina Biasi (Frente de Izquierda).

Hay mucho fastidio entre los legisladores de la oposición no solo por la presumible ausencia de los funcionarios, sino también y sobre todo porque trascendió que en lugar de ir al Congreso, al menos los ministros estarán presentes en el cierre de campaña de Manuel Adorni este miércoles a las 17.30 en el Parque Mitre.

En ese marco, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, señaló por la tarde, dando por sentado que no habría sesión: “Es evidente que Milei y Karina están hasta las manos con la estafa cripto. Por eso no quieren que Cuneo Libarona y Luis Caputo sean interpelados en el recinto de Diputados”.

“Básicamente, porque Milei y Karina son indefendibles”, cerró el diputado santafesino.

Durante el debate sobre el proyecto de Ficha Limpia en el Senado, desde el bloque de senadores de Unión por la Patria insistieron en que la iniciativa tiene como único objetivo la “proscripción” a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara al año electoral.

Con Ficha Limpia, la expresidenta y titular del PJ Nacional no podría postularse como candidata, al tener una primera condena en la causa Vialidad en diciembre del 2022 y luego, en segunda instancia en noviembre del 2024.

“Este proyecto de ley es malo”, arrancó su alocución la neuquina Silvia Sapag (UP) y sumó: “Más que ficha limpia debería llamarse ficha trapeada porque solo se refiere a los delitos contra la administración pública, pero deja a fuer aun sinnúmero de delitos que son graves como el homicidio agravado. Podría ser senador un homicida o un secuestrador extorsivo o alguien que cometió abuso sexual, trata de personas, narcotráfico. Estos delitos se dejan de lado”.

Sapag cuestionó que el proyecto “solo se enfoca en delitos contra la administración publica y por eso es que el bloque dice que es direccionado para meter presos a quienes militan en nuestras filas”. “También es malo porque con ficha trapeada el sistema Judicial tiene la posibilidad de vetos a candidatos y eso consagra la jerarquía del Poder Judicial por sobre los demás porque ese poder determinará a quién podemos elegir y a quién no”, criticó.

“Es un retroceso democrático enorme”, lamentó y preguntó: “¿En serio le van a quitar al pueblo la condición democrática de elegir con su voto a su representante? El voto que determine el Poder Judicial eliminará a candidatos. Pueden crear causas, llevarlas adelante y olvidarse para qué están los jueces de impartir justicia. Fallar sin pruebas y en contra de la ley”.

La senadora de UP arremetió: “Los jueces son funcionales al gobierno que los presione para no perder sus condiciones y eso es lo que estamos viendo. Me imagino a Macri diciéndole a los jueces Bruglia y Bertuzzi que no pasen por el Senado porque su misión es acusar a Cristina. Ellos ordenaron liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal detenidos por intención de incitación a la violencia colectiva que atentó contra la vida de quien ahora quieren proscribir, Cristina Fernández de Kirchner”.

La senadora fueguina Cristina López manifestó su oposición al proyecto de ficha limpia y adhirió la idea del interbloque respecto a buscar la “proscripción” de Cristina Kirchner. En tal sentido, se dirigió al Cuerpo y señaló que “se olvidan que los organismos internacionales han sostenido que el derecho a participar se debe proteger incluso cuando en la vida política hay procesos legales”.

Consternada por el espíritu de la iniciativa, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu consideró que “se está proscribiendo la construcción de universidades y centros de alta tecnología, la posibilidad del desarrollo científico y tecnológico”.

El senador camporista Eduardo “Wado” de Pedro apuntó contra el Pro y la UCR, pero también afirmó que “ficha limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes a partir del manejo de los medios y el copamiento ilegal de sectores del Poder Judicial”.

En el inicio de su discurso, dijo haber conversado con los senadores que votan a favor la ficha limpia y relató que “reconocen que el proyecto es malo y que van a votar por la presión mediática”. Luego, consideró que es una iniciativa “importante porque va a reconfigurar el poder en Argentina y va a ser votado por presión mediática” por influencia del “poder real”.

“venimos diciendo que los presidentes tienen cada vez menos poder, porque hay sectores empresarios y judiciales que influyen en las decisiones de la República Argentina”, siguió, y agregó que “esos sectores van a poder seleccionar los candidatos de alguna fuerza política”.

En defensa de su líder política, remarcó que este tipo de proyectos son “siempre en contra del peronismo que gobierna para aumentar la participación de los trabajadores en la Argentina”, y enfatizó que “es contra Cristina porque no le pueden ganar con los votos y la quieren sacar de la cancha”.

NOTA EN DESARROLLO

Arrancó a las 11.47 la sesión del Senado que tiene como tema principal el debate de la media sanción proveniente de diputados del proyecto de ley de ficha limpia. Es en el marco de una sesión que tiene una serie de otras cuestiones para debatir y en la que ficha limpia ocupa el último lugar en el temario.

El proyecto fue aprobado en extraordinarias en la Cámara baja el 12 de febrero pasado, por 144 votos positivos, 98 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa establece que las personas con condenas doble por delitos de corrupción no podrán ser candidatas a cargos electivos. También estarán inhabilitadas a ocupar distintos roles en la administración pública.

El debate en el Senado fue antecedido por muchas especulaciones que terminaron -aparentemente- despejadas cuando el viernes 18 de abril los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano aclararon su postura favorable a la sanción de ficha limpia.

El proyecto introduce una modificación al artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, de modo de prohibir la candidatura a cargos públicos de toda persona que tenga doble condena por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta y titular del PJ Nacional, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad.

La novedad de la propuesta del Poder Ejecutivo había sido la inclusión de que tal inhabilitación correría en caso que la persona hubiera recibido la sentencia hasta el 31 de diciembre de un año no electoral y no, en cambio, si ocurría a partir del 1ro. de enero del año electoral. Sin embargo, diputados dialoguistas rechazaron de plano ese aspecto, al considerarlo anticonstitucional. A partir de ello se modificó el dictamen en su artículo 1ro. para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

NOTICIA EN DESARROLLO

Gran expectativa ha despertado la sesión de este miércoles en el Senado, con la certeza de que las dudas respecto de que estuvieran los votos para aprobar el proyecto de ficha limpia están disipadas. En rigor, así sucede desde que el viernes 18 de abril los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano aclararon su postura favorable a la sanción de ficha limpia. Final para las dudas.

Con los votos de los santacruceños alineados con el gobernador Claudio Vidal, la aprobación de la media sanción proveniente de la Cámara baja contaría con 38 manos levantadas, una más que las necesarias por tratarse de un proyecto de índole electoral.

La hora de la verdad será a las 11.30, hora en la cual ha sido convocada esta sesión que se presume histórica, en caso de que el proyecto por el que muchos bregan desde 2017 vaya a aprobarse. Ese horario fue el acordado en la reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes por la tarde, en la que se confirmó lo anticipado por parlamentario.com: que con la incorporación de algunas cuestiones al temario se adelantaría la hora de inicio, en principio prevista para las 14.

Ficha limpia será el último de los temas a tratar en una sesión que comenzará con el debate de un proyecto que crea un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas por el catastrófico temporal que asoló en marzo a Bahía Blanca y otros distritos cercanos. El proyecto declara “zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de ciento ochenta días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas en el mes de marzo de 2025”.

Luego se abordarán tratados; designación de autoridades y acuerdos. Y por último, ficha limpia.

No está previsto que se aborde el tema de las dietas de los senadores, que a partir de este mes pasaron a percibir un sustancial aumento.

Ficha limpia

El debate de la media sanción proveniente de Diputados estuvo sometido a los vaivenes electorales. Es que se trata de un proyecto que tuvo siempre al Pro como abanderado principal, y sobre todo a la diputada Silvia Lospennato como cabeza visible, al punto tal de que es ella quien motoriza el tema desde 2017. Al convertirse en candidata principal del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, en una elección cuyo resultado obsesiona al oficialismo, la cuestión pasó a ser sopesada de manera diferente en la Casa Rosada. Es que la aprobación del proyecto será seguramente capitalizada por la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, aunque desde el Gobierno insistirán una y otra vez que el proyecto aprobado es en definitiva el que mandó el Poder Ejecutivo.

En este marco llegó a especularse con la posibilidad de que la media sanción fuera a recibir modificaciones, lo que obligaría a  un retorno del proyecto a la Cámara baja y obviamente dilataría su aprobación, que quedaría para después del 18 de mayo, fecha de las elecciones porteñas.

En vísperas de esta sesión decisiva en el Senado, en Casa Rosada no faltaron voces que pusieron en duda la aprobación, precisamente por la cuestión electoral. En el mismo sentido, otros en cambio aclararon que un traspié del proyecto en el Senado sería también “ganancia pura” para el Pro. “Peor todavía para nosotros”, aclaró otra fuente. Lo cierto es que el bloque oficialista del Senado salió el lunes a ratificar su apoyo al proyecto, de modo tal de capitalizar también la eventual aprobación.

En el comunicado difundido el lunes también abogaron por mantener las dietas congeladas, pero ese tema no tuvo eco y quedó fuera del temario para esta sesión.

El resto del temario

Tras la votación del proyecto sobre Bahía Blanca será el turno de los tratados internacionales. Son tres, de los cuales el primero es un tratado suscripto con Serbia sobre el traslado de personas condenadas y cooperación en el cumplimiento de sentencias penales; luego hay un proyecto de ley que aprueba la convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles  y el traslado de beneficios, celebrado en Francia en 2016.

Por último hay otro acuerdo con el Consejo Federal Suizo en materia de servicios aéreos regulares.

Luego está prevista la ratificación y designación de autoridades. Se pondría a consideración el reemplazo de María Laura Izzo al frente de la Secretaría Administrativa, por Emilio Viramonte, quien trabaja con la vicepresidenta hace tiempo. Victoria Villarruel quiere que Agustín Giustinian siga como secretario Parlamentario, en tanto que como prosecretario Administrativo seguirían Lucas Clark, y como prosecretaria Parlamentaria la exdiputada radical Dolores Martínez.

Después se tratará el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Alejandro Carlos Francisco Oxenford, quien ya está actuando como embajador en los Estados Unidos. El otro pliego a ser tratado es para designar a Wenceslao Bunge Saravia, quien quedará al frente de la representación argentina en España.

Luego está previsto el tratamiento de una serie de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas, y a continuación la aprobación de una serie de proyectos de declaración, comunicación y resolución con dictamen.

Y a continuación, arrancará el debate de ficha limpia. La frutilla del postre.

Tras una semana más de espera, por la postergación de agenda por la muerte del papa Francisco, la oposición verá finalmente este martes la concreción de la sesión para la interpelación de funcionarios del Gobierno nacional dentro del recinto de la Cámara de Diputados, una instancia de la cual el último registro data de 1996 con Domingo Cavallo como protagonista.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda lograron hace 20 días aprobar por 131 votos a favor y 96 en contra (hubo además por la positiva un puñado de cinco legisladores de otras bancadas) la convocatoria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía), y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que sean interrogados por la presunta estafa de $LIBRA, criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó por sus redes sociales el Día de los Enamorados.

Tal cual se anticipa, Francos será el principal protagonista y podría estar acompañado por Cúneo Libarona. En el caso de Caputo, quien se rehúsa a asistir al Congreso para rendir cualquier tipo de explicación, sectores de la oposición más dura advirtieron que su ausencia podría ser tomada como causal de juicio político.

Aunque el artículo 71 de la Constitución Nacional prevé la interpelación, al indicar que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes", no hay establecida ninguna "consecuencia" sobre la falta; pero hay quienes interpretan que caería en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En cuanto a Silva, al no tener rango de ministro, en el oficialismo consideran que puede esquivar el asunto. No obstante, el titular de la CNV es una de las fichas puestas para ser citado por la comisión investigadora que se reunirá este miércoles, y donde la oposición tendrá el desafío de romper con una paridad de paralice las acciones.

De acuerdo a la hoja de ruta que ya pensó la oposición, pero que terminará de definirse antes de la sesión en reunión de Labor Parlamentaria, se estima que la interpelación podría durar más de 10 horas.

Como primer paso, se prevé una exposición de los funcionarios de una hora, que podrá extenderse media hora más. En caso que asistan Francos y Cúneo Libarona, compartirán tiempo. Luego se tomará la misma cantidad de tiempo para que los miembros interpelantes, es decir, los cinco bloques que impulsaron la citación, formulen preguntas y los interpelados respondan.

Después se abriría el tiempo para el resto de las bancadas, con una serie de preguntas agrupadas por tiempo, a ser contestadas por los funcionarios, en una mecánica similar a las sesiones informativas del jefe de Gabinete.

Finalmente, en la oposición pidieron que haya cierres de bloques para hacer consideraciones finales, donde sin duda podría llegar a haber encendidos discursos políticos respecto de lo que hayan sido las respuestas y en torno al episodio protagonizado por el presidente Milei, en lo que representó la primera crisis de la gestión libertaria y que el Gobierno buscaba que se diluya en el tiempo.

Concluida la interpelación, la cuestión $LIBRA continuará al día siguiente con la constitución de la comisión investigadora, donde la oposición se prepara para trabajar durante tres meses en el tema, con la facultad para citar testigos y recibir denuncias. Por estas horas, hay discusión sobre hasta qué grado llegan sus atribuciones para que los citados concurran.

Sobre el caso $LIBRA, con denuncias de damnificados en Argentina y el extranjero, Francos decidió no responder en el último informe de gestión que envió por escrito, así como tampoco verbalmente en la sesión del pasado 16 de abril. Este lunes, en la antesala de la interpelación, dijo: "Es un tema que poco tiene que ver con mi función o con la administración pública, así que es poco lo que puedo decir, pero iremos al Congreso cumpliendo con nuestra obligación".

Además de la creación de la comisión investigadora y la interpelación de funcionarios, en la sesión del 8 de abril pasado se aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo con más de 100 preguntas relacionadas a la organización y planificación de $LIBRA; el asesoramiento previo a la publicación por parte del presidente en la red social X; la responsabilidad del presidente y medidas a futuro; la participación de Karina Milei, la defensa legal del presidente, la relación con los promotores del activo y las visitas que recibió en Casa Rosada, entre otras. Varias de ellas, seguramente, serán las que se trasladen verbalmente este martes dentro del recinto.

La segunda presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, estuvo precedida por la polémica. En principio, por la fecha elegida para su presentación, como así también la hora. Y también, por qué no, por el hecho de que en el término de dos semanas el funcionario terminaría presentándose dos veces en el mismo recinto, en el término de seis días, ya que para el martes que viene se lo espera para la interpelación votada oportunamente para indagarlo a él como a otros funcionarios por el tema $Libra.

El potencial tiene que ver con que la presentación del informe de este miércoles ha sido puesta en duda en las últimas horas, ya que el quórum estaría en riesgo, precisamente por la fecha elegida: vísperas de Semana Santa, razón por la cual muchos diputados del interior tienen pasajes para volver a sus provincias y en consecuencia hay problemas para reunir el número suficiente de diputados para esta sesión.

Precisamente por eso es que el presidente del bloque MID, Oscar Zago, reclamó este martes la suspensión de la presentación del informe de gestión de Guillermo Francos. “Nosotros sugerimos” que se pase para el martes 22 de abril, planteó. Sin éxito, pues la Jefatura de Gabinete confirmó que Francos se presentará ante la Cámara de Diputados este miércoles, tal cual lo pautado.

Desde la Cámara se informó oficialmente que al tratarse de una sesión y no establecer el reglamento excepción alguna, tendrá que haber quórum para iniciar la sesión. En caso contrario, Guillermo Francos dejará las respuestas por escrito y se retirará, sin necesidad de regresar en otra fecha.

La Constitución es la que establece que el jefe de Gabinete debe presentarse mensualmente en el Congreso, alternando entre ambas cámaras, para brindar un informe de la gestión. Es el artículo 101 el que lo señala, aunque el reglamento no especifica si tiene o no que haber quórum. Para el diputado (MC) Pablo Tonelli, “es discutible”, según expresó ante la consulta de parlamentario.com. “Yo creo que sí, porque si no hay quórum, no hay cámara”, precisó.

La duda puede haber partido de cuando el 11 de mayo de 2023, en ocasión de la presentación del entonces jefe de Gabinete Agustín Rossi, la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner abrió la sesión con la presencia de muy pocos senadores presentes en el recinto. Atento a ello, el radical Martín Lousteau le reclamó por el quórum. Desde el estrado el secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, respondió que no era necesario y lo mismo hizo la vicepresidenta: “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para el día de hoy”.

Mientras se aprestaba todo para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, y CFK se paraba de su asiento, Lousteau lanzó: “Deberían haber aprendido de economía también”. Rápida de reflejos, ya con el micrófono cerrado, pero en un video que se viralizó minutos después, se escuchó a Cristina devolverle: “Me enseñaste vos con la 125”.

Lo cierto es que en Diputados eso no corre, según confió a este medio la secretaria Parlamentaria del Senado, Dolores Martínez. Exdiputada nacional por el radicalismo, señaló que en la Cámara baja “la práctica marca que haya quórum; eso marcan los antecedentes. De hecho, recuerdo sesiones en las que no se lograba el quórum y el jefe de Gabinete deja el informe y ya…”.

Empleada legislativa durante 48 años y prosecretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados durante 18, Marta Luchetta se retiró en 2021, pero sigue siendo una palabra autorizada para hablar del tema. Consultada por parlamentario.com, Luchetta señaló que se trata de una sesión informativa y “por supuesto hace falta número para iniciarla, como cualquier otra sesión. Una vez iniciada, la realidad es que puede después continuar sin número, porque en general no se vota nada en esa sesión”.

En caso de que no haya quórum, aclaró que el funcionario deja el informe, pero la falta del quórum representaría “un desprecio de la Cámara, porque se avisa con tiempo. Espero que no se convierta en lo mismo que el presidente de la Nación, en despreciar a los diputados; si viene el jefe de Gabinete, hay que recibirlo”.

Detalles del informe

El pasado 28 de marzo, la Jefatura de Gabinete recibió 4078 requisitorias. Tras un exhaustivo trabajo de unificación, éstas se consolidaron en 2304 preguntas para integrar el informe escrito.

Las consultas fueron formuladas por 14 bloques de Diputados. Unión por la Patria fue el bloque que mayor cantidad de consultas remitió, con un total de 1250 preguntas. Le siguió el Pro con 209, Democracia para Siempre con 146, y la Unión Cívica Radical con 141.

Por su parte, la Coalición Cívica realizó 137 preguntas; Encuentro Federal, 120; la Izquierda Socialista FIT-unidad, 87; el Pts - Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, 84; y el Partido Obrero - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, 48.

En tanto, desde el monobloque de Defendamos Santa Fe fueron realizadas 26 consultas; el Movimiento Popular Neuquino sumó otras 19; mientras que Republicanos Unidos, Transformación y Creo formularon 18, 15 y 4, respectivamente.

Respecto a las áreas de gobierno a las cuales fueron dirigidas las consultas, el Ministerio de Economía concentró la mayor cantidad de preguntas al recibir 812. Le siguieron las carteras de Capital Humano con 379, Salud con 259, Seguridad con 173, Justicia con 91 y Defensa con 90.

En tanto, la vicejefatura de Interior recibió 84 preguntas; el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 75; la Jefatura de Gabinete, 74; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, 63; y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 62.

También 36 preguntas fueron destinadas al Banco Central de la República Argentina; 33 a la Secretaría de Comunicación y Medios; 16 a la Secretaría de Cultura; 15 a la Vicejefatura Ejecutiva;  14 a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; 13 a Secretaría General de la Presidencia; y 6 al Ente Nacional de Comunicaciones.

Por último, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió 4 preguntas, la Sindicatura General de la Nación, 2 y la Agencia de Acceso a la Información, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro recibieron 1 consulta cada una.

Con la firma de 34 diputados de un amplio abanico de diputados de casi todos los sectores, parte de la oposición en la Cámara baja pidió una sesión para el martes que viene, 8 de abril, a las 12 del mediodía, con un temario que contempla 22 expedientes, más pocos dictámenes.

El primer desafío de este conglomerado opositor que cuenta con la anuencia de los bloques Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, será alcanzar el quórum. Cuentan con el antecedente de haber intentado ya realizar una sesión sobre el tema previsional, el pasado 19 de marzo, oportunidad en la que no alcanzaron a reunir el número suficiente de legisladores para sesionar, pero tan lejos no estuvieron: alcanzaron a sumar 124 diputados, por lo que se descuenta que este martes podrán alcanzar el quórum.

El temario es muy amplio y comprende los mismos temas que habían llevado al recinto ese miércoles de marzo, pero le han sumado varios proyectos más y los temas relacionados con el caso de la criptomoneda $Libra. Ese es el único tema que cuenta con dictámenes, alcanzados precisamente ese 19 de marzo.

Son tres órdenes del día, a saber: uno que crea una comisión investigadora sobre el escándalo que involucra al presidente Javier Milei; otro que prevé interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, también sobre el caso $Libra; y un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el mismo tema.

También piden tratar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el estado de situación de la obra pública en ejecución, financiada por el Gobierno nacional en cada una de las 24 jurisdicciones del país.

Hasta ahí los temas con dictamen. Luego vienen proyectos que pondrán a consideración sobre tablas, a sabiendas de que no tendrán obviamente número para conseguir los dos tercios, por lo que después irán por el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se rehúsa a tratar temas que impulsan desde la oposición. Como la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Ese tema cuenta con dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, como así también la Comisión de Discapacidad, que dicho sea de paso también realizó este jueves una reunión informativa aun cuando antes ya había logrado el dictamen correspondiente sobre el tema.

En lo que hace a la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.

El pedido de sesión cuenta con las firmas de Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, en el marco de un discurso que inició con un reconocimiento a su par Nicolás Massot, que lo había antecedido en el uso de la palabra, y que el día anterior  había sido protagonista de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo. Allí fue propuesto por UP para presidirla, y luego apoyó la designación de Oscar Zago.

Pichetto valoró su papel: “Como sé que este Gobierno y las autoridades de la Cámara tampoco reconocen nada, me parece importante valorarlo, porque hace a la institucionalidad de la Cámara”.

A  propósito de las dudas que había expresado Massot sobre el camino cambiario, le aclaró Pichetto que el mismo “ya lo ha decidido el pensador de este plan, que ya en el 78 estaba con Martínez de Hoz”, en referencia al economista Ricardo Arriazu. “En la historia argentina económica siempre el dólar está en el techo, nunca está tan en el piso”, observó.

Pichetto dijo compartir “el orden fiscal”, y aceptó “darle la derecha al Gobierno, que la ha logrado, aunque lo ha hecho con el sacrificio de los más débiles”. Reconoció sí que cualquier gobierno de los que compitieron en 2023 lo hubiera hecho también, porque “el acuerdo de (Martín) Guzmán era imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión, este pasante de la Universidad de Columbia, que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. No había administrado ni una sociedad de fomento y de repente apareció como ministro de Economía”.

El jefe del bloque Encuentro Federal se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué  pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.

“Este Congreso le ha dado, mal o bien, con debates, con discusiones, le ha dado (al presidente) los instrumentos que le permitieron gobernar el primer año”, enfatizó.

Sobre el final aclaró que en lo personal él está de acuerdo con avalar el DNU, pero observó que “los representantes que vinieron ayer al Congreso eran todos segundas líneas… No vino el presidente del BCRA, (Santiago) Bausili, mandan a los segundos… En realidad, no entendemos porqué no puede venir el ministro de Economía a la Comisión de DNU, plantear los grandes trazos de ese futuro acuerdo”.

Y cerró: “Todos sabemos que hay una caja de herramientas que el Gobierno tiene para gobernar. Ahora, no entra la motosierra dentro de esa caja de herramientas. El sector pasivo ha sido sometido a un ajuste feroz; adentro de la caja de herramienta no está más la motosierra tienen que tener nivel quirúrgico. Y cuidado con las decisiones que toman, no crean que porque ordenaron el déficit fiscal van a tener resultados electorales favorables. La gente abajo está sufriendo”.

El discurso de apertura en la sesión de este miércoles en la Cámara baja para explicar los principales puntos del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, estaba a cargo del correntino Lisandro Almirón, pero su alocución poco tuvo que ver con esa tarea que tenía encomendada por parte de su bloque.

En medio de gritos y bullicio en el recinto, el libertario comenzó diciendo que el acuerdo con el FMI es para “subsanar errores de mucho tiempo del país”.

“Este daño que lo han generado los políticos, el gasto público excesivo, que históricamente terminaron en espirales inflacionarios que tuvimos que asumir la responsabilidad todos los que estamos sentados acá, pero lamentablemente algunos se olvidan que no afrontaron con responsabilidad el gasto público excesivo del que no se hacen cargo”, continuó.

A medida que se expresaba, el clima se iba tensionando cada vez más en el recinto, por lo que el correntino procedió a elevar su tono de voz palabra tras palabra. “16 mil millones de dólares le costó al país la estatización de YPF que la tenemos que pagar nosotros. Fortalecer las reservas del Banco Central, es el objetivo primario”.

Así, se dirigió al titular del Cuerpo, Martín Menem, y se quejó: “Señor presidente así no se puede hablar”. Menem procedió a pedir “tener una sesión en paz”.

“Claramente hay dos países, uno de los argentinos de bien que quiere que al país le vaya bien y sacarlo adelante y otros que especulan después de que 30 años… 30 años…. Diputado le recuerdo que usted sabe …”, lanzó Almirón hacia la bancada de UP que caldeó más los ánimos, por lo que Menem volvió a interrumpir en tono de enojo: “Estamos dando un espectáculo lamentable, está haciendo uso de la palabra un diputado nacional elegido por el voto de la gente. Respeten el uso de la palabra, son el bloque más tiempo tiene”.

Almirón siguió entre gritos: “Hay dos países. Un país donde Argentina tiene la oportunidad histórica de subsanar errores. Hoy argentinos están afrontando la deuda que en el pasado la generaron los gastos políticos del kirchnerismo. Han generado un daño terrible. Han dejado al país en un 55% de inflación y un 16% de indigencia”.

“Cuando generaban la pobreza y el empobrecimiento después de gastar la nuestra, los traían en esos colectivos anaranjados para generar movimientos sediciosos financiados por el gasto público. Quemaban patrullas afuera, rompían los negocios afuera de los comerciantes que estaban viviendo el día a día. Se aprovechaban de los más pobres a través de esta espiral de inflación y ustedes mismos generaban la pobreza y la indigencia”, disparó.

Respecto del acuerdo con el Fondo, solo señaló que el objetivo principal es “fortalecer las reservas del Banco Central para que los balances se puedan sanear, cosa que ustedes no hicieron”.

“No se pueden olvidar del Plan Platita, metieron la mano en el bolsillo a todos los argentinos. Axel Kicillof, Silvina Batakis, Martín Guzmán, todos fueron a llorar al Fondo para gastar plata, la que no tenían, para pagar pobreza, para empobrecer a los argentinos, para escudarse en los fueros…”, expresó alterado.

Menem, muy enfurecido por la actuación de su par de bloque, lo interrumpió para exigirle que le pida disculpas públicas al jefe del bloque del MID, Oscar Zago -ex miembro de LLA- con quien se agarró a las trompadas en la sesión de la semana pasada. Luego, le dio por finalizada su intervención.

“Zago ¿qué querés, que te de un pico? Vení Zago querido amigo”, lanzó exaltado y de forma irónica desde su banca el diputado libertario Lisandro Almirón luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le exigiera que le pida disculpas públicas al diputado Oscar Zago, tras haber estado cerca de agarrarse a trompadas en la sesión de la semana pasada.

Mientras Almirón abría con un discurso envalentonando el debate sobre el acuerdo con el FMI, en medio de gritos, reproches y bullicio por parte de los bloques opositores, Menem lo interrumpió enojado y le pidió que tenga respeto: “Soy de su bloque diputado, un poco de respeto por favor”, le reprochó.

“Escúcheme, en pos de ordenar la situación y en virtud de lo que ocurrió el otro día le pido y, a fin de que estamos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Oscar Zago en este momento así podemos continuar. Es lo que están pidiendo todos. Fue un hecho que no puede pasar…”, le exigió el titular del Cuerpo.

“Por supuesto que lo voy a hacer…”, lo interrumpió el correntino de modo desafiante, a lo que Menem acotó: “Hágalo y continúa…”.

Almirón, lejos de calmarse siguió en un tono efervescente: “Ante todo soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. Acá hay alguien cerebral, no voy a dejar guiarme ni por las pasiones ni especulaciones de ustedes”.

“¡Zago perdón!”, gritó y sumó: “Perdón a todos ustedes, pero piensen en la Argentina y en los que están afuera. ¡Carajo! Que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aun cuando los intereses generales de la Patria sean mucho más importantes” …En ese momento, el libertario se levantó de su banca, se dio vuelta y con los brazos abiertos lanzó: “¿Zago qué querés, que te de un pico? Vení Zago querido, amigo”.

Mientras algunos lo aplaudían, su jefe de bloque Gabriel Bornoroni y la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado se acercaron para calmarlo, pero fue en vano porque Almirón siguió exaltado apuntando contra la bancada de UP: “Vamos Argentina … ¿a quién más quiere que pida disculpas? ¡Caraduras! Pidan disculpas a los argentinos ahora que la pedí yo. Pidan disculpas ustedes. Que la presidenta Cristina Kirchner venga y pida perdón de rodillas por lo que hizo, que venga (Amado) Boudou y pida perdón, que venga (Axel) Kicillof y pida perdón…”.

Menem, al ver que la situación se desmadraba, lo invitó a terminar su alocución: “Gracias, diputado”, pero el libertario cerró: “Aprendan…les falta dignidad y pidan perdón”.

El primer choque de una sesión caliente como la de este miércoles en Diputados se dio en el inicio de la sesión, cuando se tuvo que votar el plan de labor para la sesión. Fue leído por el secretario Parlamentario y el mismo establecía los tiempos de oratoria de cada bloque y un cambio de horario para la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento, para tratar la creación de una comisión investigadora, para las 17; y la de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, para las 18, en ambos casos para dictaminar sobre temas de la causa $Libra. El horario previsto para la oposición era a las 16.

Intervino entonces la secretaria Parlamentaria de UP, Paula Penacca, para señalar que la propuesta era “imprecisa”, no quedando claro cuánto tiempo podían hacer uso de la palabra, y cuándo se podía hacer uso de las cuestiones de privilegio también. “Yo no voto cosas que no sé qué son”, dijo la diputada camporista, tras lo cual el secretario Parlamentario Adrián Pagán detalló los tiempos que tendría cada bloque.

A su turno, el jefe del bloque Germán Martínez aclaró que no habían acordado nada con ese plan de labor. “Creemos que el tema tiene una envergadura tal que no puede haber limitante en el uso de la palabra. Entiendo que algunos pueden estar culposos, pero estos temas merecen un debate a fondo, lo expresamos en Labor Parlamentario”, señaló el santafesino, recordando que en la sesión de la semana pasada había habido “un escándalo de diputados trompeando y levantando por la fuerza a otros diputados, y otros tirándose agua. Y el resto mirando como si nada sucediera”.

Martín Menem le advirtió que le estaba quitando tiempo a su bloque, generando la airada reacción de Martínez, quien dejó de lado las formas y lanzó: ¿¿Qué tiempo le estoy quitando a mi bloque?? ¡Vení a laburar!”. El presidente de la Cámara le advirtió que lo llamaría al orden. “¡Llamame al orden! ¡Llamalo a (Lisandro) Almirón, que cagó a trompadas a un diputado! Queremos plantear al inicio los temas que quedaron pendientes y no vamos a acompañar este plan de labor”.

A continuación, Nicolás del Caño estalló, para quejarse entre otras cosas de la presencia de miles de efectivos federales y reclamando un cuarto intermedio, porque “no se puede sesionar con la militarización y la represión que están preparando”.

Desde el Pro, Silvana Giudici intentó poner orden. “Quiero decirle a la izquierda que grita y a los de Unión por la Patria que insultan, que la verdadera violencia surge cuando no tienen el acompañamiento de los votos”, señaló, asegurando que el plan de labor anunciado “no cercena la palabra a nadie”, y negó irregularidades la semana anterior respecto del quórum. Cerró recordando que habría dos plenarios también durante la tarde y luego había una sesión pedida por UP para las 19. “Así que va a haber todo el día para hablar”.

Como dije en el inicio de la sesión, quieren aplicar la violencia afuera y adentro del recinto. “Por más que siembren vientos no cosecharán tempestades” pic.twitter.com/FoUE7rhbXW

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) March 19, 2025

El plan de labor fue aprobado por 141 votos a favor y 95 en contra, tras lo cual no se dio por vencida Cecilia Moreau reclamando a los gritos que no se podía obviar votar la moción presentada por Del Caño. Y ante las explicaciones de Martín Menem, la extitular de la Cámara perdió las formas: “A mí no me pelotudeés”, le espetó al riojano, que al pedirle a Germán Martínez que pusiera orden en su bloque lo hizo estallar: “¡Venís de hacer un papelón la semana pasada, así que no me dés indicaciones con lo que tengo que hacer con mi bloque!”.

El presidente de la Cámara trató de mantener la calma pidiendo a todos dirigirse con respeto. “No me tutees”, le acotó personalmente a Martínez.

Y concedió la posibilidad de votar la moción de Del Caño, que precisó que su moción consistía en ir a un cuarto intermedio que se extendiera hasta que se fueran las fuerzas del orden de alrededor del Congreso. Ante el pedido puntual de dar un horario concreto para el cuarto intermedio, Vanesa Biasi se sumó reclamando que se extendiera al menos hasta las 16.

La moción fue rechazad por 143 votos contra 93 y 3 abstenciones.

En plena turbulencia financiera, con los valores del dólar en alza, igual que el riesgo país, y caída de bonos y acciones, la Cámara de Diputados se abocará este miércoles a debatir el decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

En este contexto, el oficialismo espera conseguir la aprobación de este DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar esta etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta. La confianza del Gobierno es alta, por cuanto los cálculos le asignan al oficialismo las mayores chances de éxito en la votación que esperan alcanzar a media tarde de este miércoles. Incluso con cierta holgura. Se verá.

No será la única instancia de este miércoles intenso, ya que horas más tarde el recinto volverá a abrir sus puertas, esta vez para desafiar al Gobierno con proyectos que el oficialismo y sus aliados no piensan acompañar. Se trata de proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.

Desde que el presidente Javier Milei anuncio el 1° de marzo que enviaría el acuerdo con el Fondo al Congreso y esperaba una aprobación rápida por parte de los legisladores, el tema no dejó de dar sorpresas. Porque esa disposición a cumplir con la Ley 27.612 expresada por el mandatario derivó en algo distinto cuando se supo que en lugar de un proyecto de ley, lo que el Ejecutivo mandaría al Congreso sería un DNU, generando una áspera reacción de la oposición.

Pese a ello, el Gobierno se apegó al plan que consistía en un rápido envío del decreto de necesidad y urgencia al Congreso y una presta convocatoria a la Bicameral de DNU. Aun más veloz fue la llegada del decreto al recinto, anunciada incluso antes de que hubiera dictamen.

Ese trámite se cumplió este martes, cuando se alcanzaron las firmas necesarias para que el despacho pudiera llegar al recinto sin necesidad de contar con mayorías especiales.

La sesión fue convocada para las 10 de la mañana -un horario inédito en los últimos años-, previéndose la reunión de Labor Parlamentaria para una hora antes. Allí las autoridades de la Cámara baja intentarán llegar a un acuerdo con la oposición para desarrollar un debate ordenado y rápido de lo que en definitiva es un único tema a abordar: el decreto de necesidad y urgencia. Así, el oficialismo querría tener la cuestión resuelta para entre las 15 y 15.30, aunque desde Unión por la Patria no mostraron disposición a acelerar el debate, tratándose de semejante tema.

Como zanahoria para evitar un debate eterno, el oficialismo sugirió emplazar durante el mismo al Cuerpo a las comisiones que este martes trataron los proyectos relacionados con el escándalo $Libra a dictaminar este miércoles a las 18. Para curarse en salud, la oposición forzó los dictámenes en sendos plenarios realizados este martes, de modo tal que para ellos ya no hace falta una reunión para dictaminar. Todo lo contrario de lo que sostiene el oficialismo, convencido de que hay que cumplir lo que mandó el Cuerpo: tratamiento de los proyectos en dos días, dictaminando el 19 de marzo. Dicen que no vale que se haya dictaminado un día antes. En ese caso, no haría falta la reunión de comisiones de las 18.

Esta discusión formará parte de la sesión de este miércoles, con  posturas seguramente muy disímiles.

Se agregó a última hora, eso sí, un aditamento especial para que UP adelante los tiempos: ellos mismos pidieron una sesión especial para las 19, para tratar cinco proyectos relacionados con los jubilados. tres de los cuales tienen que ver con extender la moratoria previsional que vence este fin de semana.

Debería ser un motivo suficiente como para acelerar la sesión de este miércoles, en la que el oficialismo se ilusiona con alcanzar un triunfo legislativo que lo encarrile nuevamente en la senda del éxito.

Si alguna duda quedaba de que este miércoles sería intenso en el Congreso de la Nación -y ni qué decir en sus alrededores-, este martes a las 21 se conoció un pedido de sesión elevado por todos los miembros del bloque de Unión por la Patria para las 19 de este miércoles, a fin de tratar una serie de proyectos relacionados con los jubilados.

Lo explicaron los propios miembros de UP a través de un comunicado en el que dijeron defender “la agenda del pueblo”, al anunciar que querían avanzar con la prórroga de la moratoria previsional; aumento de emergencia a los jubilados, y medicamentos para los afiliados del PAMI.

El temario incluye cinco proyectos de ley. Los relacionados a la moratoria corresponden a Nicolás del Caño , Brenda Vargas Matyi y Leopoldo Moreau, para prorrogar por dos años la moratoria previsional.

También figura un proyecto de la jefa del bloque de Innovación Federal, Pamela Caletti, y otro de Luana Volnovich, en ambos casos para modificar el artículo 2° de la Ley 19.032 sobre Gratuidad de Medicamentos Esenciales.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo lugar a la solicitud, convocando a la hora pedida por Unión por la Patria.

Recordemos que para las 10 de la mañana ya estaba convocada una sesión especial pedida por diputados de La Libertad Avanza y el Pro, con el fin de tratar el DNU 179/25 del acuerdo con el FMI. El oficialismo tiene intenciones de que la sesión no sea extensa -querrían que concluyera para las 15- y para eso anticiparon que se acordaría que en la sesión fueran emplazadas las comisiones para este miércoles a las 18, a fin de emitir los dictámenes relacionados con las causas de la criptomoneda $Libra. Sin embargo la oposición dio por dictaminados ambos despachos y eso será parte de la discusión de la primera de las sesiones convocadas para este supermiércoles.

Presuroso como para sacarse de encima el tema rápidamente y darle en consecuencia una señal contundente al Fondo Monetario Internacional con el que se sigue negociando, el Gobierno de Javier Milei aceleró los tiempos con el decreto de necesidad y urgencia 179/2025, por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

Así, un grupo de diputados del oficialismo y aliados pidieron este lunes una sesión para este miércoles 19 de marzo a las 10 de la mañana, a fin de tratar el DNU. Alcanzará para que este decreto tenga vigencia que sea aprobado en una de las dos cámaras, y en este caso el oficialismo está convencido de que conseguirá la aprobación en la Cámara baja.

El pedido de sesión extendido a Martín Menem fue suscripto por los diputados Gabriel Bornoroni, Cristian Ritondo, Nadia Márquez, Silvana Giudici, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, Alida Ferreyra, Santiago Santurio, Rocío Bonacci, Gerardo Huesen, Santiago Pauli, María Emilia Orozco, Carlos García, María Fernanda Araujo, Romina Diez, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Patricia Vásquez, José Núñez, Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro, Paula Omodeo y Nancy Picón Martínez.

La convocatoria es impulsada dando por seguro que este martes se emitirá el dictamen correspondiente en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, convocada para este martes a las 16.

El tema es que paralelamente a esa reunión de la bicameral están convocadas desde la sesión del miércoles pasado las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, con el objeto de tratar el proyecto que propone la creación de una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

Ahora bien, ese plenario seguirá su curso seguramente, pero la sesión pedida para este miércoles afectará los plenarios convocados para las 13 y las 16 horas, con el fin de dictaminar los proyectos sobre el cripto escándalo, tal cual se acordó en la última sesión.

Así las cosas y no pudiendo objetar nada, la oposición más dura está analizando usar esta nueva sesión, cuyo quórum garantizan el oficialismo y sus aliados, para pedir un nuevo emplazamiento de las comisiones para emitir los dictámenes que claramente no saldrán este miércoles, según pudo saber parlamentario.com.

El jefe del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, que supo encabezar el bloque de La Libertad Avanza, pidió disculpas este jueves por el episodio violento que protagonizó en la Cámara de Diputados durante una sesión que terminó en escándalo luego de que se fuera de manos con el libertario Lisandro Almirón.

"Primero me arrepiento de los hechos violentos que tuvimos adentro. Quiero pedirle disculpas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que me dio la oportunidad de estar en una banca, al pueblo en general y a la ciudad de Bahía Blanca que está pasando por un terrible momento y nosotros estamos dando este escenario bochornoso", expresó el legislador y sumó: “Cometí un error, lo tendría que haber resuelto en otro ámbito”.

El diputado, en declaraciones televisivas, quien explicó que estuvo “cinco minutos soportando insultos y agresiones” hasta que reaccionó, pero apuntó al oficialismo por haberlo provocado para que se levantara de la banca y dejar sin quórum la sesión.

Zago también sostuvo que Martín Menem, titular de la Cámara baja, tenía el objetivo de hacer fracasar la sesión para que no se cree una comisión investigadora por el escándalo con la criptomoneda $LIBRA, debido a que él está implicado.

"Muy mal el presidente Menem de haber logrado su objetivo, que la casa de la democracia no funcione. Que diga el presidente si él no tiene involucración, que lo diga el presidente Menem, que lo digan porque ayer otro diputado le dijo usted presidente Menem que tiene que dar respuesta a todo esto que se está trabajando", agregó.

"Agredieron a (Marcela) Pagano para que se levante, se levantó un diputado y es la mala intención de Martín Menem decir: '128, me levanto y me voy', con un escándalo en el Congreso", contó respecto al momento en que se levantó la sesión por falta de quórum.

Por último, Zago expresó su malestar por el manejo de la sesión por parte de Menem, quien, según él, “cometió un error” al permitir que la violencia y el caos se desbordaran en el recinto. “El presidente de la Cámara tiene una responsabilidad de gobernar y garantizar que la sesión se desarrolle con normalidad”, afirmó, recalcando que la actitud de Menem dejó en evidencia una falta de control sobre la situación.

"Hizo que se creara este alterado momento. Estábamos totalmente tranquilos sentados, nos vinieron a agredir algunos diputados, Almirón y otros, vos escuchás gritos, insultos y no sabés quienes son", insistió en referencia a Menem, a quien atribuyó el liderazgo de la bancada de La Libertad Avanza.

Luego, envió un mensaje a Javier Milei y citó a Mauricio Macri al decir que "está muy mal rodeado", y habló de una "banda de ladrones" en el entorno presidencial.

“No les hago un favor al kirchnerismo, tienen un problema interno en La Libertad Avanza que no lo pueden resolver, y fueron por la violencia”, subrayó, al tiempo que insistió en que su objetivo es “ordenar” la situación. Además, reiteró que había dado un paso al costado dentro de su propio bloque para evitar continuar involucrado en la disputa.

"Todos queremos la verdad, con estos actos lo único que hacemos es ensuciar al Presidente, que es el único limpio que debe estar", sentenció Zago .

Concluida la sesión de una manera caótica, el bloque oficialista emitió un comunicado detallando lo que se había acordado en la misma sesión y lo que intentaron hacer algunos sectores cuando ese plan de labor se había agotado.

Allí reseñaron que la Presidencia había propuesto en Labor Parlamentaria un plan de sesiones ordenado, pero no hubo acuerdo. Razón por la cual luego en plena sesión se aprobó el plan propuesto por el diputado cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, de modo tal de ordenar la sesión.

Así es que se votó la habilitación del debate en el recinto de los proyectos de pedidos de informes para su tratamiento, que necesitaban 2/3 de los presentes, siendo el resultado negativo. Luego se votaron los emplazamientos a las comisiones con competencia, para crear la comisión investigadora y para el tratamiento de los diversos pedidos de informe e interpelaciones, que resultaron afirmativas.

A continuación, se votó el emplazamiento para pedir juicio político al Poder Ejecutivo, cosa que fue rechazada.

La declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional para la ciudad de Bahía Blanca resultó con 230 votos afirmativos, con lo que, expresa el comunicado de LLA, “se agota el plan de labor, solo quedando cuestiones de privilegio”.

“Sorpresivamente, mientras se trataban estas últimas cuestiones, en una maniobra coordinada entre algunos sectores de Unión por la Patria y aliados, se pretende introducir un apartamiento del reglamento para derogar las facultades de emergencia al Poder Ejecutivo aprobadas por este Congreso en la Ley Bases”, señaló el comunicado de La Libertad Avanza, que hizo referencia a los disturbios que entonces se advirtieron en el recinto”, por lo cual la presidencia solicitó un cuarto intermedio que no fue acatado.

Acto seguido, la diputada Victoria Tolosa Paz pidió la votación del apartamiento y “cuando la presidencia se dispone a ponerlo a votación, no había quórum en el recinto y se procede a levantar la sesión, según ordena el reglamento”, concluye el comunicado.

Desde las 12.19 la Cámara baja realiza su primera reunión del 143° período de sesiones ordinarias, para debatir una decena de proyectos relacionados con el escándalo de las criptomonedas protagonizado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado, cuando publicó un posteo en sus redes sociales convocando a participar del negocio $Libra, una criptomoneda que a partir de esa promoción alcanzó altos niveles de venta y terminó desplomándose, generando grandes pérdidas a quienes se sumaron a la propuesta.

La sesión fue convocada por el bloque Democracia para Todos, al que se sumó Encuentro Federal y siempre estuvo en duda esta sesión, por las fuertes presiones oficiales para desactivarla.

Al quórum aportaron los bloques de Unión por la Patria (incluidos santiagueños y catamarqueños), el grueso de Democracia para Siempre, más de la mitad de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, y Álvaro González, del Pro, quien se había sumado al pedido de sesión. También los aliados habituales del oficialismo del MID, bloque que conduce Oscar Zago.

A pesar de que en la previa se esperaba que una mayoría de la UCR bajara al recinto, sólo lo terminaron haciendo los dos bonaerenses Karina Banfi (oriunda de Bahía Blanca) y Fabio Quetglas. También se sentaron en sus bancas los monobloquistas Roberto Mirabella (DSF), Mario Barletta (Unidos) y Lourdes Arrieta (EF-FC).

Por tratarse de proyectos sin dictamen, todas las propuestas de la oposición necesitarían de los dos tercios para avanzar, por lo que la apuesta pasa por alcanzar un emplazamiento a las comisiones para establecer un cronograma de tratamiento.

El temario también incluye un proyecto presentado por la diputada de UP Victoria Tolosa Paz junto a legisladores de casi todas las bancadas para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días, prorrogables por igual plazo en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el temporal ocurrido el pasado 7 de marzo.

Precisamente por esa tragedia, en el inicio de la sesión la bandera fue izada a media asta; y luego, se cumplió un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia.

NOTICIA EN DESARROLLO

La oposición intentará concretar este miércoles la primera sesión especial de la Cámara de Diputados de este año, con el fin de abordar el criptogate, tema más que incómodo para el Gobierno.

Será a partir de las 12 -la reunión de Labor Parlamentaria arrancará una hora antes-, y son sus convocantes los radicales de Democracia para Siempre, el bloque de Encuentro Federal y un diputado del Pro.

En principio había sido pedida esta sesión para el martes, pero luego se pasó para este miércoles a partir de las 10. Finalmente las autoridades de la Cámara la fijaron a las 12, cuestión de que pudiera llevarse a cabo previamente el plenario que retomará este miércoles el debate sobre la baja de edad de imputabilidad.

Varios bloques de la oposición, la más dura pero también de sectores llamados dialoguistas, firmantes de los proyectos de resolución que incluye el temario, tienen expectativa de lograr el quórum con 129 presentes para debatir sobre el caso $LIBRA, que se convirtió en la crisis más importante vivida hasta ahora por la administración de Javier Milei.

La convocatoria había sido presentada incluso antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Fue el martes 25 de febrero e incluía una decena de iniciativas que, comenzado el nuevo período legislativo, fueron representadas con nuevo número de expediente. Sucede que, al haber en el temario proyectos de resolución -cuya vigencia es de un año, a diferencia de los proyectos de ley, que rigen el año de presentación y el siguiente-, se decidió representarlos.

El pedido de sesión fue encabezado por Democracia para Siempre, integrantes de Encuentro Federal y hasta se sumó al final un legislador del Pro. La sumatoria de los convocantes, más la totalidad de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda permitirían garantizar el quórum, aunque un análisis más frío y detallado permite albergar serias dudas para que la reunión pueda llegar a concretarse.

Pasa que en Encuentro Federal no darán quórum los cordobeses alineados con Martín Llaryora (menos Natalia de la Sota), el chubutense Jorge “Loma” Avila y el entrerriano Francisco Morchio (que responde al gobernador Rogelio Frigerio). Tampoco estarían todos los de Unión por la Patria (los convocantes se conformarían con que asistan al menos 93 de sus 98 miembros).

Así las cosas, el éxito de la sesión dependerá de la cantidad de radicales del bloque de Rodrigo de Loredo que asistan este mediodía. Pensando en eso, los convocantes sumaron al pedido de sesión un proyecto del propio jefe del bloque UCR, para que se presente el jefe de Gabinete a informar al pleno. Este martes por la noche crecían las chances de que buena parte de los radicales asistieran a la sesión, con lo que las posibilidades de sesión aumentaban proporcionalmente. También aseguraron su presencia los diputados del MID, un bloque escindido nada menos que de La Libertad Avanza.

Las últimas medidas del Gobierno no hicieron más que avivar el clima beligerante en buena parte de la oposición dialoguista, que no ha visto con buenos ojos la designación de jueces para la Corte “en comisión” por decreto, o el envío de un DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El temario incluye proyectos para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Este martes se sumó también al temario el proyecto presentado el viernes pasado por la diputada Victoria Tolosa Paz, que tiene las firmas de diputados de todos los bloques, para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el terrible temporal que se abatió allí.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF); y en el segundo pedido se sumó Álvaro González (Pro).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tildó a la oposición de "garrapatas" en la antesala a la sesión solicitada por la oposición que se llevará a cabo el miércoles en Diputados para tratar diversos proyectos que apuntan a profundizar la investigación y pedir informes sobre el escándalo en torno al caso $Libra.

"Entiendo la situación y me parece perfecto que el Congreso trate los proyectos. Nosotros estamos dispuestos a dar la respuesta que requiera, pero no estamos dispuestos a hacer un show del tema", aseguró Francos en diálogo con radio Splendid AM990 sobre la interpelación a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios nacionales.

En ese sentido, señaló que "la oposición no ha encontrado un resquicio para atacar a un gobierno con éxitos económicos importantes, entonces encuentran este tema y quieren prenderse como garrapatas para ver qué pueden obtener en términos políticos en un año electoral. Y nosotros no queremos ser parte de un show mediático".

Con once proyectos en debate, los bloques opositores intentarán interpelar al Presidente y a varios funcionarios, aunque para ello deberán alcanzar el quórum reglamentario de 129 diputados al inicio de la sesión.

Entre las iniciativas más relevantes, el Frente de Izquierda presentó un pedido de interpelación para el propio Javier Milei, mientras que Encuentro Federal impulsa citar a Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona. A su vez, Unión por la Patria busca interpelar a la secretaria general de la Presidencia, y la Coalición Cívica apunta al jefe de Gabinete. Además, el MID propuso la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA, que estaría integrada por 16 miembros de ambas cámaras legislativas.

Respecto a la publicación que realizó el presidente Javier Milei el viernes 14 de febrero para "difundir" la criptomoneda $Libra, Francos marcó que "mucha gente no ha tomado conciencia de que el sistema de comunicación de la política ha cambiado totalmente".

"En la década del 90 la comunicación era diferente, una cámara de televisión era la forma de comunicarse con el electorado. Hoy es distinto, hoy uno lanza un tuit o un X. El Presidente lanza una comunicación por tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating, entonces es difícil decirle al Presidente -que tiene esa forma de comunicación directa con el electorado- que lo abandone. Es la forma en que ha llegado a ser presidente de la República", afirmó el jefe de Gabinete.

Y aseguró que Milei "tiene perfectamente claro que es presidente las 24 horas", aunque señaló que "dijo que lo había tuiteado de su cuenta personal de economista".

Respecto del DNU que fue publicado en las últimas horas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Francos aseguró que será enviado "de inmediato al Congreso para que lo trate como corresponde, seguramente hoy".

"Hay un procedimiento que empieza por la bicameral", detalló el funcionario y consideró que "ese DNU tiene fuerza de ley mientras no sea rechazado por ambas cámaras". Aunque manifestó que no cree que eso pase porque el decreto "tiene una larga fundamentación histórica" donde se remonta a otros DNUs "que existieron antes en relación al FMI y este no se aleja de lo que se ha tratado antes".

También apuntó a la "famosa ley Guzmán", presentada por el entonces ministro de Economía de Alberto Fernández, que "tenía una cláusula que decía que todos los acuerdos posteriores tenían que pasan por el Congreso. Pareciera que está por encima de la Constitución porque limita facultades del Ejecutivo que surgen de la propia Constitución Nacional".

"El DNU establece la facultad del Ejecutivo para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establecen. Claramente dice que no se incrementa la deuda pública y se dice para qué se va a usar el desembolso: pagar vencimientos con el Fondo y pagar deuda del Estado con el Banco Central, de manera que la deuda bruta del Tesoro no se va a incrementar", completó Francos.

Lo que en un principio fue tomado como un intento casi testimonial de parte de bloques de la oposición en Diputados, se perfilaba este fin de semana con perspectivas de éxito. Hablamos del llamado a sesionar esta semana, para debatir los proyectos presentados por bloques de toda la oposición a partir del estallido del caso $Libra, que se convirtió en la crisis más importante vivida hasta ahora por la administración Milei.

La convocatoria había sido presentada incluso antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Fue el martes 25 de febrero e incluía una decena de iniciativas presentadas en torno al caso conocido como “criptogate”, y era para este martes 11 de marzo. La última semana se corrigió la fecha de la sesión que todavía no ha sido oficializada, pero que la Presidencia de la Cámara baja no podrá eludir convocar: será este miércoles a las 10 de la mañana.

El pedido de sesión fue encabezado por Democracia para Siempre, pero cuenta con las firmas de diputados de Encuentro Federal y hasta se sumó al final un legislador del Pro. La sumatoria de los convocantes, más la totalidad de Unión por la Patria y la izquierda permitirían garantizar el quórum, cosa que a priori muchos creían imposible, pero ahora casi dan por descontada. El desafío estará en que los convocantes puedan tener sus bancadas completas. Algo en lo que no será menor la incidencia de los gobernadores sobre legisladores que les responden y forman parte de esos espacios.

En efecto, ese es el primer desafío de los bloques opositores. Como ya señalamos oportunamente, uno de los legisladores convocantes fue concreto al señalar que esperaban tener quórum “ya que el tema criptoestafa está creciendo. Quien no asista estará blindando a Milei”.

Las últimas medidas del Gobierno no hicieron más que avivar el clima beligerante en buena parte de la oposición dialoguista, que no ha visto con buenos ojos medidas como la designación de jueces para la Corte “en comisión”, o el envío de un DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario.

En caso de concretarse la sesión, se levantaría la reunión del plenario de comisiones prevista para las 11 para tratar la modificación del Régimen Penal Juvenil.

El temario incluye proyectos para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Entre las iniciativas presentadas por Democracia para Siempre se incluyó una para crear una comisión investigadora, pedidos de informes y una interpelación a Francos. Pero también se contempla una de interpelación al presidente Milei presentada por el Frente de Izquierda; otro pedido de interpelación presentado por Encuentro Federal que incluye a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Liberona; y un pedido de interpelación al jefe de Gabinete planteado por la Coalición Cívica. Además, se incluyó una interpelación presentada por Unión por la Patria a la secretaria General de la Presidencia. En cuanto a los pedidos de informes al PEN, había de DpS, Unión por la Patria, Encuentro Federal y CC.

En caso de habilitarse la sesión, también se trataría sobre tablas un proyecto presentado el viernes pasado por la diputada Victoria Tolosa Paz, que tiene las firmas de diputados de todos los bloques, para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el terrible temporal que se abatió este viernes allí.

Para garantizar la asistencia de radicales, se sumó un proyecto presentado por el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, que exige al Poder Ejecutivo cumplir con la obligación de asistencia al Congreso del jefe de Gabinete, con el fin de brindar informes sobre el denominado caso $Libra.

Precisamente para tratar de desactivar la movida, desde el Gobierno iniciaron contactos con la oposición dialoguista para ofrecer la presencia del jefe de Gabinete para brindarles la información requerida en torno al escándalo cripto.

La mano de los mandatarios provinciales ya se vio en más de una oportunidad en las votaciones del Congreso, siendo la última la que influyó para que fracasara la creación de una comisión investigadora en el Senado, con el rol clave de los radicales.

A sabiendas de la imposibilidad de garantizar las mayorías especiales (dos tercios) para tratar sobre tablas cualquiera de esos proyectos, la idea es lograr emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para despachar en comisión la creación de una comisión investigadora. Cuestión de llevar al recinto el tema en un plazo perentorio.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF); y en el segundo pedido se sumó Álvaro González (Pro).

Luego de ausentarse en la sesión preparatoria que se cayó este lunes por falta de quórum en la Cámara alta, el bloque de senadores de Unión por la Patria, conducido por José Mayans, le reclamó al oficialismo que “debe entender que el Reglamento del Senado está para respetarse”.

A través de un comunicado, desde el interbloque exigieron que “se cumpla el Reglamento del Senado y se respeten las proporcionalidades en cuanto a la conformación de las comisiones asesoras de la Cámara alta”.

“El año pasado, el oficialismo y aliados resolvieron de forma antojadiza ignorar la representación de este interbloque y repartirse las comisiones, incluso las bicamerales, en forma antirreglamentaria. Hasta se dio el caso de algún senador que terminó integrando el exorbitante número de diecinueve comisiones y otro que ostenta la presidencia de dos comisiones, algo prohibido expresamente por el Reglamento”, recordaron de forma crítica.

Al respecto, plantearon que “toda esta situación hace casi imposible el funcionamiento de este Cuerpo Legislativo”, y sugirieron: “Se deben retomar las buenas prácticas políticas, respetar las normas reglamentarias y establecer los acuerdos básicos que posibiliten una marcha institucional adecuada”.

Previsto originalmente para este jueves, el debate sobre la suspensión de las elecciones PASO que promueve el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se posterga un día. Se realizará el viernes a partir de las 13.

La razón es que los legisladores porteños esperan contar con la definición del debate de la suspensión de las PASO a nivel nacional, que se sabrá en el marco de la sesión de este jueves en la Cámara alta.

El oficialismo porteño no tiene los números asegurados para asegurar su cometido. En principio, aguarda la decisión que tomará el peronismo, que a su vez quiere ver lo que sucede en el Senado. Y los diputados de La Libertad Avanza esperan también ver qué decisión toman los peronistas.

No solo la suspensión de las PASO debatirán este viernes; también deben resolver el adelantamiento de las elecciones.

En un clima envuelto por el escándalo cripto que ocupa la centralidad en la discusión política de estos días, la Cámara de Senadores realizará este jueves la primera sesión del período extraordinario. Primera, pues no descarta volver a reunirse al día siguiente para debatir sobre el pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se resolvió este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, los temas que se pondrán a consideración, a partir de las 12, son la suspensión de las PASO, la ley antimafias, el juicio en ausencia y reiterancia y reincidencia.

Según confiaron a parlamentario.com, no prosperó la propuesta del oficialismo para sumar a esta primera reunión del año la sesión preparatoria. Así las cosas, eso quedó para el próximo lunes 24 de febrero a las 14.

Se sabe que la primera parte de esta sesión que se espera extensa, estará invadida por cuestiones de privilegio contra el presidente de la Nación por el escándalo $Libra, el negocio que Javier Milei “difundió” -tal su explicación- el viernes pasado en las redes sociales, sumergiendo desde entonces a su gestión en una polémica que lejos está de concluir, y que en la Cámara baja ha llevado a algunos bloques a especular con pedidos de juicio político. Según pudo saber este medio, serían más de 30 las cuestiones de privilegio que se plantearían en esta sesión.

En primer lugar se tratará una serie de acuerdos de ascensos militares (ocho) y un pliego diplomático. No está en el temario el pliego del juez federal Ariel Lijo, que se verá si es propuesto en una sesión a realizarse el viernes, si es que el Gobierno cuenta con el número necesario para su aprobación.

Luego se avanzará con el temario de la sesión en este orden: 1°) PASO; 2°) juicio en ausencia; 3°) reiterancia; 4°) antimafia.

El tema que más interés despierta sobre todo en el Gobierno es la suspensión de las PASO. Algo que originalmente el Poder Ejecutivo planteaba como la derogación definitiva de las elecciones primarias, pero que ante la imposibilidad de aprobar el proyecto original, terminó llevando al oficialismo a morigerar por ahora su propuesta.

El proyecto de suspensión fue aprobado el pasado 6 de febrero por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Si el Senado lo aprueba, las elecciones primarias quedarán suspendidas al menos por este año.

Luego será el turno de juicio en ausencia, una iniciativa inspirada en el intento de hacer justicia por el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994. El proyecto fue aprobado en Diputados por 147 votos a favor, 68 en contra  y 9 abstenciones. A través del mismo se modifica el Código Procesal Penal estableciendo que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, se establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”. A su vez, el proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Luego será el turno del proyecto que se propone terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes, aprobado hace dos semanas en Diputados con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50° y 58° del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”. Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

A priori, este es el tema que más discusión y final abierto promete. Pasa que ya cuando consiguió dictamen, desde varios sectores se presentaron objeciones a lo aprobado en Diputados. Ante las mismas, el oficialismo había aceptado convocar al secretario de Justicia para dar explicaciones ante la comisión, pero la reunión prevista para este martes a las 17.30 se levantó.

Al final de lo que se presume como una muy extensa sesión, se tratará el proyecto de ley antimafia, que tiene dictamen desde el 13 de noviembre pasado. El proyecto cuenta con media sanción desde el 1 de octubre pasado, cuando la votación en Diputados concluyó con 137 votos a favor y 92 en contra. El proyecto tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

Según la iniciativa, todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ficha limpia pasadas las diez de la noche de este miércoles, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) en su carácter de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores realizó un pedido de apartamiento para leer una declaración conjunta sobre el gendarme argentino preso en Venezuela.

Durante el debate no había prosperado un apartamiento de reglamento para hacer una declaración que había planteado la diputada de UP Cecilia Moreau: “Este no es un tema para hace run video en Twitter, para mostrar divisiones en el Parlamento, no es un tema de lo que le está pasando a este muchacho y a esta familia para que intenten sacar ventaja política partidaria. Es un tema que nos tiene, como Parlamento, abocar y accionar, hacer algo de verdad”.

“Como muchas otras veces hemos podido producir y elaborar textos y declaraciones conjuntas de la Cámara. Pido que, si realmente queremos acompañar a este gendarme, a la familia y al gobierno de la provincia que viene llevando adelante acciones para pedir por él, nos tomemos en serio el tema y elaborar un texto conjunto”, había pedido.

Promediando la sesión, Iglesias pidió un apartamiento del reglamento para tratar el texto. “Acabo de recibir del diputado Santiago Cafiero la adhesión del bloque Unión por la Patria y la vamos a elevar al menos que alguien me haga llegar alguna negativa como declaración unánime en caso contrario con la firma de los bloques que la aprueban”, aclaró.

El proyecto dice: “Rechazar la injusta detención y cautiverio de Nahuel Agustín Gallo, ciudadano argentino miembro de gendarmería nacional detenido de manera ilegal el domingo 8 de diciembre de 2024 durante un trámite ordinario de ingreso a la República Bolivariana de Venezuela cuando entraba a ese país para visitar a su familia”.

“Denunciar su detención como una práctica ilegitima violatoria de los más elementales derechos humanos y exigir al Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, su incondicional liberación y que, una vez producida, permita su inmediato regreso a la Argentina poniendo a su disposición los medios necesarios”, plantean.

Además: “Exigir a las autoridades venezolanas responsables de la privación de la libertad del gendarme Gallo la adopción de medidas que garanticen el pleno respeto de sus derechos humanos hasta el momento de su liberación lo que incluye el derecho a condiciones de detención dignas, a ser visitado y tener comunicaciones regulares con su familia, contar con asistencia consular y a la designación de su propio abogado defensor”.

Iglesias bregó: “Espero que salga de forma unánime porque simplemente es la reivindicación de los derechos humanos de un argentino injustamente detenido”. Con votación a mano alzada la iniciativa resultó aprobada.

Por la ola de inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional José Luis Espert (LLA) planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador Axel Kicillof a quien le pidió que renuncie por “inepto” y por “abandonar” la provincia. Su discurso calentó el ambiente en el recinto de la Cámara baja durante la sesión de este jueves.

“Mi cuestión de privilegio es contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el responsable esencial de la sangre que se está derramando de inocentes por su inoperancia para combatir la inseguridad que azota a la provincia”, inició su alocución el libertario.

Espert indicó que “la situación en la provincia de Buenos Aires en materia de inseguridad es absolutamente atroz y no hay lugar para los tibios. O se está del lado de los inocentes, o se está del lado de los delincuentes”, y denunció: “Está claro en qué lugar se puso el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof”.

“En lo que va del año más de 60 personas fueron asesinadas en la provincia de Buenos Aires”, precisó y se preguntó: “¿Cuántos inocentes debe el morir adicionales a lo que ya han muerto a mano de homicidas para que el Gobernador conecte con la realidad que vive?”.

“Es para preocuparnos y mucho su inacción y falta de liderazgo que ha transformado la provincia de Buenos Aires no solo el miserable, sino en insegura”, apuntó el economista.

Así, reiteró que desde que inició el 2025 “más de 60 personas fueron asesinadas”, y recordó los recientes casos de los jóvenes adolescentes que fueron hallados sin vida en Florencio Varela, Paloma y Josué, comerciantes como Cristian Velasco que fueron “fusilados” en Mar del Plata, repartidores que son apuñalados como ocurrió con Lucas Aguilar en Moreno y “tantos otros que han perdido la vida por el simple hecho de caminar por sus barrios o llevar sus chicos al colegio o tratar de realizar su actividad como comerciante”.

“La provincia Buenos Aires es una cárcel a cielo abierto donde cuando se oculta el sol directamente hay un toque de queda decretado por los delincuentes que amedrentan a los inocentes que no tienen otra que encerrarse en sus casas con varios candados y hasta con rejas para no ser asesinados”, alertó.

El libertario criticó: “Kicillof no gobierna la provincia de Buenos Aires, directamente la abandona. Permite una provincia sitiada directamente por el terror, donde la inseguridad no es una sensación, no es una estadística fría, tampoco es un conjunto de condolencias que se da por las redes sociales porque cada vez que un delincuente camina libre y una familia llora un ser querido”.

“El gobernador fracasó. Le queda grande el lugar de gobernador de la provincia de Buenos Aires”, apuntó y le pidió que le de “seguridad a los bonaerenses. Dale dignidad a las fuerzas policiales porque hoy la policía cobra miserias, trabajan en comisaría que son verdaderas letrinas con chalecos antibalas vencidos, con patrulleros que se destartalan”.

Fracasaste @Kicillofok. Renunciá o pedí ayuda al Gobierno del Presidente @JMilei para poner orden, llevar tranquilidad y honrar la libertad de los bonaerenses. pic.twitter.com/20gmGJzbJ7

— José Luis Espert (@jlespert) February 6, 2025

También acusó que el mandatario provincial “es responsable político que los jueces y los magistrados no fallen en contra de los delincuentes y tengan miedo de meterlos presos. El combate con el narcotráfico no existe en la provincia de Buenos Aires y debería existir si es necesario a los bunkers de los narcotraficantes hay que pasarlos por encima con tanques y a la policía si es necesario para luchar contra la delincuencia hay que darle fusiles”.

Espert planteó que “la policía no puede tener miedo a usar su arma reglamentaria frente un delincuente como ocurre hoy. Démosle ese poder”, y comparó: “En otros países si un delincuente se anima a levantar la mano a un policía termina hecho harina, y no como acá que el delincuente, fruto del apoyo del encubrimiento del gobernador de la provincia, entra por una puerta y sale por la otra. La puerta giratoria debería ser para los inocentes, no para los delincuentes como ocurre hoy en la provincia de Buenos Aires. El chorro tiene que sentir terror de cometer un delito saber que si levanto un arma frente un policía termina sentenciado de muerte”.

Así, les sugirió a sus pares que “si tienen dudas del relato que les estoy haciendo, visiten, recorren la provincia de Buenos Aires y van a encontrar a un comerciante aterrado, a un padre de familia aterrado cuando lleva a sus chicos al colegio y un trabajador más aterrado todavía”.

“Es hora de que Kicillof rinda cuenta de su evidente fracaso y, personalmente creo, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires solo que le quedan dos alternativas o renuncia a su cargo de gobernador por inepto o le pide ayuda al Gobierno nacional para poder luchar con las fuerzas federales contra el narcotráfico y contra la inseguridad”, le sugirió.

Al cierre de su discurso, mientras era interrumpido con gritos por parte de algunos diputados de UP cercanos Kicillof, Espert alzó su voz: “Basta de impunidad, basta de vivir con este modelo, basta de pagar con nuestras vidas mientras otros cobran con violencia. No nos vengan con excusas, mientras los delincuentes caminan como dueños de la calle y los laburantes corremos como fugitivos”.

Al tiempo que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, le pedía por favor a la diputada Cecilia Moreua respeto, el diputado de LLA expresó a los gritos: “No pedimos milagros solamente pedimos que no se sigan enterrando inocentes a manos de delincuentes por culpa de un atorrante como Kicillof…si atorrante”, y remató: “No hay seguridad sin autoridad, no hay justicia sin castigo. Delincuentes, ustedes kirchneristas y asesinos”.

Durante su alocución en la sesión del Senado de este jueves, el cordobés Luis Juez (Pro) ratificó su postura de expulsar al senador Edgardo Kueider de la Cámara alta porque “la conducta es indecorosa, nos ha agraviado a todos”.

El senador del Pro calificó el tema de “delicado, jodido” que “debería unificarnos”. “Podemos tener miradas distintas, pero hay cosas que no podemos tirar una mirada diferente”, señaló.

“Estamos hablando de un acto indecoroso, después podemos discutir qué tipo delictivo es, cómo se califica. El acto de Kueider es un acto indecoroso que no lo lastima a él, nos lastima a todos. Si no podemos distinguir nosotros como senadores de la Nación lo que está bien y lo que está mal estamos en lo peor del mundo”, explicó y resaltó que “el decoro y el indecoro es algo que tenemos que tener como básica”.

Juez ratificó en voz alta: “Lo de Kueider es indecoroso nos ha lastimado, agraviado, ofendido a todos, nadie se puede hacer el tonto. La conducta del senador nos agravió a los 72 senadores, nos puso en un lugar de mierda. Somos todos sospechosos, delincuentes. Eso es inadmisible, no importa cómo pensamos, qué origen tenemos, estas cosas son inadmisibles. Estamos para defender primero nuestro honor, luego ideas y Kueider nos metió un puñal en el honor de todos nosotros. ¿Qué no podemos ver?”.

“Este es un día espléndido, un día en el que se empieza a depurar la mugre porque no quiero estar en este techo con personas que tienen este tipo de conductas. Este tipo nos agravió”, insistió.

Juez resaltó que entró el pedido de la jueza federal para que se lo desafuere para poder detenerlo y criticó: “Estamos dudando si la conducta de un senador que lo encuentran a la 1 de la mañana con 200 mil dólares cruzando la frontera con su secretaria con el carnet que dice ‘senador de la Nación’ arrobándose de privilegios y lugares de todos y nosotros acá dudando si esa conducta indecorosa se merece una sanción. La única sanción que le corresponde es la expulsión”.

“Para estar acá necesitamos calidad, cualidad y votos y calidad de ética y somos responsables los que tenemos que levantar la vara, decir lo que está bien y mal sin miedo, aunque lo cometa un compañero. ¿Vamos a tener problemas por una dirigente política que sacó los mismos votos que Kueider? Eso no puede ser un temor, que nos dificulta el quórum, ¿eso puede ser una excusa para que no condenemos la falta de decoro?”, reprochó.

Así, cerró: “Siempre hice política defendiendo valores. Yo no necesito de Kueider para defender mi honor, yo tengo que volver a mi casa. No venimos a entregar nuestra honra a los chanchos, esto no es un aguantadero. Yo hoy estoy defendiendo mi honor, y la forma que encuentro es decirle con claridad que la conducta del senador Kueider merece la expulsión y en ese sentido voy a votar”.

A cuatro días del final del período ordinario, diputados de cuatro bloques intentarán rechazar el decreto de necesidad y urgencia 846/24, que establece modificaciones en la forma de canjear deuda.

Con ese objetivo presentaron este miércoles un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, a fin de tratar el decreto de necesidad y urgencia N° 846/24, que habilita al Ministerio de Economía a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.

Según pudo saber parlamentario.com, en caso de que haya quórum, se va a pedir la prórroga de las sesiones ordinarias, en base al proyecto de resolución presentado este martes por el bloque Democracia para Siempre, a fin de tener más tiempo para sancionar el Presupuesto 2025.

El tratamiento de este proyecto figuraba en el temario de la sesión del martes de la semana pasada, que fracasó por falta de quórum. En esa oportunidad se había incluido el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia. Ahora ese tema no figura.

La sesión fue pedida por miembros de cuatro bloques. Por Unión por la Patria, firman Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Itai Hagman, Carlos Heller, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Ariel Rauschenberger, Julia Strada y  Pablo Todero.

Por Encuentro Federal están Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Oscar Agost Carreño. Y por Democracia para Siempre están Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo y Danya Tavela, Fernando Carbajal. También firma el santacruceño Sergio Acevedo.

Si bien la sesión especial pedida por el Pro y La Libertad Avanza parecía en un principio no correr ningún peligro de realizarse, todo se complicó a partir del día previo, cuando el Gobierno resolvió postergar el tratamiento del Presupuesto 2025. Y finalmente todas las prevenciones se confirmaron a las 12.31, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, consideró caída la sesión, dando inicio al debate en minoría. Antes de las 12.30, la diputada Silvana Giudici le pidió al presidente del Cuerpo una prórroga, pero éste la rechazó, aclarando que esa presidencia había tomado por conducta ceñirse al reglamento y esa determinación alcanzaba a todos. Así, cuando se cumplieron los 30 minutos de espera, se dio por caída la sesión.

La sesión tenía como objetivo, además de Ficha Limpia, debatir el proyecto de reiterancia y reincidencia, como así también una iniciativa que garantiza el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior.

Convocada para las 12 hubo una extensa reunión previa de Labor Parlamentaria, en la que se habían pactado homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento. Pero todo dependía de reunir los 129 diputados indispensables para arrancar, y se llegaba a la sesión solo con la garantía de contar con los diputados del Pro, LLA, la UCR y otras bancadas menores. Con ellos no era suficiente. Igual, estuvieron cerca: al final, participaron los bloques Encuentro Federal (con algunas bajas) y Democracia para Todos, que habían sido puestos en duda el día anterior. Caída la sesión, se dio inicio a la reunión en minoría, en la que los legisladores insistirán en pedir una sesión la semana próxima y dieron por seguro que la próxima semana sí conseguirán quórum.

Impulsora desde hace años de la implementación de la Ficha Limpia, Silvia Lospennato fue la primera oradora de esta sesión en minoría. Y arrancó diciendo que iniciaba esa sesión “con tristeza por no haber llegado al quórum,  pero también con una alegría que quiero compartir con los argentinos”, expresó, en referencia a que esa sesión ponía a prueba ver quiénes se sentaban en sus bancas.

Señaló en ese sentido que muchos decían que “excompañeros míos en el recinto, que habían firmado conmigo estos proyectos, en Juntos por el Cambio, no iban a venir… Eso no ha sucedido”, resaltó Lospennato.

“Después se preguntan por qué el Congreso tiene mala imagen; siempre ranckeamos abajo en la confianza pública… Tienen que mirar alrededor, vean este recinto semivacío y ahí tienen las respuestas”, agregó Lospennato, que expresó su deseo porque el presidente incluya Ficha Limpia en extraordinarias, si las convoca. Y advirtió: “Después de muchos años, cuando los jueces se acuerdan y hay una condena, ¿qué busca el condenado? Fueros… El año que viene probablemente tengamos uno o más condenados por corrupción sentados en estas bancas para tener fueros. Entonces tenemos que aprobar esta ley de ficha limpia”, que planteó como “la garantía de que no queremos corruptos sentados entre nosotros, que los latrocidas vayan presos, que devuelvan cada peso que se robaron –y vamos a volver en marzo con extinción de dominio”.

Y cerró: “Queremos que este Congreso vuelva a ser honorable y no la cueva de fueros para los ladrones a la patria”.

A continuación, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz expresó su convicción de que la semana que viene “lo vamos a resolver”, en referencia al quórum. “Así que tomemos eso como un intermedio en esa batalla que vienen dando muchos hace muchos años”.

Describió lo que veía a su alrededor como “la confirmación de ese principio de revelación del que habla nuestro presidente. Hoy se puede ver bien claro quiénes son los que quieren que los corruptos sigan teniendo protección de fueros, y solo los ciudadanos probos y honestos puedan obtenerlos”.

Mayoraz consideró que “todos los argumentos que se dieron durante el debate son insostenibles, quizás por eso no están sentados dando el debate, porque no pueden fundarlos”. A su juicio, “este proyecto de ley no viene más que a reglamentar el texto de la Constitución: darle letra efectiva al artículo 16, que habla de la idoneidad necesaria para los cargos públicos”.

A su turno, la radical Karina Banfi destacó que “vemos con claridad quiénes estamos a favor de la transparencia y la honestidad de los servidores públicos y quiénes no”. Advirtió que “no queremos ni coimeros, ni ladrones, ni lavadores de guita, ni prestanombres compitiendo de igual a igual en las listas con gente honesta. Estamos construyendo con los otros bloques”.

“Lo vamos a lograr la semana que viene. Es increíble que hayamos naturalizado la posibilidad de convivir con gente que roba la plata de los argentinos. Que tengamos que convivir con gente con causas penales y además tienen sentencia de condenados. La ficha limpia es la respuesta  a este hartazgo, donde hay una demanda de la sociedad que tenemos que cubrir”, sintetizó.

A su turno el oficialista jujeño Manuel Quintar señaló que la ficha limpia “es un pedido social” y explicó que buscaban incorporar al régimen electoral, puntualmente el artículo 33, al “cohecho, al tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito como condición de no estar condenado para ser candidato”.

Así, apuntó contra UP que “tenía un dictamen propio donde hablaban de estos temas que querían discutir”. “Me llamó la atención la pantomima que hizo el bloque porque teniendo 99 diputados y un dictamen de minoría y que no haya bajado ni uno, no sé qué habrá pasado. Quizás hubo un hecho de corrupción condenado confirmado recientemente con un doble conforme que hizo que no tengan la cara para venir a discutir”, disparó en referencia a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.

Quintar comparó: “¿Por qué un taxista para trabajar tiene que presentar una planilla prontuariales y no tener antecedentes? ¿Por qué razón está mal malversar caudales públicos, pero no estaría mal ser un candidato abusador? ¿Por qué es condición de no ser candidato ser coimero, pero si se puede ser ladrón y candidato?”.

Las razones del enojo de quienes optaron por no sentarse en sus bancas deben buscarse en el fracaso del tratamiento del Presupuesto en el día previo, cuando el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, se presentó en Pasos Perdidos para aclarar que, si bien el Gobierno tiene “voluntad” de “seguir trabajando” para lograr consensos y contar con un Presupuesto nuevo para el año que viene, como “todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, el tratamiento quedaba suspendido. Fundamentalmente los gobernadores son los que mostraron su enojo y encontraron en la sesión pedida para este miércoles una manera de hacerlo saber.

En su intervención, la santacruceña radical Roxana Reyes destacó la labor que se llevó a cabo por impulsar ficha limpia y apuntó contra los bloques ausentes que “son las bancas que bancan a la corrupción”. “Podemos tener muchísimas diferencias políticas, incluso dentro de cada bloque, pero no se puede tener diferencia en permitir que los corruptos, los que han sido condenados en primera instancia, se postulen a ser candidatos. Hay que proteger el derecho de los ciudadanos inocentes, nosotros tenemos que dar la garantía de que los corruptos no puedan volver a ocupar cargos públicos. Es una deuda con la sociedad”, expresó.

La radical manifestó que “alguien que está condenado en doble instancia les ha robado a los argentinos. ¿Cuál es la razón para tener esta diferencia que los que nos robaron no pueden venir a sentarse a la banca?”, y desafió a los bloques: “Que vengan a dar explicaciones porque la ciudadanía los eligió para que los representen, no para que defiendan corruptos”.

Brevemente, el presidente de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, enfatizó que “el comportamiento de nuestro bloque ha sido examinado bioquímicamente en estos diez meses”, y cargó contra las “notables ausencias”: “Hubo 3 del Pro, 2 de La Libertad Avanza y 2 diputadas del peronismo de Córdoba”. Asimismo, cargó contra la autoridad del Cuerpo: “Nunca lo ví con tanto apuro al presidente de la Cámara”, con relación a la caída de la sesión.

En representación de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, titular del bloque, auguró que ficha limpia tendrá media sanción: “Si no es la semana que viene, será más adelante”, pero planteó cuestionamientos contra el sistema electoral en general: “Nuestro Código Electoral lo prevé (candidatos con condenas), pero lo prevé con la trampa de la última instancia y algunos políticos poderosos tienen la posibilidad de transitar la condena en libertad”.

En rigor de ficha limpia, añadió que “el remedio que se intenta es de mínima”, y arremetió contra Cristina Kirchner: “Hablan de lawfare, pero ella está soslayando que tuvo todas las garantías penales a favor que no tienen los criminales comunes”. “En medio del proceso pudo ser candidata a presidenta, senadora, vicepresidenta y todo indica que va a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires”, se anticipó.

Para culminar su intervención, señaló que “necesitamos otro tipo de justicia”, y reiteró: “Necesitamos auditorías sobre la justicia ni pactos de impunidad, ni que Ariel Lijo sea juez de la Corte y que se convoque a sesiones extraordinarias para que se apruebe el presupuesto y ficha limpia”.

Al cabo de una jornada intensa y con clima enrarecido en Diputados, consecuencia del anuncio oficial de suspender el debate del proyecto de Presupuesto 2025, estaba muy en duda la posibilidad de llevar adelante este miércoles la sesión pedida la semana pasada para tratar un tema muy esperado por muchos, como es el de Ficha Limpia.

En rigor, el pedido fue hecho por del Pro y La Libertad Avanza como Cristian Ritondo, Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Nicolás Mayoraz, entre otros. Y además de Ficha Limpia, el temario incluye el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, como así también el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que viven en el exterior.

Si bien se llegó a este martes con muchas dudas respecto de la posibilidad de firmar el dictamen para la ley de leyes, no dejó de causar sorpresa que la reunión fuera directamente desactivada, y el anuncio de José Luis Espert abriendo la posibilidad de un llamado a extraordinarias para tratar la ley de leyes, habida cuenta de que ya no podrá ser tratado en este período ordinario.

Recordemos que este miércoles vencen los tiempos para dictaminar en las comisiones, y como eso no ha sucedido con el Presupuesto, solo resta la posibilidad de que el Gobierno convoque a extraordinarias.

El mayor enojo corre por cuenta de los gobernadores, sorprendidos este martes con la suspensión del debate. Por eso los diputados relacionados con mandatarios provinciales fueron los primeros en expresar su enojo y anticipar que no tenían disposición a dar quórum este miércoles. Para ellos, la prioridad es el Presupuesto.

Alineados con los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, los diputados de Innovación Federal dejaron claro que no darán quórum para esta sesión.

Los de Encuentro Federal resolverán este miércoles por la mañana, pero trascendió que solo bajaría Margarita Stolbizer, quien ha militado desde siempre el proyecto de Ficha Limpia. Los radicales de Democracia para Siempre sí estaban dispuestos a bajar, pero por la tarde trascendió que habían decidido que no lo harían, a pesar de que uno de sus miembros, Fernando Carbajal, es autor de uno de los dictámenes. Tendrían decidido que sean los del Pro y La Libertad Avanza los que se ocupen de conseguir el quórum.

Sin Innovación Federal ni los de Encuentro Federal, no llegarían al quórum; aun si estuvieran los de Democracia para Siempre, quienes como hemos dicho están muy en duda. Así que todos los caminos parecerían conducir a una sesión frustrada.

Una señal que confirma estas prevenciones la dio al caer la noche el bloque del Pro, con un comunicado en el que anticiparon que ellos estarán este miércoles en sus bancas y esperan “que el resto de los bloques también lo hagan”.

“Esta es una iniciativa que venimos impulsando hace años en conjunto con la sociedad civil, y estamos ante una oportunidad histórica de hacerlo. No dar quórum es darle la espalda a la sociedad. Quienes no ocupen sus bancas estarán jugando a favor de los corruptos”, advirtieron.

Recordaron los diputados del Pro que en la misma sesión incluyeron la modificación del Código Penal sobre la reiterancia, “para que los delincuentes no salgan por la puerta giratoria con la que muchas veces son beneficiados”, y prevén tratar el proyecto para facilitar el derecho al voto de los argentinos en el exterior.

Lo cierto es que tampoco tiene buenas chances una eventual sesión el jueves, en este caso la pedida por la oposición para debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, y el decreto 846 sobre el canje de deuda. De hecho, los diputados que la habían pedido para la semana pasada no la ratificaron, aunque hay que decir que el martes pasado habían solicitado una “prórroga” para este jueves. Por cuestiones reglamentarias, eso quedó en duda: Martín Menem dio por caída la sesión del martes de la semana pasada, así que no podría hablarse de “prórroga”…

Como sea, es difícil que esta eventual sesión se haga, pues los gobernadores mantienen su postura de privilegiar el tratamiento del Presupuesto, y prefieren que eso siga siendo un elemento de presión al Gobierno… aunque el Gobierno no se sienta demasiado aludido.

En caso de rechazar la oposición el DNU 846/24, el Gobierno necesitaría contar con el proyecto de presupuesto que mandó al Congreso, uno de cuyos artículos incluye las facultades que ese decreto de necesidad y urgencia le brinda. Cierto es que si la oposición rechazara ese decreto la semana que viene, no tendría tiempo para tratarlo en el Senado; pero tampoco hay chances de que la Cámara alta se reúna para hacerlo, así el rechazo fuera consumado esta semana.

Con una composición distinta por la reciente ruptura del bloque radical, provocada tras el cisma en el bloque radical, que terminó fortaleciendo a la oposición más dura, la Cámara baja volverá a abrir las puertas del recinto este martes. Allí, ese renovado espacio opositor frente al Gobierno de Javier Milei se encontrará con el desafío de conseguir -o no- su primer éxito legislativo.

El primer objetivo que se proponen alcanzar será conseguir el quórum para la sesión que pidieron la semana pasada. Si eso se logra, está claro para propios y extraños que el resto será cuestión de esperar que transcurra la sesión, pues el triunfo estaría prácticamente garantizado.

La sesión pedida por miembros de los bloques Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Por Santa Cruz, es para debatir la reforma de la Ley 26.122 que en 2006 reglamentó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, como así también se debatirá el DNU 846/24 referido a los canjes de deuda.

El Gobierno se enfrascó los últimos días a la intensa tarea de tratar de desactivar la sesión, sobre todo presionando sobre los gobernadores. No es fácil y lo saben, pues existe un número importante de legisladores dispuestos a ir a fondo para asestarle una doble derrota al Gobierno este martes. Desde el oficialismo hicieron saber que esta sesión “atenta” contra la solidez financiera del Gobierno, como así también conspira contra todo lo conversado  hasta ahora entre el oficialismo y los gobernadores sobre el presupuesto.

Muchos dan por descontado que una eventual derrota de La Libertad Avanza este martes, condenaría al fracaso al proyecto de presupuesto 2025, cuyo tratamiento en comisión se encuentra interrumpido desde hace dos semanas.

Si bien se había especulado con un endurecimiento del principal aliado del oficialismo, el Pro, este lunes por la tarde se acordó en el partido amarillo no dar quórum para esta sesión, con la premisa de “no poner en riesgo la gobernabilidad”. “No vamos a votar con el kirchnerismo”, se remarcó y la postura establecida en la reunión de la que participaron Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador chubutense Ignacio Torres; el jefe de bancada de Diputados, Cristian Ritondo, y sus pares Diego Santilli y María Eugenia Vidal; y los intendente de Vicente López, Soledad Martínez, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Esa postura fue reconfirmada en la reunión posterior del bloque, que tuvo lugar a partir de las 19.

Otro bloque que tomó una decisión este lunes fue el radical, que conduce Rodrigo de Loredo. En el marco de un encuentro por Zoom al que no fueron invitados los cinco radicales más cercanos al Gobierno, por haber malestar en el resto del bloque porque aquellos adelantaron públicamente su posición sin esperar a una resolución del bloque, se informó que los gobernadores sostienen que el presupuesto es el tema central y no quieren que nada enturbie ese debate.

Por eso decidieron no dar quórum y, si arranca la sesión, no votarán con el resto de la oposición, dado que ha primado en ese espacio la idea de “no someter al Gobierno recientemente elegido a estándares no impuestos” a gobiernos como el de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Con todo, habría al menos una postura divergente, que es la de Julio Cobos, quien el fin de semana sostuvo que “este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner”.

Las presiones del Gobierno alcanzaron también al bloque Unión por la Patria, a sabiendas de que con los que pudieran conseguir entre los ex Juntos por el Cambio no alcanzan. El éxito o no de estas negociaciones se conocerá promediando la tarde.

De cara a la trascendental sesión especial convocada por parte de la oposición para este martes a partir de las 15, los bloques han ido definiendo en las últimas horas cuál será la postura que adoptarán en el recinto, donde si se alanza el quórum, se va a debatir la reforma a la Ley 26.122, que reglamenta los DNU, y el decreto de necesidad y urgencia 846/24, de canje de deuda.

Horas después de que el Pro resolviera su postura en una reunión que mantuvieron con su presidente, Mauricio Macri, y otras encumbradas figuras del partido, el bloque radical mantuvo su propia reunión, al caer la tarde. En rigor, fue una reunión virtual, ya que a raíz del asueto en el Congreso con motivo de celebrarse este lunes el Día del Empleado Legislativo, se resolvió que la reunión prevista se hiciera por Zoom.

Según pudo saber este medio, no fueron invitados los cinco diputados que quedaron alineados en las últimas sesiones con el Gobierno nacional, coloquialmente ya conocidos como los “peluca”, y quienes fueron el factor desencadenante de la ruptura del bloque UCR. La razón por la que no se los invitó es que habría “un gran malestar” con ellos por  haber anunciado de antemano públicamente su posición respecto de esta sesión, sin haberla conversado antes dentro del bloque radical.

En la reunión realizada este lunes, el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, informó que había hablado sobre esta sesión con los gobernadores de su partido. Estos señalaron que el Presupuesto 2025 es “lo central” y expresaron que no querían que nada enturbiara ahora ese proceso y las negociaciones en marcha.

Así las cosas, se resolvió que no darán quórum a la sesión prevista para las 15.

Según informaron fuentes consultadas del partido centenario, durante la reunión se escucharon muchas opiniones respecto de la Ley 26.122 y los dictámenes para modificarla. Recordemos que la propia Karina Banfi es autora de uno de los dictámenes que se llevarán este martes al recinto. También se habló del decreto 846, de canje de deuda. Y lo que primó fue la postura de no someter al Gobierno elegido hace menos de un año a “estándares no impuestos a Cristina Kirchner, o al propio Mauricio Macri”.

De tal manera, se estableció que las reglas de juego deben cambiar hacia adelante, no ahora. “Adelante”, debería ser tomado como después de las elecciones de 2025, cuando el oficialismo pueda fortalecer, en caso de irle bien en las elecciones, su presencia parlamentaria.

Con todo, la postura no es unánime, ya que el mendocino Julio Cobos insistió en mantener su postura revelada el fin de semana respecto de la necesidad de cambiar la ley que rige los DNU.

Debió multiplicarse Martín Menem el fin de semana, pues más allá de la actividad partidaria que siguió cumpliendo junto a Karina Milei, recorriendo provincias donde van extendiendo a La Libertad Avanza (fue el turno de Chaco, Corrientes y Formosa), el presidente de la Cámara baja gastó el teléfono trabajando para tratar de desactivar la sesión pedida por la oposición para este martes. No es nada fácil.

Atento a las dificultades de conseguir semejante objetivo, que dependerá de la capacidad de influencia que puedan tener los gobernadores con los diputados que les respondan, el jefe de Diputados cumple con el relato que el oficialismo contrapone contra la intentona opositora. Fundamentalmente con la modificación de la ley que reglamentó en 2006 la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Así, Menem sostuvo este fin de semana que “la Ley 26.122 que ‘repentinamente’ quieren modificar, TIENE CASI 19 AÑOS DE VIGENCIA. Quienes promueven esto SE VALIERON de la misma cuando fueron gobierno. Solamente QUIEREN COMPLICAR al actual GOBIERNO  Priorizan sus intereses y SE OLVIDAN UNA VEZ MAS DE LA GENTE”.

Las mayúsculas corresponden a su cuenta de la red social X.

Los convocantes para la sesión de este martes son 18 diputados que corresponden a cuatro bloques que, sumando sus miembros, dan justo 129. A saber: Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12), Unión por la Patria (99) y Por Santa Cruz (2).

A ellos, podrían sumarse sin dudas a los 5 de la izquierda (Vanina Biasi viene reclamando incluir en el temario al megadecreto 70/23) y muy probablemente a la Coalición Cívica (6).

Pero nada es tan lineal y menos en política. Los bloques tienen vida interna propia y eso implica que más de uno podría no estar de acuerdo con sumarse a la sesión. Convengamos, de paso, que solo darán quórum aquellos diputados que están interesados en que ambas propuestas del temario sean aprobadas, lo cual implica que, si la sesión arranca, la derrota del Gobierno estará asegurada.

De ahí que quienes se ocupan de hacer el poroteo parten de ese número inicial mencionado (129) para restar aquellos que puedan hacer bajar. Partiendo de los que respondan a los gobernadores. De los 16 de Encuentro Federal, el oficialismo podría esperar un gesto de al menos 3 de los 5 cordobeses. No incluyen a Natalia de la Sota, que suele votar siempre en contra del Gobierno, aunque esta vez llamó la atención que no estuviera entre los firmantes de la convocatoria. Tampoco a Juan Brügge, que sí firmó el pedido de sesión.

También aspiran a la eventual ausencia de Jorge Ávila y Francisco Morchio, alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente.

Le llamó la atención al ofiicalismo que tampoco firmara la convocatoria el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, pero el Gobierno no se ilusiona con él, a quien tanto viene fustigando sobre todo el presidente.

De la docena que compone el bloque de radicales disidentes, Democracia para Siempre, no se esperan deserciones, más allá de que la radical Melina Giorgi esté alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro. También Jorge Rizzotti está con su gobernador Carlos Sadir (Jujuy), quien ya cumpliría restándole al quórum a Natalia Sarapura, que sigue en el bloque UCR. El otro diputado con gobernador es el chaqueño Juan Carlos Polini, que justamente estuvo enfrentado con el gobernador Leandro Zdero en las primarias del año pasado, pero se alineó con su vencedor, quien además preside el partido a nivel provincial.

El santacruceño Sergio Acevedo firmó el pedido de sesión, no así su compañero de bloque, José Luis Garrido. No sería la primera vez que ambos integrantes del bloque Por Santa Cruz se diferencian a la hora de votar.

Del bloque Unión por la Patria, aquellos diputados que están bajo la lupa son los catamarqueños. De los 4 que integran el bloque de la principal oposición, 3 son los que se han diferenciado en ocasiones del resto del bloque: Fernanda Ávila (la única integrante de UP que estuvo la semana pasada en Estados Unidos), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Curiosamente (o no) Silvana Ginocchio se mantiene alineada con el resto del bloque que conduce Germán Martínez.

A priori, no hay mucho más para el Gobierno entre lo que pueda confiar. Serían 8 bajas que podría asegurar, aunque no alcanzarían para voltear la sesión. Porque como hemos dicho, a los 129 de los bloques convocantes habría que sumar a los 5 de la izquierda y a algún radical (especulando con que ese bloque decida no sumarse este martes), como Julio Cobos, que el fin de semana ya anunció su voto a favor de la reforma de la Ley 26.122. También al monobloquista Mario Barletta. Y por lo menos a algunos de la Coalición Cívica, que si bien no se sumaron a la convocatoria opositora, cuentan por ejemplo con la anuencia de Maximiliano Ferraro, que defendió esa modificación de la ley de los DNU el fin de semana.

A la hora de votar, también podrían sumarse desde el Pro Alvaro González y Héctor Baldassi.

Una alternativa que también podría llegar a darse en la sesión de este martes sería “la vía salomónica”. Esto es, la media sanción de la reforma de la ley de los DNU, cuya aprobación definitiva en el Senado quedaría para el año que viene y el presidente vetaría en ese caso, y el “no rechazo” del decreto 846/24, de canje de deuda.

Ese último punto es el que más preocupa al Gobierno, como ya lo anticiparon, y es allí donde podría llegar a diferenciarse el número de diputados suficientes como para que esa herramienta clave para el ministro de Economía el año que viene, con tantos vencimientos de deuda, quedara a resguardo. El argumento que pondría a muchos a resguardo sería el de que la inclusión del decreto 846 en el temario fue una imposición del kirchnerismo.

El organigrama que el oficialismo había difundido de manera informal en los últimos días se modificó sustancialmente conforme se aproximaban las fechas previstas en el mismo. Lo que se esperaba era un esquema organizado en el que se contemplaban cuentas pendientes propias para el oficialismo y para con sus aliados más fieles -una y una al menos-, más el tradicional tratamiento del proyecto del presupuesto, cambió súbitamente.

Puede que esa alteración haya estado motivada en la arremetida final en el recinto de Diputados (por tratarse de fin de año y quedar solo tres semanas para el final del período ordinario), pero las señales muestran atisbos de una actitud deliberada en el sentido que parece estar siendo trazado por el oficialismo.

Digamos todo: el oficialismo ya tiene todo lo que deseaba para este primer año legislativo, que le debería dejar un gusto dulce, más allá de algún claroscuro. En materia de leyes, no podía pedir más con una composición tan escueta en ambas cámaras. Pero hasta en materia de promesas electorales debe darse por cumplido: cuenta con la Ley de Bases, más chica que la propuesta original, pero suficiente; y ha logrado resistir los débiles embates contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que incluye innumerables modificaciones y es la génesis argumental para el embate contra la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. Con eso puede darse más que por hecho en 2024, y si lo apuran, también para 2025.

En diálogos privados, las fuentes oficiales aclaran que las dos premisas que llevaron a La Libertad Avanza hasta el poder eran bajar la inflación y más seguridad, y eso lo dan por logrado. No hubo promesas electorales de orden legislativo, al menos de primera generación, y en la materia hicieron lo que podían hacer y más.

En el debe, ponen sí el no haber podido completar la composición de la Corte Suprema, pero quienes escuchan a esos voceros legislativos intuyen que esa sigue siendo una materia pendiente, mas no abandonada.

Llama la atención que en este análisis parcial no entre la aprobación del Presupuesto 2025, cuando el propio presidente Milei pareció darle preponderancia al ocuparse personalmente de presentarlo en el Congreso. Visto a la distancia, hoy esa puesta en escena no parece haber sido más que eso. Contrariando todas las tradiciones -a estas alturas, un clásico libertario-, poniendo al presidente en un lugar que debió haber ocupado el ministro de Economía, sin la obligación de recibir preguntas, y a este último exceptuándolo del trámite de ir a la comisión respectiva.

Llamó la atención que el oficialismo se tomara su tiempo para dar inicio al tratamiento del proyecto. Después de la presentación, se anticipó que dejarían libre la segunda mitad del mes, para arrancar recién con el debate en octubre. Llegado el mismo, se salteó la primera semana, dedicándola al inicio de otro debate coyuntural, el de la privatización de Aerolíneas.

También sonó extraño que en ese cronograma se hablara de reuniones semanales de la Comisión de Presupuesto, dejando casi sin tiempo el debate puntual entre los legisladores. El desfile de funcionarios fue en definitiva escueto, con eclécticos informes de funcionarios que salvo la presentación inicial de Carlos Guberman y Pablo Quirno, desviaron el eje de la discusión hacia orillas diversas.

Mientras tanto, se desarrollaban en otras oficinas diálogos con legisladores de aquellas bancadas que deberían brindar los votos para la aprobación del proyecto, siguiendo el esquema desarrollado en la etapa exitosa del debate de la Ley de Bases. Pero con diferencias: ni fue con todos, ni fue continuo, ni pareció productivo. Tampoco pareció cumplir su objetivo el “debate en espejo” prometido con senadores. Salvo la presencia de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche en esas charlas privadas, y la aislada de algunos senadores interesados en las escasas reuniones de Presupuesto y Hacienda realizadas, no da la sensación de que cuando el proyecto llegue a la Cámara alta no despierte el interés modificatorio de un número importante de senadores, como sucedió con Bases.

Claro que para que eso suceda, antes debería haber una media sanción. Y a esta altura eso está en veremos.

Van dos semanas sin que la comisión que preside José Luis Espert se reúna. Y para la próxima, el tema sigue sin aparecer en la agenda. Esas ausencias abonan las dudas que crecen, de la mano de los dichos de voceros principalísimos del Gobierno que soslayan la importancia de contar con el presupuesto y dan crédito a la creciente sospecha de que, por primera vez en la historia, una administración prorrogará dos veces seguidas el último texto aprobado.

Llaman la atención también las suspensiones. Primero, la de una conferencia de prensa convocada sorpresivamente para el 30 de octubre para hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025. La suspensión se anunció diez minutos antes de las 17.30, hora prevista para la reunión. Se supo que el levantamiento obedeció al rechazo de los diputados del Pro, al enterarse de que allí se anunciaría la disposición a redireccionar hacia la educación, partidas provenientes de los fondos destinados a los partidos políticos. Una medida inconsulta, dejaron trascender legisladores aliados. La conferencia de prensa no fue reprogramada.

La semana pasada, también sorpresivamente para unos días en los que se había anticipado que no habría encuentros relevantes por estar buena parte de los legisladores en Estados Unidos, se anunció la reanudación del tratamiento del presupuesto, con la presencia del ministro de Salud. Un día antes, también se suspendió, por problemas de agenda. Sonó inquietante que al anunciarse el impasse, se hablara de “suspensión hasta nuevo aviso”.

Tampoco volvió a reunirse la “mesa de los lunes”, que junta a diputados del Pro y el MID con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La última vez que se hizo ese cónclave estuvieron también los radicales... E inmediatamente después vino la ruptura de ese bloque.

Todo el mundo sabía que la oposición buscaría convocar a debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, que para eso se apuró su dictamen. Para respetar acuerdos, no se intentaría hacerlo la semana que pasó, pero sí lo intentarían para la que viene. Y era de manual que no lo harían en el marco de la reunión formal que se esperaba pidiera el oficialismo para el miércoles 13, sino en una sesión especial que solo requiriera conseguir el quórum.

Sí sorprendió que al conocerse el temario del pedido hecho para este martes 12, se incluyera el tratamiento del decreto 846, sobre canje de deuda. Se sabía que ese objetivo estaba en la mira de los senadores de Unión por la Patria, pero finalmente lo impusieron sus diputados. El oficialismo acusó el impacto y, mientras se abocaba a tratar de desactivar esa reunión, dejó de lado la sesión que informalmente había programado para este miércoles. Podrá decirse que lo hizo ante la certeza de que no tendría los votos para aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas, tema insignia para esa sesión. Pero lo que queda claro es que prefiere mantener las puertas del recinto cerradas, pues tampoco convoca para tratar “ficha limpia”, un tema acordado fundamentalmente con sus socios del Pro. Proyecto que, por otra parte, fue dejado de lado en la sesión del 2 de octubre pasado, que se limitó a ley antimafias y Boleta Única de Papel.

En privado, fuentes oficiales admiten que no los desvela aprobar “ficha limpia”, que eso no estaba en sus propuestas electorales, como así tampoco la Boleta Única, y así y todo la aprobaron. Habrá que ver cómo reaccionan sus aliados del Pro ante el desaire, pues les queda claro que el oficialismo prefiere congelar un proyecto que de ser ley dejaría fuera de carrera a Cristina Kirchner, quien esta semana se espera sea condenada en segunda instancia, quedando así inhibida para ser candidata en caso de transformarse en ley el dictamen aprobado en Diputados.

Ya estaba claro que ese proyecto no regiría para las próximas elecciones, pues con la demora ¿deliberada? en Diputados, los tiempos ya no daban para la aprobación en el Senado. Y tratándose de un proyecto de orden electoral, no debería ser tratado el año que viene, de elecciones. Todos saben que si se tratara de un proyecto de interés del oficialismo, podría ser incluido en un temario acotado de extraordinarias. Eso no sucederá.

El presupuesto también podría tratarse en extraordinarias, de ahí que no debiera haber tantas dudas… pero ya el Gobierno se ocupó de decir y reiterar que no las convocará. Y no hay porqué dudar de semejante insistencia.

Se esperaba que esta semana se diera esa última sesión en Diputados para tratar otros temas, dictaminar el presupuesto y llevarlo al recinto esta semana. Y en una prórroga de ordinarias, hacer un debate exprés en el Senado.

Pero ya esta semana no se vislumbra la reanudación del debate del presupuesto en comisión, más aún si la oposición le asesta una derrota al oficialismo este martes de una semana ya poblada de reuniones de comisión, encima corta por el asueto del Día del Trabajador Legislativo, este lunes.

En una semana que lo tuvo como protagonista, al quedar designado ante la bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social y del GPA con Brasil, el diputado misionero Martín Arjol, uno de los radicales aliados al Gobierno, anticipó el voto en contra de la reforma de la Ley de DNU.

La postura fue comunicada a través de un extenso posteo en su cuenta de “X” tras el pedido de sesión especial para el próximo martes que presentó el bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, del cual se firmaron un dictamen de mayoría de UP, DpS y EF, y otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Arjol adelantó que junto con los “radicales peluca” Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, sumado a Francisco Monti, van a “rechazar el dictamen del kirchnerismo”, y explicó que su posición tiene tres ejes: “Equilibrio fiscal, dejar gobernar y respeto por las instituciones”.

En ese sentido, remarcó: “Esta posición nos ha traído conflictos internos; es lo que menos nos importa”. Se refiere al pedido de expulsión del bloque que hubo luego de que votaran en contra de la ley de financiamiento universitario y tras la foto en Casa Rosada lo que conllevó a la ruptura de la UCR tras la salida de una docena de diputados que conformaron el espacio Democracia para Siempre bajo la conducción de Pablo Juliano.

“El Gobierno de Milei ha enfrentado dos intentos de desestabilización financiera: jubilados y universidades”, recordó y advirtió que “se viene un tercer intento de desestabilización institucional, esta vez: los DNU.

El diputado misionero aclaró. “No somos libertarios. Somos radicales que quieren que a este Gobierno le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien. Dar gobernabilidad a Milei para que lleve adelante su plan económico es el objetivo”.

Así, destacó: “Tenemos el riesgo país más bajo en seis años. Tenemos el dólar a $ 1.200. En diciembre del año pasado la inflación estaba en 25,5%; hoy quizás perfore el 3 %. No retrocedamos”, y ratificó su postura: “Por eso, nosotros bancamos el discurso de equilibrio fiscal”.

Arjol explicó que para que un DNU sea rechazado se requiere que las dos cámaras se expidan y apuntó: “Los K pretenden que baste con el rechazo de una sola Cámara y que pierda vigencia si no es ratificado en un plazo de 90 días”, lo que calificó como “una locura inconstitucional”.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta). Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

“Coincidimos en que debemos limitar esta herramienta”, consideró, pero resaltó que “el DNU está previsto en la Constitución; le permite a un jefe de Estado legislar en circunstancias excepcionales”.

Arjol señaló que “la Argentina era un tren bala camino a la hiperinflación. Y ningún presidente en la historia de este país tuvo tanta debilidad parlamentaria como Milei”. En esa línea, comparó que “Néstor Kirchner gobernó con 236 DNU. Alberto Fernández con 177. Cristina Fernández con 78. Milei lleva cinco”, aunque en realidad lleva firmados más de 40 decretos de ese tipo.

“El kirchnerismo, que hizo del Congreso una escribanía, ahora es republicano. Agarran un tema noble (otra vez) para voltear al Gobierno”, denunció y retomó las palabras de su par Francisco Monti: “Gran parte del arco político argentino ha bregado durante 30 años por la continuidad de los DNU. Ahora abrazan otra biblioteca jurídica”.

“Así de simple vamos apoyamos a la Argentina. Y queremos que no vuelva el kirchnerismo. Que No Vuelva Mas”, cerró su posteo en redes que acompañó con la foto de los cinco radicales rebeldes que se sacaron en Casa Rosada ocasionando la posterior ruptura del bloque.

El jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo, ratificó el respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra el Gobierno porque “estiran, patean, dilatan y han agravado la crisis Universitaria”, al tiempo que señaló que “es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal”.

En la sesión de este miércoles, el radical planteó: “Si el problema es la baja tasa de egresados que tienen nuestras universidades que son 28 cada 100 alumnos, cuando en Brasil tenés 46, en Chile tenés 69, no estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta tendiente a determinar si en algunas facultades o universidades debiéramos de tener más rigurosos exámenes de inscripción”.

“No estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta que resuelva este flagelo que tenemos en la educación secundaria, en donde el 50% de nuestros egresados no terminan de comprender lo que leen y, finalmente, las trayectorias truncas en las universidades terminan dándole a esos estudiantes las herramientas que el secundario no dio”, apuntó.

Así, sumó: “Si lo que verdaderamente estuviera en discusión fuese la transparencia, el uso de los fondos del conglomerado universitario argentino y consideraran que es insuficiente la rendición de cuentas, por cierto, tardía de la Auditoría General de la Nación, estarían sobre nuestras bancas alguna propuesta para mejorar controles y auditorías de desempeño con metas”.

De Loredo señaló que, de esa manera, “habrían de haber integrado la Bicameral de Rendición de cuentas, habría cuanto menos conformado la AGN si, en definitiva, se trata de poner en discusión este valor tan sagrado que tenemos que la autonomía universitaria”.

“Si el problema es el financiamiento o la supuesta gratuidad, estaríamos discutiendo si habría que cambiar el criterio de las becas para la universidad o animarse a discutir si los graduados pudieran aportar con parte del Impuesto a las Ganancias y devolver en parte lo que le ofreció una universidad pública”, expresó.

En esa línea, siguió: “Sí lo que está en discusión son los objetivos científicos y de investigación, porque debieran de priorizarse aquellos que potencien la actividad económica social y no destinarse recursos económicos o humanos a investigar telenovelas o cine militante, habría alguna propuesta al respecto”. “Si lo que estuviesen discusión son aquellas universidades creadas al calor de la política, estaríamos analizando cuál de aquellas verdaderamente se vinculan con el apalancamiento productivo de la región de la que se trate y cuáles no”, propuso.

“Si estuviésemos discutiendo actualizar los contenidos universitarios, habría una propuesta de ustedes que proponga reducir las carreras, certificar conocimientos vincularlas con el mundo del trabajo. Si estuviésemos discutiendo equilibrar la oferta con los extranjeros, estaríamos cuanto menos discutiendo sea reciprocidad”, agregó.

En tanto, De Loredo apuntó: “Pero no hay sobre nuestras bancas una sola propuesta vinculada a ninguna de las reformas que, seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas, para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado y estaríamos discutiendo”.

“Lo único que estamos discutiendo es un ajuste. Estamos discutiendo eventualmente el tamaño del ajuste. Un ajuste que este bloque ha demostrado entender que es necesario en la Argentina para estabilizar la economía, pero nos embarga la pregunta de por qué han escogido arteramente que el ajuste sea para con el conglomerado de la universidad argentina de un 20% superior que el promedio del ajuste al resto del sector público. Si el resto del sector público perdió en un 50% con la inflación, por qué es que la comunidad universitaria Argentina perdió un 68% casi 20 puntos más”, criticó.

El radical alertó que “esconde esta decisión de financiamiento, una voluntad política que me gustaría que la pongan sobre la mesa de entender, que no quieren sostener un sistema público universal y gratuito. No lo sé si en el fondo es lo que quieren. Lo que sí sé, es que la serie de argumentos de reformas que necesitan las universidades no tiene una sola propuesta de ustedes”.

El cordobés recordó que hace 10 meses el bloque que “no pueden señalar de obstruccionista porque ha demostrado sobradas veces que está dispuesto a cooperar, viene bregando para que ustedes resuelvan este tema de la forma natural, por los canales normales por los cuales se tiene que resolver que es una paritaria con el sector docente, pero ustedes estiran patean dilatan y han agravado la crisis universitaria”.

“Es absolutamente falso que no hay una previsión de gasto para la propuesta esta porque claramente presupuestos que ustedes prorrogaron, en el artículo 130 exactamente prevé que el 1,33% del PBI tiene que estar dedicado al financiamiento educativo. Es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal porque el 0,14 que prevé la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale al 10% el superávit primario”, detalló.

De Loredo mostró preocupación por el “riesgo al que someten el prestigio de nuestras universidades con este discurso absolutamente lesivo por el uso político de estas agendas, de esta herramienta central. El desprestigio al que quiere someter esta herramienta por el uso político es algo que ya conocemos los argentinos”.

“El peligro en el que estamos es que, si triunfan unos, pareciera que se garantiza el estatus quo y nada tiene que cambiar en el sistema universitario argentino. Si triunfa el otro, vamos camino al desfinanciamiento de la sustitución de este modelo por un modelo excluyente y un modelo de Elite”, advirtió.

El jefe de la UCR señaló que las universidades son una “herramienta de acceso universal. Es una herramienta valiosísima para mezclarnos los argentinos, para aliviar nuestras fragmentaciones y dar una sustentabilidad social”.

“Me toca estar acá conduciendo un bloque en un momento de absoluta turbulencia política. En un momento de absoluta atomización y hemos usado hasta el último de los esfuerzos para llevar la totalidad de los votos. El bloque de la UCR va a insistir con esta ley de la cual fue autor y de esta ley que procura defender uno de los pilares, todavía en pie, que hace la movilidad social ascendente de la República Argentina”, cerró.

La Cámara de Diputados dio media sanción por 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención -de la diputada de UP Ana Aubone-, a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria.

La iniciativa, que ingresó en mayo pasado y ahora deberá tratarse en el Senado, plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

A través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y las intervenciones de sus pares de bancada Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, desde la oposición propusieron incorporar el artículo 2 del dictamen de minoría.

El vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria, procedió leer la propuesta de redacción del mencionado artículo: "La entidad estatal deberá dictar normas para establecer normas del programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, agregando una campaña de difusión de los alcances de la ley", y agregó que “en caso de armas no registradas serán guardadas en los depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización”. En caso de no avanzar con el blanqueo de armas, “la agencia deberá dictar la destrucción de ese material”, explicó. Finalmente, Rodríguez Machado no dio lugar a la incorporación. La votación en particular de dicho artículo resultó con 125 votos afirmativos, 94 negativos y 13 abstenciones.

La palabra de los Diputados

En el rol de miembro informante, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), explicó el plan de regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas: “Tener un arma es legítimo hace 50 años en Argentina, pero para ser legitimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales”.

Como una de las problemáticas que este proyecto viene a resolver, señaló que “en pandemia no se pudieron renovar muchos registros de armas, el cual es cada cinco años”. En tal sentido, aclaró que “tenerla no registrada es incurrir en un delito”. Allí indicó que la propuesta trae “dos soluciones”.

En primer lugar, se refirió a una “entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y nombró a aquellas que no fueron renovadas o se usaron con fines de caza deportiva. En este caso, Rodríguez Machado auguró por la reducción de armas en la sociedad.

La segunda solución explicada por la diputada cordobesa fue por la regularización de armas no registradas, sin embargo, aclaró que “no estamos modificando la portación de armas porque es otra normativa”. “Estamos normalizando el legítimo usuario o autorizar que se entregue un arma”, amplió.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Legislación Legal, el rionegrino Martín Soria (UP), informó: “En argentina se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego. 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego.  Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”.

“Cada arma que se logra sacar de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”, destacó y recordó que el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego “sin vigencia desde el 31 de diciembre del año pasado”, fue creado a través de la Ley 26.216 en el año 2007 bajo la presidencia de Kirchner y “desde esa fecha fue renovado sucesivamente”.

Soria resaltó que su vigencia a lo largo de los últimos 15 años constituye “una política pública de desarme voluntario de todo el Estado Nacional y una política pionera debemos decirlo en nuestro continente”, tras lo que Argentina recibió una distinción por parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas.

El rionegrino criticó que durante la gestión de Mauricio Macri “no se destruyó ningún arma de fuego”, pero se recuperó durante 2021 y 2023 “destruyéndose más de 45.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones”. Así, celebró que el Gobierno haya “desechado” el texto original que envió en mayo al Congreso y “llegue a este recinto un nuevo texto que va en línea con los aportes y con la postura del bloque de Unión por la Patria, que fue proponiendo en el trabajo de comisiones y que se plasmó en muchos de los artículos que forman parte también del dictamen de mayoría”.

“Los estudios serios confirman que, a mayor cantidad de armas de fuego en una sociedad, mayor cantidad de muertes con arma de fuego considerando homicidios, suicidios y accidentes con ella”, planteó Soria y volvió a destacar que el oficialismo fomente el desarme de la sociedad civil y se informe de los peligros inherente a la tenencia de armas.

“Actualmente se estima que hay casi 800.000 armas en situaciones regular en la Argentina”, precisó y comentó que en ambos dictámenes se introdujo la obligatoriedad de iniciar el trámite de legítimo usuario de arma de fuego a todas las personas para que “se vayan acogiendo a la regularización de esa tenencia”. También destacó que se haya eliminado la creación de la figura del depositario legal que permitía que cualquier persona, sin siquiera ser legítimo usuario de un arma, pueda declararla. Además, ponderó que se quitó la intención de legalizar un mercado ilegal, la posibilidad r de que Ejecutivo pueda prorrogar el periodo de regularización de armas sin el consentimiento del Congreso Nacional.

El diputado de UP informó que en el año 2023 ANMAC realizó tres mil inspecciones a usuarios comerciales en la Argentina y se inhabilitaron aproximadamente más de 100 armerías en por incumplimientos y distintas infracciones que fueron detectadas por la autoridad de aplicación.

“No vamos a poder estar acompañando el dictamen de mayoría y por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Se centra básicamente en un punto muy importante y es la posibilidad de las regulaciones exprés que genera el dictamen de mayoría porque se permite que una persona sin autorización pueda tener armas en la Argentina. Al dictamen le falta el control y la fiscalización de la ANMAC porque el registro se puede hacer, según el proyecto del oficialismo, de forma digital sin control alguno”, argumentó y cerró: “Vamos estar votando en contra en general y vamos, seguramente, a acompañar algunos artículos que fueron producto del trabajo en comisiones y de nuestro bloque”.

A su vez, el tucumano Pablo Yeldin (UP) relacionó el tema con la concientización del suicidio y explicó que es “la segunda causa de muerte en chicos de 11 a 17 años”. También, remarcó: “Tenemos un presidente que dice que la liberación de armas es buena para alivianar los controles de las armas de fuego, pero vengo a poner en alerta este tema”.

Con relación a la problemática traída a debate, amplió que “en el último año en Argentina fueron 394 y la pandemia empeoró los suicidios”. “vengo a dejar escrito que si nosotros aumentamos la portación de armas, los suicidios van a ocurrir y está demostrado que facilitar armas de fuego, facilita el suicidio”, concluyó.

Por el oficialismo, el diputado Santiago Santurio destacó que el proyecto tiene una entrega voluntaria y una regularización excepcional de gente que tiene “armas de manera irregular, no estamos discutiendo la portación, no está en el debate”.

“Esto es algo que ya viene de años que la persona que tiene armas va de forma voluntaria y las entrega. Por otro lado, se busca regularizar las armas que están en tenencia de forma irregular que, según las cifras, son 800 mil”, manifestó.

En una sesión que se anticipa extensa, convocada en un día de la semana infrecuente para sesionar, la Cámara de Diputados tratará una serie de temas en las que se destaca el proyecto de ley que establece la Boleta Única de Papel como sistema para utilizar en las elecciones nacionales. Un cambio histórico por el que quienes lo promueven vienen bregando desde hace 17 años.

Esta será la novena sesión del período ordinario y fue convocada por miembros de los bloques La Libertad Avanza, Pro, UCR, MID, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal y CREO, siendo las 11.30 su hora de inicio. Esa amplitud de bancadas convocantes garantiza la aprobación del temario propuesto para esta sesión, cuya duración a priori se calcula en entre 14 y 18  horas.

La sesión arrancará con el debate de una serie de convenios, tratados, acuerdos y cargos de cónsules y vicecónsules, tras lo cual se avanzará con el tratamiento de un proyecto que también vuelve con modificaciones del Senado y que establece el Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Boleta Única de Papel.

Ese temario incluye, como dijimos, el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) sobre Boleta Única de Papel para emisión del sufragio. Es un tema que ya fue aprobado por la Cámara baja el 8 de junio de 2022, por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, tras 9 horas de debate. Tras un largo tiempo de espera, esa media sanción fue aprobada con modificaciones el 12 de septiembre pasado en el Senado, cosechando 39 votos a favor y 30 en contra. Este martes se pondrán a consideración precisamente esas modificaciones.

Además, se tratarán proyectos sobre seguridad como la iniciativa de Abordaje Integral del Crimen Organizado y la Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; y diversos tratados, acuerdos y convenios, de carácter internacional desde el año 1998 a la fecha.

Se sumará también en el marco de la sesión el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto. Así lo anticipó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, en consonancia con el anuncio de la bancada radical, que en vísperas de la sesión también adelantó que pediría el tratamiento sobre tablas del proyecto que ya tiene media sanción del Senado por el cual se declara la emergencia nacional en la provincia de Córdoba. Ese proyecto fue aprobado el jueves pasado en la Cámara alta, oportunidad en la que se abstuvieron los senadores de LLA. Esa aprobación se consiguió allí, también sobre tablas, con 55 votos afirmativos.

Cuando este miércoles por la tarde comenzó a circular la invitación a los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, quedó confirmado el anticipo de que la próxima semana intentarían convertir en ley el proyecto de Boleta Única de Papel. La novedad fue que la convocatoria es para las 18 del lunes 30 de septiembre, en la sala del segundo piso del Anexo C, y semejante fecha anticipa un día imprevisto para la sesión.

Es que en un primer momento se había hablado de sesionar el miércoles que viene, con dos proyectos: Ficha Limpia y Boleta Única de Papel. Luego circuló algunas fuentes le sumaron la intención de incluir el eventual dictamen de la privatización de Aerolíneas, pero claramente esa era una expresión de deseo de los sectores más proclives a vender la aerolínea de bandera cuanto antes. Previsiblemente, queda claro que ese debate tomará un tiempo más; la cuestión es que se habló de correr la sesión al jueves, cosa que no cayera justo en el día de la marcha universitaria prevista para el miércoles 2.

Y finalmente se optó por el martes, por eso el plenario del lunes para dejar listo el proyecto que vuelve del Senado y que seguramente ameritará más de una votación, cuestión de aceptar en principio lo que viene de la Cámara alta, mas no todo: los sectores dialoguistas quieren mantener en las boletas el casillero que permita votar boleta completa, cuestión especialmente resistida por los partidos provinciales, temerosos de que ese sistema se los lleve puestos a ellos en elecciones presidenciales en las que no llevan candidatos.

Si Diputados termina confirmando lo que habían votado ellos en su momento, seguramente traerá consecuencias con la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, y autora de esa corrección en el Senado.

La sesión de Diputados será convocada entonces para el martes a las 10 y la idea es armar un temario que lleve, además de Boleta Única, Ficha Limpia, tratados internacionales y un último tema pedido por el oficialismo que sería la ley antimafia. Sin embargo no habría mucho consenso para agregar ese proyecto que ya cuenta con dictamen; la cuestión no está cerrada ni siquiera con los dialoguistas.

La sesión sería a las 10 de la mañana del martes. Para esa fecha se especulaba con el inicio del debate del Presupuesto, que será el martes siguiente, 8 de octubre. “Hay tiempo”, contestó una fuente legislativa consultada, que agregó que se especula con cinco reuniones informativas y dos meses de debate, para llevar finalmente el dictamen al recinto.

Mientras Diputados espera comenzar con el tratamiento del Presupuesto de Administración Nacional 2025, el Senado intentará avanzar con varios proyectos que cuentan con media sanción a fin de liberar la agenda, por lo que sesionaría este jueves.

Si bien no está confirmada de forma oficial, las autoridades de la Cámara trabajan en la elaboración del temario, que incluiría la modificación a la Ley 26.879, en virtud de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual que cuenta con media sanción desde el 14 de agosto.

Un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia. Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo durante su exposición ante el Senado pidieron que se revea el artículo 2 al argumentar que dicha decisión: “Se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo que siga en el Ministerio de Justicia”.

La ampliación del registro tiene como fin contribuir al "esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

La eventual sesión del jueves sumaría dos pliegos -con aval de la comisión de Acuerdos- que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.

Por otro lado, la Cámara alta también activará varias comisiones para que emitan dictamen a fin de poder llevarlos al recinto y tratarlos sobre tablas. Una de ellas será el plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores que volverán a poner sobre la mesa el dictamen que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales para la realización de ejercicios combinados, contemplando la demora en la materia, ya que cuenta con media sanción de Diputados y el período se inicia a partir del 1ro de septiembre.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de junio en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso.

“Se autoriza la salida de personal y/o medios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025”, establece el proyecto.

Además, explica que “la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de nuestras fuerzas armadas; profundizando el acercamiento, conocimiento y confianza mutua, incrementando así la interoperabilidad con las fuerzas militares de otros países y la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación combinada en el futuro”.

De acuerdo al texto, se contemplan 15 ejercicios militares, de los cuales uno corresponde al Ejército Argentino, doce corresponden a la Armada Argentina y uno corresponde a la Fuerza Aérea Argentina. Del total de las ejercitaciones mencionadas, seis son de carácter multilateral, ocho tienen carácter bilateral y una, “Passex”, de oportunidad, pudiendo ser bilateral o multilateral según las circunstancias.

Dos de las ejercitaciones “Integración 2024” y “Viekaren”, plantean la atención a una situación de emergencia o catástrofe; seis DE ellos, “Acrux”, “Atlasur”, “Fraterno”, “Inalaf”, “Unitas” y “Cruzex”, son ejercitaciones en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, “Operación Formosa”, plantea la integración de efectivos de la Armada Argentina en el empleo de los sistemas de armas utilizados por la Marina de Brasil; “Galapex” establece la organización y empleo de una fuerza multinacional para ejercitar la interoperabilidad de la vigilancia y control de espacios marítimos de interés, y dos de ellos, “Siforex” tiene por objeto incrementar el nivel de interoperabilidad y adiestramiento con foco en acciones submarinas y antisubmarinas, mientras que “Guinex” tiene por objeto trabajar de manera multinacional el control del tránsito marítimo en el ámbito de la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) interactuando con armadas del continente africano.

Con respecto a “Arandú”, diseña un ejercicio de planeamiento y simulación en el gabinete con medios informáticos de la plataforma del Ejército brasileño: Batalla Virtual. El ejercicio “Atlasur” brinda la oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica.

Respecto del ejercicio “Passex”, constituye un eventual “ejercicio/s de oportunidad”, en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el litoral marítimo argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina.

Finalmente, el ejercicio “Vinciguerra” permite el entrenamiento de manera bilateral intercambiando técnicas y tácticas de entrenamiento en unidades de elite de la infantería de Marina, mejorando el proceso de planificación, preparación y manejo de riesgo de las operaciones en terreno montañoso propio del escenario austral.

El 20 de agosto pasado asistió el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio, Juan Battaleme, quien volverá a participar esta semana de la nueva reunión. No obstante, errores de cálculo del oficialismo y el rechazo cristinista a dos de los 15 ejercicios imposibilitó la firma de un despacho. De allí la nueva convocatoria.

Otra iniciativa que también votó Diputados es la que lleva el nombre de Nicolás Deanna -víctima de mala praxis-, que pretende establecer un “marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura”, según consta en su primer artículo. Una cuestión delicada que se analizará desde las 10 de este miércoles en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara alta. Algunos legisladores dudan y pedirían convocar a especialistas.

Tal y cómo lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria para avanzar con un amplio temario de proyectos que se fueron trabajando en las diversas comisiones a lo largo de las últimas semanas.

Entre las iniciativas que se debatirán en el recinto se encuentra un texto que busca establecer la capacitación obligatoria en la temática de inclusión de personas con discapacidad para todos los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

También se prevé avanzar con la desafectación de dos inmuebles ubicados en Núñez donde la Comuna 13 quiere convertirlos en una Plaza. La iniciativa es impulsada por Florencia Scavino, presidenta de la comuna, quien visitó la Legislatura para dar detalles del proyecto. Según la presentación, el objetivo es el emplazamiento de un nuevo Espacio Verde de proximidad con acceso universal, público y gratuito, de uso público y recreativo. Y en el diseño se respetará el área parquizada y especies arbóreas existentes.

Otro proyecto que también será tenido en cuenta en la sesión es un texto que busca otorgar en concesión de uso a título precario y gratuito al Club Atlético Platense de un predio ubicado en la intersección de las calles Manuela Pedraza y Crámer.

Fue esta una semana agitada en el Senado, intensa y cambiante. Donde siempre se barajaron dos días para la sesión, que todos daban por descontada. Incluso el oficialismo, que apostaba a reflotar el debate de la boleta única de papel, cuestión de matizar con la misma la o las derrotas que sin lugar a dudas tendría con el proyecto de financiamiento universitario y el DNU de fondos para la SIDE.

Al final, la buena noticia para La Libertad Avanza fue lograr postergar la sesión hasta la semana que viene. Algo es algo.

Pero al cabo del acuerdo establecido en la reunión de Labor Parlamentaria por todos los bloques, menos Unión por la Patria, este último pidió sesionar igual este jueves, con un temario que incluye solo los dos temas en los que el Gobierno perdería, y mandó mensajes a la oposición dialoguista -fundamentalmente los radicales- para que comprobaran que verdaderamente defienden la educación pública y se sumaran a la sesión.

El bloque radical tomó nota de lo que para ellos es una chicana y cerró la jornada con un comunicado en el que celebran “la inclusión de temas importantes en la próxima sesión”, hablando puntualmente de la ya acordada para el día jueves 12 de agosto desde las 14 horas, y por supuesto no de la convocada por UP para este jueves. Con lo cual, queda claro -por si había alguna duda- que no se sumarán a la sesión de la principal oposición en el Senado.

“Esos acuerdos alcanzan materias tan significativas para la ciudadanía  como Boleta Única de Papel, el financiamiento para el sistema universitario público y el decreto de necesidad y urgencia que destinó 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado”, planteó el bloque radical a través de un comunicado en el que resaltan que “los argentinos apostaron por un cambio, con las esperanzas de avanzar hacia un futuro superador, de acuerdo con el potencial de nuestro país. En ese sentido, siempre nos encontrarán para discutir las cuestiones que permitan sacar a la Argentina de la decadencia”.

“Con esa premisa, renovamos nuestro compromiso para continuar ejerciendo el rol de representación para el que fuimos elegidos, acompañando o proponiendo caminos alternativos, según nuestro mejor entendimiento”, cierra la bancada encabezada por Eduardo Vischi, que confirmó así que no piensan acompañar a Unión por la Patria en la sesión pedida para este jueves a las 14.

Los diputados de la Ciudad se reúnen desde las 12.12 en el recinto para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que se tratará una iniciativa que busca establecer los mecanismos de financiamiento de una serie de obras viales, así como también otros proyectos relacionados a los fondos coparticipables del distrito y las denuncias contra Alberto Fernández.

De esta manera, uno de los temas más importantes es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que tuvo su tratamiento en la comisión parlamentaria de Presupuesto, que propone autorizar a la Ciudad a tomar préstamos para realizar obras viales a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

El texto del proyecto describe que las “operaciones de crédito público” serán por el monto, las especificaciones y el destino del financiamiento indicados en la norma proyectada y por la que se establecen tres años como plazo mínimo de amortización”. La cifra de los empréstitos suma 75 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
Además, establece que se realizarían “con la Corporación Andina de Fomento u otros organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional, y/o con el Estado Nacional”.

El temario incluye otros varios proyectos de declaración, como el que propone el Frente Liberal Republicano, al que adherirían otros bloques, manifestando “preocupación por la demora en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad”.
También -y por iniciativa de Confianza Pública- se votará un texto que expresa la “preocupación ante las denuncias realizadas por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández”.

Presidido por Victoria Villarruel, el Senado sesiona desde las 11.12, luego de una jornada marcada por la audiencia pública en la que el juez Ariel Lijo se presentó ante los miembros de la Comisión de Acuerdos para defender su postulación para la Corte, y sobre todo en una semana marcada por la polémica a raíz del nuevo aumento otorgado a los senadores.

En el inicio de la sesión se hizo un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Francisco Giustinian, hijo del secretario Parlamentario de la Cámara alta. A continuación, expresaron su pesar en nombre de sus bloques los senadores Eduardo Vischi, José Mayans, Beatriz Ávila y Juan Carlos Romero.

Según lo acordado el martes en Labor Parlamentaria, se tratan este jueves una serie de proyectos que incluyen como temas principales jubilaciones y compra y venta de niños. Al final de la jornada, será el turno de una sesión convocada por la presidenta del Senado, para abordar temas relativos a las dietas.

El temario de la primera sesión fue concertado el martes. Se trata de una sesión ordinaria, que comienza con una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones. Luego será el turno de tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

La media sanción de Diputados establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

En ese caso, en primer lugar se tratará un proyecto de ley elaborado por senadores de Unión por la Patria, para poner un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Concluido ese debate se tratará un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 8/24 por la que se estableció un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de este año.

Luego de una jornada marcada por la audiencia pública en la que el juez Ariel Lijo se presentó ante los miembros de la Comisión de Acuerdos para defender su postulación para la Corte, y sobre todo en una semana marcada por la polémica a raíz del nuevo aumento otorgado a los senadores, la Cámara alta abrirá las puertas del recinto para una doble jornada.

Es que en la práctica son dos las sesiones previstas: una, acordada en Labor Parlamentaria el martes, en la que se tratarán una serie de proyectos que incluyen como temas principales jubilaciones y compra y venta de niños. Concluida esa sesión, será el turno de una convocada por la presidenta del Senado, para abordar temas relativos a las dietas.

A partir de las 11 se abordará un temario concertado que comenzará con una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones. Luego será el turno de tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

En ese caso, en primer lugar se tratará un proyecto de ley elaborado por senadores de Unión por la Patria, para poner un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Concluido ese debate se tratará un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 8/24 por la que se estableció un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de este año.

Con la expectativa cierta de parte de la oposición de conseguir este miércoles el quórum para sesionar y tratar el DNU 656/24 que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cien mil millones de pesos, está prevista una sesión especial para las 12 del mediodía.

El pedido de sesión fue formulado por el bloque de Encuentro Federal, pero el texto lleva las firmas también de diputados de la Coalición Cívica y radicales de la línea Manes.

Originalmente, la cita en el recinto había sido confirmada para el pasado jueves 15 de agosto, primer día habilitado por la Ley 26.122 para darle tratamiento expreso al decreto en cuestión, pero se contrapuso con los tiempos de la sesión maratónica que se extendió hasta las primeras horas de la fecha solicitada.

En medio de la sesión mencionada, no prosperó el intento de Nicolás Massot respecto a pasar a un cuarto intermedio con el fin de garantizar el tratamiento del DNU 656 al día siguiente. Tampoco tuvo aval en el recinto el pedido de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica por el que buscó la incorporación del temario a esa maratónica reunión.

Tras la postergación de esta sesión, fue incorporado al temario el proyecto de declaración presentado por el bloque de la CC que busca declarar “nulo de nulidad absoluta e insanable” al decreto publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes 23 de julio.

También fue agregada la iniciativa de Margarita Stolbizer por el que rechaza al DNU 656 en su totalidad y donde había advertido que “Argentina debe retomar el camino de una legalidad que está marcada por la vigencia del sistema consagrado en todos los principios de la Constitución Nacional”. El proyecto tiene el acompañamiento de otros seis integrantes de EF.

Cabe recordar que el DNU ingresó por mesa de entradas el pasado 1ero. de agosto y el oficialismo evitó tratarlo en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se realizó una semana después. El miércoles 14 venció el plazo establecido por la Ley 26.122 para la elevación de un dictamen y por ende, desde el 15 ambas cámaras quedaron habilitadas al expreso e inmediato tratamiento del decreto en el recinto.

La petición de sesión tiene el aval, con su rúbrica, de cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical: Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano. Si se contabilizan los 16 de EF, los 6 de la CC, los 5 del Frente de Izquierda y los 99 integrantes de Unión por la Patria, el quórum no debería ser un obstáculo. Sin embargo hasta última hora del martes nadie se animaba a garantizar que pudiera alcanzarse el número necesario para sesionar, en medio de una creciente presión del Gobierno nacional a través de los gobernadores.

En el radicalismo hacían cuentas que daban que podrían participar de la reunión unos 18 diputados de ese sector.

Vale aclarar que para que un decreto sea derogado, debe contar con el rechazo de ambas cámaras. En marzo pasado, el Senado puso contra las cuerdas al oficialismo cuando rechazó por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones al DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el cual sigue vigente ya que nunca fue tratado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

El diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, embistió contra el Gobierno Nacional por los gastos reservados destinados a la SIDE: “Cuando dicen no hay plata, nos están gastando”.

A través de un posteo en su red social “X”, Ferraro apuntó: “El gobierno miente al afirmar que no se ejecutaron gastos reservados de la SIDE”, y brindó cifras precisas de los montos ejecutados en la última semana.

“El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y comprometido otros $70.100 millones. El viernes 16 de agosto, esos $70.100 millones fueron ejecutados de manera obscena, espuria y sin ningún tipo de control. En menos de un mes, se gastaron un total de $80.060 millones en gastos reservados, lo que representa el 77.57% del presupuesto ampliado”, precisó Ferraro.

En esa línea, el diputado de la CC preguntó: “¿En qué gasta la nueva casta, con tanto apuro, cuando no hay plata para los jubilados, las universidades o la infraestructura para el desarrollo de nuestro país?”.

“Los argentinos merecemos conocer la verdad”, planteó y ratificó el pedido de sesión realizada por el bloque Encuentro Federal para este miércoles 21 de agosto: “A pesar de las presiones y amenazas de espionaje, para exigir la nulidad absoluta e insanable del DNU que aumentó el presupuesto anual para gastos reservados en más de un 3100%, y no conformarnos con un simple rechazo. Además, debemos exigir el reintegro de todos los gastos realizados hasta la fecha”.

CUANDO DICEN NO HAY PLATA, NOS ESTÁN GASTANDO.

El gobierno miente al afirmar que no se ejecutaron gastos reservados de la SIDE.

El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y… pic.twitter.com/2I1FM2385a

— maxi ferraro (@maxiferraro) August 19, 2024

La denuncia por violencia de género que hizo la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente de la Nación Alberto Fernández se coló, una vez más, en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles de la mano del diputado libertario Álvaro Martínez (Mendoza).

Mientras esgrimía sus argumentos a favor del proyecto que propone modificar la ley sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos, Martínez expresó: “Es bueno tratar temas donde haya un Estado que se preocupa de verdad por la seguridad y la justicia después de mucho tiempo de un gobierno que le dio la espalda”.

“Este proyecto tiende a la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos. Cuando un Estado abandona la seguridad y la justicia se genera un socavón en la confianza que tiene el Estado por parte de los ciudadanos porque deja de brindar soluciones a un tema tan prioritario y eso es lo que venía pasando en el país”, sostuvo.

En esa línea, planteó: “Lo que queremos con esta ley es encontrar delincuentes, abusadores, violadores. No los queremos esconder, por eso es que queremos que exista este tipo de bancos…”, en eso momento le respondió a la bancada de UP: “No, no los queremos sacar, no queremos que vuelvan a ser presidentes, por ejemplo. Eso sí que no queremos, que los golpeadores no sean presidentes no queremos o que se hagan cargo de eso, eso sí lo queremos, no los escondemos como lo esconden ustedes…”.

El libertario volvió a cargar contra la principal bancada opositora: “Queremos reducir significativamente el número de delitos y recuperar la confianza que ha perdido el país por culpa de esos diputados que bancan y esconden a aquellos que comenten delitos”, y cerró: “Espero que apoyen esta ley, que dejen de cubrir a violadores, a violentos, a abusadores”.

Con un quórum alcanzado con 129 diputados a las 11.41 arrancó finalmente este miércoles la primera de las tres sesiones pedidas para esta semana. En este caso, la solicitada por el oficialismo y el Pro, para tratar los mismos temas previstos para la semana pasada, más el de esencialidad educativa y un tema incorporado este miércoles temprano.

Para la realización de la sesión -que en Labor Parlamentaria fue atrasada quince minutos en su horario de inicio- fue clave que el oficialismo aceptara incorporar al temario el proyecto de ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, reclamado por el radicalismo para sumarse al quórum. El tema fue incorporado al temario inmediatamente después del tratamiento del dictamen sobre educación obligatoria como servicio estratégico esencial y antes de la cuestión de la regularización sobre armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

El quórum fue alcanzado sin la presencia del bloque Encuentro Federal, que ya había faltado la semana pasada en la frustrada sesión.

También se acordó que la sesión pedida por parte de la oposición para este jueves para debatir el DNU 646/24 pase de las 10 de la mañana a las 13.

Para esta sesión se espera un debate de entre 20 y 29 horas, y no se descarta que vayan a acordar un cuarto intermedio a medianoche.

Con todo, más allá de esos temas, se espera un intenso debate en torno los temas políticos que dominan la escena, más allá de que algunos hayan perdido cierta gravitación, como las elecciones en Venezuela. La excursión de un grupo de diputados libertarios al penal de Ezeiza atraerá la máxima atención, aunque ese tema será abordado este jueves en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Ni hablar de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente de la Nación Alberto Fernández, por violencia de género.

Más allá de esas vicisitudes, este es el orden del temario acordado para esta sesión:

✅ Renuncia diputado Alfredo Vallejos y asume Federico Tournier (UCR).

✅ Renuncia del doctor Tomás Figueroa como secretario Parlamentario y asume el doctor Adrián Pagán.

✅ Minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena López Murphy, Ana Castagneto, Francisco Giustinian y Blanca Nelly Nuno.

Orden de la sesión:

✅ Creación de Registro Nacional, de Datos Genéticos.

✅ Tratados internacionales (votación en bloque) y Entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de él de las fuerzas nacionales.

✅ Educación Obligatoria como servicio estratégico esencial.

✅ Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.

✅ Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

✅ Resolución sobre el fraude electoral en Venezuela.

✅ Cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y homenajes al final.

Detalle del temario

Encabeza el temario la modificación a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216 de Armas de Fuego. Esos proyectos son parte del paquete de seguridad remitido al Congreso por el Ejecutivo, que ya cuentan con dictamen.

También, se encuentra el trámite parlamentario con relación a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas, y una serie de acuerdos internacionales con las naciones de República Checa, el Reino de los Países Bajos, Italia, Filipinas, Brasil y Rumania.

El tema que se incorpora al temario de esta sesión es el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación, el cual tiene el aval del oficialismo, el Pro, los radicales, la Coalición Cívica, Innovación Federal y la Encuentro Federal, en disidencia.

Tal iniciativa cuenta con el dictamen de la Comisión de Educación. Desde la oposición más dura (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda Unidad) hubo malestar por la celeridad que se le dio al tratamiento y además, hubo cuestionamientos a Presidencia por la rapidez en los giros de las demás comisiones competentes.

Como hemos dicho, la situación en Venezuela será motivo de otra discusión importante y está ahora sí en el temario. Con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, se pondrá a consideración un repudio que incluye seis puntos que van desde el “repudio al fraude electoral perpetrado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, a la preocupación por la “escalada represiva” en el país caribeño.

Con la intención de marcar posición, el bloque de Unión por la Patria había difundido un comunicado en el que le reclamó al presidente venezolano mostrar las actas de votación. Empero, no suscribió el dictamen emitido en Relaciones Exteriores y se verá si acompañarán en el transcurso de la sesión.

A continuación, detallamos el orden de la sesión prevista para este jueves, según lo acordado en Labor Parlamentaria.

✅ Renuncia diputado Alfredo Vallejos y asume Federico Tournier (UCR).

✅ Renuncia del doctor Tomás Figueroa como secretario Parlamentario y asume el doctor Adrián Pagán.

✅ Minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena López Murphy, Ana Castagneto, Francisco Giustinian y Blanca Nelly Nuno.

Orden de la sesión:

✅ Creación de Registro Nacional, de Datos Genéticos.

✅ Tratados internacionales (votación en bloque) y Entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de él de las fuerzas nacionales.

✅ Educación Obligatoria como servicio estratégico esencial.

✅ Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.

✅ Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

✅ Resolución sobre el fraude electoral en Venezuela.

✅ Cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y homenajes al final.

La guerra de sesiones instalada en la Cámara baja para esta semana sigue sin resolución. Así llegan los diputados a este miércoles, donde hay dos sesiones oficializadas, una para las 11 y otra para las 16, y una convicción: solo una de las dos puede efectivizarse. O ninguna.

El resultado que tendrá este juego de tira y afloje se podrá vislumbrar a partir de las 9.30, cuando se inicie la reunión de Labor Parlamentaria. Allí llegarán las partes con dos posturas contrapuestas, a ver si alguno afloja (difícil): el radicalismo, que ha pedido la sesión de las 16, para tratar el presupuesto universitario, insistirá para que el tema se incluya en el debate de la sesión de las 11, esa que pidieron diputados de La Libertad Avanza y el Pro, para abordar el mismo temario que el miércoles pasado, más esencialidad educativa.

Si el oficialismo da el brazo a torcer y acepta, contará con la presencia de los radicales a partir de las 11 para dar quórum y llevar adelante la sesión. Si LLA mantiene la postura emanada desde la Casa de Gobierno de no aceptar ese debate, porque contribuye al déficit fiscal, la ausencia de los radicales será clave para el fracaso de la sesión de las 11. Recordar tan solo que la semana pasada el bloque radical asistió casi en su totalidad (le faltaron solo 3 diputados) y la sesión se cayó, por la ausencia de Encuentro Federal.

A propósito, ¿qué plantean los del bloque de Miguel Pichetto? A priori, hay cierta predisposición a colaborar esta vez, pero sí y solo si se da una serie de condiciones, a saber: acortar el temario; ordenar el debate, con acuerdos y ejercicios militares primero, luego Banco de Datos Genéticos y armas, y dejar esencialidad educativa para el final. Con una novedad: cuarto intermedio a las 22, para poder garantizar que el jueves se pueda sesionar para tratar el DNU 646/24, de los fondos reservados. Recordar que ellos son los que motorizan esa sesión.

Si fracasa la sesión de las 11, será un gran dolor de cabeza para el titular de la Cámara baja, Martín Menem, que sufriría un segundo traspié con el quórum apenas una semana después de haber bebido esa medicina. Por eso hay línea abierta con la Casa Rosada para ver hasta dónde se puede negociar.

Como sea, si esa sesión se cae, toda la atención estará puesta en la cita de las 16, esa que pidieron los radicales a través de una nota encabezada por Danya Tavela. Saben que para esa reunión cuentan con la anuencia de Unión por la Patria y la izquierda. Con ellos solos no alcanza, hay que sumar más y por eso estarían dispuestos a incorporar la declaración de la educación obligatoria como servicio esencial.

“Nosotros encantados de la vida de incluir esencialidad a la tarde”, confió una fuente del bloque radical, que fue aún más lejos al aclarar que “lo vamos a hacer de hecho, independientemente de lo que hagan ellos… Pero ellos no quieren dar quórum para universidades”.

Ese anzuelo es para el Pro, que igual podría privilegiar su alianza con LLA y no sumarse a la tarde, aunque eso está por verse. Los que no se tientan en cambio por esencialidad son obviamente UP y la izquierda, que votarán en contra con las dos manos.

¿Y qué pasará el jueves, cuando está convocada la tercera sesión, para rechazar el DNU de los fondos reservados? Algunas fuentes opositoras se entusiasman en asegurar que contarían con 140 votos. Considerando a Encuentro Federal (16), los 7 radicales firmantes del pedido de sesión (que algunos aseguran podrían ser una veintena), la Coalición Cívica (6), UP (99) y la izquierda (5), estaría asegurado el quórum.

Los radicales no han tomado una definición sobre esa sesión, aunque critican el DNU. Fuentes del partido centenario consultadas aclararon que están esperando también si se constituye la Bicameral de Inteligencia, que es donde deben controlarse los gastos reservados. Pero esa es otra cuestión. O no…

Ya por la noche de este lunes, la Cámara de Diputados oficializó otra sesión para el miércoles 14 de agosto. En este caso la solicitada por Danya Tavela y un grupo de otros diputados radicales, con el objeto de considerar un único tema: el financiamiento de las universidades nacionales.

Fue el mismo día en el que en las universidades se desarrollaba un paro de actividades en protesta por el aumento ofrecido desde el Gobierno nacional a los trabajadores docentes. Recordemos que en la reunión paritaria entre los sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales con el Gobierno nacional, estos últimos ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre a todos los trabajadores. Por tal motivo, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), junto al resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, resolvieron el no inicio de clases este 12 de agosto, con un paro de 24 horas, en el marco de un plan de lucha que continuará con otro paro de 48 horas para los días 20 y 21 de agosto.

Mientras madura una nueva marcha docente como protesta, fue que el radicalismo pidió una sesión para este miércoles 14 de agosto a las 14 horas, o bien a la finalización de la sesión pedida por el oficialismo y aliados para las 11.

La oficialización de esta solicitud, concretada por nota del secretario Parlamentario, Tomás Figueroa, fijó esa sesión a las 16 de este miércoles, aunque se descuenta que si la sesión pedida por el oficialismo -que incluirá los temas de la frustrada sesión de la semana pasada, más la declaración de la educación obligatoria como servicio esencial- tiene esta vez quórum, obviamente la sesión de los radicales no se iniciará al menos a esa hora, especulándose con que cuando más de 20 horas después termine la extensa sesión especial, ya no haya quórum para iniciar la sesión por el presupuesto universitario.

Más allá de esas especulaciones, lo cierto es que las autoridades de la Cámara baja oficializaron las dos sesiones solicitadas la semana pasada, más no la primera pedida, para el jueves a las 10 de la mañana, para tratar el decreto de necesidad y urgencia 646/24 sobre los fondos reservados para la SIDE.

Tras el revés que sufrió el oficialismo el pasado miércoles al caerse la sesión –la cual habían convocado previo al receso invernal- por falta de quórum y signada por una fuerte carga política por hechos coyunturales, los libertarios junto con el bloque Pro insisten con llevar el temario consensuado al recinto, pero con el agregado de dos temas claves.

Este viernes se conoció un pedido de convocatoria a sesionar para el próximo miércoles 14 de agosto desde las 11. El mismo lleva las firmas del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, y sus pares de espacio Alejandro Finocchiaro, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, José Núñez, María Eugenia Vidal y Sabrina Ajmechet; junto al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni; y sus compañeros Santiago Santurio, Nicolás Mayoraz y Facundo Correa Llano.

Los temas, a priori, no prevén mayores discrepancias. En principio se aceptarán las renuncias y asunciones de diputados y autoridades. Así, el lugar del radical Alfredo Vallejos –quien renunció para asumir como ministro de seguridad en Corrientes- será reemplazado por Federico Tournier de partido Encuentro Liberal. Además, la del secretario parlamentario el Dr. Tomas Figueroa y asumirá el Dr. Adrián Pagán.

El temario sigue con la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual donde se darán, seguramente, las principales diferencias. Lo mismo pasará con la regularización sobre armas de fuego, un proyecto que no amerita un extenso debate. El resto son cuestiones casi protocolares: entrada y salida de tropas, un homenaje a la VI Brigada Aérea y un paquete de acuerdos internacionales.

Educación y elecciones en Venezuela

Al temario inicial se le sumaron dos cuestiones. Por un lado, el proyecto que establece la educación obligatoria como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades. El mismo tuvo dictamen de mayoría el pasado 13 de junio firmado por el Pro, la UCR, la CC-ARI. Además, hubo dos dictámenes de rechazo correspondientes a Unión por la Patria y el otro al Frente de Izquierda -presentado por la entonces diputada Romina Del Plá-.

Por otro lado, se incluyó el dictamen de repudio al fraude electoral de Venezuela que salió de la Comisión de Relaciones Exteriores que incluye seis puntos que van desde el “repudio al fraude electoral perpetrado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, a la preocupación por la “escalada represiva” en el país caribeño. El tema se había incluido a la sesión fallida en un acuerdo en Labor Parlamentaria.

Dicho dictamen no fue suscripto por el bloque Unión por la Patria por lo que se verá si esa declaración termina siendo votada en la sesión, ya que habían difundido un comunicado en el que le reclamó al presidente venezolano mostrar las actas de votación, por lo que será motivo de otra discusión importante.

El debate caliente que hegemonizará parte de la sesión es sin dudas la polémica generada en torno a la visita de seis legisladores libertarios a Ezeiza para dialogar con represores condenados. Unión por la Patria hace tiempo que pidió la conformación de una comisión investigadora, en busca de sanciones para esos diputados. Por su parte desde LLA habían propuesto en Labor de la sesión fallida una declaración para someter a votación, pero desde el bloque de HCF habían propuesto conformar una comisión para investigar a los diputados oficialistas, que el asunto se resolviera en la Comisión de Peticiones y Reglamento. Como no hubo respuesta del oficialismo, la decisión del espacio de Pichetto fue no dar quórum por el fastidio por “incumplimiento en los acuerdos”.

Otro de los temas incómodos para el oficialismo que se llevarán a discusión es el decreto de necesidad y urgencia por el cual se transfirieron 100.000 millones de pesos a la nueva SIDE en concepto de “fondos reservados”. Incluso, diputados de Encuentro Federal (EF), la UCR y la Coalición Cívica pidieron una sesión para el próximo jueves 15 de agosto a las 10, con el objetivo de que la Cámara de Diputados rechace el DNU 656/2024.

El agravamiento de la situación judicial de Alberto Fernández también se colará en el recinto con la denuncia formal por hechos de violencia de género hecha por Fabiola Yáñez y tras la difusión de videos que muestran al expresidente con Tamara Pettinato en el despacho presidencial durante la pandemia. A ello se le suma la investigación de la Justicia federal al expresidente en un expediente vinculado con la contratación de servicios de seguros por parte del Estado lo complica seriamente.

Se esperaba que esta sesión de la Cámara de Diputados pedida el pasado 8 de julio -antes del receso de invierno- no tuviera problemas de quórum. De hecho, nadie lo imaginaba, teniendo en cuenta que casi todos tenían algo que decir en esta reunión, más allá de un temario acotado de cuestiones específicas. No obstante ello, a las 12.53, más de media hora después de lo previsto -en Labor Parlamentaria se había resuelto extender 15 minutos el horario de inicio de la sesión-, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la reunión ante la convicción de que ni siquiera quienes estaban parados cerca de sus bancas se sentarían. 

Con acompañamiento de bloques dialoguistas como la UCR -que tuvo tres ausentes por enfermedad y licencias-, Innovación Federal, Coalición Cívica y aliados, dentro de los que está el Pro, a La Libertad Avanza no le alcanzó para llegar al número de 129. Hubo bancas vacías en algunos sectores. Pero la clave fue la ausencia del bloque de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, y tiene 16 miembros. 

Claramente Unión por la Patria y la izquierda no habían bajado y fueron los primeros en alertar a Menem sobre el horario excedido, recordándole al presidente del Cuerpo su decisión en el pasado de ser estricto con el reglamento en este sentido. 

Según supo parlamentario.com, el oficialismo no vio venir la decisión del bloque de Pichetto en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó antes de la sesión. Tampoco los otros bloques de la oposición dialoguista. No obstante, una fuente que participó de ese encuentro lo notó "molesto" al legislador. Por el contrario, en LLA dicen que estaba "predispuesto", pidiendo sí que se acorten los tiempos. 

Lourdes Arrieta en su banca, con el libro Nunca Más.

Uno de los temas que anticipaba la polémica para la sesión era la visita de los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza para reunirse con represores detenidos por delitos de lesa humanidad. La Libertad Avanza propuso en Labor una declaración para someter a votación. 

Pero desde el bloque de HCF habían propuesto, ante el pedido de la oposición más dura de conformar una comisión para investigar a los diputados oficialistas, que el asunto se resolviera en la Comisión de Peticiones y Reglamento. No hubo respuesta de LLA a esto. La decisión del espacio de Pichetto envuelve detrás el fastidio por “incumplimiento en los acuerdos”.

De los seis diputados de LLA puestos en el centro de la escena, cinco habían bajado desde el inicio para dar quórum. En su banca, Lourdes Arrieta, una de las que dijo haber ido “engañada” al penal y que en las últimas horas presentó un proyecto propio para conformar una comisión, se sentó en su banca con el libro “Nunca Más”, el informe de la CONADEP que minutos más tarde la diputada Cecilia Moreau dijo que le iba a recomendar leer. Rocío Bonacci, la única ausente en la foto con exmilitares que se viralizó horas antes, llegó caída la sesión con cara de sorpresa por lo ocurrido en el recinto. 

Rocío Bonacci, de tapado rojo, llegó caída la sesión.

Ezeiza: la declaración que quería LLA, pero no tenía acuerdo

Uno de los diputados dialoguistas que participó de Labor Parlamentaria aseguró a este medio que no había habido “acuerdo” sobre cómo se resolvería la cuestión de la visita de los libertarios a Ezeiza en la sesión. “Primero era un texto demasiado lavado, que lo mejoraron en tres oportunidades”, contó un diputado que estuvo presente. Sin embargo, mientras el oficialismo buscaba una salida a través de una declaración, había quienes exigían que se conforme una comisión para el caso. 

El texto al que accedió parlamentario.com expresaba el “más firme e inquebrantable compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina frente a las sistemáticas violaciones de las garantías constitucionales perpetradas por la última dictadura militar entre los años 1976 y 1983”. 

También reafirmaba la “defensa irrenunciable y sin condicionamientos del sistema democrático, los derechos humanos, el orden constitucional y el debido respeto de las sentencias judiciales condenatorias” y expresaba una “profunda preocupación por la visita realizada por un grupo de diputados de La Libertad Avanza al complejo penitenciario de la ciudad de Ezeiza en donde se encuentran detenidos condenados por delito de lesa humanidad”. 

“Los exhortamos a respetar los principios mencionados en los puntos anteriores absteniéndose de realizar acciones o conductas contrarias a lo que expresa esta declaración”, concluía el texto impulsado por el oficialismo. 

La caída de la sesión 

El horario de inicio de la sesión se había pasado a las 12.15, pero pasaban los minutos y las bancas seguían vacías. No era que el recinto estuviera despoblado: muchos diputados estaban presentes, más no sentados. Por eso, pasadas las 12.30 el presidente del Cuerpo comenzó a pedir que se sentaran. Cinco veces lo hizo.

Pasada la media hora, la vicepresidenta primera de la Cámara, Cecilia Moreau, le pasó la factura a Menem al advertirle que así como el 24 de abril pasado, cuando se cayó una sesión pedida por la oposición, sin que el titular de la Cámara se aviniera a esperar ni un minuto la llegada de los diputados faltantes, ahora debía dar por caída la sesión.

Ya el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, había pedido aguardar; lo mismo hizo el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, invocando la presencia de las Madres del Dolor, que estaban allí para asistir al debate de la ampliación del Registro de Datos Genéticos. La kirchnerista Paula Penacca recordó que atento a la presencia de las Madres del Dolor habían pedido adelantar el tratamiento del tema que las traía. Pero aclaró que le parecía que había que “dejar de usufructuar el dolor de la gente”. “Esta sesión está caída, convoque a otra sesión”, exigió.

Fue estéril el pedido de la secretaria parlamentaria del bloque Pro, Silvana Giudici, por seguir aguardando un poco más. Después vino el diputado de la izquierda Nicolás del Caño, que recordó también: “Una sesión que fue pedida, usted la levantó al pasar media hora”. Y aprovechó su minuto para rechazar enfáticamente el plan de labor planteado. 

Bornoroni insistió en pedirles a los diputados que estaban adentro del recinto pero no estaban dando quórum, “así que no les interesa el tema, y quiero que eso lo tomen en cuenta porque es la forma que tienen de legislar”.

“Habiendo superado la media hora, no habiendo quórum, queda levantada la sesión”, dijo finalmente el presidente del Cuerpo, dando lugar al debate en minoría.

Con el pedido de los bloques de La Libertad Avanza y el Pro desde los primeros días de julio, la Presidencia de la Cámara de Diputados oficializó este martes la realización de la sesión especial para el miércoles 7 de agosto a las 12. El temario incluye el paquete de leyes de seguridad.

Será el primer encuentro en el recinto de la Cámara baja tras el receso invernal, en donde el oficialismo y los aliados buscarán hacerse con la media sanción de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, los cuales se destacan las modificaciones a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216 de Armas de Fuego.

Esos proyectos son parte del paquete de seguridad remitido al Congreso por el Gobierno Nacional, los cuales ya cuentan con el despacho de comisiones correspondiente. En total el temario incluye 14 iniciativas, donde además se encuentran el trámite parlamentario con relación a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas.

Completan el temario, los acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Argentina y la República Checa; sobre servicios aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos; y el de cooperación en el sector de la Defensa entre la República Italiana y la República Argentina; el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del Mercosur y estados asociados; y el de cooperación técnica entre la República Argentina y la República de Filipinas.

Por último, se enlistan la convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya; y los tratados extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, y de extradición entre la República Argentina y Rumania; las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional y protocolo complementario.

El oficialismo y el bloque Pro de la Cámara de Diputados pidieron formalmente la realización de una sesión especial para el miércoles 7 de agosto a las 12 para tratar 14 iniciativas entre la que se destacan la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la modificación a la Ley de Armas de Fuego.

El pedido formal lleva las firmas del jefe de bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni y los diputados oficialistas Nicolás Mayoraz, Lisandro Almirón, César Treffinger, Facundo Correa Llano y Nadia Márquez. También está la rúbrica del presidente del bloque Cristian Ritondo, acompañado por Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias y Laura Rodríguez Machado.

El temario está conformado por 14 proyectos de ley y entre los más relevantes están las modificaciones a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216 de Armas de Fuego. Esos proyectos son parte del paquete de seguridad remitido al Congreso por el Ejecutivo, que ya cuentan con dictamen.

Además, se encuentra el trámite parlamentario con relación a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas.

Completan el temario, los acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Argentina y la República Checa; sobre servicios aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos; y el de cooperación en el sector de la Defensa entre la República Italiana y la República Argentina; el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del Mercosur y estados asociados; y el de cooperación técnica entre la República Argentina y la República de Filipinas.

Por último, se enlistan la convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya; y los tratados extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, y de extradición entre la República Argentina y Rumania; las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional y protocolo complementario.

Desde las 11.26, el Senado realiza su quinta sesión del año, conducida en el arranque por el presidente provisional Bartolomé Abdala, con un temario que incluye pliegos con ascensos militares y diplomáticos, la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado contra la AMIA y un proyecto que busca aumentar penas para el delito de compra y venta de niños, tema instalado en el centro de la agenda mediática a partir del caso de Loan Peña.

Además del tramo habitual de homenajes y cuestiones de privilegio, el interbloque de Unión por la Patria ya adelantó que intentará incorporar sobre tablas el proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria -que prevé una recomposición del 8,1% para los haberes previsionales-, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue votado a favor por toda la oposición, excepto el Pro, aliado del oficialismo. En caso de eventualmente ser ley, el presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará, al considerar que atenta contra el equilibrio fiscal.

La iniciativa comenzó a tratarse en comisiones este miércoles, con la decisión de La Libertad Avanza de estirar la discusión. A ello se sumó que desde la UCR y el peronismo federal presentaron proyectos alternativos. Para sumarlo al temario en la sesión se requiere contar con dos tercios de los presentes. A UP le faltarían 15 senadores más si hay asistencia perfecta. El radicalismo ya adelantó que esperará a que haya dictamen, con lo cual forzar el tratamiento fracasaría.

En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del niño de 5 años Loan Danilo Peña, se trata de un iniciativa impulsada por la senadora radical Carolina Losada.

A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

En vísperas del 30° aniversario del atentado a la AMIA, se convertirá en ley un proyecto venido de Diputados que declara al 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las 85 víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía. El texto agrega que ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, además de actividades conmemorativas que deberán realizarse en las escuelas.

En la madrugada de este viernes y en una maratónica sesión, el oficialismo logró restituir el título V de impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría del paquete fiscal, que había sido rechazada en el Senado, con 136 votos afirmativos, 116 negativos y 3 abstenciones.

Junto a los 37 de la Libertad Avanza, votaron a favor el Pro (36), la UCR (25), Hacemos Coalición Federal (12), 7 de Innovación Federal y 5 de la CC-ARI Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Paula Oliveto.

También contó con los 3 diputados del MID, las 2 de Buenos Aires Libre y las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo; los 3 tucumanos de Independencia y el monobloque de Creo (Paula Omodeo).

El acompañamiento no solo fue por parte de bloques dialoguistas, también votaron a favor los tres diputados catamarqueños de Unión por la Patria Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Noblega, que responden al gobernador de su provincia Raúl Jalil.

Los votos en contra fueron 116, de los cuales UP aportó 95 votos para el rechazo, los 5 de la izquierda; 4 de HCF Jorge Ávila (Chubut), Natalia de la Sota (Córdoba), Mónica Fein (Sant Fe), Esteban Paulón (Santa Fe); 8 de la UCR Fernando Carbajal (Formosa), Ana Carla Carrizo, Mariela Colettta, Marcela Coli (La Pampa), Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela y Martín Tetaz; el rionegrino de Innovación Federal Agustín Domingo, el santacruceño Sergio Acevedo; del Pro Ana Clara Romero y Osvaldo Llancafilo del MPN.

Las abstenciones fueron de Mónica Frade (CC-ARI), la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP) y la radical Roxana Reyes (Santa Cruz).

En el cierre de bloques durante la sesión de este jueves en el debate por la ley Bases y el Paquete fiscal, el titular de la bancada radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, esgrimió cinco motivos para apoyar la ley Bases: “Nos parece democrático y correcto otorgarle herramientas al Gobierno”.

“Tengo la sensación de un deja vu, un juego de la oca que avanza dos pasos y retrocede uno. Ha sido muy extensa la demora de estos textos, pero ponernos a dilucidar en ello no conduce a nada. Se ha sido obstruccionismo de una oposición que está siempre presta y lista para impedir que el Gobierno avance o negligencia de un Gobierno que carece de expertiz, de técnica o de gestión, no nos lleva a ningún lado”, reflexionó el radical.

Así, afirmó: “Nuestro bloque va a acompañar por una amplísima mayoría estos textos. La versión que viene del Senado de la ley Bases y va a insistir por amplia mayoría con la versión que aprobó esta cámara el paquete fiscal”.

El primer motivo explicó: “El más importante es que estamos de acuerdo con los contenidos; delegaciones razonables, privatizaciones necesarias; un cambio en la modernización de la legislación del trabajo para que desafixie la pesada carga de la litigiosidad que cae en las PyMES; un régimen de inversiones que compra una credibilidad que el país no tiene; un cambio de paradigma hidrocarburífero que promete duplicar producción petrolera y gasífera; una recuperación del impuesto a las Ganancias que nunca debió haber sido retirado porque es uno de los tributos más equitativos y progresivos del sistema”.

“La segunda razón es por una cuestión de expectativas porque la sociedad, los mercados, para moverse y evolucionar necesitan de la confianza y me cuesta entender bien tanto argumento opositor cuando cada vez que tuvo media sanción estos textos se han sucedido reacciones económicas favorables”, siguió el cordobés.

En tercer lugar, planteó: “No deja de ser un planteo democrático. Es un Gobierno que asume, que pide determinadas herramientas, que tiene poco tiempo en el ejercicio, que tiene debilidad parlamentaria y nos parece democráticamente correcto otorgárselas”.

“El cuarto argumento para que se acaben los chivos expiatorios y las culas asignadas a factores foráneos y para que se haga cargo el que tiene que gobernar”, agregó y cerró: “Para que demos vuelta una página y terminemos una primera etapa del gobierno que nos ha agobiado a todos. Ha contado con objetivos económicos cumplidos, una secuencia de baja inflacionaria, una disminución de la brecha cambiaria, del riesgo país, y fundamentalmente una eliminación del déficit”.

Promediando su intervención, De Loredo analizó: “Objetivos que se han logrado con prescidencia de gestión, de precisión, de técnica profesional. El ajuste sabemos que no lo pagó la casta, lo están pagando los sectores medios y fundamentalmente los adultos mayores. Las herramientas que nos trajeron hasta acá no van a ser las mismas que se necesitan para afrontar los desafíos presentes y futuros como la presión devaluatoria, el atraso cambiario, la profunda recesión y la gente sustituye su principal problema que era el inflacionario por el desempleo”.

En tanto, bregó para que ”la segunda etapa tenga gestión, que ocupen los cuadros técnicos vacantes, que el futuro que se avecina empiece a cumplimentar ese contrato electoral de bajar paulatinamente los tributos que gravan las exportaciones porque no va a salir Argentina si no exporta más; que cuente con acuerdos con las provincias para ir eliminando el peor de los impuestos de ingresos brutos; que se continúen desarmando esos formatos inequitativos, estériles, proteccionistas que funcionan como esas antiguas estancias, y que encuentre al Gobierno entendiendo que si no hay inversión en el recurso humano de ninguna manera no hay futuro, sin inversión educativa no hay futuro”.

“No queremos integrar su Gobierno, no nos interesan sus cargos, sus embajadas, no somos obstruccionistas, no somos héroes, pero tampoco villanos cuando diferimos”, opinó el radical y tomó las palabras de Freud: “No se puede ser duro contras las corporaciones ni contra la mala política, ni contra las fuerzas que impiden el cambio, ni contra el gasto que despilfarró nuestro futuro, si no se es blando con las personas que están esperando y bancando con ilusión, que es la esperanza atravesada por el deseo”, y cerró: “Apoyamos estas leyes porque nadie se va a salvar solo en Argentina. O empujamos todos para adelante o no se sale”.

El diputado nacional y Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo (UP), planteó en la sesión de este jueves que darle facultades legislativas a Javier Milei es igual que “darle una ametralladora con mira telescópica a un asesino serial”.

En su intervención, Palazzo apuntó: “Estamos tratando un par de leyes propuestas por el co-gobierno del Pro con la LLA. Digo co-gobierno porque gobiernan dos fuerzas presidenciales en el país.  Los integrantes del Pro, Patricia Bullrich y Luis Petri, y el presiente Milei y (Victoria) Villarruel”.

“Digo co-gobierno porque esta es la ley que le preparó Sturzenegger a Bullrich. Quizás por eso les costó tanto a los miembros de la LLA haber podido explicar a sus funcionarios y legisladores esta ley porque no es propia”, denunció.

Palazzo describió: “Es una ley teñida de actos de corrupción porque secuestraron el dictamen de mayoría de la primera ley, se lo robaron, se lo llevaron a un departamento en Recoleta para hacerle modificaciones de lo que ya habían votado. Fue integrantes de bloques que acompañan a la ley bases los que denunciaron carpetazos”.

Así, manifestó que “hubo una profunda extorsión a los gobernadores de las provincias a quienes les sacaron fondos a través de distintas barbaridades jurídicas y burocráticas que hizo el gobierno para luego ponerlos de rodillas y cambien la obra de una rotonda por la dignidad del pueblo y tengan que venir a votarles una ley con la nariz tapada”.

Respecto de la Reforma Laboral, la consideró como “regresiva” porque “pone los beneficios en el sector empresario y la quita de derechos a los trabajadores, pone en situación de despido cuando haya huelga, limita el derecho a huelga, pone a los trabajadores en situación en el marco del Código Civil y no del Contrato de Trabajo; sigue permitiendo el fraude laboral”.

“Tiene una delegación de facultades hacia alguien que en principio dice que viene del más allá a salvarnos del apocalipsis, que luego dice que es un tipo que viene a destruir el Estado y que luego dice que como economista aconseja pagar dólares de forma ilegal”, enumeró.

“Le damos facultades extraordinarias a un presidente que no tiene ni el equilibrio emocional ni la capacidad suficiente de la templanza para conducir los destinos del país. Es como darle una ametralladora con un cargador automático y mira telescópica a un asesino serial, eso es lo que están votando con la delegación de funciones”, comparó.

Para el diputado de UP el capítulo de Ganancias es “una inconstitucionalidad están generando un tributo con el voto de una sola cámara, no solo es ilegítimo, ilegal, anticonstitucional”.

“Son tan mentirosos que siguen diciendo que es 1.800.000 el minino no imponible, con la eliminación de la deducción del artículo 26 inciso X, Y y Z, con la eliminación del artículo 27, del punto 4 al 8 del artículo 82, con la eliminación del artículo 110 y 111 les privan a los trabajadores de que puedan deducir hasta 103.000 pesos de las 25 deducciones que se podían hacer.

Además de haberle mentido a los patagónicos en el Senado para que le acompañen la ley y hoy pierdan el 22% de incremento de las asignaciones y en el mínimo no imponible o los beneficios que tenían petroleros”, cerró.

El diputado radical Fernando Carbajal apuntó contra el Gobierno durante su intervención en la sesión de este jueves en Diputados por la ley Bases: “Parece que pensar distinto es un grave delito y nos acusan de pertenecer a las fuerzas de la oscuridad”.

“No es casual que los miembros informantes de los dictámenes de minoría, dos de ellos, hayan tenido que usar la totalidad de sus exposiciones para fundamentar por qué se puede votar lo que en realidad no se puede votar”, arrancó su alocución.

El formoseño señaló que “es una discusión que se planteó y se complejizó desde el momento en que el Gobierno planteó la necesidad luego de haber perdido la votación en Diputados de reinstalar temas que habían sido rechazados. La verdad es que las interpretaciones jurídicas nunca son neutras, está muy claro que el Gobierno y sus aliados lo que hizo fue buscar cuál es el objetivo político y desde ahí construir la interpretación”.

“Parece que quienes pensamos distinto es un grave delito nos acusan de pertenecer a otros partidos políticos o de estar vendidos a las fuerzas de la oscuridad”, apuntó y planteó: “La verdad es que algunos sencillamente tenemos una mirada constitucional y un modo de interpretar la Constitución que está avalado por innumerables constitucionalistas y por argumentos sólidos”.

Carbajal solicitó enviar un texto de 13 páginas con todos los argumentos jurídicos de constitucionalistas y le respondió a Espert: “Creo que confesó que la norma que van a querer aprobar no tiene el requisito de bicameralidad porque el mecanismo del artículo 81 si contempla la bicameralidad, no es una excepción el mecanismo de la insistencia, toda norma tiene que ser aprobada por ambas cámaras”.

“Cuando la Cámara revisora vota en general y en particular a ley y le hace una adhesión o corrección y lo hace aprobando el texto original y aprobando la corrección a sabiendas de que ese tramo puede no ser aceptado por la Cámara de Origen. Si esta acepta la corrección o adhesión ambas quedan convalidadas. Cuando la Cámara de Origen rechaza la adhesión o corrección queda vigente el texto original aprobado por ambas cámaras y excluida la adhesión que tiene el voto de la Cámara revisora. Solo es ley lo que es aprobado afirmativamente por ambas cámaras”, explicó.

Así, chicaneó: “Yo lo lamento si no consiguieron la mayoría en el Senado, si quizás faltaron embajadas, no sé lo que les faltó, pero no consiguieron mayoría y esto va a ser judicializado por el pueblo”.

“Se ha colado en esta discusión la desmesura que tiene este Gobierno porque comenzó con un acto desmesurado que es el propio acto de la ley Bases. Tardamos 6 meses en aprobarlo porque es un acto irracional pretender que en un solo proyecto de ley hacer la revolución anarco que pretenden, ignorando que acá hay un Congreso donde está representado el 100% de la sociedad argentina que tiene muchas objeciones para hacerle”, manifestó el radical.

Así, resaltó que “los 6 meses no son irresponsabilidad del Congreso sino del Gobierno y su incapacidad de actuar con prudencia porque frente a la aprobación de la ley previsional que planteó el bloque la respuesta del Gobierno de darle un 8% ha sido un insulto y una descalificación porque un viaje a España por motivos personales pagado con fondos públicos se termina convirtiendo en el retiro de la embajadora en este país”.

“Este es el nivel de desmesura en que se encuentra el Gobierno y nosotros, no vamos a caer en esto, por más que nos descalifiquen, por defender la Constitución y no vamos a responder de igual manera señora presidenta. Por más que nos acuse, yo no le voy a responder de igual manera diciendo que quienes tienen la postura contraria están entregados al Gobierno. No lo vamos a hacer, respeto su posición jurídica y debería usted también respetar a los que pensamos distintos sin necesidad de acusarnos de pertenecer a las fuerzas del infierno”, expresó Carbajal.

Por último, bregó recuperar “la prudencia y mesura para discutir los temas que se vienen en el futuro. Estamos dispuesto a hacerlo y esperemos que el Gobierno recuperen la prudencia y mesura para discutir en serio los problemas”.

“Ojalá que esta ley bases, que no creo que sea la solución a todos los problemas, pero vamos a estar discutiendo las verdaderas leyes para generar estabilidad sin pobreza y empleo de calidad”, cerró.

En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado libertario José Luis Espert fue el encargado de defender el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y se apoyó en el artículo 81 de la Constitución Nacional para insistir con la redacción original a fin de restituir los títulos sobre Ganancias y Bienes Personales.

Al inicio de su alocución Espert pidió a la Cámara que “insista” en la redacción original de alguno de los títulos del proyecto de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes sancionado el pasado 30 de abril como Cámara de Origen.

“Los intercambios que hemos visto en los medios en los últimos días están fogoneados por quienes hacen de la interpretación constitucional un juego político decadente. Sobre este tema no debería haber ningún debate porque nuestra Constitución es clara al respecto y por encima de las ideas que cada uno pueda tener, y más como legisladores nacionales, ante todo está la Constitución Nacional”, arrancó y señaló que “como diputados nacionales somos los primeros que tenemos que respetar la Constitución. Si la insistencia fuera inconstitucional, yo sería el primero en decir que no podemos insistir”.

En esa línea, Espert se refirió al ‘principio de especificidad normativa’ que “supuestamente dice que cada ley puede abarcar un único tema específico. Fui al texto constitucional y no hallé eso en ningún lado, pero si encontré en el inciso 12 del artículo 75 que le da la atribución al Congreso de sancionar los códigos de fondo –civil, penal, comercial, laboral, seguridad social- todos estos códigos son leyes ómnibus que tratan multiplicidad de temas, o sea, ninguna especificidad normativa”, y agregó: “No hay en nuestra ley fundamental principio de especificidad normativa, sino que va en sentido totalmente contrario. De otra manera, el inc. 12 del artículo 75 de nuestra Constitución no existiría”.

“Esta alusión a la especificidad normativa no surge de la ley, sino de posturas doctrinarias que están lejas de ser discutidas”, disparó.

En segundo lugar, planteó: “El segundo principio que se argumenta en contra de la posibilidad de que esta Cámara insista es el de ‘doble conforme’ que viene de la mano de una supuesta igualdad entre la Cámara de Origen y la revisora, que ambas tienen el mismo peso y tienen que estar de acuerdo en el mismo texto legislativo. Nuevamente en el texto Constitucional el artículo 81 tal principio no está, sino todo lo contrario”.

“En el recorrido de un proyecto de ley la Cámara de Origen posee un plus de poder frente a la Cámara revisora que es el de insistir en su texto original siempre y cuando se respeten las mayorías que establece la Constitución”, señaló Espert.

En tanto, el economista sostuvo que “los constituyentes ante determinados casos previeron que la Cámara de Origen sea el Senado y en otras sea Diputados ej. en materia de contribuciones artículo 52 la cámara de origen es Diputados porque es la que representa al pueblo y éste se beneficia o perjudica con las leyes impositivas, mismo ocurre con el reclutamiento de tropas. En cambio, sobre la coparticipación de impuestos entre Nación y provincias artículo 75 inc. 2 la Cámara de Origen es el Senado donde están representadas las provincias y son las provincias las que más se perjudican o benefician con los cambios en la coparticipación”.

“El doble conforme puede sonar bien, pero no es el sistema adoptado por nuestra ley fundamental de discrepancias entre las cámaras sobre títulos, capítulos, artículos en particular”, afirmó.

Así, preguntó: “¿Dónde se verifica este ‘doble conforme’ cuando la Cámara de Origen insiste en la redacción original de un artículo luego de que la revisora lo haya modificado sustancialmente?”, a lo que respondió: “No existe. Nuestra Constitución propicia una serie de reglas dinámicas que le permiten a la Cámara de Origen insistir en su redacción original en tanto y en cuanto se cumpla con las mayorías que establece su texto”.

“Estas son las dos falacias de argumentos para decir que la Cámara de Origen no puede insistir aún con los títulos desechados por la Cámara revisora como si se tratara de un rechazo total de un proyecto de ley”, resaltó.

Así, pidió aplicar la primera parte del artículo 81 de la Constitución y “cercenarla a esta Cámara revisora su atribución de insistir en la redacción original”.

“¿Puede una Cámara revisora desechar parcialmente, de manera tal, que la Cámara de Origen no puede insistir en lo que redactó originalmente? El capítulo quinto artículo 77 y 84 de la segunda parte de la Constitución expone los actores que intervienen en la formación y sanción de las leyes. Deja muy en claro que solo la facultad expresa de desechar parcialmente un proyecto es del Poder Ejecutivo artículo 80 y 83, ninguna cámara posee esta facultad”, planteó.

Además, Espert se basó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual dice que “cabe señalar que es principio de ordenamiento Constitucional que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan conferido expresamente”; apeló al artículo 19 de la Constitución y resaltó que “habla de facultades expresamente conferidas y en ninguna parte de la Constitución se le confiere a alguna de las cámaras la facultad de rechazar parcialmente un proyecto. Si la Cámara revisora no tiene esa facultad de acuerdo con la Constitución no puede rechazar de manera parcial un proyecto, de manera tal que la Cámara de origen no lo puede insistir en su redacción original”.

“¿Qué sucede cuando la Cámara revisora le devuelve a la de origen un proyecto de ley con algún artículo eliminado o título completo? Algunos juristas ven aquí una ‘laguna constitucional’, sin embargo, ven más bien un espejismo porque la Corte Suprema nuevamente ha dicho que no puede presumirse la falta de previsión de un legislador”, manifestó el libertario y cuestionó: “Algunos pretenden solucionar estas supuestas algunas equiparando y asimilando los efectos de una eliminación a los de un rechazo total”.

Promediando su intervención, el economista leyó el artículo 81 de la CN que establece: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”.

“Más allá de las apariencias acá no hay un debate constitucional genuino, lo que hay es una dinámica por la cual se utiliza una interpretación constitucional para encubrir intereses políticos, juego de tironeos, confusión, estiramiento conceptual”, denunció y cerró: “Todas las familias esperan que insistamos en el proyecto original, que no es inconstitucional, vienen a marcar un nuevo horizonte para el país y un nuevo punto de inflexión y tenemos que hacerlos para crear las condiciones de una argentina próspera y salir del pozo de villa miseria donde nos hundió el kirchnerismo. Vamos a insistir con los dos títulos del paquete fiscal, de Ganancias y Bienes Personales”.

“Voy a votar en contra de la ley Bases”, adelantó el senador nacional Martín Lousteau (UCR) en la sesión de este miércoles tras una larga exposición en la que criticó fuertemente el proyecto de ley Bases del oficialismo porque “hay poco y nada en el proyecto que les cambie la vida a los jubilados, a la clase media, PyMES”, defendió su dictamen de minoría y apuntó contra el RIGI.

El radical remarcó que “estamos debatiendo la primera de las dos iniciativas del Gobierno”, y aclaró: “Porque el miembro informante dijo que no se le aprobó ninguna ley a Milei, pero este Gobierno solo mandó dos leyes y 25 DNU”.

El porteño denunció que “en conversaciones con funcionarios mientras se debatía esto yo dije que era una ley muy difícil de tratar y me respondieron que está hecho a propósito para que sea difícil para ustedes tratarla”, y cuestionó: “Mientras tenemos dos megas leyes que son muy difíciles de tratar y por eso lleva tiempo tratarlas bien, hay 25 DNU”.

“Lo que estamos tratando ahora es la denominada Ley Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los argentinos, pero ¿para quién es esa libertad y para quién no?”, preguntó.

Así, planteó: “Es importante pensar qué está pasando. Si es cierto que este Gobierno recibió una herencia desastrosa y que parte de lo que está pasando es por culpa de esa herencia. También es cierto que el Gobierno decidió abordar esa herencia de determinada manera y parte de lo que pasa es cómo decidió abordar la herencia y las dificultades”.

“Había muchos precios desalineados y el Gobierno decidió alinearlos todos de golpe, entre ello hizo una mega devaluación seguida de una abrupta apreciación que hizo que perdiéramos la competitividad de devaluación muy rápido. Esa devaluación lo que hizo fue generar más inflación y se liberaron precios como los de las naftas, transporte, energía, prepagas, alimentos, medicamentos y todo eso hizo que cayera el poder adquisitivo”, criticó el radical.

El senador continuó detallando que “los salarios registrados cayeron 21% perdieron uno de cada cinco pesos, las jubilaciones perdieron 33% uno de cada 10 pesos, el mínimo vital y móvil perdió 30%. Además, producto de la inflación, políticas de tasas de interés y de la política de depreciación cambiaria paulatina los ahorros de todos los argentinos perdieron poder adquisitivo si lo tenían en plazo fijo, en dólares”.

“Estamos viendo una caída que el Banco Mundial estima para este año del PBI del 3,5%, una pérdida de 95 mil puestos de trabajo de empleo registrado, estamos viendo una caída de 20 mil puestos de trabajo en el sector público, hay una caída de más de 250 mil cuentas sueldo, hay un aumento estimado de la pobreza en 4,5 millones de personas en el país; la recesión que estamos viviendo tiene la magnitud de la del 2001, la clase media está tratando de mantener su prepaga, su auto y escuela, mientras que en todo el resto están pasando una motosierra por su economía”, alertó.

En tanto, Lousteau criticó: “El gobierno sostiene que esta ley Bases es un punto de despegue y es lo que hace falta para que el país crezca definitivamente, pero ya lo dijo con el DNU que está vigente y no pasó nada de eso, pero si pasó que aumentó la nafta, aumentaron las prepagas y desapareció el desfinanciamiento universitario”.

“Hay poco y nada en la ley Bases que le cambie la vida a los jubilados, a la clase media, PyMES”, remarcó y sumó: “Queremos tener equilibrio fiscal, pero no que lo paguen los jubilados. Queremos una reforma del Estado, pero no eliminando la educación pública. Queremos más auditorías para saber cuánto gasta el Gobierno, pero no dejando de cuidar a los que no tienen para comer. Queremos abrir las puertas a las grandes inversiones, pero no a costa de regalarles el país”.

El porteño afirmó: “Este proyecto tiene más vicios que virtudes”, y apuntó contra el RIGI: “En esta ley a las grandes empresas se les da todo y ahora y para siempre, a los jubilados se les dice que tienen que esperar. A las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años y en el paquete fiscal para los más millonarios hay menos impuestos y estabilidad por 15 años, pero los jubilados que aportaron 30 años no saben ni si quiera cuánto van cobrar el mes que viene. Hay plata para los más ricos, pero para los mayores que aportaron y no llegaron a 30 años en la media sanción se sacaba la posibilidad de que accedan a una jubilación”.

“En la propuesta del oficialismo no hay ninguna sola medida para los jubilados, PyMES, ni clase media, ni educación ni para la salud”, ratificó.

El porteño recordó que hace tiempo solicitó que se incorpore las actualizaciones de los haberes de los jubilados y que presentó un proyecto de ley que no se trató nunca en comisión. “En el dictamen tienen una recomposición a los jubilados. Muchos dicen que es cara, pero fíjense lo que dice la OPC que tiene el mismo costo fiscal que la baja de los impuestos a los bienes personales”, manifestó.

“El Gobierno se llena la boca hablando de eliminar las jubilaciones de privilegio, pero solo la de presidente y vice para adelante”, apuntó y comparó: “En mi dictamen abordamos todas las jubilaciones de privilegio”.

A su vez, disparó: “Es un Gobierno que se llena la boca hablando de Alberti y Roca para poner cuadros, renombrar cosas, por todos lados, pero para redactar las leyes, pero la educación no entra nunca, Roca y Alberdi para redactar leyes”.

“¿La educación no forma parte de la ley Bases?”, preguntó y recordó: “Por eso propusimos que se incluya un capítulo que garantice el financiamiento de las universidades, pero nos dijeron que no”, por lo que cuestionó: “El Gobierno dice que resolvió el tema del financiamiento, pero lo único que hizo fue actualizar una parte muy pequeña que son los gastos de funcionamiento y se olvidan de los docentes, de los investigadores, de la maestranza. Nosotros incluimos todo un capítulo para garantizar y financiar la educación en particular los gastos de funcionamiento y los sueldos docentes. Hacemos de la educación un servicio esencial para que los chicos no pierdan clases”.

En esa línea, siguió enumerando: “Otra ausencia en la propuesta del Ejecutivo es la falta de preocupación infraestructura del país, nos acabamos de enterar que lo van a incorporar con otra redacción de menor amplitud un capítulo que identifique cuáles son las obras públicas pronto a terminarse porque es más caro dejarlas caer que terminarlas”.

“Hay 6 mil obras públicas paradas. Hay plata para regalarles a las empresas, pero no para terminar las obras. Propusimos que las que tenían 75% se terminaran porque ya vimos lo que implica abandonar la obra pública. El oficialismo parece no entender que cuando se abandona la obra pública cuando en vez de planificarla, decide abandonarla y después tenemos más costos”, enfatizó.

El radical comentó: “Pedimos siempre sumar estas cosas, pero siempre la respuesta fue no. Si no pueden considerar a los jubilados, a las PyMES, a la educación, a la obra pública, tengan la decencia de no darle plata a los que más tienen. Casi todo lo que hay en la propuesta de ley Bases destila una construcción de privilegios para muy pocos, la concepción de que el Estado tiene que estar para defender a los más grandes y ausentarse de cuidar a los más débiles”.

“Este es un proyecto que no pudo ser defendido por los funcionarios que vinieron y cuando tratamos los temas específicos no hubo casi ninguna voz de expertos que defendieran la ley Bases”.

El porteño advirtió que “esta ley refuerza una casta de privilegiados que tienen mucha capacidad de presión sobre los gobiernos”, y señaló que “así están pensadas casi todas las cosas como la Reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, hay cosas disfrazadas como la gratuidad de los trámites, existe la posibilidad de que hoy los grandes laboratorios cuando tengan que escribir sus nuevos medicamentos y desarrollos en ANMAT no paguen, cuando tengan que inscribir nueva propiedad intelectual en el IMPI no paguen, que cuando hacen un gran desarrollo inmobiliario no paguen propiedad, ¿todos los argentinos tenemos que pagar por todo eso?”.

“Hay otras cosas que operan en la misma dirección como el pago previo de multas, silencio administrativo, la confianza legítima, la revocación de actos administrativos, la eliminación de audiencias públicas o la no protección ambiental. Todo esto favor a quienes tienen más poder que otros en su relación con el Estado”, agregó.

También indicó que “la Ley de Procedimiento Administrativo pedimos que se trajera aparte porque es la columna vertebral de cómo opera nuestro Estado y valía la pena debatirlo de otra manera y propusimos modificar eso que se trajo”.

“Así está pensado el RIGI, la reforma del Estado, la intervención sobre el sistema tecnológico, la cultura, el banco de datos genéticos, porque el artículo 3 puede modificar las funciones, las misiones, responsabilidades legales, no se pueden disolver, pero se los puede transformar en cualquier cosa”, enumeró y advirtió que “así está hecha la media reforma laboral que favorece a aquellos que no registran a trabajadores, disminuye en tema de dinero a quien despide por discriminación y ceden en ciertas formas a los gremios”.

El senador consideró: “Todos coincidimos que Argentina tiene que traer grandes inversiones, pero este RIGI como está planteado da más de lo que las empresas piden, no es para desarrollar sectores estratégicos, dar estabilidad y menos impuestos durante un tiempo muy largo a sectores que sí lo necesitan, sino que lo hace para todos, no sabemos cuál va a ser el impacto fiscal, cómo va a afectar al que ya está produciendo y competir deslealmente con alguien nuevo”.

“Este régimen es más generoso y diferencial que cualquier régimen que exista en cualquier parte del mundo. Es una gran distorsión de todos los mercados”

Lousteau precisó que “se les baja ganancias, dividendos, se les permite utilizar los créditos de IVA para pagar cualquier impuesto, se les baja créditos y débitos, sacan retenciones, bajan ingresos brutos, se les permite no traer los dólares cuando exportan a la Argentina y le dan acceso al dólar oficial, pueden importar cualquier cosa a cualquier costo y sin control, se les da la prioridad sobre los recursos estratégicos por 30 años. Solamente a los que invierten más de 200 millones, a los que ya invirtieron nada”.

“Los que invirtieron antes tienen competencia desleal y las PyMES argentinas van a seguir teniendo una carga desmedida en comparación con las grandes empresas y van a tener que competir con importaciones sin controles ni aranceles”, cuestionó y agregó: “Hay países que atraen grandes inversiones, pero no lo hacen de esta manera. Tenemos que aprender de ellos”.

“No se puede pasar de espantar las inversiones a regalarles todo. En el medio hay todo, formas de abordarlos con más rigurosidad. Ese es el tipo de libertades que da la ley Bases”, analizó y alertó que “aprobar el RIGI es aprobar una legislación que es a favor de los más poderosos. Se les da triple garantías a los que ingresan al RIGI”.

“Muchos de esos cambios no son de fondo, son cosméticos. Queremos un RIGI que no sea un enclave y desconectada de la producción, fue una de las críticas más fuertes y se resolvió con que tiene que presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, pero el que lo aprueba es el Gobierno que tiene 45 días. Se deja abierta la importación para cualquier cosa que compita con lo local. No veo que eso resuelva el problema de fondo”, manifestó el senador.

El presidente de la UCR afirmó: “Queremos impulsar un cambio que tenga mayor justicia en esa orientación de ese cambio”, y procedió a explicar su dictamen de minoría: “Tiene delegaciones administrativas, pero no para hacer cualquier cosa; permite privatizaciones, pero exigiendo cuestiones adicionales para evitar errores del pasado; tiene una reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo, pero corregidas para evitar los excesos de las grandes empresas contra el Estado, tiene un capítulo de energía, uno para estimular las grandes inversiones, pero sin beneficios abusivos y dar prioridad sobre recursos a las empresas por sobre la gente; contiene una reforma laboral más ambiciosa e integral; en la previsional además de incluir recomposición de jubilaciones, no eliminamos la moratoria previsional sino que la reemplazamos por un régimen más definitivo y prestación previsional”.

Lousteau recordó: “Nunca voté las facultades delegadas porque implica darle al gobierno un poder muy grande para que haga cualquier cosa sin debatir con el resto de la sociedad y se conjuga con no tener un presupuesto y ya vimos lo que pasa.  No le daría facultades delegadas y emergencias a un presidente que diga que viene a destruir el Estado”.

“¿Esto corrige los errores del pasado? ¿hacia dónde vamos con estas iniciativas?”, preguntó y cerró: “Yo pienso que pasamos de un Estado que hacía mucho y mal, a uno que hace poco y mal. La ley Bases le da al Gobierno carta libre para hacer cualquier cosa, está pidiendo un cheque en blanco para que decida hacer lo que quiera”.

“Voy a votar en contra de la ley Bases como está porque hay muchas cosas por corregir y cambiar de la ley”, adelantó y finalizó: "Gestionar mejor no es apagar el Estado, Argentina necesita desburocratizar su Estado, pero eso no es romperlo ni dejar de gestionar. Necesitamos un Estado que brinde seguridad, justicia, salud, educación, jubilaciones, infraestructura de calidad, necesitamos las dos cosas, no una sola".

Una jornada atípica se espera para este martes en la Cámara baja, donde han sido convocadas dos sesiones especiales. Pero a diferencia de lo que podría esperarse, no se trata esta vez de sesiones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición, sino de sendas reuniones pedidas por la oposición.

La duda está planteada en si todos los sectores de la oposición darán o no quórum, y en ese sentido corre con ventaja la primera sesión convocada para las 11 de la mañana.

Esa convocatoria corresponde al bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El temario de esa sesión incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un mismo despacho.

Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP, el de mayoría; otro de la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

La oposición no se pudo poner de acuerdo durante el debate en comisiones. La gran diferencia entre los dos primeros dictámenes radica en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), al que Unión por la Patria no quiere tocar, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme.

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más.

El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

¿Una sola sesión?

La oposición “dialoguista” da por descontado que conseguirá quórum para la sesión de las 11. “Nosotros lo damos, por supuesto, y también el resto de los convocantes a la sesión”, señaló una fuente radical consultada, en referencia a Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Todos ellos, más la izquierda y los santacruceños, suman 71. Por eso, que haya quórum dependerá de que Unión por la Patria baje o no a esa hora.

Ahora bien, si hay quórum y la sesión puede realizarse, ¿qué sucederá con la sesión de las 14, pedida por UP para tratar temas educativos?

El bloque radical ya había dejado claro que querían dedicar este martes a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que pidió después sesionar ese mismo día, para tratar un temario que también incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero además la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya anticiparon que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

¿No darán quórum en ese caso los radicales, para no quedar haciéndole el juego a UP? La especulación que hacen en el propio partido centenario es que el debate sobre la cuestión previsional se extenderá a lo largo de todo el día, obligando a una postergación de la cuestión educativa.

“No vemos la necesidad de meter todo el mismo día”, explicó una fuente radical consultada.

A propósito de la cuestión educativa, sobre la restitución del FONID cabe consignar que en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

El oficialismo logró esta semana sacar despacho de comisión de los proyectos de ley Bases y el paquete fiscal en el Senado que serán llevados al recinto, según el vocero presidencial Manuel Adorni, en la semana del 10 de junio.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada el portavoz celebró el dictamen y destacó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “La magnífica labor que viene llevando Francos, quien en pocas horas desde que asumió su función cumplió con los objetivos que le encomendó el presidente en virtud de terminar de destrabar el dictamen de las dos leyes”.

Al ser consultado por las fechas que baraja la Libertad Avanza para poder sesionar Adorni confirmó: “Existen muchas posibilidades de que se debata en el recinto la semana del 10 de junio y por supuesto se apruebe con modificaciones o no y veremos cómo sigue el trámite legislativo”.

“Francos desde la gestión ha demostrado en pocos meses lo impensado que es haber impulsado dos leyes haberlo logrado en estas circunstancias de inferioridad numérica clara en ambas cámaras eso habla por sí solo”, agregó.

El despacho de la ley de Bases fue firmado -sin disidencias- por los libertarios Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto; el jefe de Cambio Federal, Juan Carlos Romero; la monobloquista tucumana Beatriz Ávila; los macristas Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero; los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri; y la misionera Sonia Rojas Decut.

En tanto, con disidencias lo hicieron los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama, Víctor Zimmermann y Pablo Blanco; la chubutense Andrea Cristina (CF); la neuquina Lucila Crexell (CN); la cordobesa Alejandra Vigo (UF); la rionegrina Mónica Silva (JSRN); el santacruceño José Carambia (PSC); la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro); y el entrerriano Edgardo Kueider (UF). Este último escribió “en disconformidad”.

En tanto, en el dictamen del paquete fiscal suscribieron el presidente de la Comisión de Presupuesto y jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche; Juan Carlos Romero; y lo hicieron con disidencias parciales los radicales Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Flavio Fama; Guadalupe Tagliaferri, Alejandra Vigo, Andrea Cristina y Mónica Silva.

Los despachos se oficializaron este jueves, exactamente a un mes de la votación de ambas leyes en la Cámara de Diputados, lugar a donde los proyectos volverán con modificaciones. La lupa en la votación en particular en la Cámara alta estará sobre aquellos puntos que el oficialismo no aceptó cambiar.

Exfuncionarios de la gestión Cambiemos -luego diputados del interbloque Juntos por el Cambio-, Alejandro Finocchiaro (Pro) y el jefe de bancada radical Rodrigo de Loredo protagonizaron un áspero cruce donde se acusaron e ironizaron respecto a sus trayectorias políticas al inicio del pedido de emplazamiento del temario de la sesión de este martes.

En su rol como presidente de la Comisión de Educación, Finocchiaro catalogó a esta sesión como “ridícula, ignominiosa, desprolija y grave”. Agregó, además, que “son todos temas que están en la comisión que presido y hay cuestiones en el temario que ya fueron resueltas por el Gobierno Nacional”, en alusión al incremento del presupuesto de las universidades nacionales.

Mientras era interrumpido por diputados de UP y la UCR -Martín Menem reiteró en tres oportunidades el pedido de silencio-, el exministro de Educación (2017 -2019) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri señaló que esta sesión “le está dando la oportunidad al kirchnerismo de mostrar cuánto les preocupa la educación, cuando –en realidad- su brazo sindical va a dejar sin clases el jueves a todos los chicos de nuestro país”.

Asimismo, siguió: “El objetivo del kirchnerismo no es el presupuesto universitario, es emplazar para que se trate el FONID (Fondo de Incentivo Docente), que es un mal concepto porque es dinero en negro que deben pagar los gobernadores y no el Estado nacional”. “El FONID ha dejado desde un billón hasta 1.4 billones de déficit”, aseveró.

De ese modo, remarcó su postura en relación a que todos estos temas debían arribar al recinto siguiendo el camino en el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda (presidida por el liberal José Luis Espert) que había sido convocada para este jueves 23 a las 16.

Nuevamente, el titular de Educación en la Cámara baja repasó el camino de los proyectos en comisiones y aludió que “el viernes a última hora (momento en que se difundió la convocatoria del radicalismo para sesionar los textos sin dictamen) la sesión se gestó de forma ignominiosa”.

En su relato, Finocchiaro aseguró que “estábamos encaminados a un dictamen”, y agregó que hubo un acuerdo entre distintos diputados y Espert (en su rol como presidente de Presupuesto y Hacienda) para levantar la sesión de este martes si es que había una convocatoria a reunión plenaria. Sin embargo, el pedido de sesión salió igual.

Cabe aclarar que, durante el fin de semana, la fecha establecida para la reunión plenaria en cuestión figuraba en la web oficial del Cuerpo para el jueves 28 de mayo por la tarde. El lunes fue corregido para el día 23.

Con relación a esta reunión entre bloques y los titulares de Educación y Presupuesto y Hacienda, Finocchiaro relató que “le pregunté al señor Rodrigo de Loredo si esto era así (levantar la sesión a partir del plenario) y su respuesta fue ‘sí Ale’”. “Quiere decir que el diputado De Loredo faltó a su palabra”, apuntó el macrista.

El exministro de Educación enfatizó: “Me dirijo formalmente ante toda esta Cámara a decir que De Loredo faltó a su palabra”. “Estoy hablando de él y no hago mención de ningún hombre y mujer ni en el pasado ni en la actualidad de la Unión Cívica Radical. Que conste”, añadió.

En medio de gritos de las bancadas radicales y de UP, señaló que “quienes burlan no entienden el profundo valor que la palabra empeñada tiene en la política porque para mí es muy importante la palabra empañada”.

Así las cosas, ironizó: “Quien sabe que culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto”. Siguió, en el mismo sentido, que “entiendo que después de todo lo que dije De Loredo se va a sentir sentido aludido”.

Para terminar sus cuestionamientos contra el jefe de bancada radical, sumó: “Quiero, por su intermedio señor presidente (dirigido a Menem), manifestarle al diputado De Loredo que no solo tengo honor para mantener mi palabra, sino que tengo coraje y hombría de bien para mantener mis dichos”.

La respuesta del jefe de bancada radical

Concepción de la palabra mediante, la respuesta del titular de bloque radical, Rodrigo de Loredo, no se hizo esperar. “Si algo me ha caracterizado es haber tenido y tener siempre sentido crítico de uno mismo y de las trayectorias que cada dirigente tiene”, empezó.

En medio de interrupciones y el pedido de compañera de bloque Soledad Carrizo de hacer silencio, el cordobés, quien supo ser el titular de Arsat en los cuatro años de gestión macrista, agregó que “no tenía pensado estas digresiones, pero al ser directamente mencionando voy a contestar brevemente”.

“En Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar que define a la honorabilidad como el orgullo atravesado por la ética, no veo en las palabras de Finocchiaro de ninguna manera una actitud honorable”, contestó el radical, y sumó: “Falta absolutamente a la verdad en sus términos”.

A su vez, el cordobés se guardaba un pase de factura por la gestión de exministro y apuntó: “Con aciertos y errores trato de cultivar un sentido crítico y soy un férreo defensor del gobierno que me tocó integrar porque hemos tenido un rumbo acertado, pero faltó tiempo”.

Y siguió: “Destaco los errores y siempre visibilice un gobierno que pecó de ‘porteñocentrismo’ que subestimó la política, pero ha llegado la hora de que haga público una de las autocríticas que tuve por haber integrado ese gobierno que es el bajo nivel de su ministro de Educación”.

El presidente de bloque radical aseveró: “Queda claramente expresado por la carencia de educación en un hecho que, en mis años como representante parlamentario, fue pocas veces visto”. “Que se haga cargo de sus expresiones”, reiteró.

También, respondió al relato del encuentro del viernes: “Esas reuniones nocturnas a las que usted le asigna una relevancia tan trascedente y además las falsea, no son a las que le damos prioridad”. “Nosotros le damos prioridad a las reuniones de día y con la luz prendida y la palabra en público”, expresó.

A su vez, defendió el pedido de sesión y ratificó que “estamos acá por una cuestión de tiempo porque el tiempo está pasando y las soluciones no aparecen”. “Ha pasado un mes de la marcha más relevantes de la cual el Gobierno tomó nota”, agregó.

Describió, además, al retraso del tratamiento de los proyectos de educación superior en comisiones como “una actitud pseudo-extorsiva”. “Han querido fragmentar el sistema universitario en su solidaridad”, explicó De Loredo.

Finalmente, apuntó contra el Gobierno Nacional: “El núcleo duro del argumento comunicacional de ustedes que estira la paciencia de la gente es que habrá luz al final del túnel y es un argumento de tiempo, pero el desfinanciamiento de la educación augura un fracaso de país”.

En el cierre, el jefe de bancada radical dejó asentada la moción de emplazamiento para tratar los proyectos en el plenario del jueves 23 a las 16 “con la obligación de emitir dictamen”. También, auguró por el inicio del debate los textos que restablecen la vigencia del FONID para el próximo martes.

En el inicio de la sesión especial que tratará el incremento al presupuesto universitario, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP –Santa Fe) presentó una cuestión de privilegio contra el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, por la situación de Trenes Argentinos y los servicios de colectivos en AMBA y en el interior en los últimos meses.

Tras el accidente de trenes de la línea San Martín ocurrido en Palermo hace unas semanas, el santafesino acusó al Gabinete Nacional: “Van por la liquidación de un servicio, el del transporte ferroviario”, y agregó: “Es un servicio que en el mundo se aprecia y se valora por su rentabilidad social y por sus externalidades”.

Acto seguido, el diputado opositor leyó varios recortes periódicos respecto a “despidos, ramales que dejan de funcionar, mal funcionamiento del Tren Roca, demoras y menor frecuencia en el Tren Sarmiento, el San Martín sin frecuencia, el cierre del tren a Tandil, el desfinanciamiento por falta de recursos, un choque de trenes y un maquinista del San Martín que dijo que desde el 10 diciembre se suspendió todo tipo de mantenimiento”, entre varios más.

En esa línea, se dirigió al titular del Cuerpo, Martín Menem, y señaló: “Es de manual y este manual lo escribió hace mucho tiempo su tío, señor presidente”. “Están degradando los servicios de trenes adrede para justificar su eventual privatización o directamente su eliminación”, aseveró.

Del mismo modo, remarcó que desde que asumió este gobierno “se anunció la eliminación del subsidio automotor a los transportes de pasajeros y la eliminación del Fondo Compensador”. En rigor, sumó: “La consecuencia es que los gobiernos locales aumenten las tarifas de boletos y las empresas saquen unidades de la calle para que le cierren los números afectando al AMBA y al interior”.

Por último, Toniolli cerró: “Me gustaría preguntarle a Mogettta y a Luis Caputo cómo se van a mover los argentinos, cómo van a ir a la escuela los chicos y cómo van a ir a la universidad”. “Queremos la presencia (del secretario de Trasporte) para que explique el desastre que están haciendo con el transporte de colectivos y de pasajeros”.

Finalmente fue oficializada la sesión especial de este martes a las 14 que había sido convocada por el bloque radical -en su totalidad- para tratar los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa, los cuales llegan al recinto sin despacho de comisión.

El pedido formal había sido elevado por el bloque radical y tiene un temario con proyectos impulsados por la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de la salteña Pamela Calletti (jefa de bloque de Innovación Federal).

Con la intención de frenar la sesión, el oficialismo había convocado a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para continuar el debate el próximo jueves a las 16. Sin embargo, entre varias idas y vueltas de este lunes, los radicales optaron por ir directamente al recinto.

En las primeras horas de este lunes, desde el bloque de Unión por la Patria confirmaron que darán quórum “coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses”. Del mismo modo, anticiparon que pedirán incluir el debate sobre los proyectos que buscan reestablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Según pudo saber parlamentario.com, la confirmación de la sesión especial estaba sujeta al resultado de “una conversación de los rectores de universidades y el Gobierno con el propósito de ver si se encuentra solución a la actualización del presupuesto universitario para este año”. En efecto, esto no fue reparado.

A última hora del viernes, el bloque radical había elevado la convocatoria formal con la firma de sus 34 integrantes en respuesta al comunicado del Ministerio de Capital Humano que informaba que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado”.

En el mencionado comunicado difundido, se indica que como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, “el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país”.

Agregaron, además, que “se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a $5.926.971.777 se incrementa a $14.224.732.213”.

Para el bloque radical, esto no soluciona el problema, pues el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias.

En tal sentido, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Luego de la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril, y la posterior sesión trunca, donde la mayor parte de la UCR no acompañó, se estableció una agenda de trabajo en la Comisión de Educación para avanzar con los proyectos presentados por UP, el FIT y el radicalismo. "Están retrasando el dictamen porque no tienen el aval del Gobierno", había deslizado a este medio

Posterior a la sesión trunca, cuatro fueron las reuniones que se llevaron a cabo en la comisión que preside el macrista Alejandro Finocchiaro. Sin embargo, no hubo señales de dictaminar hasta el pedido de sesión de los radicales, pues este lunes el oficialismo convocó a un plenario de Educación y Presupuesto y Hacienda para desactivar la llegada de los proyectos al recinto. El radicalismo ratificó su idea de sesionar.

El temario con proyectos sin dictamen

Fueron ratificados en el temario de la sesión la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá (FIT); una actualización presupuestaria de Mónica Litza (UP); y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.

También, figuran un texto sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro (UP); las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP); la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria (UP); y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

Ahora bien, según lo indica el artículo 113 del inciso 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, para que sean aprobados los proyectos que arriban al recinto sin despacho de comisión requieren del voto afirmativo de los dos tercios de los presentes en la sesión. En otras palabras, si asistieran este martes los 257 legisladores, se necesitarán 170 voluntades a favor.

Tal cual informó este medio, ese número solo se podría alcanzar si la totalidad de la oposición más dura y los bloques dialoguistas (Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, los dos de Santa Cruz y el neuquino Osvaldo Llancafilo sumados a los mencionados anteriormente), acompañaran con su voto afirmativo. De todos modos, el número es proporcional a los legisladores presentes en el recinto.

El primer intento del Gobierno de avanzar con la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, allá por el verano, terminó como terminó: con un impasse que se reanudó a partir de que el 1° de marzo el presidente le dio al Congreso “una nueva oportunidad”, que esta semana tuvo su correlato exitoso para el oficialismo, con la media sanción alcanzada. Pero esa vez le permitió al menos a los libertarios abrir una grieta no menos significativa en el seno del bloque Unión por la Patria, donde tres de sus miembros se separaron de la bancada que conduce Germán Martínez.

Hablamos de los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, que a partir de ese intento fallido de avanzar con la ley ómnibus tomaron un rol independiente respecto de la principal oposición en ambas cámaras y formaron un bloque propio de tres, denominado precisamente “Independencia”.

Por eso había singular expectativa esta vez, para ver si el renovado avance con las leyes que tanto ansía el Gobierno generaban un nuevo desgajamiento en el seno de UP. Eso se verá con el tiempo, pero la realidad es que en las votaciones en particular de ambas normas promovidas por el Poder Ejecutivo se verificaron nuevos movimientos independentistas en las huestes que comanda Germán Martínez.

Tanto se trabajó en base a los intereses y necesidades de los gobernadores, que las miradas estaban puestas particularmente en tres: los de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Veamos qué sucedió finalmente.

En los dos proyectos votados este martes no hubo señales de ruptura, al menos en las votaciones en general, donde el rechazo de UP fue homogéneo: todos los presentes votaron en contra. Aunque ya se sabe que en términos legislativos, no siempre se vota con la mano; también se vota “con la cola”. En este caso, en la votación del paquete fiscal, de UP faltó el riojano Sergio Casas. También lo hicieron el santafesino Roberto Mirabella, quien no estuvo directamente en la sesión del lunes y martes por encontrarse enfermo (probablemente esté con dengue, según confiaron a este medio fuentes cercanas al legislador), y Leopoldo Moreau, a quien de todas maneras se sabe alineado férreamente con el kirchnerismo.

“El diablo se ve en los detalles”, expresa el dicho. Un vistazo a las votaciones en particular permite encontrar datos interesantes. Las discrepancias en el seno de UP se verificaron por primera vez en las votaciones correspondientes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Hablamos del título VIII, desde el artículo 161° al 222°. Y no fue una sola votación, sino diez.

Como se trata de un sistema que beneficia especialmente a las empresas mineras, las diferencias se dieron precisamente en dos provincias donde esa actividad está muy arraigada: Catamarca y San Juan, aunque solo la primera está gobernada por un peronista. Así y todo, los tres sanjuaninos de UP, cuyo gobernador es de lo que fue Juntos por el Cambio, pero cuyos diputados están claramente alineados con el tema minería, comenzando por Walberto Allende, quien fue ratificado recientemente al frente de la Comisión de Minería. El votó a favor de la creación del RIGI, igual que sus comprovincianos Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica.

Lo mismo hicieron los peronistas catamarqueños: la exsecretaria de Minería de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, Fernanda Avila; la esposa del gobernador Raúl Jalil, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez. El  otro catamarqueño de UP, Sebastián Nóblega, se abstuvo.

Esa tesitura mantuvieron en las diez votaciones correspondientes al citado régimen.

El jujeño Guillermo Snopek estuvo ausente en esas diez votaciones.

En la votación de la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, a la hora de la votación del Título V, Impuesto a las Ganancias, del artículo 75 al 91, el que se sumó al voto oficialista fue el catamarqueño Sebastián Noblega, el que se había abstenido en todas las votaciones por el RIGI. En este caso, quienes se abstuvieron fueron las catamarqueñas Fernanda Avila y Silvana Ginocchio, y su comprovinciano Dante López Rodríguez. El resultado de esa votación fue 132 por la afirmativa, 113 en contra y 4 abstenciones.

También estuvo ausente en esa votación Guillermo Snopek.

Sorprendió a todos el pedido de sesión especial hecho por el bloque de Unión por la Patria este viernes al presidente de la Cámara baja para el martes próximo a las 11 de la mañana.

La solicitud, suscripta por 88 de los 99 diputados que tiene el bloque que conduce Germán Martínez, era para realizar una sesión especial con el fin de tratar el DNU 70/23 que ya cuenta desde el 14 de marzo pasado con el rechazo del Senado.

Eso ya sería un dato en sí mismo. Pero la “picardía” estaba en la fecha elegida por UP, pues para entonces se descuenta que estará en pleno desarrollo la sesión que se iniciará el día anterior para tratar la ley de Bases y el paquete fiscal. Nadie espera que pueda concluir ese mismo lunes.

Entre los firmantes figuran, como dijimos, casi el 90% de los legisladores del bloque, a excepción de los diputados nacionales Máximo Kirchner; la massista Marcela Passo; y el santafesino Roberto Mirabella; y el jujeño Guillermo Snopek, entre otros.

La movida fue interpretada por muchos como un intento de obstaculizar la sesión de Bases y paquete fiscal, y la pregunta del millón era cuál sería la decisión adoptada por el titular de la Cámara para resolver el planteo.

Según pudo saber parlamentario.com, Martín Menem desactivó esa sesión. Dado que ya está convocada una sesión el lunes y se desconoce cuánto puede llegar a durar, el jefe de la Cámara propuso un cambio de fecha.

La respuesta de Germán Martínez se conoció en las redes, y fue negativa. “Menem quiere impedir que se trate el DNU 70/2023”, expresó, advirtiendo que “el presidente de la Cámara NO TIENE atribuciones para NO CONVOCAR a una sesión especial solicitada en los términos de los artículos 35 y 36 del Reglamento”.

Para Martínez, “no respetar el reglamento es incumplir deberes de funcionario público”.

El jefe del bloque UP publicó a continuación qué dicen los citados artículos. El 35, refiere la petición de sesión especial: “Las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión”.

Y el 36 (Citación a sesión especial) precisa que “en cualquiera de los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubiesen determinado, o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de los diputados que soliciten la sesión”.

Se espera de todas maneras que en el inicio de la sesión del lunes, el bloque UP haga planteos de emplazamientos para tratar temas que el oficialismo viene eludiendo.

El jueves fue el día D. Con “d” de dictamen. O dictámenes, pues fueron dos los que el oficialismo consiguió ese día. Y aun antes de que se alcanzaran las firmas para conseguir el correspondiente al paquete fiscal, ya las autoridades de la Cámara baja habían convocado a sesionar este lunes 29 de abril, para debatir en el recinto las leyes que más le interesan al Gobierno nacional, y que espera finalmente aprobar este 30 de abril.

En efecto, a pedido del nuevo titular del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Marcos Bornoroni, se dispuso sesionar el lunes 29 de abril próximo, a partir de las 11 horas. Pero este viernes se conoció una modificación del horario de inicio, que será al mediodía.

Si bien nada se informó oficialmente, está claro que la postergación tiene que ver con los vuelos. Tengamos en cuenta que esta sesión está prevista para un día infrecuente para sesionar: lunes. Buena parte de los legisladores llegarán esa mañana, de ahí que se haya decidido mover el horario una hora, cuestión de evitar disgustos. Así y todo, en el oficialismo y los bloques dialoguistas se recomendó a los legisladores tratar de llegar el domingo, no sea cosa de que el lunes haya problema con los vuelos y el quórum peligre.

Vale tener en cuenta que para el lunes se pronostican lluvias en Buenos Aires desde la mañana.

Cuestión de tener que evitar pedir una prórroga para el inicio, luego de que el presidente de la Cámara se mostrara inflexible en ese sentido el miércoles pasado, cuando se cayó la sesión pedida por la oposición. Esa vez, desde UP, le reprocharon a Martín Menem ser tan estricto con el reglamento y alguno le advirtió que alguna vez podría pasarle al  oficialismo estar en la misma situación.

Aun antes de que el paquete fiscal tuviera dictamen en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se inició pasadas las 16 de este jueves, las autoridades de la Cámara baja oficializaron la convocatoria a debatir en el recinto las leyes que más le interesan al Gobierno nacional, y que espera finalmente aprobar la próxima semana.

En efecto, a pedido del nuevo titular del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Marcos Bornoroni, se dispuso sesionar el lunes 29 de abril próximo, a partir de las 11 horas.

Será una sesión especial en la que se debatirá el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, como así también el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Ambos temas fueron debatidos este jueves para sacar sendos dictámenes, luego de meses de debate, a pesar de que el paquete fiscal en realidad tiene fecha de ingreso a la Cámara de Diputados 17 de abril. En rigor, ese proyecto es un desprendimiento de lo que se presentó originalmente junto a la ley de Bases, y que fue apartado por decisión del ministro de Economía Luis Caputo, tal cual lo anunció en una conferencia de prensa brindada un día viernes, con el objeto de agilizar el tratamiento del resto del proyecto. Cosa que en definitiva no sucedió, pues la iniciativa del Poder Ejecutivo terminó volviendo a comisión durante la frustrada sesión del 6 de febrero pasado.

Si bien estos temas vienen siendo debatidos con intensidad desde que el presidente anunció el 1 de marzo que reenviaría el proyecto original, como prolegómeno del Pacto de Mayo que espera firmar el 25 de mayo,  es verdad que esas discusiones se han circunscripto a los bloques oficialistas y dialoguistas. Quedaron excluidos los diputados de Unión por la Patria y la izquierda, tal cual reprocharon este jueves varios de ellos, en el marco del debate en comisiones.

El debate de la próxima semana se espera que trascienda el lunes, y ocupe buena parte del martes. Es posible incluso que el cierre de la sesión se dé en la madrugada del 1° de Mayo. Lo cierto es que en la primera parte de la sesión del lunes se espera que haya un buen espacio destinado a homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento.

En ese marco es muy probable que la oposición más dura trate de impulsar un emplazamiento al oficialismo para forzar el debate de temas como los que no pudieron tratarse este miércoles en la frustrada sesión sobre presupuesto universitario, FONID y movilidad jubilatoria.

Esos debates consumirán un buen tramo de ese primer día de debate.

Tal cual había anticipado parlamentario.com, la Cámara baja no alcanzó este miércoles el quórum necesario para realizar la sesión especial pedida por el bloque Unión por la Patria, para analizar una serie de cuestiones álgidas. Casi una treintena de proyectos estaban puestos a consideración sobre temas de sumo interés: la crisis universitaria, la reposición del FONID y la movilidad jubilatoria.

Diversas cuestiones, pero sobre todo la negociación en marcha del tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal contribuyeron en que aquellos legisladores indispensables para garantizar el quórum priorizaran evitar alterar el microclima imperante en vísperas del inicio definitivo del tratamiento en comisión de ambos proyectos.

La oposición más férrea al oficialismo, animada incluso por la multitudinaria marcha por la universidad pública del día anterior, estuvo a 5 diputados de lograr abrir la sesión. A las 11.31, con 124 diputados presentes en sus bancas, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por caída la sesión y anunció el inicio de una sesión en minoría. Pese a una tradición de más de 10 años, el riojano cumplió a raja tabla el reglamento y no otorgó 15 minutos de prórroga.

A la asistencia perfecta de Unión por la Patria, con 99 integrantes, se sumaron 14 diputados radicales dieron quórum en la sesión. A saber: Facundo Manes, Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Jorg Rizzotti, Natalia Sarapura, Manuel Aguirre, Carla Carrizo, Marcela Antola, Melina Giorgi, Danya Tavela, Mariela Coletta y Fabio Quetglas. También estuvo en la sesión Gabriela Brouwer de Koning, quien ingresó al recinto luego de que Menem diera por caída la sesión. Así las cosas, el grupo de Manes aportó 8 diputados y Evolución 5. Y se agregó Quetglas, que responde al senador Maximiliano Abad. Todos vinculados al mundo universitario y científico.

También estuvieron para el quórum 4 diputados de Hacemos Coalición Federal como la cordobesa Natalia de la Sota (que llegó bien temprano), Juan Brügge, y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón. No lo hizo en cambio Margarita Stolbizer, autora de uno de los proyectos sobre FONID que estaban en el temario.

También bajaron los 5 legisladores del Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá; y los dos santacruceños de Por Santa Cruz Sergio Acevedo y José Luis Garrido.

A las 11.20, la secretaria parlamentaria de UP, Paula Penacca, había solicitado que el tiempo de espera se estirara hasta las 11.45, cosa que el presidente del Cuerpo rechazó, pese a la insistencia a la que incluso se sumó Nicolás del Caño. “Cumplir con el reglamento es lo que me han encomendado”, argumentó Menem, para ceñirse a la norma de dar por caída la sesión a las 11.30.

Mónica Litza le preguntó entonces quién le había “encomendado” cumplir con el reglamento, sugiriendo que esa “orden” venía del Ejecutivo. Menem no contestó.

“Sería bueno que usted le diga a su jefe… o a su jefa, que le transmita que en algún twitter les diga a sus colegas que vengan a dialogar”, le expresó por su parte a Menem el diputado Aldo Leiva, que lamentó “que no tenga el coraje de darnos 15 minutos más”. Se sumó también Carolina Gaillard, quien ponderó que quisiera respetar el reglamento, pero le recordó antecedentes, enfatizando que desde 2009 nunca más se respetó ceñir la espera a solo media hora. “Eso fue respetado por todos los presidentes que lo antecedieron, y tiene razón de ser en que esta ciudad es muy caótica y cuesta llegar”, le indicó.

La respuesta de Menem fue dar por caída la sesión.

Sesión en minoría

Caída la sesión, tomó la palabra Germán Martínez, que reprochó la actitud del presidente y la ausencia de quienes “están detrás de las cortinas”. Y les advirtió que esa actitud en algún momento puede volvérseles en contra. Reclamó luego por las causas que habían generado la convocatoria a sesionar. Se quejó de paso porque en la sesión que pidieron desde Hacemos Coalición Federal para tratar la cuestión jubilatoria a la que el 98,5% del bloque UP asistió para dar quórum.

Reprochó a continuación la actitud del diputado José Luis Espert -contra el que anticipó que presentarán una cuestión de privilegio en la próxima sesión- por no convocar a la Comisión de Presupuesto para tratar ese tema, como ya se hizo con la Comisión de Previsión.

“En este momento hay negociaciones de distintos bloques parlamentarios alrededor de la ley Bases y el paquete fiscal, con la novedad de que pueden llegar a meter de una manera rápida, como para que no se note, una reforma laboral”, observó el santafesino.

A continuación lanzó: “Pensar que en la Argentina, con toda la diversidad que tiene, está condenada a tener una línea solo monocolor que es la que expresan La Libertad Avanza y Javier Milei, es un error”.

“Por eso es que cuando pasan estas cosas siempre estamos nosotros allí. Para que esas otras voces que intentan invisibilizar se puedan escuchar en este recinto”, agregó, para lanzar luego que “hay un plan para que este recinto esté siempre cerrado, a excepción de cuando lo piden los libertarios. Nosotros tenemos que tener un gesto de rebeldía institucional; nosotros tenemos que tener el coraje necesario para poder convocar a otros, sin banderías políticas, pero con una clara concepción republicana de que queremos que este recinto esté abierto para defender los intereses de la República Argentina. No importa a quién votaron. Sigamos generando las condiciones para que los argentinos tengan aquí, en este recinto, las respuestas que estamos buscando”.

A continuación, Blanca Osuna recordó que las últimas semanas recibieron en la Cámara a representantes de los sindicatos, a representantes de los trabajadores de la educación, como así también a los rectores que están organizados e integran el CIN. “Hemos recibido a estudiantes organizados en la Federación y confederaciones que los representan y expresan, y en cada una de las reuniones que fueron además intensas y ricas, recibimos reclamos, puntualizaciones concretas respecto a la disminución, congelamiento y ajuste que el sistema educativo está padeciendo”, advirtió.

Pablo Yedlin hizo hincapié en la movilización del día anterior, que él vivió en su provincia, Tucumán, bajo la lluvia pero de manera también masiva. El legislador de UP sostuvo que “definitivamente las universidades son parte de este enorme ajuste y es lo que se expresó ayer en la Argentina”.

En clara referencia a un tuit escrito por el presidente, agregó: “Hay quienes pueden creer que son lágrimas de zurdos, o de diestros, y que no tienen importancia, pero hay quienes como nosotros creemos que es la expresión de un pueblo que le pide al Gobierno que cambie el rumbo, que nadie tiene la verdad única en ningún lugar. Que no hay fuerzas del cielo y gente de bien y el resto de los argentinos al que se le pone en riesgo la educación pública. Somos todos argentinos, podemos tener visiones encontramos, pero hay cosas en las que estamos de acuerdo”.

Como hablaban solo los de UP, Germán Martínez pidió alterar el orden de oradores, para abrir el juego a los de otras bancadas que habían prestado quórum. Así, habló a continuación el socialista Esteban Paulón, quien lamentó que no hubieran podido alcanzar el número necesario para sesionar este miércoles, y que tampoco lo hubieran logrado en el anterior intento. Pero garantizó que “pronto van a estar los 129 para el FONID; pronto van a estar los 129 para los fondos universitarios; para una nueva ley de movilidad jubilatoria; pronto van a estar para la derogación del DNU 70 y para defender cada derecho que este Gobierno quiera eliminar”.

“El presidente Javier Milei se la pasa diciendo que no la ven… Espero, por el bien de la Argentina, que la marcha de ayer sí la vean, porque sino la ven entramos en un contexto muy complejo donde vamos a tener un gobierno aun más alejado de lo que pasa en la calle, que es la vida real, y va a seguir regodeándose en redes sociales con los sectores alcahuetes que le dicen que está todo bien, mientras en la calle el pueblo va a seguir luchando por sus derechos”.

Un duro discurso también expresó el radical formoseño Fernando Carbajal, quien sostuvo que su partido es “un orgulloso sostenedor de las banderas de la educación pública, porque estamos verdadera y absolutamente convencidos de que el camino para la mejora de la sociedad es a través de la educación. No estamos dispuestos a retroceder un solo paso, ni vamos a ceder en la lucha por la defensa de la educación pública, de la autonomía universitaria y el necesario financiamiento que tiene que tener la universidad pública”.

“No nos van a correr, por supuesto que vayan y hagan todas las auditorías que quieran, que controlen hasta el último peso a la universidad, que pongan preso a quien tienen que poner, pero eso no puede ser motivo para desfinanciar y dejar a los estudiantes sin la posibilidad del ascenso social. No lo vamos a permitir -agregó-. Y lo cierto es que estamos frente a un gobierno cuyo discurso explícito es que no quieren la educación pública y quieren hacer desaparecer el Estado. Por eso estamos aquí en esta sesión y por eso estuvimos ayer en la marcha y por eso vamos a estar en cada una de las sesiones. Las convoque quien las convoque para defender la educación pública”.

Finalmente el diputado formoseño pidió debatir todas las leyes en el Congreso y cuestionó a los legisladores que no dieron hoy quórum y prefieren “ir a la Casa Rosada”.

A su turno, Facundo Manes hizo hincapié en la educación, que para él, dijo, “no es un eslogan, no es una frase linda, es lo que cambió mi vida”. Y definió qué es para él la educación, que a su juicio “es mucho más que aprender datos, incorporar nuevos aprendizajes; la educación es lograr la autoestima personal para ir por nuestros sueños en la vida. Es una brújula confiable en  un mundo cambiante, ambiguo; es curiosidad, es coraje. La educación es utilizar los recursos cognitivos sociales y emocionales para tomar acción”.

“Y hoy los países compiten económicamente por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos -agregó-. En la Argentina, hace varias décadas que se habla de inflación, de déficit fiscal, del valor del dólar… Y el presidente argentino habla todo el día de economía. Señor presidente: la economía del siglo XXI es la capacidad de los países para invertir en su gente, en el desarrollo humano, en la vinculación de ese conocimiento con el sector productivo”.

Aclaró que “obviamente necesitamos una macroeconomía ordenada, pero necesitamos un proyecto de desarrollo. Y cuando hablamos del futuro, muchos nos dicen que tenemos muchos problemas para pensar el futuro, como la pobreza”. Contó entonces la anécdota de cuando Nehru, cuando asumió como primer ministro, e invirtió en educación, universidades, ciencia y tecnología. “Los miopes del futuro lo criticaban: ‘Nehru, somos demasiado pobres para invertir en conocimiento’. Y él les contestaba que justamente porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza”.

“Muchos no quieren educar, y esos son nuestros verdaderos adversarios. Por eso me da lástima y pena que muchos no estén acá acompañándonos”, planteó el legislador radical, que advirtió que “en una economía global, la educación no es una oportunidad, es un requisito indispensable”.

Para Manes, “Argentina invierte poco en ciencia y tecnología y no hay puentes con el sector productivo. Ese es el país desarrollado que anhelo. Dejémonos de chicanas de redes sociales, hoy el paradigma debe ser el paradigma del conocimiento. Y eso se hace con la ejemplaridad de los gobernantes, con instituciones sólidas y transparentes, y eso espero del peronismo y el kirchnerismo con la votación de los miembros de la Corte también”.

En otro pasaje, confesó sentirse “muy impotente en esta banca”. Recordó que se metió en la política contra la recomendación de quienes le dijeron que no lo hiciera. “Y a veces pienso que tenían razón. Pero ayer cuando recorría las calles, sentía esperanza, y las sociedades se mueven por miedo o por esperanza. El  presidente nos está atacando con miedo. ¿Cómo combatimos el miedo? Todos juntos, como ayer”, planteó.