Se armó la “hecatombe” en el Senado tras la exigencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que se presente ante la Cámara de Senadores a brindar su informe de gestión en el mes de junio y no en julio tal como anunció este jueves el propio ministro.

La titular de la Cámara alta presionó al funcionario a “ponerse a disposición de las cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Así, recordó que “esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo, el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”. La última visita de un jefe de Gabinete a dicha Cámara fue en junio del año pasado, mientras que en el mes de abril del corriente año el propio Adorni se hizo presente en Diputados.

El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Villarruel le solicitó que “en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional”, procedió a transcribir lo establecido dicho articulado: “El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71”.

En el trascurso de este jueves, emitió una dura crítica contra el jefe de Gabinete por haber declarado que obtuvo ganancias de 300 mil dólares tras inversiones en Bitcoin cuyas sumas no estaban en declaraciones anteriores. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó la titular de la Cámara de Senadores en redes sociales.

Así las cosas, la titular del Senado se adelantó a la jugada y convocó a Labor Parlamentaria a los titulares de bancadas oficialistas y opositoras el próximo miércoles 17 de junio a las 18 horas en el Salón Gris, a fin de definir una fecha para la Sesión Informativa Especial a efectos de recibir al jefe de Gabinete y acordar el tratamiento de otros temas.

La exigencia de Villarruel vino a reforzar el pedido que ya habían realizado desde la bancada que conduce el formoseño José Mayans - cuya solicitud cumplió un mes y quedó trunca- y del bloque Pro, a cargo de Martín Göerling Lara.

Minutos antes del anuncio de Adorni, Goerling Lara le presentó una nota a la vicepresidenta para que se convoque al funcionario al mes de junio al argumentar: “Hace casi UN AÑO que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Los funcionarios están obligados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad”.

Hace casi UN AÑO que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete.

El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución.

Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los… pic.twitter.com/oQU0LEXzLS

— Martín Goerling (@MARTINGOERLING) June 11, 2026

Tras una tensa discusión y un largo cuarto intermedio que se extendió por más de una hora, ingresaron a la sesión de este jueves en el Senado de la Nación todos los pliegos que contaban con dictamen de comisión, incluido el de la candidata a jueza Verónica Michelli que el Gobierno había objetado y solicitado su retiro, pero se incorporará al debate con los 2/3 de los votos por no contar con los días correspondientes que establece el Reglamento.

Cuando llegó el momento de poner en debate los pliegos, la prosecretaria Parlamentaria -en reemplazo de Agustín Giustinian-, Dolores Martínez, no detalló cuántos y cuáles expedientes se iban a poner en tratamiento y se refirió más bien a todos los dictámenes de la Comisión de Acuerdos.

Pidió la palabra entonces la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio para señalar que los pliegos a tratar eran 50, según lo acordado en Labor Parlamentaria por los jefes de bloques. En efecto, este fue un dato que circuló tras esa reunión, pero el listado nunca se especificó en el acta. "El acuerdo de Labor Parlamentaria se cumple, sino para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria", enfatizó la bonaerense.

Luego, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, le pidió a Martínez que especifique cuántos eran. "Son 73 expedientes", dijo la prosecretaria Parlamentaria, lo que provocó una cuestión de privilegio del formoseño. "Es vergonzoso este tipo de tratamiento, además de una gran deslealtad parlamentaria", se quejó.

Entonces se refirió al caso de María Verónica Michelli -cuyo pliego el Poder Ejecutivo ahora busca evitar que se apruebe-, y cuestionó al presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, quien "violó el reglamento y la Constitución, porque tendría que haber presentado de manera inmediata la orden del día", en referencia al dictamen firmado por nueve senadores avalando la designación de Michelli.

Ahora, al no contar con los días correspondientes tal despacho, formalizado este miércoles, Mayans reveló que en Labor Parlamentaria desde el interbloque peronista ofrecieron los dos tercios para habilitar el pliego. "(Patricia) Bullrich dijo 'yo no puedo votar con dos tercios contra el Poder Ejecutivo'". Y entonces se acordaron que se trataran 50 y otro conjunto la semana que viene, junto al de Michelli.

Ante la intención de sumar todos en la sesión, el senador estalló: "Es una joda total, es una vergüenza lo que están haciendo". "¿Cómo se prestan los otros bloques a esto? Ustedes saben que no mentimos. Tengan honor, no tengan olor a podrido". "Está mintiendo la Secretaría Parlamentaria y la presidenta de bloque (de LLA). ¿O yo estoy mintiendo que se dijeron 50 pliegos?", desafió.

La presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, quien no había estado en el arranque de la sesión, pero bajó para ese momento reveló que media hora antes de la sesión "se empezaron a agregar" pliegos al listado y se desentendió: "En esto no tuvo intervención ni la Presidencia ni la Secretaría Parlamentaria".

"Esto es propio de Montoneros, los entregadores de Montoneros se comportan de esta forma, entregan a sus compañeros", explotó Mayans contra Bullrich.

Di Tullio volvió a hablar y afirmó que Bullrich les había enviado la lista de los 50 pliegos que se tratarían. "Esto se llama traición parlamentaria", enfatizó y dijo que en todo caso tenían que reconsiderar el acta de Labor.

Además, denunció que se buscaba tratar a los 73 ya listos para "dejar afuera a Michelli, que la van a cagar, todos la van a cargar, incluso los que firmaron el pliego, para que no pague el costo el presidente". "Se están pasando de la raya, se están pasando 19 pueblos, córtenla", reclamó y les tiró a los libertarios que "no tienen ni idea lo que es la palabra y el comportamiento político" y encima "traen sus problemas al recinto".

A medida que iba cobrando temperatura la discusión, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, recordó que en Labor Parlamentaria ellos habían hablado de votar a todos los postulantes. "No hay forma de hacer una lista discrecional", remarcó a la hora de establecer la imposibilidad de elegir solo 50, y sugirió la necesidad de hacer un cuarto intermedio. "Si nosotros no nos damos cuenta de que los 73 que tienen dictamen están en igualdad de condiciones para ser votados…", expresó.

A su vez, el puntano Fernando Salino recordó que en Labor habían acordado otra cosa y ahora el oficialismo estaba "traicionando la palabra". Y reveló que una y otra vez preguntaron por los 50 elegidos para votar este jueves.

"Pactamos los primeros 50 postulantes", insistió el jefe del bloque Convicción Federal, para luego cuestionar: "Esto es una vergüenza y esto se produce porque son irresponsables". Y lo consideró producto de "la pelea interna permanente que les quita energía. Están faltando a su palabra y la verdad que me extraña, porque yo creo estar trabajando con personas de bien, personas de honor que dicen la verdad".

La discusión terminó cuando Bullrich propuso un cuarto intermedio, asegurando que no había habido "ninguna mala fe; simplemente no es fácil elegir quiénes son los 50" pliegos a votar. Sostuvo que eso no tenía "nada que ver con la jueza Michelli, porque ese pliego no se podía votar hoy, pasa para la semana que viene… No es un tema de dejarlo colgado, es todo lo contrario: el presidente de la Nación envió un retiro del pliego y eso fue lo que se acordó".

"Quiero calmar los ánimos, vayamos a un cuarto intermedio para buscar un acuerdo y ordenar esto lo mejor posible. No hay ningún gato encerrado", afirmó, justificándose en que supuestamente los 73 candidatos a ocupar cargos en la justicia habían llamado por teléfono para preguntar cómo iban a elegir a los 50 que terminarían votando.

A partir de las 10 de la mañana de este miércoles se realizará la que será la segunda sesión especial de este período ordinario en la Cámara baja, en una jornada que tiene la particularidad de haber sesiones por partida doble, separadas por espacio de una hora.

Es que paralelamente a la sesión pedida por el oficialismo, la oposición solicitó otra programada para las 11 de la mañana que, en caso de haber quórum para la primera, quedará postergada, como sucediera la semana anterior, cuando también un sector de la oposición había pedido sesionar, en este caso el jueves.

Ahora el oficialismo va por una sesión con un temario acotado: los proyectos de ley de Hojarasca y cambios al Régimen de Zona Fría, como temas centrales, y una decena de acuerdos y tratados internacionales de vieja data y un ascenso militar.

La expectativa está puesta en la obtención del quórum, que los legisladores oficialistas consultados por este medio dieron por descontada, aunque varios aclararon que no estaban para nada holgados. Con una dosis marcada de sinceridad, otro de los consultados garantizó que tendrán quórum, pasadas las 10 de la mañana, pero abrió un margen de duda respecto de sostenerlo a lo largo de la jornada.

Como sea, se especula con una sesión de entre 8 y 10 horas, con unas cuantas cuestiones de privilegio y una oposición que más allá del pedido de sesión que quedará virtualmente sin efecto si arranca la sesión de las 10, buscando alternativas para forzar con los emplazamientos que este año no logra concretar.

Para la sesión pedida por Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, finalmente el oficialismo planea avanzar con la derogación de 60 normas de distinta índole, un proyecto por el ministro Federico Sturzenegger, que con las modificaciones que se le hicieron pasó de 63 a 59 las leyes que se propone derogar en su totalidad. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos.

Entre los cambios, se quitó de la lista a la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales. También, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector.

Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".

Luego será el turno de los tratados y convenios internacionales, sobre los siguientes temas: Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia; Extradición con Polonia, Costa Rica y Chile; Traslado de Personas Condenadas o Sujetas a Medidas de Seguridad con Italia; Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal con Serbia y Cuba; el Convenio Internacional de Nairobi sobre la Remoción de Restos de Naufragio; el Tratado de Medellín; y el Acuerdo Marco sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación sobre el Centro Regional del Convenio de Basilea para la Capacitación y la Transferencia de Tecnología.

También contempla el temario el reconocimiento al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y la concesión de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

Por último, está el tema del cambio de régimen de Zona Fría. Para garantizarse los votos, el Gobierno negoció a través del ministro Diego Santilli con gobernadores de provincias cálidas, a los que prometieron subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano. Acotado esto a una cantidad determinada de kilovatios.

El proyecto reforma el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner (N° 27.637), que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Tradicionalmente, la Patagonia, Malargüe -en Mendoza- y la Puna contaban con la reducción en la tarifa de gas, pero esa norma incluyó a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

En caso de ser aprobado el texto, las áreas originarias mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

El texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.

Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa (que incluye costos de transporte y distribución), con lo cual se estima que habrá modificaciones en lo que los usuarios beneficiados finalmente deban pagar.

El Régimen de Zona Fría seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, constituido con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural. Sin embargo, se faculta al PEN a aumentar o disminuir el nivel del recargo en hasta un 50%.

El Senado de la Nación prorrogó en su cargo al juez Carlos “Coco” Mahiques en la vocalía 7ma -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- al aprobar en la sesión de este jueves su pliego por 58 votos a favor y 11 en contra.

El interbloque Popular se dividió a la hora de votar, ya que los 11 votos negativos correspondieron a Jorge Capitanich, Wado De Pedro, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Kirchner, Florencia López, Ana Marks, José Mayans, Mariano Recalde y Martín Soria. En cambio votaron a favor Adán Bahl, Daniel Bensusán, la formoseña María Teresa González, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cristina López, Juan Manzur, José Neder, Fernando Rejal, Sergio Uñac y Gerardo Zamora.

El bloque de José Mayans votó dividido. (Foto Comunicación Senado)

La designación había sido propuesta por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero pasado-, y luego que el miembro de la Cámara Federal de Casación Penal solicitara la extensión de su mandato.

"Coco" Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, podía solicitar una prórroga y recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.

El pasado 16 de abril, el camarista se presentó en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos y expresó: "Es un momento en el cual las circunstancias, la vida y la función me han puesto en la necesidad de ratificarme y, esta vez, ante ustedes para seguir ocupando el cargo en el que este Senado me honró en el 2018".

Además de ser interpelado por el kirchnerismo por el traslado de tribunal ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, con posterior envío del acuerdo al Senado, Mahiques debió responder sobre la causa de Lago Escondido. Y dijo que "se trató de un viaje de amigos camaradas. No se trató de un viaje de trabajo y no requirió licencia".

El pliego de Mahiques consiguió más de dos tercios de los votos. (Foto Comunicación Senado)

Los argumentos a favor y en contra

Como miembro informante, el titular de la Comisión de Acuerdos, el senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), indicó que el pedido cuenta con despacho de comisión que fue aprobado de forma unánime y “se cumplieron todos los pasos reglamentarios donde escuchamos al postulante, respondió todas las preguntas y se leyeron todos los antecedentes académicos”.

Pagotto procedió a leer una nota que le remitieron desde el Ministerio de Justicia en la que los jueces de la Cámara de Casación Penal “manifestaron la adhesión a la solicitud presentada al cargo de mantenimiento a través de un nuevo nombramiento que desempeña Carlos Mahiques… en atención a su dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y al apego del espíritu democrático”.

“La prórroga también responde a evitar retrasos en un Tribunal tan importante como lo es la Cámara de Casación Penal”, remarcó el riojano.

De la vereda de enfrente, el rionegrino Martín Soria (UP) aclaró que el despacho “no fue por unanimidad” porque “es una comisión conformada en una clara violación del reglamento”. Soria recordó que en las audiencias plantearon su disconformidad con la designación de Mahiques porque “entendemos que no reúne las condiciones éticas, constitucionales ni jurídicas para seguir ejerciendo como juez de la Nación por cinco años más”.

Por el contrario, destacó que el magistrado respondió cada pregunta “de forma cordial, en un clima respetuoso, con buenos modales”, pero señaló que detrás de esas formas “cuidadas no apareció una sola explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hizo”.

“Cuando uno rasca el discurso que dio, no es independencia judicial, sino que aparece una profunda dependencia del poder político, económico y mediático del país”, planteó y calificó a Mahiques como “un lobo con piel de cordero” porque “detrás de ese magistrado amable y correcto, hay un juez con fallos verdaderamente peligrosos, alineamiento político elocuentes y una trayectoria atravesada por la política partidaria”.

Soria remarcó que Mahiques “integra un selecto grupo de jueces trasladados a dedo por el expresidente Mauricio Macri para ocupar cargos estratégicos en el Fuero Federal Penal que fue calificado como ‘Comodoro Pro’”, y apuntó que “no hubo orden de mérito ni concursos ni respeto por los mecanismos constitucionales, ni por el reglamento. Hubo una política para colonizar Tribunales claves con magistrados funcionales al poder político de turno”.

En esa línea, el senador de UP señaló que el juez “pasó por un tobogán sin escalas en el Poder Judicial como la Cámara de Casación Penal que hace años dejó de ser un Tribunal para transformarse en una mesa de operaciones políticas en la Argentina. Crearon un Partido Judicial para perseguir opositores”. En esa línea, recordó el caso de Lago Escondido que “expuso cómo funciona para del Poder Judicial y el blindaje a sectores del poder”.

Soria cerró: “Mahiques representa la colonización el Poder judicial por intereses políticos, económicos y mediáticas. Representa la degradación de la independencia juncial en el país. Una justicia que se convirtió en una herramienta de disciplinamiento político y la impunidad de un sector que se cree por encima de la ley, de la Constitución y de la democracia”.

Desde el oficialismo, salieron a defender al juez Carlos Mahiques ante los cuestionamientos a su llegada a la Cámara Federal de Casación Penal porque no se hubiera producido mediante el procedimiento constitucional ordinario, sino a través de un traslado dispuesto desde la justicia nacional, cargo para el que sí había concursado. Sus críticos sostienen que este mecanismo le permitió acceder a un tribunal federal sin haber atravesado el concurso correspondiente ni el proceso completo de designación previsto en la Constitución, que incluye la intervención del Consejo de la Magistratura, la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado.

En esa línea, también se cuestiona que los traslados no equivalen a nombramientos definitivos, tal como estableció la Corte Suprema en el precedente “Bertuzzi”, por lo que la situación de Mahiques sería, en rigor, provisoria. A partir de ello, se plantea que no puede regularizarse su permanencia ni renovarse su cargo sin un nuevo concurso, ya que nunca fue designado formalmente para ese puesto.

La senadora neuquina Nadia Márquez dio por saldada la discusión con los reglamentos vigentes y antecedentes. “El traslado si cumplía con los requisitos y estándares vigentes”, dijo, y aclaró que el traslado de Mahiques se dio en 2018, mientras que “el fallo Bertuzzi es posterior”.

Por otra parte, rechazó que Mahiques estuviera siendo propuesto porque su hijo es ministro de Justicia. “Todos somos iguales ante la ley”, enfatizó, recordando lo sucedido este miércoles en la Comisión de Acuerdos con Ana María Juan, propuesta como jueza del juzgado de Hurlingham y objetada por ser esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. “Ayer tomamos audiencia de una jueza a la que se le planteaban sus vínculos matrimoniales”, observó, argumentando que “no te coloca el apellido o el vínculo familiar en un cargo público, pero tampoco te puede excluir”.

Y cerró: “Mahiques padre no viene porque el hijo lo ponga, no podemos dejar a nadie afuera por el vínculo familiar”.

A su turno, la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) remarcó que las impugnaciones al pliego del magistrado “resultaron improcedentes porque no hubo cuestionamientos vinculados a la idoneidad y desempeño funcional”.

“Reditar esos cuestionamientos quedan extemporáneos porque estas imputaciones y críticas podrían haberse hecho en otras instancias y en el ámbito correspondiente, pero no se hicieron. Esto es improcedente al opinar en este recinto cuando hubo otros resortes que no se hicieron”, criticó Moisés.

Así, ponderó que estuvieran nombrándose ahora jueces para completar las vacantes en el Poder Judicial, y recordó, a fuerza de incomodar a sus excompañeros del peronismo, que no se designaban jueces desde el gobierno de Mauricio Macri y que ellos fueron 4 años gobierno y sus propios ministros no nombraron ningún juez, en referencia por ejemplo a Martín Soria, hoy senador nacional y que acababa de hacer un encendido y durísimo discurso contra el juez Carlos Macri: “El Senado resolvió el tema sobre los traslados. Todo fue saldado en el 2018 mediante el acuerdo 7718 que fue votado por varios miembros actuales”.

La senadora jujeña adelantó el acompañamiento del pliego porque “el tema ha quedado saldada”.  Sin embargo, manifestó que “no se puede seguir naturalizando el funcionamiento rengo del Poder Judicial desvirtuado que, durante años, buscando una solución no ha funcionado de la manera correcta. Esto genera incertidumbre y fallas en el sistema. Tenemos la responsabilidad institucional de garantizar que la administración de justicia funciona con eficiencia con jueces”.

Retomó la palabra el miembro informante Pagotto y le planteó al bloque peronista que “la justicia hay que tomarla en su integridad y está desguarnecida no desde ahora”, y desmintió que el pliego lo haya mandado el propio hijo del juez. “Hay un montón de juzgados por nombrar y Tribunales que funcionan con tres jueces”, reclamó.

“Nadie tiene ninguna duda que hay que perfeccionar la justicia, pero el tema Mahiques fue convalidado por el Congreso. Cuando ustedes hablan de un fallo de la Corte Suprema no puede sustituir una resolución del Parlamento”, manifestó el riojano.

Mayans sobre Cristina: “Hoy si es candidata gana”

Sobre el final del debate, el presidente del bloque Popular, José Mayans, se refirió a Manuel Adorni, a quien definió como “la muestra del alto grado de corrupción que tiene el Gobierno”. En su extensa oposición trajo a colación el caso $LIBRA y lo del Andis, consideró a ambos “estafas”, y sostuvo que gracias a eso hoy “el Presidente y la hermana son ricos”.

Habló también de Demian Reidel, al que definió como “un corrupto delincuente” al que echaron, y anticipó que llevarán a la justicia la posibilidad de que el exfuncionario haya entregado secretos atómicos a potencias extranjeras. La emprendió también contra la esposa del jefe de Gabinete, sugiriendo que tenía intereses en la privatización de Tecnópolis, y describió una larga lista de cuestiones que llevarán a la justicia.

“Todos los funcionarios que hablaban mal del Estado sacaron créditos subsidiados con tasas preferenciales por resolución del directorio del Banco Nación, que decían que era corrupto”, lanzó también, prometiendo que irá a la justicia.

“El Presidente está medio pirado”, lanzó Mayans. (Foto Comunicación Senado)

Del Presidente dijo en otro pasaje que “está medio pirado” y enumeró los números que viene diciendo que sacó de la pobreza. “Tanta gente que sacó de la pobreza y nadie se dio cuenta”, señaló.

Respecto de Carlos Mahiques, Mayans lo incluyó en el lawfare y aseguró que con su hijo hoy ministro participaron de “la persecución política” de la expresidenta, de quien dijo que “hoy si es candidata gana”.

“Están preparando una justicia a la carta”, denunció en otro pasaje de su durísimo discurso. Mayans concluyó advirtiendo que “no estamos votando un acuerdo de prórroga solamente: estamos definiendo qué tipo de justicia queremos”.

Bullrich: “Aprendan a respetar la independencia de la justicia”

Por último, Patricia Bullrich salió a contestar el discurso que definió como “irresponsable, mentiroso, provocador” de Mayans, asegurando que él “es parte del régimen más retrógrado, más feudal, más antirrepublicano y retrógrado del país”, asegurando que en esa provincia los jueces no juzgan, sino “el monarca”, en referencia a Gildo Insfrán.

“El único lugar del país donde (Amado) Boudou no fue culpable” fue Formosa, dijo, y se preguntó entonces “desde dónde habla” Mayans.

“La única verdad es la realidad”, sostuvo, recordando que el peronismo tiene a su presidenta presa, lo mismo que sucedió con su vicepresidente. “¿Saben qué? Para el senador preopinante el bolso de López para él no llevaba dólares, llevaba canicas, llevaba figuritas del Mundial…”, lanzó.

Patricia Bullrich cerró el debate sobre Mahiques. (Foto Comunicación Senado)

Bullrich aseguró que el kirchnerismo “llenó el país de pobres”, e “hicieron un país de pobres que se está terminando”, y dijo que el modelo es Formosa.

En otro pasaje advirtió que “quisieron quedarse con el Consejo de la Magistratura”, tras lo cual aclaró que “no fue Mahiques el que se robó Vialidad; ellos se robaron Vialidad; no fue Mahiques el que participó del infame memorándum con Irán, Mahiques lo juzgó; no fue Mahiques el que escribió los cuadernos de las coimas, fue el que participó del análisis de las medidas probatorias; no fue Mahiques el que lavó el dinero de Lázaro Báez, fue el que lo juzgó”, y siguió enumerando elementos un largo rato, entre los gritos de la bancada de José Mayans.

Concluyó afirmando que no lo querían votar porque “juzgó la corrupción del Gobierno al que pertenecieron”.

“Aprendan a respetar la independencia de la justicia, aprendan a respetar a los jueces, a no prejuzgar”, reclamó en otro pasaje, asegurando que “hasta los miembros más cercanos a la teoría penal que adhiere el bloque opositor, hasta (Alejandro) Slokar, dijeron querer que Mahiques debe seguir siendo juez de la Nación, porque es probo para eso”.

Al inicio de la sesión de este jueves del Senado de la Nación, los miembros del Cuerpo eligieron al licenciado Patricio Federico Finochietto quien tomó juramento para ocupar el cargo como prosecretario de coordinación operativa de la Cámara alta, rol que había quedado vacante desde la sesión preparatoria del pasado 24 de febrero.

La propuesta fue hecha por la senadora tucumana Beatriz Ávila quien, en nombre del interbloque Impulso País, describió a Finochietto como “una persona que tiene más de 17 años al servicio del Congreso de la Nación. Es un conocedor de la tarea legislativa y conocedor y se ha desempeñado con excelencia a temas vinculados a lo administrativo, operativo y parlamentario”.

“Estoy convencida que su aporte va a ser fundamental para fortalecer la institución y responder con eficacia, dedicación y respeto a las necesidades de esta Casa, de los señores senadores que representamos a las provincias”, cerró.

Previo a la votación, el presidente del interbloque de UP, José Mayans, criticó de forma irónica al oficialismo: “Le queremos agradecer a la generosidad que tienen en cuanto a la distribución dentro del Cuerpo del Senado”, y anticipó la abstención de su espacio.

La votación resultó con 45 votos afirmativos, 24 abstenciones y un voto negativo de la senadora Cristina Cándida López.

Tal como lo tenía en sus planes desde hace días, el oficialismo pidió una sesión con agenda propia en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles. Luego que la oposición reprogramara su convocatoria a tratar -ahora, entre otros temas- la interpelación de Manuel Adorni, La Libertad Avanza solicitó una sesión desde las 10.

El temario era el que ya se anticipaba, pero llamativamente no fue incluida la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que obtuvo dictamen de tres comisiones esta semana. El tema, que cobró relevancia en el marco de los compromisos asumidos con la administración de Donald Trump y el acuerdo comercial bilateral, venía retrasado y seguirá así, pues el oficialismo decidió pasarlo para "más adelante", sujeto a las negociaciones que el Gobierno todavía mantiene con Estados Unidos.

Sí se debatirán, y La Libertad Avanza buscará la media sanción, los proyectos de "Ley Hojarasca" y el que modifica el Régimen de Zona Fría, con la intención de reformular los subsidios al gas en las provincias que habían ingresado al beneficio por una ley votada en 2021, impulsada en aquel entonces por Máximo Kirchner.

Sin chances de lograr quórum, los solicitantes de la sesión que estaba prevista para este jueves 14 con la intención de votar un emplazamiento a comisiones sobre los proyectos que proponen la interpelación de Adorni, retiraron esa convocatoria y presentaron un nuevo pedido para el miércoles 20 a las 11, con otros temas sociales.

Sin embargo, días atrás, LLA había reunido a sus aliados y les había transmitido la intención de sesionar el 20. Por eso, este jueves presentaron el pedido, pero desde las 10. Es decir que, si los violetas reúnen quórum una hora antes, la siguiente sesión quedaría trunca.

La llamada "Ley Hojarasca" finalmente será llevada al recinto: se trata de un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a derogar una serie de normas que considera se volvieron obsoletas o inútiles, generan burocracia o "atentan contra las libertades".

Al obtener despacho de mayoría, el oficialismo aceptó una serie de modificaciones: no se eliminarán artículos de distintas normas referidas al financiamiento del Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios. Tampoco habrá derogación de la ley que prevé el libre estacionamiento para los legisladores nacionales y se quitó del listado una ley que el sector del cooperativismo reclamó no derogar.

En cuanto a la modificación del Régimen de Zona Fría, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hace 10 días obtuvo dictamen exprés en comisiones este miércoles.

La iniciativa redefine quiénes conservarán el beneficio en las tarifas de gas. Para la Patagonia, Malargüe y la Puna se mantendrán los subsidios al consumo residencial. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

El proyecto abarca además la deuda de las distribuidoras de energía con CAMMESA, derogación de algunos beneficios para el sector de hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivo a las energías renovables.

El temario incluye además una decena de tratados internacionales y un proyecto por el cual se reconoce al Brigadier (R) "VGM" Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur y se le concede la medalla de "La Nación Argentina al valor en combate".

El pedido de la sesión fue firmado por los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón.

Ante la convicción de que no se alcanzaría el quórum, los convocantes de la sesión especial pedida para este jueves en la Cámara baja con el objeto de impulsar emplazamiento de una serie de iniciativas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidieron levantar la misma. La novedad se conoció este miércoles por la noche, cuando se informó que la sesión se dejaba sin efecto.

Fue a pedido de los diputados convocantes, quienes resolvieron pasar la misma para el miércoles que viene, sumando al temario una serie de temas sociales pedidos por UP, de modo de intentar sumar mayor caudal de diputados para conseguir el quórum.

Según confió una fuente cercana a los diputados que impulsaban la sesión de este jueves, se calculaba que la convocatoria de las 11 de la mañana no reuniría más de 105 diputados.

Así las cosas, elevaron este miércoles otra nota al presidente de la Cámara para pedir sesionar el miércoles próximo a las 11, con un temario que incluye los proyectos referidos al jefe de Gabinete -que van desde pedidos de informes sobre cuestiones relacionadas con su situación  patrimonial, a una interpelación con el fin de iniciar una moción de censura-, más un pedido de informes a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo referido al incumplimiento de la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario.

A eso le suman proyectos referidos a las licencias maternales  y paternales (hay una docena de expedientes); la creación del Programa Nacional Remediar y el restablecimiento de prestaciones del PAMI a sus afiliados, como así también la gratuidad de medicamentos esenciales.

A diferencia del pedido de sesión hecho para este jueves, el de ahora incluye la firma del presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez y otros miembros de esa bancada. Aparecen también las firmas de Esteban Paulón, Pablo Juliano, Cecilia Moreau, Mariela Coletta, Natalia de la Sota, Maximiliano Ferraro, Paula Penacca, Nicolás Massot, Nicolás del Caño, Marcela Pagano, Mónica Frade, Blanca Osuna, Vanesa Siley, Néstor Pitrola, María Inés Zigaran, Myriam Bregman, Pablo Farías y Romina del Plá.

Si bien todavía no ha sido oficializado, el oficialismo tiene intenciones de sesionar el miércoles próximo (20 de mayo), a los efectos de tratar una serie de iniciativas que le interesan al Gobierno, entre ellas la modificación del régimen de Zonas Frías, el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

El diputado nacional y secretario general del Pro, Fernando De Andreis, anticipó este miércoles que su bloque no acompañará los proyectos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la sesión especial pedida para este jueves en la Cámara baja porque “hay investigación judicial en curso”.

“Creo que Adorni es más un obstáculo para el cambio en la Argentina que otra cosa, pero es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de cómo termina esta novela”, consideró. Al respecto, aclaró: “Nosotros no vamos a acompañar la interpelación porque hay una investigación judicial en curso, pero si creemos que tienen que mejorar sustancialmente la explicación de lo que está pasando y adelantar la declaración jurada. No corresponde una interpelación porque se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde la justicia está actuando”.

En ese sentido, añadió que lo que más le sorprendió del caso fue “la falta de conexión con la realidad y la no dimensión del lugar que ocupa, del cargo, de que Adorni es el jefe de Gabinete”. Para el dirigente, si hay tranquilidad en el fondo del asunto, la explicación debería ser más sencilla: “Si hay una tranquilidad tan grande, debería ser más sencillo de explicar”.

De Andreis planteó, durante una entrevista en Infobae, que Mauricio Macri sería el mejor candidato para presidir la Argentina en la próxima etapa: “Lo mejor para la Argentina es que Mauricio Macri sea el próximo presidente para la reconstrucción después de esta etapa de demolición, pero falta un montón. Esta es una etapa donde Milei iba con una motosierra en la camioneta… que nosotros acompañamos para demoler los cimientos de lo que venía muy podrido del kirchnerismo. Que el argentino que viene haciendo un esfuerzo muy grande acompañando el cambio pueda ver los frutos”.

“Era necesario una demolición del sistema montado por el kirchnerismo porque el populismo hizo mucho daño. Lo que hay que hacer de forma urgente es avanzar a lo que viene porque la situación está áspera”, manifestó, pero remarcó que “hay que acelerar la construcción. El Gobierno viene haciendo un buen trabajo a nivel macro y desarticular la bomba… los logros pasan muy rápidos. Los periodos hiperinflacionarios lastiman siempre a la clase media y media baja. Tampoco es cuestión de venir y criticar, hay un reconocimiento a los logros, pero nuestra obligación y responsabilidad como partido es poner el foco en lo que falta porque no alcanza con eso”.

Tenemos que poner la energía para que la Argentina termine de despegar. Esto no quiere decir quitar apoyo en el Parlamento o poner trabas. No podemos poner en riesgo el rumbo o el cambio en el país, no podemos ser funcionales a la vuelta del kirchnerismo.

Sobre el comunicado del Pro que emitió el pasado domingo, De Andreis opinó: “Es el pensamiento del bloque, es un racconto de lo que dijo Mauricio. No se les pregunta a los diputados.

Por otro lado, marcó diferencias con el estilo del presidente Javier Milei respecto al trato hacia el sector privado y los medios. “No estamos de acuerdo con el ataque a ningún individuo, ni a los empresarios, ni al periodismo, ni al que piensa distinto. Las formas es algo en lo que claramente somos distintos con La Libertad Avanza”.

El Senado sesionará este jueves para tratar un acuerdo de la Argentina con fondos buitre; el pliego por el cual se le prorroga el mandato por cinco años al juez Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas.

El temario se acordó este martes durante una reunión de los jefes de bloques en Labor Parlamentaria, en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La sesión, la tercera desde que arrancó el periodo ordinario, se realizará desde las 15. Por la mañana habrá una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que se prevé extensa.

Precisamente será la quinta audiencia, por donde pasaron los candidatos al Poder Judicial propuestos por el Poder Ejecutivo. La semana pasada, cuando culminó la tercera, senadores dialoguistas no firmaron los dictámenes y reclamaron que el Gobierno envíe postulantes para cubrir vacantes en el interior del país, ya que, en su mayoría, el alrededor de los 80 pliegos actualmente en análisis corresponde a Capital Federal o provincia de Buenos Aires.

Por ese motivo, el PEN envió una nueva tanda de pliegos “más federal”, a la que se le dará ingreso formal en la sesión del jueves, es decir, tomarán estado parlamentario.

Aunque cuenta con dictamen, el proyecto que busca endurecer penas por falsas denuncias, motorizado por la radical Carolina Losada, no será parte de la sesión. Con el correr de los días fue perdiendo apoyos y ganando un amplio rechazo, incluso una denuncia contra la senadora.

Por otra parte, formarán parte del temario tratados internacionales con Singapur, Suiza y San Marino, que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el arranque se espera que haya varias cuestiones de privilegio de la oposición.

Acuerdo con fondos buitre

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.

Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.

En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.

Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.

Pliego de Carlos Mahiques

El Senado tratará el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por medio del cual se le prorrogará por cinco años más su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.

El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero-, y luego que el camarista solicitara la extensión.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.

El pasado 16 de abril, el juez expuso en audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por varias horas y fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido

Armas

El proyecto sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado.

El texto plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

Pasado el informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, y con la idea de retomar la agenda parlamentaria, los popes del bloque libertario convocaron este miércoles a un puñado de aliados a una reunión en la que les trasmitieron la intención de sesionar el próximo 20 de mayo.

A paso lento en el plano legislativo, marcado por el escándalo que no da tregua en torno al jefe de Gabinete, y con proyectos del Poder Ejecutivo más ambiciosos del lado del Senado, el oficialismo en la Cámara baja buscará convocar a comisiones la semana que viene para armar un nutrido temario.

Según supo parlamentario.com, la propuesta de LLA es sesionar dentro de dos semanas con el proyecto de “Ley Hojarasca” -que busca derogar un conjunto de normas consideradas obsoletas y es impulsado por el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger- y un paquete de tratados internacionales, que ya cuentan con dictamen.

Además, se sumaría la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), clave en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. El mismo cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y el Gobierno ahora busca desempolvarlo. En principio, Argentina tenía tiempo hasta el 30 de abril para cumplir con ese paso.

Tras vencerse ese plazo, las negociaciones del Ejecutivo continuaron y en Diputados esperaban la venia de Cancillería para avanzar (a mediados de abril se había convocado a un plenario de comisiones que luego se suspendió). En el medio, EE.UU. sacó a la Argentina de su “Priority Watch List” -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- después de 10 años.

Con fuerte presión de los laboratorios nacionales y otros sectores con reparo al tratado, como las empresas productoras de semillas, en el Gobierno negocian para que la adhesión al PCT pueda salir quizás con una reserva sobre el Capítulo II, el más cuestionado. Un antecedente cercano de esto es Uruguay.

Otro tema que arrancará a debatirse la semana que viene es la iniciativa recientemente ingresada sobre “Medidas energéticas”, que apunta a recortar el régimen de zona fría y los subsidios de gas. También, prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cambios en el Régimen de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

Fuentes del oficialismo dijeron a parlamentario.com que irán directamente por el dictamen exprés, aunque en caso de no tener el consenso necesario se postergaría. Pero estos cuatro temas son los que buscarán llevar al recinto.

Con una nueva marcha universitaria convocada para el próximo 12 de mayo, otro proyecto que espera en Diputados es el que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, hoy judicializada. Desde LLA admiten que “está difícil”.

El encuentro de este miércoles se realizó en el Salón de Honor de Presidencia, aunque sin el titular del Cuerpo, Martín Menem. Por el oficialismo participaron Gabriel Bornoroni -presidente de la bancada-, Giselle Castelnuovo, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz.

En tanto, desde la oposición estuvieron todos los jefes de bloques del interbloque Fuerza del Cambio: Cristian Ritondo (Pro) -acompañado por Javier Sánchez Wrba-, Pamela Verasay (UCR), Oscar Zago (MID), José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). También asistieron Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) y Gladys Medina (Independencia).

Luego del encuentro, desde LLA esperaban recibir las “contrapropuestas” de la oposición dialoguista. Una de ellas ya trascendió y se trata de un nuevo proyecto de ficha limpia impulsado por Scaglia. Sin embargo, en el oficialismo esperan que la reforma política llegue del Senado, donde la posibilidad de tratar ese tema por separado se sumó a la mesa de negociación.

“Hoy sí tiene cara de deslomado”, chicaneó la diputada nacional Natalia Zaracho (UP) al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al recordar la polémica frase que el funcionario había utilizado para justificar el viaje junto a su esposa en un vuelo oficial hacia Estados Unidos.

En la ronda de preguntas durante la sesión de este miércoles, donde Adorni presentó su informe de gestión, la diputada de UP planteó: “Voy a tratar de ser políticamente correcta, pero es muy difícil en esta jornada”.

“La verdad que hoy me sorprendió, hoy si tiene cara de deslomado”, lanzó entre risas lo que despertó los aplausos de su bancada y siguió en tono burlón: “Hoy la verdad seis horitas le metió, me asusta un poco cuánto nos va a salir. Hoy si laburó”.

“Hicimos un montón de preguntas que lamentablemente no pudieron responder, pero me gustaría preguntarle qué se siente viajar en primera clase, si estuvo bueno el hotel”, preguntó con ironía y, mientras algunos diputados libertarios empezaron a gritarle, Zaracho les respondió: “Yo sé que el oficialismo está nervioso… sé que se ponen nerviosos, pero nosotros tuvimos que aguantar todo el día este show que vinieron a meter sin poder responder nada, así que no se pongan tan nerviosos… los entiendo”.

“Es hacerse el vivo acá adentro con cuatro cuadras vallado el Congreso, es válido hacerse el vivo, no sé si pueden hacerlo en la calle caminando sin tener seguridad al lado”, lanzó.

El Senado realizará este jueves su séptima sesión del año, la segunda del período ordinario, para tratar una serie de pliegos, como así también dar ingreso a más de sesenta pliegos judiciales.

Será a partir de las 11, y esta sesión que a  priori luce con temas que no ameritan mayor debate, estará marcada seguramente por la actualidad, lo cual implica la posibilidad de que haya un fuerte debate por temas como la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien estarán dirigidos numerosas cuestiones de privilegio.

Según lo establecido en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó este martes la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se debatirá el pliego de la exsenadora nacional Lucila Crexell, como así también los ascensos militares de los jefes de las Fuerzas Armadas.

Del encuentro celebrado en el Salón Gris del Senado, tomaron parte además de la presidenta del Cuerpo y el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, los senadores Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Eduardo Viscchi, Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Agustín Coto, Ezequiel Atauche, Carlos Arce, Fernando Salino, Martín Göerling Lara, Natalia Gadano, Mariana Juri, Carolina Moisés, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Carlos “Camau” Espínola.

La Cámara alta prestará acuerdo a la designación de Carmen Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, para desempeñarse en Canadá. El pasado 26 de marzo se suscribió el dictamen correspondiente para la exlegisladora neuquina en la Comisión de Acuerdos.

En la sesión de este jueves se procederá a ascender a los jefes de las tres armas: el general de División Oscar Santiago Zarich, jefe del Etado Mayor general del Ejército; el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; también el del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el vicealmirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada;

Asimismo se promoverá al grado inmediato superior a los brigadieres Pablo Jaime Sole, Fernando Luis Mengo; los comodoros Marcelo Antonio Turtora, Fabián Ricardo Luján, Jorge Daniel Vilas, Marcelo José Monetto, Carlos Rodolfo Gómez, Hugo Alberto Dirié y Marcelo César Cariola; a los vicecomodoros Mariano Quintana, Maximiliano Luis Ravera, Javier Eduardo Chiappai, Fabián Ricardo Oviedo, Mario Javier Anselmi, Gustavo Daniel Otero, Leonardo Gustavo Villegas, Luciano Eduardo Martínez Federik, Emiliano Andrés Gandini, Hugo Dante Alvarez, José Agustín Guerrero, Diego Stiberman, Alejandro Pastrán, Miguel Matías Garro, Pablo Ignacio Burgos, Cristian Darío Haller, Marcos González Pérez, José Víctoro David Farías, Federico Guillermo Vassallo, Hugo Germán Gómez, Claudio Rubén Reigert, Juan Manuel Zugasti, Diego Ariel Berisso, Ariel Gustavo Mandrile, Santiago Hernández, Leonardo Rubén Muzzi, Roberto Hernán Bertram, Adolfo Mengual Gómez, Luis Francisco Morelli, Daniel Augusto Molina, Mario Javier Núñez, Rubén Daniel Algieri, María Fernanda Cassola, José Alfredo Calandra, Hugo Donal Pérez, Maximiliano Humberto Gerycz, Hugo Daniel Sánchez, Marcelo Ángel Garaboa y Jorge Omar Peralta.

Por el Ejército, se promueve al grado inmediato superior al teniente coronel Fabián Torrengo, como así también a los comodoros Humberto Ricardo Domínguez, Ángel Javier Rojas, Carlos Gabriel Cendón, Pablo Víctor Eduardo Asis Bas, Gonzalo Villegas Campos y Walter Oscar Lucero; los vicecomodoros Néstor Ariel Díaz, Cristian Darío Lorenzo Giaccaglia, Horacio Luis Scotto, Guido Flecha, Eduardo Javier Nanclares, Pablo Sebastián Caffaratti, Andrés Atencio, Javier Gustavo Stafulki, Luis Matías Graziano, Roberto Alejandro Romero, Fernando Andrés Penza, Carlos Eduardo Araya, Mariano Alejandro Mohaupt, Pablo Andrés Noguera, Sebastián Medina Skiriano, Sergio Fernando Castillo, Juan Eduardo Alberghina Andrei, Diego Javier López, Cristian Bordón, Jorge Fernando Nedelcou, Alexis Benjamín Hernández, Manuel Darío Castaño, Carlos Edgardo Sack, Marcela Del Valle Chialva, Ana Lía Gatti, Fernando Daniel González, Mauricio Esteban Castro, Nieves Karina Dagnino, Sebastián Fernando Casado, María Gabriela Lancelle y Roxana Elizabeth Tissieres.

Ascienden los generales de Brigada Sergio Jurczyszyn y Héctor César Tornero; los coroneles Gustavo Alejandro Molinari, Esteban Andrés Ravaioli, Hugo Daniel Soria, Mariano Pablo Gallo, Fernando Daniel De la Vega, Francisco José Cajal, Julio César Buoniconto, Bruno José Varani, Orencio Carlos Correas, Alberto Ricardo Nadale, Diego Ignacio Berra y Ariel Andrés Mira Peña.

También ascienden los tenientes coroneles Fernando Edgar Álvarez Suárez, Cristian Castellanos, Sebastián Mateo Marincovich, Rodolfo Grazzinni, Mario Cristóbal, Isidro Germán Green, Daniel Orlando Bustamante, Mariano Eduardo Kreiman, Luis Javier Anca, Pablo Fernando Benet, Martín Ronconi, Alejandro Oscar Peralta, Nazareno Eduardo Luis Ampuero, Diego Ernesto Heer, Diego Rubén Núñez, Facundo Manuel Eduardo Stella, Alberto Jesús Camargo, Noel Albiero, Eduardo Matías López Iñigo, Carlos Enrique Dellatorre, Carlos Francisco Ponce, Juan Mariano Chiara Vieyra, Fernando Domínguez Silva, Marcos Ariel Miskow, Rodolfo Edgardo Narváez, Jorge Gustavo Martínez, Juan Martín Nicasio Martínez, Matías San Martín, Martín Gonzalo López Beatriz, José Ignacio Rama, Ramiro Bustos, Maximiliano Ferrutti, Alberto Gustavo Camerucci, Sergio Hernán Romero, Rubén Darío González, Mario Rolando Carbajal, Pablo César Bassan, Rubén Alberto Blanca, Pablo José María Vizcaino, Fernanda Patricia Anzulovich, Silvina Lourdes Ferrero, Cecilia Elizabeth Salcedo, Juan Martín Patiño, Graciela Mónica Iglesias, Gustavo Daniel Said, Raúl Alcides Zini, Mariel Andrea Maguna, Alejandro Martín De Bernardi, Carlos Roque Dengl, Diego Gonzalo Cejas, Sandra Noemí Navarro y Ofelia Vence.

Se procederá además a promover al grado inmediato superior al siguiente personal militar superior de la Armada Argentina. Los contraalmirantes Fernando Daniel Terribile y Carlos Gabriel Funes; los capitanes de Navío Santiago Villemur, Fernando Enrique Pérez Kuhn, Gonzalo Horacio Nieto, Mariano Hernán García Bonini, Horacio Jorge Calafell, Damián Gabriel Orgiazzi, Carlos Eduardo Gómez Nolasco, Daniel Jorge Rajcevic y Juan José Napoletano.

También ascenderán los capitanes de fragata Juan Ignacio Sander, Sergio Esteban Donadio, Guillermo Roberto Mondine, Christian Adrián Cáceres, Pablo Ariel Viozzi, Alejandro Adrián Arroyo, Oscar Luis Latorre, Ariel Fernando Vidales, Miguel Ricardo Caviglia, Juan Fermín Spadaccioli, Ariel Omar Oviedo, Diego Alejandro Mazza, Christian Hernán Giménez, Norman Guillermo González, Juan Eduardo Acosta, Horacio Antonio Giménez, Diego Javier Tufil Assen, Fernando Luciano Pereyra, Sergio Víctor Andrés Calierno, Marcelo Martín Rodríguez, Rodrigo Fernando Caballero, Edgardo Darío Miño, Cristian Adrián Pérez, Paulo Daniel Ramos, Mariano Mazza, Maximiliano Juan Marcelo D’Amico, Nelson Maximiliano Pausic, Juan Ignacio Smoilis, Christian Fernando Losso, Luciano Damián Menéndez, Marcelo Horacio Herrera, Ulises Ángel Basualdo, Juan Pablo Pérez, Christian Gabriel De Gregori, Rubén Esteban Goñi, Martín Maximiliano Carbone, Gustavo Carlos Escalas, Jorge Claudio Correa Heredia, Diego Alberto Fernández, Carlos Guillermo Torrissi, Damián José Pérez, Walter Eduardo David Ordóñez, Guillermo Gabriel Orozco, Jorge Eduardo González O’Connor, Ariel Baltasar Atanasoff, Santiago Mauricio Filippi, Jorge Ariel Herrera, Guillermo José Uboldi, Jorge Daniel Stambuli, Martín Kennel, Néstor Manuel Manescau, Martín Enriqeu Olaz, Marcelo Miguel López García, Roberto Adrián Romano, Alberto Daniel Pericolo, Alberto José Armando Navarro, René Gabriel Schumacher, Sergio Pablo Iamarino, María Belén Paxote, Irma Noemí González, María Cecilia Moure y María Ruth Cabral.

También se procederá a dar acuerdo a las designaciones de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia para Eduardo Rodolfo Montamat, en el cargo de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore  como vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia; Germán Augusto Zamorano como secretario de Concentraciones Económicas, y Ana Julia Parente secretaria instructora de Conductas Anticompetitivas.

El Senado arrancó a las 14.13 su primera sesión ordinaria del año, con el objeto de dar ingreso formal a una serie de pliegos y tratar acuerdos internacionales. Aunque la espuma bajó un poco, la oposición se prepara para utilizar las cuestiones de privilegio e incomodar al oficialismo con polémicas para el Gobierno, como el caso $LIBRA y los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La reunión se había acordado en Labor Parlamentaria la semana pasada, en la previa de que estallen las nuevas revelaciones sobre la causa que investiga una presunta estafa en el lanzamiento de la criptomoneda que fue promocionada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.

En el inicio de la sesión se dará ingreso a una serie de pliegos militares, diplomáticos y judiciales, como el de Carlos “Coco” Mahiques, el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien busca prorrogar su mandato en la Cámara de Casación Penal por cinco años más, ya que en noviembre próximo cumplirá 75 años.

Otro de los pliegos, en este caso una propuesta diplomática, es el que propone a la exsenadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá

Por otra parte, dos de los tres convenios internacionales que serán debatidos son de vieja data y llevan mucho tiempo esperando ser tratados. De hecho, el pasado 18 de septiembre estaban en el temario y la sesión se quedó sin quórum justo cuando debían tratarse. Son el establecido con Austria para eliminar la doble imposición en impuestos sobre la renta y el patrimonio, y para prevenir la evasión y la elusión fiscal; como así también el protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de Francia, también para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Además, enviado recientemente por el Poder Ejecutivo, la Cámara alta buscará también aprobar el acuerdo para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Se trata de una iniciativa que contempla un acuerdo suscripto en Roma en noviembre de 2009 en el marco de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Dicho acuerdo tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, mediante la aplicación de medidas efectivas por parte de los Estados que controlan los puertos y la implementación de controles más estrictos.

Asimismo, establece la obligación de los buques extranjeros pesqueros o de apoyo a sus actividades que quieran ingresar a un puerto designado por un Estado parte a presentar información detallada por adelantado, que incluya la identificación y bandera, el registro de pesca, las autorizaciones recibidas y capturas y áreas de operación, entre otra información.

Por último, se tratará un proyecto de resolución que tiene el respaldo de todos los bloques y fue presentado con las firmas de Patricia Bullrich, jefa de LLA, y José Mayans, titular del interbloque peronista, entre otros, que prevé eliminar la publicación de las solicitudes de acuerdos del Poder Ejecutivo en los diarios de mayor circulación del país. Es decir, los nombres de los candidatos a jueces y fiscales.

La iniciativa es formalmente una modificación a los artículos 22 bis y 123 bis del Reglamento del Senado, en los cuales igual se contempla la publicación en la página web y las redes sociales de la Cámara alta.

El proyecto se iba a tratar esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero finalmente se suspendió e irá al recinto sin dictamen. Pero, por el respaldo de todos los bloques, se estima se habilitará sobre tablas con los dos tercios.

Al inicio del debate por la reforma a la Ley de Glaciares en la sesión de este jueves en el Senado de la Nación, desde el oficialismo cuestionaron que la normativa actual “está diseñada en favor de intereses de un país vecino y no de las provincias dueñas de los recursos”, por lo que el proyecto “armoniza la norma con lo que nos manda la Constitución Nacional y la Corte Suprema”.

Como miembro informante, la senadora chubutense Edith Terenzi en su calidad de presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hizo un repaso de cómo fue el tratamiento del proyecto en el Senado. Así, recordó que el 5 de diciembre pasado el Ejecutivo convocó a extraordinarias, pero el proyecto de Glaciares recién ingresó diez días después. El día 16 de diciembre se hizo la convocatoria a comisiones para tratar el proyecto el día 17 de diciembre en un plenario para iniciar el tratamiento, a través de una nota suscripta por presidentes de bloques dirigida a la presidencia del Senado.

“En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible a fin de tener en tan poco tiempo todas las voces que pudiéramos tener desde funcionarios del Ejecutivo a ambientalistas y representantes de organizaciones, gobernadores, abogados, cámaras mineras”, explicó y precisó que entre los fundamentos del proyecto señala que los mandatarios provinciales son quienes solicitaron la modificación de la ley vigente. Terenzi resaltó que el dictamen tuvo 19 firmas en total, dos de ellas en disidencia. “Tenía que explicar este procedimiento que llevamos adelante entre ambas comisiones para que se entienda”, cerró.

A continuación, fue el senador libertario Agustín Coto señaló que “luego de 15 años estamos resolviendo dudas que muchos senadores se planteaban en esta Casa y esto responde a una necesidad, no a una voluntad porque tenemos ganas”, y ratificó: “Estamos respondiendo a una necesidad”.

Respecto del artículo 1ero del dictamen, aclaró que “es igual al de la ley vigente lo que quiere decir que se preserva la protección de las reservas hídricas estratégicas porque es el objeto de la norma. Es valioso decir que el primer párrafo está para mantener lo que se está protegiendo”. Al respecto, indicó que se agregó una “armonización de la norma con el artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional”, y recordó que el exsenador José Luis Gioja se preguntó por qué el dictamen de Diputados había omitido la referencia al artículo 124: “Estamos respondiendo con 15 años de distancia y estamos viendo si lo podemos enmendar”.

Coto explicó que “es materia de discusión armonizar la norma con lo que nos manda la Constitución y la Corte Suprema. Solo estamos cumpliendo con la manda que nos pide la CN y eso responde al agregado en el artículo 1. Estamos armonizando la normativa vigente”.

Sobre el artículo 2 que discute el inventario, Coto planteó que “se discutió en comisión y muchas de las modificaciones que se introdujeron ahora están basadas en ese diálogo. El inventario sigue estando, otro de los problemas que se plantearon en el 2010, tardó 8 años en producirse. El inventario tiene 17 mil entradas e incorporamos un principio precautorio para hacerlo valer y para que ese esfuerzo tenga valor. Se constituyó por la reserva hídrica. Es un inventario científico, que vale la pena valorar y le damos un rol importante”.

“El núcleo de esta discusión es el artículo 124 de la CN los recursos a las provincias. El inventario naturalmente se conformará según lo que las provincias soliciten retirar e incorporar. Lo que planteamos es que la autoridad jurisdiccional sea la que se encargue de la actualización eventual del inventario en materia técnica. El IANIGLA va a seguir siendo un organismo técnico como lo era desde que se creó con una perspectiva federal”, planteó.

El libertario recordó que el director del organismo estuvo procesado y citó las palabras del Dr. Villalba: “El inventario tenía que tener la función hídrica como función central. ‘Un suelo que se congela de forma temporaria, no es importante desde el punto de vista de reserva hidrológica no hay que protegerlo, hay que proteger los que son permanentes’”, y manifestó: “Acá estamos convirtiendo en ley lo que el científico más calificado del país en su momento recomendaba. Si acá hay una concesión es la ciencia”.

Al referirse al artículo 3 del principio precautorio, destacó: “Estamos consagrando este inventario, todo eso sigue estando allí y protegido. No está en discusión. No deja de ser un patrimonio del Estado y de las provincias. Nos permite administrar los recursos. Es una incorporación valiosa lo del inventario y es un reconocimiento al trabajo que se hizo en la norma original”.

Coto aclaró que el IANIGLA conservará la titularidad del inventario, no se lo desmantelará ni desfinanciará. “No se lo toca y se le da el valor científico. Las provincias podrán retirar o incorporar del inventario según criterios técnicos y científicos. Me parece valioso que se reconozca que las provincias no son somos salvajes y es una reivindicación histórica para quienes se quejaban de la ley original y unitaria”, explicó el fueguino.

“Hemos incluido este principio central del 124 que se había omitido en Diputados y, en lo que respecta al inventario, la participación de las provincias que va a ser determinante y, además, va a elevar el nivel de las provincias porque van a tener que estar a la altura de lo que pide la ley. Si no cuentan con la capacidad técnica van a tener que ir por él y cumplir con los requisitos”, planteó.

Sobre las actividades prohibidas, el senador libertario precisó: “Se mantienen todas las prohibiciones. En el artículo 6 se incorpora un criterio extra que es más restrictivo que el anterior. Estamos cuidando el agua. A su vez, incorporamos un criterio extra en materia de impacto ambiental de forma estratégica por parte de las empresas. Se subsana una falla del texto original que no lo tenía”.

“Se habló de distritos donde no tenemos controversia sobre este tema como Tierra del Fuego o Santa Cruz, pero para ser gráficos las autoridades competentes ahí son Parques Nacionales.  Es lo que hace a la intervención que tenga que hacer el Estado Nacional para lograr que IANIGLA incorpore una entrada a su inventario está más que claro en el texto”, aclaró.

Por último, Coto contó que en su provincia el glaciar Alvear se redujo en un 80% y hay “muchos peri glaciares. Son reservas hídricas que estamos protegiendo en esta ley. Estamos resolviendo un asunto que nos mandó la Corte y que este Senado planteó en todos los escenarios políticos entendiendo que, la ley que estamos modificando, iba a generar problemas en retroceso en materia federal que significaba, en el inventario”.

“En una normativa que parecía diseñada en favor de intereses en un país vecino y no en los intereses de los 24 distritos del país y, más aún, de las provincias que tienen esos recursos a la mano y pueden ser la posibilidad de desarrollo que tanto necesitan, y los beneficios indirectos que trae. Esa ley tan controvertida en este Senado de la Nación, quizás porque trató ese dictamen tan poco federal, hoy está siendo modificada en el recinto y es una deuda que teníamos”, expresó y cerró: “No estamos leyes porque tenemos ganas, estamos resolviendo un cuerpo normativo que se da de bruces con la Constitución Nacional”.

En el marco del debate del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada oficialista, el cordobés Gabriel Bornoroni, resaltó la importancia de la presencia de invitados en los palcos familiares de víctimas, es una de las muy pocas veces que La Libertad Avanza permite que haya invitados en los palcos a diferencia de años atrás.

Bornoroni mencionó a cada uno de los presentes como Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia abuela de Uma Aguilera, la familia Sperani de Córdoba padres de Joaquín Sperani, Laura Fernández de USINA de Justicia madre de Lara Fernández, Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón respectivamente, Guillermo Bargna de USINA de Justicia padre de Soledad Bargna, Marcos Rodríguez padre de Kim.

“Me parece importante que en este debate que estamos dando sepamos que nos están acompañando ellos en los balcones y están muy interesados en que esta ley, al final del día, tenga media sanción”, expresó el jefe del bloque libertario, tras lo cual oficialistas y aliados se levantaron de sus bancas para brindarles un cálido aplauso por unos minutos.

Desde el bloque de Unión por la Patria se expresó la diputada Cecilia Moreau quien saludó la presencia de los familiares a “quienes muchas de ellas las conozco porque tuvimos la suerte de ser nosotros cuando Sergio Massa presidía la Cámara quienes en conjunto con ella pusimos en marcha el Observatorio de Víctimas que llevaron adelante. Ojalá siga funcionando”.

“Saludo desde la Presidencia a todas las personas que vinieron hoy”, cerró el presidente de la Cámara, Martín Menem.

El cierre del extenso debate por la Reforma Laboral en el Senado estuvo en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien respaldó la iniciativa que “está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, y planteó que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta”.

Previo a hablar del proyecto, la senadora hizo una cuestión de privilegio contra el jefe de la bancada de UP, José Mayans, por “comparar una frase que estaba en la entrada del campo de exterminación de Auschwitz para hablar en la casa de la democracia que no merece que usted nombre ese cartel nefasto donde 6 millones de vidas fueron incineradas. Le pido que use otros ejemplos y no ese”.

Luego, procedió a respaldar la iniciativa del Ejecutivo: “Estamos iniciando un camino laboral profundo de cambios que durante muchas décadas se discutió en el país. En todos los gobiernos de la democracia generar un sistema laboral que deje de condenar a millones de argentinos a la informalidad, que les negó la posibilidad de progresar”.

“No se puede hablar como si todo hubiese comenzado hoy, cuando la mayor cantidad de gobierno lo ha tenido el partido que hoy niega haber participado de la situación en la que millones de argentinos se encuentran en la informalidad total”, criticó.

Bullrich consideró que “estamos ante una batalla muy importante que ha dado el Congreso en los últimos años porque se ha intentado varias veces. Se intentó en distintos gobiernos avanzar para tener herramientas que ayuden a que la Argentina progrese”, pero remarcó que “las frustraciones fueron múltiples desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora una cantidad de oportunidades perdidas para lograr acompañar las leyes laborales, el tamaño del Estado, el empleo privado, la necesidad de tener empresas. Frente a eso la respuesta fue el achatamiento, el Estado feudal, la construcción de Estado que han aplastado la capacidad productiva del país”.

“Una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, lanzó.

En esa línea, planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.

“Esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, ponderó y aclaró que “las leyes laborales no crean empleo, no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones reales y concretas que se explican en cada artículo porque en Argentina se necesita generar trabajo y eso sucede cuando hay competitividad”.

La senadora libertaria sostuvo que “para crear empleo hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público, hay que tener seguridad jurídica, generar el fin de los estados feudales. Queremos empleo privado para la libertad de las personas”. En ese sentido, apuntó: “Acá se ha construido el Estado a favor de la lógica y de la política, se ha destruido la capacidad productiva y creativa de los argentinos, por eso esta ley viene a crear reglas claras con orden y libertad”.

Por el contrario, planteó: “Venimos a cambiar un paradigma que durante décadas tuvo al trabajo argentino atrapado en un sistema rígido, extorsivo, injusto. En pocos años un país pasó de tener empleo registrado casi en el 100% a tener el 43% de empleo informal”, y preguntó: “¿Puede un país durante 15 años no crear puestos de trabajo? ¿Puede ser que hoy de cada 2 empleos que se contratan, uno es informal? ¿Vamos a seguir con un sistema que impide generar nuevos puestos de trabajo?”.

“Si estamos por debajo de las capacidades que exige el mundo, no vamos a poder crecer como país. Este sistema fracasó y estamos planteando un sistema diferente que permite defender derechos en serio”, manifestó y respaldó: “Estamos trabajando la posibilidad de generar un empleo que le permita a la gente tener la capacidad de darle a su familia esos derechos que hoy le son negados. Que contratar no sea un acto de riesgo, es una amenaza permanente”.

Bullrich afirmó que “estamos encaminando al país a salir del fracaso, a generar que no viva la litigiosidad, el privilegio. En el que pocos pueden acceder a un trabajo formal y muchos tiene que vivir en la informalidad. No queremos que en la Argentina el trabajo sea un rehén de la corrupción de entramados y de privilegios, que sea la libre elección de cada persona, y no la imposición de Estados”.

La senadora aseguró que la iniciativa busca “salir de este sistema armado para vivir en el conflicto laboral permanente, un sistema que funde empresas, destruye empleo y luego lo disfrazan de defensa al trabajador”. De forma contraria, manifestó que la ley “trae equilibrio”.

En medio de una agitada agenda de martes con la conformación de siete comisiones claves para tratar los proyectos impulsados por el Gobierno nacional, el oficialismo convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para llevar al recinto la Reforma Penal Juvenil en busca de la media sanción.

La citación es para este jueves 12 de febrero a las 11 horas. Además, La Libertad Avanza incluyó el Acuerdo Mercosur – Unión Europea al temario que será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur durante la tarde de este martes.

El dato curioso de la convocatoria recae en el expediente del Régimen Penal Juvenil que data el 15 de julio de 2024 y no el que el Gobierno envió este lunes al Congreso, donde incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

Esto se debe a que el propio Ejecutivo decidió retirar la iniciativa, debido a que fijaba la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el texto del año pasado. Por ello, se espera que el Gobierno envíe en las próximas horas a Diputados la nueva versión.

Tal como había adelantado parlamentario.com, los referentes del oficialismo dieron lugar al pedido explícito de la oposición dialoguista para revalidar el dictamen que se firmó el 6 de mayo del año pasado: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reducir las penas máximas de 20 a 15 años; y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.

De hecho, algunos referentes de bloques aliados remarcaron que bajar la edad de imputabilidad a 14 años está dentro del rango etario que suscribe la Argentina en los tratados internacionales con jerarquía constitucional por los derechos del menor que se han firmado. Esto mismo ha sido reiterado más de una vez por Patricia Bullrich, autora del proyecto de ley cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de la Nación.

Acuerdo Mercosur – UE

El otro tema que será eje de debate en el recinto es el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto por el presidente Javier Milei en la ciudad de Asunción el pasado 17 de enero. El mismo está compuesto por un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que en conjunto representan alrededor del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y cerca del 35% del comercio global. Desde el Poder Ejecutivo Nacional creen que va a “generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible”.

Según informó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, cuando se llevó a cabo la ceremonia de firma del Acuerdo que presenció Milei junto a los líderes de los países del Mercosur, se va a estructurar en “los pilares comercial, de cooperación y político”. Para los países del Mercosur, se espera un incremento de las exportaciones a la UE y un impulso a la actividad económica mediante acceso preferencial al mercado europeo, con “la liberalización del 92% de los aranceles y mejoras sustanciales para productos agroindustriales”.

Además, la UE se compromete a reconocer 220 Indicaciones Geográficas (IG) del Mercosur, de las cuales 104 son argentinas; un Fondo de Cooperación Reforzada de hasta 1.800 millones de euros para Mercosur (subvenciones y garantías); la recuperación de preferencias comerciales para exportaciones clave como el biodiésel, aceites, langostinos y cítricos; y ventajas inmediatas para productos competitivos como la carne, soja, frutas, legumbres, mate, té, bebidas y productos pesqueros.

De todas maneras, la Unión Europea organizará el Foro UE–Argentina de Inversión y Comercio el próximo 1 y 2 de junio en la Ciudad de Buenos Aires en virtud de “consolidar el diálogo entre actores públicos y privados, identificar oportunidades concretas de inversión y fortalecer las cadenas de valor birregionales”.

La presidente de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó la nota oficializando la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero con un único tema en la agenda del debate: el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, las puertas del recinto de la Cámara de Senadores se abrirán por primera vez en lo que va del año desde las 11 de la mañana. La convocatoria surge luego de una nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, que había sido suscripta por Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.

El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo.

Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión. Tampoco figura la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. Sin embargo, ambos temas podrían incorporarse en Labor Parlamentaria.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.

El debate en el recinto

Abrió el debate como miembro informante y en carácter de presidente de la Comisión de Justicia, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien señaló que esta modificación al Régimen Penal Tributario o mal llamado Inocencia Fiscal “no pretende ser una ley ad eternum, por el contrario, se tratará cuando se debata el Código Penal, pero no podemos seguir teniendo como condición objetiva de punibilidad un mínimo de un millón y medio de pesos”.

“Es una cuestión que la inflación nos provocó un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico de asimetrías que destruye la economía y deja desactualizados los umbrales poniendo como clientes del sistema Penal Tributario a casi todos los contribuyentes, por eso esta ley viene a poner un costo también a algunas facultades omnímodas que tenía AFIP y ARCA cuando habla de la declaración jurada y lo que el órgano recaudador presume que está mal”, manifestó.

El riojano destacó que “se dejan reglas claras” porque “se trata de traer un régimen simplificado de declaraciones porque hay que facilitarle la vida al contribuyente como todos los países del mundo porque el exceso de requisitos conspira en contra del desarrollo de las actividades”.

“También trae normas concretas sobre el procedimiento porque si no se rige por resoluciones generales que son leyes muy impropias que están en el último escalón del sistema normativo. Por eso esta ley es necesaria y, a partir de la sanción de esta ley, no se va a suponer la culpabilidad del contribuyente sino la inocencia”, explicó Pagotto y resaltó que esta ley “es una medida que beneficia a todos los contribuyentes sin distinción de bandera política”.

El libertario sostuvo que “de manera urgente necesita una revisión la Ley 11.683 de Aplicación y Percepción de Impuestos de contenido inquisitivo y es contraria en muchas normas a lo que marca la Constitución. Nos debemos una reforma del sistema impositivo en su totalidad porque estamos aplicando casos y llevando al sistema penal como panacea universal lo que debiera resolverse con otro tipo de medidas”.

“Esta ley de inocencia fiscal me aterra que en el país discutamos el principio de inocencia y muestra cuán bajo hemos caído en cuanto a la imposición autoritaria de normas”, criticó y aclaró que no es patrimonio de un solo Gobierno, pero planteó que “debemos reformar esto”. Pagotto se refirió a la actualización de los montos que plantea el proyecto para evitar que los desfasajes monetarios “haga que las normas se desactualicen”.

Al cierre, Pagotto aclaró que “no es una ley que vaya a solucionar de la noche a la mañana los problemas de recaudación ni de relación del ciudadano con el fisco, pero si viene a poner claridad en cuanto a cómo debe actuarse. Esta ley viene a regular y actualizar las pautas penales tributaria que tiene la Ley 11.683 y algunas aledañas y que, sin embargo, nunca habían sido tratadas”.

A continuación, el senador Martín Soria contradijo a Pagotto al asegurar que “esta inocencia fiscal en realidad hace alusión a que faltan dos días para el Día de los Inocentes. De inocencia fiscal tiene poco y nada. Desde el bloque Justicialista, en el estado actual este proyecto no puede ser aprobado ni sancionado”.

Consideró “peligrosos” algunos artículos del proyecto que consideró un “mamarracho”, a tal punto que “el propio ministro de Economía de Milei, Toto Caputo, la semana pasada salió a aclarar en sus redes sociales que había inconsistencias en el texto aprobado en Diputados y que por eso se iba a tratar de enderezar con la reglamentación correspondiente”.

“Lo que salió de Diputados es un mamarracho, porque el proyecto del Ejecutivo da vergüenza ajena”, agregó Soria, que se preguntó “¿para qué estamos nosotros entonces? Somos nosotros la Cámara revisora, la que tenemos la responsabilidad de corregir lo que viene de Diputados si hay algo mal, no es el Poder Ejecutivo”.

A su turno, el radical Maximiliano Abad sostuvo que “la estabilidad no es sólo macroeconómica, también es institucional”, y afirmó que un sistema tributario basado en la desconfianza “debilita la legitimidad del Estado y desalienta la inversión”. Por el contrario, plateó que “un sistema tributario previsible y razonable es un sistema que reduce litigios, mejora los cumplimientos y fortalece la legitimidad del Estado”.

En ese sentido, valoró el cambio de paradigma que impulsa el Poder Ejecutivo al pasar “de la sospecha permanente a la inocencia fiscal”, y remarcó que “los contribuyentes que cumplen no pueden vivir bajo amenaza constante, mientras que el Estado debe concentrar sus recursos en perseguir a los evasores reales”.

Abad celebró la simplificación de las declaraciones juradas, pero advirtió que la actualización de las multas del Régimen Penal Tributario “no contempla la realidad de los pequeños contribuyentes”, lo que puede generar “sanciones desproporcionadas para emprendedores y comercios de barrio”.

Brevemente, el presidente del bloque peronista de Convicción Federal, Fernando Salino, propuso cambios en la redacción del proyecto de ley de Inocencia Fiscal y, en línea con la moción del senador entrerriano Adán Bahl -que había propuesto una moción de orden para que el dictamen volviera a comisiones, pero que no prosperó-, expresó: “¿Cuál es el sentido de apurarse? Estamos absolutamente a tiempo de arreglar esta ley. No se puede reglamentar en contra de la ley, se reglamenta explicándola”. Finalmente, el miembro informante del oficialismo no dio lugar a la incorporación.

“Si no cuidamos a las pymes que generan empleo y desarrollo, estamos yendo en la dirección equivocada”, afirmó. Finalmente, destacó su predisposición a seguir trabajando en una reforma integral del sistema tributario “que brinde previsibilidad, simplifique trámites y alivie la carga impositiva sobre el sector productivo”.

Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que “no estamos hablando de reformas menores, de justicia, de libertad y de poner al ciudadano por encima del Estado”.

Durante décadas, continuó, “fuimos perseguidos por nuestros propios gobiernos y todos estábamos en riesgo. Por defecto, éramos considerados culpables. Los pequeños y grandes contribuyentes vivieron con miedo; los tribunales se llenaron de gente honesta, mientras los verdaderos corruptos no sufrían las consecuencias. Con esta ley eso se termina”.

Bullrich aseguró que “perseguimos a los que no hacen las cosas de manera correcta”, y que “esta ley termina con el abuso del ‘pague y después reclame’. Esto va a proteger y por supuesto que hay una lógica que no tiene nada que ver con una ley recaudatoria. Acá lo que se permite es que las personas puedan utilizar su dinero sin tener una espada de Damocles sobre su cabeza”.

“Queremos un fisco que acompañe y que no sea castigador”, señaló sobre el final, para garantizar también que “esta ley sigue persiguiendo a los grandes evasores y quienes corrompen el sistema”. Finalizó expresando que “con esto vamos a lograr decir basta a la persecución a los contribuyentes, que los tribunales no estén rebasados de gente honesta y con esto la libertad se vuelve normas, y para nosotros es bien importante”.

En senador jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) fue el encargado de abrir el debate en la sesión de este viernes en la Cámara alta en relación al Presupuesto 2026 que calificó como “un punto de quiebre” para la historia porque “hace décadas no teníamos una norma sin déficit”.

Como miembro informante, resaltó el intento de sancionar un Presupuesto que tenga “una regla fiscal simple y lógico que no se había cumplido en los últimos 13 años y que tenga un déficit cero” con el objetivo de “generar confianza interna y externa”.

Atauche sostuvo que el Presupuesto “se elaboró de una manera distinta a como se venía haciendo porque en general primero disponían todos los gastos que el Gobierno iba a hacer y luego se veían los recursos y, si no alcanzaban, se procedía a ajustes, pedidos de préstamos y emisión monetaria que generó la debacle inflacionaria”.

El libertario hizo un repaso de cómo recibieron el país con déficit fiscal, inflación de 25,5 puntos mensuales y un Estado “sobredimensionado”, con un 30% de la deuda externa con vencimientos a un día, un riesgo país por encima de los 1.900 puntos, con 41,17% de pobreza y 11,9% de indigencia, entre otras características. Así, comparó que el Gobierno “buscamos el equilibrio fiscal para atacar todas las cuestiones que generaban gasto público innecesario. Bajamos impuestos, tuvimos avances inéditos en el equipamiento para seguridad, pasamos a un superávit de 0,3 puntos del PBI, hemos logrado bajar la deuda y la inflación, entre otras decisiones”.

Al respecto del Presupuesto 2026, señaló que “las premisas son claras” porque “se ha formulado con una norma vigente y un escenario de estabilidad”. “Las estimaciones de la Oficina de Programación económica dan un tipo de cambio de $1.423, inflación esperada del 10%, y un crecimiento económico del 5%”.

En cuanto a los ejes para la formulación de la Ley de Leyes, detalló: “Acompañamiento social sin intermediaciones donde el foco absoluto está en que los argentinos sean más libres de votar, de poder salir a trabajar. Acá está la posibilidad de que los planes sociales sean compatibles con el trabajo que es algo que no se venía haciendo”.

Sobre la Garantía de cobertura señaló que “hay una regla del 95% que es importante en materia de ayuda social donde la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar tienen que cubrir el 95% de la canasta básica y estos objetivos de ayuda social se van a cumplir independientemente de lo que suceda con la cuestión económica del país. Hemos aumentado todo tipo de asignación social para que los sectores más vulnerables se sientan protegidos”.

Al hablar del equipamiento y modernización de la defensa, explicó que es “una política de este Gobierno de poner en valor la defensa y la seguridad. Entender quién es la víctimas y victimarios y darles el valor que le habían quitado a las fuerzas de seguridad que tanto cuidan al país”.

Atauche también se refirió a la desregulación y transformación del Estado el cual definió como “un Estado más moderno, eficaz y eficiente cuyo principio fue el DNU 70/23 y la Ley Bases donde se registraron más de 2.335 normas que fueron derogadas, desreguladas y eficientizadas”.

“Nuestro objetivo principal es sostener por tercer año consecutivo el superávit financiero. Proyectamos un superávit del 0,3% del PBI que significa que no vamos a tener que pedir préstamos o emitir moneda que se logran con resultado primario de un superávit del 1,5%, un superávit financiero del 0,3%”, precisó y sumó que el Presupuesto tiene por ley “una alta rigidez porque el 92% del gasto total ya está comprometido en partidas de difícil modificación”.

En esa línea, Atauche precisó que “un 82% de este Presupuesto no se mueve, donde un 45% es para la previsión social, jubilaciones y pensiones, 16% para la asistencia social, 11% para salarios del sector público más 9% de intereses de la deuda y queda un margen operativo de 18% que van para subsidios y universidades”.

El libertario hizo un apartado sobre el artículo 12 del Presupuesto en el cual “exigimos que las Universidades Nacionales deberán presentar ante la Secretaría de Políticas la información necesaria para la transferencia de recursos, este artículo se presentó en los presupuestos anteriores y hoy lo volvemos a incluir”.

“2% de gastos de capital, inversión en obra e infraestructura y 6 a 7% queda para el resto de la gestión como emergencias, planes de seguridad, de salud, etc. El 80% del gasto total tiene una cláusula de indexación o de actualización que tiene que acompañar la inflación; el 61% del gasto primario está indexado por ley y 12% del gasto salarial también”, precisó.

El jujeño explicó que estiman un crecimiento de los recursos en unos 0,2 puntos del PBI, en términos nominales un crecimiento del 20,8%. “Los ingresos corrientes aumentan en un 20,7%, los totales en un 20,8%. Los ingresos impositivos serán de 90 billones de pesos un 20,7% de aumento; aportes y contribuciones a la seguridad social 18,4% aumenta”.

“Pretendemos que Argentina crezca y se modernice, que haya seguridad en pasos fronterizos, seguir financiando obras. Este Presupuesto incluye un Régimen de Extinción de obligaciones recíprocas a la cual se suscribieron 18 provincias que, algunas de ellas, aumentaron sus gastos y habla de una falta de compromiso con respecto a ordenar el país y es hora que se pongan a trabajar en bajar el gasto”, planteó.

Al cierre de su alocución, Atauche destacó que el Presupuesto 2026 es un “punto de quiebre” para la historia porque “en décadas teníamos un Presupuesto sin déficit, no vamos a gastar más de lo que ingresa, vamos a ordenar las cuentas y vamos a asegurar un futuro mejor”, y resumió: “El Presupuesto tiene equilibrio fiscal, superávit financiero, crecimiento económico, eliminación de la emisión monetaria, modernización del equipamiento de seguridad y justicia, desregulación y transformación del Estado, regulación de la carga tributaria, ordenamiento de pasivos con las provincias, gasto social sin intermediaciones; aumento del 21,4% en salud, 11,6% en educación, aumento de becas y programas; aumento en 9,2% en seguridad social, en ciencia y tecnología 4,1%, etc”.

En su debut en el recinto de la Cámara alta este viernes en la sesión para tratar el Presupuesto 2026, el rionegrino del bloque Fuerza Patria Martín Soria planteó una cuestión de privilegio contra la exministra de Seguridad de Javier Milei, la actual senadora Patricia Bullrich, por la “maniobra extorsiva” que montó para intentar garantizarse “una narco diputada”, la senadora rionegrina Lorena Villaverde y el “clan Fred Machado”, pudiesen acceder al Honorable Senado de la Nación.

Soria recordó que Bullrich también fue ex ministra de Mauricio Macri, ex presidenta del Pro, ex ministra de Seguridad Social y de Trabajo de Fernando De la Rúa. Así, lamentó que “en este contexto de crisis que atraviesan las familias y las provincias argentinas en este fin de año, mi primera intervención sea una cuestión de privilegio en un tema como este. Pero la gravedad del accionar de esta senadora, verdaderamente hace que me sea imposible dejar pasar por alto esta situación que resultó una maniobra extorsiva y lamentable”.

“Todos conocemos el oscuro y nefasto personaje que era esa diputada y electa senadora Lorena Villaverde”, describió y agregó: “Un personaje que a través de su largo y delictivo prontuario vinculado casi siempre al narcotráfico pudo acceder a este Senado, pero le cerramos las puertas”.

En ese sentido, habló del vínculo entre Villaverde y el “narcotraficante” Fred Machado que fue extraditado de Estados Unidos “luego de cuatro años de protección de esta Corte Suprema, la peor de todas. Y sus antecedentes de narco lavado y narcotráfico, con aviones en el intento de construir empresas para lavar dinero del narco como en Guatemala a través de minas de oro”.

“Hasta los más fieles del Gobierno de Milei se alertaron y se preocuparon por la posibilidad de que esta institución del Estado le abriese las puertas a la narcopolítica en el país a esta mujer”, planteó.

Soria sostuvo que “todos coincidimos acerca de la inhabilidad ética y moral esta diputada rionegrina, pero la exministra montó un operativo de extorsión para rescatar y abrirle las puertas de este Senado, aparte de la familia al clan Machado”.

En esa línea, recordó que el pasado 19 de noviembre cuando se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el título de los senadores electos, Bullrich “ingresó a este Senado con dos sobres en manos que contenían dos impugnaciones contra dos senadores del peronismo, en clara respuesta a una impugnación que los apoderados del PJ de Rio Negro habían hecho contra Villaverde. El objetivo de Patricia era claro: propiciar una suerte de muerte cruzada porque querían cargarse a uno de los que destapó este vínculo”.

“Es muy preocupante que el Presidente y su principal alfil, la ministra de Seguridad en su momento, hayan dejado sus labores ejecutivas para el 19 de noviembre y coordinar esta maniobra extorsiva e intentar salvar a una narco senadora electa, pero la gravedad reviste en la falsedad y en el berretismo del que han hecho gala para intentar inhabilitar a dos senadores electos del PJ”, y procedió a leer sendas impugnaciones.

Soria apuntó que “la defensa de la senadora Villaverde y esta sociedad con el clan Machado vino directa de Casa Rosada como un código de la mafia, no se perdona a quien se meten con ellos”. Así, planteó que sustentaron la impugnación en su contra con “supuestos graves y diversas causas judiciales que tramitaron en mi contra”, y contó que tenía 2 causas “bochornosas” que fueron “desestimadas por inexistencia de delito y archivadas hace casi siete años atrás cuando Machado financiaba la campaña de José Luis Espert”.

Luego de que el pleno de la Cámara baja aceptara en la sesión especial de este miércoles las renuncias de un puñado de diputados nacionales, Christian Castillo –Frente de Izquierda- solicitó la palabra para hacer un pedido de apartamiento del reglamento que fue rechazado porque “no estaba acordado en Labor Parlamentaria”.

Castillo hizo un pedido para un apartamiento del reglamento a fin de tratar el proyecto de Declaración 6844-D-2025 para manifestar su rechazo a la “intensificación de la agresión y la injerencia imperialista de Estados Unidos contra Venezuela que utiliza la excusa de la guerra contra las drogas para reforzar y multiplicar el despliegue militar en su territorio. Estas acciones encubiertas y operaciones armadas destinadas a vulnerar la soberanía del pueblo venezolano”.

Así, planteó que “por la gravedad del tema y haciendo una excepción solicito que se pueda tratar en el recinto”. De forma inmediata, el titular de la Cámara, Martín Menem, le recordó que “no era lo acordado en Labor Parlamentaria. Es lo último que hacemos en la sesión y nos preparamos para la otra”. Puso a consideración el pedido de Castillo que resultó negativo tras lo cual dio por terminada la sesión.

Las chances esbozadas por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, la semana pasada respecto de realizar una última sesión antes del cierre del período ordinario, se esfumaron finalmente cuando pasó el tiempo sin que apareciera la convocatoria para este miércoles. Es que esa fecha había sugerido Martínez en la última reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo adulterado, cuando ante las intenciones de citar al ministro Mario Lugones para este miércoles a la tarde, anunció la intención de hacer un esfuerzo para sesionar ese mismo día, por lo que recomendaba no dejarle la eventual sesión como excusa para no asistir.

La misma fecha se manejaba en la Cámara alta, donde el interbloque conducido por José Mayans ya había intentado sin éxito sesionar la semana pasada y pretendía insistir esta semana. Allí, nadie da por caída definitivamente esa sesión en la que UP pretendía llevar como tema principal el proyecto de reforma de los decretos de necesidad y urgencia, pero casi. En tal sentido, un legislador peronista deslizó que bien podrían ponerse de acuerdo finalmente y anunciar una sesión para este jueves, pero la realidad es que también en el Senado las chances son mínimas, conforme pasa el tiempo sin novedades.

En Diputados querían hacer una sesión para llevar al recinto los dictámenes que hubieran quedado pendientes, a excepción del Presupuesto 2026, pues está claro que ese tema quedará para extraordinarias. Pero el esfuerzo pareció quedar enteramente en manos de UP, en días en los que capea en ese espacio la desconfianza de muchos respecto de la homogeneidad que vaya a tener ese bloque.

Así como la oposición tenia reparos para llamar a sesionar sin certezas de contar con el quórum, para no dar una muestra de debilidad si no llegaban a contar los 129, en los últimos días comenzó a prevalecer otra postura: la de evitar dar una muestra de dispersión por parte de Unión por la Patria. Es que son días donde las versiones cruzadas están a la orden del día y muchos se hacen a la idea de que más temprano que tarde el oficialismo terminará desplazándolos de la condición de primera minoría. Algo impensado hasta antes del 26 de octubre, y aun después… pero lo cierto es que hoy en la principal oposición todos hablan de una diferencia a su favor de entre 5 y 6 diputados, pero cada vez son más fuertes las versiones respecto de que los catamarqueños (4) se irán a formar otro bloque, lo que los dejaría en las puertas de perder su condición de primera minoría.

También sonaba fuerte este martes la posibilidad de que también los santiagueños (7) armen un bloque propio, en soledad. Los legisladores que responden al gobernador Gerardo Zamora están desde hace tiempo en el seno de Unión por la Patria, pero si deciden armar el bloque Frente Cívico Santiagueño, no será algo inédito, pues así funcionaron mucho tiempo, hasta que Cristina Kirchner les pidió unificarse con sus legisladores. Ahora, una fuente santiagueña consultada por parlamentario.com aclaró, con máxima crudeza, que “no son lo mismo las órdenes de Cristina Kirchner presidenta del Senado, que Cristina Kirchner presa”.

Lo cierto es que el bloque de Germán Martínez quiso evitar también entonces que quedara graficado quiénes no daban quórum.

Así las cosas, el período ordinario concluirá este viernes habiéndose registrado 13 sesiones, un número muy alto teniendo en cuenta que 2025 fue un año electoral, y sin sesión de despedida.

Mientras se baraja la posibilidad de una sesión en la Cámara alta previo al recambio legislativo del Cuerpo, el senador nacional Carlos Linares (UP – Chubut) planteó la posibilidad de que las puertas del recinto se abran el 19 o el 20 de noviembre, al tiempo que afirmó que el bloque votaría la modificación de la Ley de DNU “tal como viene de Diputados”.

En diálogo con AM 530, Linares señaló que "esta semana no va a haber sesión, tenemos reunión de comisiones aparentemente va a haber sesión el día 19 o 20", y destacó que "hay temarios pendientes de tratamiento y hay cargos que no están conformados y tendríamos que conformarlos en la sesión que viene".

“La modificación de la Ley de DNU es uno de los temas más importantes. También hay proyectos que involucran a las provincias como la ley de cuencas maduras y temas importantes para el interior del país”, planteó y afirmó: “Se está hablando votar el proyecto tal cual vino de Diputados porque no nos van a dar los tiempos para poder tener la ley que regule los términos por los que este gobierno se maneja”.

Respecto de los tiempos que se avecinan con una nueva composición en la Cámara alta, expresó: “Ya sabemos que a Bullrich la van a poner como jefa de bloque, no sé a quién van a poner ellos como línea sucesoria, pero nosotros tenemos que seguir trabajando mancomunadamente y tratar de buscar estas 37 voluntades que necesitamos para tener una mayoría en la Cámara. No va a ser fácil, pero se tienen que defender los intereses que creemos”.

En ese sentido, el legislador destacó que "nosotros trabajamos hoy con los senadores que están y a partir del 10, con la nueva composición del Senado. La Cámara tiene que ser el espacio para defender las posturas que creemos que hay que defender”.

“El panorama político cambia por semana. Nosotros tenemos claro que nosotros somos 28, con una línea de acuerdo. Y puede ser que se sumen algunos más con una línea de pensamiento parecida a la nuestra", graficó en la misma línea y sumó:  "Le venimos explicando a cada sector que vienen por todo. El plan económico viene por todos los argentinos. Se vienen leyes muy importantes como la del presupuesto, la ley laboral”.

Respecto de la relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el Ejecutivo, opinó: “Es sabido que hay problemas internos en La Libertad Avanza en el Senado. La vicepresidenta tendrá que ver cómo articula porque está claro que van por la presidencia de la Cámara y no se la van a hacer fácil”.

No fue sorpresa la ausencia de los funcionarios Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones a la sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados para llevar a cabo sus respectivas interpelaciones, según lo había aprobado el pleno del Cuerpo el pasado 8 de octubre.

Ante ello, referentes de los diferentes bloques impulsores de la sesión le enviaron una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, exigiéndole la reprogramación de las interpelaciones para garantizar la presencia efectiva porque “la Constitución está para cumplirse”.

La misiva indica: “Nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera al ministro de Economía, Luis Caputo; a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; y al ministro de Salud, Mario Lugones, que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara”.

“La frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha, resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente año, decidida en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados”, precisaron y plantearon que tiene como objetivo que “brinden explicaciones sobre temas de alto interés público y relevancia institucional”.

Los diputados opositores plantearon que “los mencionados funcionarios alegaron, mediante una nota con fecha de ayer, cuestiones de agenda que les impidieron cumplir con la interpelación. Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para catar la interpelación dispuesta por esta Cámara de Diputados en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

“Consideramos inaceptable que cuestiones administrativas o de gestión se utilicen como excusa para eludir una convocatoria formal del Poder Legislativo, en el marco de un procedimiento constitucional que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la división de poderes”, sumaron desde el bloque Democracia Para Siempre quienes cuestionaron que “no se trata de una actitud aislada de un funcionario, todo lo contrario, es un modus operandis del Gobierno que elude al Congreso, y deberemos encontrar junto a la mayoría de los diputados una respuesta acorde a este incumplimiento constitucional”.

“Por lo expuesto, le solicitamos que envíe una nota requiriendo a los funcionarios que, por el mismo medio, nos informen la fecha y hora en que podrán comparecer para cumplir con la interpelación decida por este Cuerpo”, reiteraron el pedido.

Sesiona la Cámara baja desde las 12.20, momento en el cual había 130 diputados sentados en sus bancas, preparados para una sesión que se espera sea sumamente intensa y que tiene como cuestión inicial nada menos que la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

En el inicio de la reunión se planteó a través de Oscar Agost Carreño un plan de labor por el cual se acotaran los discursos, pero antes de que se votara intervino el oficialista Nicolás Mayoraz, que protestó por la elección de las autoridades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, advirtiendo que pretendían acotar el debate, por temor a que se expusieran las supuestas irregularidades sucedidas en el proceso de selección, lo que provocó la reacción de la titular de esa bicameral, Natalia Sarapura, quien rechazó el planteo de su par Mayoraz.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. Ese texto que analizarán este miércoles en el recinto tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

Con grandes chances de ser aprobado este miércoles, será clave el número de votos que obtenga, cuestión de imaginar lo que podría llegar a suceder cuando el texto vuelva al Congreso, mandado por el Ejecutivo con el veto inexorable correspondiente. Esto es, ver si a partir de esa votación la oposición puede ilusionarse con resistir esa decisión de Javier Milei.

El segundo tema a debatir es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Esa votación requiere mayoría simple, y lo seguro es que será rechazado por el oficialismo, que está en contra por la identificación de militante de género de Bertero y además cuestiona el concurso público realizado.

Luego será el turno del debate del Presupuesto 2026. No, no es que haya llegado por fin el momento de que se debata en el recinto una ley de leyes elaborada por el equipo económico de Javier Milei, sino que lo que se tratarán este miércoles son dos emplazamientos: primero, está el propio expediente del presupuesto enviado por el Ejecutivo para definir un cronograma de reuniones que fije encuentros los martes y jueves, dejando libre los miércoles para futuras sesiones. La oposición apunta a definir los invitados y dictaminar antes del 20 de noviembre. 

La cuestión referida al presidente saliente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, fue sacado del temario, dado que se apartó voluntariamente, eso devino en abstracto.

En relación al auxilio financiero que negocia el Gobierno con Estados Unidos, el temario de la sesión incluye un proyecto de resolución presentado por Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación -establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- sobre todo empréstito tomado por Argentina. Además, hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, que no cuenta con dictamen y debe emplazarse a comisiones.

Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por Ejecutivo, pero sin ejecución presupuestaria, se incluyen tres proyectos sin dictamen: la moción de censura contra Guillermo Francos, una interpelación al jefe de Gabinete y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento de la ley insistida por el Congreso.

Ya sí con dictamen de comisiones, se buscarán aprobar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciada a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

En el último ítem del temario figura uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

Además, en la sesión se incorporaron los dictámenes sobre declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional de Brigadier Estanislao López, considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”.

Por último, hay otra serie de emplazamientos a comisiones para tratar la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la creación de la ventanilla única para PyMEs; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); la derogación del decreto 273/25 que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

NOTICIA EN DESARROLLO

En la que tal vez sea la última sesión previa a las elecciones generales del 26 de octubre, la Cámara de Diputados se reúne este miércoles a partir de las 12 con un gran número de expedientes para debatir y un tema central para aprobar o rechazar: la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. Ese texto que analizarán este miércoles en el recinto tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

Con grandes chances de ser aprobado este miércoles, será clave el número de votos que obtenga, cuestión de imaginar lo que podría llegar a suceder cuando el texto vuelva al Congreso, mandado por el Ejecutivo con el veto inexorable correspondiente. Esto es, ver si a partir de esa votación la oposición puede ilusionarse con resistir esa decisión de Javier Milei.

El segundo tema a debatir es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Esa votación requiere mayoría simple, y lo seguro es que será rechazado por el oficialismo, que está en contra por la identificación de militante de género de Bertero y además cuestiona el concurso público realizado.

Luego será el turno del debate del Presupuesto 2026. No, no es que haya llegado por fin el momento de que se debata en el recinto una ley de leyes elaborada por el equipo económico de Javier Milei, sino que lo que se tratarán este miércoles son dos emplazamientos: primero, está el propio expediente del presupuesto enviado por el Ejecutivo para definir un cronograma de reuniones que fije encuentros los martes y jueves, dejando libre los miércoles para futuras sesiones. La oposición apunta a definir los invitados y dictaminar antes del 20 de noviembre.

Espert en la mira

El presidente saliente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a tener la máxima atención dada la intención de algunos legisladores opositores de pedir su remoción de la Cámara. Originalmente iban a ir por su apartamiento de la presidencia de la comisión, pero como el propio José Luis Espert se apartó voluntariamente, eso devino en abstracto, por lo que quedó para debatir o emplazar es un pedido de expulsión de Espert de la Cámara baja.

Lo que se sabe es que si la oposición avanza con el pedido de expulsión de Espert, La Libertad Avanza doblará la apuesta e irá contra una serie de diputados de Unión por la Patria que tienen causas judiciales. Según pudo saber este medio, le apuntarán puntualmente al chubutense José Glinski, denunciado junto a su pareja Tamara Pettinato por el presunto uso indebido de aviones, autos y una casa oficial, de cuando el legislador estaba al frente de la PSA; también le apuntarán al chaqueño Juan Manuel Pedrini, acusado de haber usado 220 pasajes para entregar –según argumentó- a personas que le han pedido ayuda para viajar por cuestiones de salud, como así también músicos, artesanos y profesores universitarios. Cuestión en la que se habrían gastado más de 30.000 dólares durante 2024.

Otro apuntado sería el tucumano Carlos Cisneros, a quien acusaron de liderar una asociación ilícita. También citarán al diputado Daniel Gollán, denunciado por contratos con una firma de su esposa; Carlos Castagneto, denunciado en su momento por “Señor Tabaco” por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita; también el rionegrino Martín Soria, por haber retenido aportes voluntarios de su gabinete de General Roca para la campaña de 2019.

La lista incluye a las diputadas Nancy Sand y Agustina Propato.

En relación al auxilio financiero que negocia el Gobierno con Estados Unidos, el temario de la sesión incluye un proyecto de resolución presentado por Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación -establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- sobre todo empréstito tomado por Argentina. Además, hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, que no cuenta con dictamen y debe emplazarse a comisiones.

Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por Ejecutivo, pero sin ejecución presupuestaria, se incluyen tres proyectos sin dictamen: la moción de censura contra Guillermo Francos, una interpelación al jefe de Gabinete y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento de la ley insistida por el Congreso.

Ya sí con dictamen de comisiones, se buscarán aprobar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciada a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

En el último ítem del temario figura uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

Además, en la sesión se incorporaron los dictámenes sobre declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional de Brigadier Estanislao López, considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”.

Por último, hay otra serie de emplazamientos a comisiones para tratar la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la creación de la ventanilla única para PyMEs; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); la derogación del decreto 273/25 que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

En la sesión de este jueves, el Senado aprobó un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, y la identificación de personas halladas con vida o fallecidas cuya identidad se desconozca.

La sanción fue por unanimidad con 61 votos positivos e incluye la creación de un registro nacional y un sistema de alerta rápida, y apunta a mejorar la coordinación entre organismos públicos y privados.

Se trata de una iniciativa del senador salteño Juan Carlos Romero, que declara como objetivo de la ley la sistematización y centralización de los procedimientos, protocolos e información vinculados a la búsqueda de personas. Para ello, se propone la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Juan Carlos Romero, autor de las iniciativas. (Foto: Comunicación Senado)

Al respecto, el senador salteño contó que el objetivo del proyecto es “otorgar fuerza y estabilidad jurídica a dos protocolos cruciales. Queremos perfeccionar el registro, que se pueda incorporar tecnología, que tenga carácter federal y se pueda lograr resultados concretos”.

“Hay una duplicidad de datos entre el registro de menores y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas extraviadas, hay duplicidad, superposición, información insuficiente y despareja. Hay una serie de falencias que hacen que la búsqueda sea compleja”, señaló Romero.

“El sistema federal de búsqueda en 2024 señaló que intervinieron en 10 mil casos de personas desaparecidas. En el 2023 en 27 mil causas de 100 mil denunciados, es decir, intervinieron en 28% de las causas de los cuales eran 13 mil menores. En alerta Sofía la falencia salió a la vista con el caso de Loan en Corrientes y de Lian en Córdoba donde hubo fallas de coordinación, desperdicio de recursos y sin resultados”, explicó.

Romero explicó que se propone adquirir un software para que los alertas impacten de forma inmediata en los celulares de las personas porque “en Argentina hay más teléfonos que personas. La inmediatez en el aviso que advierta los movimientos de las personas involucradas de una desaparición de un niño. Es importante la participación de la comunidad en una alerta temprana. Se buscan más de 100 mil niños actualmente”.

La senadora kirchnerista Eugenia Duré recordó en el recinto la desaparición de Sofía Herrera. (Foto: Comunicación Senado)

Los ejes del proyecto

Este registro tendrá como función principal el entrecruzamiento de datos provenientes de distintas fuentes —hospitales, centros de resguardo, comisarías, morgues, entre otros— para facilitar la localización de personas cuyo paradero se desconozca o que hayan sido halladas sin identificación. Las autoridades de estos establecimientos deberán comunicar las novedades al registro dentro de las primeras 24 horas de producido el hecho o la denuncia.

El proyecto establece que la información deberá ser completa y detallada, incluyendo datos personales, circunstancias del extravío o hallazgo, y cualquier otro elemento que contribuya a la identificación. En casos donde se presuma que la persona desaparecida podría ser víctima de un delito, se permite postergar la comunicación al registro por el tiempo estrictamente necesario para proteger su integridad.

Además, la iniciativa contempla la creación del Programa de Alerta Rápida Sofía, destinado a la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años desaparecidos en situaciones de extrema gravedad. Este sistema, inspirado en modelos internacionales como el “Amber Alert” de Estados Unidos, permitirá activar protocolos inmediatos de difusión a través de medios masivos, digitales y redes sociales, articulando el trabajo entre distintas jurisdicciones e instituciones.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad, que deberá elaborar los protocolos de actuación y coordinar la implementación del sistema en todo el país.

La Cámara alta vuelve a reunirse este jueves con la intención y la certeza de infringirle al Gobierno nacional otro duro golpe. Es que se propone tratar nada menos que los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y el Financiamiento Universitario. Los dos temas contarán con el apoyo de sectores movilizados para acompañar su aprobación y se da por segura la insistencia para con ambos temas por arriba de los dos tercios necesarios.

La sesión arranca bien temprano: a las 10 de la mañana, y se espera que el inicio tenga una fuerte carga política, con citaciones que irán desde el jefe de Gabinete hasta la secretaria General de la Presidencia. En el caso de Guillermo Francos, ya anticipó este miércoles José Mayans que le apuntarán en esta sesión, por la decisión de promulgar pero mantener suspendida la Ley de Emergencia en Discapacidad. La moción de censura está a la vista del funcionario.

Además de los temas centrales se tratarán otras cuestiones pendientes, como un acuerdo judiciales y acuerdos internacionales.

El primero de los temas que figuran en la agenda es el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien días pasados estuvo en la Comisión de Acuerdos.

Luego se avanzará con el tratamiento de una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

Después será el turno del tratamiento de los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y el Financiamiento Universitario, que son por lejos las dos cuestiones que más expectativa despiertan.

El quinto tema es un proyecto de ley correspondiente a la senadora rionegrina Mónica Silva que declara Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se realiza cada año durante el ms de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro.

A continuación se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

La actividad frenética en el recinto encontró una tregua la semana que pasó. Aunque nunca estuvo asegurada una reunión en Diputados para el último miércoles de septiembre, no faltaban quienes insistían en seguir adelante con las sesiones para acelerar el deterioro oficialista. Otros, más cautos, sugerían ahorrar municiones y juntar temas antes de convocar nuevamente.

Temas hay siempre, pero los convocantes son más puntuales. Y si algo entendió la oposición en general, la que ha conseguido hacerse de victorias sucesivas en los últimos tiempos, es que los mejores resultados los obtienen cuando acercan posiciones entre sí y acuerdan temarios consensuados, aun incluyendo los que los desunen; en esos casos, los ponen al final de la lista, cuestión de que si la situación amerita, se posterguen.

El argumento para posponer una eventual sesión el miércoles que pasó era esperar a tener listo el proyecto de reforma de la Ley 26.122, la que cambia la forma de administrar los decretos de necesidad y urgencia. Hechos los emplazamientos correspondientes, ese tema estará listo para la semana que se inicia. Si convocaban para el miércoles 24 de septiembre, solo tenían para tratar -de los temas salientes- el veto a la Ley de ATN, que ya tramitó con holgura el Senado la semana anterior. Pero ni siquiera había garantías de que se consiguieran los dos tercios, ¿para qué apurar las cosas entonces?

Todos coincidieron entonces en preparar el camino para el 1 de octubre, y lo dejaron expuesto el miércoles que pasó, en la inauguración del debate del Presupuesto 2026 en la comisión que preside el duro José Luis Espert. Cuando el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires planteó que la primera reunión informativa sobre la ley de leyes sería el miércoles que viene, a las 13, con la visita del secretario de Hacienda, varios diputados pidieron cambiar el día de reunión de Presupuesto y Hacienda, porque “los miércoles queremos sesionar”, y confirmaron que estaban trabajando en una reunión para el 1 de octubre.

Lejos de todo consenso, el autor de la frase “cárcel o bala”  se mostró irreductible, y al despedirse lo hizo “hasta el miércoles 1/10 a las 13”.

Como “sesión mata comisión”, si hay sesión ese día, Carlos Guberman tendrá que agendarse otra fecha.

Pero el pedido de sesión no salió el viernes pasado. Contra lo que se esperaba, la falta de acuerdo en el seno opositor demoró la emisión de la nota correspondiente y promediando la tarde este medio supo que no saldría ese día. Ya se sabe que es uso y costumbre que las sesiones se anticipen el viernes de la semana anterior, cuestión de que los diputados del interior puedan organizarse con los vuelos.

Este fin de semana, una fuente consultada por parlamentario.com -de las que suelen suscribir las convocatorias- confirmó que “no hemos terminado de definir aún”, por lo que “hay más chances de que sea el 8” de octubre. La base de esa sesión, está claro, es el tema de los gobernadores (ATN) y la Ley de DNU.

Dicen que algunos querían sumar la moción de censura contra el jefe de Gabinete por el tema de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sería un emplazamiento en ese caso, y había resistencias en el seno opositor para avanzar ya con eso. Otras fuentes dicen que no tuvo nada que ver. Y aclararon, contundentes: “No hay desacuerdo en nada. Estamos trabajando en un temari que tenga número”. Así las cosas, todo indica que la convocatoria para este miércoles 1° de octubre quedará para el miércoles venidero.

Sesión en el Senado

En la Cámara alta, en tanto, se habla de sesionar el jueves que viene. Con los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría en el temario.

Esos serían los platos principales de esa sesión a la que agregarán en el camino a la redacción de la convocatoria algunos temas más. Van con la garantía de tener un número más consolidado en esa Cámara y ensoberbecidos -por qué no- por los éxitos recientes: readaptando la frase “todo por dos pesos” de los 90, en el Senado se agrandan con un “todo por dos tercios”.

Cuando se estaban por cumplir siete horas de debate de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este jueves, y en la antesala a tratar la derogación de la Ley del Manejo del Fuego y convenios internacionales -segunda vez que es postergado ese tema-, la principal bancada opositora dejó sin quórum la sesión, que se dio por concluida en consecuencia.

Siendo las 17:48 tomó la palabra el senador formoseño y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni, que se disponía a explicar el proyecto de acuerdo con Francia y Austria para evitar la doble imposición de impuestos. “Teniendo quórum suficiente le damos tratamiento a los tratados internacionales tan postergados”, indicó Paoltroni.

Cuando Paoltroni se preparaba para argumentar sendos proyectos, lo interrumpió una senadora de la bancada de UP, quien le señaló que no había quórum, a lo que el formoseño retrucó: “Yo arranqué con quórum… ¿cómo que no?”, y se dirigió al presidente previsional: “Disculpe señor presidente, pero cuando empecé a hablar había 38 presentes”. “Usted tiene la palabra, continúe”, le respondió Bartolomé Abdala.

“Estos proyectos ya tienen dictamen hace diez meses. Venimos postergando desde hace bastante tiempo con lo que significa este mensaje para las inversiones, para la comunidad diplomática de Embajadores y todas las empresas que ya tienen inversiones En la Argentina y por tantas otras más que vengan que tanto necesitamos en nuestro país”, expresó Paoltroni.

Abdala le cedió la palabra a la senadora Juliana Di Tullio, quien aclaró que ellos se iban a abstener, pero remarcó que la sesión estaba sin quórum para votar el proyecto. En ese momento, el presidente previsional planteó esperar cinco minutos para ver si los senadores regresaban al recinto, pero desde la bancada de UP le respondieron por la negativa, por lo que no tuvo otra opción que levantar la sesión.

En rigor de verdad, el problema no eran los convenios internacionales, sino lo que venía al final, que era la derogación de la Ley del Manejo del Fuego, una norma impulsada en 2020 por Máximo Kirchner, lo que da que pensar que fue el verdadero motivo de que la bancada que conduce José Mayans tomara la decisión de levantarse y retirarse del recinto. Previamente, Mayans había pedido retirar del temario del día el proyecto de creación de un sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas de autoría del salteño Juan Carlos Romero, porque el senador no estaba presente.

En una nueva sesión cargada de contenido político y social, el Senado debatirá este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece una redistribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Se espera que la oposición reúna los dos tercios necesarios para insistir con la norma, en lo que sería un nuevo revés institucional para el Ejecutivo.

Será al día siguiente de una nueva y sonora derrota legislativa, en este caso en la Cámara baja. El tratamiento del veto será el primer punto del orden del día, y todo indica que la Cámara alta repetirá la contundente mayoría alcanzada el 10 de julio, cuando la ley fue aprobada con 56 votos afirmativos y apenas uno en contra.

El proyecto, impulsado por todos los gobernadores del país, busca garantizar una distribución más equitativa y previsible de los fondos nacionales, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias por la falta de asistencia financiera. En Diputados, la norma también obtuvo una amplia mayoría (143 votos a favor), aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la ley tras el veto.

Una agenda con fuerte impronta social

Tras el debate sobre los ATN, el Senado abordará otros proyectos de alto impacto social. Entre ellos, la llamada “Ley Nicolás”, inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo. La iniciativa apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria, mediante la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del trabajo del personal de salud.

También se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Por último, se debatirá una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. El proyecto, presentado por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.

La sesión, prevista para las 11, se da en un clima de creciente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que ya sufrió esta semana el rechazo de dos vetos en Diputados. De concretarse un nuevo revés en el Senado, el Gobierno de Milei sumaría otro golpe institucional en medio de un escenario económico cada vez más inestable.

La sesión de Diputados tan gravosa para el Gobierno tuvo un final abrupto, pero no inesperado, ya que todo el tiempo se especuló con la eventual finalización anticipada de la reunión por falta de quórum.

Fue al cabo de una cuestión de privilegio presentada por la diputada rionegrina Lorena Villaverde, que ya había sido destinataria en una sesión anterior de severas denuncias de parte de su comprovinciano kirchnerista Martín Soria, y esta vez le hizo una durísima devolución de gentilezas.

Tras una catarata de denuncias contra su rival -ambos son candidatos a senadores nacionales para el 26 de octubre-, Villaverde cerró su cuestión de privilegio exigiéndole explicaciones a Soria, aunque aclaró que “no espero que lo haga, porque no es un hombre de bien”. Tal el tenor de sus dichos.

Previsiblemente el diputado Martín Soria quiso contestarle, pero el presidente de la Cámara no se lo permitió, pues no podía argumentar haber sido aludido, al tratarse de una cuestión de privilegio en su contra. Sí podía contestarle con otra cuestión de privilegio, para lo cual lo anotaría al final de la lista de las que tenía.

Martín Menem no le dio la palabra a Soria, pero sí al libertario Manuel Quintar, quien no tenía una cuestión de privilegio para hacer, sino que planteó una moción de orden para que se modificara el orden del día y pasar a tratar el expediente 950. Y mientras hablaba, comenzaron a pararse sus compañeros de bancada y aliados para abandonar el recinto.

Estaba claro que esa movida estaba preparada y el presidente del bloque UP, Germán Martínez, lo advirtió: “Esa moción de orden es trucha, es falopa”, dijo el santafesino que sugirió ser más creativo a la hora de tratar de hacer caer la sesión, ya que pedía algo que obligaba a una votación para la cual ya no había quórum. Lo advirtió Martínez, ante lo cual Martín Menem invitó a los diputados que estaban afuera a sentarse para que se votara la moción.

“Si la hacen, la tienen que hacer mejor de lo que lo están haciendo”, lanzó Martínez con ironía, y le explicó a Quintar: “Si usted quería hacer esto, tenía que haber esperado que haber esperado el final del lote (de cuestiones de privilegio) que está anunciado… Así que les recomiendo que se sienten y que laburen”.

Asesorado, Menem le aclaró a su interlocutor que “la moción de orden desplaza cualquier otra situación, eso dice el artículo 127”.  “Sí, tiene otra cosa que hacer -repuso Germán Martínez-: Que es actuar como presidente de la Cámara”.

El titular del Cuerpo insistió en que sí lo estaba haciendo, y le pidió al secretario Parlamentario que leyera el artículo 128, que dice que las mociones de orden serán previas a otro asunto, aun el que esté en debate. Luego leyó el 127, y luego Menem enfatizó que ya habían pasado 7 minutos y al no haber quórum “no me queda otra que levantar la sesión”.

Había 119 diputados presentes, eran las 21.10, y tras 8 horas de sesión, se dio por terminada la misma.

Sin mayor problema se alcanzó este miércoles a las 13.09 el quórum para desarrollar la sesión de Diputados cuyo tema central pasará por el debate de otros dos vetos presidenciales: el del Garrahan y Universidades. Fue tan rápido que se logró el número para arrancar, que ni siquiera estaba sentado en su sitial el presidente de la Cámara, Martín Menem, y la diputada Cecilia Moreau fue la encargada de poner en marcha la sesión.

Además de los bloques convocantes, estuvieron sentados en sus bancas para dar quórum los diputados del bloque radical y los de Innovación Federal.

La sesión se da en el marco de un Palacio Legislativo rodeado de manifestantes convocados por la comunidad universitaria -y parte de la comunidad médica- movilizados para respaldar el reclamo de que se mantengan vigentes esas leyes, y por eso se esperan miles y miles de manifestantes frente a las puertas del Congreso para hacer escuchar su clamor.

Atendiendo esa cuestión fue que en el inicio mismo de la sesión, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto, planteó una moción para votar directamente los vetos, sin debate. Al anunciar su propuesta, aclaró que no había participado de Labor Parlamentaria y por eso lo hacía en ese momento y lo justificó en tratar de dar celeridad al tratamiento de ambas insistencias. Tras un cuarto intermedio esa propuesta quedó de lado, pero se acordó acelerar los tiempos con un debate conjunto de los dos temas.

Ya en la reunión de Labor Parlamentaria se había decidido quitar algunas cuestiones del temario, como los decretos sobre el PENIA sobre prevención de embarazo adolescente, y el DNU 62/25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.

En la previa de esta sesión tan especial, lo único seguro era a priori la obtención del quórum. Porque no hay certezas de que la oposición vaya a contar con los dos tercios para rechazar los vetos, por ejemplo. Aunque hay muchas chances de que sí lo consigan con la Ley de Emergencia Pediátrica, no así con Financiamiento Universitario, tema en el cual hay muchas dudas de que logren alcanzar los bloques opositores el número suficiente.

Para uno y otro caso la atención está puesta en la manera que se votaron esos temas cuando sendas medias sanciones. Con la ley referida al Garrahan se consiguieron los dos tercios; con lo de las universidades se estuvo cerca. Este martes algunos diputados aliados del oficialismo dieron señales de no estar dispuestos a sostener el veto. Uno de ellos se diferenció de colegas de grandes centros urbanos, donde su accionar pasa desapercibido; en cambio ellos viven en comunidades pequeñas donde los reproches están a la vuelta de la esquina.

Con números tan estrechos, cada presencia o ausencia son claves. Al oficialismo le faltará por ejemplo Rocío Bonacci, quien se repone del serio accidente automovilístico que sufrió hace algunas semanas. En la oposición no estaría el formoseño Fernando Carbajal, como así tampoco va a estar el diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano, de viaje en la embarcación Sirius en cercanías de la Franja de Gaza.

La oposición contará con cuatro votos en contra de los otrora oficialistas cuatro miembros del bloque Coherencia.

Pero el hermetismo era generalizado en vísperas de la sesión. Una importante integrante de un partido aliado al Gobierno fue abordada por un periodista al salir de una comisión este martes y ante la pregunta del sentido de su voto aclaró que si bien esperaba que su bloque definiera más tarde su postura, ella ya tenía resuelto cómo votaría. No reveló el sentido de su voto, aunque sí que sería igual para ambos vetos.

Muy molesto por el secretismo imperante, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró este martes “inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente en Diputados aún existan diputados y diputadas que no  hayan definido su voto en temas tan sensibles. No se puede especular con el Garrahan y el financiamiento de las universidades”, posteó en sus redes sociales.

En vísperas de la sesión circuló un video del exgobernador Oscar Herrera Ahuad, candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, pidiéndole a “nuestros diputados nacionales que mañana voten a favor de las universidades públicas”. Esa fue una señal alentadora para los que sostienen el rechazo al veto, que sumaron a esa postura a los diputados salteños y los de Tucumán, por citar solo algunos.

Un dato importante: los radicales votarían mayoritariamente a favor de la Ley de Financiamiento Educativo. Lo adelantó el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo. La secretaria Parlamentaria de esa bancada, Soledad Carrizo, posteó poco antes de la sesión: “En el camino del progreso nacional, es esencial apoyar la EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA. Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura como lamentablemente puede verse en el recinto legislativo y en las gobernaciones de varias provincias”.

En el caso de Misiones, hay que tener en cuenta que la palabra que vale es la del todopoderoso Carlos Rovira, a quien el referente radical de esa provincia Gustavo González atribuyó tener “un pacto” con el presidente Javier Milei para que los diputados de esa provincia favorezcan al Gobierno libertario en el Congreso a cambio de Aportes del Tesoro Nacional.

Da la casualidad de que el lunes trascendió que cuatro provincias habían recibido ATN: Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Misiones. Y de ellas, con cuatro mil millones, Misiones era la que más dinero recibió. En definitiva, son contadas las veces que los diputados de esa provincia votaron contra los deseos del Gobierno nacional.

Las dudas se irán revelando a lo largo de esta prolongada jornada en la que algunos se atrevieron a anticipar un eventual empate en materia de vetos.

Otros temas

Entre los otros temas previstos hay uno no menor: el proyecto proveniente del Senado para modificar la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Como con el resto del temario, la oposición buscará forzar el tratamiento sobre tablas, que se descuenta no logrará, para después ir por el emplazamiento a comisiones, cuestión de dictaminar a plazo fijo y poder llevar en breve cada proyecto al recinto.

Entre esos temas figuran emplazamientos para tratar pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones; y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a raíz del escándalo sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a la hermana del presidente.

En el mismo sentido, se buscará otro emplazamiento para tratar un proyecto de "reforma democrática" de la ANDIS, hoy intervenida, tras la salida de Diego Spagnuolo, a quien se le atribuyen una serie de audios que desataron el escándalo y las denuncias.

Los otros temas

El temario incluye emplazamientos a comisiones sobre los proyectos para crear una comisión investigadora del caso fentanilo contaminado; iniciativas para jerarquizar el Plan ENIA, sobre prevención de embarazo adolescente; la emergencia en ciencia, tecnología e innovación; y el plan de lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Finalmente, la oposición fue al recinto con la intención de rechazar tres decretos facultades delegadas: el 383/25, por el cual se dispuso un nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina y un sector de la oposición considera inconstitucional, y el 396/25, que transformó el INA y fusionó INPRES en el SEGEMAR; y el 445/25 que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas

Tal como se había acordado oportunamente antes de la última sesión, el Senado volverá a abrir las puertas del recinto este jueves para tratar como tema central el veto presidencial a la ley que redistribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), promovida por todos los gobernadores del país.

Así se resolvió en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes, presidida por el puntano Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. En ese encuentro se estableció que también se debatirán la Ley Nicolás y el sistema de alerta Sofía.

Se descuenta que en la sesión prevista para las 11, la ley que prevé la redistribución de los ATN a las provincias de forma “automática y diaria” alcanzará los dos tercios necesarios para rechazar el veto. Cabe recordar que ya había logrado esa mayoría cuando fue aprobada el 10 de julio, con 56 votos afirmativos y uno negativo.

En la Cámara baja se votó el 20 de agosto, pero allí no se alcanzaron los dos tercios que eventualmente se necesitarán cuando se intente insistir con la norma. En esa oportunidad, obtuvo 143 votos a favor y 90 en contra.

El resto del temario

Según lo acordado, el Senado tratará a continuación la propuesta conocida como “Ley Nicolás”, en referencia al caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo, cuando en realidad padecía una meningitis bacteriana.

La iniciativa busca garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y las comunidades, mediante la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del entorno laboral del equipo de salud.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2023, con 149 votos afirmativos y una abstención. En el Senado nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario.

También se abordarán los proyectos de ley que establecen el marco normativo para facilitar la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, y el que propone la creación del sistema de alerta rápida Sofía. Se trata de iniciativas impulsadas por el senador salteño Juan Carlos Romero. Durante su debate en comisión participó el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, quien expresó el pasado 21 de mayo que “es una gran deuda crear un registro nacional unificado que sistematice la búsqueda de personas y pueda ser utilizado por todas las provincias”.

Ambos proyectos fueron unificados en un solo dictamen.

Asimismo, se tratará un proyecto para reformar las penas por delitos cometidos en siniestros viales. Es una iniciativa por la cual representantes de distintas organizaciones reclamaron su tratamiento el pasado 19 de julio. Fue presentada por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, y propone endurecer las sanciones en casos de homicidios y lesiones culposas cometidos en siniestros viales.

La iniciativa eleva las escalas punitivas, incorporando agravantes como el consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad, conducción sin habilitación, violación de señales de tránsito, fuga del lugar del hecho o falta de auxilio a la víctima.

Cuando concurran tres o más agravantes, las penas podrán llegar hasta 12 años de prisión, con inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de condena. También se plantea la incorporación del “homicidio culposo calificado por la concurrencia de agravantes”, con penas más severas y sin posibilidad de excarcelación.

En el marco de la última sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó afirmativamente la segunda lectura de la Ley que establece la denominación de las calles del Barrio Rodrigo Bueno con nombres de mujeres latinoamericanas.

De esta manera, Chabuca Granda, Elisa Alicia Lynch, María Parado de Bellido, Teresa González de Fanning, Gilda y Las Cholas serán las nuevas denominaciones que figurarán en las arterias, como parte de una iniciativa impulsada por el programa “Mujeres que Abren Caminos”, que busca reparar la falta de paridad de género en la nomenclatura urbana de la Ciudad.

El proyecto se llevó adelante a través de un proceso participativo con vecinos y vecinas del barrio, en el marco de la urbanización que se desarrolla desde 2010, y tiene como finalidad reconocer el legado de mujeres que marcaron la historia cultural y social de América Latina.

Más allá de esto, en el mismo encuentro en el recinto y a 11 años de la muerte de Gustavo Cerati, se aprobó en segunda lectura la denominación de la Escuela Primaria N°5 del Distrito Escolar 5, ubicada en el barrio de Nueva Pompeya de la Comuna 4, con el nombre “Gustavo Cerati”, en homenaje al reconocido músico argentino.

Por último, se autorizaron distintas cesiones de uso de predios a distintas organizaciones sociales, como los Bomberos Voluntarios de San Telmo y Puerto Madero, la Agrupación San Jorge y la Federación de Instituciones Italianas, mientras que se aprobó darle preferencia para tratar en la próxima sesión un proyecto de ley vinculado a la regulación de los mandatarios que actúan ante deudas tributarias.

La presión de los senadores del interbloque Unión por la Patria tuvo éxito y consiguieron imponer una sesión para este jueves en el Senado, contrariando la intención inicial de hacerlo recién la semana próxima.

Así, a dos días de haber conseguido despacho de los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, más los decretos delegados y acuerdos militares formarán el temario previsto para este jueves.

El temario fue acordado este miércoles en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria que encabezó la titular de la Cámara, Victoria Villarruel.

La idea original era, como dijimos, sesionar recién la semana próxima, pero según pudo saber parlamentario.com, habría pesado la intención de quienes preferían que fuera esta semana porque estaban en Buenos Aires y no venir ya la próxima semana. Este miércoles los senadores Martín Lousteau, Mónica Silva, Beatriz Avila, Pablo Daniel Blanco, Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri le pidieron a la presidenta Villarruel convocar cuanto antes a sesionar para tratar financiamiento universitario y emergencia sanitaria de la salud pediátrica.

Finalmente se resolvió por la tarde confirmar la sesión que comenzará este jueves a partir de las 11.

Cabe aclarar que no hay ninguna posibilidad de tratar los vetos despachados por la Cámara baja, ya que deben ser enviados primero por las autoridades de Diputados.

En una jornada que promete ser políticamente intensa, la Cámara de Diputados debate este miércoles si insiste o no en tres leyes vetadas por el presidente Javier Milei: el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. También se discutirá la ayuda económica a Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce con duras críticas a la oposición. En declaraciones a Radio Mitre, calificó de “poco serio” que se avance en el tratamiento de proyectos sin dictamen de comisión y con un veto presidencial respaldado por una fundamentación de casi 30 páginas 1.

Francos sostuvo que el Congreso se está “excediendo en sus funciones” al intentar imponer gastos que no están contemplados en el presupuesto. “No tenemos recursos para esto, salvo que emitan dinero, que tampoco vamos a aceptar. Si no, volvemos a la etapa kirchnerista, donde todo se solucionaba con dinero imaginario”, advirtió.

El funcionario también vinculó la ofensiva legislativa con el calendario electoral: “Claramente, la mayoría circunstancial de Diputados pretende una sanción absolutamente política en virtud de las elecciones que se aproximan. Como ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular, quieren hacerle daño”.

La sesión, convocada para el mediodía, requerirá que la oposición reúna 129 diputados para habilitar el debate y luego dos tercios de los presentes para revertir los vetos. Aunque hay confianza en lograr los votos para insistir con la emergencia en discapacidad y el aumento jubilatorio, la moratoria previsional aparece como el punto más difícil de revertir.

Francos, que reconoció estar en plena negociación con legisladores y gobernadores, dejó en claro que el Gobierno no cederá: “Es una política central de esta gestión no emitir y no tener déficit. Si quieren aprobar estas leyes, que digan de dónde van a sacar los fondos”.

La sesión de este miércoles no solo pondrá a prueba la solidez del bloque oficialista y sus aliados, sino también la capacidad de la oposición para articular una mayoría calificada en un contexto de alta tensión política y económica.

Muchos pensaron que, al transcurrir el último día hábil de esta semana sin que la oposición convocara a sesionar este miércoles 20 de agosto como se venía especulando, ya no habría sesión esta semana. Pero este viernes no era feriado, sino no laborable… y el pedido de sesión llegó al caer la tarde.

Con las firmas de 35 diputados, entre ellos los jefes de bloques Germán Martínez (UP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre), la oposición pidió sesionar el miércoles 20 de agosto a las 12 para tratar sobre nueve temas, entre los que se destacan el rechazo a los últimos 4 vetos presidenciales y el proyecto que permitirá destrabar la Comisión Investigadora por la Criptomoneda $LIBRA, como así también los dos proyectos de los gobernadores. Como se ve, será una sesión para alquilar balcones, siempre y cuando la oposición logre reunir el quórum.

Teniendo en cuenta los bloques convocantes (UP, EF, DpS y CC), más la izquierda, la suma de los miembros de esas bancadas supera ampliamente el quórum, con 136 diputados; pero ya se sabe que por estos días las matemáticas no son tan confiables en el Congreso. Aunque más allá de bajas propias, también la oposición podrá contar con algunos radicales (en este pedido de sesión firmó el radical jujeño Jorge Rizzotti), y figura el cambio de huso horario que promueve otro radical, Julio Cobos, con lo que se sabe que podrían sumarse más legisladores. Se verá.

Un temario amplio y diverso

Contra todos los pronósticos que auguraban que los vetos quedarían para más adelante, la oposición va a suerte y verdad y lleva al recinto los vetos presidenciales contra la Emergencia en Discapacidad, el aumento a los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Y también fue incluido el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ya rechazado en el Senado.

Se abordará además el proyecto que obtuvo dictamen la última semana para asegurar el funcionamiento de la Comisión $LIBRA, y habrá a continuación un nuevo emplazamiento a las comisiones para tratar tres proyectos para modificar el huso horario durante el período invernal.

Se tratarán también los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores: el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Por último, se incluyó el tratamiento de una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Este proyecto tiene dictamen desde noviembre del año pasado, es del diputado Oscar Agost Carreño y fue reflotado por el diputado cordobés cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa impulsada para utilizar los “dólares bajo del colchón”, que hasta ahora el oficialismo ni siquiera activó en las comisiones.

El Gobierno sintió una vez más que había perdido el dominio de la agenda y salió a tratar de recuperarla. La paliza legislativa del miércoles 6 de agosto fue demasiado sonora como para poder obviarla y de ahí que resolvieran que el presidente hablara el viernes por la noche, cuestión de quedarse de alguna manera con “la última palabra”.

Como siempre, eligió el prime time, y como de costumbre fue por cadena nacional. No es que el Gobierno haga un uso y abuso de ese recurso, pero no tiene ningún problema en emplearlo, más allá de que el kirchnerismo haya exagerado en su utilización, al punto tal que Cambiemos luego hubiera archivado las cadenas nacionales definitivamente. Digamos que es otra de las cosas que La Libertad Avanza hace para diferenciarse del macrismo.

En su mensaje del viernes, Javier Milei cumplió con su promesa de no insultar. Se refirió al Congreso como institución con la que rivaliza, pero no atacó puntualmente a los legisladores, a quienes ha sabido llamar “ratas”. Muchos se preguntan cuánto tiempo mantendrá esa moderación oral, pero es un avance al menos que el presidente haya cobrado conciencia -o se lo hayan hecho entender- de lo que significa que desde su investidura profiera permanentemente insultos. Precisamente en vísperas de su promesa se conoció un estudio sobre la frecuencia de sus agravios. Según Chequeado, desde su asunción el presidente ha pronunciado más de mil insultos en discursos, entrevistas y redes sociales, con un promedio de 2,4 por día. En redes sociales, entre enero de 2023 y junio de 2025, publicó y compartió 1.589 insultos, siendo el político más agresivo del ecosistema digital argentino, de acuerdo con un informe de la consultora Ad Hoc.

El discurso presidencial de Javier Milei por cadena nacional.

Además, el Monitor Nacional correspondiente al mes de julio elaborado por Analogías reseña que el 73% de la población desaprueba el uso de insultos y agravios por parte del presidente, a quien 2 de cada 3 argentinos perciben como un dirigente violento.

Milei prefirió ponerse en el lugar de “víctima” de los legisladores: en lugar de salir a “matarlos”, planteó que si el Congreso quiere volver atrás sus reformas lo van a tener que “sacar con los pies para adelante”.

Conforme su estilo volcánico, algunos se preguntaban en la antesala de la cadena nacional si el presidente lanzaría una amenaza drástica hacia el Congreso, que cruzara el límite de la institucionalidad. No lo hizo -y de hecho no tiene la fuerza para hacer nada de ese tipo sin abrir las puertas de un juicio político-, y la amenaza se limitó a anunciar dos medidas. Una fue anticipar una disposición por la cual impedirá que el Tesoro Nacional pueda pedirle plata al Banco Central para financiar gasto primario. En rigor, estaría formalizando una práctica que ya se está aplicando y que no requiere nada de parte de los legisladores, a los que sí interpelará con su segundo anuncio: el envío al Congreso de un proyecto para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. La iniciativa establecerá una regla fiscal estricta que exigirá equilibrio o superávit, obligando a los legisladores a identificar la fuente de cada nuevo gasto. E incluirá sanciones penales para quienes incumplan estas normas.

No hay mayores chances de que el Congreso le apruebe esta medida. No en lo inmediato. Por el contrario, le insistirán en que al hablar de “presupuestos” piense en los que no ha mandado al Parlamento, como establece la ley, optando por extender ya dos veces -de manera inédita- el último que elaboró Sergio Massa en 2022. Sobre todo cuando comienzan a alertar algunas voces que el Gobierno preferiría seguir en esa tesitura de cara al próximo año también. Habrá que ver cuán empoderado sale el mileísmo de las próximas elecciones.

Por lo pronto, esta administración busca recuperar el dominio de la agenda con esta medida que inexorablemente quedará para la próxima composición del Parlamento, habida cuenta de que ha resignado pedirles algo a los legisladores actuales. Un estudio realizado por parlamentario.com precisó que tras la “goleada” del miércoles pasado, el Gobierno lleva 36 derrotas legislativas en lo que va de este período ordinario en el que apenas consiguió aprobar en Diputados el DNU que le permitió negociar con el FMI. Fue en la sesión del 19 de marzo pasado, la única que pidió el devaluado oficialismo legislativo desde la apertura del período ordinario. Ni siquiera atinó a cumplirle a Milei el pedido formulado aquella vez de aprobar la baja de edad de imputabilidad en lo inmediato. Por el contrario, el oficialismo decidió asumir una actitud defensiva para evitar que la oposición pueda votar cosas que no quiere, como por ejemplo designaciones en la Auditoría General de la Nación.

Hasta ahora, los magros logros que ha conseguido La Libertad Avanza este año en el Congreso han pasado estrictamente por lo que pudo evitar o postergar. El miércoles pasado perdió votación tras votación, pero al menos tuvo el alivio de que la oposición no completara la faena del Senado respecto del rechazo del veto a la Ley de Emergencia en Bahía Blanca. En el inicio de la sesión, se quitó del temario, pero fue porque la oposición no tenía asegurados los votos para rechazar el veto. En ese tema es que el Gobierno cuenta con la artillería aparentemente suficiente como para evitar que las leyes que impulsa la oposición puedan perdurar. Es la razón por la cual la oposición ha decidido postergar el debate de los vetos.

Probablemente queden pendientes hasta la semana del 20 de agosto. Será después de que se hayan cerrado las listas y cuando el Gobierno ya no tenga a mano esa prenda de negociación. Se debatirán, si la oposición calcula que tiene chances para imponerse sobre los vetos; sino lo hará más adelante, más cerca de las elecciones, y que el Gobierno pague entonces el costo de medidas tan impopulares como rechazar el aumento a los jubilados; desentenderse del reclamo de las familias de los discapacitados; desfinanciar a las universidades, o darle la espalda a los médicos del Garrahan.

Esta semana ese Congreso que ha sido tan cuestionado por el Gobierno estará dedicado (al menos los diputados) a cumplir con los emplazamientos votados la semana pasada. No es nada habitual que se trabaje en las comisiones la semana previa al cierre de listas, pero es lo que les toca.

Por lo pronto, ya se cumplió con el cierre de alianzas, que ofreció como dato saliente la concreción del acuerdo entre La Libertad Avanza y el Pro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se replicó el entendimiento alcanzado en la Provincia. Para sorpresa de muchos y enojo de algunos, como María Eugenia Vidal, quien se especulaba sería candidata si el Pro no arreglaba con LLA, en una suerte de reversión de Juntos por el Cambio. La exgobernadora dejó clara su postura, aunque no hará lo que ella misma le reprochó a su amigo Horacio Rodríguez Larreta, de jugar por afuera del Pro. Habrá que ver si a los que sí aceptan ser candidatos los obligan a calzarse el buzo violeta como hicieron con Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro el jueves en el inicio de campaña de la alianza La Libertad Avanza en el corazón de La Matanza.

Los dirigentes del Pro, de violeta, sumándose sumisos a los pedidos de La Libertad Avanza.

Campaña que comenzó con la difusión de encuestas que dan al oficialismo nacional por debajo del peronismo en PBA. Llamó la atención, porque la información fue difundida por los propios voceros libertarios, luego de que hasta ahora circularan sondeos que los daban siempre arriba.

Un intendente kicillofista confió a este medio que las diferencias son más ajustadas de lo que el Gobierno nacional se ocupó de difundir, y muchos se preguntan si no será esa una estrategia similar a la de la Ciudad de Buenos Aires, donde siempre se especuló con un triunfo de Leandro Santoro, hasta que Manuel Adorni terminó dando la nota al imponerse.

Como sea, tampoco debería sorprender que gane el peronismo, habitualmente imbatible en provincia de Buenos Aires, en cuyo caso eso favorecería al Gobierno de cara a la elección de octubre, ya que una victoria kirchnerista el 7 de septiembre favorecería a la polarización en octubre, en detrimento de las fuerzas que compitan a la búsqueda de los votantes “del medio”. Un voto que en CABA tiende a diluirse entre la exagerada oferta que habrá, al no haber prosperado la propuesta de unificarlo en una suerte de tercera vía, como un JxC blue. La decisión del Pro de inclinarse ante LLA desinfló esa posibilidad.

Si bien los voceros oficialistas se muestran muy confiados respecto de un triunfo en octubre aunque en septiembre les vaya mal, la realidad es que semejante resultado representaría la peor señal para la economía, según admiten en el Palacio de Hacienda.

A raíz del largo conflicto entre los trabajadores del hospital Garrahan y el Gobierno nacional, que se inició en septiembre del año pasado, la oposición en la Cámara de Diputados impulsó la aprobación de una ley que declara la emergencia pediátrica y de las residencias nacionales por un año, a la vez que jerarquiza al nosocomio como "referencia nacional" en atención de alta complejidad.

El proyecto, que se debatió en el recinto en la sesión de este miércoles, obtuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones, lo que da los dos tercios de los votos de los presentes. De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicaría un gasto anualizado de más de $133 mil millones y no se prevé de dónde saldrá esa partida, punto de objeción por parte del presidente Javier Milei hacia las recientes leyes aprobadas por el Congreso y vetadas luego por él.

La palabra en el recinto

En su carácter de titular de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin expresó: “Hay mucha expectativa en el sistema sanitario argentino. Celebro que hayamos llegado a este momento sin haber perdido el quórum quiero agradecer a todos los bloques su presencia”.

“El Hospital Garrahan no es solo un hospital pediátrico, es la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país. Es la punta de la máxima complejidad del sector de salud de la Argentina, no solo del sector público sino muchas veces del sector privado”, definió.

Yedlin destacó que la mitad de todos los trasplantes infantiles que se hacen en la Argentina, los más complejos se hacen en este hospital. “A lo largo de su historia en la Argentina ha tenido muchos conflictos, no es la primera vez que el Hospital Garrahan tiene un conflicto, pero como tantas medias verdades que este Gobierno dice y vuelve a decir, no todos los conflictos son iguales, no todas las situaciones son iguales”, planteó.

El diputado de UP contó que con los miembros de la comisión visitaron el hospital: “La situación que encontramos fue de enorme preocupación. Por un lado, estaba el conflicto de los residentes nacionales que venían sin aumentos salariales desde el inicio de la gestión de este Gobierno, un 53% por debajo del índice inflacionario”.

Yedlin relató que hay enorme preocupación por la tardanza de medicamentos solicitados que son de urgencia, las obras de infraestructura planificadas y presupuestadas en el hospital, la ampliación de la guardia, la ampliación de la sala de trasplante de médula ósea. “Todas habían quedado detenidas”, contó.

“Hoy la situación del hospital es de crisis. Está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan y eso pone en riesgo a la salud de los niños de la Argentina”, alertó y precisó: “Son 355.000 niños de provincias argentinas por año. En el año 24 vinieron al Hospital Garrahan”, y apuntó contra los gobernadores porque “niños de las provincias vienen a CABA a atenderse porque no hay otro lugar. Esto va mal”.

“Esto es un llamado a todas las políticas de Argentina. Este proyecto declara la emergencia. Establece que el Hospital Garrahan es el centro pediátrico derivación importante en la Argentina y obliga al gobierno nacional a poner un aumento”.

Yedlin comentó que el proyecto define al hospital como “el centro de máxima importancia y de referencia a la pediatría argentina y obliga a que el incremento salarial respete el índice inflacionario a partir de lo que cobraban médicos y residentes en noviembre del 23”. También plantea la exención del impuesto a las ganancias para las guardias médicas”.

A continuación, el diputado Facundo Manes (DpS) quien ejerce la medicina expresó: “Gastar en salud no es gasto, es inversión. Apoyar a la Ley de protección cerebral o Alzheimer o nuestros hospitales pediátricos es un acto de humanidad y también una estrategia nacional”.

“Una Nación que desatiende a los niños renuncia a su futuro. Una Nación que descuida la inversión en el conocimiento, compromete su destino. La salud cerebral no es un tema médico, es un tema social, económico, educativo y cultural. Afecta cómo aprendemos, trabajamos y envejecemos”, expresó.

Manes sostuvo que “todos los hospitales pediátricos de la Argentina son la primera lucha en al defensa del futuro. En ellos se lucha con humanidad ciencia y esperanza. Las mejoras en la salud de un país trascienden el crecimiento económico del país porque ya no es solo una cuestión médica. No se trata de gasto, se trata de una visión estratégica de desarrollo”.

Juliana Santillán negó una crisis en el Garrahan y afirmó: “No hay un desfinanciamiento, sino una transformación que es poner orden y controlar el gasto”.

De la vereda de enfrente, la diputada oficialista Juliana Santillán justificó el rechazo al proyecto por “razones de fondos y de forma porque carece de sustento técnico y promueve el gasto sin control. Va a reforzar burocracias que son ineficientes porque busca legalizar privilegios que son sectoriales en medio de una supuesta crisis que no existe”.

“No estamos frente a un colapso sanitario del Hospital Garrahan que, por supuesto, es el símbolo de la salud infantil, pero el presupuesto del Gobierno aumentó en 287% hacia el hospital con respecto al ejecutado en 2023”, señaló.

Santillán aseguró que “no hay un desfinanciamiento, sino una transformación que es poner orden y controlar el gasto y priorizar la eficiencia”, y sumó: “Se desempeñan 365 residentes nacionales y 67 residentes municipales, representan un total del 7% del personal del hospital. Es la institución con la mayor cantidad de residentes pediátricos de país”.

La diputada libertaria apuntó contra el gobernador Axel Kicillof: “Algunas provincias como Buenos Aires siguen acumulando deudas con el hospital Garrahan, Kicillof ex ministro de económica esta ausente de pagar lo que debe. Mantiene una deuda millonaria con el Garrahan y nadie del oficialismo bonaerense tiene la intención de saldarla”.

“Quieren disfrazar de emergencia porque se les acabó el curro sindical. La salud necesita gestión, evaluación y profesionalismo. Este proyecto es una excusa para otorgar poderes discrecionales”, cerró.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo consideró que los trabajadores del Garrahan “junto a los jubilados, son los dos sectores que han marcado el camino de las peleas y que se han transformado en grandes símbolos de la resistencia a esta política de ajuste, saqueo, destrucción de lo público, precarización laboral, ataque a los derechos de los trabajadores y pulverización de los salarios”.

“Nosotros creemos que ningún trabajador del Garrahan debería ganar menos de 1.900.000 pesos al mes de mayo, que es lo que reclamaban, que es el costo de la canasta familiar; y los residentes deberían ver un incremento a 2.700.000 pesos, que es lo que ellos reclamaban y no han percibido a pesar de su lucha persistente”, agregó y defendió que esta causa “es una lucha por el salario, pero también por la defensa de toda la salud pública”.

Por el lado de Unión por la Patria, el diputado Daniel Gollan apuntó contra el oficialismo y los acusó de dilatar la sesión y de “hacer paparruchadas”.

¿Qué prevé la ley?

El proyecto que recibió media sanción de Diputados declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, "debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".

Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como "hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad" y establece que debe garantizarse "su funcionamiento pleno y sostenido".

Uno de los artículos que se agregó antes de la firma del dictamen fue el que prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

Según el texto aprobado y girado al Senado, se contempla "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".

También, "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas". Allí, se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. "La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023", indica.

Finalmente, se estipula la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, "y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias".

Por otra parte, se prevé la creación de “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, añade el texto.

El conflicto del Garrahan comenzó en septiembre del año pasado, con el primer paro de médicos desde que arrancó la gestión de Milei, en reclamo por los sueldos bajos y el retorno del impuesto a las Ganancias.

Al mes siguiente, en una de sus primeras decisiones, el ministro de Salud, Mario Lugones, despidió a los integrantes del Consejo de Administración del hospital, que habían dispuesto otorgar un bono de 500 mil pesos para los trabajadores.

En los meses que lleva el reclamo por la recomposición salarial -que contó con declaraciones de descrédito por parte del Gobierno- se estima que ya renunciaron más de  200 médicos.

Cuando a las 12.20 y con la presencia de 132 diputados el presidente de la Cámara baja dio por iniciada la sesión, no hubo demasiadas sorpresas. Más allá de que a esta altura de las cosas, nadie puede garantizar nada, la oposición imaginaba que contaría con los votos para asestarle este miércoles un nuevo golpe al oficialismo, en el marco de una sesión que se anticipa extensa y en la que hay temas de los más diversos, pero todos malos para el Gobierno.

Esta es la sexta sesión especial de este período ordinario, la quinta impuesta por la oposición. Recordemos que la única donde el oficialismo pudo imponer su agenda fue la del 19 de marzo, en la que se trató y aprobó el decreto por el cual se habilitó al Poder Ejecutivo a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue, como dijimos, apenas una golondrina. en el resto de las sesiones la oposición consiguió la mayoría de las cosas que se propuso.

Los dos temas principales de esta sesión son el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica, tema vinculado al conflicto con el Hospital Garrahan. Pero una cuestión no menor, sino que por el contrario despierta singular interés, es el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que la oposición intenta rechazar este miércoles. Como no pasó por comisiones, para votarlo debe habilitar antes su tratamiento con los dos tercios, y si eso falla la oposición irá por el emplazamiento. Lo mismo pasará con las leyes impulsadas por los gobernadores y que ya cuentan con media sanción del Senado. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Sí la oposición irá por el emplazamiento con las leyes impulsadas por los gobernadores y que ya cuentan con media sanción del Senado. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Debate por $LIBRA

Los que imaginan una sesión muy extensa piensan por ejemplo que debates como el que se dará en torno a la situación de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, pueden llegar a demorar horas. Esa comisión nunca pudo designar autoridades, y acaban de cumplirse los tres meses autorizados por el proyecto oportunamente votado, para sesionar ese tiempo. Mientras el oficialismo considera que se venció el plazo de actuación, la oposición ratificó su vigencia y denunció un "bloqueo sistemático" por parte de LLA y aliados.

A la sesión llevarán un proyecto -sin dictamen- presentado por la Coalición Cívica, que propone modificar la resolución por la cual se creó la comisión sobre tres aspectos: la elección del presidente, el quórum y mayoría, y el plazo de actuación.

Otros proyectos sin despacho que incluye el temario sobre uno sobre promoción de la salud cerebral y otro que plantea la emergencia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Por impulso de UP, se tratarán 4 decretos delegados y 1 DNU, que no fueron debatidos en la Bicameral de Trámite Legislativo y ya se cumplió el plazo para que el pleno pueda discutirlos directamente dentro del recinto. Se aprueban o rechazan por mayoría simple.

Se trata de los siguientes decretos delegados: el que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía (462/2025); la reestructuración de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); y el que dispuso la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte -vinculado a Vialidad Nacional- (461/25). Asimismo, se encuentra el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante.

No se descarta que, conforme lo observado en las dos últimas sesiones, la sesión vaya a tener un final abrupto, que deje un tendal de temas para debatir.

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo enfrenta este miércoles una nueva prueba de alto riesgo, ya que a partir de las 12 la Cámara de Diputados abrirá sus puertas para otra sesión en la que la oposición puede llegar a propinarle otra dura paliza legislativa. No será algo nuevo, ya que en lo que va del período ordinario hubo cinco sesiones especiales y en la gran mayoría de ellas -cuatro- la oposición consiguió doblegar a las fuerzas de La Libertad Avanza. Mal augurio para la sesión convocada una vez más por legisladores de la oposición.

Solo una vez este año se trató algo a instancias del Gobierno: el 19 de marzo, cuando el  oficialismo consiguió aprobar el decreto por el cual se habilitó al Poder Ejecutivo a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue apenas una golondrina; en el resto de las sesiones la oposición consiguió la mayoría de las cosas que se propuso.

Para la sesión de este miércoles, toda la expectativa estará puesta en esa media hora inicial en la que se definirá si la oposición consigue su objetivo de conseguir el quórum, pues en ese caso después conseguirá seguramente la mayoría de las cosas que se proponga. Caso contrario, sería un duro golpe para los diputados de la oposición que llegan ilusionados a esta sesión en la que, a priori, conseguirían aprobar el proyecto de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Llegan con optimismo los diputados de esos espacios, pero también cautelosos. A priori, esperan superar con cinco o seis diputados más los 129 para arrancar. Se verá.

Sorteado ese primer escollo, si así sucede, la oposición se adentrará en un temario lleno de cuestiones, tantas que desde la Presidencia de la Cámara llegaron a estimar una sesión de hasta 38 horas. Una exageración, sin duda, teniendo en cuenta que ni la sesión histórica para aprobar la interrupción del embarazo se extendió tanto tiempo. Pero el cálculo tampoco peca de exagerado, sino que se supone que con el devenir de la sesión se van dando los pasos pertinentes para no llegar nunca a lo que sería más de un día y medio de sesión.

En rigor, otras fuentes sugirieron que en realidad podrían llegar a ser 16 horas las que insumiría este debate. Ver para creer.

Los dos temas principales de esta sesión son el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, tema vinculado al conflicto con el Hospital Garrahan.

Otro tema que generará singular interés será la votación sobre el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Pero como todo tema que llega al recinto, necesita su dictamen, y éste no lo tiene. Así que como sucedió en la última sesión del Senado, necesitarán habilitar su tratamiento con dos tercios de los votos. Si no sucede, habrá un emplazamiento a las comisiones.

La sesión incluye los proyectos con media sanción impulsados por todos los gobernadores para que Nación reparta fondos a las provincias a través de ATN y la recaudación del impuesto a los combustibles. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Debate por $LIBRA

Los que imaginan una sesión muy extensa piensan por ejemplo que debates como el que se dará en torno a la situación de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, pueden llegar a demorar horas. Esa comisión nunca pudo designar autoridades, y acaban de cumplirse los tres meses autorizados por el proyecto oportunamente votado, para sesionar ese tiempo. Mientras el oficialismo considera que se venció el plazo de actuación, la oposición ratificó su vigencia y denunció un "bloqueo sistemático" por parte de LLA y aliados.

A la sesión llevarán un proyecto -sin dictamen- presentado por la Coalición Cívica, que propone modificar la resolución por la cual se creó la comisión sobre tres aspectos: la elección del presidente, el quórum y mayoría, y el plazo de actuación.

Otros proyectos sin despacho que incluye el temario sobre uno sobre promoción de la salud cerebral y otro que plantea la emergencia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Por impulso de UP, se tratarán 4 decretos delegados y 1 DNU, que no fueron debatidos en la Bicameral de Trámite Legislativo y ya se cumplió el plazo para que el pleno pueda discutirlos directamente dentro del recinto. Se aprueban o rechazan por mayoría simple.

Se trata de los siguientes decretos delegados: el que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía (462/2025); la reestructuración de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); y el que dispuso la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte -vinculado a Vialidad Nacional- (461/25). Asimismo, se encuentra el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante.

No se descarta que, conforme lo observado en las dos últimas sesiones, la sesión vaya a tener un final abrupto, que deje un tendal de temas para debatir.

Los entusiastas que el 11 de julio pasado ya hacían cuentas para ver si la oposición podía prolongar inmediatamente la espectacular victoria lograda el día anterior en el Senado, hoy sienten que hubo una oportunidad perdida. La realidad es que semejante ilusión pecaba cuanto menos de exagerada. Los tiempos legislativos no son tan vertiginosos como el entusiasmo sugiere; ni las voluntades se mueven conforme el deseo de un puñado. Y el oficialismo -cualquiera que sea, tenga el número que tenga- es el que en definitiva conserva siempre cierta ventaja.

Se especuló esos días con la posibilidad de impulsar al menos una sesión antes del receso de invierno, pero la oportunidad era la semana siguiente, y había muchos legisladores más preocupados por cerrar las listas en la provincia de Buenos Aires que de reunirse esa semana para avanzar con financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. La semana posterior arrancaba el receso de invierno y, si bien nada impide que se pueda sesionar en esos días, el sentido común dice que eso es imposible.

El oficialismo es el dueño de la lapicera y también de los tiempos, salvo las veces que -cada vez más seguido- la oposición se apodera de la agenda. De hecho, es lo que sucedió esta semana, para llamar a una sesión para este miércoles que todo indica tendrá quórum y se espera que le saque sarpullidos al oficialismo. Pero sobre los vetos, que es lo que a priori despierta mayor expectativa, por ahora nada.

Porque en esa materia le tocaba ahora jugar al oficialismo, y manejó los tiempos al estilo Riquelme. Como el otrora ídolo xeneize -devenido a cuestionado presidente del club-, se llevó la pelota hasta un rincón de la cancha donde se dedicó a dejar pasar el tiempo con la certeza de que el balón no se lo sacaban. En efecto, los libertarios no tienen hoy capacidad para patear al arco, pero sí al menos hacer tiempo; y fue lo que hicieron con las leyes aprobadas el 10 de diciembre.

Con el argumento de que muchos proyectos se habían despachado ese día y eso conlleva tiempo para cumplir los trámites burocráticos, los textos pasaron a Diputados, donde luego de unos días se dio curso a las comisiones que deberán tratar los dos impulsados por los gobernadores, en tanto que las flamantes leyes volvieron a la Cámara alta que, tras otros días más, los comunicó al Poder Ejecutivo para que los promulgara. O no, que es lo que todos sabían que sucedería.

Y sucedió el lunes último, cumplidos los diez días reglamentarios para vetar, como ya se ha hecho estilo del presidente. El veto completo salió publicado el lunes a primera hora y los ansiosos volvieron a alentar la posibilidad de una rápida resolución final -a suerte y verdad- en el recinto de Diputados, donde el Gobierno sí tiene chances de frenar algo. Pero los tiempos no son tan rápidos, pues el decreto que acaba de conocerse este lunes primero debe pasar por las comisiones respectivas de la cámara iniciadora, para definir su tratamiento en el recinto.

Que haya que emitir un dictamen no implica que vaya a poder modificarse algo del texto, pero que sí se ordenará el debate posterior. En este caso puntual, por ejemplo, se determinará de qué manera tratarán -o mejor dicho, votarán- los textos en el recinto. Porque por una cuestión de economía de recursos el Gobierno decidió emitir un solo decreto englobando las tres leyes vetadas. Dicho sea de paso, que haya habido un solo decreto no implica que no haya habido tres vetos. Que es lo que recordará la historia, donde ya cuenta que Javier Milei lleva firmados seis y no cuatro vetos presidenciales.

En el plenario correspondiente se determinará de qué manera se votarán, de manera separada, las tres leyes aprobadas el 10 de julio. Recién entonces estarán todo dispuesto para el debate definitivo.

Que será cuando deba ser y no antes, confirmaron a este medio fuentes opositoras que diseñan dificultosamente el esquema de tratamiento de los vetos. Siempre se supo que no sería esta semana, pues para debatirlo en el recinto necesitaría habilitar la discusión con una mayoría especial. Demasiado esfuerzo para algo que quisieran tener ya resuelto, pero saben que deberán tener paciencia.

Porque a diferencia del Ejecutivo, que tiene 10 días hábiles para vetar, las cámaras no tienen tiempo para tratar un veto. Así las cosas, la oposición podría manejar los tiempos, incluso para llevar el debate a las vísperas de las elecciones, si tuvieran garantías de que valiera la pena y tuviesen entonces quórum.

El Gobierno se muestra distendido en la materia, y asegura a quienes preguntan que tienen los votos para sostener los vetos. Dependen de los gobernadores, y los números se habrían aclarado en los últimos días de modo tal de alentar el optimismo presidencial. Pero en esta materia nada es definitivo. La oposición -o al menos una parte de ella- trabaja con la hipótesis de dos sesiones: una será este miércoles 6 de agosto -que está claro al final que no irá a Diputados el jefe de Gabinete, como se había echado a circular antes del receso-, con el debate sobre universidades, Garrahan, rechazo al veto de Bahía Blanca y emplazamiento a José Luis Espert para que permita reunir a su comisión para tratar ATN y Combustibles (los proyectos de los gobernadores que ya tienen media sanción del Senado). También se tratarán este miércoles una serie de decretos.

¿Y los vetos? La siguiente sesión sería el miércoles 20 de agosto. Una fecha prudencial, distanciada de forma tal que la próxima semana puedan tener dictamen los proyectos de los gobernadores y se los pueda llevar al recinto el 20 de agosto. Eso podría favorecer que estuviera garantizado el quórum para esa sesión en la que tal vez podrían incluirse los vetos. Pero eso no es seguro; vuelteras, las fuentes legislativas consultadas dicen que en principio los vetos no están en esas dos sesiones.

Tampoco es que no vaya a suceder. La realidad es que la oposición no quiere gastar esa bala de plata, arriesgándose a ir al recinto a perder. Si no hay certeza o aproximación a que los números estarán, prefieren dilatar los tiempos. Confían también los opositores en que el cierre de listas podría obrar a favor de que los que están en duda puedan votar contra el Gobierno. Un tendal de heridos es el sueño húmedo de los opositores más encendidos y activos a la hora de proceder.

Como sea, la espera con los vetos no será eterna, pues saben que tienen que votarse sí o sí antes del 10 de diciembre. Pues a partir de la renovación legislativa, el oficialismo tendrá, casi casi, el tercio de diputados que ansía para blindar todos sus vetos.

Junto a otros bloques de la oposición en la Legislatura, el bloque de Unión por la Patria (UP) convocó a una sesión especial para este jueves a las 11, a fin de debatir la gratuidad del subte para jubilados y pensionados, iniciativa que el Gobierno de Jorge Macri se negó a tratar en la sesión ordinaria que había sido acordada.

Tras la negativa del jefe de Gobierno a tratar este tema, el bloque UP impulsa la sanción de un proyecto de autoría de la diputada Berenice Iañez, conjuntamente con proyectos de otros bloques que van en el mismo sentido, a fin de establecer el boleto gratuito de subte para jubilados y pensionados de lunes a domingo, y sin las restricciones horarias en las que funciona actualmente el beneficio.

La iniciativa es una de las tantas que viene impulsando el bloque en la Legislatura para brindar un alivio económico y fiscal a sectores de la ciudadanía porteña que vienen golpeados por las políticas nacionales y no encuentran respuesta en la gestión porteña. Entre ellas, la exención de Ingresos Brutos para todos los monotributistas -y no sólo a las dos primeras, como planteó el oficialismo-  así como a las empresas turísticas de la Ciudad, como hoteles y gastronómicos.

En el mismo sentido, vienen exigiendo al Gobierno de Jorge Macri la implementación y reglamentación de leyes votadas en 2024 que aún no entraron en vigencia, como la ley de Boleto Educativo, que amplía este beneficio a un sector de la población que hoy lo necesita.

“Jorge Macri tiene que entender que los recursos de la Ciudad deben ser puestos a disposición de aquellos que más lo necesitan. Con un superávit de 800 mil millones de pesos, no podemos seguir dilatando las soluciones que los porteños están esperando”, señalaron desde el bloque de Unión por la Patria.

Analicémoslo en términos legislativos: nunca es bueno perder; pero menos para un oficialismo, cualquiera sea el mismo. Perder es un “lujo” que no se debe permitir ningún gobierno, tenga el número de legisladores que tenga.

Quedó en la historia cuando el Gobierno de Raúl Alfonsín vio caer la Ley Mucci en el Senado: la fallida reforma sindical de ese gobierno radical fracasó el 28 de marzo de 1984. Pasaron cuatro décadas y hasta se recuerda el nombre del senador cuyo voto hizo caer la ley. Más cerca en el tiempo, cómo olvidar la madrugada del 17 de julio de 2008 y el voto “no positivo” de Julio Cobos. Si hasta recordamos  la hora a la que sucedió: 4.25 AM.

Las derrotas de los oficialismos deben ser excepcionales en el Congreso, pero no porque no puedan perder, sino que cuando están expuestos a ello deben evitar ir al recinto. Hasta Alberto Fernández, que hizo todo mal, no se arriesgaba a ello. Con mayoría en el Senado y minoría en Diputados, la reforma laboral, la ampliación de la Corte y hasta el juez Rafecas como procurador son ejemplos a mano: cuando no había chance, ni se trataban en comisión.

No puede haber una gesta de la derrota. Aunque se la quiera maquillar, y aparezca el ministro de Economía regodeándose en las redes sociales diciendo que lo sucedido en el Senado “es lo mejor que pudo haber pasado”. Traduzcamos a Luis Caputo: lo del Senado demostró cuál es la casta y esas votaciones sirven para que “cada vez más gente se dé cuenta”. En modo electoral, debe interpretarse que la gente entenderá que hay que votar a La Libertad Avanza para que a partir de diciembre cosas como estas no sucedan en el Congreso.

Ya el Presidente había marcado el camino al desafiar con su “los espero el 11 de diciembre”. Javier Milei viene instalando el eslogan/presagio: “La Libertad arrasa”. La realidad es que si bien todas las encuestas auguran una victoria del oficialismo en octubre, eso no garantiza el control del Congreso. Ni cerca. LLA estará mejor, pero lo más probable es que ni siquiera sea la primera minoría. Expone pocas bancas, y es probable que más que duplique las actuales, pero así y todo no llegará siquiera al centenar.

Unión por la Patria, devenido en Fuerza Patria, renueva una elección que perdió, la de 2021. Tiene actualmente 98 integrantes en Diputados y arriesga 46. Con la polarización que alienta el mileísmo, desaparecerá buena parte del espacio del medio donde La Libertad Avanza encontró los votos para sacar sus leyes. En cambio el peronismo no bajará sustancialmente su número en Diputados. Y en el Senado, perdiendo, resignaría unas tres bancas. Seguirá siendo un escenario complicado para el oficialismo que en el mejor de los casos duplicará su número. Seguirá siendo ínfimo.

Son datos que sí tienen muy en cuenta los que deben decidir dónde poner el dinero. Son los mismos que fueron corriéndole el arco a Mauricio Macri. Primero quisieron verlo gobernar; que armara mayorías en el Congreso; después le exigieron ganar las elecciones intermedias; luego que hiciera las reformas… hasta que pasaron cosas y dejaron de confiar. Pero nunca vinieron.

Milei confía en salir fortalecido con un triunfo en las elecciones intermedias, que está casi garantizado ante la baja de la inflación y la ausencia de alternativas. Pero su idiosincrasia le impide armar las mayorías que figuras experimentadas como Miguel Pichetto le recomiendan hacer en el Congreso. Lejos de ello, ha ido desarmando acuerdos. Y así llegó al jueves pasado, donde tuvo una derrota épica. No se recuerda en la historia de la democracia desde el 83 a la fecha semejante derrota para un oficialismo.

Que ya venía de experimentar una paliza notable el 4 de junio, cuando en Diputados vio cómo la oposición conseguía tres medias sanciones que el Gobierno rechazaba. Dos de ellas salieron con mayorías muy grandes. Ahora en el Senado las tres iniciativas se convirtieron en ley. Pero lo de la Cámara alta fue goleada: además de las tres leyes que aprobó la oposición, se aprobaron las dos iniciativas promovidas por los gobernadores y se rechazó el veto a la emergencia en Bahía Blanca. 6 a 0.

Lo más grave para el Gobierno es que la vio venir y no hizo nada. Falta estrategia legislativa, pero en el Senado es aún peor no solo por estar el oficialismo en dramática minoría, sino también porque el Gobierno ha roto todos los puentes con quien preside esa Cámara. Y si ya estaba roto de antes, desde el jueves es peor, cuando el Gobierno y sus patrullas digitales fustigaron a Victoria Villarruel, y el Presidente le colgó el cartel de “traidora”. Eso ya no tiene vuelta atrás.

La vicepresidenta Victoria Villarruel presidiendo la polémica sesión del Senado. (Foto: Comunicación Senado)

Este fin de semana le contestó la vice, cosa que no había hecho hasta ahora, agravándose la relación. Debería saber el Gobierno los riesgos que eso implica. ¿Hablábamos de tranquilizar a potenciales inversores? Otro tiro en el pie.

El Gobierno tuvo noticias de que la relación con los gobernadores estaba mal un mes antes, cuando justamente el 4 de junio diputados alineados con mandatarios afines votaron en contra, o por lo menos dieron quórum o se ausentaron. Nada se hizo a pesar de eso, y todo evolucionó para mal, hasta que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno coincidieron en avanzar con los dos proyectos para redistribuir impuestos. Hay un ejemplo muy concreto que es una de las leyes que se buscan modificar. El impuesto a los Combustibles Líquidos: un 10% va a la Nación y otro 10% a la provincia. Del 80% restante, un porcentaje es para el FoNaVi, que se encarga de hacer viviendas; otro para el ENHOSA, que hace cloacas, agua potable, desagües en todo el país; otro va a la Red Federal Vial, que construye rutas y hace su mantenimiento; y un porcentaje es para subsidiar el transporte público. Otra parte es para el ANSeS, y salvo ese porcentaje, nada del resto cumple en la actualidad con el destino previsto. Es lo que reclaman las provincias, que argumentan que si tienen que encargarse de reparar las rutas y hacer las obras, les corresponden esos fondos.

Tiene lógica el reclamo, como también el hecho de que ningún gobierno ha cumplido estrictamente con el reparto correspondiente. Pero este gobierno hoy no tiene manera de resistir semejante reclamo. Para evitar la foto en Tucumán desarropado de gobernadores, Milei contó con las fuerzas del cielo que mandaron una densa niebla que sirvió para pegar el faltazo, evitando así una demostración palpable de soledad. Pero los senadores sí tomaron recaudos para estar en su mayoría el jueves en la sesión en la que mandaron el mensaje que querían, fuerte y claro.

Como de costumbre, a última hora el Gobierno hizo un último y desesperado intento para evitar el naufragio y tuvo algún éxito con el intento postrero de senadores dialoguistas de alterar el orden del tratamiento en el Senado en función del nivel de consenso: primero el rechazo al veto de la ley para ayudar a Bahía Blanca; después las leyes de los gobernadores; luego la emergencia en discapacidad y al final los proyectos sobre jubilaciones. Pero los de Unión por la Patria no son ingenuos y aclararon que el orden sería el inverso: si no les votaban las medias sanciones, tendrían que buscarse los votos para aprobar lo que piden los gobernadores. Así se hizo.

En su discurso del final, José Mayans, que estuvo en estado de gracia ese jueves, advirtió sobre la ausencia de algunos senadores que responden a los gobernadores. Entre los que sí estuvieron fueron los correntinos, provincia que elegirá gobernador el último domingo de agosto y cuyo acuerdo entre el radicalismo gobernante y La Libertad Avanza acaba de fracasar, por exigencias desmedidas de los emisarios de Karina Milei. El gobernador Gustavo Valdés respondió al día siguiente sacándose una foto con el peronista Camau Espínola, que le dio su apoyo para las elecciones. Y los tres senadores correntinos votaron contra el Gobierno el jueves 10.

El Gobierno se ha hecho fama entre los gobernadores de “mal pagador”. Pero fue más allá, al mostrarse también “desagradecido”. Lo hizo el 9 de julio por la mañana, cuando el Presidente cambió San Miguel de Tucumán por el estudio de la radio de Luis Majul a quien le dijo que “todos los gobernadores” quieren destruir su gobierno.

Volvió el Milei furibundo de los días posteriores al fracaso de la primera Ley de Bases. Así se mostró la noche del sonoro traspié en el Senado, cuando en la Bolsa de Comercio le dijo a su auditorio que “los degenerados fiscales no quieren que el dinero vuelva a ustedes”, y habló de lo que se discute “en el nido de ratas, en la madriguera inmunda donde están todos los degenerados fiscales que no quieren devolverles a ustedes su dinero”.

El Presidente anticipó lo que hará con las leyes que vienen. Las vetará; si el Congreso rechaza sus vetos, irá a la justicia; y si un juez le falla en contra, habrá entonces un “plan platita” que terminará favoreciéndolo electoralmente. Contrariamente a lo que pudiera esperarse de él, todos sus actos están signados hoy por lo electoral.

Pero en principio, deberá sortear un problema: si veta las leyes, estará reconociendo la validez de la sesión del jueves. Pero tiene diez días para vetar, sino las leyes tendrán promulgación de hecho.

Uno de los protagonistas de la semana política fue sin lugar a dudas el senador nacional José Mayans, líder del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta. Este sábado salió al cruce del Gobierno tras la sesión en la que se convirtieron en ley el aumento a jubilados, la extensión de la moratoria y la emergencia en discapacidad, entre otros temas.

En declaraciones a Radio Mitre, defendió la validez del debate parlamentario y desestimó los argumentos del oficialismo que lo calificaron como “inválido” por haber sido autoconvocado por la oposición.

“La sesión fue plenamente válida”, sostuvo el legislador formoseño. “Obtuvimos 52 votos contra 17, lo que ratificó el plan de labor parlamentaria y permitió llevar adelante las votaciones”, explicó.

Mayans fue tajante al calificar como “una estupidez total” la postura del Ejecutivo, que cuestionó la legalidad de la sesión. “Es como si yo me pusiera a opinar sobre si una reunión del jefe de Gabinete fue legal o no. No tiene sentido”, ironizó. Además, recordó que la Corte Suprema ya se pronunció en el pasado sobre la autonomía del Congreso para resolver sus asuntos internos.

En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y las provincias, el senador también apuntó contra la falta de presupuesto. “Hace dos años que el país no tiene Presupuesto. Sin eso, no hay certezas”, advirtió. Según Mayans, esta situación genera un perjuicio directo a las provincias, que “están siendo estafadas”.

El legislador relató que participó de una reunión virtual con gobernadores de todo el país, quienes —según dijo— reclamaron por los fondos que les corresponden. “Los mandatarios tienen responsabilidades y están siendo ignorados por el Ejecutivo”, afirmó.

Frente a las acusaciones del presidente Javier Milei, quien señaló que la oposición busca “romper todo”, Mayans respondió: “El presidente dice cosas inconsistentes. Si sigue gobernando por decreto y sin presupuesto, el Congreso va a seguir marcándole límites”.

Finalmente, insistió en la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas: “Tiene que presentar un Presupuesto que dé certezas en áreas clave como servicios sociales, defensa, deuda y economía. El ministro Caputo debería explicar por qué tenemos 100 mil millones más de deuda. Pero parece que le tiene pánico al Congreso”.

Luego de una semana intensa en el Congreso a pesar del feriado del 9 de Julio en el medio de la misma, la pregunta del millón es cómo sigue la actividad en vísperas del receso invernal.

En ese sentido, el Senado puede darse por satisfecho con la sesión del jueves pasado, con toda la polémica incluida, ya que finalmente dio cuenta de las tres medias sanciones que había aprobado la Cámara baja en su sesión del 4 de junio pasado. Se ocupó también del veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Bahía Blanca, cuyo destino está ahora en manos de la Cámara de Diputados.

En efecto, la pelota ahora está en el campo de la Cámara baja, que el último martes emitió dictamen de dos de los proyectos que ahora pasaron a ser el principal objetivo del Cuerpo, al menos por el lado de la oposición: Garrahan y universidades.

Cumplido ese trámite que había sido el fin principal de la sesión realizada el 2 de julio -que terminó de manera bochornosa, con un escándalo protagonizado por diputadas de Unión por la Patria increpando al diputado José Luis Espert-, en la que se votó el emplazamiento para esos dos temas, resta ahora que lleguen al recinto. No será esta semana.

Si bien diputados de la oposición consultados por parlamentario.com no descartaron la intención de avanzar con una sesión especial para esta misma semana previa al inicio del receso invernal, admitieron las dificultades para programarla. Quedará entonces para después del receso invernal.

¿Primera semana de agosto? Lo más probable que no. Para esa semana se espera que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asista nuevamente a la Cámara baja para brindar su informe de gestión, conforme establece el artículo 100 de la Constitución Nacional. Será el 6 de agosto y al respecto, un legislador de la oposición sugirió ante este medio -seguramente con certeza- que “el Gobierno lo manda para tenernos ocupados con eso y que no pidamos nosotros una sesión”.

Con todo, bien podría llamar la oposición a sesión el martes o el jueves, pero esta fuente lo relativizó.

Lo más probable entonces es que la próxima sesión de Diputados se programe para la segunda semana de agosto. “Una sesión corta”, sugirió otro de los diputados consultados por parlamentario.com, previendo el tratamiento de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Tal vez también el veto a la Ley de Emergencia en Bahía Blanca.

Sobre los temas pendientes, señaló a juicio por jurados y la modificación de la ley que rige los DNU, que cuentan con dictamen, pero aclaró que tratándose de proyectos tan complicados quedarían para otra sesión.

Como sea, el diputado consultado aclaró que la modificación de la Ley 26.122 debería ser tratada antes de que cambie la actual conformación legislativa. “El momento es ahora”, enfatizó.

El Gobierno miente. No hay un intento de complicar la gobernabilidad ni de comprometer el equilibrio fiscal. Nada de esos eslóganes que se repiten de manera irreflexiva e irresponsable.

En la ley que aprobó el Congreso con amplias mayorías indicamos siete fuentes de financiamiento para afrontar el 0,6% que conlleva la la recomposición de las jubilaciones.

Esto se financia con lo que el gobierno se ahorra por la terminación de la moratoria. Y está basado en un presupuesto ejecutado de 2024 que ya fue superavitario. El argumento de que no hay más plata empieza a perder valor. Y la discusión es para qué hay plata y para qué no hay plata. Disponer eso le corresponde al Congreso, no a un grupo de ministros que lo firmen por decreto de necesidad y urgencia. Lo mismo con la actualización del bono. No es caprichosa, ni siquiera toma la inflación de los 17 meses que el bono lleva congelado, toma la inflación simplemente de los últimos 10 meses. Sí, fue algo arbitrario, pero en conjunto con el aumento general del 7% que se le adeuda a los jubilados desde enero del año pasado, provee una recomposición razonable y absolutamente financiable.

No vemos ninguna razón para que haya un esquema especial para que los directivos de empresa no paguen IVA. Todos los empleados autónomos, que son millones en la Argentina, pagan IVA. Proponemos que los directores de empresa paguen IVA igual. Eso recauda más de 0,2% del producto.

Proponemos que se le ponga punto final a una exención al impuesto a las Ganancias para las sociedades de garantía recíproca, hoy que el crédito se ha restablecido y ha vuelto a ser rentable con tasas positivas. Eso también recauda 0,1% del producto

Proponemos que se nacionalicen los fondos de los entes cooperadores que recaudan a través de los registros automotor. Y que esos más de 130 mil millones de pesos al año vayan a pagar mejoras jubilatorias.

Queremos que los fondos que el gobierno se ahorra desde noviembre del año pasado por la reducción de los recargos sobre los intereses de la deuda con el Fondo Monetario sea asignado directamente a la mejora jubilatoria. Son unos 500 millones de dólares que no tienen destino presupuestario dado y que solo el Congreso se lo puede dar.

Hay un fondo anticíclico para cerrar paritarias, es a donde está alojado el bono con los 70 mil pesos para este año, pero prevé casi 6 billones de pesos y el bono es algo más de 3 billones. O sea, tenemos más de 2 billones 500 mil pesos disponibles, algo así como 0,4 del producto, para mejora jubilatoria. Y nosotros queremos por esta ley que se dedique a eso.

Los 33 mil millones que en dos decretazos limpios de febrero y de abril decidieron darle a los espías de la SIDE, y vaya a saber uno para qué, eso también queremos que vayan los jubilados.

El jefe del bloque de senadores Pro, Alfredo De Ángeli, se refirió a la polémica sesión del Senado donde se aprobaron leyes como aumento a jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional, y apuntó: “La sesión de fue una auto convocada del kirchnerismo y fue una muestra de que manejan el Senado”.

“Fue una auto convocada porque no fue nunca recibimos una nota de parte de la presidenta del Cuerpo a convocar sesión, fue una convocada del kirchnerismo y algunos socios. Van para manejar el Senado, ayer fue una muestra de que manejan el Senado”, criticó en declaraciones radiales.

El entrerriano señaló: “Nosotros bajamos a plantear que la Comisión de Presupuesto y Hacienda la tomó por asalto el kirchnerismo, no convocaron a nadie y de eso también tiene culpa el oficialismo porque tendrían que haber dado el debate en la comisión. Nunca nos convocaron”.

“No sé si fue legal, pero están mal hechas las cosas y cuando están mal terminan peor. La senadora Tagliaferri consolidó el quórum, viene votando distinto al Pro como otros senadores y ayer estuvo dividido, se partieron varios bloques”, opinó.

El jefe del bloque Pro ratificó: “No estuvo convocada como tiene que ser una sesión que la tiene que convocar el presidente del Cuerpo. Si fue una sesión ordinaria. Vamos a suponer que está dentro del reglamento, pero no hubo debate en las comisiones. (Ezequiel) Atauche tendría que haber convocado la comisión. No hay dictamen de comisión del proyecto de los gobernadores sobre combustibles”.

“Había que haber hecho un plenario de comisión que no se hizo entre Población y Presupuesto, nunca se hizo, ahí hay que culpar al oficialismo. El gobierno nacional es el gran culpable que no abre las comisiones y se lo dijimos a Atauche”, responsabilizó.

“Nosotros no estamos de acuerdo en cómo se manejó el dictamen sobre la recomposición. No vimos que hubo debate. Lo que no queremos es joder al Gobierno con el equilibrio porque costó muchísimo, el campo también la está sufriendo hace años.  Hasta ahora no cumplió con lo que dijo de bajar de retenciones, pero tenemos claro que no queremos que vuelva el kirchnerismo”, remató.

La senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro) ratificó la legitimidad de la sesión del Senado y las leyes aprobadas, al tiempo que afirmó que “no se votaron en contra del Gobierno, sino porque hay que dar respuestas”.

En declaraciones a Radio Mitre, la senadora porteña apuntó contra el presidente: “El clima de odio le pudo haber servido para el agite de una elección, pero no te sirve para gobernar. Claramente ayer había senadores que responden a gobernadores que son dialoguistas que han acompañado y son racionales y ayer votaron. Pero no votaron en contra del gobierno, votaron porque hay que dar respuestas”.

“Este proyecto de aumento a las jubilaciones tiene fuente de financiamiento. El impuesto a las naftas que todos los argentinos pagamos y cuyo impuesto tiene que ir destinado a hacer rutas, que no se están haciendo, van a las provincias tampoco es un gasto nuevo. El Gobierno nacional lo está cobrando y nadie sabe a dónde va porque no hay presupuesto y está destinado a hacer obras de infraestructura vial que no se están haciendo para las provincias no es plata que se saca”, explicó.

En esa línea, explayó: “La fuente de financiamiento del aumento a jubilados son el CIO de empresas que no pagan IVA, son plata que recaudan los entes automotores que no existen más, readecuación de los fondos de la SIDE, no es el plan platita, nunca fui kirchnerista y nunca lo voy a ser esto no es contra el gobierno, es dar respuesta porque el sector que más aguanto el equilibrio fiscal es un 55% los jubilados. No es viable eso, creemos en el equilibrio fiscal, pero si hay de donde sacar para ajustarle la módica suma de 21 mil pesos a las jubilaciones y un bono de 40 mil”.

Tagliaferri señaló que “no es real que la sesión fue ilegal. Entiendo la frustración, pero hay un límite en el sistema democrático. Al presidente lo votó la gente genuinamente y democráticamente y tiene el derecho de hacer los vetos que él quiera, al Congreso también los votó la gente y eso es un sistema de democracia”, y remarcó: “Este es el mismo Congreso que acompañó sus vetos el año pasado. Los senadores nos pudimos reunir y estábamos sobrados de quórum y los proyectos fueron aprobados por amplia mayoría. No es ilegítima y la democracia no es democracia cuando me gusta y sino es tiranía, no funciona así”.

“Las leyes que salieron son legítimas, no sé qué va a pasar en Diputados, pero en el Senado siento que tenemos la posibilidad de insistir en la ley”, anticipó. “El presidente tiene todo el derecho constitucional a vetar y tiene todas las herramientas para poder dialogar, no sé lo que va a pasar en Diputados y lo que va a pasar con los gobernadores. Si abrís mecanismos de dialogo y seguro va a haber mecanismos para acompañar, pero no depende de nosotros”, sugirió.

La senadora del Pro sostuvo: “Si tenes 45 senadores en una democracia, ¿una sola persona puede silenciar a todos? 11 de 17 emitimos opinión en la comisión. Un solo senador no puede callar a todos. Además, es válida porque la presidenta del Cuerpo la inició y el proyecto de gobernadores, que lo acompañe, no importaba el dictamen de la comisión y 44 senadores votamos”.

“Entiendo la frustración del Gobierno, pero se subsana dialogando, buscando mecanismos de consenso no diciendo que es un golpe de Estado. La democracia que funciona es sana. Invitamos al gobierno a volver a conversar. Hemos acompañado en más de una oportunidad los proyectos del Gobierno”, cerró.

En el mismo sentido de lo expuesto durante la sesión de este jueves en el Senado, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero solicitó a la presidenta de la Cámara alta declarar “la nulidad” de la misma por “no haberse respetado el reglamento de este cuerpo”.

Así lo hizo saber a través de una nota remitida a Victoria Villarruel el mismo jueves, donde argumenta que la sesión “no fue convocada conforme las disposiciones reglamentarias y por lo tanto la nulidad solicitada deviene manifiesta e insanable”.

Álvarez Rivero, que se mostró muy activa durante la sesión, argumentando en el mismo sentido que La Libertad Avanza que la sesión no tenía validez, hasta que finalmente se retiró de la misma, sostuvo que “el artículo 32 inc. F) del reglamento es claro al señalar que corresponde a la presidencia del cuerpo la citación a sesión, sea esta ordinaria o especial. El sentido de la regla no es simplemente organizativo, sino que la citación resulta necesaria a fin de anoticiar a los senadores de la celebración de la sesión con la finalidad de que puedan asistir y participar de los debates. En modo alguno es posible admitir la ‘autoconvocatoria’ ya que de este modo se impide a los senadores ausentes ejercer adecuadamente su mandato. La ausencia de solo un senador resulta suficiente para invalidar la sesión”.

“Sostener que un grupo de senadores, cualquiera sea su número, pueda convocar a la cámara a sesionar, sin formular el pedido a la Presidencia, conforme lo prevé el artículo 20 del reglamento, significa afectar la representación de cada uno de los senadores que integramos este cuerpo”, continuó, para invocar luego a la Corte Suprema, que ha dicho que “la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. Ningún departamento del Gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido conferidas por la Constitución. El funcionamiento del Senado no es una estudiantina, sino que es un procedimiento reglado que no puede soslayarse en un presunto derecho de una mayoría circunstancial para ‘autoconvarse’. La Corte Suprema también ha dicho que si el Senado ha autoregulado su funcionamiento a través del dictado de un reglamento, una hipotética violación de éste que lesiona derechos individuales no podría quedar exenta del control de los magistrados de la República”.

Agrega Álvarez Rivero que “no se trata de si los proyectos que pretendieron tratarse hoy eran mejores o peores, sino de respetar las reglas del juego, que es lo que no ha ocurrido hoy”.

Concluye la senadora del Pro señalando que su presencia y participación en el debate “solo obedeció a la necesidad de dejar en claro estos aspectos, que expresé en dos oportunidades en que se me concedió el uso de la palabra y, por ello, me abstuve de participar de las votaciones que fueron solicitadas en manifiesta violación al reglamento. En modo alguno la participación en el debate puede entenderse como consentimiento con la sesión y con lo que pretendía tratarse en ella”.

Mientras la oposición dura en el Senado se anotaba un rotundo triunfo en el recinto con la aprobación por unanimidad del aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la emergencia en discapacidad y eludir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, el presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que vetará todas las leyes que la Cámara alta aprobó este jueves porque “atentan contra el equilibrio fiscal”.

Así lo anunció durante una charla que brindó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Nada de lo que está pasando nos sorprende. Estamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos”.

“Están desesperados porque saben que en octubre la libertad arrasa”, expresó el mandatario y apuntó contra la titular del Senado, Victoria Villarruel quien presidió por momentos la sesión de este jueves: “Por lo tanto, aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.

Al hacer referencia a los aumentos que el Senado convirtió en ley, el presidente señaló que “lo que pasó hoy ya lo sabíamos. Lo más importante es que están desesperados porque saben que en octubre La Libertad arrasa”.

“Todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, remarcó y añadió que “si, en el peor de los casos, la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera resolver en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría sería mínimo, el de una mancha de dos meses que vamos a revertir el 11 de diciembre”.

En ese marco, el Jefe de Estado enfatizó que “la política del superávit fiscal es permanente” y destacó que “no solo logramos estabilizar la economía y salimos en V, sino que se trata de la salida más rápida que se tenga recuerdo de los programas exitosos”.

Al destacar el trabajo de sus ministros volvió a apuntar contra la vicepresidenta a quien tildó de “traidora”: “A esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor Jefe de Gabinete de la historia que es Guillermo Francos”.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros de Economía, Luis Caputo; Defensa, Luis Petri; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También participaron los presidentes de YPF, Horacio Marín; y de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, entre otros importantes referentes, líderes, empresarios y funcionarios.

A las 14.14, con 42 senadores en sus bancas, superando el quórum, la vicepresidenta del Cuerpo, la kirchnerista Silvia Sapag, dio este jueves por iniciada una sesión del Senado impulsada por la oposición autoconvocada. Una sesión clave para el oficialismo más minoritario de la historia parlamentaria argentina, que ha despertado la máxima atención por un temario sumamente adverso para el Poder Ejecutivo.

Durante las estrofas del Himno Nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel bajó para tomar la conducción de la sesión.

Además de senadores de Unión por la Patria, bajaron al recinto un puñado de legisladores de la UCR, la larretista Guadalupe Tagliaferri, por el Pro; y algunos senadores de bloques provinciales como la dupla santacruceña, la rionegrina Mónica Silva y la cordobesa Alejandra Vigo. 

Hay siete temas puestos a consideración. Tres de ellos son medias sanciones emitidas por la Cámara baja el pasado 4 de junio: un aumento para los jubilados; la prórroga de la moratoria previsional, y la declaración de emergencia en discapacidad. Si el Senado los aprueba sin cambios, serán ley. A priori dos de esos proyectos tienen más chances, el aumento y la emergencia, pero el resultado dependerá de cómo se resuelva un debate reglamentario previo en torno al tratamiento que pueda llegar a dársele.

El presidente, dicho sea de paso, ya anticipó que vetará todo si es que el Senado lo aprueba.

Hay también dos proyectos que impulsan los gobernadores, que han tomado un protagonismo especial para esta sesión, dado que tienen que ver con la distribución de fondos. Por un lado, una reforma a la norma que rige al reparto de Aportes del Tesoro Nacional, y por el otro la distribución entre Nación y las provincias del impuesto a los combustibles líquidos.

El temario incluye el debate sobre el veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca y una declaración sobre la resolución de la Justicia norteamericana en el tema YPF.

NOTICIA EN DESARROLLO

Sin negociaciones por parte del Gobierno que vayan a poder evitarlo, la oposición se apresta a asestarle este jueves un duro golpe al oficialismo (otro más) con la sesión que tendrá lugar este jueves. Si consiguen quórum, claro está.

Lo cierto es que con Unión por la Patria a la cabeza, se proponen realizar una sesión este jueves a partir de las 14 para tratar los proyectos que cuentan con media sanción de Diputados desde el 4 de junio pasado.

Así las cosas, habrá este martes a las 17 una reunión de Labor Parlamentaria, tal cual acordaron este lunes la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, con el jefe del interbloque UP, José Mayans, y ella le propuso hacer esa reunión.

Según contó Mayans este martes por Radio Con Vos, “la resolución del secretario Parlamentario (del lunes) diciendo que no tenemos dictámenes, es de nulidad absoluta”.

A través de una resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado se desecharon este lunes los dictámenes firmados por la oposición el pasado jueves, en relación a los proyectos con media sanción sobre aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que habían sido suscriptos en plenarios de comisiones autoconvocados.

Las autoridades de la Cámara alta señalaron que "la documentación presentada" no puede "considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido".

En la resolución se remarcó que "no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos".

Lejos de aceptarlo, Unión por la Patria se propone debatir este jueves las dos medias sanciones previsionales, como así también la emergencia en discapacidad. Y además avanzarán con la insistencia por la emergencia en Bahía Blanca, que el presidente Javier Milei vetó.

También se pondrá para el debate la resolución sobre YPF, rechazando la resolución de la jueza Loretta Preska para que Argentina pague los 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera entregando el 51% de las acciones.

Y también se debatirán los dos temas propuestos por los gobernadores, que establecen nuevas modalidades para el reparto de los ATN y el impuesto a los Combustibles Líquidos. En este caso, se requieren los dos tercios de los votos para habilitar sendos debates.

Respecto de lo expresado por las autoridades de la Cámara, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti expresó que la interpretación del reglamento la define la "última mayoría", o en su defecto, el pleno de la Cámara alta en el recinto.

Así las cosas, fuentes consultadas por parlamentario.com manifestaron que hay una serie de sucesos que ocurrieron el jueves en el Salón Arturo Illia, los cuales serán esgrimidos para reconocer los dictámenes.

En primer lugar, desde el principal interbloque opositor sostienen que la reunión fue lícita porque estuvieron presentes 9 de los 16 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: siete de Unión por la Patria, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliafferi. Iniciada la reunión se sumó el fueguino Pablo Blanco.

La otra explicación que van a esgrimir es que, además de Giustinian, estuvo presente en el encuentro el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tomó la palabra en reiteradas oportunidades.

Finalmente, el tercer punto que van a desarrollar desde la oposición es que, ante la ausencia de la transmisión oficial, el equipo de asesores en comunicación de Unión por la Patria transmitió en vivo todo el trámite, dejando a disposición de los legisladores la pieza audiovisual.

De cara a la sesión, la oposición confía en lograr el quórum avalado por los 34 senadores de UP, Blanco, Lousteau y Tagliaferri.

Cuentan, además, que hay una gran adhesión de senadores alineados a gobernadores dispuestos a tratar sobre tablas el proyecto sobre impuesto a los combustibles impulsado por los 24 mandatarios de forma unánime.

A las 12.23 se acabó el misterio, al confirmarse el inicio de la sesión pedida por la oposición. Y esto se logró con un quórum holgado: 136 diputados senados en sus bancas. Esta era una de las dos sesiones previstas para este miércoles, aunque al confirmarse la primera, se desactivó la segunda. Para esta primera sesión, solicitada por el bloque Democracia para Siempre y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, hay un amplio menú de temas pero sobresalen la cuestión del financiamiento universitario y la crisis en el Hospital Garrahan.

Con el aditamento de que la situación en el hospital pediátrico se ha agravado. Precisamente a partir de ello, Democracia para Siempre insistió con la necesidad “imprescindible de que todos los bloques den quórum a la sesión” convocada para este miércoles al mediodí. “El Garrahan se defiende en las bancas”, remarcó el bloque presidido por Pablo Juliano, que advirtió sobre “la decisión de ir a fondo con la crueldad del Gobierno nacional contra el principal hospital pediátrico del país”.

Costó, pero finalmente hubo acuerdo en Labor Parlamentario para una sesión corta que comenzará con el emplazamiento para el tema financiamiento universitario. Luego vendrá la cuestión del Garrahan y la emergencia pediátrica.

A continuación será el turno del emplazamiento por un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral; luego el proyecto denominado Crecer con Salud; los proyectos sobre PyMEs; huso horario y retenciones.

Luego de una tanda de cuestiones de privilegio se abordarían los temas que tienen dictamen: juicio por jurados y la reforma de la ley que rige los DNU.

Gran expectativa hay en torno a la posibilidad de que la oposición pueda alcanzar este miércoles el quórum para alguna de las dos sesiones pedidas en la Cámara de Diputados. En la primera, solicitada por el bloque Democracia para Siempre y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, hay un amplio menú de temas pero sobresalen la cuestión del financiamiento universitario y la crisis en el Hospital Garrahan.

La posibilidad de que haya sesión crecía, conforme se aproximaba la hora de la sesión. Costó, pero finalmente hubo acuerdo en Labor Parlamentario para una sesión corta que comenzará con el emplazamiento para el tema financiamiento universitario. Luego vendrá la cuestión del Garrahan y la emergencia pediátrica.

A continuación será el turno del emplazamiento por un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral; luego el proyecto denominado Crecer con Salud; los proyectos sobre PyMEs; huso horario y retenciones.

Luego de una tanda de cuestiones de privilegio se abordarían los temas que tienen dictamen: juicio por jurados y la reforma de la ley que rige los DNU.

Esta sesión tiene el aditamento de que la situación en el hospital pediátrico se ha agravado. Precisamente a partir de ello, Democracia para Siempre insistió con la necesidad “imprescindible de que todos los bloques den quórum a la sesión” convocada para este miércoles al mediodía. “El Garrahan se defiende en las bancas”, remarcó el bloque presidido por Pablo Juliano, que advirtió sobre “la decisión de ir a fondo con la crueldad del Gobierno nacional contra el principal hospital pediátrico del país”.

Se suma a esa situación complicada el anuncio del cierre de la residencia de pediatría del Garraham decidida por el Ministerio de Salud. “Lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada”, explicaron este miércoles los jueves. ¿Qué significa esto? “Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ‘estipendio’. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso”, plantearon los residentes.

A través de la red social X señalaron que “desde el Ministerio nos aseguran que con ‘el sello Garrahan’ es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda. Sin residentes, el Garrahan no funciona”.

“Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública”, advirtieron a través de un posteo en las redes sociales que los diputados que convocan a la sesión de este miércoles utilizaron para tratar de garantizar el quórum este mediodía.

Un quórum que se complica tanto para la sesión del  mediodía. Para la misma los temas son bien diversos y tienen en su mayoría un mismo hilo conductor que hace difícil -sino imposible- su tratamiento este miércoles: carecen de dictamen. Por eso el objetivo fundamental de esta sesión es emplazar a las comisiones para apurar el tratamiento de esos temas que la oposición quiere instalar como agenda.

Dos de esos proyectos sobresalen sobre el resto: el proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia en pediatría, elaborado a imagen y semejanza de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

Son varios los proyectos que hay sobre el tema y la idea es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se avenga a dar dictamen y luego sean tratados en el recinto en plazo perentorio.

El temario incluye un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral -que tiene despacho de la Comisión de Salud-; una serie de proyectos para el impulso y desarrollo de las PyMEs; y uno sobre modificación del huso horario (un tema fetiche para el mendocino Cobos.

Pero en este temario hay dos temas que sí están en condiciones de tener media sanción en caso de aprobarse, por contar con los dictámenes necesarios. Una es la orden del día firmada en octubre de año pasado sobre la implementación a nivel nacional del juicio por jurados. Se había firmado con un amplio consenso, que incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas.

El otro tema tiene que ver con la modificación de la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. La iniciativa intentó llevarse a una sesión en noviembre de 2024 que fracasó.

La otra sesión

Una parte más numerosa de la oposición sorprendió este lunes pidiendo su propia sesión para el mismo miércoles 2 de julio, en este caso para las 14.30. En este caso el pedido fue formulado por diputados de la bancada más numerosa, la de Unión por la Patria y Encuentro Federal, más la diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre.

En este caso, el temario incluye el rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: el 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; rl 344 sobre organismos fusionados de la órbita del Ministerio de Justicia; el 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y el 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Asimismo fue incluido un proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

Al respecto, cabe recordar que el pasado 5 de junio el Gobierno nacional, con José Luis Espert como orador, presentó el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar el monto mínimo considerado como delito de $1.500.000 a $100.000.000. Desde que el texto ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, jamás hubo anuncios, ni convocatoria a debate en comisiones. Según supo parlamentario.com, el plan original de La Libertad Avanza era el de avanzar con la sanción de la ley antes del receso invernal (del 21 de julio al 4 de agosto), pero con el correr de los días esa meta se fue desvaneciendo y el tratamiento jamás comenzó.

En este caso, la sesión fue pedida por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Agustina Propato, Vanesa Siley, Martín Soria, Julia Strada y Hugo Yasky, de Unión por la Patria; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

El destino de la convocatoria a rechazar los decretos de necesidad y urgencia mencionados y el tratamiento del nuevo Régimen Penal Tributario está directamente ligado a la suerte de la sesión especial de las 12. Las miradas estarán puestas en el quórum, que a estas horas se presenta como muy difícil.

La apuesta que hacen los diputados opositores tiene a los gobernadores en la mira. Precisamente para captar la atención de varios de esos gobernadores, especialmente el cordobés, Democracia Cobos Sarapura y Barletta presentaron el lunes una ampliación de temario de la sesión de las 12. Se agregan los proyectos de retenciones que no han sido dictaminados ni por Agricultura ni Presupuesto. Es a pedido de los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti, y como contrapartida aseguraría la presencia de diputados con los que se podrían acercar al quórum.

Se trata de seis expedientes vinculados con los derechos de importación, cuando el Gobierno de Javier Milei restableció las retenciones más altas a las exportaciones de soja, maíz, sorgo y girasol, luego de haberlas reducido temporalmente desde enero. Esta decisión fue oficializada mediante el decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El senador nacional por Jujuy y jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, se refirió a la situación vivida en la Cámara alta entre una senadora de UP y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mientras brindaba su informe de gestión que motivó la abrupta salida del funcionario del recinto.

Al respecto, el senador señaló que “es para destacar la responsabilidad del jefe de Gabinete. Siempre es importante contar con la presencia de quienes vienen a rendir cuentas, a compartir el estado de la gestión de gobierno y responder las preguntas. Sobre todo, resaltar la paciencia con la que se ha llevado adelante esta jornada. Paciencia, incluso, para tolerar algunos exabruptos, incoherencias e insultos que, aunque ya no sorprenden, siguen siendo innecesarios”.

“Queda claro que, aunque la casta de siempre acuda a la falta de respeto, nuestro jefe de gabinete rinde cuentas mucho más que los de otros mandatos. Esto es lo que hay que hacer”, agregó.

Atauche resaltó, en sus redes sociales, uno de los indicadores que brindó Francos en su exposición al señalar que “Dato mata relato: el Gobierno de Javier Milei ya destinó más de 100 mil millones de pesos en rutas en todo el país. Gran exposición en el Senado, dejando en claro lo que muchos callan o desinforman”.

Por otra parte, resaltó una información brindada por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. “Recibimos un país al borde del colapso, con una economía con solo números rojos y un pueblo totalmente saqueado por la casta. Hoy, a un año y medio de asumir seguimos sacando argentinos de la pobreza e indigencia, todo gracias al plan de gobierno del presidente Milei”.

Se refiere al informe de ayer que la pobreza en Argentina alcanzó el 31,7 % durante el primer trimestre de 2025. El dato representa una caída de casi 7 puntos porcentuales respecto al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en marzo había situado la pobreza en el 38,1 % durante el segundo semestre de 2024.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora un artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

En la votación faltó el voto positivo de Rodrigo De Loredo, que se expresó a viva voz, mas no figuró en el tablero.

La palabra de los diputados

En su carácter de presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que el proyecto de emergencia está “afuera de la grieta y busca acompañar, atender lo que es una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.

Arroyo explicó que la ley tiene tres partes, una de ella busca “resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas”, y ejemplificó: “Hoy las familias, las personas con discapacidad están accediendo a muy pocos servicios o casi ninguno. Es recomponer el nomenclador, las prestaciones”.

Al respecto, detalló que “una persona que hoy trabaja en un taller protegido que va a trabajar todos los días 4 horas a una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad cobra $28.000 por mes”, y alertó que ese monto no se actualiza desde febrero del 2023.

También brindó otro ejemplo: “Una persona que transporta personas con discapacidad cobra 541 el litro de nafta. Como la nafta sale $1300, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde para el tratamiento, con mucha suerte los lleva dos días”.

“Un acompañante terapéutico, estamos hablando de un alumno que está en una escuela común, esa persona mujer en general cobra 180 días cuando cobra $3000 la hora básicamente está buscando trabajo todo el tiempo porque no le alcanza, porque no llega”, y por último habló de la situación de los centros: “Tienen fuertes dificultades. Los hogares los centros de día están todos a punto de cerrar. Todos tienen deuda con la AFIP que los aguanta hasta el 30 de junio”.

En cuanto a la segunda parte, el diputado bonaerense explicó que refiere a las pensiones porque “se ha desacomodado la estructura de funcionamiento de las pensiones por discapacidad”. Así, precisó que el proyecto “busca ir para adelante y mejorar la situación de las personas que tienen o pueden acceder a una pensión por discapacidad”. Por último, la iniciativa “tiene una tercera parte que es salir del maltrato el Estado ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad”.

“Argentina tiene un millón 200,000 personas que tienen pensión por discapacidad. El Gobierno el 16 de enero hizo la resolución 187 yendo 100 años para atrás, literalmente a la década del 40 del siglo pasado”, criticó Arroyo y comentó que “crearon nuevas condiciones para que una persona acceda a una pensión por invalidez y, a partir de ahí, una normativa fuera de toda regla internacional, fuera de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad”.

Arroyo cuestionó la manera de auditar que llevó a cabo el Gobierno porque “desacomodó la vida cotidiana de muchos. Mandó 30.,000 cartas documentos, los hace hacer 200 km a las personas, 10 horas de cola. Todos buscando mostrarle un papelito a la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrar lo evidente es que tiene una discapacidad. Les piden volver a hacer todos los estudios. Desacomodó la vida, no hizo una auditoría correcta. No fue a ver dónde estaban los problemas, sino que decidió desacomodar la vida de la familia, generar angustia”.

“Hoy está en un limbo la situación de las pensiones. El médico no sabe qué evaluar, la persona no sabe qué papeles presentar”, alertó y precisó que la ley apunta básicamente a reconstruir el sistema.

La tercera parte de la iniciativa, es contra el maltrato luego de que “las familias con personas con discapacidad fueron maltratos”, y enumeró: “El vocero presidencial mostró una radiografía con un perrito y una colita contándonos que la persona accedió a una pensión por discapacidad con eso, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió una pensión por discapacidad”.

“Luego el Gobierno en enero de este año hizo una resolución en la que denominó a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’, ‘débil mental’ y, en los últimos días, ha decidido lastimar, a través, de las redes sociales a gran parte de las personas con discapacidad. Lo que dice esta ley es entiéndase que lo que hay que hacer es acompañar, cuidar, no maltratar a las personas con discapacidad porque estamos hablando del dolor una familia que tiene una persona con discapacidad”, explicó y cerró: “Lo que plantea es que hay una regla que es el respeto, no se puede maltratar, no se puede lastimar a las personas con discapacidad”.

Arroyo resumió: “Esta ley reordena el nomenclador y hace que funcione el sistema de discapacidad, reordena las pensiones y termina con el experimento de ir y venir sin saber qué hacer fuera de toda regla internacional, y que busca el respeto va a plantear”.

“Cando un Gobierno designa funcionarios para el área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad. Es una regla que queremos establecer para la democracia argentina próximos 10 gobiernos”, sostuvo y remarcó que el sistema de discapacidad en la Argentina se rige con una ley de 1981 que “no solo es una ley de la dictadura militar, sino que tiene 44 años. Hace falta rearmar ese sistema. Esta ley no está modificando lo estructural, ni la cuestión educativa, ni la cuestión laboral, ni el funcionamiento del sistema en general, nos hemos concentrado en la emergencia porque hay una catástrofe y la familia Lo pasan muy mal”, concluyó.

El diputado del Pro Martín Maquieyra habló por el dictamen en minoría, advirtiendo por la “situación crítica” de las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. Habló de una situación compleja “de años” y en ese sentido dijo que “sorprenden algunos discursos que ahora se preocupan por la discapacidad, pero nada hicieron durante estos años”.

Remarcó el impacto de la inflación en el nomenclador, enumerando los índices de actualización, atribuyéndole al kirchnerismo el “descalabro” que existe en torno a la discapacidad. “Coincidimos en la situación crítica que está el sistema”, señaló, admitiendo que el Gobierno está haciendo cosas, “y puede hacer mucho más”, al tiempo que insistió en cuestionar la declaración de la emergencia, “pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver”.

Por eso reivindicó el dictamen propio, que contempla el vocabulario, que debe ser adecuado, acorde a la convención internacional de las personas con discapacidad. También se manifestó de acuerdo en la actualización del nomenclador, pero pidió “celeridad en los pagos”. También dijo que “hemos planteado la reglamentación de la Ley de Empleo Protegido”, y por último planteó que la dignidad de cualquier persona no pasa por los subsidios, sino conseguir trabajo, por lo que apeló a un programa que ya existe, pero que no cuenta con demasiada adhesión. El mismo consiste en asistencia a los empleadores, con beneficios que su propuesta prevé triplicar.

En defensa de otro de los dictámenes de minoría, la santafesina Melina Giorgi (Democracia para Siempre) rechazó un “ajuste” en un sector tan débil como el de la discapacidad. “Esto no puede reducirse a un debate puramente fiscal, tiene que ser un debate donde prime la sensibilidad, la corazonada y pensar con el corazón en aquellos que más están sufriendo esta situación”, dijo.

La diputada del bloque DpS Carla Carrizo lamentó estar “con tantas emergencias. Este es un tema que nos atraviesa a todos”. Pese a acompañar, planteó: “No queremos una emergencia larga, queremos resolver la urgencia, contener, cuidar, proteger, porque son cosas que no pueden esperar y no se pueden justificar desde el desequilibrio fiscal”, y ratificó una emergencia acotada en el tiempo porque “el Congreso no puede volver a delegar por tres años la política en discapacidad porque el Estado no lo hizo bien en estos años”. Esa sugerencia fue aceptada en la votación en particular resolviéndose que la emergencia quedara hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.

Carrizo señaló que la ley es antigua, pero la ley nueva “no está explicada en toda la política social. Tenemos una ley que no se usa”. Así, precisó que “el Estado no cuida con calidad y profesionalismo. Está todo mal, las leyes no están actualizadas. No tenemos que vivir de emergencias tenemos que tomarnos en serio cómo controlar el Estado”.

Miembro de la Comisión de Discapacidad, la oficialista Lilia Lemoine expresó su preocupación por “la utilización mediática y el abuso de menores de edad, que comunicadores y políticos estén abusando de los chicos”. Aclaró que no se refería a que fueran a saludar “a Cristina, a Milei o a Macri, sino que después los padres los lleven a manifestaciones o programas, que los sometan a situaciones de altísimo riesgo”.

La blonda legisladora dijo que está en la Comisión de Discapacidad porque es hija de una persona que tuvo tres discapacidades. Y desde esa experiencia considera que “lo más importante es romper las barreras duras que impiden la integración”.

Lemoine afirmó que “todo el país está en emergencia”, y aclaró que “no voy a apoyar una declaración de emergencia que está hecha a la medida de Milei, porque empieza el 10 de diciembre de 2023 y termina en el 2027, porque quieren cargarle a este Gobierno el desastre que ocasionaron previamente”.

Luego dio datos contra el kirchnerismo, al señalar que en 2003 había asignadas solo 77 mil pensiones por discapacidad; en 2015 eran 1.055.000. “Y durante el Gobierno de Alberto Fernández se agregan 390 mil personas a cobrar”, señaló planteando además que en Formosa un 7% de la población cobra una pensión por discapacidad. “Ha habido un fraude enorme de 3.400 millones de dólares solamente en 2023 en el Gobierno kirchnerista”, remarcó.

Por el contrario, Lemoine aseguró que “este Gobierno es resolutivo, a pesar de lo que ustedes digan. Las soluciones que se encuentran son prácticas. No queremos quedar bien, no entramos en política para eso, sino para hacer lo que hay que hacer; para que los recursos se distribuyan bien y no se malgasten”.

Luego sumó la situación con los residentes del Garrahan y destacó que de ganar 800 mil pesos pasaron a ganar 1.300.000, cosa que atribuyó a que “se reasignan recursos que estaban mal asignados para hacerle favores a la política. “Si los diputados ganáramos lo que gana un residente el Garrahan, este recinto se quedaría la mitad vacío. Y los primeros en salir de esa puerta son los que tienen ese cartelito”, señaló en referencia a los diputados de UP que tenían en sus bancas carteles referenciando la situación en el Hospital Garrahan.

A continuación habló, también desde el oficialismo, la diputada María Emilia Orozco, que arrancó quejándose de que se esté “politizando” un tema tan sensible. “Quienes están proponiendo esta ley hicieron siempre de la discapacidad un negocio”, dijo en referencia al kirchnerismo, al que dirigió todo su discurso. “No tendríamos que hablar de esto si no hubieran usado las pensiones para hacer política. Hoy las personas que realmente tienen discapacidad, no los curros que han armado haciendo negociados, podrían estar cobrando como se merecen”, afirmó.

Orozco aseguró que “el desfasaje de los nomencladores viene desde su gobierno”, y contra el dictamen de UP dijo que “han hecho un menjunje que lejos de beneficiarlos los perjudica más. Si aprobamos esto, vamos a estar dando pensiones a prófugos, presos, muertos, personas que declaran discapacidad por tener pie plano, ansiedad, gente con bipolaridad…”. Por eso consideró que “el sistema está desfasado”, y denunció que “hay un diputado del bloque kirchnerista que claramente sigue haciendo negocios con la discapacidad. Me pregunto de dónde va a salir la plata, porque nunca dijeron”.

A su turno, la diputada Mónica Fein dijo que “venimos a ponerle un límite a un gobierno que cree que las leyes no son límites, que cre que la Constitución no es un límite, que las convenciones internacionales no es un límite, que la crueldad o la falta de humanidad con los más débiles no es  un límite”. “Las personas con discapacidad nos enseñaron a entender la problemática”, aseguró, señalando que a través de eso surgieron las mejores leyes de la Cámara. “Fundamentalmente por las personas con discapacidad, por sus familias, por la lucha que llevaron adelante”, dijo, advirtiendo que en nombre del equilibrio fiscal “atropellamos todas esas construcciones colectivas, humanas, sociales”.

Se quejó de que en esa cámara donde el año pasado discutieron una ley para un trato humanizado para las personas con Síndrome de Down, “y tenemos un presidente que utiliza el Síndrome de Down para burlarse de alguien. ¿Qué pasó en una sociedad donde un presidente puede burlarse de un niño autista? Así se construyeron las mejores leyes, escuchando”.

Y sobre el final advirtió que “este Gobierno quiere cambiar un rumbo cultural, que no generemos derechos de igualdad a las personas que tienen más vulnerados sus posibilidades de construir una vida integral en esta sociedad”.

Sobre el final, el diputado Eduardo Valdés salió al cruce de lo que definió como “una difamación, una calumnia que ha hecho el titular de la ANDIS hacia mi persona, diciendo que integro la Fundación Infancias, que sería prestadora de organismos del Estado como el PAMI”. Y aclaró que esa entidad “nunca fue prestadora del Estado nacional”, agregando que él la integró hasta 2013, cuando se fue como embajador al Vaticano. “Pero ni antes, ni durante, ni hoy, ha sido prestadora del Estado. Sus funciones han sido otras. Nunca ha sido prestadora del Estado nacional, ni de los privados. No tiene como objeto ser prestador, sino mostrar los logros de las personas con discapacidad”, aclaró.

“Si bien me fui en 2013, lo que nunca dejé es mi compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, que cada vez es más profundo”, afirmó luego, admitiendo que “con el Gobierno anterior estábamos mal, pero ahora estamos peor”. Y dio datos al respecto: “¿Saben cuánto le pagan a una persona con discapacidad en un taller protegido? 28 mil pesos. ¿Alguien puede vivir con eso? Los  hogares de día están cerrando porque se les paga, por desayuno, más almuerzo y merienda, 3.000 pesos. Acá mismo en la Cámara de Diputados el almuerzo costaba 11 mil pesos. Los transportistas están dejando la actividad porque el Estado les paga 500 pesos por kilómetro”. Y cerró diciendo que “no venimos a echar culpas, venimos a querer resolverlo”.

Por su parte, el diputado Pablo Yedlin sostuvo que el sistema de seguridad social merece una discusión de fondo. “hay que revisar esto. Pero le pido al Gobierno que trabajemos en conjunto para encontrarle una solución a un sistema de salud que necesita integrarse”.

Respecto de la aseveración que se hace respecto de que Argentina tiene demasiados discapacitados, el titular de la Comisión de Salud sostuvo que esa afirmación “no resiste el menor conteo comparado con cualquier país de la OCDE”. Y explicó: en 2010, los discapacitados eran menos del 4% de la población, mientras que en la OCDE los discapacitados severos son más del 7,5%. “A mí no me parece mal la auditoría, pero tenemos un Gobierno que nos ha llevado a auditar todo y no sabemos el resultado de ninguna auditoría”.

Desde el martes 8 de abril que la oposición no conseguía quórum para poner en marcha una sesión con temas que le preocupan y que por cierto incomodan mucho al oficialismo, al punto tal que el Gobierno ya ha anticipado que si los proyectos impulsados son convertidos en ley, tendrán destino de veto. Pero esta vez, con mucho esfuerzo y antecedidos por intensas negociaciones del Gobierno con gobernadores para conseguir quitarle diputados a la sesión, la oposición consiguió el objetivo de arrancar la sesión a las 12.21, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, anunció la presencia de 131 diputados en sus bancas.

Se trata de una sesión que tiene temas que el Gobierno se resiste a convalidar, y que se desarrollará en un marco muy especial, signado por una gran movilización convocada para acompañar a la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, a los que se sumarán sectores como trabajadores del Hospital Garrahan, centrales sindicales y el colectivo Ni Una Menos, a diez años de la primera marcha por ese motivo.

La sesión tiene como primer tema de debate el incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.

La sesión incluye en tercer lugar el debate de la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esos tres temas son los que el oficialismo se resiste a convalidar por su costo fiscal, que el Gobierno considera excesivo. A continuación, es el turno de una serie de emergencias climáticas que contemplan la declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe, por 180 días prorrogables por igual plazo a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Como así también una declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.

Como dijimos, la oposición se propone impulsar un emplazamiento sobre el Hospital Garrahan. Lo anticipó este martes el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. “Mañana en la sesión vamos a plantear el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan. Así que mañana hay que estar y dar quórum”, pidió el tucumano.

Otro emplazamiento que tratarán de impulsar tiene que ver con las universidades. Tal cual se anticipó la semana pasada durante una reunión con representantes del sector universitario, en esta sesión pedirán emplazar a una reunión de comisiones para el 10 de junio, otra el 11, para dictaminar, y poder llevar el tema al recinto el 19 o el 26 de junio.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tal cual se anticipaba, un grupo de diputados de la oposición más severa presentó este martes un pedido de sesión para el miércoles 4 de junio a las 12, con un temario que abarca varios de los temas que no alcanzaron a reunir quórum el pasado 21 de mayo, e incluye otros. Pero deliberadamente omite esta vez cuestiones que generaban especial escozor en el seno de La Libertad Avanza.

Según se desprende de la presentación dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, figuran siete temas a debatir en esta sesión convocada a partir del mediodía del primer miércoles de junio.

Allí figuran los proyectos previsionales, incluidos en los dictámenes correspondientes a la Orden del Día que prevé otorgar un incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, por un lado, y la reinstalación de la moratoria previsional, por otro.

También figura el tema que originalmente había motivado la próxima sesión, la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

Asimismo han sido incluidas una declaración de emergencia y situación de catástrofe por el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, y otros afectados por las inundaciones registradas este mes de mayo.

También la declaración de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en distritos afectados en la provincia de Buenos Aires a raíz de las inundaciones de los días 16, 17 y 18 de mayo pasado.

Figura además una declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional por 180 días a los partidos bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero y Rojas.

Por último, se busca la declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en zonas afectadas por la inundación en el AMBA.

La nota fue presentada por los diputados Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

Lo que no está

Fueron excluidos de la próxima sesión -al menos hasta ahora- dos temas que habían figurado en la última sesión y que despertaban fuerte resistencia de parte del oficialismo.

No está esta vez el tema de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA, intríngulis que la oposición quiere resolver con una votación en el recinto que ameritaría una gran discusión, pues el oficialismo considera que ese tratamiento necesitaría ser habilitado con dos tercios de una votación.

La otra cuestión que no se debatirá en la próxima sesión es la designación de dos auditores, habida cuenta de la virtual acefalía que padece la Auditoría General de la Nación (AGN). Recordemos que era intención de la oposición más dura votar los nombres de Juan Ignacio Forlón en nombre de Unión por la Patria y Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Las autoridades de la Cámara quieren dilatar estas designaciones atento el inicio del tratamiento en ambas cámaras de una reforma del reglamento de la AGN.

En su intervención durante la sesión en minoría, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”.

“Me parece razonable hablarlo acá, porque es la gente que trabaja con nosotros todo el tiempo, gente calificada… Si no tenemos solidaridad con la gente que trabaja en esta casa, ¿con quién la vamos a tener?”, se preguntó, para referirse a continuación a la situación en la AGN. Como presidente del a Comisión Revisora de Cuentas, recordó que dos meses atrás había alertado ante las autoridades sobre “un proceso de prácticamente vaciamiento” imperante en la Auditoría General. “También quiero decir que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades: el año pasado esta Cámara se la pasó esperando la carroza; no sabíamos qué pasaba, no tenían la definición del nombre y estuvimos un año para hacer la presentación” de los elegidos para completar la AGN. “Lo que falló es lo que nos corresponde hacer por nuestra propia competencia”, admitió, advirtiendo sobre “un sector mayoritario que tiene un número importante no definía quién era el representante”.

En ese sentido dijo que hay organismos como el BID y la CAF que tienen previstos créditos internacionales para la Argentina que no van a otorgar si la Auditoría General de la Nación no está constituida.

Por último, llamó a “entrar en un camino de racionalidad y acuerdos en función de las responsabilidades que tenemos. Me parece que es importante que recuperemos algo de cordura, de lo contrario se plantea un esquema de bloqueo que no le sirve a nadie”.

Caída la sesión convocada para debatir en Diputados este miércoles, intervino el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien lamentó la dinámica parlamentaria que se está dando en la Cámara baja, donde “está costando todo el doble, el triple, o el cuádruple”, cosa que atribuyó a “la situación política particular que está teniendo la Argentina y en particular el Gobierno”.

El diputado santafesino detalló los temas que pretendían llevar al recinto, citando en primer lugar el de las jubilaciones, con la prórroga de la vigencia de la moratoria previsional, como así también actualizar el bono que sigue congelado en 70 mil pesos. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló Martínez, quien sugirió entonces que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no son capaces de pagar la cuenta”.

Citó también los casos de aquellos jubilados que tienen que andar eligiendo qué remedio comprar y no cuentan con los recursos económicos tampoco para pagar alquileres.

Comentó también la intención de tratar sobre tablas una media sanción que atienda la gravedad de la situación de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. “Un tema gravísimo y que esperábamos el acuerdo necesario para tener el acuerdo”, mencionó.

Obviamente también se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $LIBRA y demás”. “Están hasta las manos con la estafa Libra, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, señaló

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, lanzó Martínez, advirtiendo que desde el oficialismo “intentaron con una maniobra artera que el tema $LIBRA no esté en esta sesión”, y se quejó porque no tuvo eco un pedido de prórroga de una hora para garantizar la llegada de vuelos que traían a diputados que no pudieron llegar a la sesión.

Dijo que también tenían diputados como María Luisa Chomiak y Leopoldo Moreau que habían salido el martes de operaciones quirúrgicas y que están postergando entrar a otras intervenciones, como Gisela Marziotta, y se preguntó porqué no se conceden las postergaciones de horarios.

“Acá hay presidentes de la Cámara, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, diputados históricos, con enorme trayectoria, que pueden recordar que nunca se le negó a un grupo de diputados que puedan postergar por una hora la conformación de la sesión”.

Por último, citó el intento de “garantizar el funcionamiento de la AGN, que tiene que ver con el control que tiene que hacer este recinto y la oposición respecto del accionar de este Gobierno y todos los gobiernos”.

“No se puede decir ser oposición y después no querer ejercer los atributos y competencias que le da esa propia Constitución Nacional al cuerpo parlamentario -lanzó-. Los mismos que no quieren que se investigue la estafa cripto, son los que no quieren que se conforme la Auditoría”.

Martínez cerró citando al recientemente fallecido José Mujica: “Si alguien cree que a este bloque de la Cámara de Diputados lo van a amedrentar con estas maniobras, se equivoca. Al Pepe Mujica le pidieron un mensaje y dijo que ‘la fortaleza en la vida es justamente todos los días reponerse de las dificultades, ponerse de pie y seguir luchando’. Vamos a seguir luchando con un objetivo claro, que es que estos temas avancen para el funcionamiento de las instituciones. Vamos a seguir insistiendo y ya tenemos un pedido de sesión especial para el jueves que viene, para tratar la emergencia en discapacidad. Y quizá allí tengamos la posibilidad de avanzar en la ampliación del temario”.

El temor a no alcanzar el quórum quedó finalmente confirmado a las 12.31, cuando la oposición en la Cámara de Diputados vio frustrada sus intenciones de llevar adelante este miércoles la primera sesión convocada luego de la estruendosa victoria oficialista del domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza derrotó al peronismo y duplicó en votos al Pro.

En esta sesión organizada con presagio de tormentas fuertes, la oposición pretendía abordar el postergado tema de la cuestión previsional, como así también resolver cuestiones pendientes como la integración de la AGN y desenrollar el ovillo en el que se ha convertido la Comisión Investigadora del caso $LIBRA.

No obstante, el intento quedó frustrado cuando Martín Menem dio por caída la sesión con la presencia de 124 diputados en el recinto. La fuerte presión del oficialismo hizo lo suyo una vez más sobre algunos gobernadores. Además, el oficialismo consiguió que no asista nadie de sus aliados ni bloques provinciales.

Caída la sesión, que también incluía declaración de emergencia en distintas localidades bonaerenses por las inundaciones del último temporal, intervino el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien lamentó la dinámica parlamentaria que se está dando en la Cámara baja, donde “está costando todo el doble, el triple, o el cuádruple”, cosa que atribuyó a “la situación política particular que está teniendo la Argentina y en particular el Gobierno”.

El santafesino detalló los temas que pretendían llevar al recinto, citando en primer lugar el de las jubilaciones, con la prórroga de la vigencia de la moratoria previsional, como así también actualizar el bono que sigue congelado en 70 mil pesos. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló Martínez, quien sugirió entonces que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no son capaces de pagar la cuenta”.

También se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $LIBRA y demás”. “Están hasta las manos con la estafa $LIBRA, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, remarcó.

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, lanzó Martínez, advirtiendo que desde el oficialismo “intentaron con una maniobra artera que el tema $LIBRA no esté en esta sesión”, y se quejó porque no tuvo eco un pedido de prórroga de una hora para garantizar la llegada de vuelos que traían a diputados que no pudieron llegar a horario.

Por su parte, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”. Un tema que después también hizo referencia con críticas a Menem la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.

Durante la sesión en minoría, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot se refirió también a los temas que quedaron pendientes de tratamiento y sobre los beneficios que se quisieron brindar a los jubilados, aseguró que había por lo menos siete fuentes de financiamiento que se ofrecieron en los dictámenes.

Le dijo también al presidente de la Cámara que “es nuestra responsabilidad que la Auditoría General de la Nación se constituya. No puede ser una opción que trabemos su funcionamiento. Podemos estar en desacuerdo con los nombres, es obvio que la primera minoría tiene que llevar por lo menos un miembro, y es razonable y entendible que el oficialismo tenga un miembro, probablemente el único, porque en el Senado no tendrán ninguno”.

Presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, observó que “esta sesión se cae en un contexto en donde el Gobierno nacional gana la Ciudad de Buenos Aires e interpreta que ese triunfo es en favor de más impunidad”.

Sobre la eliminación por parte del Gobierno de la unidad que había creado para autoinvestigarse, el bonaerense enfatizó que “es muy difícil construir un cambio de esa manera. Presentan a la sociedad la idea de cambio, pero significa ventaja, significa ocultar, significa impunidad, significa venganza, porque acá no vino ningún diputado del Pro, que acaba de escupir sangre en la búsqueda de la decapitación que está llevando a cabo La Libertad Avanza en la Ciudad”.

Y, sobre la ausencia de los aliados del oficialismo, concluyó que “pagan platos rotos los jubilados, los inundados, el control. El Gobierno pareciera que tiene una urticaria a la auditoría, le tiene miedo, le tiene pavor, no quiere el control", en relación a la elección de auditores.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto, quien compitió en las elecciones porteñas, admitió la “derrota muy grande” en las urnas, pero argumentó: “Cuando uno defiende valores, principios, sentimientos, no importa los votos que sacas. Hay políticos que van de acá para allá como el viento, y hay otros que somos robles”. Y se mostró orgullosa, “defendiendo a los jubilados sin especular”, porque “esta casa de la democracia no puede quedarse indiferente cuando un jubilado gana 379 mil pesos, porque eso nos tiene que doler la entraña”.

“Lamento mucho que (algunos diputados) estén detrás de las cortinas viendo cómo en algún momento le sacan al Gobierno una candidatura. De los que negocian candidaturas detrás de los cortinados, este Congreso los conoció, tienen nombre y apellido y son un montón. Ahora, les puedo asegurar que nadie se acuerda de ellos, intrascendentes totales”, disparó.

Y reflexionó: “Si nosotros hoy no pudimos hablar de jubilados y personas que lo han perdido todo en una inundación, pensemos si nosotros no somos parte de por qué la gente no va a votar”, en relación a la baja participación electoral.

Otro de los oradores fue el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, quien mencionó las marchas de jubilados que hay todos los miércoles en las puertas del Congreso. “Hay seis millones de jubilados y pensionados a los que el Gobierno solo se les ocurre reprimir y ajustar. El año pasado logramos un aumento por ley para jubilados y jubiladas y el presidente (Javier) Milei lo dio de baja a través de un veto”.

En ese sentido, el legislador socialista arremetió contra los diputados que “se están riendo detrás de las cortinas porque no pudimos sesionar; espero que tomen conciencia de lo que eso significa”. “Vamos a seguir trabajando por una recomposición de jubilaciones y pensiones y por reflotar la moratoria previsional que posibilita jubilar a quienes han aportado muchos años. Acá nadie se salva solo”, finalizó.

La diputada de UP Victoria Tolosa Paz reclamó que el Gobierno tuvo un año “para reformar el drama de los jubilados y no lo hicieron”. “Hay una crisis del sistema previsional muy profunda”, coincidió, para recordar luego: “Ustedes prefieren decir que la moratoria es un invento de Néstor y Cristina (Kirchner), pero tengo una mala noticia para usted (a Martín Menem) que porta el apellido Menem; la primera moratoria previsional en Argentina lleva la firma del expresidente Carlos Saúl Menem”.

En referencia a la ley vetada el año pasado, la exministra de Desarrollo Social apuntó que “aquel 8,1% que les robaron es el 7,2 de ahora que estamos ratificando” en los dictámenes. “Devuélvanles todo lo que le sacaron a los jubilados”, pidió. En tanto, sobre el tema de la comisión por $LIBRA y la elección de auditores de la AGN, denunció que “impidieron la sesión porque lo que les preocupa y ocupa es evitar el control de este Parlamento al Poder Ejecutivo”.

No estaba anotada en la lista de oradores, pero la única oficialista que ingresó al recinto avanzadas las expresiones en minoría fue la neuquina Nadia Márquez, quien arrancó criticando “el nivel de caradurez, mentiras y distorsiones que supera hasta los niveles de inflación que nos dejó (Sergio) Massa”. “Fueron ustedes quienes mientras la inflación iba en tren bala estuvieron todos calladitos, y ahora que la inflación baja abruptamente andan cacareando”, agregó.

Sobre la comisión investigadora, la libertaria le enrostró a la oposición que “no les salió el cálculo” sobre los integrantes y esto es porque “no les viene saliendo el cálculo evidentemente”. “Háganse cargo que inventaron una comisión investigadora y les salieron mal los números”, cargó.

“¿Es difícil la situación de algunos argentinos? Sí, no lo negamos. Pero peor estábamos antes”, justificó Márquez y completó: “Estamos haciendo mucho y vamos a hacer todo lo que falta, sin especulaciones electorales, como ustedes están acostumbrados a hacer”.

Transcurridas las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, se oficializó la convocatoria a una sesión especial solicitada por la oposición, que vuelve a la carga con el tema previsional sobre el cual, por el momento, hay una decena de dictámenes y desde los bloques impulsores conversan para llegar a un consenso.

Este martes, además, se amplió el temario para tratar la designación de autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, cuestión por la que se espera una larga discusión reglamentaria; y la elección de auditores de la AGN, luego que Unión por la Patria y Encuentro Federal alcanzaran un acuerdo para proponer nombres para dos de las tres vacantes pendientes desde el año pasado. Se trata de Juan Ignacio Forlán -cuyo mandato venció en 2024- y Emilio Monzó.

Exulante por los resultados en CABA, pero incómodo con los temas que presiona la oposición, el oficialismo apostará a que la sesión fracase. A su vez, sobre AGN, el propio presidente del Cuerpo, Martín Menem, presentó un proyecto para cambiar la forma de selección de los auditores y se convocó a debatir la iniciativa este miércoles, a las 9.30, en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Otro ítem del temario es la declaración de emergencia y zona de desastre para 16 localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones del último temporal. Ninguno de los textos cuenta con dictamen, por lo cual requerirán dos tercios de los votos para habilitarse.

En cuanto a los temas previsionales, están contemplados los despachos vinculados a prorrogar la moratoria vencida el 23 de marzo pasado, idea avalada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; y, por otra parte, el incremento de las jubilaciones y del bono para los jubilados, donde habría más chances de acercamiento. Sobre el primer eje, varios bloques dialoguistas -incluido una parte del Pro- prefieren crear una prestación proporcional por años aportados.

El pedido de sesión fue presentado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Graciela Parola, de Unión por la Patria; Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal; y Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Carla Carrizo y Marcela Coli de Democracia para Siempre.

Como en cada pedido de cita en el recinto, la primera incógnita surge en la construcción numérica del quórum. Teniendo en cuenta a los bloques de la oposición, se da por sentado que Unión por la Patria, aportando asistencia perfecta de sus integrantes, aportaría 98 legisladores sentados en sus bancas.

En tanto, Encuentro Federal y Democracia para Siempre tienen integrantes que responden a gobernadores de relación cordial con el Gobierno nacional. Sin embargo, se espera que ambos espacios sienten a la hora prevista al 75% de sus integrantes.

Resta saber aún qué es lo que hará el Pro tras la confrontación con La Libertad Avanza por las elecciones porteñas. Se descuenta que los 12 legisladores de Patricia Bullrich no darán quórum a esta sesión. Pero hay otros 23 que responden a Mauricio Macri (dos son de Horacio Rodríguez Larreta) y existe la especulación de que, esta vez, no colaboren con los intereses del oficialismo.

En el marco de otro miércoles con tensión e incidentes en las afueras del Palacio Legislativo, y en el cual debía haberse desarrollado la sesión de interpelación a ministros del Poder Ejecutivo por el caso $LIBRA, la oposición decidió ir al recinto con, por ahora, los dictámenes sobre la modificación al sistema de ingreso de las personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años que exige la ley vigente. La fecha acordada entre las bancadas impulsoras del tema es el próximo miércoles 21 de mayo.

Este martes, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda pasó a la firma más de una docena de despachos: los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que insisten con la extensión por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo; y los de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el radicalismo y un sector del Pro, que buscan eliminar el requisito de los 30 años y la creación  de una prestación que se basa en agregar una suma proporcional por años de aporte. También hay uno del oficialismo y aliados que propone la creación de una comisión para la elaboración de una reforma previsional.

Ya para entonces con la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires definida, los referentes de cada bloque en materia previsional se van a reunir el próximo lunes 19 de mayo para hacer un intento de volver a acercar los dictámenes. Según pudo saber parlamentario.com, la principal diferencia radica en la aceptación o no de la prórroga de la moratoria que propone el bloque que conduce Germán Martínez.

En principio, los diputados que oficiarán como delegados en el encuentro para deliberar sobre la redacción del texto de esta reforma previsional serán: Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera, por UP; Nicolás Massot y Alejandra Torres, del bloque Encuentro Federal; Danya Tavela o Marcela Coli por Democracia para Siempre; y por la Coalición Cívica lo hará el jefe de bancada, Juan Manuel López.

El otro tema que la oposición tiene decidido incorporar al temario para la sesión prevista en la semana próxima será la designación de las autoridades de la comisión investigadora del caso $LIBRA tras el empate de la reunión del 30 de abril. La postura de la oposición será la de llevar la resolución de la presidencia de dicha comisión a una votación nominal en el recinto.

En la única reunión llevada a cabo, el flanco del oficialismo y los aliados propuso al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe de bancada libertaria; por el flanco de la oposición, la elegida fue la diputada massista Sabrina Selva.

Si bien trascendió que la estrategia del oficialismo es plantear que la definición de la titularidad de una comisión no puede ser definida en el recinto, la oposición esgrimirá que las decisiones tomadas por el pleno del Cuerpo en sesión “tienen mayor peso" que, incluso, las decisiones del propio presidente de la Cámara de Diputados. Se sabe que esta discusión llevará mucho tiempo y que el oficialismo planteará que para avanzar sobre esa cuestión se necesitan los 2/3.

Así las cosas, los bloques que pidan esta sesión van a ocupar parte del tiempo de sus exposiciones en repudiar la ausencia de los ministros Luis Caputo, Economía, y Mariano Cúneo Libarona, Justicia, en la sesión informativa de interpelación que había sido aprobada para este miércoles 14 de mayo y que quedó sin efecto. Las criticas apuntarán contra el titular del Cuerpo, Martín Menem.

Sin elecciones en el medio, la oposición planea, también, pedir una segunda sesión con fecha tentativa para el miércoles 28 de mayo, en la cual pondría en el temario el dictamen que exige la declaración de la emergencia en discapacidad, dictaminado a fines de abril.

Es muy factible que en esa segunda cita en el recinto de la Cámara de Diputados se busque emplazar a comisiones para el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y, eventualmente, la iniciativa sobre las retenciones al sector agropecuario.

Una alta fuente legislativa confirmó a este medio que el primer pedido de sesión no será hasta el lunes próximo, a fin de esperar a que transcurran las elecciones porteñas para conocer con certeza el escenario a corto plazo, especulando con la posibilidad de que un sector del Pro pueda acompañar la reforma previsional el 21 en el recinto.

A 24 horas de la sesión en la que debería tener continuidad la interpelación de funcionarios por el caso de la criptomoneda $LIBRA, un grupo de diputados opositores envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a fin de que se defina si habrá o no sesión.

Un día después de haber enviado una nota reclamándole convocar formalmente a la sesión, los diputados ahora quieren que, una vez el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, confirmaran su comparencia, se convocara a sesionar este miércoles a las 12, para continuar la interpelación iniciada el 29 de abril pasado.

Pero en caso de que no se haya asegurado la convocatoria de los funcionarios citados para este 14 de mayo, y atento a la imposibilidad de convocar a la sesión por tal motivo, le requirieron a Menem comunicarlo a los distintos bloques a los efectos de “tomar las medidas que estimen corresponder”.

Suscriben la nota los diputados Oscar Agost Carreño, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Germán Martínez, Paula Penacca (Unión por la Patria), Pablo Juliano, Carla Carrizo (Democracia para Siempre), Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño y Vanina Biasi (Frente de Izquierda).

Hay mucho fastidio entre los legisladores de la oposición no solo por la presumible ausencia de los funcionarios, sino también y sobre todo porque trascendió que en lugar de ir al Congreso, al menos los ministros estarán presentes en el cierre de campaña de Manuel Adorni este miércoles a las 17.30 en el Parque Mitre.

En ese marco, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, señaló por la tarde, dando por sentado que no habría sesión: “Es evidente que Milei y Karina están hasta las manos con la estafa cripto. Por eso no quieren que Cuneo Libarona y Luis Caputo sean interpelados en el recinto de Diputados”.

“Básicamente, porque Milei y Karina son indefendibles”, cerró el diputado santafesino.

Durante el debate sobre el proyecto de Ficha Limpia en el Senado, desde el bloque de senadores de Unión por la Patria insistieron en que la iniciativa tiene como único objetivo la “proscripción” a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara al año electoral.

Con Ficha Limpia, la expresidenta y titular del PJ Nacional no podría postularse como candidata, al tener una primera condena en la causa Vialidad en diciembre del 2022 y luego, en segunda instancia en noviembre del 2024.

“Este proyecto de ley es malo”, arrancó su alocución la neuquina Silvia Sapag (UP) y sumó: “Más que ficha limpia debería llamarse ficha trapeada porque solo se refiere a los delitos contra la administración pública, pero deja a fuer aun sinnúmero de delitos que son graves como el homicidio agravado. Podría ser senador un homicida o un secuestrador extorsivo o alguien que cometió abuso sexual, trata de personas, narcotráfico. Estos delitos se dejan de lado”.

Sapag cuestionó que el proyecto “solo se enfoca en delitos contra la administración publica y por eso es que el bloque dice que es direccionado para meter presos a quienes militan en nuestras filas”. “También es malo porque con ficha trapeada el sistema Judicial tiene la posibilidad de vetos a candidatos y eso consagra la jerarquía del Poder Judicial por sobre los demás porque ese poder determinará a quién podemos elegir y a quién no”, criticó.

“Es un retroceso democrático enorme”, lamentó y preguntó: “¿En serio le van a quitar al pueblo la condición democrática de elegir con su voto a su representante? El voto que determine el Poder Judicial eliminará a candidatos. Pueden crear causas, llevarlas adelante y olvidarse para qué están los jueces de impartir justicia. Fallar sin pruebas y en contra de la ley”.

La senadora de UP arremetió: “Los jueces son funcionales al gobierno que los presione para no perder sus condiciones y eso es lo que estamos viendo. Me imagino a Macri diciéndole a los jueces Bruglia y Bertuzzi que no pasen por el Senado porque su misión es acusar a Cristina. Ellos ordenaron liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal detenidos por intención de incitación a la violencia colectiva que atentó contra la vida de quien ahora quieren proscribir, Cristina Fernández de Kirchner”.

La senadora fueguina Cristina López manifestó su oposición al proyecto de ficha limpia y adhirió la idea del interbloque respecto a buscar la “proscripción” de Cristina Kirchner. En tal sentido, se dirigió al Cuerpo y señaló que “se olvidan que los organismos internacionales han sostenido que el derecho a participar se debe proteger incluso cuando en la vida política hay procesos legales”.

Consternada por el espíritu de la iniciativa, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu consideró que “se está proscribiendo la construcción de universidades y centros de alta tecnología, la posibilidad del desarrollo científico y tecnológico”.

El senador camporista Eduardo “Wado” de Pedro apuntó contra el Pro y la UCR, pero también afirmó que “ficha limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes a partir del manejo de los medios y el copamiento ilegal de sectores del Poder Judicial”.

En el inicio de su discurso, dijo haber conversado con los senadores que votan a favor la ficha limpia y relató que “reconocen que el proyecto es malo y que van a votar por la presión mediática”. Luego, consideró que es una iniciativa “importante porque va a reconfigurar el poder en Argentina y va a ser votado por presión mediática” por influencia del “poder real”.

“venimos diciendo que los presidentes tienen cada vez menos poder, porque hay sectores empresarios y judiciales que influyen en las decisiones de la República Argentina”, siguió, y agregó que “esos sectores van a poder seleccionar los candidatos de alguna fuerza política”.

En defensa de su líder política, remarcó que este tipo de proyectos son “siempre en contra del peronismo que gobierna para aumentar la participación de los trabajadores en la Argentina”, y enfatizó que “es contra Cristina porque no le pueden ganar con los votos y la quieren sacar de la cancha”.

NOTA EN DESARROLLO

Arrancó a las 11.47 la sesión del Senado que tiene como tema principal el debate de la media sanción proveniente de diputados del proyecto de ley de ficha limpia. Es en el marco de una sesión que tiene una serie de otras cuestiones para debatir y en la que ficha limpia ocupa el último lugar en el temario.

El proyecto fue aprobado en extraordinarias en la Cámara baja el 12 de febrero pasado, por 144 votos positivos, 98 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa establece que las personas con condenas doble por delitos de corrupción no podrán ser candidatas a cargos electivos. También estarán inhabilitadas a ocupar distintos roles en la administración pública.

El debate en el Senado fue antecedido por muchas especulaciones que terminaron -aparentemente- despejadas cuando el viernes 18 de abril los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano aclararon su postura favorable a la sanción de ficha limpia.

El proyecto introduce una modificación al artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, de modo de prohibir la candidatura a cargos públicos de toda persona que tenga doble condena por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta y titular del PJ Nacional, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad.

La novedad de la propuesta del Poder Ejecutivo había sido la inclusión de que tal inhabilitación correría en caso que la persona hubiera recibido la sentencia hasta el 31 de diciembre de un año no electoral y no, en cambio, si ocurría a partir del 1ro. de enero del año electoral. Sin embargo, diputados dialoguistas rechazaron de plano ese aspecto, al considerarlo anticonstitucional. A partir de ello se modificó el dictamen en su artículo 1ro. para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

NOTICIA EN DESARROLLO

Gran expectativa ha despertado la sesión de este miércoles en el Senado, con la certeza de que las dudas respecto de que estuvieran los votos para aprobar el proyecto de ficha limpia están disipadas. En rigor, así sucede desde que el viernes 18 de abril los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano aclararon su postura favorable a la sanción de ficha limpia. Final para las dudas.

Con los votos de los santacruceños alineados con el gobernador Claudio Vidal, la aprobación de la media sanción proveniente de la Cámara baja contaría con 38 manos levantadas, una más que las necesarias por tratarse de un proyecto de índole electoral.

La hora de la verdad será a las 11.30, hora en la cual ha sido convocada esta sesión que se presume histórica, en caso de que el proyecto por el que muchos bregan desde 2017 vaya a aprobarse. Ese horario fue el acordado en la reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes por la tarde, en la que se confirmó lo anticipado por parlamentario.com: que con la incorporación de algunas cuestiones al temario se adelantaría la hora de inicio, en principio prevista para las 14.

Ficha limpia será el último de los temas a tratar en una sesión que comenzará con el debate de un proyecto que crea un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas por el catastrófico temporal que asoló en marzo a Bahía Blanca y otros distritos cercanos. El proyecto declara “zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de ciento ochenta días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas en el mes de marzo de 2025”.

Luego se abordarán tratados; designación de autoridades y acuerdos. Y por último, ficha limpia.

No está previsto que se aborde el tema de las dietas de los senadores, que a partir de este mes pasaron a percibir un sustancial aumento.

Ficha limpia

El debate de la media sanción proveniente de Diputados estuvo sometido a los vaivenes electorales. Es que se trata de un proyecto que tuvo siempre al Pro como abanderado principal, y sobre todo a la diputada Silvia Lospennato como cabeza visible, al punto tal de que es ella quien motoriza el tema desde 2017. Al convertirse en candidata principal del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, en una elección cuyo resultado obsesiona al oficialismo, la cuestión pasó a ser sopesada de manera diferente en la Casa Rosada. Es que la aprobación del proyecto será seguramente capitalizada por la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, aunque desde el Gobierno insistirán una y otra vez que el proyecto aprobado es en definitiva el que mandó el Poder Ejecutivo.

En este marco llegó a especularse con la posibilidad de que la media sanción fuera a recibir modificaciones, lo que obligaría a  un retorno del proyecto a la Cámara baja y obviamente dilataría su aprobación, que quedaría para después del 18 de mayo, fecha de las elecciones porteñas.

En vísperas de esta sesión decisiva en el Senado, en Casa Rosada no faltaron voces que pusieron en duda la aprobación, precisamente por la cuestión electoral. En el mismo sentido, otros en cambio aclararon que un traspié del proyecto en el Senado sería también “ganancia pura” para el Pro. “Peor todavía para nosotros”, aclaró otra fuente. Lo cierto es que el bloque oficialista del Senado salió el lunes a ratificar su apoyo al proyecto, de modo tal de capitalizar también la eventual aprobación.

En el comunicado difundido el lunes también abogaron por mantener las dietas congeladas, pero ese tema no tuvo eco y quedó fuera del temario para esta sesión.

El resto del temario

Tras la votación del proyecto sobre Bahía Blanca será el turno de los tratados internacionales. Son tres, de los cuales el primero es un tratado suscripto con Serbia sobre el traslado de personas condenadas y cooperación en el cumplimiento de sentencias penales; luego hay un proyecto de ley que aprueba la convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles  y el traslado de beneficios, celebrado en Francia en 2016.

Por último hay otro acuerdo con el Consejo Federal Suizo en materia de servicios aéreos regulares.

Luego está prevista la ratificación y designación de autoridades. Se pondría a consideración el reemplazo de María Laura Izzo al frente de la Secretaría Administrativa, por Emilio Viramonte, quien trabaja con la vicepresidenta hace tiempo. Victoria Villarruel quiere que Agustín Giustinian siga como secretario Parlamentario, en tanto que como prosecretario Administrativo seguirían Lucas Clark, y como prosecretaria Parlamentaria la exdiputada radical Dolores Martínez.

Después se tratará el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Alejandro Carlos Francisco Oxenford, quien ya está actuando como embajador en los Estados Unidos. El otro pliego a ser tratado es para designar a Wenceslao Bunge Saravia, quien quedará al frente de la representación argentina en España.

Luego está previsto el tratamiento de una serie de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas, y a continuación la aprobación de una serie de proyectos de declaración, comunicación y resolución con dictamen.

Y a continuación, arrancará el debate de ficha limpia. La frutilla del postre.

Tras una semana más de espera, por la postergación de agenda por la muerte del papa Francisco, la oposición verá finalmente este martes la concreción de la sesión para la interpelación de funcionarios del Gobierno nacional dentro del recinto de la Cámara de Diputados, una instancia de la cual el último registro data de 1996 con Domingo Cavallo como protagonista.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda lograron hace 20 días aprobar por 131 votos a favor y 96 en contra (hubo además por la positiva un puñado de cinco legisladores de otras bancadas) la convocatoria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía), y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que sean interrogados por la presunta estafa de $LIBRA, criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó por sus redes sociales el Día de los Enamorados.

Tal cual se anticipa, Francos será el principal protagonista y podría estar acompañado por Cúneo Libarona. En el caso de Caputo, quien se rehúsa a asistir al Congreso para rendir cualquier tipo de explicación, sectores de la oposición más dura advirtieron que su ausencia podría ser tomada como causal de juicio político.

Aunque el artículo 71 de la Constitución Nacional prevé la interpelación, al indicar que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes", no hay establecida ninguna "consecuencia" sobre la falta; pero hay quienes interpretan que caería en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En cuanto a Silva, al no tener rango de ministro, en el oficialismo consideran que puede esquivar el asunto. No obstante, el titular de la CNV es una de las fichas puestas para ser citado por la comisión investigadora que se reunirá este miércoles, y donde la oposición tendrá el desafío de romper con una paridad de paralice las acciones.

De acuerdo a la hoja de ruta que ya pensó la oposición, pero que terminará de definirse antes de la sesión en reunión de Labor Parlamentaria, se estima que la interpelación podría durar más de 10 horas.

Como primer paso, se prevé una exposición de los funcionarios de una hora, que podrá extenderse media hora más. En caso que asistan Francos y Cúneo Libarona, compartirán tiempo. Luego se tomará la misma cantidad de tiempo para que los miembros interpelantes, es decir, los cinco bloques que impulsaron la citación, formulen preguntas y los interpelados respondan.

Después se abriría el tiempo para el resto de las bancadas, con una serie de preguntas agrupadas por tiempo, a ser contestadas por los funcionarios, en una mecánica similar a las sesiones informativas del jefe de Gabinete.

Finalmente, en la oposición pidieron que haya cierres de bloques para hacer consideraciones finales, donde sin duda podría llegar a haber encendidos discursos políticos respecto de lo que hayan sido las respuestas y en torno al episodio protagonizado por el presidente Milei, en lo que representó la primera crisis de la gestión libertaria y que el Gobierno buscaba que se diluya en el tiempo.

Concluida la interpelación, la cuestión $LIBRA continuará al día siguiente con la constitución de la comisión investigadora, donde la oposición se prepara para trabajar durante tres meses en el tema, con la facultad para citar testigos y recibir denuncias. Por estas horas, hay discusión sobre hasta qué grado llegan sus atribuciones para que los citados concurran.

Sobre el caso $LIBRA, con denuncias de damnificados en Argentina y el extranjero, Francos decidió no responder en el último informe de gestión que envió por escrito, así como tampoco verbalmente en la sesión del pasado 16 de abril. Este lunes, en la antesala de la interpelación, dijo: "Es un tema que poco tiene que ver con mi función o con la administración pública, así que es poco lo que puedo decir, pero iremos al Congreso cumpliendo con nuestra obligación".

Además de la creación de la comisión investigadora y la interpelación de funcionarios, en la sesión del 8 de abril pasado se aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo con más de 100 preguntas relacionadas a la organización y planificación de $LIBRA; el asesoramiento previo a la publicación por parte del presidente en la red social X; la responsabilidad del presidente y medidas a futuro; la participación de Karina Milei, la defensa legal del presidente, la relación con los promotores del activo y las visitas que recibió en Casa Rosada, entre otras. Varias de ellas, seguramente, serán las que se trasladen verbalmente este martes dentro del recinto.

La segunda presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, estuvo precedida por la polémica. En principio, por la fecha elegida para su presentación, como así también la hora. Y también, por qué no, por el hecho de que en el término de dos semanas el funcionario terminaría presentándose dos veces en el mismo recinto, en el término de seis días, ya que para el martes que viene se lo espera para la interpelación votada oportunamente para indagarlo a él como a otros funcionarios por el tema $Libra.

El potencial tiene que ver con que la presentación del informe de este miércoles ha sido puesta en duda en las últimas horas, ya que el quórum estaría en riesgo, precisamente por la fecha elegida: vísperas de Semana Santa, razón por la cual muchos diputados del interior tienen pasajes para volver a sus provincias y en consecuencia hay problemas para reunir el número suficiente de diputados para esta sesión.

Precisamente por eso es que el presidente del bloque MID, Oscar Zago, reclamó este martes la suspensión de la presentación del informe de gestión de Guillermo Francos. “Nosotros sugerimos” que se pase para el martes 22 de abril, planteó. Sin éxito, pues la Jefatura de Gabinete confirmó que Francos se presentará ante la Cámara de Diputados este miércoles, tal cual lo pautado.

Desde la Cámara se informó oficialmente que al tratarse de una sesión y no establecer el reglamento excepción alguna, tendrá que haber quórum para iniciar la sesión. En caso contrario, Guillermo Francos dejará las respuestas por escrito y se retirará, sin necesidad de regresar en otra fecha.

La Constitución es la que establece que el jefe de Gabinete debe presentarse mensualmente en el Congreso, alternando entre ambas cámaras, para brindar un informe de la gestión. Es el artículo 101 el que lo señala, aunque el reglamento no especifica si tiene o no que haber quórum. Para el diputado (MC) Pablo Tonelli, “es discutible”, según expresó ante la consulta de parlamentario.com. “Yo creo que sí, porque si no hay quórum, no hay cámara”, precisó.

La duda puede haber partido de cuando el 11 de mayo de 2023, en ocasión de la presentación del entonces jefe de Gabinete Agustín Rossi, la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner abrió la sesión con la presencia de muy pocos senadores presentes en el recinto. Atento a ello, el radical Martín Lousteau le reclamó por el quórum. Desde el estrado el secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, respondió que no era necesario y lo mismo hizo la vicepresidenta: “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para el día de hoy”.

Mientras se aprestaba todo para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, y CFK se paraba de su asiento, Lousteau lanzó: “Deberían haber aprendido de economía también”. Rápida de reflejos, ya con el micrófono cerrado, pero en un video que se viralizó minutos después, se escuchó a Cristina devolverle: “Me enseñaste vos con la 125”.

Lo cierto es que en Diputados eso no corre, según confió a este medio la secretaria Parlamentaria del Senado, Dolores Martínez. Exdiputada nacional por el radicalismo, señaló que en la Cámara baja “la práctica marca que haya quórum; eso marcan los antecedentes. De hecho, recuerdo sesiones en las que no se lograba el quórum y el jefe de Gabinete deja el informe y ya…”.

Empleada legislativa durante 48 años y prosecretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados durante 18, Marta Luchetta se retiró en 2021, pero sigue siendo una palabra autorizada para hablar del tema. Consultada por parlamentario.com, Luchetta señaló que se trata de una sesión informativa y “por supuesto hace falta número para iniciarla, como cualquier otra sesión. Una vez iniciada, la realidad es que puede después continuar sin número, porque en general no se vota nada en esa sesión”.

En caso de que no haya quórum, aclaró que el funcionario deja el informe, pero la falta del quórum representaría “un desprecio de la Cámara, porque se avisa con tiempo. Espero que no se convierta en lo mismo que el presidente de la Nación, en despreciar a los diputados; si viene el jefe de Gabinete, hay que recibirlo”.

Detalles del informe

El pasado 28 de marzo, la Jefatura de Gabinete recibió 4078 requisitorias. Tras un exhaustivo trabajo de unificación, éstas se consolidaron en 2304 preguntas para integrar el informe escrito.

Las consultas fueron formuladas por 14 bloques de Diputados. Unión por la Patria fue el bloque que mayor cantidad de consultas remitió, con un total de 1250 preguntas. Le siguió el Pro con 209, Democracia para Siempre con 146, y la Unión Cívica Radical con 141.

Por su parte, la Coalición Cívica realizó 137 preguntas; Encuentro Federal, 120; la Izquierda Socialista FIT-unidad, 87; el Pts - Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, 84; y el Partido Obrero - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, 48.

En tanto, desde el monobloque de Defendamos Santa Fe fueron realizadas 26 consultas; el Movimiento Popular Neuquino sumó otras 19; mientras que Republicanos Unidos, Transformación y Creo formularon 18, 15 y 4, respectivamente.

Respecto a las áreas de gobierno a las cuales fueron dirigidas las consultas, el Ministerio de Economía concentró la mayor cantidad de preguntas al recibir 812. Le siguieron las carteras de Capital Humano con 379, Salud con 259, Seguridad con 173, Justicia con 91 y Defensa con 90.

En tanto, la vicejefatura de Interior recibió 84 preguntas; el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 75; la Jefatura de Gabinete, 74; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, 63; y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 62.

También 36 preguntas fueron destinadas al Banco Central de la República Argentina; 33 a la Secretaría de Comunicación y Medios; 16 a la Secretaría de Cultura; 15 a la Vicejefatura Ejecutiva;  14 a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; 13 a Secretaría General de la Presidencia; y 6 al Ente Nacional de Comunicaciones.

Por último, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió 4 preguntas, la Sindicatura General de la Nación, 2 y la Agencia de Acceso a la Información, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro recibieron 1 consulta cada una.

Con la firma de 34 diputados de un amplio abanico de diputados de casi todos los sectores, parte de la oposición en la Cámara baja pidió una sesión para el martes que viene, 8 de abril, a las 12 del mediodía, con un temario que contempla 22 expedientes, más pocos dictámenes.

El primer desafío de este conglomerado opositor que cuenta con la anuencia de los bloques Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, será alcanzar el quórum. Cuentan con el antecedente de haber intentado ya realizar una sesión sobre el tema previsional, el pasado 19 de marzo, oportunidad en la que no alcanzaron a reunir el número suficiente de legisladores para sesionar, pero tan lejos no estuvieron: alcanzaron a sumar 124 diputados, por lo que se descuenta que este martes podrán alcanzar el quórum.

El temario es muy amplio y comprende los mismos temas que habían llevado al recinto ese miércoles de marzo, pero le han sumado varios proyectos más y los temas relacionados con el caso de la criptomoneda $Libra. Ese es el único tema que cuenta con dictámenes, alcanzados precisamente ese 19 de marzo.

Son tres órdenes del día, a saber: uno que crea una comisión investigadora sobre el escándalo que involucra al presidente Javier Milei; otro que prevé interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, también sobre el caso $Libra; y un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el mismo tema.

También piden tratar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el estado de situación de la obra pública en ejecución, financiada por el Gobierno nacional en cada una de las 24 jurisdicciones del país.

Hasta ahí los temas con dictamen. Luego vienen proyectos que pondrán a consideración sobre tablas, a sabiendas de que no tendrán obviamente número para conseguir los dos tercios, por lo que después irán por el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se rehúsa a tratar temas que impulsan desde la oposición. Como la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Ese tema cuenta con dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, como así también la Comisión de Discapacidad, que dicho sea de paso también realizó este jueves una reunión informativa aun cuando antes ya había logrado el dictamen correspondiente sobre el tema.

En lo que hace a la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.

El pedido de sesión cuenta con las firmas de Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, en el marco de un discurso que inició con un reconocimiento a su par Nicolás Massot, que lo había antecedido en el uso de la palabra, y que el día anterior  había sido protagonista de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo. Allí fue propuesto por UP para presidirla, y luego apoyó la designación de Oscar Zago.

Pichetto valoró su papel: “Como sé que este Gobierno y las autoridades de la Cámara tampoco reconocen nada, me parece importante valorarlo, porque hace a la institucionalidad de la Cámara”.

A  propósito de las dudas que había expresado Massot sobre el camino cambiario, le aclaró Pichetto que el mismo “ya lo ha decidido el pensador de este plan, que ya en el 78 estaba con Martínez de Hoz”, en referencia al economista Ricardo Arriazu. “En la historia argentina económica siempre el dólar está en el techo, nunca está tan en el piso”, observó.

Pichetto dijo compartir “el orden fiscal”, y aceptó “darle la derecha al Gobierno, que la ha logrado, aunque lo ha hecho con el sacrificio de los más débiles”. Reconoció sí que cualquier gobierno de los que compitieron en 2023 lo hubiera hecho también, porque “el acuerdo de (Martín) Guzmán era imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión, este pasante de la Universidad de Columbia, que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. No había administrado ni una sociedad de fomento y de repente apareció como ministro de Economía”.

El jefe del bloque Encuentro Federal se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué  pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.

“Este Congreso le ha dado, mal o bien, con debates, con discusiones, le ha dado (al presidente) los instrumentos que le permitieron gobernar el primer año”, enfatizó.

Sobre el final aclaró que en lo personal él está de acuerdo con avalar el DNU, pero observó que “los representantes que vinieron ayer al Congreso eran todos segundas líneas… No vino el presidente del BCRA, (Santiago) Bausili, mandan a los segundos… En realidad, no entendemos porqué no puede venir el ministro de Economía a la Comisión de DNU, plantear los grandes trazos de ese futuro acuerdo”.

Y cerró: “Todos sabemos que hay una caja de herramientas que el Gobierno tiene para gobernar. Ahora, no entra la motosierra dentro de esa caja de herramientas. El sector pasivo ha sido sometido a un ajuste feroz; adentro de la caja de herramienta no está más la motosierra tienen que tener nivel quirúrgico. Y cuidado con las decisiones que toman, no crean que porque ordenaron el déficit fiscal van a tener resultados electorales favorables. La gente abajo está sufriendo”.

El discurso de apertura en la sesión de este miércoles en la Cámara baja para explicar los principales puntos del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, estaba a cargo del correntino Lisandro Almirón, pero su alocución poco tuvo que ver con esa tarea que tenía encomendada por parte de su bloque.

En medio de gritos y bullicio en el recinto, el libertario comenzó diciendo que el acuerdo con el FMI es para “subsanar errores de mucho tiempo del país”.

“Este daño que lo han generado los políticos, el gasto público excesivo, que históricamente terminaron en espirales inflacionarios que tuvimos que asumir la responsabilidad todos los que estamos sentados acá, pero lamentablemente algunos se olvidan que no afrontaron con responsabilidad el gasto público excesivo del que no se hacen cargo”, continuó.

A medida que se expresaba, el clima se iba tensionando cada vez más en el recinto, por lo que el correntino procedió a elevar su tono de voz palabra tras palabra. “16 mil millones de dólares le costó al país la estatización de YPF que la tenemos que pagar nosotros. Fortalecer las reservas del Banco Central, es el objetivo primario”.

Así, se dirigió al titular del Cuerpo, Martín Menem, y se quejó: “Señor presidente así no se puede hablar”. Menem procedió a pedir “tener una sesión en paz”.

“Claramente hay dos países, uno de los argentinos de bien que quiere que al país le vaya bien y sacarlo adelante y otros que especulan después de que 30 años… 30 años…. Diputado le recuerdo que usted sabe …”, lanzó Almirón hacia la bancada de UP que caldeó más los ánimos, por lo que Menem volvió a interrumpir en tono de enojo: “Estamos dando un espectáculo lamentable, está haciendo uso de la palabra un diputado nacional elegido por el voto de la gente. Respeten el uso de la palabra, son el bloque más tiempo tiene”.

Almirón siguió entre gritos: “Hay dos países. Un país donde Argentina tiene la oportunidad histórica de subsanar errores. Hoy argentinos están afrontando la deuda que en el pasado la generaron los gastos políticos del kirchnerismo. Han generado un daño terrible. Han dejado al país en un 55% de inflación y un 16% de indigencia”.

“Cuando generaban la pobreza y el empobrecimiento después de gastar la nuestra, los traían en esos colectivos anaranjados para generar movimientos sediciosos financiados por el gasto público. Quemaban patrullas afuera, rompían los negocios afuera de los comerciantes que estaban viviendo el día a día. Se aprovechaban de los más pobres a través de esta espiral de inflación y ustedes mismos generaban la pobreza y la indigencia”, disparó.

Respecto del acuerdo con el Fondo, solo señaló que el objetivo principal es “fortalecer las reservas del Banco Central para que los balances se puedan sanear, cosa que ustedes no hicieron”.

“No se pueden olvidar del Plan Platita, metieron la mano en el bolsillo a todos los argentinos. Axel Kicillof, Silvina Batakis, Martín Guzmán, todos fueron a llorar al Fondo para gastar plata, la que no tenían, para pagar pobreza, para empobrecer a los argentinos, para escudarse en los fueros…”, expresó alterado.

Menem, muy enfurecido por la actuación de su par de bloque, lo interrumpió para exigirle que le pida disculpas públicas al jefe del bloque del MID, Oscar Zago -ex miembro de LLA- con quien se agarró a las trompadas en la sesión de la semana pasada. Luego, le dio por finalizada su intervención.

“Zago ¿qué querés, que te de un pico? Vení Zago querido amigo”, lanzó exaltado y de forma irónica desde su banca el diputado libertario Lisandro Almirón luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le exigiera que le pida disculpas públicas al diputado Oscar Zago, tras haber estado cerca de agarrarse a trompadas en la sesión de la semana pasada.

Mientras Almirón abría con un discurso envalentonando el debate sobre el acuerdo con el FMI, en medio de gritos, reproches y bullicio por parte de los bloques opositores, Menem lo interrumpió enojado y le pidió que tenga respeto: “Soy de su bloque diputado, un poco de respeto por favor”, le reprochó.

“Escúcheme, en pos de ordenar la situación y en virtud de lo que ocurrió el otro día le pido y, a fin de que estamos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Oscar Zago en este momento así podemos continuar. Es lo que están pidiendo todos. Fue un hecho que no puede pasar…”, le exigió el titular del Cuerpo.

“Por supuesto que lo voy a hacer…”, lo interrumpió el correntino de modo desafiante, a lo que Menem acotó: “Hágalo y continúa…”.

Almirón, lejos de calmarse siguió en un tono efervescente: “Ante todo soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. Acá hay alguien cerebral, no voy a dejar guiarme ni por las pasiones ni especulaciones de ustedes”.

“¡Zago perdón!”, gritó y sumó: “Perdón a todos ustedes, pero piensen en la Argentina y en los que están afuera. ¡Carajo! Que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aun cuando los intereses generales de la Patria sean mucho más importantes” …En ese momento, el libertario se levantó de su banca, se dio vuelta y con los brazos abiertos lanzó: “¿Zago qué querés, que te de un pico? Vení Zago querido, amigo”.

Mientras algunos lo aplaudían, su jefe de bloque Gabriel Bornoroni y la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado se acercaron para calmarlo, pero fue en vano porque Almirón siguió exaltado apuntando contra la bancada de UP: “Vamos Argentina … ¿a quién más quiere que pida disculpas? ¡Caraduras! Pidan disculpas a los argentinos ahora que la pedí yo. Pidan disculpas ustedes. Que la presidenta Cristina Kirchner venga y pida perdón de rodillas por lo que hizo, que venga (Amado) Boudou y pida perdón, que venga (Axel) Kicillof y pida perdón…”.

Menem, al ver que la situación se desmadraba, lo invitó a terminar su alocución: “Gracias, diputado”, pero el libertario cerró: “Aprendan…les falta dignidad y pidan perdón”.

El primer choque de una sesión caliente como la de este miércoles en Diputados se dio en el inicio de la sesión, cuando se tuvo que votar el plan de labor para la sesión. Fue leído por el secretario Parlamentario y el mismo establecía los tiempos de oratoria de cada bloque y un cambio de horario para la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento, para tratar la creación de una comisión investigadora, para las 17; y la de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, para las 18, en ambos casos para dictaminar sobre temas de la causa $Libra. El horario previsto para la oposición era a las 16.

Intervino entonces la secretaria Parlamentaria de UP, Paula Penacca, para señalar que la propuesta era “imprecisa”, no quedando claro cuánto tiempo podían hacer uso de la palabra, y cuándo se podía hacer uso de las cuestiones de privilegio también. “Yo no voto cosas que no sé qué son”, dijo la diputada camporista, tras lo cual el secretario Parlamentario Adrián Pagán detalló los tiempos que tendría cada bloque.

A su turno, el jefe del bloque Germán Martínez aclaró que no habían acordado nada con ese plan de labor. “Creemos que el tema tiene una envergadura tal que no puede haber limitante en el uso de la palabra. Entiendo que algunos pueden estar culposos, pero estos temas merecen un debate a fondo, lo expresamos en Labor Parlamentario”, señaló el santafesino, recordando que en la sesión de la semana pasada había habido “un escándalo de diputados trompeando y levantando por la fuerza a otros diputados, y otros tirándose agua. Y el resto mirando como si nada sucediera”.

Martín Menem le advirtió que le estaba quitando tiempo a su bloque, generando la airada reacción de Martínez, quien dejó de lado las formas y lanzó: ¿¿Qué tiempo le estoy quitando a mi bloque?? ¡Vení a laburar!”. El presidente de la Cámara le advirtió que lo llamaría al orden. “¡Llamame al orden! ¡Llamalo a (Lisandro) Almirón, que cagó a trompadas a un diputado! Queremos plantear al inicio los temas que quedaron pendientes y no vamos a acompañar este plan de labor”.

A continuación, Nicolás del Caño estalló, para quejarse entre otras cosas de la presencia de miles de efectivos federales y reclamando un cuarto intermedio, porque “no se puede sesionar con la militarización y la represión que están preparando”.

Desde el Pro, Silvana Giudici intentó poner orden. “Quiero decirle a la izquierda que grita y a los de Unión por la Patria que insultan, que la verdadera violencia surge cuando no tienen el acompañamiento de los votos”, señaló, asegurando que el plan de labor anunciado “no cercena la palabra a nadie”, y negó irregularidades la semana anterior respecto del quórum. Cerró recordando que habría dos plenarios también durante la tarde y luego había una sesión pedida por UP para las 19. “Así que va a haber todo el día para hablar”.

Como dije en el inicio de la sesión, quieren aplicar la violencia afuera y adentro del recinto. “Por más que siembren vientos no cosecharán tempestades” pic.twitter.com/FoUE7rhbXW

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) March 19, 2025

El plan de labor fue aprobado por 141 votos a favor y 95 en contra, tras lo cual no se dio por vencida Cecilia Moreau reclamando a los gritos que no se podía obviar votar la moción presentada por Del Caño. Y ante las explicaciones de Martín Menem, la extitular de la Cámara perdió las formas: “A mí no me pelotudeés”, le espetó al riojano, que al pedirle a Germán Martínez que pusiera orden en su bloque lo hizo estallar: “¡Venís de hacer un papelón la semana pasada, así que no me dés indicaciones con lo que tengo que hacer con mi bloque!”.

El presidente de la Cámara trató de mantener la calma pidiendo a todos dirigirse con respeto. “No me tutees”, le acotó personalmente a Martínez.

Y concedió la posibilidad de votar la moción de Del Caño, que precisó que su moción consistía en ir a un cuarto intermedio que se extendiera hasta que se fueran las fuerzas del orden de alrededor del Congreso. Ante el pedido puntual de dar un horario concreto para el cuarto intermedio, Vanesa Biasi se sumó reclamando que se extendiera al menos hasta las 16.

La moción fue rechazad por 143 votos contra 93 y 3 abstenciones.

En plena turbulencia financiera, con los valores del dólar en alza, igual que el riesgo país, y caída de bonos y acciones, la Cámara de Diputados se abocará este miércoles a debatir el decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

En este contexto, el oficialismo espera conseguir la aprobación de este DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar esta etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta. La confianza del Gobierno es alta, por cuanto los cálculos le asignan al oficialismo las mayores chances de éxito en la votación que esperan alcanzar a media tarde de este miércoles. Incluso con cierta holgura. Se verá.

No será la única instancia de este miércoles intenso, ya que horas más tarde el recinto volverá a abrir sus puertas, esta vez para desafiar al Gobierno con proyectos que el oficialismo y sus aliados no piensan acompañar. Se trata de proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.

Desde que el presidente Javier Milei anuncio el 1° de marzo que enviaría el acuerdo con el Fondo al Congreso y esperaba una aprobación rápida por parte de los legisladores, el tema no dejó de dar sorpresas. Porque esa disposición a cumplir con la Ley 27.612 expresada por el mandatario derivó en algo distinto cuando se supo que en lugar de un proyecto de ley, lo que el Ejecutivo mandaría al Congreso sería un DNU, generando una áspera reacción de la oposición.

Pese a ello, el Gobierno se apegó al plan que consistía en un rápido envío del decreto de necesidad y urgencia al Congreso y una presta convocatoria a la Bicameral de DNU. Aun más veloz fue la llegada del decreto al recinto, anunciada incluso antes de que hubiera dictamen.

Ese trámite se cumplió este martes, cuando se alcanzaron las firmas necesarias para que el despacho pudiera llegar al recinto sin necesidad de contar con mayorías especiales.

La sesión fue convocada para las 10 de la mañana -un horario inédito en los últimos años-, previéndose la reunión de Labor Parlamentaria para una hora antes. Allí las autoridades de la Cámara baja intentarán llegar a un acuerdo con la oposición para desarrollar un debate ordenado y rápido de lo que en definitiva es un único tema a abordar: el decreto de necesidad y urgencia. Así, el oficialismo querría tener la cuestión resuelta para entre las 15 y 15.30, aunque desde Unión por la Patria no mostraron disposición a acelerar el debate, tratándose de semejante tema.

Como zanahoria para evitar un debate eterno, el oficialismo sugirió emplazar durante el mismo al Cuerpo a las comisiones que este martes trataron los proyectos relacionados con el escándalo $Libra a dictaminar este miércoles a las 18. Para curarse en salud, la oposición forzó los dictámenes en sendos plenarios realizados este martes, de modo tal que para ellos ya no hace falta una reunión para dictaminar. Todo lo contrario de lo que sostiene el oficialismo, convencido de que hay que cumplir lo que mandó el Cuerpo: tratamiento de los proyectos en dos días, dictaminando el 19 de marzo. Dicen que no vale que se haya dictaminado un día antes. En ese caso, no haría falta la reunión de comisiones de las 18.

Esta discusión formará parte de la sesión de este miércoles, con  posturas seguramente muy disímiles.

Se agregó a última hora, eso sí, un aditamento especial para que UP adelante los tiempos: ellos mismos pidieron una sesión especial para las 19, para tratar cinco proyectos relacionados con los jubilados. tres de los cuales tienen que ver con extender la moratoria previsional que vence este fin de semana.

Debería ser un motivo suficiente como para acelerar la sesión de este miércoles, en la que el oficialismo se ilusiona con alcanzar un triunfo legislativo que lo encarrile nuevamente en la senda del éxito.

Si alguna duda quedaba de que este miércoles sería intenso en el Congreso de la Nación -y ni qué decir en sus alrededores-, este martes a las 21 se conoció un pedido de sesión elevado por todos los miembros del bloque de Unión por la Patria para las 19 de este miércoles, a fin de tratar una serie de proyectos relacionados con los jubilados.

Lo explicaron los propios miembros de UP a través de un comunicado en el que dijeron defender “la agenda del pueblo”, al anunciar que querían avanzar con la prórroga de la moratoria previsional; aumento de emergencia a los jubilados, y medicamentos para los afiliados del PAMI.

El temario incluye cinco proyectos de ley. Los relacionados a la moratoria corresponden a Nicolás del Caño , Brenda Vargas Matyi y Leopoldo Moreau, para prorrogar por dos años la moratoria previsional.

También figura un proyecto de la jefa del bloque de Innovación Federal, Pamela Caletti, y otro de Luana Volnovich, en ambos casos para modificar el artículo 2° de la Ley 19.032 sobre Gratuidad de Medicamentos Esenciales.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo lugar a la solicitud, convocando a la hora pedida por Unión por la Patria.

Recordemos que para las 10 de la mañana ya estaba convocada una sesión especial pedida por diputados de La Libertad Avanza y el Pro, con el fin de tratar el DNU 179/25 del acuerdo con el FMI. El oficialismo tiene intenciones de que la sesión no sea extensa -querrían que concluyera para las 15- y para eso anticiparon que se acordaría que en la sesión fueran emplazadas las comisiones para este miércoles a las 18, a fin de emitir los dictámenes relacionados con las causas de la criptomoneda $Libra. Sin embargo la oposición dio por dictaminados ambos despachos y eso será parte de la discusión de la primera de las sesiones convocadas para este supermiércoles.

Presuroso como para sacarse de encima el tema rápidamente y darle en consecuencia una señal contundente al Fondo Monetario Internacional con el que se sigue negociando, el Gobierno de Javier Milei aceleró los tiempos con el decreto de necesidad y urgencia 179/2025, por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

Así, un grupo de diputados del oficialismo y aliados pidieron este lunes una sesión para este miércoles 19 de marzo a las 10 de la mañana, a fin de tratar el DNU. Alcanzará para que este decreto tenga vigencia que sea aprobado en una de las dos cámaras, y en este caso el oficialismo está convencido de que conseguirá la aprobación en la Cámara baja.

El pedido de sesión extendido a Martín Menem fue suscripto por los diputados Gabriel Bornoroni, Cristian Ritondo, Nadia Márquez, Silvana Giudici, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, Alida Ferreyra, Santiago Santurio, Rocío Bonacci, Gerardo Huesen, Santiago Pauli, María Emilia Orozco, Carlos García, María Fernanda Araujo, Romina Diez, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Patricia Vásquez, José Núñez, Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro, Paula Omodeo y Nancy Picón Martínez.

La convocatoria es impulsada dando por seguro que este martes se emitirá el dictamen correspondiente en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, convocada para este martes a las 16.

El tema es que paralelamente a esa reunión de la bicameral están convocadas desde la sesión del miércoles pasado las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, con el objeto de tratar el proyecto que propone la creación de una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

Ahora bien, ese plenario seguirá su curso seguramente, pero la sesión pedida para este miércoles afectará los plenarios convocados para las 13 y las 16 horas, con el fin de dictaminar los proyectos sobre el cripto escándalo, tal cual se acordó en la última sesión.

Así las cosas y no pudiendo objetar nada, la oposición más dura está analizando usar esta nueva sesión, cuyo quórum garantizan el oficialismo y sus aliados, para pedir un nuevo emplazamiento de las comisiones para emitir los dictámenes que claramente no saldrán este miércoles, según pudo saber parlamentario.com.