Durante su alocución en la sesión del Senado de este jueves, el cordobés Luis Juez (Pro) ratificó su postura de expulsar al senador Edgardo Kueider de la Cámara alta porque “la conducta es indecorosa, nos ha agraviado a todos”.

El senador del Pro calificó el tema de “delicado, jodido” que “debería unificarnos”. “Podemos tener miradas distintas, pero hay cosas que no podemos tirar una mirada diferente”, señaló.

“Estamos hablando de un acto indecoroso, después podemos discutir qué tipo delictivo es, cómo se califica. El acto de Kueider es un acto indecoroso que no lo lastima a él, nos lastima a todos. Si no podemos distinguir nosotros como senadores de la Nación lo que está bien y lo que está mal estamos en lo peor del mundo”, explicó y resaltó que “el decoro y el indecoro es algo que tenemos que tener como básica”.

Juez ratificó en voz alta: “Lo de Kueider es indecoroso nos ha lastimado, agraviado, ofendido a todos, nadie se puede hacer el tonto. La conducta del senador nos agravió a los 72 senadores, nos puso en un lugar de mierda. Somos todos sospechosos, delincuentes. Eso es inadmisible, no importa cómo pensamos, qué origen tenemos, estas cosas son inadmisibles. Estamos para defender primero nuestro honor, luego ideas y Kueider nos metió un puñal en el honor de todos nosotros. ¿Qué no podemos ver?”.

“Este es un día espléndido, un día en el que se empieza a depurar la mugre porque no quiero estar en este techo con personas que tienen este tipo de conductas. Este tipo nos agravió”, insistió.

Juez resaltó que entró el pedido de la jueza federal para que se lo desafuere para poder detenerlo y criticó: “Estamos dudando si la conducta de un senador que lo encuentran a la 1 de la mañana con 200 mil dólares cruzando la frontera con su secretaria con el carnet que dice ‘senador de la Nación’ arrobándose de privilegios y lugares de todos y nosotros acá dudando si esa conducta indecorosa se merece una sanción. La única sanción que le corresponde es la expulsión”.

“Para estar acá necesitamos calidad, cualidad y votos y calidad de ética y somos responsables los que tenemos que levantar la vara, decir lo que está bien y mal sin miedo, aunque lo cometa un compañero. ¿Vamos a tener problemas por una dirigente política que sacó los mismos votos que Kueider? Eso no puede ser un temor, que nos dificulta el quórum, ¿eso puede ser una excusa para que no condenemos la falta de decoro?”, reprochó.

Así, cerró: “Siempre hice política defendiendo valores. Yo no necesito de Kueider para defender mi honor, yo tengo que volver a mi casa. No venimos a entregar nuestra honra a los chanchos, esto no es un aguantadero. Yo hoy estoy defendiendo mi honor, y la forma que encuentro es decirle con claridad que la conducta del senador Kueider merece la expulsión y en ese sentido voy a votar”.

A cuatro días del final del período ordinario, diputados de cuatro bloques intentarán rechazar el decreto de necesidad y urgencia 846/24, que establece modificaciones en la forma de canjear deuda.

Con ese objetivo presentaron este miércoles un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, a fin de tratar el decreto de necesidad y urgencia N° 846/24, que habilita al Ministerio de Economía a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.

Según pudo saber parlamentario.com, en caso de que haya quórum, se va a pedir la prórroga de las sesiones ordinarias, en base al proyecto de resolución presentado este martes por el bloque Democracia para Siempre, a fin de tener más tiempo para sancionar el Presupuesto 2025.

El tratamiento de este proyecto figuraba en el temario de la sesión del martes de la semana pasada, que fracasó por falta de quórum. En esa oportunidad se había incluido el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia. Ahora ese tema no figura.

La sesión fue pedida por miembros de cuatro bloques. Por Unión por la Patria, firman Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Itai Hagman, Carlos Heller, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Ariel Rauschenberger, Julia Strada y  Pablo Todero.

Por Encuentro Federal están Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Oscar Agost Carreño. Y por Democracia para Siempre están Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo y Danya Tavela, Fernando Carbajal. También firma el santacruceño Sergio Acevedo.

Si bien la sesión especial pedida por el Pro y La Libertad Avanza parecía en un principio no correr ningún peligro de realizarse, todo se complicó a partir del día previo, cuando el Gobierno resolvió postergar el tratamiento del Presupuesto 2025. Y finalmente todas las prevenciones se confirmaron a las 12.31, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, consideró caída la sesión, dando inicio al debate en minoría. Antes de las 12.30, la diputada Silvana Giudici le pidió al presidente del Cuerpo una prórroga, pero éste la rechazó, aclarando que esa presidencia había tomado por conducta ceñirse al reglamento y esa determinación alcanzaba a todos. Así, cuando se cumplieron los 30 minutos de espera, se dio por caída la sesión.

La sesión tenía como objetivo, además de Ficha Limpia, debatir el proyecto de reiterancia y reincidencia, como así también una iniciativa que garantiza el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior.

Convocada para las 12 hubo una extensa reunión previa de Labor Parlamentaria, en la que se habían pactado homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento. Pero todo dependía de reunir los 129 diputados indispensables para arrancar, y se llegaba a la sesión solo con la garantía de contar con los diputados del Pro, LLA, la UCR y otras bancadas menores. Con ellos no era suficiente. Igual, estuvieron cerca: al final, participaron los bloques Encuentro Federal (con algunas bajas) y Democracia para Todos, que habían sido puestos en duda el día anterior. Caída la sesión, se dio inicio a la reunión en minoría, en la que los legisladores insistirán en pedir una sesión la semana próxima y dieron por seguro que la próxima semana sí conseguirán quórum.

Impulsora desde hace años de la implementación de la Ficha Limpia, Silvia Lospennato fue la primera oradora de esta sesión en minoría. Y arrancó diciendo que iniciaba esa sesión “con tristeza por no haber llegado al quórum,  pero también con una alegría que quiero compartir con los argentinos”, expresó, en referencia a que esa sesión ponía a prueba ver quiénes se sentaban en sus bancas.

Señaló en ese sentido que muchos decían que “excompañeros míos en el recinto, que habían firmado conmigo estos proyectos, en Juntos por el Cambio, no iban a venir… Eso no ha sucedido”, resaltó Lospennato.

“Después se preguntan por qué el Congreso tiene mala imagen; siempre ranckeamos abajo en la confianza pública… Tienen que mirar alrededor, vean este recinto semivacío y ahí tienen las respuestas”, agregó Lospennato, que expresó su deseo porque el presidente incluya Ficha Limpia en extraordinarias, si las convoca. Y advirtió: “Después de muchos años, cuando los jueces se acuerdan y hay una condena, ¿qué busca el condenado? Fueros… El año que viene probablemente tengamos uno o más condenados por corrupción sentados en estas bancas para tener fueros. Entonces tenemos que aprobar esta ley de ficha limpia”, que planteó como “la garantía de que no queremos corruptos sentados entre nosotros, que los latrocidas vayan presos, que devuelvan cada peso que se robaron –y vamos a volver en marzo con extinción de dominio”.

Y cerró: “Queremos que este Congreso vuelva a ser honorable y no la cueva de fueros para los ladrones a la patria”.

A continuación, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz expresó su convicción de que la semana que viene “lo vamos a resolver”, en referencia al quórum. “Así que tomemos eso como un intermedio en esa batalla que vienen dando muchos hace muchos años”.

Describió lo que veía a su alrededor como “la confirmación de ese principio de revelación del que habla nuestro presidente. Hoy se puede ver bien claro quiénes son los que quieren que los corruptos sigan teniendo protección de fueros, y solo los ciudadanos probos y honestos puedan obtenerlos”.

Mayoraz consideró que “todos los argumentos que se dieron durante el debate son insostenibles, quizás por eso no están sentados dando el debate, porque no pueden fundarlos”. A su juicio, “este proyecto de ley no viene más que a reglamentar el texto de la Constitución: darle letra efectiva al artículo 16, que habla de la idoneidad necesaria para los cargos públicos”.

A su turno, la radical Karina Banfi destacó que “vemos con claridad quiénes estamos a favor de la transparencia y la honestidad de los servidores públicos y quiénes no”. Advirtió que “no queremos ni coimeros, ni ladrones, ni lavadores de guita, ni prestanombres compitiendo de igual a igual en las listas con gente honesta. Estamos construyendo con los otros bloques”.

“Lo vamos a lograr la semana que viene. Es increíble que hayamos naturalizado la posibilidad de convivir con gente que roba la plata de los argentinos. Que tengamos que convivir con gente con causas penales y además tienen sentencia de condenados. La ficha limpia es la respuesta  a este hartazgo, donde hay una demanda de la sociedad que tenemos que cubrir”, sintetizó.

A su turno el oficialista jujeño Manuel Quintar señaló que la ficha limpia “es un pedido social” y explicó que buscaban incorporar al régimen electoral, puntualmente el artículo 33, al “cohecho, al tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito como condición de no estar condenado para ser candidato”.

Así, apuntó contra UP que “tenía un dictamen propio donde hablaban de estos temas que querían discutir”. “Me llamó la atención la pantomima que hizo el bloque porque teniendo 99 diputados y un dictamen de minoría y que no haya bajado ni uno, no sé qué habrá pasado. Quizás hubo un hecho de corrupción condenado confirmado recientemente con un doble conforme que hizo que no tengan la cara para venir a discutir”, disparó en referencia a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.

Quintar comparó: “¿Por qué un taxista para trabajar tiene que presentar una planilla prontuariales y no tener antecedentes? ¿Por qué razón está mal malversar caudales públicos, pero no estaría mal ser un candidato abusador? ¿Por qué es condición de no ser candidato ser coimero, pero si se puede ser ladrón y candidato?”.

Las razones del enojo de quienes optaron por no sentarse en sus bancas deben buscarse en el fracaso del tratamiento del Presupuesto en el día previo, cuando el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, se presentó en Pasos Perdidos para aclarar que, si bien el Gobierno tiene “voluntad” de “seguir trabajando” para lograr consensos y contar con un Presupuesto nuevo para el año que viene, como “todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, el tratamiento quedaba suspendido. Fundamentalmente los gobernadores son los que mostraron su enojo y encontraron en la sesión pedida para este miércoles una manera de hacerlo saber.

En su intervención, la santacruceña radical Roxana Reyes destacó la labor que se llevó a cabo por impulsar ficha limpia y apuntó contra los bloques ausentes que “son las bancas que bancan a la corrupción”. “Podemos tener muchísimas diferencias políticas, incluso dentro de cada bloque, pero no se puede tener diferencia en permitir que los corruptos, los que han sido condenados en primera instancia, se postulen a ser candidatos. Hay que proteger el derecho de los ciudadanos inocentes, nosotros tenemos que dar la garantía de que los corruptos no puedan volver a ocupar cargos públicos. Es una deuda con la sociedad”, expresó.

La radical manifestó que “alguien que está condenado en doble instancia les ha robado a los argentinos. ¿Cuál es la razón para tener esta diferencia que los que nos robaron no pueden venir a sentarse a la banca?”, y desafió a los bloques: “Que vengan a dar explicaciones porque la ciudadanía los eligió para que los representen, no para que defiendan corruptos”.

Brevemente, el presidente de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, enfatizó que “el comportamiento de nuestro bloque ha sido examinado bioquímicamente en estos diez meses”, y cargó contra las “notables ausencias”: “Hubo 3 del Pro, 2 de La Libertad Avanza y 2 diputadas del peronismo de Córdoba”. Asimismo, cargó contra la autoridad del Cuerpo: “Nunca lo ví con tanto apuro al presidente de la Cámara”, con relación a la caída de la sesión.

En representación de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, titular del bloque, auguró que ficha limpia tendrá media sanción: “Si no es la semana que viene, será más adelante”, pero planteó cuestionamientos contra el sistema electoral en general: “Nuestro Código Electoral lo prevé (candidatos con condenas), pero lo prevé con la trampa de la última instancia y algunos políticos poderosos tienen la posibilidad de transitar la condena en libertad”.

En rigor de ficha limpia, añadió que “el remedio que se intenta es de mínima”, y arremetió contra Cristina Kirchner: “Hablan de lawfare, pero ella está soslayando que tuvo todas las garantías penales a favor que no tienen los criminales comunes”. “En medio del proceso pudo ser candidata a presidenta, senadora, vicepresidenta y todo indica que va a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires”, se anticipó.

Para culminar su intervención, señaló que “necesitamos otro tipo de justicia”, y reiteró: “Necesitamos auditorías sobre la justicia ni pactos de impunidad, ni que Ariel Lijo sea juez de la Corte y que se convoque a sesiones extraordinarias para que se apruebe el presupuesto y ficha limpia”.

Al cabo de una jornada intensa y con clima enrarecido en Diputados, consecuencia del anuncio oficial de suspender el debate del proyecto de Presupuesto 2025, estaba muy en duda la posibilidad de llevar adelante este miércoles la sesión pedida la semana pasada para tratar un tema muy esperado por muchos, como es el de Ficha Limpia.

En rigor, el pedido fue hecho por del Pro y La Libertad Avanza como Cristian Ritondo, Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Nicolás Mayoraz, entre otros. Y además de Ficha Limpia, el temario incluye el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, como así también el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que viven en el exterior.

Si bien se llegó a este martes con muchas dudas respecto de la posibilidad de firmar el dictamen para la ley de leyes, no dejó de causar sorpresa que la reunión fuera directamente desactivada, y el anuncio de José Luis Espert abriendo la posibilidad de un llamado a extraordinarias para tratar la ley de leyes, habida cuenta de que ya no podrá ser tratado en este período ordinario.

Recordemos que este miércoles vencen los tiempos para dictaminar en las comisiones, y como eso no ha sucedido con el Presupuesto, solo resta la posibilidad de que el Gobierno convoque a extraordinarias.

El mayor enojo corre por cuenta de los gobernadores, sorprendidos este martes con la suspensión del debate. Por eso los diputados relacionados con mandatarios provinciales fueron los primeros en expresar su enojo y anticipar que no tenían disposición a dar quórum este miércoles. Para ellos, la prioridad es el Presupuesto.

Alineados con los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, los diputados de Innovación Federal dejaron claro que no darán quórum para esta sesión.

Los de Encuentro Federal resolverán este miércoles por la mañana, pero trascendió que solo bajaría Margarita Stolbizer, quien ha militado desde siempre el proyecto de Ficha Limpia. Los radicales de Democracia para Siempre sí estaban dispuestos a bajar, pero por la tarde trascendió que habían decidido que no lo harían, a pesar de que uno de sus miembros, Fernando Carbajal, es autor de uno de los dictámenes. Tendrían decidido que sean los del Pro y La Libertad Avanza los que se ocupen de conseguir el quórum.

Sin Innovación Federal ni los de Encuentro Federal, no llegarían al quórum; aun si estuvieran los de Democracia para Siempre, quienes como hemos dicho están muy en duda. Así que todos los caminos parecerían conducir a una sesión frustrada.

Una señal que confirma estas prevenciones la dio al caer la noche el bloque del Pro, con un comunicado en el que anticiparon que ellos estarán este miércoles en sus bancas y esperan “que el resto de los bloques también lo hagan”.

“Esta es una iniciativa que venimos impulsando hace años en conjunto con la sociedad civil, y estamos ante una oportunidad histórica de hacerlo. No dar quórum es darle la espalda a la sociedad. Quienes no ocupen sus bancas estarán jugando a favor de los corruptos”, advirtieron.

Recordaron los diputados del Pro que en la misma sesión incluyeron la modificación del Código Penal sobre la reiterancia, “para que los delincuentes no salgan por la puerta giratoria con la que muchas veces son beneficiados”, y prevén tratar el proyecto para facilitar el derecho al voto de los argentinos en el exterior.

Lo cierto es que tampoco tiene buenas chances una eventual sesión el jueves, en este caso la pedida por la oposición para debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, y el decreto 846 sobre el canje de deuda. De hecho, los diputados que la habían pedido para la semana pasada no la ratificaron, aunque hay que decir que el martes pasado habían solicitado una “prórroga” para este jueves. Por cuestiones reglamentarias, eso quedó en duda: Martín Menem dio por caída la sesión del martes de la semana pasada, así que no podría hablarse de “prórroga”…

Como sea, es difícil que esta eventual sesión se haga, pues los gobernadores mantienen su postura de privilegiar el tratamiento del Presupuesto, y prefieren que eso siga siendo un elemento de presión al Gobierno… aunque el Gobierno no se sienta demasiado aludido.

En caso de rechazar la oposición el DNU 846/24, el Gobierno necesitaría contar con el proyecto de presupuesto que mandó al Congreso, uno de cuyos artículos incluye las facultades que ese decreto de necesidad y urgencia le brinda. Cierto es que si la oposición rechazara ese decreto la semana que viene, no tendría tiempo para tratarlo en el Senado; pero tampoco hay chances de que la Cámara alta se reúna para hacerlo, así el rechazo fuera consumado esta semana.

Con una composición distinta por la reciente ruptura del bloque radical, provocada tras el cisma en el bloque radical, que terminó fortaleciendo a la oposición más dura, la Cámara baja volverá a abrir las puertas del recinto este martes. Allí, ese renovado espacio opositor frente al Gobierno de Javier Milei se encontrará con el desafío de conseguir -o no- su primer éxito legislativo.

El primer objetivo que se proponen alcanzar será conseguir el quórum para la sesión que pidieron la semana pasada. Si eso se logra, está claro para propios y extraños que el resto será cuestión de esperar que transcurra la sesión, pues el triunfo estaría prácticamente garantizado.

La sesión pedida por miembros de los bloques Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Por Santa Cruz, es para debatir la reforma de la Ley 26.122 que en 2006 reglamentó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, como así también se debatirá el DNU 846/24 referido a los canjes de deuda.

El Gobierno se enfrascó los últimos días a la intensa tarea de tratar de desactivar la sesión, sobre todo presionando sobre los gobernadores. No es fácil y lo saben, pues existe un número importante de legisladores dispuestos a ir a fondo para asestarle una doble derrota al Gobierno este martes. Desde el oficialismo hicieron saber que esta sesión “atenta” contra la solidez financiera del Gobierno, como así también conspira contra todo lo conversado  hasta ahora entre el oficialismo y los gobernadores sobre el presupuesto.

Muchos dan por descontado que una eventual derrota de La Libertad Avanza este martes, condenaría al fracaso al proyecto de presupuesto 2025, cuyo tratamiento en comisión se encuentra interrumpido desde hace dos semanas.

Si bien se había especulado con un endurecimiento del principal aliado del oficialismo, el Pro, este lunes por la tarde se acordó en el partido amarillo no dar quórum para esta sesión, con la premisa de “no poner en riesgo la gobernabilidad”. “No vamos a votar con el kirchnerismo”, se remarcó y la postura establecida en la reunión de la que participaron Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador chubutense Ignacio Torres; el jefe de bancada de Diputados, Cristian Ritondo, y sus pares Diego Santilli y María Eugenia Vidal; y los intendente de Vicente López, Soledad Martínez, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Esa postura fue reconfirmada en la reunión posterior del bloque, que tuvo lugar a partir de las 19.

Otro bloque que tomó una decisión este lunes fue el radical, que conduce Rodrigo de Loredo. En el marco de un encuentro por Zoom al que no fueron invitados los cinco radicales más cercanos al Gobierno, por haber malestar en el resto del bloque porque aquellos adelantaron públicamente su posición sin esperar a una resolución del bloque, se informó que los gobernadores sostienen que el presupuesto es el tema central y no quieren que nada enturbie ese debate.

Por eso decidieron no dar quórum y, si arranca la sesión, no votarán con el resto de la oposición, dado que ha primado en ese espacio la idea de “no someter al Gobierno recientemente elegido a estándares no impuestos” a gobiernos como el de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Con todo, habría al menos una postura divergente, que es la de Julio Cobos, quien el fin de semana sostuvo que “este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner”.

Las presiones del Gobierno alcanzaron también al bloque Unión por la Patria, a sabiendas de que con los que pudieran conseguir entre los ex Juntos por el Cambio no alcanzan. El éxito o no de estas negociaciones se conocerá promediando la tarde.

De cara a la trascendental sesión especial convocada por parte de la oposición para este martes a partir de las 15, los bloques han ido definiendo en las últimas horas cuál será la postura que adoptarán en el recinto, donde si se alanza el quórum, se va a debatir la reforma a la Ley 26.122, que reglamenta los DNU, y el decreto de necesidad y urgencia 846/24, de canje de deuda.

Horas después de que el Pro resolviera su postura en una reunión que mantuvieron con su presidente, Mauricio Macri, y otras encumbradas figuras del partido, el bloque radical mantuvo su propia reunión, al caer la tarde. En rigor, fue una reunión virtual, ya que a raíz del asueto en el Congreso con motivo de celebrarse este lunes el Día del Empleado Legislativo, se resolvió que la reunión prevista se hiciera por Zoom.

Según pudo saber este medio, no fueron invitados los cinco diputados que quedaron alineados en las últimas sesiones con el Gobierno nacional, coloquialmente ya conocidos como los “peluca”, y quienes fueron el factor desencadenante de la ruptura del bloque UCR. La razón por la que no se los invitó es que habría “un gran malestar” con ellos por  haber anunciado de antemano públicamente su posición respecto de esta sesión, sin haberla conversado antes dentro del bloque radical.

En la reunión realizada este lunes, el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, informó que había hablado sobre esta sesión con los gobernadores de su partido. Estos señalaron que el Presupuesto 2025 es “lo central” y expresaron que no querían que nada enturbiara ahora ese proceso y las negociaciones en marcha.

Así las cosas, se resolvió que no darán quórum a la sesión prevista para las 15.

Según informaron fuentes consultadas del partido centenario, durante la reunión se escucharon muchas opiniones respecto de la Ley 26.122 y los dictámenes para modificarla. Recordemos que la propia Karina Banfi es autora de uno de los dictámenes que se llevarán este martes al recinto. También se habló del decreto 846, de canje de deuda. Y lo que primó fue la postura de no someter al Gobierno elegido hace menos de un año a “estándares no impuestos a Cristina Kirchner, o al propio Mauricio Macri”.

De tal manera, se estableció que las reglas de juego deben cambiar hacia adelante, no ahora. “Adelante”, debería ser tomado como después de las elecciones de 2025, cuando el oficialismo pueda fortalecer, en caso de irle bien en las elecciones, su presencia parlamentaria.

Con todo, la postura no es unánime, ya que el mendocino Julio Cobos insistió en mantener su postura revelada el fin de semana respecto de la necesidad de cambiar la ley que rige los DNU.

Debió multiplicarse Martín Menem el fin de semana, pues más allá de la actividad partidaria que siguió cumpliendo junto a Karina Milei, recorriendo provincias donde van extendiendo a La Libertad Avanza (fue el turno de Chaco, Corrientes y Formosa), el presidente de la Cámara baja gastó el teléfono trabajando para tratar de desactivar la sesión pedida por la oposición para este martes. No es nada fácil.

Atento a las dificultades de conseguir semejante objetivo, que dependerá de la capacidad de influencia que puedan tener los gobernadores con los diputados que les respondan, el jefe de Diputados cumple con el relato que el oficialismo contrapone contra la intentona opositora. Fundamentalmente con la modificación de la ley que reglamentó en 2006 la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Así, Menem sostuvo este fin de semana que “la Ley 26.122 que ‘repentinamente’ quieren modificar, TIENE CASI 19 AÑOS DE VIGENCIA. Quienes promueven esto SE VALIERON de la misma cuando fueron gobierno. Solamente QUIEREN COMPLICAR al actual GOBIERNO  Priorizan sus intereses y SE OLVIDAN UNA VEZ MAS DE LA GENTE”.

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Los convocantes para la sesión de este martes son 18 diputados que corresponden a cuatro bloques que, sumando sus miembros, dan justo 129. A saber: Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12), Unión por la Patria (99) y Por Santa Cruz (2).

A ellos, podrían sumarse sin dudas a los 5 de la izquierda (Vanina Biasi viene reclamando incluir en el temario al megadecreto 70/23) y muy probablemente a la Coalición Cívica (6).

Pero nada es tan lineal y menos en política. Los bloques tienen vida interna propia y eso implica que más de uno podría no estar de acuerdo con sumarse a la sesión. Convengamos, de paso, que solo darán quórum aquellos diputados que están interesados en que ambas propuestas del temario sean aprobadas, lo cual implica que, si la sesión arranca, la derrota del Gobierno estará asegurada.

De ahí que quienes se ocupan de hacer el poroteo parten de ese número inicial mencionado (129) para restar aquellos que puedan hacer bajar. Partiendo de los que respondan a los gobernadores. De los 16 de Encuentro Federal, el oficialismo podría esperar un gesto de al menos 3 de los 5 cordobeses. No incluyen a Natalia de la Sota, que suele votar siempre en contra del Gobierno, aunque esta vez llamó la atención que no estuviera entre los firmantes de la convocatoria. Tampoco a Juan Brügge, que sí firmó el pedido de sesión.

También aspiran a la eventual ausencia de Jorge Ávila y Francisco Morchio, alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente.

Le llamó la atención al ofiicalismo que tampoco firmara la convocatoria el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, pero el Gobierno no se ilusiona con él, a quien tanto viene fustigando sobre todo el presidente.

De la docena que compone el bloque de radicales disidentes, Democracia para Siempre, no se esperan deserciones, más allá de que la radical Melina Giorgi esté alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro. También Jorge Rizzotti está con su gobernador Carlos Sadir (Jujuy), quien ya cumpliría restándole al quórum a Natalia Sarapura, que sigue en el bloque UCR. El otro diputado con gobernador es el chaqueño Juan Carlos Polini, que justamente estuvo enfrentado con el gobernador Leandro Zdero en las primarias del año pasado, pero se alineó con su vencedor, quien además preside el partido a nivel provincial.

El santacruceño Sergio Acevedo firmó el pedido de sesión, no así su compañero de bloque, José Luis Garrido. No sería la primera vez que ambos integrantes del bloque Por Santa Cruz se diferencian a la hora de votar.

Del bloque Unión por la Patria, aquellos diputados que están bajo la lupa son los catamarqueños. De los 4 que integran el bloque de la principal oposición, 3 son los que se han diferenciado en ocasiones del resto del bloque: Fernanda Ávila (la única integrante de UP que estuvo la semana pasada en Estados Unidos), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Curiosamente (o no) Silvana Ginocchio se mantiene alineada con el resto del bloque que conduce Germán Martínez.

A priori, no hay mucho más para el Gobierno entre lo que pueda confiar. Serían 8 bajas que podría asegurar, aunque no alcanzarían para voltear la sesión. Porque como hemos dicho, a los 129 de los bloques convocantes habría que sumar a los 5 de la izquierda y a algún radical (especulando con que ese bloque decida no sumarse este martes), como Julio Cobos, que el fin de semana ya anunció su voto a favor de la reforma de la Ley 26.122. También al monobloquista Mario Barletta. Y por lo menos a algunos de la Coalición Cívica, que si bien no se sumaron a la convocatoria opositora, cuentan por ejemplo con la anuencia de Maximiliano Ferraro, que defendió esa modificación de la ley de los DNU el fin de semana.

A la hora de votar, también podrían sumarse desde el Pro Alvaro González y Héctor Baldassi.

Una alternativa que también podría llegar a darse en la sesión de este martes sería “la vía salomónica”. Esto es, la media sanción de la reforma de la ley de los DNU, cuya aprobación definitiva en el Senado quedaría para el año que viene y el presidente vetaría en ese caso, y el “no rechazo” del decreto 846/24, de canje de deuda.

Ese último punto es el que más preocupa al Gobierno, como ya lo anticiparon, y es allí donde podría llegar a diferenciarse el número de diputados suficientes como para que esa herramienta clave para el ministro de Economía el año que viene, con tantos vencimientos de deuda, quedara a resguardo. El argumento que pondría a muchos a resguardo sería el de que la inclusión del decreto 846 en el temario fue una imposición del kirchnerismo.

El organigrama que el oficialismo había difundido de manera informal en los últimos días se modificó sustancialmente conforme se aproximaban las fechas previstas en el mismo. Lo que se esperaba era un esquema organizado en el que se contemplaban cuentas pendientes propias para el oficialismo y para con sus aliados más fieles -una y una al menos-, más el tradicional tratamiento del proyecto del presupuesto, cambió súbitamente.

Puede que esa alteración haya estado motivada en la arremetida final en el recinto de Diputados (por tratarse de fin de año y quedar solo tres semanas para el final del período ordinario), pero las señales muestran atisbos de una actitud deliberada en el sentido que parece estar siendo trazado por el oficialismo.

Digamos todo: el oficialismo ya tiene todo lo que deseaba para este primer año legislativo, que le debería dejar un gusto dulce, más allá de algún claroscuro. En materia de leyes, no podía pedir más con una composición tan escueta en ambas cámaras. Pero hasta en materia de promesas electorales debe darse por cumplido: cuenta con la Ley de Bases, más chica que la propuesta original, pero suficiente; y ha logrado resistir los débiles embates contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que incluye innumerables modificaciones y es la génesis argumental para el embate contra la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. Con eso puede darse más que por hecho en 2024, y si lo apuran, también para 2025.

En diálogos privados, las fuentes oficiales aclaran que las dos premisas que llevaron a La Libertad Avanza hasta el poder eran bajar la inflación y más seguridad, y eso lo dan por logrado. No hubo promesas electorales de orden legislativo, al menos de primera generación, y en la materia hicieron lo que podían hacer y más.

En el debe, ponen sí el no haber podido completar la composición de la Corte Suprema, pero quienes escuchan a esos voceros legislativos intuyen que esa sigue siendo una materia pendiente, mas no abandonada.

Llama la atención que en este análisis parcial no entre la aprobación del Presupuesto 2025, cuando el propio presidente Milei pareció darle preponderancia al ocuparse personalmente de presentarlo en el Congreso. Visto a la distancia, hoy esa puesta en escena no parece haber sido más que eso. Contrariando todas las tradiciones -a estas alturas, un clásico libertario-, poniendo al presidente en un lugar que debió haber ocupado el ministro de Economía, sin la obligación de recibir preguntas, y a este último exceptuándolo del trámite de ir a la comisión respectiva.

Llamó la atención que el oficialismo se tomara su tiempo para dar inicio al tratamiento del proyecto. Después de la presentación, se anticipó que dejarían libre la segunda mitad del mes, para arrancar recién con el debate en octubre. Llegado el mismo, se salteó la primera semana, dedicándola al inicio de otro debate coyuntural, el de la privatización de Aerolíneas.

También sonó extraño que en ese cronograma se hablara de reuniones semanales de la Comisión de Presupuesto, dejando casi sin tiempo el debate puntual entre los legisladores. El desfile de funcionarios fue en definitiva escueto, con eclécticos informes de funcionarios que salvo la presentación inicial de Carlos Guberman y Pablo Quirno, desviaron el eje de la discusión hacia orillas diversas.

Mientras tanto, se desarrollaban en otras oficinas diálogos con legisladores de aquellas bancadas que deberían brindar los votos para la aprobación del proyecto, siguiendo el esquema desarrollado en la etapa exitosa del debate de la Ley de Bases. Pero con diferencias: ni fue con todos, ni fue continuo, ni pareció productivo. Tampoco pareció cumplir su objetivo el “debate en espejo” prometido con senadores. Salvo la presencia de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche en esas charlas privadas, y la aislada de algunos senadores interesados en las escasas reuniones de Presupuesto y Hacienda realizadas, no da la sensación de que cuando el proyecto llegue a la Cámara alta no despierte el interés modificatorio de un número importante de senadores, como sucedió con Bases.

Claro que para que eso suceda, antes debería haber una media sanción. Y a esta altura eso está en veremos.

Van dos semanas sin que la comisión que preside José Luis Espert se reúna. Y para la próxima, el tema sigue sin aparecer en la agenda. Esas ausencias abonan las dudas que crecen, de la mano de los dichos de voceros principalísimos del Gobierno que soslayan la importancia de contar con el presupuesto y dan crédito a la creciente sospecha de que, por primera vez en la historia, una administración prorrogará dos veces seguidas el último texto aprobado.

Llaman la atención también las suspensiones. Primero, la de una conferencia de prensa convocada sorpresivamente para el 30 de octubre para hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025. La suspensión se anunció diez minutos antes de las 17.30, hora prevista para la reunión. Se supo que el levantamiento obedeció al rechazo de los diputados del Pro, al enterarse de que allí se anunciaría la disposición a redireccionar hacia la educación, partidas provenientes de los fondos destinados a los partidos políticos. Una medida inconsulta, dejaron trascender legisladores aliados. La conferencia de prensa no fue reprogramada.

La semana pasada, también sorpresivamente para unos días en los que se había anticipado que no habría encuentros relevantes por estar buena parte de los legisladores en Estados Unidos, se anunció la reanudación del tratamiento del presupuesto, con la presencia del ministro de Salud. Un día antes, también se suspendió, por problemas de agenda. Sonó inquietante que al anunciarse el impasse, se hablara de “suspensión hasta nuevo aviso”.

Tampoco volvió a reunirse la “mesa de los lunes”, que junta a diputados del Pro y el MID con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La última vez que se hizo ese cónclave estuvieron también los radicales... E inmediatamente después vino la ruptura de ese bloque.

Todo el mundo sabía que la oposición buscaría convocar a debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, que para eso se apuró su dictamen. Para respetar acuerdos, no se intentaría hacerlo la semana que pasó, pero sí lo intentarían para la que viene. Y era de manual que no lo harían en el marco de la reunión formal que se esperaba pidiera el oficialismo para el miércoles 13, sino en una sesión especial que solo requiriera conseguir el quórum.

Sí sorprendió que al conocerse el temario del pedido hecho para este martes 12, se incluyera el tratamiento del decreto 846, sobre canje de deuda. Se sabía que ese objetivo estaba en la mira de los senadores de Unión por la Patria, pero finalmente lo impusieron sus diputados. El oficialismo acusó el impacto y, mientras se abocaba a tratar de desactivar esa reunión, dejó de lado la sesión que informalmente había programado para este miércoles. Podrá decirse que lo hizo ante la certeza de que no tendría los votos para aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas, tema insignia para esa sesión. Pero lo que queda claro es que prefiere mantener las puertas del recinto cerradas, pues tampoco convoca para tratar “ficha limpia”, un tema acordado fundamentalmente con sus socios del Pro. Proyecto que, por otra parte, fue dejado de lado en la sesión del 2 de octubre pasado, que se limitó a ley antimafias y Boleta Única de Papel.

En privado, fuentes oficiales admiten que no los desvela aprobar “ficha limpia”, que eso no estaba en sus propuestas electorales, como así tampoco la Boleta Única, y así y todo la aprobaron. Habrá que ver cómo reaccionan sus aliados del Pro ante el desaire, pues les queda claro que el oficialismo prefiere congelar un proyecto que de ser ley dejaría fuera de carrera a Cristina Kirchner, quien esta semana se espera sea condenada en segunda instancia, quedando así inhibida para ser candidata en caso de transformarse en ley el dictamen aprobado en Diputados.

Ya estaba claro que ese proyecto no regiría para las próximas elecciones, pues con la demora ¿deliberada? en Diputados, los tiempos ya no daban para la aprobación en el Senado. Y tratándose de un proyecto de orden electoral, no debería ser tratado el año que viene, de elecciones. Todos saben que si se tratara de un proyecto de interés del oficialismo, podría ser incluido en un temario acotado de extraordinarias. Eso no sucederá.

El presupuesto también podría tratarse en extraordinarias, de ahí que no debiera haber tantas dudas… pero ya el Gobierno se ocupó de decir y reiterar que no las convocará. Y no hay porqué dudar de semejante insistencia.

Se esperaba que esta semana se diera esa última sesión en Diputados para tratar otros temas, dictaminar el presupuesto y llevarlo al recinto esta semana. Y en una prórroga de ordinarias, hacer un debate exprés en el Senado.

Pero ya esta semana no se vislumbra la reanudación del debate del presupuesto en comisión, más aún si la oposición le asesta una derrota al oficialismo este martes de una semana ya poblada de reuniones de comisión, encima corta por el asueto del Día del Trabajador Legislativo, este lunes.

En una semana que lo tuvo como protagonista, al quedar designado ante la bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social y del GPA con Brasil, el diputado misionero Martín Arjol, uno de los radicales aliados al Gobierno, anticipó el voto en contra de la reforma de la Ley de DNU.

La postura fue comunicada a través de un extenso posteo en su cuenta de “X” tras el pedido de sesión especial para el próximo martes que presentó el bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, del cual se firmaron un dictamen de mayoría de UP, DpS y EF, y otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Arjol adelantó que junto con los “radicales peluca” Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, sumado a Francisco Monti, van a “rechazar el dictamen del kirchnerismo”, y explicó que su posición tiene tres ejes: “Equilibrio fiscal, dejar gobernar y respeto por las instituciones”.

En ese sentido, remarcó: “Esta posición nos ha traído conflictos internos; es lo que menos nos importa”. Se refiere al pedido de expulsión del bloque que hubo luego de que votaran en contra de la ley de financiamiento universitario y tras la foto en Casa Rosada lo que conllevó a la ruptura de la UCR tras la salida de una docena de diputados que conformaron el espacio Democracia para Siempre bajo la conducción de Pablo Juliano.

“El Gobierno de Milei ha enfrentado dos intentos de desestabilización financiera: jubilados y universidades”, recordó y advirtió que “se viene un tercer intento de desestabilización institucional, esta vez: los DNU.

El diputado misionero aclaró. “No somos libertarios. Somos radicales que quieren que a este Gobierno le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien. Dar gobernabilidad a Milei para que lleve adelante su plan económico es el objetivo”.

Así, destacó: “Tenemos el riesgo país más bajo en seis años. Tenemos el dólar a $ 1.200. En diciembre del año pasado la inflación estaba en 25,5%; hoy quizás perfore el 3 %. No retrocedamos”, y ratificó su postura: “Por eso, nosotros bancamos el discurso de equilibrio fiscal”.

Arjol explicó que para que un DNU sea rechazado se requiere que las dos cámaras se expidan y apuntó: “Los K pretenden que baste con el rechazo de una sola Cámara y que pierda vigencia si no es ratificado en un plazo de 90 días”, lo que calificó como “una locura inconstitucional”.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta). Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

“Coincidimos en que debemos limitar esta herramienta”, consideró, pero resaltó que “el DNU está previsto en la Constitución; le permite a un jefe de Estado legislar en circunstancias excepcionales”.

Arjol señaló que “la Argentina era un tren bala camino a la hiperinflación. Y ningún presidente en la historia de este país tuvo tanta debilidad parlamentaria como Milei”. En esa línea, comparó que “Néstor Kirchner gobernó con 236 DNU. Alberto Fernández con 177. Cristina Fernández con 78. Milei lleva cinco”, aunque en realidad lleva firmados más de 40 decretos de ese tipo.

“El kirchnerismo, que hizo del Congreso una escribanía, ahora es republicano. Agarran un tema noble (otra vez) para voltear al Gobierno”, denunció y retomó las palabras de su par Francisco Monti: “Gran parte del arco político argentino ha bregado durante 30 años por la continuidad de los DNU. Ahora abrazan otra biblioteca jurídica”.

“Así de simple vamos apoyamos a la Argentina. Y queremos que no vuelva el kirchnerismo. Que No Vuelva Mas”, cerró su posteo en redes que acompañó con la foto de los cinco radicales rebeldes que se sacaron en Casa Rosada ocasionando la posterior ruptura del bloque.

El jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo, ratificó el respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra el Gobierno porque “estiran, patean, dilatan y han agravado la crisis Universitaria”, al tiempo que señaló que “es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal”.

En la sesión de este miércoles, el radical planteó: “Si el problema es la baja tasa de egresados que tienen nuestras universidades que son 28 cada 100 alumnos, cuando en Brasil tenés 46, en Chile tenés 69, no estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta tendiente a determinar si en algunas facultades o universidades debiéramos de tener más rigurosos exámenes de inscripción”.

“No estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta que resuelva este flagelo que tenemos en la educación secundaria, en donde el 50% de nuestros egresados no terminan de comprender lo que leen y, finalmente, las trayectorias truncas en las universidades terminan dándole a esos estudiantes las herramientas que el secundario no dio”, apuntó.

Así, sumó: “Si lo que verdaderamente estuviera en discusión fuese la transparencia, el uso de los fondos del conglomerado universitario argentino y consideraran que es insuficiente la rendición de cuentas, por cierto, tardía de la Auditoría General de la Nación, estarían sobre nuestras bancas alguna propuesta para mejorar controles y auditorías de desempeño con metas”.

De Loredo señaló que, de esa manera, “habrían de haber integrado la Bicameral de Rendición de cuentas, habría cuanto menos conformado la AGN si, en definitiva, se trata de poner en discusión este valor tan sagrado que tenemos que la autonomía universitaria”.

“Si el problema es el financiamiento o la supuesta gratuidad, estaríamos discutiendo si habría que cambiar el criterio de las becas para la universidad o animarse a discutir si los graduados pudieran aportar con parte del Impuesto a las Ganancias y devolver en parte lo que le ofreció una universidad pública”, expresó.

En esa línea, siguió: “Sí lo que está en discusión son los objetivos científicos y de investigación, porque debieran de priorizarse aquellos que potencien la actividad económica social y no destinarse recursos económicos o humanos a investigar telenovelas o cine militante, habría alguna propuesta al respecto”. “Si lo que estuviesen discusión son aquellas universidades creadas al calor de la política, estaríamos analizando cuál de aquellas verdaderamente se vinculan con el apalancamiento productivo de la región de la que se trate y cuáles no”, propuso.

“Si estuviésemos discutiendo actualizar los contenidos universitarios, habría una propuesta de ustedes que proponga reducir las carreras, certificar conocimientos vincularlas con el mundo del trabajo. Si estuviésemos discutiendo equilibrar la oferta con los extranjeros, estaríamos cuanto menos discutiendo sea reciprocidad”, agregó.

En tanto, De Loredo apuntó: “Pero no hay sobre nuestras bancas una sola propuesta vinculada a ninguna de las reformas que, seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas, para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado y estaríamos discutiendo”.

“Lo único que estamos discutiendo es un ajuste. Estamos discutiendo eventualmente el tamaño del ajuste. Un ajuste que este bloque ha demostrado entender que es necesario en la Argentina para estabilizar la economía, pero nos embarga la pregunta de por qué han escogido arteramente que el ajuste sea para con el conglomerado de la universidad argentina de un 20% superior que el promedio del ajuste al resto del sector público. Si el resto del sector público perdió en un 50% con la inflación, por qué es que la comunidad universitaria Argentina perdió un 68% casi 20 puntos más”, criticó.

El radical alertó que “esconde esta decisión de financiamiento, una voluntad política que me gustaría que la pongan sobre la mesa de entender, que no quieren sostener un sistema público universal y gratuito. No lo sé si en el fondo es lo que quieren. Lo que sí sé, es que la serie de argumentos de reformas que necesitan las universidades no tiene una sola propuesta de ustedes”.

El cordobés recordó que hace 10 meses el bloque que “no pueden señalar de obstruccionista porque ha demostrado sobradas veces que está dispuesto a cooperar, viene bregando para que ustedes resuelvan este tema de la forma natural, por los canales normales por los cuales se tiene que resolver que es una paritaria con el sector docente, pero ustedes estiran patean dilatan y han agravado la crisis universitaria”.

“Es absolutamente falso que no hay una previsión de gasto para la propuesta esta porque claramente presupuestos que ustedes prorrogaron, en el artículo 130 exactamente prevé que el 1,33% del PBI tiene que estar dedicado al financiamiento educativo. Es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal porque el 0,14 que prevé la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale al 10% el superávit primario”, detalló.

De Loredo mostró preocupación por el “riesgo al que someten el prestigio de nuestras universidades con este discurso absolutamente lesivo por el uso político de estas agendas, de esta herramienta central. El desprestigio al que quiere someter esta herramienta por el uso político es algo que ya conocemos los argentinos”.

“El peligro en el que estamos es que, si triunfan unos, pareciera que se garantiza el estatus quo y nada tiene que cambiar en el sistema universitario argentino. Si triunfa el otro, vamos camino al desfinanciamiento de la sustitución de este modelo por un modelo excluyente y un modelo de Elite”, advirtió.

El jefe de la UCR señaló que las universidades son una “herramienta de acceso universal. Es una herramienta valiosísima para mezclarnos los argentinos, para aliviar nuestras fragmentaciones y dar una sustentabilidad social”.

“Me toca estar acá conduciendo un bloque en un momento de absoluta turbulencia política. En un momento de absoluta atomización y hemos usado hasta el último de los esfuerzos para llevar la totalidad de los votos. El bloque de la UCR va a insistir con esta ley de la cual fue autor y de esta ley que procura defender uno de los pilares, todavía en pie, que hace la movilidad social ascendente de la República Argentina”, cerró.

La Cámara de Diputados dio media sanción por 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención -de la diputada de UP Ana Aubone-, a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria.

La iniciativa, que ingresó en mayo pasado y ahora deberá tratarse en el Senado, plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.

A través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y las intervenciones de sus pares de bancada Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, desde la oposición propusieron incorporar el artículo 2 del dictamen de minoría.

El vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria, procedió leer la propuesta de redacción del mencionado artículo: "La entidad estatal deberá dictar normas para establecer normas del programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, agregando una campaña de difusión de los alcances de la ley", y agregó que “en caso de armas no registradas serán guardadas en los depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización”. En caso de no avanzar con el blanqueo de armas, “la agencia deberá dictar la destrucción de ese material”, explicó. Finalmente, Rodríguez Machado no dio lugar a la incorporación. La votación en particular de dicho artículo resultó con 125 votos afirmativos, 94 negativos y 13 abstenciones.

La palabra de los Diputados

En el rol de miembro informante, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), explicó el plan de regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas: “Tener un arma es legítimo hace 50 años en Argentina, pero para ser legitimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales”.

Como una de las problemáticas que este proyecto viene a resolver, señaló que “en pandemia no se pudieron renovar muchos registros de armas, el cual es cada cinco años”. En tal sentido, aclaró que “tenerla no registrada es incurrir en un delito”. Allí indicó que la propuesta trae “dos soluciones”.

En primer lugar, se refirió a una “entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y nombró a aquellas que no fueron renovadas o se usaron con fines de caza deportiva. En este caso, Rodríguez Machado auguró por la reducción de armas en la sociedad.

La segunda solución explicada por la diputada cordobesa fue por la regularización de armas no registradas, sin embargo, aclaró que “no estamos modificando la portación de armas porque es otra normativa”. “Estamos normalizando el legítimo usuario o autorizar que se entregue un arma”, amplió.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Legislación Legal, el rionegrino Martín Soria (UP), informó: “En argentina se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego. 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego.  Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”.

“Cada arma que se logra sacar de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”, destacó y recordó que el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego “sin vigencia desde el 31 de diciembre del año pasado”, fue creado a través de la Ley 26.216 en el año 2007 bajo la presidencia de Kirchner y “desde esa fecha fue renovado sucesivamente”.

Soria resaltó que su vigencia a lo largo de los últimos 15 años constituye “una política pública de desarme voluntario de todo el Estado Nacional y una política pionera debemos decirlo en nuestro continente”, tras lo que Argentina recibió una distinción por parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas.

El rionegrino criticó que durante la gestión de Mauricio Macri “no se destruyó ningún arma de fuego”, pero se recuperó durante 2021 y 2023 “destruyéndose más de 45.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones”. Así, celebró que el Gobierno haya “desechado” el texto original que envió en mayo al Congreso y “llegue a este recinto un nuevo texto que va en línea con los aportes y con la postura del bloque de Unión por la Patria, que fue proponiendo en el trabajo de comisiones y que se plasmó en muchos de los artículos que forman parte también del dictamen de mayoría”.

“Los estudios serios confirman que, a mayor cantidad de armas de fuego en una sociedad, mayor cantidad de muertes con arma de fuego considerando homicidios, suicidios y accidentes con ella”, planteó Soria y volvió a destacar que el oficialismo fomente el desarme de la sociedad civil y se informe de los peligros inherente a la tenencia de armas.

“Actualmente se estima que hay casi 800.000 armas en situaciones regular en la Argentina”, precisó y comentó que en ambos dictámenes se introdujo la obligatoriedad de iniciar el trámite de legítimo usuario de arma de fuego a todas las personas para que “se vayan acogiendo a la regularización de esa tenencia”. También destacó que se haya eliminado la creación de la figura del depositario legal que permitía que cualquier persona, sin siquiera ser legítimo usuario de un arma, pueda declararla. Además, ponderó que se quitó la intención de legalizar un mercado ilegal, la posibilidad r de que Ejecutivo pueda prorrogar el periodo de regularización de armas sin el consentimiento del Congreso Nacional.

El diputado de UP informó que en el año 2023 ANMAC realizó tres mil inspecciones a usuarios comerciales en la Argentina y se inhabilitaron aproximadamente más de 100 armerías en por incumplimientos y distintas infracciones que fueron detectadas por la autoridad de aplicación.

“No vamos a poder estar acompañando el dictamen de mayoría y por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Se centra básicamente en un punto muy importante y es la posibilidad de las regulaciones exprés que genera el dictamen de mayoría porque se permite que una persona sin autorización pueda tener armas en la Argentina. Al dictamen le falta el control y la fiscalización de la ANMAC porque el registro se puede hacer, según el proyecto del oficialismo, de forma digital sin control alguno”, argumentó y cerró: “Vamos estar votando en contra en general y vamos, seguramente, a acompañar algunos artículos que fueron producto del trabajo en comisiones y de nuestro bloque”.

A su vez, el tucumano Pablo Yeldin (UP) relacionó el tema con la concientización del suicidio y explicó que es “la segunda causa de muerte en chicos de 11 a 17 años”. También, remarcó: “Tenemos un presidente que dice que la liberación de armas es buena para alivianar los controles de las armas de fuego, pero vengo a poner en alerta este tema”.

Con relación a la problemática traída a debate, amplió que “en el último año en Argentina fueron 394 y la pandemia empeoró los suicidios”. “vengo a dejar escrito que si nosotros aumentamos la portación de armas, los suicidios van a ocurrir y está demostrado que facilitar armas de fuego, facilita el suicidio”, concluyó.

Por el oficialismo, el diputado Santiago Santurio destacó que el proyecto tiene una entrega voluntaria y una regularización excepcional de gente que tiene “armas de manera irregular, no estamos discutiendo la portación, no está en el debate”.

“Esto es algo que ya viene de años que la persona que tiene armas va de forma voluntaria y las entrega. Por otro lado, se busca regularizar las armas que están en tenencia de forma irregular que, según las cifras, son 800 mil”, manifestó.

En una sesión que se anticipa extensa, convocada en un día de la semana infrecuente para sesionar, la Cámara de Diputados tratará una serie de temas en las que se destaca el proyecto de ley que establece la Boleta Única de Papel como sistema para utilizar en las elecciones nacionales. Un cambio histórico por el que quienes lo promueven vienen bregando desde hace 17 años.

Esta será la novena sesión del período ordinario y fue convocada por miembros de los bloques La Libertad Avanza, Pro, UCR, MID, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal y CREO, siendo las 11.30 su hora de inicio. Esa amplitud de bancadas convocantes garantiza la aprobación del temario propuesto para esta sesión, cuya duración a priori se calcula en entre 14 y 18  horas.

La sesión arrancará con el debate de una serie de convenios, tratados, acuerdos y cargos de cónsules y vicecónsules, tras lo cual se avanzará con el tratamiento de un proyecto que también vuelve con modificaciones del Senado y que establece el Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Boleta Única de Papel.

Ese temario incluye, como dijimos, el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) sobre Boleta Única de Papel para emisión del sufragio. Es un tema que ya fue aprobado por la Cámara baja el 8 de junio de 2022, por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, tras 9 horas de debate. Tras un largo tiempo de espera, esa media sanción fue aprobada con modificaciones el 12 de septiembre pasado en el Senado, cosechando 39 votos a favor y 30 en contra. Este martes se pondrán a consideración precisamente esas modificaciones.

Además, se tratarán proyectos sobre seguridad como la iniciativa de Abordaje Integral del Crimen Organizado y la Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; y diversos tratados, acuerdos y convenios, de carácter internacional desde el año 1998 a la fecha.

Se sumará también en el marco de la sesión el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto. Así lo anticipó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, en consonancia con el anuncio de la bancada radical, que en vísperas de la sesión también adelantó que pediría el tratamiento sobre tablas del proyecto que ya tiene media sanción del Senado por el cual se declara la emergencia nacional en la provincia de Córdoba. Ese proyecto fue aprobado el jueves pasado en la Cámara alta, oportunidad en la que se abstuvieron los senadores de LLA. Esa aprobación se consiguió allí, también sobre tablas, con 55 votos afirmativos.

Cuando este miércoles por la tarde comenzó a circular la invitación a los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, quedó confirmado el anticipo de que la próxima semana intentarían convertir en ley el proyecto de Boleta Única de Papel. La novedad fue que la convocatoria es para las 18 del lunes 30 de septiembre, en la sala del segundo piso del Anexo C, y semejante fecha anticipa un día imprevisto para la sesión.

Es que en un primer momento se había hablado de sesionar el miércoles que viene, con dos proyectos: Ficha Limpia y Boleta Única de Papel. Luego circuló algunas fuentes le sumaron la intención de incluir el eventual dictamen de la privatización de Aerolíneas, pero claramente esa era una expresión de deseo de los sectores más proclives a vender la aerolínea de bandera cuanto antes. Previsiblemente, queda claro que ese debate tomará un tiempo más; la cuestión es que se habló de correr la sesión al jueves, cosa que no cayera justo en el día de la marcha universitaria prevista para el miércoles 2.

Y finalmente se optó por el martes, por eso el plenario del lunes para dejar listo el proyecto que vuelve del Senado y que seguramente ameritará más de una votación, cuestión de aceptar en principio lo que viene de la Cámara alta, mas no todo: los sectores dialoguistas quieren mantener en las boletas el casillero que permita votar boleta completa, cuestión especialmente resistida por los partidos provinciales, temerosos de que ese sistema se los lleve puestos a ellos en elecciones presidenciales en las que no llevan candidatos.

Si Diputados termina confirmando lo que habían votado ellos en su momento, seguramente traerá consecuencias con la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, y autora de esa corrección en el Senado.

La sesión de Diputados será convocada entonces para el martes a las 10 y la idea es armar un temario que lleve, además de Boleta Única, Ficha Limpia, tratados internacionales y un último tema pedido por el oficialismo que sería la ley antimafia. Sin embargo no habría mucho consenso para agregar ese proyecto que ya cuenta con dictamen; la cuestión no está cerrada ni siquiera con los dialoguistas.

La sesión sería a las 10 de la mañana del martes. Para esa fecha se especulaba con el inicio del debate del Presupuesto, que será el martes siguiente, 8 de octubre. “Hay tiempo”, contestó una fuente legislativa consultada, que agregó que se especula con cinco reuniones informativas y dos meses de debate, para llevar finalmente el dictamen al recinto.

Mientras Diputados espera comenzar con el tratamiento del Presupuesto de Administración Nacional 2025, el Senado intentará avanzar con varios proyectos que cuentan con media sanción a fin de liberar la agenda, por lo que sesionaría este jueves.

Si bien no está confirmada de forma oficial, las autoridades de la Cámara trabajan en la elaboración del temario, que incluiría la modificación a la Ley 26.879, en virtud de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual que cuenta con media sanción desde el 14 de agosto.

Un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia. Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo durante su exposición ante el Senado pidieron que se revea el artículo 2 al argumentar que dicha decisión: “Se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo que siga en el Ministerio de Justicia”.

La ampliación del registro tiene como fin contribuir al "esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

La eventual sesión del jueves sumaría dos pliegos -con aval de la comisión de Acuerdos- que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.

Por otro lado, la Cámara alta también activará varias comisiones para que emitan dictamen a fin de poder llevarlos al recinto y tratarlos sobre tablas. Una de ellas será el plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores que volverán a poner sobre la mesa el dictamen que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales para la realización de ejercicios combinados, contemplando la demora en la materia, ya que cuenta con media sanción de Diputados y el período se inicia a partir del 1ro de septiembre.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de junio en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso.

“Se autoriza la salida de personal y/o medios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025”, establece el proyecto.

Además, explica que “la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de nuestras fuerzas armadas; profundizando el acercamiento, conocimiento y confianza mutua, incrementando así la interoperabilidad con las fuerzas militares de otros países y la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación combinada en el futuro”.

De acuerdo al texto, se contemplan 15 ejercicios militares, de los cuales uno corresponde al Ejército Argentino, doce corresponden a la Armada Argentina y uno corresponde a la Fuerza Aérea Argentina. Del total de las ejercitaciones mencionadas, seis son de carácter multilateral, ocho tienen carácter bilateral y una, “Passex”, de oportunidad, pudiendo ser bilateral o multilateral según las circunstancias.

Dos de las ejercitaciones “Integración 2024” y “Viekaren”, plantean la atención a una situación de emergencia o catástrofe; seis DE ellos, “Acrux”, “Atlasur”, “Fraterno”, “Inalaf”, “Unitas” y “Cruzex”, son ejercitaciones en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, “Operación Formosa”, plantea la integración de efectivos de la Armada Argentina en el empleo de los sistemas de armas utilizados por la Marina de Brasil; “Galapex” establece la organización y empleo de una fuerza multinacional para ejercitar la interoperabilidad de la vigilancia y control de espacios marítimos de interés, y dos de ellos, “Siforex” tiene por objeto incrementar el nivel de interoperabilidad y adiestramiento con foco en acciones submarinas y antisubmarinas, mientras que “Guinex” tiene por objeto trabajar de manera multinacional el control del tránsito marítimo en el ámbito de la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) interactuando con armadas del continente africano.

Con respecto a “Arandú”, diseña un ejercicio de planeamiento y simulación en el gabinete con medios informáticos de la plataforma del Ejército brasileño: Batalla Virtual. El ejercicio “Atlasur” brinda la oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica.

Respecto del ejercicio “Passex”, constituye un eventual “ejercicio/s de oportunidad”, en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el litoral marítimo argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina.

Finalmente, el ejercicio “Vinciguerra” permite el entrenamiento de manera bilateral intercambiando técnicas y tácticas de entrenamiento en unidades de elite de la infantería de Marina, mejorando el proceso de planificación, preparación y manejo de riesgo de las operaciones en terreno montañoso propio del escenario austral.

El 20 de agosto pasado asistió el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio, Juan Battaleme, quien volverá a participar esta semana de la nueva reunión. No obstante, errores de cálculo del oficialismo y el rechazo cristinista a dos de los 15 ejercicios imposibilitó la firma de un despacho. De allí la nueva convocatoria.

Otra iniciativa que también votó Diputados es la que lleva el nombre de Nicolás Deanna -víctima de mala praxis-, que pretende establecer un “marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura”, según consta en su primer artículo. Una cuestión delicada que se analizará desde las 10 de este miércoles en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara alta. Algunos legisladores dudan y pedirían convocar a especialistas.

Tal y cómo lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunirá este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria para avanzar con un amplio temario de proyectos que se fueron trabajando en las diversas comisiones a lo largo de las últimas semanas.

Entre las iniciativas que se debatirán en el recinto se encuentra un texto que busca establecer la capacitación obligatoria en la temática de inclusión de personas con discapacidad para todos los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

También se prevé avanzar con la desafectación de dos inmuebles ubicados en Núñez donde la Comuna 13 quiere convertirlos en una Plaza. La iniciativa es impulsada por Florencia Scavino, presidenta de la comuna, quien visitó la Legislatura para dar detalles del proyecto. Según la presentación, el objetivo es el emplazamiento de un nuevo Espacio Verde de proximidad con acceso universal, público y gratuito, de uso público y recreativo. Y en el diseño se respetará el área parquizada y especies arbóreas existentes.

Otro proyecto que también será tenido en cuenta en la sesión es un texto que busca otorgar en concesión de uso a título precario y gratuito al Club Atlético Platense de un predio ubicado en la intersección de las calles Manuela Pedraza y Crámer.

Fue esta una semana agitada en el Senado, intensa y cambiante. Donde siempre se barajaron dos días para la sesión, que todos daban por descontada. Incluso el oficialismo, que apostaba a reflotar el debate de la boleta única de papel, cuestión de matizar con la misma la o las derrotas que sin lugar a dudas tendría con el proyecto de financiamiento universitario y el DNU de fondos para la SIDE.

Al final, la buena noticia para La Libertad Avanza fue lograr postergar la sesión hasta la semana que viene. Algo es algo.

Pero al cabo del acuerdo establecido en la reunión de Labor Parlamentaria por todos los bloques, menos Unión por la Patria, este último pidió sesionar igual este jueves, con un temario que incluye solo los dos temas en los que el Gobierno perdería, y mandó mensajes a la oposición dialoguista -fundamentalmente los radicales- para que comprobaran que verdaderamente defienden la educación pública y se sumaran a la sesión.

El bloque radical tomó nota de lo que para ellos es una chicana y cerró la jornada con un comunicado en el que celebran “la inclusión de temas importantes en la próxima sesión”, hablando puntualmente de la ya acordada para el día jueves 12 de agosto desde las 14 horas, y por supuesto no de la convocada por UP para este jueves. Con lo cual, queda claro -por si había alguna duda- que no se sumarán a la sesión de la principal oposición en el Senado.

“Esos acuerdos alcanzan materias tan significativas para la ciudadanía  como Boleta Única de Papel, el financiamiento para el sistema universitario público y el decreto de necesidad y urgencia que destinó 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado”, planteó el bloque radical a través de un comunicado en el que resaltan que “los argentinos apostaron por un cambio, con las esperanzas de avanzar hacia un futuro superador, de acuerdo con el potencial de nuestro país. En ese sentido, siempre nos encontrarán para discutir las cuestiones que permitan sacar a la Argentina de la decadencia”.

“Con esa premisa, renovamos nuestro compromiso para continuar ejerciendo el rol de representación para el que fuimos elegidos, acompañando o proponiendo caminos alternativos, según nuestro mejor entendimiento”, cierra la bancada encabezada por Eduardo Vischi, que confirmó así que no piensan acompañar a Unión por la Patria en la sesión pedida para este jueves a las 14.

Los diputados de la Ciudad se reúnen desde las 12.12 en el recinto para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que se tratará una iniciativa que busca establecer los mecanismos de financiamiento de una serie de obras viales, así como también otros proyectos relacionados a los fondos coparticipables del distrito y las denuncias contra Alberto Fernández.

De esta manera, uno de los temas más importantes es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que tuvo su tratamiento en la comisión parlamentaria de Presupuesto, que propone autorizar a la Ciudad a tomar préstamos para realizar obras viales a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).

El texto del proyecto describe que las “operaciones de crédito público” serán por el monto, las especificaciones y el destino del financiamiento indicados en la norma proyectada y por la que se establecen tres años como plazo mínimo de amortización”. La cifra de los empréstitos suma 75 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.
Además, establece que se realizarían “con la Corporación Andina de Fomento u otros organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional, y/o con el Estado Nacional”.

El temario incluye otros varios proyectos de declaración, como el que propone el Frente Liberal Republicano, al que adherirían otros bloques, manifestando “preocupación por la demora en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad”.
También -y por iniciativa de Confianza Pública- se votará un texto que expresa la “preocupación ante las denuncias realizadas por violencia de género contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández”.

Presidido por Victoria Villarruel, el Senado sesiona desde las 11.12, luego de una jornada marcada por la audiencia pública en la que el juez Ariel Lijo se presentó ante los miembros de la Comisión de Acuerdos para defender su postulación para la Corte, y sobre todo en una semana marcada por la polémica a raíz del nuevo aumento otorgado a los senadores.

En el inicio de la sesión se hizo un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Francisco Giustinian, hijo del secretario Parlamentario de la Cámara alta. A continuación, expresaron su pesar en nombre de sus bloques los senadores Eduardo Vischi, José Mayans, Beatriz Ávila y Juan Carlos Romero.

Según lo acordado el martes en Labor Parlamentaria, se tratan este jueves una serie de proyectos que incluyen como temas principales jubilaciones y compra y venta de niños. Al final de la jornada, será el turno de una sesión convocada por la presidenta del Senado, para abordar temas relativos a las dietas.

El temario de la primera sesión fue concertado el martes. Se trata de una sesión ordinaria, que comienza con una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones. Luego será el turno de tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

La media sanción de Diputados establece un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia y suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE). A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total. La iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva y el pago a las provincias con cajas no transferidas y sentencias firmes de juicios previsionales.

Por el lado del oficialismo, el dictamen propone modificaciones a lo aprobado en Diputados: proponen la eliminación de los artículos 2, 4 y 10 (la garantía del piso del haber mínimo referenciado en la Canasta Básica Total; el pago de deudas a las provincias con las cajas previsionales no transferidas y sentencias de juicios previsionales). También que se apliquen las actualizaciones, luego de la sanción de la ley, no de forma retroactiva desde abril. Además, la recomposición del 8,1% y la actualización por inflación.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

En ese caso, en primer lugar se tratará un proyecto de ley elaborado por senadores de Unión por la Patria, para poner un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Concluido ese debate se tratará un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 8/24 por la que se estableció un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de este año.

Luego de una jornada marcada por la audiencia pública en la que el juez Ariel Lijo se presentó ante los miembros de la Comisión de Acuerdos para defender su postulación para la Corte, y sobre todo en una semana marcada por la polémica a raíz del nuevo aumento otorgado a los senadores, la Cámara alta abrirá las puertas del recinto para una doble jornada.

Es que en la práctica son dos las sesiones previstas: una, acordada en Labor Parlamentaria el martes, en la que se tratarán una serie de proyectos que incluyen como temas principales jubilaciones y compra y venta de niños. Concluida esa sesión, será el turno de una convocada por la presidenta del Senado, para abordar temas relativos a las dietas.

A partir de las 11 se abordará un temario concertado que comenzará con una serie de acuerdos, y luego transferencias de inmuebles del Estado nacional y expropiaciones. Luego será el turno de tratados internacionales; concientización sobre los derechos de soberanía sobre la plataforma continental; y la autorización a cónsules y vicecónsules honorarios.

Después, abordarán el proyecto de Carolina Losada para la tipificación penal de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. Ese tema cuenta con la aprobación en general y volvió a comisiones, por lo que ahora solo deberá procederse a la votación en particular del mismo.

Por último, se tratará la movilidad jubilatoria, proyecto que viene con media sanción de Diputados y que es resistido por el oficialismo. Su muy probable aprobación cerrará una semana negra para el Gobierno en materia legislativa.

Al cabo de ese temario, se dará inicio a la sesión pública especial convocada por la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, para debatir proyectos relativos a las dietas de los senadores nacionales y los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.

En ese caso, en primer lugar se tratará un proyecto de ley elaborado por senadores de Unión por la Patria, para poner un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la administración pública nacional y empresas y sociedades del Estado. Esta iniciativa no cuenta con dictamen, por lo que necesitará de los dos tercios para habilitar su tratamiento.

Concluido ese debate se tratará un proyecto de resolución para dejar sin efecto la Resolución 8/24 por la que se estableció un incremento en la dieta de los senadores nacionales a partir de mayo de este año.

Con la expectativa cierta de parte de la oposición de conseguir este miércoles el quórum para sesionar y tratar el DNU 656/24 que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cien mil millones de pesos, está prevista una sesión especial para las 12 del mediodía.

El pedido de sesión fue formulado por el bloque de Encuentro Federal, pero el texto lleva las firmas también de diputados de la Coalición Cívica y radicales de la línea Manes.

Originalmente, la cita en el recinto había sido confirmada para el pasado jueves 15 de agosto, primer día habilitado por la Ley 26.122 para darle tratamiento expreso al decreto en cuestión, pero se contrapuso con los tiempos de la sesión maratónica que se extendió hasta las primeras horas de la fecha solicitada.

En medio de la sesión mencionada, no prosperó el intento de Nicolás Massot respecto a pasar a un cuarto intermedio con el fin de garantizar el tratamiento del DNU 656 al día siguiente. Tampoco tuvo aval en el recinto el pedido de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica por el que buscó la incorporación del temario a esa maratónica reunión.

Tras la postergación de esta sesión, fue incorporado al temario el proyecto de declaración presentado por el bloque de la CC que busca declarar “nulo de nulidad absoluta e insanable” al decreto publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes 23 de julio.

También fue agregada la iniciativa de Margarita Stolbizer por el que rechaza al DNU 656 en su totalidad y donde había advertido que “Argentina debe retomar el camino de una legalidad que está marcada por la vigencia del sistema consagrado en todos los principios de la Constitución Nacional”. El proyecto tiene el acompañamiento de otros seis integrantes de EF.

Cabe recordar que el DNU ingresó por mesa de entradas el pasado 1ero. de agosto y el oficialismo evitó tratarlo en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se realizó una semana después. El miércoles 14 venció el plazo establecido por la Ley 26.122 para la elevación de un dictamen y por ende, desde el 15 ambas cámaras quedaron habilitadas al expreso e inmediato tratamiento del decreto en el recinto.

La petición de sesión tiene el aval, con su rúbrica, de cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical: Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano. Si se contabilizan los 16 de EF, los 6 de la CC, los 5 del Frente de Izquierda y los 99 integrantes de Unión por la Patria, el quórum no debería ser un obstáculo. Sin embargo hasta última hora del martes nadie se animaba a garantizar que pudiera alcanzarse el número necesario para sesionar, en medio de una creciente presión del Gobierno nacional a través de los gobernadores.

En el radicalismo hacían cuentas que daban que podrían participar de la reunión unos 18 diputados de ese sector.

Vale aclarar que para que un decreto sea derogado, debe contar con el rechazo de ambas cámaras. En marzo pasado, el Senado puso contra las cuerdas al oficialismo cuando rechazó por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones al DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el cual sigue vigente ya que nunca fue tratado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

El diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, embistió contra el Gobierno Nacional por los gastos reservados destinados a la SIDE: “Cuando dicen no hay plata, nos están gastando”.

A través de un posteo en su red social “X”, Ferraro apuntó: “El gobierno miente al afirmar que no se ejecutaron gastos reservados de la SIDE”, y brindó cifras precisas de los montos ejecutados en la última semana.

“El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y comprometido otros $70.100 millones. El viernes 16 de agosto, esos $70.100 millones fueron ejecutados de manera obscena, espuria y sin ningún tipo de control. En menos de un mes, se gastaron un total de $80.060 millones en gastos reservados, lo que representa el 77.57% del presupuesto ampliado”, precisó Ferraro.

En esa línea, el diputado de la CC preguntó: “¿En qué gasta la nueva casta, con tanto apuro, cuando no hay plata para los jubilados, las universidades o la infraestructura para el desarrollo de nuestro país?”.

“Los argentinos merecemos conocer la verdad”, planteó y ratificó el pedido de sesión realizada por el bloque Encuentro Federal para este miércoles 21 de agosto: “A pesar de las presiones y amenazas de espionaje, para exigir la nulidad absoluta e insanable del DNU que aumentó el presupuesto anual para gastos reservados en más de un 3100%, y no conformarnos con un simple rechazo. Además, debemos exigir el reintegro de todos los gastos realizados hasta la fecha”.

CUANDO DICEN NO HAY PLATA, NOS ESTÁN GASTANDO.

El gobierno miente al afirmar que no se ejecutaron gastos reservados de la SIDE.

El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y… pic.twitter.com/2I1FM2385a

— maxi ferraro (@maxiferraro) August 19, 2024

La denuncia por violencia de género que hizo la ex primera dama Fabiola Yáñez al expresidente de la Nación Alberto Fernández se coló, una vez más, en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles de la mano del diputado libertario Álvaro Martínez (Mendoza).

Mientras esgrimía sus argumentos a favor del proyecto que propone modificar la ley sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos, Martínez expresó: “Es bueno tratar temas donde haya un Estado que se preocupa de verdad por la seguridad y la justicia después de mucho tiempo de un gobierno que le dio la espalda”.

“Este proyecto tiende a la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos. Cuando un Estado abandona la seguridad y la justicia se genera un socavón en la confianza que tiene el Estado por parte de los ciudadanos porque deja de brindar soluciones a un tema tan prioritario y eso es lo que venía pasando en el país”, sostuvo.

En esa línea, planteó: “Lo que queremos con esta ley es encontrar delincuentes, abusadores, violadores. No los queremos esconder, por eso es que queremos que exista este tipo de bancos…”, en eso momento le respondió a la bancada de UP: “No, no los queremos sacar, no queremos que vuelvan a ser presidentes, por ejemplo. Eso sí que no queremos, que los golpeadores no sean presidentes no queremos o que se hagan cargo de eso, eso sí lo queremos, no los escondemos como lo esconden ustedes…”.

El libertario volvió a cargar contra la principal bancada opositora: “Queremos reducir significativamente el número de delitos y recuperar la confianza que ha perdido el país por culpa de esos diputados que bancan y esconden a aquellos que comenten delitos”, y cerró: “Espero que apoyen esta ley, que dejen de cubrir a violadores, a violentos, a abusadores”.

Con un quórum alcanzado con 129 diputados a las 11.41 arrancó finalmente este miércoles la primera de las tres sesiones pedidas para esta semana. En este caso, la solicitada por el oficialismo y el Pro, para tratar los mismos temas previstos para la semana pasada, más el de esencialidad educativa y un tema incorporado este miércoles temprano.

Para la realización de la sesión -que en Labor Parlamentaria fue atrasada quince minutos en su horario de inicio- fue clave que el oficialismo aceptara incorporar al temario el proyecto de ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, reclamado por el radicalismo para sumarse al quórum. El tema fue incorporado al temario inmediatamente después del tratamiento del dictamen sobre educación obligatoria como servicio estratégico esencial y antes de la cuestión de la regularización sobre armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

El quórum fue alcanzado sin la presencia del bloque Encuentro Federal, que ya había faltado la semana pasada en la frustrada sesión.

También se acordó que la sesión pedida por parte de la oposición para este jueves para debatir el DNU 646/24 pase de las 10 de la mañana a las 13.

Para esta sesión se espera un debate de entre 20 y 29 horas, y no se descarta que vayan a acordar un cuarto intermedio a medianoche.

Con todo, más allá de esos temas, se espera un intenso debate en torno los temas políticos que dominan la escena, más allá de que algunos hayan perdido cierta gravitación, como las elecciones en Venezuela. La excursión de un grupo de diputados libertarios al penal de Ezeiza atraerá la máxima atención, aunque ese tema será abordado este jueves en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Ni hablar de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente de la Nación Alberto Fernández, por violencia de género.

Más allá de esas vicisitudes, este es el orden del temario acordado para esta sesión:

✅ Renuncia diputado Alfredo Vallejos y asume Federico Tournier (UCR).

✅ Renuncia del doctor Tomás Figueroa como secretario Parlamentario y asume el doctor Adrián Pagán.

✅ Minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena López Murphy, Ana Castagneto, Francisco Giustinian y Blanca Nelly Nuno.

Orden de la sesión:

✅ Creación de Registro Nacional, de Datos Genéticos.

✅ Tratados internacionales (votación en bloque) y Entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de él de las fuerzas nacionales.

✅ Educación Obligatoria como servicio estratégico esencial.

✅ Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.

✅ Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

✅ Resolución sobre el fraude electoral en Venezuela.

✅ Cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y homenajes al final.

Detalle del temario

Encabeza el temario la modificación a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216 de Armas de Fuego. Esos proyectos son parte del paquete de seguridad remitido al Congreso por el Ejecutivo, que ya cuentan con dictamen.

También, se encuentra el trámite parlamentario con relación a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas, y una serie de acuerdos internacionales con las naciones de República Checa, el Reino de los Países Bajos, Italia, Filipinas, Brasil y Rumania.

El tema que se incorpora al temario de esta sesión es el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación, el cual tiene el aval del oficialismo, el Pro, los radicales, la Coalición Cívica, Innovación Federal y la Encuentro Federal, en disidencia.

Tal iniciativa cuenta con el dictamen de la Comisión de Educación. Desde la oposición más dura (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda Unidad) hubo malestar por la celeridad que se le dio al tratamiento y además, hubo cuestionamientos a Presidencia por la rapidez en los giros de las demás comisiones competentes.

Como hemos dicho, la situación en Venezuela será motivo de otra discusión importante y está ahora sí en el temario. Con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, se pondrá a consideración un repudio que incluye seis puntos que van desde el “repudio al fraude electoral perpetrado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, a la preocupación por la “escalada represiva” en el país caribeño.

Con la intención de marcar posición, el bloque de Unión por la Patria había difundido un comunicado en el que le reclamó al presidente venezolano mostrar las actas de votación. Empero, no suscribió el dictamen emitido en Relaciones Exteriores y se verá si acompañarán en el transcurso de la sesión.

A continuación, detallamos el orden de la sesión prevista para este jueves, según lo acordado en Labor Parlamentaria.

✅ Renuncia diputado Alfredo Vallejos y asume Federico Tournier (UCR).

✅ Renuncia del doctor Tomás Figueroa como secretario Parlamentario y asume el doctor Adrián Pagán.

✅ Minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena López Murphy, Ana Castagneto, Francisco Giustinian y Blanca Nelly Nuno.

Orden de la sesión:

✅ Creación de Registro Nacional, de Datos Genéticos.

✅ Tratados internacionales (votación en bloque) y Entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de él de las fuerzas nacionales.

✅ Educación Obligatoria como servicio estratégico esencial.

✅ Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.

✅ Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

✅ Resolución sobre el fraude electoral en Venezuela.

✅ Cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y homenajes al final.

La guerra de sesiones instalada en la Cámara baja para esta semana sigue sin resolución. Así llegan los diputados a este miércoles, donde hay dos sesiones oficializadas, una para las 11 y otra para las 16, y una convicción: solo una de las dos puede efectivizarse. O ninguna.

El resultado que tendrá este juego de tira y afloje se podrá vislumbrar a partir de las 9.30, cuando se inicie la reunión de Labor Parlamentaria. Allí llegarán las partes con dos posturas contrapuestas, a ver si alguno afloja (difícil): el radicalismo, que ha pedido la sesión de las 16, para tratar el presupuesto universitario, insistirá para que el tema se incluya en el debate de la sesión de las 11, esa que pidieron diputados de La Libertad Avanza y el Pro, para abordar el mismo temario que el miércoles pasado, más esencialidad educativa.

Si el oficialismo da el brazo a torcer y acepta, contará con la presencia de los radicales a partir de las 11 para dar quórum y llevar adelante la sesión. Si LLA mantiene la postura emanada desde la Casa de Gobierno de no aceptar ese debate, porque contribuye al déficit fiscal, la ausencia de los radicales será clave para el fracaso de la sesión de las 11. Recordar tan solo que la semana pasada el bloque radical asistió casi en su totalidad (le faltaron solo 3 diputados) y la sesión se cayó, por la ausencia de Encuentro Federal.

A propósito, ¿qué plantean los del bloque de Miguel Pichetto? A priori, hay cierta predisposición a colaborar esta vez, pero sí y solo si se da una serie de condiciones, a saber: acortar el temario; ordenar el debate, con acuerdos y ejercicios militares primero, luego Banco de Datos Genéticos y armas, y dejar esencialidad educativa para el final. Con una novedad: cuarto intermedio a las 22, para poder garantizar que el jueves se pueda sesionar para tratar el DNU 646/24, de los fondos reservados. Recordar que ellos son los que motorizan esa sesión.

Si fracasa la sesión de las 11, será un gran dolor de cabeza para el titular de la Cámara baja, Martín Menem, que sufriría un segundo traspié con el quórum apenas una semana después de haber bebido esa medicina. Por eso hay línea abierta con la Casa Rosada para ver hasta dónde se puede negociar.

Como sea, si esa sesión se cae, toda la atención estará puesta en la cita de las 16, esa que pidieron los radicales a través de una nota encabezada por Danya Tavela. Saben que para esa reunión cuentan con la anuencia de Unión por la Patria y la izquierda. Con ellos solos no alcanza, hay que sumar más y por eso estarían dispuestos a incorporar la declaración de la educación obligatoria como servicio esencial.

“Nosotros encantados de la vida de incluir esencialidad a la tarde”, confió una fuente del bloque radical, que fue aún más lejos al aclarar que “lo vamos a hacer de hecho, independientemente de lo que hagan ellos… Pero ellos no quieren dar quórum para universidades”.

Ese anzuelo es para el Pro, que igual podría privilegiar su alianza con LLA y no sumarse a la tarde, aunque eso está por verse. Los que no se tientan en cambio por esencialidad son obviamente UP y la izquierda, que votarán en contra con las dos manos.

¿Y qué pasará el jueves, cuando está convocada la tercera sesión, para rechazar el DNU de los fondos reservados? Algunas fuentes opositoras se entusiasman en asegurar que contarían con 140 votos. Considerando a Encuentro Federal (16), los 7 radicales firmantes del pedido de sesión (que algunos aseguran podrían ser una veintena), la Coalición Cívica (6), UP (99) y la izquierda (5), estaría asegurado el quórum.

Los radicales no han tomado una definición sobre esa sesión, aunque critican el DNU. Fuentes del partido centenario consultadas aclararon que están esperando también si se constituye la Bicameral de Inteligencia, que es donde deben controlarse los gastos reservados. Pero esa es otra cuestión. O no…

Ya por la noche de este lunes, la Cámara de Diputados oficializó otra sesión para el miércoles 14 de agosto. En este caso la solicitada por Danya Tavela y un grupo de otros diputados radicales, con el objeto de considerar un único tema: el financiamiento de las universidades nacionales.

Fue el mismo día en el que en las universidades se desarrollaba un paro de actividades en protesta por el aumento ofrecido desde el Gobierno nacional a los trabajadores docentes. Recordemos que en la reunión paritaria entre los sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales con el Gobierno nacional, estos últimos ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre a todos los trabajadores. Por tal motivo, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), junto al resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, resolvieron el no inicio de clases este 12 de agosto, con un paro de 24 horas, en el marco de un plan de lucha que continuará con otro paro de 48 horas para los días 20 y 21 de agosto.

Mientras madura una nueva marcha docente como protesta, fue que el radicalismo pidió una sesión para este miércoles 14 de agosto a las 14 horas, o bien a la finalización de la sesión pedida por el oficialismo y aliados para las 11.

La oficialización de esta solicitud, concretada por nota del secretario Parlamentario, Tomás Figueroa, fijó esa sesión a las 16 de este miércoles, aunque se descuenta que si la sesión pedida por el oficialismo -que incluirá los temas de la frustrada sesión de la semana pasada, más la declaración de la educación obligatoria como servicio esencial- tiene esta vez quórum, obviamente la sesión de los radicales no se iniciará al menos a esa hora, especulándose con que cuando más de 20 horas después termine la extensa sesión especial, ya no haya quórum para iniciar la sesión por el presupuesto universitario.

Más allá de esas especulaciones, lo cierto es que las autoridades de la Cámara baja oficializaron las dos sesiones solicitadas la semana pasada, más no la primera pedida, para el jueves a las 10 de la mañana, para tratar el decreto de necesidad y urgencia 646/24 sobre los fondos reservados para la SIDE.

Tras el revés que sufrió el oficialismo el pasado miércoles al caerse la sesión –la cual habían convocado previo al receso invernal- por falta de quórum y signada por una fuerte carga política por hechos coyunturales, los libertarios junto con el bloque Pro insisten con llevar el temario consensuado al recinto, pero con el agregado de dos temas claves.

Este viernes se conoció un pedido de convocatoria a sesionar para el próximo miércoles 14 de agosto desde las 11. El mismo lleva las firmas del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, y sus pares de espacio Alejandro Finocchiaro, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, José Núñez, María Eugenia Vidal y Sabrina Ajmechet; junto al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni; y sus compañeros Santiago Santurio, Nicolás Mayoraz y Facundo Correa Llano.

Los temas, a priori, no prevén mayores discrepancias. En principio se aceptarán las renuncias y asunciones de diputados y autoridades. Así, el lugar del radical Alfredo Vallejos –quien renunció para asumir como ministro de seguridad en Corrientes- será reemplazado por Federico Tournier de partido Encuentro Liberal. Además, la del secretario parlamentario el Dr. Tomas Figueroa y asumirá el Dr. Adrián Pagán.

El temario sigue con la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual donde se darán, seguramente, las principales diferencias. Lo mismo pasará con la regularización sobre armas de fuego, un proyecto que no amerita un extenso debate. El resto son cuestiones casi protocolares: entrada y salida de tropas, un homenaje a la VI Brigada Aérea y un paquete de acuerdos internacionales.

Educación y elecciones en Venezuela

Al temario inicial se le sumaron dos cuestiones. Por un lado, el proyecto que establece la educación obligatoria como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades. El mismo tuvo dictamen de mayoría el pasado 13 de junio firmado por el Pro, la UCR, la CC-ARI. Además, hubo dos dictámenes de rechazo correspondientes a Unión por la Patria y el otro al Frente de Izquierda -presentado por la entonces diputada Romina Del Plá-.

Por otro lado, se incluyó el dictamen de repudio al fraude electoral de Venezuela que salió de la Comisión de Relaciones Exteriores que incluye seis puntos que van desde el “repudio al fraude electoral perpetrado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, a la preocupación por la “escalada represiva” en el país caribeño. El tema se había incluido a la sesión fallida en un acuerdo en Labor Parlamentaria.

Dicho dictamen no fue suscripto por el bloque Unión por la Patria por lo que se verá si esa declaración termina siendo votada en la sesión, ya que habían difundido un comunicado en el que le reclamó al presidente venezolano mostrar las actas de votación, por lo que será motivo de otra discusión importante.

El debate caliente que hegemonizará parte de la sesión es sin dudas la polémica generada en torno a la visita de seis legisladores libertarios a Ezeiza para dialogar con represores condenados. Unión por la Patria hace tiempo que pidió la conformación de una comisión investigadora, en busca de sanciones para esos diputados. Por su parte desde LLA habían propuesto en Labor de la sesión fallida una declaración para someter a votación, pero desde el bloque de HCF habían propuesto conformar una comisión para investigar a los diputados oficialistas, que el asunto se resolviera en la Comisión de Peticiones y Reglamento. Como no hubo respuesta del oficialismo, la decisión del espacio de Pichetto fue no dar quórum por el fastidio por “incumplimiento en los acuerdos”.

Otro de los temas incómodos para el oficialismo que se llevarán a discusión es el decreto de necesidad y urgencia por el cual se transfirieron 100.000 millones de pesos a la nueva SIDE en concepto de “fondos reservados”. Incluso, diputados de Encuentro Federal (EF), la UCR y la Coalición Cívica pidieron una sesión para el próximo jueves 15 de agosto a las 10, con el objetivo de que la Cámara de Diputados rechace el DNU 656/2024.

El agravamiento de la situación judicial de Alberto Fernández también se colará en el recinto con la denuncia formal por hechos de violencia de género hecha por Fabiola Yáñez y tras la difusión de videos que muestran al expresidente con Tamara Pettinato en el despacho presidencial durante la pandemia. A ello se le suma la investigación de la Justicia federal al expresidente en un expediente vinculado con la contratación de servicios de seguros por parte del Estado lo complica seriamente.

Se esperaba que esta sesión de la Cámara de Diputados pedida el pasado 8 de julio -antes del receso de invierno- no tuviera problemas de quórum. De hecho, nadie lo imaginaba, teniendo en cuenta que casi todos tenían algo que decir en esta reunión, más allá de un temario acotado de cuestiones específicas. No obstante ello, a las 12.53, más de media hora después de lo previsto -en Labor Parlamentaria se había resuelto extender 15 minutos el horario de inicio de la sesión-, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la reunión ante la convicción de que ni siquiera quienes estaban parados cerca de sus bancas se sentarían. 

Con acompañamiento de bloques dialoguistas como la UCR -que tuvo tres ausentes por enfermedad y licencias-, Innovación Federal, Coalición Cívica y aliados, dentro de los que está el Pro, a La Libertad Avanza no le alcanzó para llegar al número de 129. Hubo bancas vacías en algunos sectores. Pero la clave fue la ausencia del bloque de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, y tiene 16 miembros. 

Claramente Unión por la Patria y la izquierda no habían bajado y fueron los primeros en alertar a Menem sobre el horario excedido, recordándole al presidente del Cuerpo su decisión en el pasado de ser estricto con el reglamento en este sentido. 

Según supo parlamentario.com, el oficialismo no vio venir la decisión del bloque de Pichetto en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó antes de la sesión. Tampoco los otros bloques de la oposición dialoguista. No obstante, una fuente que participó de ese encuentro lo notó "molesto" al legislador. Por el contrario, en LLA dicen que estaba "predispuesto", pidiendo sí que se acorten los tiempos. 

Lourdes Arrieta en su banca, con el libro Nunca Más.

Uno de los temas que anticipaba la polémica para la sesión era la visita de los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza para reunirse con represores detenidos por delitos de lesa humanidad. La Libertad Avanza propuso en Labor una declaración para someter a votación. 

Pero desde el bloque de HCF habían propuesto, ante el pedido de la oposición más dura de conformar una comisión para investigar a los diputados oficialistas, que el asunto se resolviera en la Comisión de Peticiones y Reglamento. No hubo respuesta de LLA a esto. La decisión del espacio de Pichetto envuelve detrás el fastidio por “incumplimiento en los acuerdos”.

De los seis diputados de LLA puestos en el centro de la escena, cinco habían bajado desde el inicio para dar quórum. En su banca, Lourdes Arrieta, una de las que dijo haber ido “engañada” al penal y que en las últimas horas presentó un proyecto propio para conformar una comisión, se sentó en su banca con el libro “Nunca Más”, el informe de la CONADEP que minutos más tarde la diputada Cecilia Moreau dijo que le iba a recomendar leer. Rocío Bonacci, la única ausente en la foto con exmilitares que se viralizó horas antes, llegó caída la sesión con cara de sorpresa por lo ocurrido en el recinto. 

Rocío Bonacci, de tapado rojo, llegó caída la sesión.

Ezeiza: la declaración que quería LLA, pero no tenía acuerdo

Uno de los diputados dialoguistas que participó de Labor Parlamentaria aseguró a este medio que no había habido “acuerdo” sobre cómo se resolvería la cuestión de la visita de los libertarios a Ezeiza en la sesión. “Primero era un texto demasiado lavado, que lo mejoraron en tres oportunidades”, contó un diputado que estuvo presente. Sin embargo, mientras el oficialismo buscaba una salida a través de una declaración, había quienes exigían que se conforme una comisión para el caso. 

El texto al que accedió parlamentario.com expresaba el “más firme e inquebrantable compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina frente a las sistemáticas violaciones de las garantías constitucionales perpetradas por la última dictadura militar entre los años 1976 y 1983”. 

También reafirmaba la “defensa irrenunciable y sin condicionamientos del sistema democrático, los derechos humanos, el orden constitucional y el debido respeto de las sentencias judiciales condenatorias” y expresaba una “profunda preocupación por la visita realizada por un grupo de diputados de La Libertad Avanza al complejo penitenciario de la ciudad de Ezeiza en donde se encuentran detenidos condenados por delito de lesa humanidad”. 

“Los exhortamos a respetar los principios mencionados en los puntos anteriores absteniéndose de realizar acciones o conductas contrarias a lo que expresa esta declaración”, concluía el texto impulsado por el oficialismo. 

La caída de la sesión 

El horario de inicio de la sesión se había pasado a las 12.15, pero pasaban los minutos y las bancas seguían vacías. No era que el recinto estuviera despoblado: muchos diputados estaban presentes, más no sentados. Por eso, pasadas las 12.30 el presidente del Cuerpo comenzó a pedir que se sentaran. Cinco veces lo hizo.

Pasada la media hora, la vicepresidenta primera de la Cámara, Cecilia Moreau, le pasó la factura a Menem al advertirle que así como el 24 de abril pasado, cuando se cayó una sesión pedida por la oposición, sin que el titular de la Cámara se aviniera a esperar ni un minuto la llegada de los diputados faltantes, ahora debía dar por caída la sesión.

Ya el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, había pedido aguardar; lo mismo hizo el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, invocando la presencia de las Madres del Dolor, que estaban allí para asistir al debate de la ampliación del Registro de Datos Genéticos. La kirchnerista Paula Penacca recordó que atento a la presencia de las Madres del Dolor habían pedido adelantar el tratamiento del tema que las traía. Pero aclaró que le parecía que había que “dejar de usufructuar el dolor de la gente”. “Esta sesión está caída, convoque a otra sesión”, exigió.

Fue estéril el pedido de la secretaria parlamentaria del bloque Pro, Silvana Giudici, por seguir aguardando un poco más. Después vino el diputado de la izquierda Nicolás del Caño, que recordó también: “Una sesión que fue pedida, usted la levantó al pasar media hora”. Y aprovechó su minuto para rechazar enfáticamente el plan de labor planteado. 

Bornoroni insistió en pedirles a los diputados que estaban adentro del recinto pero no estaban dando quórum, “así que no les interesa el tema, y quiero que eso lo tomen en cuenta porque es la forma que tienen de legislar”.

“Habiendo superado la media hora, no habiendo quórum, queda levantada la sesión”, dijo finalmente el presidente del Cuerpo, dando lugar al debate en minoría.

Con el pedido de los bloques de La Libertad Avanza y el Pro desde los primeros días de julio, la Presidencia de la Cámara de Diputados oficializó este martes la realización de la sesión especial para el miércoles 7 de agosto a las 12. El temario incluye el paquete de leyes de seguridad.

Será el primer encuentro en el recinto de la Cámara baja tras el receso invernal, en donde el oficialismo y los aliados buscarán hacerse con la media sanción de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, los cuales se destacan las modificaciones a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216 de Armas de Fuego.

Esos proyectos son parte del paquete de seguridad remitido al Congreso por el Gobierno Nacional, los cuales ya cuentan con el despacho de comisiones correspondiente. En total el temario incluye 14 iniciativas, donde además se encuentran el trámite parlamentario con relación a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas.

Completan el temario, los acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Argentina y la República Checa; sobre servicios aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos; y el de cooperación en el sector de la Defensa entre la República Italiana y la República Argentina; el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del Mercosur y estados asociados; y el de cooperación técnica entre la República Argentina y la República de Filipinas.

Por último, se enlistan la convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya; y los tratados extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, y de extradición entre la República Argentina y Rumania; las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional y protocolo complementario.

El oficialismo y el bloque Pro de la Cámara de Diputados pidieron formalmente la realización de una sesión especial para el miércoles 7 de agosto a las 12 para tratar 14 iniciativas entre la que se destacan la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la modificación a la Ley de Armas de Fuego.

El pedido formal lleva las firmas del jefe de bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni y los diputados oficialistas Nicolás Mayoraz, Lisandro Almirón, César Treffinger, Facundo Correa Llano y Nadia Márquez. También está la rúbrica del presidente del bloque Cristian Ritondo, acompañado por Silvia Lospennato, Silvana Giudici, Fernando Iglesias y Laura Rodríguez Machado.

El temario está conformado por 14 proyectos de ley y entre los más relevantes están las modificaciones a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216 de Armas de Fuego. Esos proyectos son parte del paquete de seguridad remitido al Congreso por el Ejecutivo, que ya cuentan con dictamen.

Además, se encuentra el trámite parlamentario con relación a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas.

Completan el temario, los acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Argentina y la República Checa; sobre servicios aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos; y el de cooperación en el sector de la Defensa entre la República Italiana y la República Argentina; el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del Mercosur y estados asociados; y el de cooperación técnica entre la República Argentina y la República de Filipinas.

Por último, se enlistan la convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya; y los tratados extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, y de extradición entre la República Argentina y Rumania; las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional y protocolo complementario.

Desde las 11.26, el Senado realiza su quinta sesión del año, conducida en el arranque por el presidente provisional Bartolomé Abdala, con un temario que incluye pliegos con ascensos militares y diplomáticos, la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado contra la AMIA y un proyecto que busca aumentar penas para el delito de compra y venta de niños, tema instalado en el centro de la agenda mediática a partir del caso de Loan Peña.

Además del tramo habitual de homenajes y cuestiones de privilegio, el interbloque de Unión por la Patria ya adelantó que intentará incorporar sobre tablas el proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria -que prevé una recomposición del 8,1% para los haberes previsionales-, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue votado a favor por toda la oposición, excepto el Pro, aliado del oficialismo. En caso de eventualmente ser ley, el presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará, al considerar que atenta contra el equilibrio fiscal.

La iniciativa comenzó a tratarse en comisiones este miércoles, con la decisión de La Libertad Avanza de estirar la discusión. A ello se sumó que desde la UCR y el peronismo federal presentaron proyectos alternativos. Para sumarlo al temario en la sesión se requiere contar con dos tercios de los presentes. A UP le faltarían 15 senadores más si hay asistencia perfecta. El radicalismo ya adelantó que esperará a que haya dictamen, con lo cual forzar el tratamiento fracasaría.

En el caso del proyecto que modifica el Código Penal para agravar penas por el robo de menores, cuyo tratamiento coincide con la conmoción que ha generado en todo el país la desaparición del niño de 5 años Loan Danilo Peña, se trata de un iniciativa impulsada por la senadora radical Carolina Losada.

A través del mismo se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Asimismo incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

En vísperas del 30° aniversario del atentado a la AMIA, se convertirá en ley un proyecto venido de Diputados que declara al 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las 85 víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la mutual judía. El texto agrega que ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos, además de actividades conmemorativas que deberán realizarse en las escuelas.

En la madrugada de este viernes y en una maratónica sesión, el oficialismo logró restituir el título V de impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría del paquete fiscal, que había sido rechazada en el Senado, con 136 votos afirmativos, 116 negativos y 3 abstenciones.

Junto a los 37 de la Libertad Avanza, votaron a favor el Pro (36), la UCR (25), Hacemos Coalición Federal (12), 7 de Innovación Federal y 5 de la CC-ARI Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Paula Oliveto.

También contó con los 3 diputados del MID, las 2 de Buenos Aires Libre y las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo; los 3 tucumanos de Independencia y el monobloque de Creo (Paula Omodeo).

El acompañamiento no solo fue por parte de bloques dialoguistas, también votaron a favor los tres diputados catamarqueños de Unión por la Patria Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Noblega, que responden al gobernador de su provincia Raúl Jalil.

Los votos en contra fueron 116, de los cuales UP aportó 95 votos para el rechazo, los 5 de la izquierda; 4 de HCF Jorge Ávila (Chubut), Natalia de la Sota (Córdoba), Mónica Fein (Sant Fe), Esteban Paulón (Santa Fe); 8 de la UCR Fernando Carbajal (Formosa), Ana Carla Carrizo, Mariela Colettta, Marcela Coli (La Pampa), Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela y Martín Tetaz; el rionegrino de Innovación Federal Agustín Domingo, el santacruceño Sergio Acevedo; del Pro Ana Clara Romero y Osvaldo Llancafilo del MPN.

Las abstenciones fueron de Mónica Frade (CC-ARI), la catamarqueña Silvana Ginocchio (UP) y la radical Roxana Reyes (Santa Cruz).

En el cierre de bloques durante la sesión de este jueves en el debate por la ley Bases y el Paquete fiscal, el titular de la bancada radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, esgrimió cinco motivos para apoyar la ley Bases: “Nos parece democrático y correcto otorgarle herramientas al Gobierno”.

“Tengo la sensación de un deja vu, un juego de la oca que avanza dos pasos y retrocede uno. Ha sido muy extensa la demora de estos textos, pero ponernos a dilucidar en ello no conduce a nada. Se ha sido obstruccionismo de una oposición que está siempre presta y lista para impedir que el Gobierno avance o negligencia de un Gobierno que carece de expertiz, de técnica o de gestión, no nos lleva a ningún lado”, reflexionó el radical.

Así, afirmó: “Nuestro bloque va a acompañar por una amplísima mayoría estos textos. La versión que viene del Senado de la ley Bases y va a insistir por amplia mayoría con la versión que aprobó esta cámara el paquete fiscal”.

El primer motivo explicó: “El más importante es que estamos de acuerdo con los contenidos; delegaciones razonables, privatizaciones necesarias; un cambio en la modernización de la legislación del trabajo para que desafixie la pesada carga de la litigiosidad que cae en las PyMES; un régimen de inversiones que compra una credibilidad que el país no tiene; un cambio de paradigma hidrocarburífero que promete duplicar producción petrolera y gasífera; una recuperación del impuesto a las Ganancias que nunca debió haber sido retirado porque es uno de los tributos más equitativos y progresivos del sistema”.

“La segunda razón es por una cuestión de expectativas porque la sociedad, los mercados, para moverse y evolucionar necesitan de la confianza y me cuesta entender bien tanto argumento opositor cuando cada vez que tuvo media sanción estos textos se han sucedido reacciones económicas favorables”, siguió el cordobés.

En tercer lugar, planteó: “No deja de ser un planteo democrático. Es un Gobierno que asume, que pide determinadas herramientas, que tiene poco tiempo en el ejercicio, que tiene debilidad parlamentaria y nos parece democráticamente correcto otorgárselas”.

“El cuarto argumento para que se acaben los chivos expiatorios y las culas asignadas a factores foráneos y para que se haga cargo el que tiene que gobernar”, agregó y cerró: “Para que demos vuelta una página y terminemos una primera etapa del gobierno que nos ha agobiado a todos. Ha contado con objetivos económicos cumplidos, una secuencia de baja inflacionaria, una disminución de la brecha cambiaria, del riesgo país, y fundamentalmente una eliminación del déficit”.

Promediando su intervención, De Loredo analizó: “Objetivos que se han logrado con prescidencia de gestión, de precisión, de técnica profesional. El ajuste sabemos que no lo pagó la casta, lo están pagando los sectores medios y fundamentalmente los adultos mayores. Las herramientas que nos trajeron hasta acá no van a ser las mismas que se necesitan para afrontar los desafíos presentes y futuros como la presión devaluatoria, el atraso cambiario, la profunda recesión y la gente sustituye su principal problema que era el inflacionario por el desempleo”.

En tanto, bregó para que ”la segunda etapa tenga gestión, que ocupen los cuadros técnicos vacantes, que el futuro que se avecina empiece a cumplimentar ese contrato electoral de bajar paulatinamente los tributos que gravan las exportaciones porque no va a salir Argentina si no exporta más; que cuente con acuerdos con las provincias para ir eliminando el peor de los impuestos de ingresos brutos; que se continúen desarmando esos formatos inequitativos, estériles, proteccionistas que funcionan como esas antiguas estancias, y que encuentre al Gobierno entendiendo que si no hay inversión en el recurso humano de ninguna manera no hay futuro, sin inversión educativa no hay futuro”.

“No queremos integrar su Gobierno, no nos interesan sus cargos, sus embajadas, no somos obstruccionistas, no somos héroes, pero tampoco villanos cuando diferimos”, opinó el radical y tomó las palabras de Freud: “No se puede ser duro contras las corporaciones ni contra la mala política, ni contra las fuerzas que impiden el cambio, ni contra el gasto que despilfarró nuestro futuro, si no se es blando con las personas que están esperando y bancando con ilusión, que es la esperanza atravesada por el deseo”, y cerró: “Apoyamos estas leyes porque nadie se va a salvar solo en Argentina. O empujamos todos para adelante o no se sale”.

El diputado nacional y Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo (UP), planteó en la sesión de este jueves que darle facultades legislativas a Javier Milei es igual que “darle una ametralladora con mira telescópica a un asesino serial”.

En su intervención, Palazzo apuntó: “Estamos tratando un par de leyes propuestas por el co-gobierno del Pro con la LLA. Digo co-gobierno porque gobiernan dos fuerzas presidenciales en el país.  Los integrantes del Pro, Patricia Bullrich y Luis Petri, y el presiente Milei y (Victoria) Villarruel”.

“Digo co-gobierno porque esta es la ley que le preparó Sturzenegger a Bullrich. Quizás por eso les costó tanto a los miembros de la LLA haber podido explicar a sus funcionarios y legisladores esta ley porque no es propia”, denunció.

Palazzo describió: “Es una ley teñida de actos de corrupción porque secuestraron el dictamen de mayoría de la primera ley, se lo robaron, se lo llevaron a un departamento en Recoleta para hacerle modificaciones de lo que ya habían votado. Fue integrantes de bloques que acompañan a la ley bases los que denunciaron carpetazos”.

Así, manifestó que “hubo una profunda extorsión a los gobernadores de las provincias a quienes les sacaron fondos a través de distintas barbaridades jurídicas y burocráticas que hizo el gobierno para luego ponerlos de rodillas y cambien la obra de una rotonda por la dignidad del pueblo y tengan que venir a votarles una ley con la nariz tapada”.

Respecto de la Reforma Laboral, la consideró como “regresiva” porque “pone los beneficios en el sector empresario y la quita de derechos a los trabajadores, pone en situación de despido cuando haya huelga, limita el derecho a huelga, pone a los trabajadores en situación en el marco del Código Civil y no del Contrato de Trabajo; sigue permitiendo el fraude laboral”.

“Tiene una delegación de facultades hacia alguien que en principio dice que viene del más allá a salvarnos del apocalipsis, que luego dice que es un tipo que viene a destruir el Estado y que luego dice que como economista aconseja pagar dólares de forma ilegal”, enumeró.

“Le damos facultades extraordinarias a un presidente que no tiene ni el equilibrio emocional ni la capacidad suficiente de la templanza para conducir los destinos del país. Es como darle una ametralladora con un cargador automático y mira telescópica a un asesino serial, eso es lo que están votando con la delegación de funciones”, comparó.

Para el diputado de UP el capítulo de Ganancias es “una inconstitucionalidad están generando un tributo con el voto de una sola cámara, no solo es ilegítimo, ilegal, anticonstitucional”.

“Son tan mentirosos que siguen diciendo que es 1.800.000 el minino no imponible, con la eliminación de la deducción del artículo 26 inciso X, Y y Z, con la eliminación del artículo 27, del punto 4 al 8 del artículo 82, con la eliminación del artículo 110 y 111 les privan a los trabajadores de que puedan deducir hasta 103.000 pesos de las 25 deducciones que se podían hacer.

Además de haberle mentido a los patagónicos en el Senado para que le acompañen la ley y hoy pierdan el 22% de incremento de las asignaciones y en el mínimo no imponible o los beneficios que tenían petroleros”, cerró.

El diputado radical Fernando Carbajal apuntó contra el Gobierno durante su intervención en la sesión de este jueves en Diputados por la ley Bases: “Parece que pensar distinto es un grave delito y nos acusan de pertenecer a las fuerzas de la oscuridad”.

“No es casual que los miembros informantes de los dictámenes de minoría, dos de ellos, hayan tenido que usar la totalidad de sus exposiciones para fundamentar por qué se puede votar lo que en realidad no se puede votar”, arrancó su alocución.

El formoseño señaló que “es una discusión que se planteó y se complejizó desde el momento en que el Gobierno planteó la necesidad luego de haber perdido la votación en Diputados de reinstalar temas que habían sido rechazados. La verdad es que las interpretaciones jurídicas nunca son neutras, está muy claro que el Gobierno y sus aliados lo que hizo fue buscar cuál es el objetivo político y desde ahí construir la interpretación”.

“Parece que quienes pensamos distinto es un grave delito nos acusan de pertenecer a otros partidos políticos o de estar vendidos a las fuerzas de la oscuridad”, apuntó y planteó: “La verdad es que algunos sencillamente tenemos una mirada constitucional y un modo de interpretar la Constitución que está avalado por innumerables constitucionalistas y por argumentos sólidos”.

Carbajal solicitó enviar un texto de 13 páginas con todos los argumentos jurídicos de constitucionalistas y le respondió a Espert: “Creo que confesó que la norma que van a querer aprobar no tiene el requisito de bicameralidad porque el mecanismo del artículo 81 si contempla la bicameralidad, no es una excepción el mecanismo de la insistencia, toda norma tiene que ser aprobada por ambas cámaras”.

“Cuando la Cámara revisora vota en general y en particular a ley y le hace una adhesión o corrección y lo hace aprobando el texto original y aprobando la corrección a sabiendas de que ese tramo puede no ser aceptado por la Cámara de Origen. Si esta acepta la corrección o adhesión ambas quedan convalidadas. Cuando la Cámara de Origen rechaza la adhesión o corrección queda vigente el texto original aprobado por ambas cámaras y excluida la adhesión que tiene el voto de la Cámara revisora. Solo es ley lo que es aprobado afirmativamente por ambas cámaras”, explicó.

Así, chicaneó: “Yo lo lamento si no consiguieron la mayoría en el Senado, si quizás faltaron embajadas, no sé lo que les faltó, pero no consiguieron mayoría y esto va a ser judicializado por el pueblo”.

“Se ha colado en esta discusión la desmesura que tiene este Gobierno porque comenzó con un acto desmesurado que es el propio acto de la ley Bases. Tardamos 6 meses en aprobarlo porque es un acto irracional pretender que en un solo proyecto de ley hacer la revolución anarco que pretenden, ignorando que acá hay un Congreso donde está representado el 100% de la sociedad argentina que tiene muchas objeciones para hacerle”, manifestó el radical.

Así, resaltó que “los 6 meses no son irresponsabilidad del Congreso sino del Gobierno y su incapacidad de actuar con prudencia porque frente a la aprobación de la ley previsional que planteó el bloque la respuesta del Gobierno de darle un 8% ha sido un insulto y una descalificación porque un viaje a España por motivos personales pagado con fondos públicos se termina convirtiendo en el retiro de la embajadora en este país”.

“Este es el nivel de desmesura en que se encuentra el Gobierno y nosotros, no vamos a caer en esto, por más que nos descalifiquen, por defender la Constitución y no vamos a responder de igual manera señora presidenta. Por más que nos acuse, yo no le voy a responder de igual manera diciendo que quienes tienen la postura contraria están entregados al Gobierno. No lo vamos a hacer, respeto su posición jurídica y debería usted también respetar a los que pensamos distintos sin necesidad de acusarnos de pertenecer a las fuerzas del infierno”, expresó Carbajal.

Por último, bregó recuperar “la prudencia y mesura para discutir los temas que se vienen en el futuro. Estamos dispuesto a hacerlo y esperemos que el Gobierno recuperen la prudencia y mesura para discutir en serio los problemas”.

“Ojalá que esta ley bases, que no creo que sea la solución a todos los problemas, pero vamos a estar discutiendo las verdaderas leyes para generar estabilidad sin pobreza y empleo de calidad”, cerró.

En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado libertario José Luis Espert fue el encargado de defender el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y se apoyó en el artículo 81 de la Constitución Nacional para insistir con la redacción original a fin de restituir los títulos sobre Ganancias y Bienes Personales.

Al inicio de su alocución Espert pidió a la Cámara que “insista” en la redacción original de alguno de los títulos del proyecto de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes sancionado el pasado 30 de abril como Cámara de Origen.

“Los intercambios que hemos visto en los medios en los últimos días están fogoneados por quienes hacen de la interpretación constitucional un juego político decadente. Sobre este tema no debería haber ningún debate porque nuestra Constitución es clara al respecto y por encima de las ideas que cada uno pueda tener, y más como legisladores nacionales, ante todo está la Constitución Nacional”, arrancó y señaló que “como diputados nacionales somos los primeros que tenemos que respetar la Constitución. Si la insistencia fuera inconstitucional, yo sería el primero en decir que no podemos insistir”.

En esa línea, Espert se refirió al ‘principio de especificidad normativa’ que “supuestamente dice que cada ley puede abarcar un único tema específico. Fui al texto constitucional y no hallé eso en ningún lado, pero si encontré en el inciso 12 del artículo 75 que le da la atribución al Congreso de sancionar los códigos de fondo –civil, penal, comercial, laboral, seguridad social- todos estos códigos son leyes ómnibus que tratan multiplicidad de temas, o sea, ninguna especificidad normativa”, y agregó: “No hay en nuestra ley fundamental principio de especificidad normativa, sino que va en sentido totalmente contrario. De otra manera, el inc. 12 del artículo 75 de nuestra Constitución no existiría”.

“Esta alusión a la especificidad normativa no surge de la ley, sino de posturas doctrinarias que están lejas de ser discutidas”, disparó.

En segundo lugar, planteó: “El segundo principio que se argumenta en contra de la posibilidad de que esta Cámara insista es el de ‘doble conforme’ que viene de la mano de una supuesta igualdad entre la Cámara de Origen y la revisora, que ambas tienen el mismo peso y tienen que estar de acuerdo en el mismo texto legislativo. Nuevamente en el texto Constitucional el artículo 81 tal principio no está, sino todo lo contrario”.

“En el recorrido de un proyecto de ley la Cámara de Origen posee un plus de poder frente a la Cámara revisora que es el de insistir en su texto original siempre y cuando se respeten las mayorías que establece la Constitución”, señaló Espert.

En tanto, el economista sostuvo que “los constituyentes ante determinados casos previeron que la Cámara de Origen sea el Senado y en otras sea Diputados ej. en materia de contribuciones artículo 52 la cámara de origen es Diputados porque es la que representa al pueblo y éste se beneficia o perjudica con las leyes impositivas, mismo ocurre con el reclutamiento de tropas. En cambio, sobre la coparticipación de impuestos entre Nación y provincias artículo 75 inc. 2 la Cámara de Origen es el Senado donde están representadas las provincias y son las provincias las que más se perjudican o benefician con los cambios en la coparticipación”.

“El doble conforme puede sonar bien, pero no es el sistema adoptado por nuestra ley fundamental de discrepancias entre las cámaras sobre títulos, capítulos, artículos en particular”, afirmó.

Así, preguntó: “¿Dónde se verifica este ‘doble conforme’ cuando la Cámara de Origen insiste en la redacción original de un artículo luego de que la revisora lo haya modificado sustancialmente?”, a lo que respondió: “No existe. Nuestra Constitución propicia una serie de reglas dinámicas que le permiten a la Cámara de Origen insistir en su redacción original en tanto y en cuanto se cumpla con las mayorías que establece su texto”.

“Estas son las dos falacias de argumentos para decir que la Cámara de Origen no puede insistir aún con los títulos desechados por la Cámara revisora como si se tratara de un rechazo total de un proyecto de ley”, resaltó.

Así, pidió aplicar la primera parte del artículo 81 de la Constitución y “cercenarla a esta Cámara revisora su atribución de insistir en la redacción original”.

“¿Puede una Cámara revisora desechar parcialmente, de manera tal, que la Cámara de Origen no puede insistir en lo que redactó originalmente? El capítulo quinto artículo 77 y 84 de la segunda parte de la Constitución expone los actores que intervienen en la formación y sanción de las leyes. Deja muy en claro que solo la facultad expresa de desechar parcialmente un proyecto es del Poder Ejecutivo artículo 80 y 83, ninguna cámara posee esta facultad”, planteó.

Además, Espert se basó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual dice que “cabe señalar que es principio de ordenamiento Constitucional que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan conferido expresamente”; apeló al artículo 19 de la Constitución y resaltó que “habla de facultades expresamente conferidas y en ninguna parte de la Constitución se le confiere a alguna de las cámaras la facultad de rechazar parcialmente un proyecto. Si la Cámara revisora no tiene esa facultad de acuerdo con la Constitución no puede rechazar de manera parcial un proyecto, de manera tal que la Cámara de origen no lo puede insistir en su redacción original”.

“¿Qué sucede cuando la Cámara revisora le devuelve a la de origen un proyecto de ley con algún artículo eliminado o título completo? Algunos juristas ven aquí una ‘laguna constitucional’, sin embargo, ven más bien un espejismo porque la Corte Suprema nuevamente ha dicho que no puede presumirse la falta de previsión de un legislador”, manifestó el libertario y cuestionó: “Algunos pretenden solucionar estas supuestas algunas equiparando y asimilando los efectos de una eliminación a los de un rechazo total”.

Promediando su intervención, el economista leyó el artículo 81 de la CN que establece: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora”.

“Más allá de las apariencias acá no hay un debate constitucional genuino, lo que hay es una dinámica por la cual se utiliza una interpretación constitucional para encubrir intereses políticos, juego de tironeos, confusión, estiramiento conceptual”, denunció y cerró: “Todas las familias esperan que insistamos en el proyecto original, que no es inconstitucional, vienen a marcar un nuevo horizonte para el país y un nuevo punto de inflexión y tenemos que hacerlos para crear las condiciones de una argentina próspera y salir del pozo de villa miseria donde nos hundió el kirchnerismo. Vamos a insistir con los dos títulos del paquete fiscal, de Ganancias y Bienes Personales”.

“Voy a votar en contra de la ley Bases”, adelantó el senador nacional Martín Lousteau (UCR) en la sesión de este miércoles tras una larga exposición en la que criticó fuertemente el proyecto de ley Bases del oficialismo porque “hay poco y nada en el proyecto que les cambie la vida a los jubilados, a la clase media, PyMES”, defendió su dictamen de minoría y apuntó contra el RIGI.

El radical remarcó que “estamos debatiendo la primera de las dos iniciativas del Gobierno”, y aclaró: “Porque el miembro informante dijo que no se le aprobó ninguna ley a Milei, pero este Gobierno solo mandó dos leyes y 25 DNU”.

El porteño denunció que “en conversaciones con funcionarios mientras se debatía esto yo dije que era una ley muy difícil de tratar y me respondieron que está hecho a propósito para que sea difícil para ustedes tratarla”, y cuestionó: “Mientras tenemos dos megas leyes que son muy difíciles de tratar y por eso lleva tiempo tratarlas bien, hay 25 DNU”.

“Lo que estamos tratando ahora es la denominada Ley Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los argentinos, pero ¿para quién es esa libertad y para quién no?”, preguntó.

Así, planteó: “Es importante pensar qué está pasando. Si es cierto que este Gobierno recibió una herencia desastrosa y que parte de lo que está pasando es por culpa de esa herencia. También es cierto que el Gobierno decidió abordar esa herencia de determinada manera y parte de lo que pasa es cómo decidió abordar la herencia y las dificultades”.

“Había muchos precios desalineados y el Gobierno decidió alinearlos todos de golpe, entre ello hizo una mega devaluación seguida de una abrupta apreciación que hizo que perdiéramos la competitividad de devaluación muy rápido. Esa devaluación lo que hizo fue generar más inflación y se liberaron precios como los de las naftas, transporte, energía, prepagas, alimentos, medicamentos y todo eso hizo que cayera el poder adquisitivo”, criticó el radical.

El senador continuó detallando que “los salarios registrados cayeron 21% perdieron uno de cada cinco pesos, las jubilaciones perdieron 33% uno de cada 10 pesos, el mínimo vital y móvil perdió 30%. Además, producto de la inflación, políticas de tasas de interés y de la política de depreciación cambiaria paulatina los ahorros de todos los argentinos perdieron poder adquisitivo si lo tenían en plazo fijo, en dólares”.

“Estamos viendo una caída que el Banco Mundial estima para este año del PBI del 3,5%, una pérdida de 95 mil puestos de trabajo de empleo registrado, estamos viendo una caída de 20 mil puestos de trabajo en el sector público, hay una caída de más de 250 mil cuentas sueldo, hay un aumento estimado de la pobreza en 4,5 millones de personas en el país; la recesión que estamos viviendo tiene la magnitud de la del 2001, la clase media está tratando de mantener su prepaga, su auto y escuela, mientras que en todo el resto están pasando una motosierra por su economía”, alertó.

En tanto, Lousteau criticó: “El gobierno sostiene que esta ley Bases es un punto de despegue y es lo que hace falta para que el país crezca definitivamente, pero ya lo dijo con el DNU que está vigente y no pasó nada de eso, pero si pasó que aumentó la nafta, aumentaron las prepagas y desapareció el desfinanciamiento universitario”.

“Hay poco y nada en la ley Bases que le cambie la vida a los jubilados, a la clase media, PyMES”, remarcó y sumó: “Queremos tener equilibrio fiscal, pero no que lo paguen los jubilados. Queremos una reforma del Estado, pero no eliminando la educación pública. Queremos más auditorías para saber cuánto gasta el Gobierno, pero no dejando de cuidar a los que no tienen para comer. Queremos abrir las puertas a las grandes inversiones, pero no a costa de regalarles el país”.

El porteño afirmó: “Este proyecto tiene más vicios que virtudes”, y apuntó contra el RIGI: “En esta ley a las grandes empresas se les da todo y ahora y para siempre, a los jubilados se les dice que tienen que esperar. A las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años y en el paquete fiscal para los más millonarios hay menos impuestos y estabilidad por 15 años, pero los jubilados que aportaron 30 años no saben ni si quiera cuánto van cobrar el mes que viene. Hay plata para los más ricos, pero para los mayores que aportaron y no llegaron a 30 años en la media sanción se sacaba la posibilidad de que accedan a una jubilación”.

“En la propuesta del oficialismo no hay ninguna sola medida para los jubilados, PyMES, ni clase media, ni educación ni para la salud”, ratificó.

El porteño recordó que hace tiempo solicitó que se incorpore las actualizaciones de los haberes de los jubilados y que presentó un proyecto de ley que no se trató nunca en comisión. “En el dictamen tienen una recomposición a los jubilados. Muchos dicen que es cara, pero fíjense lo que dice la OPC que tiene el mismo costo fiscal que la baja de los impuestos a los bienes personales”, manifestó.

“El Gobierno se llena la boca hablando de eliminar las jubilaciones de privilegio, pero solo la de presidente y vice para adelante”, apuntó y comparó: “En mi dictamen abordamos todas las jubilaciones de privilegio”.

A su vez, disparó: “Es un Gobierno que se llena la boca hablando de Alberti y Roca para poner cuadros, renombrar cosas, por todos lados, pero para redactar las leyes, pero la educación no entra nunca, Roca y Alberdi para redactar leyes”.

“¿La educación no forma parte de la ley Bases?”, preguntó y recordó: “Por eso propusimos que se incluya un capítulo que garantice el financiamiento de las universidades, pero nos dijeron que no”, por lo que cuestionó: “El Gobierno dice que resolvió el tema del financiamiento, pero lo único que hizo fue actualizar una parte muy pequeña que son los gastos de funcionamiento y se olvidan de los docentes, de los investigadores, de la maestranza. Nosotros incluimos todo un capítulo para garantizar y financiar la educación en particular los gastos de funcionamiento y los sueldos docentes. Hacemos de la educación un servicio esencial para que los chicos no pierdan clases”.

En esa línea, siguió enumerando: “Otra ausencia en la propuesta del Ejecutivo es la falta de preocupación infraestructura del país, nos acabamos de enterar que lo van a incorporar con otra redacción de menor amplitud un capítulo que identifique cuáles son las obras públicas pronto a terminarse porque es más caro dejarlas caer que terminarlas”.

“Hay 6 mil obras públicas paradas. Hay plata para regalarles a las empresas, pero no para terminar las obras. Propusimos que las que tenían 75% se terminaran porque ya vimos lo que implica abandonar la obra pública. El oficialismo parece no entender que cuando se abandona la obra pública cuando en vez de planificarla, decide abandonarla y después tenemos más costos”, enfatizó.

El radical comentó: “Pedimos siempre sumar estas cosas, pero siempre la respuesta fue no. Si no pueden considerar a los jubilados, a las PyMES, a la educación, a la obra pública, tengan la decencia de no darle plata a los que más tienen. Casi todo lo que hay en la propuesta de ley Bases destila una construcción de privilegios para muy pocos, la concepción de que el Estado tiene que estar para defender a los más grandes y ausentarse de cuidar a los más débiles”.

“Este es un proyecto que no pudo ser defendido por los funcionarios que vinieron y cuando tratamos los temas específicos no hubo casi ninguna voz de expertos que defendieran la ley Bases”.

El porteño advirtió que “esta ley refuerza una casta de privilegiados que tienen mucha capacidad de presión sobre los gobiernos”, y señaló que “así están pensadas casi todas las cosas como la Reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, hay cosas disfrazadas como la gratuidad de los trámites, existe la posibilidad de que hoy los grandes laboratorios cuando tengan que escribir sus nuevos medicamentos y desarrollos en ANMAT no paguen, cuando tengan que inscribir nueva propiedad intelectual en el IMPI no paguen, que cuando hacen un gran desarrollo inmobiliario no paguen propiedad, ¿todos los argentinos tenemos que pagar por todo eso?”.

“Hay otras cosas que operan en la misma dirección como el pago previo de multas, silencio administrativo, la confianza legítima, la revocación de actos administrativos, la eliminación de audiencias públicas o la no protección ambiental. Todo esto favor a quienes tienen más poder que otros en su relación con el Estado”, agregó.

También indicó que “la Ley de Procedimiento Administrativo pedimos que se trajera aparte porque es la columna vertebral de cómo opera nuestro Estado y valía la pena debatirlo de otra manera y propusimos modificar eso que se trajo”.

“Así está pensado el RIGI, la reforma del Estado, la intervención sobre el sistema tecnológico, la cultura, el banco de datos genéticos, porque el artículo 3 puede modificar las funciones, las misiones, responsabilidades legales, no se pueden disolver, pero se los puede transformar en cualquier cosa”, enumeró y advirtió que “así está hecha la media reforma laboral que favorece a aquellos que no registran a trabajadores, disminuye en tema de dinero a quien despide por discriminación y ceden en ciertas formas a los gremios”.

El senador consideró: “Todos coincidimos que Argentina tiene que traer grandes inversiones, pero este RIGI como está planteado da más de lo que las empresas piden, no es para desarrollar sectores estratégicos, dar estabilidad y menos impuestos durante un tiempo muy largo a sectores que sí lo necesitan, sino que lo hace para todos, no sabemos cuál va a ser el impacto fiscal, cómo va a afectar al que ya está produciendo y competir deslealmente con alguien nuevo”.

“Este régimen es más generoso y diferencial que cualquier régimen que exista en cualquier parte del mundo. Es una gran distorsión de todos los mercados”

Lousteau precisó que “se les baja ganancias, dividendos, se les permite utilizar los créditos de IVA para pagar cualquier impuesto, se les baja créditos y débitos, sacan retenciones, bajan ingresos brutos, se les permite no traer los dólares cuando exportan a la Argentina y le dan acceso al dólar oficial, pueden importar cualquier cosa a cualquier costo y sin control, se les da la prioridad sobre los recursos estratégicos por 30 años. Solamente a los que invierten más de 200 millones, a los que ya invirtieron nada”.

“Los que invirtieron antes tienen competencia desleal y las PyMES argentinas van a seguir teniendo una carga desmedida en comparación con las grandes empresas y van a tener que competir con importaciones sin controles ni aranceles”, cuestionó y agregó: “Hay países que atraen grandes inversiones, pero no lo hacen de esta manera. Tenemos que aprender de ellos”.

“No se puede pasar de espantar las inversiones a regalarles todo. En el medio hay todo, formas de abordarlos con más rigurosidad. Ese es el tipo de libertades que da la ley Bases”, analizó y alertó que “aprobar el RIGI es aprobar una legislación que es a favor de los más poderosos. Se les da triple garantías a los que ingresan al RIGI”.

“Muchos de esos cambios no son de fondo, son cosméticos. Queremos un RIGI que no sea un enclave y desconectada de la producción, fue una de las críticas más fuertes y se resolvió con que tiene que presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, pero el que lo aprueba es el Gobierno que tiene 45 días. Se deja abierta la importación para cualquier cosa que compita con lo local. No veo que eso resuelva el problema de fondo”, manifestó el senador.

El presidente de la UCR afirmó: “Queremos impulsar un cambio que tenga mayor justicia en esa orientación de ese cambio”, y procedió a explicar su dictamen de minoría: “Tiene delegaciones administrativas, pero no para hacer cualquier cosa; permite privatizaciones, pero exigiendo cuestiones adicionales para evitar errores del pasado; tiene una reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo, pero corregidas para evitar los excesos de las grandes empresas contra el Estado, tiene un capítulo de energía, uno para estimular las grandes inversiones, pero sin beneficios abusivos y dar prioridad sobre recursos a las empresas por sobre la gente; contiene una reforma laboral más ambiciosa e integral; en la previsional además de incluir recomposición de jubilaciones, no eliminamos la moratoria previsional sino que la reemplazamos por un régimen más definitivo y prestación previsional”.

Lousteau recordó: “Nunca voté las facultades delegadas porque implica darle al gobierno un poder muy grande para que haga cualquier cosa sin debatir con el resto de la sociedad y se conjuga con no tener un presupuesto y ya vimos lo que pasa.  No le daría facultades delegadas y emergencias a un presidente que diga que viene a destruir el Estado”.

“¿Esto corrige los errores del pasado? ¿hacia dónde vamos con estas iniciativas?”, preguntó y cerró: “Yo pienso que pasamos de un Estado que hacía mucho y mal, a uno que hace poco y mal. La ley Bases le da al Gobierno carta libre para hacer cualquier cosa, está pidiendo un cheque en blanco para que decida hacer lo que quiera”.

“Voy a votar en contra de la ley Bases como está porque hay muchas cosas por corregir y cambiar de la ley”, adelantó y finalizó: "Gestionar mejor no es apagar el Estado, Argentina necesita desburocratizar su Estado, pero eso no es romperlo ni dejar de gestionar. Necesitamos un Estado que brinde seguridad, justicia, salud, educación, jubilaciones, infraestructura de calidad, necesitamos las dos cosas, no una sola".

Una jornada atípica se espera para este martes en la Cámara baja, donde han sido convocadas dos sesiones especiales. Pero a diferencia de lo que podría esperarse, no se trata esta vez de sesiones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición, sino de sendas reuniones pedidas por la oposición.

La duda está planteada en si todos los sectores de la oposición darán o no quórum, y en ese sentido corre con ventaja la primera sesión convocada para las 11 de la mañana.

Esa convocatoria corresponde al bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El temario de esa sesión incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un mismo despacho.

Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP, el de mayoría; otro de la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.

La oposición no se pudo poner de acuerdo durante el debate en comisiones. La gran diferencia entre los dos primeros dictámenes radica en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), al que Unión por la Patria no quiere tocar, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme.

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más.

El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

¿Una sola sesión?

La oposición “dialoguista” da por descontado que conseguirá quórum para la sesión de las 11. “Nosotros lo damos, por supuesto, y también el resto de los convocantes a la sesión”, señaló una fuente radical consultada, en referencia a Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Todos ellos, más la izquierda y los santacruceños, suman 71. Por eso, que haya quórum dependerá de que Unión por la Patria baje o no a esa hora.

Ahora bien, si hay quórum y la sesión puede realizarse, ¿qué sucederá con la sesión de las 14, pedida por UP para tratar temas educativos?

El bloque radical ya había dejado claro que querían dedicar este martes a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que pidió después sesionar ese mismo día, para tratar un temario que también incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero además la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya anticiparon que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.

¿No darán quórum en ese caso los radicales, para no quedar haciéndole el juego a UP? La especulación que hacen en el propio partido centenario es que el debate sobre la cuestión previsional se extenderá a lo largo de todo el día, obligando a una postergación de la cuestión educativa.

“No vemos la necesidad de meter todo el mismo día”, explicó una fuente radical consultada.

A propósito de la cuestión educativa, sobre la restitución del FONID cabe consignar que en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.

El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

El oficialismo logró esta semana sacar despacho de comisión de los proyectos de ley Bases y el paquete fiscal en el Senado que serán llevados al recinto, según el vocero presidencial Manuel Adorni, en la semana del 10 de junio.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada el portavoz celebró el dictamen y destacó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “La magnífica labor que viene llevando Francos, quien en pocas horas desde que asumió su función cumplió con los objetivos que le encomendó el presidente en virtud de terminar de destrabar el dictamen de las dos leyes”.

Al ser consultado por las fechas que baraja la Libertad Avanza para poder sesionar Adorni confirmó: “Existen muchas posibilidades de que se debata en el recinto la semana del 10 de junio y por supuesto se apruebe con modificaciones o no y veremos cómo sigue el trámite legislativo”.

“Francos desde la gestión ha demostrado en pocos meses lo impensado que es haber impulsado dos leyes haberlo logrado en estas circunstancias de inferioridad numérica clara en ambas cámaras eso habla por sí solo”, agregó.

El despacho de la ley de Bases fue firmado -sin disidencias- por los libertarios Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto; el jefe de Cambio Federal, Juan Carlos Romero; la monobloquista tucumana Beatriz Ávila; los macristas Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero; los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri; y la misionera Sonia Rojas Decut.

En tanto, con disidencias lo hicieron los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama, Víctor Zimmermann y Pablo Blanco; la chubutense Andrea Cristina (CF); la neuquina Lucila Crexell (CN); la cordobesa Alejandra Vigo (UF); la rionegrina Mónica Silva (JSRN); el santacruceño José Carambia (PSC); la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro); y el entrerriano Edgardo Kueider (UF). Este último escribió “en disconformidad”.

En tanto, en el dictamen del paquete fiscal suscribieron el presidente de la Comisión de Presupuesto y jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche; Juan Carlos Romero; y lo hicieron con disidencias parciales los radicales Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Flavio Fama; Guadalupe Tagliaferri, Alejandra Vigo, Andrea Cristina y Mónica Silva.

Los despachos se oficializaron este jueves, exactamente a un mes de la votación de ambas leyes en la Cámara de Diputados, lugar a donde los proyectos volverán con modificaciones. La lupa en la votación en particular en la Cámara alta estará sobre aquellos puntos que el oficialismo no aceptó cambiar.

Exfuncionarios de la gestión Cambiemos -luego diputados del interbloque Juntos por el Cambio-, Alejandro Finocchiaro (Pro) y el jefe de bancada radical Rodrigo de Loredo protagonizaron un áspero cruce donde se acusaron e ironizaron respecto a sus trayectorias políticas al inicio del pedido de emplazamiento del temario de la sesión de este martes.

En su rol como presidente de la Comisión de Educación, Finocchiaro catalogó a esta sesión como “ridícula, ignominiosa, desprolija y grave”. Agregó, además, que “son todos temas que están en la comisión que presido y hay cuestiones en el temario que ya fueron resueltas por el Gobierno Nacional”, en alusión al incremento del presupuesto de las universidades nacionales.

Mientras era interrumpido por diputados de UP y la UCR -Martín Menem reiteró en tres oportunidades el pedido de silencio-, el exministro de Educación (2017 -2019) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri señaló que esta sesión “le está dando la oportunidad al kirchnerismo de mostrar cuánto les preocupa la educación, cuando –en realidad- su brazo sindical va a dejar sin clases el jueves a todos los chicos de nuestro país”.

Asimismo, siguió: “El objetivo del kirchnerismo no es el presupuesto universitario, es emplazar para que se trate el FONID (Fondo de Incentivo Docente), que es un mal concepto porque es dinero en negro que deben pagar los gobernadores y no el Estado nacional”. “El FONID ha dejado desde un billón hasta 1.4 billones de déficit”, aseveró.

De ese modo, remarcó su postura en relación a que todos estos temas debían arribar al recinto siguiendo el camino en el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda (presidida por el liberal José Luis Espert) que había sido convocada para este jueves 23 a las 16.

Nuevamente, el titular de Educación en la Cámara baja repasó el camino de los proyectos en comisiones y aludió que “el viernes a última hora (momento en que se difundió la convocatoria del radicalismo para sesionar los textos sin dictamen) la sesión se gestó de forma ignominiosa”.

En su relato, Finocchiaro aseguró que “estábamos encaminados a un dictamen”, y agregó que hubo un acuerdo entre distintos diputados y Espert (en su rol como presidente de Presupuesto y Hacienda) para levantar la sesión de este martes si es que había una convocatoria a reunión plenaria. Sin embargo, el pedido de sesión salió igual.

Cabe aclarar que, durante el fin de semana, la fecha establecida para la reunión plenaria en cuestión figuraba en la web oficial del Cuerpo para el jueves 28 de mayo por la tarde. El lunes fue corregido para el día 23.

Con relación a esta reunión entre bloques y los titulares de Educación y Presupuesto y Hacienda, Finocchiaro relató que “le pregunté al señor Rodrigo de Loredo si esto era así (levantar la sesión a partir del plenario) y su respuesta fue ‘sí Ale’”. “Quiere decir que el diputado De Loredo faltó a su palabra”, apuntó el macrista.

El exministro de Educación enfatizó: “Me dirijo formalmente ante toda esta Cámara a decir que De Loredo faltó a su palabra”. “Estoy hablando de él y no hago mención de ningún hombre y mujer ni en el pasado ni en la actualidad de la Unión Cívica Radical. Que conste”, añadió.

En medio de gritos de las bancadas radicales y de UP, señaló que “quienes burlan no entienden el profundo valor que la palabra empeñada tiene en la política porque para mí es muy importante la palabra empañada”.

Así las cosas, ironizó: “Quien sabe que culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto”. Siguió, en el mismo sentido, que “entiendo que después de todo lo que dije De Loredo se va a sentir sentido aludido”.

Para terminar sus cuestionamientos contra el jefe de bancada radical, sumó: “Quiero, por su intermedio señor presidente (dirigido a Menem), manifestarle al diputado De Loredo que no solo tengo honor para mantener mi palabra, sino que tengo coraje y hombría de bien para mantener mis dichos”.

La respuesta del jefe de bancada radical

Concepción de la palabra mediante, la respuesta del titular de bloque radical, Rodrigo de Loredo, no se hizo esperar. “Si algo me ha caracterizado es haber tenido y tener siempre sentido crítico de uno mismo y de las trayectorias que cada dirigente tiene”, empezó.

En medio de interrupciones y el pedido de compañera de bloque Soledad Carrizo de hacer silencio, el cordobés, quien supo ser el titular de Arsat en los cuatro años de gestión macrista, agregó que “no tenía pensado estas digresiones, pero al ser directamente mencionando voy a contestar brevemente”.

“En Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar que define a la honorabilidad como el orgullo atravesado por la ética, no veo en las palabras de Finocchiaro de ninguna manera una actitud honorable”, contestó el radical, y sumó: “Falta absolutamente a la verdad en sus términos”.

A su vez, el cordobés se guardaba un pase de factura por la gestión de exministro y apuntó: “Con aciertos y errores trato de cultivar un sentido crítico y soy un férreo defensor del gobierno que me tocó integrar porque hemos tenido un rumbo acertado, pero faltó tiempo”.

Y siguió: “Destaco los errores y siempre visibilice un gobierno que pecó de ‘porteñocentrismo’ que subestimó la política, pero ha llegado la hora de que haga público una de las autocríticas que tuve por haber integrado ese gobierno que es el bajo nivel de su ministro de Educación”.

El presidente de bloque radical aseveró: “Queda claramente expresado por la carencia de educación en un hecho que, en mis años como representante parlamentario, fue pocas veces visto”. “Que se haga cargo de sus expresiones”, reiteró.

También, respondió al relato del encuentro del viernes: “Esas reuniones nocturnas a las que usted le asigna una relevancia tan trascedente y además las falsea, no son a las que le damos prioridad”. “Nosotros le damos prioridad a las reuniones de día y con la luz prendida y la palabra en público”, expresó.

A su vez, defendió el pedido de sesión y ratificó que “estamos acá por una cuestión de tiempo porque el tiempo está pasando y las soluciones no aparecen”. “Ha pasado un mes de la marcha más relevantes de la cual el Gobierno tomó nota”, agregó.

Describió, además, al retraso del tratamiento de los proyectos de educación superior en comisiones como “una actitud pseudo-extorsiva”. “Han querido fragmentar el sistema universitario en su solidaridad”, explicó De Loredo.

Finalmente, apuntó contra el Gobierno Nacional: “El núcleo duro del argumento comunicacional de ustedes que estira la paciencia de la gente es que habrá luz al final del túnel y es un argumento de tiempo, pero el desfinanciamiento de la educación augura un fracaso de país”.

En el cierre, el jefe de bancada radical dejó asentada la moción de emplazamiento para tratar los proyectos en el plenario del jueves 23 a las 16 “con la obligación de emitir dictamen”. También, auguró por el inicio del debate los textos que restablecen la vigencia del FONID para el próximo martes.

En el inicio de la sesión especial que tratará el incremento al presupuesto universitario, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP –Santa Fe) presentó una cuestión de privilegio contra el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, por la situación de Trenes Argentinos y los servicios de colectivos en AMBA y en el interior en los últimos meses.

Tras el accidente de trenes de la línea San Martín ocurrido en Palermo hace unas semanas, el santafesino acusó al Gabinete Nacional: “Van por la liquidación de un servicio, el del transporte ferroviario”, y agregó: “Es un servicio que en el mundo se aprecia y se valora por su rentabilidad social y por sus externalidades”.

Acto seguido, el diputado opositor leyó varios recortes periódicos respecto a “despidos, ramales que dejan de funcionar, mal funcionamiento del Tren Roca, demoras y menor frecuencia en el Tren Sarmiento, el San Martín sin frecuencia, el cierre del tren a Tandil, el desfinanciamiento por falta de recursos, un choque de trenes y un maquinista del San Martín que dijo que desde el 10 diciembre se suspendió todo tipo de mantenimiento”, entre varios más.

En esa línea, se dirigió al titular del Cuerpo, Martín Menem, y señaló: “Es de manual y este manual lo escribió hace mucho tiempo su tío, señor presidente”. “Están degradando los servicios de trenes adrede para justificar su eventual privatización o directamente su eliminación”, aseveró.

Del mismo modo, remarcó que desde que asumió este gobierno “se anunció la eliminación del subsidio automotor a los transportes de pasajeros y la eliminación del Fondo Compensador”. En rigor, sumó: “La consecuencia es que los gobiernos locales aumenten las tarifas de boletos y las empresas saquen unidades de la calle para que le cierren los números afectando al AMBA y al interior”.

Por último, Toniolli cerró: “Me gustaría preguntarle a Mogettta y a Luis Caputo cómo se van a mover los argentinos, cómo van a ir a la escuela los chicos y cómo van a ir a la universidad”. “Queremos la presencia (del secretario de Trasporte) para que explique el desastre que están haciendo con el transporte de colectivos y de pasajeros”.

Finalmente fue oficializada la sesión especial de este martes a las 14 que había sido convocada por el bloque radical -en su totalidad- para tratar los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa, los cuales llegan al recinto sin despacho de comisión.

El pedido formal había sido elevado por el bloque radical y tiene un temario con proyectos impulsados por la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de la salteña Pamela Calletti (jefa de bloque de Innovación Federal).

Con la intención de frenar la sesión, el oficialismo había convocado a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para continuar el debate el próximo jueves a las 16. Sin embargo, entre varias idas y vueltas de este lunes, los radicales optaron por ir directamente al recinto.

En las primeras horas de este lunes, desde el bloque de Unión por la Patria confirmaron que darán quórum “coherentes con la posición que venimos sosteniendo hace meses”. Del mismo modo, anticiparon que pedirán incluir el debate sobre los proyectos que buscan reestablecer la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Según pudo saber parlamentario.com, la confirmación de la sesión especial estaba sujeta al resultado de “una conversación de los rectores de universidades y el Gobierno con el propósito de ver si se encuentra solución a la actualización del presupuesto universitario para este año”. En efecto, esto no fue reparado.

A última hora del viernes, el bloque radical había elevado la convocatoria formal con la firma de sus 34 integrantes en respuesta al comunicado del Ministerio de Capital Humano que informaba que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado”.

En el mencionado comunicado difundido, se indica que como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, “el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país”.

Agregaron, además, que “se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a $5.926.971.777 se incrementa a $14.224.732.213”.

Para el bloque radical, esto no soluciona el problema, pues el reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias.

En tal sentido, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Luego de la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril, y la posterior sesión trunca, donde la mayor parte de la UCR no acompañó, se estableció una agenda de trabajo en la Comisión de Educación para avanzar con los proyectos presentados por UP, el FIT y el radicalismo. "Están retrasando el dictamen porque no tienen el aval del Gobierno", había deslizado a este medio

Posterior a la sesión trunca, cuatro fueron las reuniones que se llevaron a cabo en la comisión que preside el macrista Alejandro Finocchiaro. Sin embargo, no hubo señales de dictaminar hasta el pedido de sesión de los radicales, pues este lunes el oficialismo convocó a un plenario de Educación y Presupuesto y Hacienda para desactivar la llegada de los proyectos al recinto. El radicalismo ratificó su idea de sesionar.

El temario con proyectos sin dictamen

Fueron ratificados en el temario de la sesión la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá (FIT); una actualización presupuestaria de Mónica Litza (UP); y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.

También, figuran un texto sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro (UP); las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP); la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria (UP); y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

Ahora bien, según lo indica el artículo 113 del inciso 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, para que sean aprobados los proyectos que arriban al recinto sin despacho de comisión requieren del voto afirmativo de los dos tercios de los presentes en la sesión. En otras palabras, si asistieran este martes los 257 legisladores, se necesitarán 170 voluntades a favor.

Tal cual informó este medio, ese número solo se podría alcanzar si la totalidad de la oposición más dura y los bloques dialoguistas (Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, los dos de Santa Cruz y el neuquino Osvaldo Llancafilo sumados a los mencionados anteriormente), acompañaran con su voto afirmativo. De todos modos, el número es proporcional a los legisladores presentes en el recinto.

El primer intento del Gobierno de avanzar con la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, allá por el verano, terminó como terminó: con un impasse que se reanudó a partir de que el 1° de marzo el presidente le dio al Congreso “una nueva oportunidad”, que esta semana tuvo su correlato exitoso para el oficialismo, con la media sanción alcanzada. Pero esa vez le permitió al menos a los libertarios abrir una grieta no menos significativa en el seno del bloque Unión por la Patria, donde tres de sus miembros se separaron de la bancada que conduce Germán Martínez.

Hablamos de los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, que a partir de ese intento fallido de avanzar con la ley ómnibus tomaron un rol independiente respecto de la principal oposición en ambas cámaras y formaron un bloque propio de tres, denominado precisamente “Independencia”.

Por eso había singular expectativa esta vez, para ver si el renovado avance con las leyes que tanto ansía el Gobierno generaban un nuevo desgajamiento en el seno de UP. Eso se verá con el tiempo, pero la realidad es que en las votaciones en particular de ambas normas promovidas por el Poder Ejecutivo se verificaron nuevos movimientos independentistas en las huestes que comanda Germán Martínez.

Tanto se trabajó en base a los intereses y necesidades de los gobernadores, que las miradas estaban puestas particularmente en tres: los de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Veamos qué sucedió finalmente.

En los dos proyectos votados este martes no hubo señales de ruptura, al menos en las votaciones en general, donde el rechazo de UP fue homogéneo: todos los presentes votaron en contra. Aunque ya se sabe que en términos legislativos, no siempre se vota con la mano; también se vota “con la cola”. En este caso, en la votación del paquete fiscal, de UP faltó el riojano Sergio Casas. También lo hicieron el santafesino Roberto Mirabella, quien no estuvo directamente en la sesión del lunes y martes por encontrarse enfermo (probablemente esté con dengue, según confiaron a este medio fuentes cercanas al legislador), y Leopoldo Moreau, a quien de todas maneras se sabe alineado férreamente con el kirchnerismo.

“El diablo se ve en los detalles”, expresa el dicho. Un vistazo a las votaciones en particular permite encontrar datos interesantes. Las discrepancias en el seno de UP se verificaron por primera vez en las votaciones correspondientes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Hablamos del título VIII, desde el artículo 161° al 222°. Y no fue una sola votación, sino diez.

Como se trata de un sistema que beneficia especialmente a las empresas mineras, las diferencias se dieron precisamente en dos provincias donde esa actividad está muy arraigada: Catamarca y San Juan, aunque solo la primera está gobernada por un peronista. Así y todo, los tres sanjuaninos de UP, cuyo gobernador es de lo que fue Juntos por el Cambio, pero cuyos diputados están claramente alineados con el tema minería, comenzando por Walberto Allende, quien fue ratificado recientemente al frente de la Comisión de Minería. El votó a favor de la creación del RIGI, igual que sus comprovincianos Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica.

Lo mismo hicieron los peronistas catamarqueños: la exsecretaria de Minería de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández, Fernanda Avila; la esposa del gobernador Raúl Jalil, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez. El  otro catamarqueño de UP, Sebastián Nóblega, se abstuvo.

Esa tesitura mantuvieron en las diez votaciones correspondientes al citado régimen.

El jujeño Guillermo Snopek estuvo ausente en esas diez votaciones.

En la votación de la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, a la hora de la votación del Título V, Impuesto a las Ganancias, del artículo 75 al 91, el que se sumó al voto oficialista fue el catamarqueño Sebastián Noblega, el que se había abstenido en todas las votaciones por el RIGI. En este caso, quienes se abstuvieron fueron las catamarqueñas Fernanda Avila y Silvana Ginocchio, y su comprovinciano Dante López Rodríguez. El resultado de esa votación fue 132 por la afirmativa, 113 en contra y 4 abstenciones.

También estuvo ausente en esa votación Guillermo Snopek.

Sorprendió a todos el pedido de sesión especial hecho por el bloque de Unión por la Patria este viernes al presidente de la Cámara baja para el martes próximo a las 11 de la mañana.

La solicitud, suscripta por 88 de los 99 diputados que tiene el bloque que conduce Germán Martínez, era para realizar una sesión especial con el fin de tratar el DNU 70/23 que ya cuenta desde el 14 de marzo pasado con el rechazo del Senado.

Eso ya sería un dato en sí mismo. Pero la “picardía” estaba en la fecha elegida por UP, pues para entonces se descuenta que estará en pleno desarrollo la sesión que se iniciará el día anterior para tratar la ley de Bases y el paquete fiscal. Nadie espera que pueda concluir ese mismo lunes.

Entre los firmantes figuran, como dijimos, casi el 90% de los legisladores del bloque, a excepción de los diputados nacionales Máximo Kirchner; la massista Marcela Passo; y el santafesino Roberto Mirabella; y el jujeño Guillermo Snopek, entre otros.

La movida fue interpretada por muchos como un intento de obstaculizar la sesión de Bases y paquete fiscal, y la pregunta del millón era cuál sería la decisión adoptada por el titular de la Cámara para resolver el planteo.

Según pudo saber parlamentario.com, Martín Menem desactivó esa sesión. Dado que ya está convocada una sesión el lunes y se desconoce cuánto puede llegar a durar, el jefe de la Cámara propuso un cambio de fecha.

La respuesta de Germán Martínez se conoció en las redes, y fue negativa. “Menem quiere impedir que se trate el DNU 70/2023”, expresó, advirtiendo que “el presidente de la Cámara NO TIENE atribuciones para NO CONVOCAR a una sesión especial solicitada en los términos de los artículos 35 y 36 del Reglamento”.

Para Martínez, “no respetar el reglamento es incumplir deberes de funcionario público”.

El jefe del bloque UP publicó a continuación qué dicen los citados artículos. El 35, refiere la petición de sesión especial: “Las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión”.

Y el 36 (Citación a sesión especial) precisa que “en cualquiera de los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubiesen determinado, o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de los diputados que soliciten la sesión”.

Se espera de todas maneras que en el inicio de la sesión del lunes, el bloque UP haga planteos de emplazamientos para tratar temas que el oficialismo viene eludiendo.

El jueves fue el día D. Con “d” de dictamen. O dictámenes, pues fueron dos los que el oficialismo consiguió ese día. Y aun antes de que se alcanzaran las firmas para conseguir el correspondiente al paquete fiscal, ya las autoridades de la Cámara baja habían convocado a sesionar este lunes 29 de abril, para debatir en el recinto las leyes que más le interesan al Gobierno nacional, y que espera finalmente aprobar este 30 de abril.

En efecto, a pedido del nuevo titular del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Marcos Bornoroni, se dispuso sesionar el lunes 29 de abril próximo, a partir de las 11 horas. Pero este viernes se conoció una modificación del horario de inicio, que será al mediodía.

Si bien nada se informó oficialmente, está claro que la postergación tiene que ver con los vuelos. Tengamos en cuenta que esta sesión está prevista para un día infrecuente para sesionar: lunes. Buena parte de los legisladores llegarán esa mañana, de ahí que se haya decidido mover el horario una hora, cuestión de evitar disgustos. Así y todo, en el oficialismo y los bloques dialoguistas se recomendó a los legisladores tratar de llegar el domingo, no sea cosa de que el lunes haya problema con los vuelos y el quórum peligre.

Vale tener en cuenta que para el lunes se pronostican lluvias en Buenos Aires desde la mañana.

Cuestión de tener que evitar pedir una prórroga para el inicio, luego de que el presidente de la Cámara se mostrara inflexible en ese sentido el miércoles pasado, cuando se cayó la sesión pedida por la oposición. Esa vez, desde UP, le reprocharon a Martín Menem ser tan estricto con el reglamento y alguno le advirtió que alguna vez podría pasarle al  oficialismo estar en la misma situación.

Aun antes de que el paquete fiscal tuviera dictamen en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se inició pasadas las 16 de este jueves, las autoridades de la Cámara baja oficializaron la convocatoria a debatir en el recinto las leyes que más le interesan al Gobierno nacional, y que espera finalmente aprobar la próxima semana.

En efecto, a pedido del nuevo titular del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Marcos Bornoroni, se dispuso sesionar el lunes 29 de abril próximo, a partir de las 11 horas.

Será una sesión especial en la que se debatirá el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, como así también el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Ambos temas fueron debatidos este jueves para sacar sendos dictámenes, luego de meses de debate, a pesar de que el paquete fiscal en realidad tiene fecha de ingreso a la Cámara de Diputados 17 de abril. En rigor, ese proyecto es un desprendimiento de lo que se presentó originalmente junto a la ley de Bases, y que fue apartado por decisión del ministro de Economía Luis Caputo, tal cual lo anunció en una conferencia de prensa brindada un día viernes, con el objeto de agilizar el tratamiento del resto del proyecto. Cosa que en definitiva no sucedió, pues la iniciativa del Poder Ejecutivo terminó volviendo a comisión durante la frustrada sesión del 6 de febrero pasado.

Si bien estos temas vienen siendo debatidos con intensidad desde que el presidente anunció el 1 de marzo que reenviaría el proyecto original, como prolegómeno del Pacto de Mayo que espera firmar el 25 de mayo,  es verdad que esas discusiones se han circunscripto a los bloques oficialistas y dialoguistas. Quedaron excluidos los diputados de Unión por la Patria y la izquierda, tal cual reprocharon este jueves varios de ellos, en el marco del debate en comisiones.

El debate de la próxima semana se espera que trascienda el lunes, y ocupe buena parte del martes. Es posible incluso que el cierre de la sesión se dé en la madrugada del 1° de Mayo. Lo cierto es que en la primera parte de la sesión del lunes se espera que haya un buen espacio destinado a homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento.

En ese marco es muy probable que la oposición más dura trate de impulsar un emplazamiento al oficialismo para forzar el debate de temas como los que no pudieron tratarse este miércoles en la frustrada sesión sobre presupuesto universitario, FONID y movilidad jubilatoria.

Esos debates consumirán un buen tramo de ese primer día de debate.

Tal cual había anticipado parlamentario.com, la Cámara baja no alcanzó este miércoles el quórum necesario para realizar la sesión especial pedida por el bloque Unión por la Patria, para analizar una serie de cuestiones álgidas. Casi una treintena de proyectos estaban puestos a consideración sobre temas de sumo interés: la crisis universitaria, la reposición del FONID y la movilidad jubilatoria.

Diversas cuestiones, pero sobre todo la negociación en marcha del tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal contribuyeron en que aquellos legisladores indispensables para garantizar el quórum priorizaran evitar alterar el microclima imperante en vísperas del inicio definitivo del tratamiento en comisión de ambos proyectos.

La oposición más férrea al oficialismo, animada incluso por la multitudinaria marcha por la universidad pública del día anterior, estuvo a 5 diputados de lograr abrir la sesión. A las 11.31, con 124 diputados presentes en sus bancas, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por caída la sesión y anunció el inicio de una sesión en minoría. Pese a una tradición de más de 10 años, el riojano cumplió a raja tabla el reglamento y no otorgó 15 minutos de prórroga.

A la asistencia perfecta de Unión por la Patria, con 99 integrantes, se sumaron 14 diputados radicales dieron quórum en la sesión. A saber: Facundo Manes, Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Jorg Rizzotti, Natalia Sarapura, Manuel Aguirre, Carla Carrizo, Marcela Antola, Melina Giorgi, Danya Tavela, Mariela Coletta y Fabio Quetglas. También estuvo en la sesión Gabriela Brouwer de Koning, quien ingresó al recinto luego de que Menem diera por caída la sesión. Así las cosas, el grupo de Manes aportó 8 diputados y Evolución 5. Y se agregó Quetglas, que responde al senador Maximiliano Abad. Todos vinculados al mundo universitario y científico.

También estuvieron para el quórum 4 diputados de Hacemos Coalición Federal como la cordobesa Natalia de la Sota (que llegó bien temprano), Juan Brügge, y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón. No lo hizo en cambio Margarita Stolbizer, autora de uno de los proyectos sobre FONID que estaban en el temario.

También bajaron los 5 legisladores del Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá; y los dos santacruceños de Por Santa Cruz Sergio Acevedo y José Luis Garrido.

A las 11.20, la secretaria parlamentaria de UP, Paula Penacca, había solicitado que el tiempo de espera se estirara hasta las 11.45, cosa que el presidente del Cuerpo rechazó, pese a la insistencia a la que incluso se sumó Nicolás del Caño. “Cumplir con el reglamento es lo que me han encomendado”, argumentó Menem, para ceñirse a la norma de dar por caída la sesión a las 11.30.

Mónica Litza le preguntó entonces quién le había “encomendado” cumplir con el reglamento, sugiriendo que esa “orden” venía del Ejecutivo. Menem no contestó.

“Sería bueno que usted le diga a su jefe… o a su jefa, que le transmita que en algún twitter les diga a sus colegas que vengan a dialogar”, le expresó por su parte a Menem el diputado Aldo Leiva, que lamentó “que no tenga el coraje de darnos 15 minutos más”. Se sumó también Carolina Gaillard, quien ponderó que quisiera respetar el reglamento, pero le recordó antecedentes, enfatizando que desde 2009 nunca más se respetó ceñir la espera a solo media hora. “Eso fue respetado por todos los presidentes que lo antecedieron, y tiene razón de ser en que esta ciudad es muy caótica y cuesta llegar”, le indicó.

La respuesta de Menem fue dar por caída la sesión.

Sesión en minoría

Caída la sesión, tomó la palabra Germán Martínez, que reprochó la actitud del presidente y la ausencia de quienes “están detrás de las cortinas”. Y les advirtió que esa actitud en algún momento puede volvérseles en contra. Reclamó luego por las causas que habían generado la convocatoria a sesionar. Se quejó de paso porque en la sesión que pidieron desde Hacemos Coalición Federal para tratar la cuestión jubilatoria a la que el 98,5% del bloque UP asistió para dar quórum.

Reprochó a continuación la actitud del diputado José Luis Espert -contra el que anticipó que presentarán una cuestión de privilegio en la próxima sesión- por no convocar a la Comisión de Presupuesto para tratar ese tema, como ya se hizo con la Comisión de Previsión.

“En este momento hay negociaciones de distintos bloques parlamentarios alrededor de la ley Bases y el paquete fiscal, con la novedad de que pueden llegar a meter de una manera rápida, como para que no se note, una reforma laboral”, observó el santafesino.

A continuación lanzó: “Pensar que en la Argentina, con toda la diversidad que tiene, está condenada a tener una línea solo monocolor que es la que expresan La Libertad Avanza y Javier Milei, es un error”.

“Por eso es que cuando pasan estas cosas siempre estamos nosotros allí. Para que esas otras voces que intentan invisibilizar se puedan escuchar en este recinto”, agregó, para lanzar luego que “hay un plan para que este recinto esté siempre cerrado, a excepción de cuando lo piden los libertarios. Nosotros tenemos que tener un gesto de rebeldía institucional; nosotros tenemos que tener el coraje necesario para poder convocar a otros, sin banderías políticas, pero con una clara concepción republicana de que queremos que este recinto esté abierto para defender los intereses de la República Argentina. No importa a quién votaron. Sigamos generando las condiciones para que los argentinos tengan aquí, en este recinto, las respuestas que estamos buscando”.

A continuación, Blanca Osuna recordó que las últimas semanas recibieron en la Cámara a representantes de los sindicatos, a representantes de los trabajadores de la educación, como así también a los rectores que están organizados e integran el CIN. “Hemos recibido a estudiantes organizados en la Federación y confederaciones que los representan y expresan, y en cada una de las reuniones que fueron además intensas y ricas, recibimos reclamos, puntualizaciones concretas respecto a la disminución, congelamiento y ajuste que el sistema educativo está padeciendo”, advirtió.

Pablo Yedlin hizo hincapié en la movilización del día anterior, que él vivió en su provincia, Tucumán, bajo la lluvia pero de manera también masiva. El legislador de UP sostuvo que “definitivamente las universidades son parte de este enorme ajuste y es lo que se expresó ayer en la Argentina”.

En clara referencia a un tuit escrito por el presidente, agregó: “Hay quienes pueden creer que son lágrimas de zurdos, o de diestros, y que no tienen importancia, pero hay quienes como nosotros creemos que es la expresión de un pueblo que le pide al Gobierno que cambie el rumbo, que nadie tiene la verdad única en ningún lugar. Que no hay fuerzas del cielo y gente de bien y el resto de los argentinos al que se le pone en riesgo la educación pública. Somos todos argentinos, podemos tener visiones encontramos, pero hay cosas en las que estamos de acuerdo”.

Como hablaban solo los de UP, Germán Martínez pidió alterar el orden de oradores, para abrir el juego a los de otras bancadas que habían prestado quórum. Así, habló a continuación el socialista Esteban Paulón, quien lamentó que no hubieran podido alcanzar el número necesario para sesionar este miércoles, y que tampoco lo hubieran logrado en el anterior intento. Pero garantizó que “pronto van a estar los 129 para el FONID; pronto van a estar los 129 para los fondos universitarios; para una nueva ley de movilidad jubilatoria; pronto van a estar para la derogación del DNU 70 y para defender cada derecho que este Gobierno quiera eliminar”.

“El presidente Javier Milei se la pasa diciendo que no la ven… Espero, por el bien de la Argentina, que la marcha de ayer sí la vean, porque sino la ven entramos en un contexto muy complejo donde vamos a tener un gobierno aun más alejado de lo que pasa en la calle, que es la vida real, y va a seguir regodeándose en redes sociales con los sectores alcahuetes que le dicen que está todo bien, mientras en la calle el pueblo va a seguir luchando por sus derechos”.

Un duro discurso también expresó el radical formoseño Fernando Carbajal, quien sostuvo que su partido es “un orgulloso sostenedor de las banderas de la educación pública, porque estamos verdadera y absolutamente convencidos de que el camino para la mejora de la sociedad es a través de la educación. No estamos dispuestos a retroceder un solo paso, ni vamos a ceder en la lucha por la defensa de la educación pública, de la autonomía universitaria y el necesario financiamiento que tiene que tener la universidad pública”.

“No nos van a correr, por supuesto que vayan y hagan todas las auditorías que quieran, que controlen hasta el último peso a la universidad, que pongan preso a quien tienen que poner, pero eso no puede ser motivo para desfinanciar y dejar a los estudiantes sin la posibilidad del ascenso social. No lo vamos a permitir -agregó-. Y lo cierto es que estamos frente a un gobierno cuyo discurso explícito es que no quieren la educación pública y quieren hacer desaparecer el Estado. Por eso estamos aquí en esta sesión y por eso estuvimos ayer en la marcha y por eso vamos a estar en cada una de las sesiones. Las convoque quien las convoque para defender la educación pública”.

Finalmente el diputado formoseño pidió debatir todas las leyes en el Congreso y cuestionó a los legisladores que no dieron hoy quórum y prefieren “ir a la Casa Rosada”.

A su turno, Facundo Manes hizo hincapié en la educación, que para él, dijo, “no es un eslogan, no es una frase linda, es lo que cambió mi vida”. Y definió qué es para él la educación, que a su juicio “es mucho más que aprender datos, incorporar nuevos aprendizajes; la educación es lograr la autoestima personal para ir por nuestros sueños en la vida. Es una brújula confiable en  un mundo cambiante, ambiguo; es curiosidad, es coraje. La educación es utilizar los recursos cognitivos sociales y emocionales para tomar acción”.

“Y hoy los países compiten económicamente por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos -agregó-. En la Argentina, hace varias décadas que se habla de inflación, de déficit fiscal, del valor del dólar… Y el presidente argentino habla todo el día de economía. Señor presidente: la economía del siglo XXI es la capacidad de los países para invertir en su gente, en el desarrollo humano, en la vinculación de ese conocimiento con el sector productivo”.

Aclaró que “obviamente necesitamos una macroeconomía ordenada, pero necesitamos un proyecto de desarrollo. Y cuando hablamos del futuro, muchos nos dicen que tenemos muchos problemas para pensar el futuro, como la pobreza”. Contó entonces la anécdota de cuando Nehru, cuando asumió como primer ministro, e invirtió en educación, universidades, ciencia y tecnología. “Los miopes del futuro lo criticaban: ‘Nehru, somos demasiado pobres para invertir en conocimiento’. Y él les contestaba que justamente porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza”.

“Muchos no quieren educar, y esos son nuestros verdaderos adversarios. Por eso me da lástima y pena que muchos no estén acá acompañándonos”, planteó el legislador radical, que advirtió que “en una economía global, la educación no es una oportunidad, es un requisito indispensable”.

Para Manes, “Argentina invierte poco en ciencia y tecnología y no hay puentes con el sector productivo. Ese es el país desarrollado que anhelo. Dejémonos de chicanas de redes sociales, hoy el paradigma debe ser el paradigma del conocimiento. Y eso se hace con la ejemplaridad de los gobernantes, con instituciones sólidas y transparentes, y eso espero del peronismo y el kirchnerismo con la votación de los miembros de la Corte también”.

En otro pasaje, confesó sentirse “muy impotente en esta banca”. Recordó que se metió en la política contra la recomendación de quienes le dijeron que no lo hiciera. “Y a veces pienso que tenían razón. Pero ayer cuando recorría las calles, sentía esperanza, y las sociedades se mueven por miedo o por esperanza. El  presidente nos está atacando con miedo. ¿Cómo combatimos el miedo? Todos juntos, como ayer”, planteó.

Luego de la polémica en el Senado por el aumento de dietas, el interbloque de Unión por la Patria presentó un pedido de sesión para el próximo 2 de mayo, con la intención de debatir sobre un proyecto de ley que pone un tope máximo a los sueldos de funcionarios públicos de los tres poderes, órganos extrapoderes, organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado. 

La iniciativa fue presentada en marzo pasado por el formoseño José Mayans pero, al igual que el resto del temario, no posee dictamen de comisión, con lo cual requeriría de dos tercios de los votos para su tratamiento sobre tablas. 

Además, la solicitud incluye proyectos referidos a la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Uno de ellos busca declarar la emergencia durante 2024 y elevar la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones de pesos para este año. 

La otra iniciativa propone un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032. 

Finalmente, el tercer tema tiene que ver con anular los aumentos de las tarifas de electricidad dispuestos por el Gobierno nacional en febrero, a través de la resolución 7/2024, y reglamentar el precio de la adquisición de la energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A. 

“El tratamiento urgente de estos proyectos se motiva por la acuciante situación económica por la que están atravesando gran parte de los habitantes de la Argentina, siendo necesaria la intervención de este Cuerpo para paliar cuanto menos en parte la misma”, sostuvieron en el pedido. 

Consecuencia de la polémica sin fin que estalló el jueves tras la sesión del Senado en la que se votó un fuerte aumento de las dietas de los senadores, el interbloque de Unión por la Patria anticipó que pedirá esta semana una sesión especial para tratar un proyecto de ley que fije los sueldos que perciban en los tres poderes del Estado.

Se trata de un proyecto presentado el 8 de marzo de 2024, que lleva las firmas de los senadores José Mayans, Carolina Moisés y María Teresa González.

La iniciativa plantea fijar un tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades del Estado.

En caso de aprobarse este proyecto de Mayans, se fijarían las remuneraciones mensuales del presidente, del vicepresidente, de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los legisladores, del procurador General, del defensor General, de los consejeros de la Magistratura, de auditores Generales, del defensor del Pueblo de la Nación y del personal del Servicio Exterior de la Nación. Las mismas no podrían superar a los 20 salarios mínimos, vitales y móviles, por todo concepto.

En cuanto a las autoridades superiores y jerárquicas, ya sea ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el BCRA, la AFIP, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, no podrían superar los 15 salarios mínimos, vitales y móviles, por todo concepto.

Si tenemos en cuenta que el salario mínimo actual es de $202.800, desde el presidente a los legisladores, por ejemplo, no deberían ganar más de $4.056.000. Y los nombrados en segundo término tendrían como tope $3.042.000.

La Cámara alta sancionó este jueves por unanimidad -67 votos afirmativos- el Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Fue el único que se convirtió en ley, ya que contaba con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

El convenio tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, mensajería y datos móviles en los Estados parte del Mercosur.

En virtud del acuerdo, los proveedores de telecomunicaciones deberán aplicar a sus usuarios, que utilicen servicios de roaming internacional en el territorio de otro Estado que integre el Mercosur, los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo con la modalidad y plan contratado por cada usuario. De igual manera, deberá existir razonabilidad en la relación entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones, de forma tal que los acuerdos resulten convenientes tanto para los usuarios, como para todos los proveedores participantes.

Además, se trató un paquete de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y fueron aprobados otros tratados relacionados con el Mercosur: el Acuerdo de Comercio Electrónico del Mercosur, celebrado en Montevideo, Uruguay, en abril de 2021; el Acuerdo para la Protección Mutua de las Indicaciones Geográficas Originarias en los territorios de los Estados parte del Mercosur, suscripto en Brasil en 2019; el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio del Mercosur, suscripto en Brasil en 2019; y el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, suscripto en Brasil en 2017.

Por otra parte, se avaló un Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el gobierno de la República Checa, celebrado en marzo de 2011; y otro en el mismo sentido con la República del Paraguay, celebrado en la ciudad de Asunción el 8 de abril de 2022.

También, un Convenio sobre Seguridad Social con Canadá, celebrado el 13 de agosto de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires; y el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech.

Asimismo, el conjunto incluyó un acuerdo con China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados de forma ilícita, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2019; y con ese mismo país, un convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en Beijing en septiembre de 2010.

La lista se completó con un acuerdo relativo a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrado en París en 2021; un acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993, celebrado en Ciudad del Cabo en 2012; acuerdos sobre asistencia jurídica mutua con la República de Serbia y con Cuba; sobre traslado de personas condenadas o sentenciadas con Italia; y tratados de extradición con Polonia y Costa Rica.

Como miembro informante en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el libertario Francisco Paoltroni destacó la labor realizada de la misma que fue “muy productiva en la cantidad de días que nos reunimos y 21 dictámenes favorables que sacamos. Fue una gran colaboración de todos los senadores que la componen”. También ponderó la presencia de funcionarios de Cancillería que asistieron de forma permanente para explicar cada proyecto.

Paoltroni pidió una moción de orden para postergar la orden del día 14/24 por “pedido de los presidentes de bloque en el trabajo de Labor Parlamentaria”. Se trata del proyecto de acuerdo sobre traslado de personas condenadas o sentenciadas con Ucrania.

Al hacer un repaso de todos los dictámenes, sobre el Convenio sobre Seguridad Social con Canadá el formoseño aclaró que “procura tener obtener el reconocimiento de los aportes realizados por un trabajador de un país a otro país. El Convenio busca evitar el doble aporte en el caso de trabajadores de traslado temporario. Aproximadamente 19.500 argentinos viven en Canadá por lo que es esperable que la entrada en vigor del Convenio favorezca a una importante cantidad de ciudadanos argentinos que residen en el país y aguardan hace mucho el Convenio”.

Con relación a la Argentina, Paoltroni explicó que el Convenio se aplicará a la Legislación sobre Beneficios Contributivos del Sistema de Seguridad Social en lo que se refieren a los regímenes de vejez, invalidez y muerte administrado por la institución competente. Con relación a Canadá se aplicará a la Ley de Seguro de Vejez y las normativas adoptadas en virtud de ello. “La suscripción del Convenio se enmarcó en la Celebración de los 80 años de la relación bilateral con Canadá y representó una buena sintonía entre ambos gobiernos”, destacó el libertario.

Al referirse al proyecto de creación de un protocolo de contrataciones públicas del Mercosur, suscripto en la Ciudad de Brasilia, Paoltroni precisó que tiene por objeto “la creación de nuevas oportunidades de negocios para el sector privado, contribuye a la generación de empleo y renta, así como la reducción del costo del sector público que contribuye para el desarrollo económico social”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, el miembro informante explicó que “tiene por objeto establecer pauta de servicios de itinerancia internacional roaming entre los proveedores de telecomunicaciones que presenten servicios de telefonía móvil, mensajería, datos en el estado parte del Mercosur”.

Al hacer mención a la aprobación del acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, Paoltroni explicó: “La aprobación de este instrumento vigorizaría aún más el vínculo con la República Popular China y permitiría profundizar la relación en una esfera que ambos países otorgan relevancia como la riqueza histórica de los pueblos a través de la preservación del patrimonio cultural”.

Respecto de la Convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, detalló que es “continuadora de la Asociación Internacional de ayuda a la navegación marítima y autoridades de faro de la que participa activamente el Servicio de Hidrografía Naval desde hace más de 60 años. La aprobación de este proyecto permitirá que nuestro país continúe el trabajo que viene realizando en el marco de esta asociación colaborando con la organización y otras autoridades de navegación con el fin de armonizar las normas de sistema de ayuda de navegación, facilitar la seguridad, el tránsito eficiente de los barcos”.

Por último, se explayó con el proyecto de ley que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros que “tiene por objetivo establecer reglas internacionales para la seguridad de los buques pesqueros, con el propósito de contribuir a la mejora en las condiciones laborales y personales de los pesqueros y apoyar la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Establece reglas para la construcción del equipo de buques pesqueros y que incluyan disposiciones de reconocimiento de dispositivos de salvamiento, máquinas, equipo de mantenimiento, entre otros”.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores convirtió en ley por unanimidad -67 votos afirmativos- el proyecto que instaura el 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

La flamante norma establece además que "el Poder Ejecutivo de la Nación propiciará la realización de actividades específicas relacionadas con el día nacional instituido".

El proyecto, que fue impulsado por diferentes bloques en la Cámara de Diputados, contaba con media sanción desde el 20 de septiembre pasado.

Según una encuesta del CONICET de 2019, la Argentina tiene 15,3% de población que se considera de fe evangélica, lo que equivale a unos 7 millones de argentinos.

La jujeña Vilma Bedia (LLA) expresó: “Acompañar esto ahora sería un reflejo de dar respuesta a una comunidad evangélica que está esperando hace mucho tiempo este paso”. También recordó que la libertad de culto está reflejada en la Constitución Nacional en el artículo 14 y 72 inc. 22.

“El año 1517 el 31 de octubre marca un hito fundamental en la historia porque Martín Lutero presentó su 95 tesis en el cual dio lugar a la reforma protestante. Esta comunidad evangélica, que forma parte de la sociedad argentina, se aboca a abrazar en tiempos de crisis que la fe en su cuarta dimensión puede hacer aportes a la sociedad que nosotros no vemos y ellos lo hacen de forma voluntariamente y silencioso a lo largo del país”, explicó.

“Es un día histórico para las iglesias evangélicas. En varias provincias ya está esta ley. Es un tema que venimos trabajando al lado de varias iglesias. Es un proyecto que salió por unanimidad. Quiero agradecer a la comisión el tratamiento del proyecto”, sumó la tucumana Sandra Mendoza (UP).

Promediando la sesión especial de este jueves del Senado, el jefe del bloque de Unión por la Patria el formoseño José Mayans, cuestionó duramente al presidente de la Nación por el mega DNU 70/23 y por las “amenazas y ataques” hacia los senadores y gobernadores.

Además, al igual que el santacruceño José Carambia y el cordobés Luis Juez (Pro), Mayans se solidarizó con la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien recibió críticas de Javier Milei por haber habilitado la sesión que le valió el rechazo del decreto de necesidad y urgencia. También, recibió amenazas vía redes sociales por parte de trolls libertarios.

“Hay una sola forma de ser libres y es siendo esclavos de la ley. La democracia exige el verdadero Estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, el respeto a las libertades fundamentales. Esa es la Argentina que quiero. Se supone que esta era una etapa nueva, con una propuesta distinta”, inició su intervención.

Mayans coincidió con los senadores preopinantes del bloque UCR Pablo Blanco y Martín Lousteau en que se “perdió tiempo porque podríamos haber tratado 15 leyes que sustituyan los títulos y, a lo mejor, muchas ya estaban aprobadas”.

“El gobierno empezó con medidas económicas que es un tema para discutirlo en una sesión.  Un plan de gobierno parecido a lo que parece el plan del campesino porque pensó que tuvo éxito porque quería hacer trabajar a su mula sin comer y justo que se acostumbró se murió, ese es el plan que está en vigencia en Argentina”, comparó y apuntó: “Hay una brutal devaluación que aplasta el salario del sector público y privado, eso es inobjetable”.

El formoseño cuestionó: “Dos medidas tomó. Una el DNU que empezó el 20 de diciembre y la Ley ómnibus están inspiradas en Sturzenegger como un comisario sin tener ninguna función y él dijo que era el autor ideológico con Caputo, pero cuando pedimos que vengan no apareció ninguno”.

Así, le recordó a la oposición no K que cuando empezó el tratamiento en Diputados el presidente los calificó de coimeros porque “algunos manifestaron estar en desacuerdo con una ley que tiene más de 600 artículos. Es una cosa increíble. Después les dijo que eran un nido de ratas, es la primera vez que escucho a un presidente que dice eso de sus bloques de amigos. Cuando se cayó la ley hizo la lista de los traidores y después dijo textualmente que iba a hacer mierda a los gobernadores, de los traidores y de los coimeros”, y agregó: “Es terrible lo que pasó con ese nivel de insulto y de castigo a los pueblos de las provincias”.

En tanto, calificó de “vergonzoso” que Milei haya utilizado como burla el síndrome de Down hacia el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres que “reclamaba atención por parte de Nación”, y les preguntó a sus pares: “¿A ustedes les parece normal que un presidente les diga a los gobernadores que le piden una reunión que vayan a un psicólogo porque no los va a atender? ¿Se pude permitir esto? ¿con este nivel de irresponsabilidad vergonzosa?”.

Por otro lado, el jefe del bloque UP detalló que “el gasto social se redujo a un 30%, la transferencia a las provincias se redujo en un 83%, los subsidios por los servicios el 64% y en marzo va el 100%, gasto de capital e inversión pública el 83% reducido eso significa mucha gente sin trabajo y desocupación, jubilaciones, inversión pública, todo esto es devastador. Un jubilado gana 150 mil y la canasta está en 700 mil”.

Al hablar puntualmente del DNU, recordó que “empezó con una amenaza hacia nosotros por parte del Ejecutivo. Ahí empezó el tema del tratamiento con amenazas y ataques a los senadores. Desprestigió al Senado”.

Mayans hizo un párrafo aparte para expresarle su solidaridad a Villarruel porque “ayer la amenazaron de muerte porque eso que decían en redes que había que colgarla en Plaza de Mayo por habilitar la sesión. Eso no es para tomar en broma”, y volvió a preguntarle a sus pares muy enojado: “¿Todo eso les parece normal a los legisladores? ¿No les llama la atención, a la reflexión? De que esta persona tiene sus facultades mentales alteradas. Porque ahora seguro publica la lista de la votación que salió y está instigando al linchamiento. Es grave”.

“Nosotros no somos ningunos delincuentes como dijo en su discurso el presidente. Dijo que el Estado es una organización criminal. Hay gente que avala esto y aplaudían sus legisladores que él derogó leyes. No lo puede hacer porque está expresamente vedado por la Constitución Nacional y él no es la excepción y tiene que cumplir”, expresó entre gritos.

Y cerró: “El presidente tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la división de poderes. Nosotros no somos empleados de él, estamos electos por el pueblo", y chicaneó: “Alguien que le avise al presidente que no puede derogar leyes. Si puede modificar o derogar entonces este Congreso hay que cerrarlo, no lo puede hacer”.

“Rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones”, indicó el tablero del recinto del Senado en la votación del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía en la sesión de este jueves, lo que significa un duro golpe para el oficialismo y una victoria para un sector de la oposición, que reclamaba hace tiempo debatir la cuestión. A pesar del rechazo, la suerte final del decreto de Javier Milei recaerá ahora en la Cámara de Diputados, ya que el DNU sigue vigente de acuerdo a lo que establece la Ley 26.122 sobre que ambas cámaras deben rechazarlo para que quede anulado.

A la hora de la votación, La Libertad Avanza, que tuvo la única baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa, contó con el respaldo del Pro, la mayoría de los radicales y tres senadores de bloques federales.

En tanto, a los 33 integrantes de Unión por la Patria que, de ante mano rechazaban el texto, se sumaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco; 2 de Unidad Federal, Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola; 2 de los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Lucila Crexell; la rionegrina Mónica Silva; y la chubutense Edith Terenzi. Las abstenciones fueron de Maximiliano Abad, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y la cordobesa Alejandra Vigo.

El tratamiento del DNU fue el plato fuerte de la jornada, que quedó para tratar en último lugar. En la previa, la vicepresidenta Victoria Villarruel intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición. Mismo pedido realizó el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, durante la sesión, pero la moción resultó negativa.

Se da por descontado que el rechazo del Senado no caerá nada bien en Casa Rosada, desde donde este miércoles por la noche activaron llamados a gobernadores para intentar persuadirlos en convencer a senadores que les responden de no votar en contra. Las negociaciones contrarreloj que continuaron durante el día de hoy no dieron fruto. Desde el oficialismo argumentaban que, en el marco del camino hacia el "Pacto del 25 de Mayo" propuesto por Milei, no era conveniente rechazar el DNU.

El enojo del Ejecutivo ya dejó verse antes de la sesión, cuando este miércoles, mientras se desarrollaba la reunión de Labor Parlamentaria, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes.

Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.

Desde el entorno de Villarruel consideraban que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas. Este jueves, senadores opositores le reconocieron a la presidenta del Cuerpo haber mantenido la sesión en pie a pesar de las presiones.

El mega DNU

El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia”, al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300. De 1994 hasta la actualidad, ningún DNU fue declarado inválido por el Congreso.

El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre pasado, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.

Las voces a favor y en contra

En su carácter de titular de la Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialista Juan Carlos Pagotto, recordó que la orden del día no tenía dictamen de comisión y planteó: “Este DNU 70 que tanta polvareda ha levantado viene siendo tratado en la comisión”, e hizo un paréntesis para cuestionar que la misma estuvo sin conformarse por más de cinco años”.

El riojano defendió que el decreto es la base para la reconstrucción de la economía argentina y tiene “una gran incidencia en lo que la gente quiere”. En ese sentido, solicitó la aprobación del DNU y volvió a chicanear que “nunca antes se han tratado los DNU, pero como tenemos memoria selectiva…”, y les enrostró a los titulares del bloque UP que “hay ciertos DNU que no se han tratado y también afectaban los derechos de los argentinos, muchos de los cuales tienen vigencia”.

Tal como era sabido, desde el bloque UP anticiparon el rechazo pleno. Fue la vicejefa del espacio, Anabel Fernández Sagasti la encargada de ratificar la posición argumentando que el mega DNU es “inconstitucional, no solo por arrogarse el Ejecutivo facultades del Legislativo propio del artículo 75 de la Constitución Nacional, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y formal el artículo 99 inc. 3”.

“No hay ninguna necesidad y urgencia en muchos temas. Este DNU es inconstitucional, el Ejecutivo se está arrogando de facultades, es un tercio de lo que quiere hacer por DNU y si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación. Estamos dispuestos a discutir cada título y desde las provincias podemos aportar a mejorar lo que quiere impulsar”, remató Fernández Sagasti.

Con radicales divididos, el vicepresidente de la Bicameral de Trámite Legislativo Víctor Zimmerman, calificó el DNU como “atípico” y alertó que “está impactando de forma dispar en la Argentina”. Recordó que presentaron una nota solicitando la presencia de funcionarios para que expliquen el texto porque “se dicta en el marco de un conjunto de medidas económicas y sociales para ver si podemos salir de la difícil situación de la Argentina”. El chaqueño le enrostró al bloque de UP -a modo de defensa de las acusaciones de ese sector opositor de que el oficialismo, la UCR y el Pro querían dilatar el tratamiento- que presentó una nota la semana pasada solicitando que se inviten a constitucionalistas a debatir.

El radical detalló que en “la comisión hay 136 DNU pendientes de tratamiento. Estoy hablando de años, no de unos días. 14 son de la gestión de Macri, 107 de la gestión de Alberto Fernández y 15 de la gestión actual”. “No hay un DNU más importante que otro. Que puede tener mayor impacto e incidencia sí”, planteó y contó que tan solo fueron tratados 99 DNU en el Senado, pero en Diputados ninguno.

A diferencia del chaqueño, el porteño Martín Lousteau arrancó: "Voy a votar en contra del DNU porque es inconstitucional y eso es lo único que tenemos que evaluar. Lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina”, y agregó: "Es un DNU de más de 300 artículos, que deroga más de 80 leyes y no tendríamos más nada que discutir”.

El radical comparó: “En los países donde rige el imperio de la ley cuando alguien dice ‘eso es ilegal’ se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice ‘eso es ilegal’ se empieza a decir ‘bueno, pero en realidad lo hice con buenas intenciones, lo hizo otro antes’ es ilegal”.

“Los que se llenan la boca hablando de Estado de derecho y de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Lo pueden justificar por convicción, por conveniencia, por temor porque este es un presidente de un Gobierno que amedrenta, que atemoriza, que amenaza; o también porque el fin justifica los medios”, disparó y sumó: “La conveniencia no está entre los elementos para decidir qué curso se toma si una ley o un DNU”.

Para Lousteau “los que hoy o antes avalan esta herramienta a cualquier costo están generando un monstruo”. Así, criticó que el propio DNU no dice cuál es la necesidad y urgencia en los considerandos, recordó que desde el bloque le pidieron una ley espejo en el período de extraordinarias y no lo hizo. “Queremos debatir el tema porque sabemos que el país está mal y requiere de reformas”, fundamentó y cerró: “Urgente es lo que pasa en la realidad, hay contenido que es bueno, otro es regular, malo y muy malo, desglósenlo en parte”.

Por el lado oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni expresó: “Veo una brecha inconmensurable de los que defienden la máquina de impedir que se ha creado en los últimos 20 años, y los emprendedores, los generadores de trabajo que tienen la enorme responsabilidad de llevar una PyMEs adelante. Es tan grande la brecha que, para muchos acá, es imposible comprender la necesidad y urgencia porque atentan contra la generación de trabajo y de riqueza”, y remató: “Dejemos la hipocresía de lado”.

A diferencia de su compañera de bloque, el entrerriano Edgardo Kueider reiteró su rechazo al DNU, tal como lo había manifestado un día después de que se publicó el mismo, y compartió un posteo en redes.

DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE LA LEY NADA

Todo indica que el DNU publicado por el Poder Ejecutivo es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldadas ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama este instrumento.

Con su decisión, el Gobierno…

— Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) December 21, 2023

En el final de las exposiciones, el jefe de bloque radical Eduardo Vischi anunció su voto positivo porque “necesitamos unir a los argentinos y no es el momento de rechazar el DNU”. “Estamos dispuestos al cambio y queremos colaborar con el cambio. Tenemos la predisposición de colaborar”, enfatizó.

Asimismo, celebró que Victoria Villarruel haya convocado a sesionar y agregó: “Quiero resaltar su decisión porque bien podría hacer lo que se hacía siempre y no convocar”: Incluso, valoró la decisión a pesar de lo ocurrido con el presidente provisional Bartolomé Abdala.

Sin embargo, le envió un mensaje al jefe de Estado: “Si el presidente Milei pretende hacer cambios profundos necesariamente debe dialogar, escuchar y ver aportes de distintos sectores”, y amplió que “para que el cambio sea profundo debe ser consensuado”.

Finalmente, remarcó su apoyo al decreto 70/2023, pero advirtió: “Mandar un proyecto y maltratar a los legisladores, es de muy corto plazo y la paciencia también se agota”.

El jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans, lanzó munición gruesa contra el presidente de la Nación a quien le exigió que "tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la división de poderes", porque "nosotros no somos empleados de él, estamos electos por el pueblo". Por otro lado, se solidarizó con Villarruel por las críticas que recibió de Milei por habilitar la sesión.

Antes de la votación y con la seguridad de que el resultado sería esquivo para el oficialismo, el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, cargó contra el kirchnerismo e ironizó que “quiero felicitar a la oposición porque de golpe se han convertido en constitucionalistas”.

“Escuchamos incoherencias que denotan una intencionalidad que no me cierra”, siguió el jujeño y recordó el pedido de prórroga de 15 días para “darle tiempo al Gobierno”. Al profundizar sus críticas contra Unión por la Patria, sostuvo que “cuando no gobiernan, no quieren dejar gobernar”. “Les duele porque estamos haciendo las cosas y desde que está vigente este DNU, detuvimos la hiperinflación y acumulamos 10 mil millones de dólares de reservas. Detuvimos a un tren que se chocaba contra una pared”, enfatizó. Para cerrar, Atauche afirmó que “hoy los argentinos si la ven”, y cerró: “Estamos haciendo las cosas bien a pesar de que a muchos les duela y nosotros no estamos preocupados por cargos y privilegios”.

La que esperaban fuera la primera sesión especial del período ordinario en la Cámara baja fracasó este miércoles, al no poder reunir quórum los diputados convocantes. Así las cosas, siendo las 12.31 el presidente del Cuerpo, Martín Menem, anunció que la reunión se había caído, por lo que comenzó un debate en minoría. Solo alcanzaron a sentarse en sus bancas 119 diputados.

Se sabía desde antes que los radicales no estaban convencidos de bajar. Solo lo hicieron un grupo de los identificados dentro de los "díscolos": Facundo Manes, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal y Pablo Juliano. El Pro, en tanto, había adelantado que estaba a favor de debatir el tema, pero consideraba que la convocatoria a la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, prevista para las 16, era suficiente señal de que se iniciaría esa discusión.

En Unión por la Patria hubo bajas por los vuelos, muchos cancelados por los problemas climatológicos que enmarcan esta semana. Sí estuvieron en su totalidad los cinco diputados del Frente de Izquierda.

De Hacemos Coalición Federal no bajaron a dar quórum los diputados de Córdoba Federal, salvo Natalia de la Sota y Juan Brügge. Tampoco asistió, con aviso, Margarita Stolbizer, ni la misionera Florencia Klipauka Lewtak, ni el entrerriano Francisco Morchio.

De esta manera, dentro de los 119 presentes, hubo 92 de UP, 17 de HCF, 5 del FIT y 5 de la UCR. En tanto, no dieron quórum 39 legisladores de La Libertad Avanza, 38 del Pro, 29 de la UCR, 3 de Independencia (Tucumán), 2 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo (San Juan), 2 de Buenos Aires Libre y los monobloques La Unión Mendocina y CREO. Tampoco ninguno de los 9 de Innovación Federal, bloque que responde a un grupo de gobernadores, aunque luego de caída la sesión, la salteña Yolanda Vega bajó al recinto. 

Desde ese bloque habían solicitado sesionar, a instancias de los diputados de la Coalición Cívica que integran esa bancada. Ellos proponen un cálculo de actualización en los haberes previsionales de manera mensual contemplando el índice de inflación. Además, frente a la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, en general, y del primer trimestre de este año en particular, prevén que “la primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%”, en referencia al número de inflación de enero. Además, dispone que “la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”.

En la previa, el oficialismo había hecho esfuerzos por lograr que la sesión no se llevara a cabo, al punto tal de haber anunciado este martes la convocatoria a sesionar por parte de la Comisión de Previsión y Seguridad Social para las 16, cuestión de comenzar a debatir esa cuestión. Al respecto, el bloque HCF emitió en la mañana de este miércoles un comunicado en el que celebraron la decisión de constituir la misma tras haber pedido la sesión especial para tratar la fórmula jubilatoria. Sin embargo, aclararon que mantenían la sesión para intentar emplazar a las comisiones de Previsión y de Presupuesto y Hacienda a fin de que “en un plazo razonable dictaminen una modificación de la fórmula actual”.

El debate en minoría

En el arranque del debate en minoría, el cívico Juan Manuel López, enfatizó que “no hay sector de la sociedad que se haya perjudicado más con la inflación” que el de los jubilados. Inflación que, aclaró, no se la adjudicaba a la gestión actual, sino a la anterior. Celebró también el anuncio del día anterior sobre la importación de medicamentos, aunque se quejó de que fuera una apertura muy leve. “Creo que es por un tiempo corto y no sé si va a ayudar al mercado”, advirtió.

A propósito, López dijo que habían pensado que con el mega DNU iba a haber más oferta de medicamentos, pero remarcó que “fue la primera cuestión en la que el presidente se echó atrás. Anuló con un decreto reglamentario lo que decía su DNU”.

También cuestionó al presidente porque “le cuesta tener empatía, compasión, entender la situación de algunas personas que sufren más que ellos. Le estamos pidiendo que sea más inteligente”.

Tras celebrar la constitución de la Comisión de Previsión prevista para este miércoles por la tarde, advirtió que “para que un plan económico sea exitoso, tiene que tener pericia técnica, consistencia económica y tolerancia social. Esos tres elementos para un plan de estabilización que ojalá a Milei le salga bien están en nuestro proyecto, que lo vamos a tratar esta tarde, junto a muchos otros que se han presentado”-.

Y cerró advirtiendo: “No sé cuánto va a durar la tolerancia social, espero que lo tengan, porque no estamos para hacerle un favor a ningún gobierno, sino para que la tolerancia social ayude a estabilizar la economía”.

También desde esa bancada habló el diputado Nicolás Massot, quien se quejó ante el presidente del Cuerpo por la demora en constituir las comisiones, un recurso que, lamentó, “se usa frecuentemente”. Luego pidió que “no tratemos de buscar justificaciones en errores pasados para justificar nuestras propias demoras”.

Y tras recordar el pedido del propio Martín Menem para trabajar de lunes a domingo, cuando el debate de la ley de Bases en el verano, él le pidió al presidente de la Cámara que “trabaje al menos de lunes a viernes”. Recordó que estaban esperando que del oficialismo que manden la ley de Bases y les pidió “no aprovechar las dos semanas cortas que vienen, para tener que empezar recién a discutir esto después de Semana Santa.

Ya sobre el tema del debate, acusó de “cinismo” al presidente al referirse al tema de la licuación de los haberes jubilatorios, que vinculó con la caída de la ley ómnibus. Recordó en ese sentido que en el texto original el Gobierno solo derogaba la fórmula previsional y daban aumentos por decreto, algo que consideró “violatorio de la jurisprudencia de la Corte”.

Eso es “falso”, dijo. Massot dijo que “varios de nosotros compartimos mucho el punto de llegada”, pero aclaró que “es una lección aprendida que combatir la inflación no es un fin en sí mismo”. Tras destacar que ese combate con la inflación que arranca con el equilibrio fiscal, en ese objetivo común no deben pagar solo los jubilados

“No simplifiquen la realidad, termínenla con la bipolaridad, con las antinomias. Abandonemos esa estrategia”, reclamó, haciéndose cargo por lo que a él mismo le correspondía de cuando el Pro pasó por el poder, y concluyó pidiéndole al oficialismo apurar el envío de la ley ómnibus.

Al tomar la palabra, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, enfatizó en “la necesidad que este recinto esté abierto, que nadie cierre este recinto, y que las comisiones funcionen” para que “se traten todos los temas que preocupan a una sociedad tan diversa”. Tras valorar a quienes dieron el presente, le dijo a Menem: “Hoy a usted y al oficialismo lo salvaron las fuerzas del cielo, que perjudicaron con las lluvias a millones de argentinos y que imposibilitaron que por muy poquitos diputados hoy no tengamos quórum”.

Pero también consideró que “jugó a favor algo más suyo y del oficialismo, que es cierta mezquindad política que existe”. A continuación, lamentó que “podríamos habernos llevado de acá una agenda de tratamiento de una cantidad de temas que hoy son importantes para los argentinos”, al emplazar a comisiones, como era la idea original.

Entre otros temas, además de la situación de los jubilados, mencionó la prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el desfinanciamiento de las partidas de universidades públicas, la situación de acceso a los medicamentos y alimentos y “el drama que estamos viviendo en Rosario”, ciudad de la cual es oriundo.

Sobre esto último, Martínez pidió “constituir urgente la Comisión de Seguridad Interior” y coordinar con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, “para que estemos dando este gesto de acompañamiento, empatía y cercanía en el lugar”.

Avanzada la sesión, durante las expresiones en minoría, y antes que hable el radical Fernando Carbajal, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño cuestionó “el boicot que ha hecho el oficialismo y el Pro, que es prácticamente lo mismo, a esta sesión, y también algunos gobernadores, que tiene que ver con esta búsqueda de parte del Gobierno de ganar tiempo. También busca evitar que se rechace por ambas cámaras el DNU 70”. 

“Han festejado el 13,2% de inflación, que si tomamos el trimestre de diciembre, enero y febrero significa un 72% de inflación. ¡Están festejando el empobrecimiento de millones de laburantes, de millones de jubilados!”, enfatizó y advirtió que la clase pasiva “en estos meses perdió 30% en términos reales”. 

El legislador denunció que “la plata que le están sacando a 7 millones de jubiladas y jubilados se la están dando a un puñado de especuladores financieros, que nos estafaron con la deuda, desde siempre y con el gobierno de Mauricio Macri, del cual Luis Caputo fue parte”. 

Del Caño planteó “una actualización inmediata; un jubilado debería ganar como mínima 580 mil pesos”, y para ello propuso “afectar las ganancias de los bancos, de los agronegocios, dejar de pagar la deuda, poner impuesto progresivo a las grandes fortunas, restituir el 83% de las contribuciones patronales que (Domingo) Cavallo redujo, formalización inmediata de los trabajadores y garantizar el 82% móvil”. “La actualización debería darse por el IPC o el RIPTE, alternativamente, según más convenga”, sumó. 

En el cierre, el diputado Ricardo López Murphy se refirió a un conjunto de temas que le interesa tratar. En primer lugar, consideró que “por la situación de Rosario, las comisiones de Seguridad Interior y Defensa Nacional deberían ser convocadas”, sin descartar alguna reunión confidencial. 

“El narcoterrorismo es de una gravedad extraordinaria en Rosario y en América Latina”, señaló y mencionó -entre sus ítems- el asesinato en Chile de un teniente del Ejército venezolano. También la cuestión del avión de Emtrasur, caso del que fue denunciante y por el que ahora “ese gobierno terrorista (en alusión a Nicolás Maduro) impide los vuelos de Aerolíneas Argentinas”. 

Luego, el legislador de HCF dijo que “hay un tema que ignoramos y que yo pienso plantear en la Comisión de Relaciones Exteriores” que tiene que ver con la actualidad de Haití, donde “las bandas terroristas narcocriminales se han hecho cargo del país y han atacado las cárceles y liberado los presos, y en este momento hay una situación de Estado fallido e ingobernabilidad”. Sugirió citar a la canciller Diana Mondino. “Los cuatro temas están íntimamente relacionados. Necesitamos que las comisiones funcionen a pleno”, concluyó. 

Luego del pedido para dar el debate sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el bloque Hacemos Coalición Federal presentó una nueva solicitud de sesión en la Cámara de Diputados, esta vez para el martes 19 de marzo a las 12, con la intención de discutir sobre la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Tal como contó parlamentario.com, este era otro de los temas que la bancada de Miguel Ángel Pichetto quería poner en agenda en el comienzo de las sesiones ordinarias. Al contrario de la cuestión previsional, que el Gobierno está pendiente de resolver en una propuesta -sea a través del relanzamiento de la ley de Bases o un proyecto en particular- sobre el FONID hay numerosas iniciativas de distintos bloques y una decisión del oficialismo de no renovarlo.

El proyecto que incluye el temario es el que fue presentado por Margarita Stolbizer, quien propone extender este Fondo "hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un pacto fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad, que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo".

El FONID nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso. Se creó en 1999 por la Ley 25.053, con una vigencia de 5 años.

El Fondo, por el cual las provincias recibían recursos por parte de Nación para el pago de los salarios, se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.

El gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo. Sin embargo, en el Presupuesto 2023 -prorrogado este año- se destinaron $31.175 millones para el FONID.

Desde Unión por la Patria, Máximo Kirchner presentó un proyecto que propone restablecerlo “de forma permanente”. En la misma línea lo hizo Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.

Otras iniciativas plantean su prórroga por distintos plazos: Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) por 5 años; Silvana Ginocchio (Unión por la Patria) por 2 años; Julio Cobos (UCR) por 5 años; Danya Tavela (UCR) por 4 años; y Pablo Outes (Innovación Federal) pide la prórroga sin plazo.

La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, convocó a una sesión preparatoria para el viernes 23 de febrero a las 10 a efectos de cumplir con el artículo 1 del reglamento de la Cámara de Senadores.

El mismo plantea que “el 24 de febrero de cada año o el día inmediato hábil anterior en caso de que sea feriado, se reúne el Senado en sesiones preparatorias a fin de designar autoridades y fijar los días y horas de sesiones ordinarias, los que pueden ser alterados por decisión de la Cámara”.

Mientras tanto, el interbloque de Unión por la Patria insiste con tratar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 directamente en el recinto con la intención de rechazarlo.

Se esperaba que la Cámara alta se iba a reunir esta semana para convertir en ley el proyecto que tenía media sanción de Diputados sobre lavado de activos, pero al culminar el período de sesiones extraordinarias (15 de febrero) y no ser prorrogado por el presidente de la Nación, Javier Milei, el texto perdió estado parlamentario.

Tras desestimar el pedido del bloque Unión por la Patria para que el Senado sesione a fin de tratar el DNU y al filo de culminar el período extraordinario, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, convocaría a sesionar en los próximos días para aprobar el proyecto de ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa, incluida en el período extraordinario, fue enviada por el gobierno de Alberto Fernández en 2022 y recibió la media sanción en Diputados en abril de 2023. También formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En esa oportunidad, donde la iniciativa cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, y Villarruel, se ausentaron durante la votación. Después, el kirchnerismo en la Cámara alta lo debatió una sola vez en un plenario de comisiones con expositores en julio de 2023 y luego lo cajoneó.

A contrarreloj, el oficialismo lo debatió en dos reuniones conjuntas de comisiones. La primera fue el 31 de enero de carácter informativo a la que asistieron el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci y el jefe de Gabinete de la UIF, Nicolás Vergara. La segunda reunión fue el 7 de febrero en la que los libertarios lograron la adhesión de sus pares para sacar un dictamen de consenso, es decir, tiene luz verde para ser ley y sería la primera victoria libertaria en el recinto del Senado.

Así las cosas, el proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto y convertirse en ley, pero el oficialismo debe aprobarlo antes del 15 de febrero, debido a que es la fecha en la que finaliza el período extraordinario y, de no ser debatido, perderá estado parlamentario el último día del mes de febrero.

En suma, el texto debe ser sancionado antes del 3 de marzo por la inspección internacional del GAFI según afirmó en la última reunión de comisión el riojano Juan Carlos Pagotto, titular de Justicia y Asuntos Penales.

Al respecto, altas fuentes cercanas al oficialismo consultadas por parlamentario.com afirmaron que “sí se va a sesionar”, pero aclararon que “no tenemos fecha”.  De esta manera, y teniendo en cuenta lo anterior, la única vía que le queda a los libertarios para salvar la iniciativa será prorrogando las extraordinarias. “No está definido, pero deberíamos prorrogar”, aseguró la misma fuente consultada por este medio.

Esa decisión deberá tomarla el presidente de la Nación cuando regrese al país la próxima semana tras su gira por Israel y el continente eEuropeo, a priori, reunirá a sus legisladores para analizar los pasos a seguir tras la caída de la ley ómnibus en Diputados y lo pendiente en el Senado.

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria presentó un nuevo pedido para exigirle a la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, una sesión especial con fecha el 15 de febrero a las 14.

A través de un comunicado, señalaron que Villarruel “incumplió su obligación de citar a sesión, vulnerando el artículo 20 del reglamento del Senado”. Tras esto, desde UP afirmaron que, basado en el artículo 19, convocan a una sesión para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La semana pasada, el jefe del interbloque José Mayans, junto a todos los integrantes de Unión por la Patria, realizaron una conferencia de prensa donde además de cuestionar a Villarruel, habían anticipado que volverían a exigir una sesión.

El pedido lleva la firma de los 33 integrantes de UP, donde culminaron el texto al expresar que “resulta imperioso que este Senado se aboque al inmediato tratamiento de oficio del DNU, a fin de dar acabado cumplimiento en el artículo 20 de la mencionada ley”.

Nota del 7-2-24 - Sesion Especial Nota del 7-2-24 - Sesion Especial

Durante la sesión de este martes, el presidente del bloque de HCF, Miguel Ángel Pichetto, le informó a la Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, la noticia del fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera.

De inmediato, el titular de la Cámara baja accedió al pedido de Pichetto y los diputados realizaron un minuto de silencio en memoria del exmandatario trasandino, quien ejerció ese cargo en los periodos 2010-2014 y 2018-2022.

Piñera murió este martes 6 de febrero, luego de que cayera el helicóptero en el que viajaba en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, ubicada al sur del país.

ante esta tragedia, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, anunció que el gobierno de Gabriel Boric declara el duelo nacional, y anticipó que habrá funeral de Estado.

Uno de los hechos más virales de la jornada del jueves fue cuando el jefe de bancada de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, lanzó, tras su pedido de continuar la sesión, un “no aplaudan, no sean pelotudos”. Como algunos interpretaron que se dirigía a los diputados, pidió disculpas y aclaró que “no iba dirigido a ningún diputado, pero sí a la barra y a un montón de gente que estaba gritando, insultando y aplaudiendo”.

“Creo que estas son cosas que deterioran el espacio institucional que entre todos tenemos que cuidar. La gente mira por televisión y dice: ‘estos tipos representan al pueblo argentino y son diputados nacionales elegidos por la gente. Y entran barras, insultan, aplauden…”, advirtió, para recordar luego que “el aplauso por ejemplo en el Senado en mi época estaba prohibido. Las emociones son bajas acá, tienen que ser bajas…”.

Agregó que “los conflictos de la calle no se puede trasladar acá, y el discurso violento de la calle no se puede traer acá”.

Aclaró luego que esa era “una reflexión la que traigo, no quise ofender a ninguno, pero los que estaban ahí (en los palcos) no tenían que estar ahí, pero no podemos traer los problemas de la calle acá dentro”.

Luego se refirió a la extensión del debate. Recordó que llevaban tres días discutiendo, y que había gente que daba discursos dogmáticos, con posiciones encontradas. “El oficialismo tiene el deber de tratar de achicar el número (de oradores), para sacar la ley y avanzar rápidamente, es una tarea de los oficialismos siempre. No habla nadie de la ley, pero a ver, tratemos de jerarquizar esto, porque sino, el deterioro de la política como valor y el de la representación institucional de este Congreso se cae a pedazos. Yo no me excluyo del conjunto”, aclaró.

Por último, le pidió también a Unión por la Patria hacer un esfuerzo para reducir también la cantidad de oradores. “En mi época, cuando yo entré como diputado nacional en el año 93, yo hablé en el segundo año, y por orden del presidente del bloque. Y había disciplina”, recordó. Y agregó: “Ahí no hablaban todos, hablaban los que conocían el tema específicamente. Acá hablan todo el mundo. Todo bárbaro, todo el mundo toma mate… está todo bien. Pero la verdad, la imagen que tenemos es bochornosa a veces”.

En el marco de la tercera jornada de sesión en torno a la Ley de Bases, el jefe del bloque La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, volvió a solicitarle a las distintas bancadas que hagan el “esfuerzo” de achicar sus listas de oradores, a fin de poder avanzar en el tratamiento y votación del mencionado proyecto.

En ese sentido, el diputado recordó que “en el día de ayer nuestro bloque tomó la decisión, por lo que pedía la oposición y por los incidentes en la plaza, pedimos y tomamos la responsabilidad de bajar la lista de oradores con la voluntad de que otros espacios harían lo mismo”.

“También le pedí a los distintos presidentes de bloque que achicáramos la lista de oradores, sabemos que todos tenemos la posibilidad de hablar, pero cuando comienzan a reiterar es cuando se pide tener esa voluntad”, insistió.

Por lo que el libertario concluyó advirtiendo que “viendo que hoy es viernes y hay un montón de oradores anotados, quiero pedirles nuevamente a los diputados y presidentes de bloques que todos hagamos un esfuerzo. De no ser así, le voy a pedir a nuestros diputados que se vuelvan a anotar”.

En el inicio de la tercera jornada de la sesión para tratar la ley ómnibus, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe) presentó una cuestión de privilegio contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “instalar una ‘fake news’ diciendo que le pegue una trompada a un policía”.

“Mandó a decir que le pegué una trompada a un policía, que le corrí la mandíbula y que le rompí los lentes”, relató el santafesino, quien agregó que “es una acusación grave y esa noticia falsa se convirtió en una denuncia penal por la supuesta víctima”.

A su vez, señaló: “Había 3 o 4 cámaras de televisión y vieron cómo saque el carnet de diputado para acompañar a las mujeres detenidas, pero hacen esto para tapar y denunciar a las chicas”. “Le metieron una causa por resistencia a la autoridad”, aseveró.

Del mismo modo, manifestó que “conseguimos los números de los noteros y cuando los llamamos, estaban hospitalizados por los balazos que recibieron este jueves”.

Luego, la diputada nacional Gisela Marziotta (UP – CABA) presentó una cuestión de privilegio contra el Gabinete de Javier Milei, al que consideró como “un gobierno represivo”.

"Pensé que nunca más íbamos a vivir la represión de ayer porque buscan generar miedo en la sociedad”, enfatizó. “el derecho a la información se vio coartado por la represión contra los periodistas”, denunció Marziotta.

Para cerrar, reiteró que el Gobierno “atenta contra la libertad de expresión porque quiere cerrar medios públicos”, y cerró: “Tengo la lista de más de 20 periodistas heridos por los balazos y los gases”, los cuales fueron leídos por la legisladora en el recinto.

Luego, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP – Buenos Aires) presentó una cuestión de privilegio contra las diputadas libertarias María Celeste Ponce y Lilia Lemoine por retuitear un video donde se la ve a la exministra de Desarrollo Social corriendo bajo el titulo “van a correr zurdos”.

“No vamos a naturalizar los agravios y no vamos a tolerar que una de estas personas sea quien invitó a Leonardo Sosa a venir a este recinto”, lanzó. “Vamos a seguir señalando las inconductas de las diputadas”, remarcó.

En medio de las tensiones por los incidentes en las afueras del Congreso, el jefe de bancada de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, se opuso a interrumpir la sesión, pero cuestionó al oficialismo por festejar su intervención: “No aplaudan, parecen pelotudos”.

De todos modos, Pichetto lamentó los hechos en las afueras del Congreso, pero señaló que “nuestro bloque no va a permitir que se interrumpa una labor”. Fue en ese momento que el oficialismo y aliados comenzaron a aplaudirlo.

“Dígale a la barra que no aplauda que no hay nada para aplaudir”, y reiteró: “No aplaudan, no sean pelotudos”. La sesión continua normalmente, pese al pedido de cuarto intermedio.

La diputada nacional Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires) criticó duramente al kirchnerismo y afirmó que “ustedes privatizaron YPF, Aerolíneas Argentinas y las jubilaciones antes de reestatizarlas”.

Del mismo modo, ironizó que “ahora nos copiaron el discurso” sobre el respeto a las instituciones y la republica porque “buscan infundir temor”. “Gobernaron 16 años con 4 períodos con emergencias delegadas y con Alberto Fernández pidieron 12 emergencias y le faltaron el respeto a este Congreso prorrogándose”.

También, hubo críticas para el gobernador bonaerense Axel Kicillof, respecto a su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner: “Pusieron a un incompetente que nos llevo a un juicio de 16 mil millones de dolares y construyeron este mercado intervenido con subsidios”.

“Son los creativos de los peajes que convirtieron a choferes en multimillonarios, pero le advierto al oficialismo que no se cambia de amigos sin cambiar de amigos”, aclaró Lospennato.

Asimismo, sostuvo que le kirchnerismo “destruyó las jubilaciones y dejaron de pagarles los juicios”. “Estamos aca poruqe la mayoría se cansó de los sindicalistas mafiosos, la destrucción de la educación pública y los vacunatorios vip”.

Para terminar, aseveró que “ustedes no son el pueblo, no son la patria y no son el Estado”. “La patria es la tierra que elegimos para nuestros elegimos y la patria está en peligro cuando nuestros hijos eligen irse del país para hacer su vida en el exterior”, enfatizó.

En medio de las tensiones entre los legisladores por lo sucedido en las afueras del Congreso entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones sociales, la diputada nacional Margarita Stolbizer (HCF – Buenos Aires) cuestionó la presencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y señaló que

“debería estar explicando los abusos de las fuerzas de seguridad”.

En tal sentido, agregó que “imagino que no se va a ir en un auto blindado repleta de custodia y se va a retirar por la calle caminando como todos nosotros explicándole a la gente los abusos de las fuerzas de seguridad”.

También, lanzó criticas contra el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y relató que “usted se comprometió a desalojar las gradas, pero desde que usted está hay más gente”.

En el final, cuestionó que “después de tantas cuestiones de privilegio debemos tolerar a un señor que nos dice idiotas y psiquiátricos”, y criticó el accionar de Unión por la Patria: “No podemos ni debemos hacernos cargo de los abusos en la calle”.

El diputado nacional Máximo Kirchner (UP – Buenos Aires) presentó una cuestión de privilegio tras los incidentes entre las fuerzas de seguridad y las agrupaciones políticas en las afueras del Congreso de la Nación.

Además, justificó la salida del bloque de Unión por la Patria a las calles: “A veces es tomarse 20 minutos para evitar muertes porque tengo compañeros con quienes milito hace 10 o 20 años”. También recordó que “el presidente Néstor Kirchner sacó las armas de las manifestaciones para que nadie más muriera”.

También se defendió de las criticas: “El que me conoce sabe que el ‘acting’ no me caracteriza”. “La ley se votará porque tienen los números y ganaron lógicamente las elecciones, porque nuestra fuerza política se quedó en el camino y muchos lo saben”, agregó.

En el final, cuestionó al oficialismo por “hacer lo mismo pero dos veces más rápido que no es autocritica sino son reafirmaciones”, y relató que “venimos de una manifestación enrome del 24 sin disturbios y hoy unos pocos fueron reprimidos”.

“Se pone en riesgo la vida de las fuerzas porque el poder politico manda a matar a la policía y después lo entrega”, agregó, y cerró: “Es lo que hicieron con Videla, que murió en la cárcel y Martínez de Hoz murió en su campo”. “Salimos para que no haya argentinos muertos, nada más”, concluyó.

A través del presidente de bancada de La Libertad Avanza, Oscar Zago, el oficialismo comunicó que retira a todos los oradores que restaban dar su discurso durante la segunda jornada del tratamiento del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Luego de que los bloques opositores hayan solicitado mociones de privilegio para pasar a un cuarto intermedio y el retraso en los oradores, La Libertad Avanza decidió que Lorena Villaverde, Lilia Lemoine y Rocío Bonacci no aporten sus discursos.

Por otro lado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, anunció que “nosotros no nos vamos a ir, ni acompañar un cierre en las listas de oradores”. “Ustedes creen en las fuerzas del cielo y nosotros creemos en las fuerzas del pueblo”, agregó.

A su vez, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) cargó contra Cecilia Moreau y exigió que “cumplan con los tiempos, siéntense en sus bancas y respeten el orden los oradores”.

Desafiante, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) consideró que “afuera no hay trabajadores, sino no están 48 en la plaza”, y pidió que “sesionemos hasta que se vote”.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (HCF – CABA) se refirió a la quita de varios artículos al proyecto original de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y afirmó que “pusimos nuestros esfuerzos para poner límite a cualquier aventura hiperpresidencial”.

“Vamos a acompañar en general la ley porque no es el proyecto original presentado y eso hay que reconocerlo, es el fruto de este trabajo de un mes que tuvimos en la Comisión”, destacó Ferraro.

Del mismo modo, planteó que “estamos convencidos de que es necesario desburocratizar, modernizar y minimizar siempre las barreras que impiden a las personas y a las empresas progresar”, y advirtió que para desarrollarse “se necesita autonomía y libertad”.

A su vez, sostuvo que “no habrá libertad económica, ni respeto a la propiedad privada sin instituciones fuertes”. “Vamos a votar a favor de algunas de las propuestas y contra otras, no podemos seguir en la Argentina del blanco o negro, del fin que justifica los medios”, aclaró.

“La tarea de esta Cámara es transitar los grises y eso no es ser tibio porque en los grises está el diálogo, el encuentro de lo común, está escuchar al otro y es algo de lo que necesita esta ley”, destacó Ferraro.

Por último, señaló que “esta ley tiene varios aciertos técnicos pero un gran error humano, olvidar a la gente”, y cerró: “Una Nación no es más ni menos que escuchar a la gente, a los ciudadanos y respetar nuestra Constitución”.

En la segunda jornada del tratamiento de la ley ómnibus, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) remarcó su oposición al proyecto y reafirmó que “esta es una ley mal nacida y mal tratada en comisiones”.

“No hay un solo constitucionalista que diga que está dentro del marco de la legal porque esta ley busca darle todo el poder a una sola persona”, agregó el legislador.

Además, planteó que “la delegación de facultades busca un cambio de matriz social, institucional y cultural de la Argentina, y ese cambio de matriz consolida una Argentina desigual, de Trabajadores sin derechos”.

También se solidarizó con sus pares Alejandro Vilca y Carla Carrizo y las cuatro detenidas del miércoles. “Este clima de violencia no es bueno. La Libertad se practica todos los días y se la defiende, con la palabra y con el cuerpo”, señaló.

Para terminar, señaló que “este proyecto de ley conmocionó a distintos colectivos de nuestra sociedad, porque profundiza la desigualdad”, y agregó: "Los jubilados, el colectivo de personas con discapacidad, los trabajadores del sector público y privado, las entidades deportivas, las economías regionales, los empresarios pymes, empresarios y trabajadores de la pesca”.

Durante la segunda jornada de la sesión especial, el diputado nacional Fernando Carbajal (UCR – Formosa) lanzó criticas contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Se ha ganado el derecho de que le discutamos la ley, pero fue con su permanente intromisión sumando insultos y enrareciendo el clima politico”.

Asimismo, el formoseño aseveró que “cuando un presidente trata de coimero a legisladores y no pasa nada, quiere decir que esa palabra carece de valor y trascendencia”. “Esto es torpeza suprema como le pasó al anterior presidente (Alberto Fernández) y cuando Milei dice las tonterías que dice está yendo por el mismo camino”, cargó.

Con relación al tratamiento del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cuestionó: “Hay que señalar el carácter anómalo que tiene este proyecto que pretende modificar de manera simultánea un montón de leyes”. “Esto constituye un hecho anómalo y tambien el contexto politico que ha generado Milei en torno a esta discusión”, agregó.

“El Congreso le dio discusión en pleno enero, que fue decisión de la totalidad de la cámara, pero se encargó enrarecer el clima con insultos”, remarcó Carbajal.

Además, explicó que “el proyecto tiene buenas ideas mal planteadas e ideas que son un desastre, y lamentablemente, esas bases terminaron desguasadas por ustedes mismos”. “Lo que ha quedado es un monton de buenas intenciones, pero los cimientos se convirtieron en escombros”, aseveró.

Por último, sostuvo que “vamos a votar a favor en general para dar la discusión punto por punto”, pero aclaró que “lo vamos a hacer en un contexto de un Gobierno con poco apego a la Constitución Nacional y a las instituciones”.

En su primera intervención como diputada nacional, la libertaria de Córdoba, María Celeste Ponce, presentó una cuestión de privilegio en contra de “los incidentes que ocurrieron el miércoles en las afueras del Congreso”.

Del mismo modo, se refirió al golpe de puño que recibió un militante marplatense de La Libertad Avanza causado por un “docente kirchnerista”.

Además, señaló que los diputados de Unión por la Patria “no repudian todos los hechos de violencia, solo cuando viene de allá”. “A mí y a Lilia Lemoine nos pusieron en una lista negra del Nodio e incluso a ella le tiraron nafta y nadie salió a repudiarlo”, agregó.

Finalmente, consideró que “si no fuera por el operativo montado en las afueras del Congreso, nos estarían atacando con toneladas de piedras”.

El nuevo y la expresidenta de la Cámara de Diputados, Martín Menem y Cecilia Moreau respectivamente, tuvieron su primer cruce desde el paso de mando: al momento de la presentación de la cuestión de privilegio de la diputada de UP contra Damián Arabia, el titular de la Cámara baja le apagó el micrófono.

La presentación de la ex titular de la Cámara de Diputados fue contra el diputado Pro por las acusaciones en contra de “el santafesino preopinante”, en referencias a Eduardo Toniolli, a quien vinculó con “narcotraficantes”.

 En esa línea, Moreau arremetió contra Arabia: “No haga acusaciones sin pruebas, pero si las tiene, vaya a la Justicia y no sea cobarde”. En ese momento, empezaron los abucheos y las interrupciones de Menem, a quien la diputada de UP le dijo “no todo tiene que ver con las formas y el tiempo porque usted tambien tiene que hacer valer las formas y los fueros”.

Fue allí cuando Menem le apagó el micrófono y respondió: “Yo tambien le pido que guarde las formas”. Ante los abucheos de los diputados de UP, el riojano señaló que “ahora continua, pero guarde las formas”.

Con una Cecilia Moreau indignada por lo sucedido, respondió que “no corte micrófonos presidente porque usted no es cárcel o bala, usted es el presidente”. Reitero el pedido de que Arabia se presente en la Justicia y se dirigió a Menem: “En mi presidencia jamás apague un micrófono”.

El diputado nacional Damián Arabia (Pro – CABA) presentó una cuestión de privilegio contra Eduardo Toniolli (UP) por “haberle pegado una trompada a un policía y bajarle un diente”, durante el miércoles a la noche.

“Ese policía ahora está internado, y quien le pegó es el mismo que defiende fiscales de la provincia de Santa Fe y defiende a narcotraficantes”, acusó el legislador del Pro contra el santafesino.

De tal manera, agregó que las movilizaciones “quieren privatizar las calles mientras la policía nos defiende”, y señaló que “este Congreso representa al 100% de los argentinos y ustedes no gobiernan más” (a los gritos). Terminen con la doble vara”.

También, mencionó un episodio donde “un periodista militante le pegó una trompada a un joven libertario y otro militante le tiró nafta a un periodista”. “Sean respetuosos y vamos a votar en general y en particular a esta ley de Bases”, cerró.

Con ánimos de disminuir la tensión, el jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, enfatizó: “Esto es una reflexión para todos, a continuar el debate, para los que queremos que esta ley salga”.

“Tratemos de que las pelotas que van afuera no las metan al arco y hagan gol. En la jerga de la cámara, el oficialismo se lleva la ley y la oposición el discurso, así que dejemos que se desarrollen las cuestiones de privilegio y luego lo relativo a la ley”, consideró.

En la reanudación de la sesión para tratar la ley ómnibus de este jueves, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe) presentó una cuestión de privilegio en contra de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el operativo montado en las afueras del Congreso durante la primera jornada en el recinto.

También, al igual que Carolina Gaillard y Leopoldo Moreau se solidarizó con la diputada radical Carla Carrizo “por las amenazas que está recibiendo”. “Si ella lo desea la podemos acompañar a hacer la denuncia”, aseveró.

Además, cuestionó a su par Roxana Reyes, y manifestó que “lamento su intervención porque perdió la oportunidad de repudiar la violencia institucional”. También, relató los hechos que culminaron con la detención de cuatro jóvenes mujeres en la vereda del Congreso.

“Salí tarde del Congreso y observé un desmesurado operativo policial, un despliegue totalmente desproporcionado y veo que se llevan detenido a un joven maniatado con la rodilla en la cabeza, mientras le tiraban gas en la cara”, relató el santafesino.

Y añadió: “Me dirigí con el encargado del operativo y me dijo que tenía la orden de sacar a quien cortara la calle. Luego, un grupo se puso a cantar el himno y se llevaron detenida a una joven menudita”. “Una de ellas tenía mucha sangre en la boca y le exijo a los policías que me dejen acompañar a las chicas”, continuó.

De ese modo, aseveró que “recibí insultos de la policía y el camión se va con las chicas detenidas”, y agregó: “En eso nos enteramos de que faltaba Ivana Bunge, una militante radical. Allí deducimos que intentaban llevarte un trofeo para justificar el operativo”, enfatizó.

Para terminar, señaló que “a Bullrich le decimos que la Argentina no necesita violencia, necesita paz y que el protocolo es ridículo”. También cargó contra el jefe de bancada oficialista, Oscar Zago: “A él le digo que deje de decir pavadas y haga el curso de la Ley Micaela”.

Luego, la entrerriana Gaillard agregó que “debemos reflexionar que no podemos delegar ninguna facultad a Patricia Bullrich, si no le ponemos freno a este desquicio va a haber una tragedia”, y presentó una cuestión de privilegio contra Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, “por rechazar la convocatoria a sesión especial para este jueves para tratar DNU 70/2023”.

En tal sentido, Gaillard explicó: “Con el pedido de 5 senadores se puede convocar a sesión y en ningún caso se puede rechazar, pero el agravante es que el rechazo se formuló en contra la ley vigente”. Además le mandó un mensaje a Martín Menem: “Le reitero presidente que conforme la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”.

Por último, el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, presentó una cuestión de privilegio en contra del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, por decir que “la lectura que hizo el secretario parlamentario (sobre los artículos eliminados) habían sido votados por el cuerpo con la mayoría requerida”.

“Segundos antes había acusado a quienes planteamos que no tenemos sobre las bancas el texto definitivo, había dicho que dejemos de ‘tomar de la mala’”, agregó, y siguió: “No me gusta tomar de la mala ni de la buena y esto es una falta a la verdad, nunca este cuerpo votó a extracciones que le quieran sacar a la ley ómnibus”.

Además, cuestionó que “estas demoras y cuarto intermedios son para conseguir los votos”. “Percibimos que hay algo que está pasando y nos afecta como atribuciones porque estamos debatiendo cuestiones de privilegio que hablan de la desmesura del aparato represivo montado por la ministra Bullrich contra jóvenes y mujeres”.

El diputado nacional Christian Castillo, autor del dictamen de minoría del Frente de Izquierda, planteó que son “parte de quienes enfrentamos el plan motosierra de Milei”, y chicaneó: “Alberdi se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley por parte del Gobierno”, y calificó la iniciativa de “mamarracho”.

En su disertación, Castillo expresó: “Venimos de varios días donde hemos visto un espectáculo bochornoso. No solo por todas las violaciones al reglamento de la Cámara y hasta el propio texto constitucional que ha ocurrido con el tratamiento de esta ley. Hemos visto a los gobernadores negociando con el Gobierno cómo querían repartirse el botín del Fondo de Garantías de los Jubilados una disputa que parece que entró en una tregua”.

“Hemos escuchado, para justificar el apoyo a este mamarracho que es la ley ómnibus, decían que había que votarla porque había un sector de la oposición que se autodefinían como responsables. Yo me pregunto si escucharon a Milei hablar en Davos, donde dijo uno de los discursos más cavernícolas de toda la ultraderecha”, cuestionó.

El diputado de izquierda preguntó: “Quién puede pensar que es responsable votarle una ley con facultades delegadas que le dan poderes de monarca a quien dice que el feminismo es su enemigo y que vienen por el aborto, a este Gobierno que quiere imponer un estado policial, que quiere borrar los derechos de la clase trabajadora, que dice que el cambio climático es un invento que hicimos los socialistas”.

“No van a votar porque son responsables, la única actitud mínimamente responsable frente a este Gobierno, el DNU, esta ley, el ajuste es enfrentarlo con toda la fuerza en este Parlamento y en las calles”, se diferenció y chicaneó: “Van a votar porque son todos unos gatitos del poder económico porque van a votar porque se los manda la EA que nuclea a los grandes empresarios del país, porque se los pide el FMI y la Embajada norteamericana”.

“Van a votar una ley que es una impostura desde su título, desde su presentación hasta los últimos artículos. Alberdi se revolvería en su tumba si ve que su nombre lo quieren usar para justificar esta ley por parte de un Gobierno que nos pone como modelo el agroexportador donde unos pocos se llenan los bolsillos”, lanzó.

Para Castillo: “Acá están apoyando un proyecto que sostiene que su modelo de país es que las huelgas van a las páginas policiales, donde cualquier protesta terminaba con la policía baleando a los manifestantes”, e ironizó: “Si un profesor lo escucha a Milei le diría ‘alumno, menos Twitter y vaya a leer un libro que no muerde’”.

“Esta ley agudiza las condiciones de dependencia y atraso que se vienen profundizando desde la dictadura, agravando la pobreza, para que el país sea una suerte de factoría, con un saqueo de nuestros bienes y recursos”, cerró.

Su compañera de bloque, Romina Del Pla afirmó que “esta ley es parte de un plan de guerra contra los trabajadores. La rechazamos de plano y de conjunto, antes y después de la caída del paquete fiscal, lo cual también es mentira porque se roban de un plumazo u$s 37500 millones del FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados”.

“La disputa que llevó a este dictamen amputado que se firmó en blanco, es para ver cómo los distintos sectores patronales y los gobernadores, que son lobbystas de esas patronales, se reparten el botín del Rodrigazo, de la devaluación, del tarifazo”, expresó.

Asimismo, señaló que “con la consolidación de deuda pública del FGS, también se cae el discurso de los gobiernos kirchneristas sobre que no importa la deuda intraestado. Acá se revela en que consistió el mito del desendeudamiento k, vaciar de dólares el ANSES y llenarlo de una deuda que ahora se netea, Milei viene a completar el saqueo que se llevó adelante durante años”.

“Esta ley tiene una coherencia interna: a los empresarios todo, a los trabajadores ni justicia”, aseguró.

Por último, refirió que “esta ley es lo contrario a lo que la mayoría laboriosa en este país necesita: aumentos salariales, paritarias y recomposición de las jubilaciones e ingresos populares. No seremos cómplices de este atropello brutal, como muchos acá, que rechazan determinados artículos, pero que le van a delegar facultades legislativas a un gobierno que ya demostró sus objetivos: el nefasto DNU y el protocolo represivo. No le cedemos una sola emergencia como no se la votamos a ningún otro gobierno”.

A su turno, el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA – Buenos Aires) defendió las propuestas del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y señaló que “vamos a tomar a una dirección diametralmente opuesta a la de los últimos 40 años”.

En tal sentido, el libertario consideró que “la ley que nos convoca hoy aquí propone una evaluación y un autocritica de la calidad democrática de los últimos 40 años”, y cuestionó: “La democracia es lo que viene después de las elecciones”.

“Mi anhelo es honrar a los padres fundadores por los principios de la libertad y tenemos que lograr que el Congreso sea la envidia del mundo”, afirmó. Luego, cuestionó al sistema representativo e indicó que “ninguno de los tres poderes está supuesto a gobernar la vida de nadie, prefiero los términos gobernado y gobernante”.

También, lanzó criticas contra los funcionarios que fueron oficialismo en los últimos años: “¿Vamos a seguir con los entuertos estatistas y el lobby para pseudo derechos para que unos vivan a expensas de otros?”. “La decadencia (de los últimos 40 años) viene del protagonismo que se le ha dado a la política”, remarcó.

Finalmente, volvió a defender el texto: “Queremos devolverle la libertad a los argentinos que se la ha expropiado el Estado”, pero advirtió que “los políticos narcisistas no quieren devolver la libertad a los individuos”.

“El crecimiento está solamente en el sector privado y es el que mantiene la política y mantiene esta sesión”, afirmó, y concluyó: “(La oposición) no ha dado lectura al mensaje que han dado los ciudadanos”, con relación a las últimas elecciones presidenciales.

En medio de la intervención de Hacemos Coalición Federal, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le exigió a Presidencia el retiro de Leonardo Sosa, militante de Revolución Federal, quien había hecho varios posteos contra la oposición al momento de la sesión.

Moreau le informó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, que Sosa “está presente en el recinto, tuiteando y amenazando diputados”. “Cuide la integridad de los diputados y retire a esa persona que ingresó con una pulsera rosa”, agregó.

También, reiteró que “no tiene ninguna explicación que esté presente”, a lo que Menem contestó que “la seguridad lo está buscando y ya di la orden de retirarlo”.

Sosa compartió posteos que realizó durante la sesión y publicó un video del diputado nacional Máximo Kirchner a quien se refirió como “mamarracho”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (HCF – Buenos Aires) defendió el dictamen de minoría que presentó junto a Mónica Fein y Esteban Paulón, y señaló que “es para diferenciarnos de los que quieren aprobar este bodrio a libro cerrado y de los que creen que no hay que cambiar nada”.

Del mismo modo, manifestó su preocupación por el “cumulo de desprolijidades del tratamiento”. Esto se traduce en una baja de la calidad democrática y genera la precariedad de nuestro sistema normativo”.

En esa línea, consideró que “el presidente Milei ha perdido una gran oportunidad de enviarnos un proyecto de país porque cuando algo no le gusta recurre al DNU o a la ley ómnibus con exceso de facultades delegadas”. “Nosotros no creemos en las fuerzas del cielo ni en el mercado sin Estado”, se diferenció de sus pares del bloque.

Por otro lado, explicó que “la emergencia debe ser limitada porque el país mejora si nos dedicamos al dialogo y al trabajo y nuestro dictamen pretende ser la escucha de las organizaciones”. Además, planteó que “vamos a excluir los temas que consideramos que no son emergencia y rechazamos de manera explícita los artículos referidos a Cultura, Educación y Ambiente”.

Para culminar, Stolbizer manifestó: “Entendemos que hay un drama en seguridad porque lo vivimos en las puertas de nuestras casas, pero los asesinos no van a las marchas y no van a los piquetes y da vergüenza el artículo que criminaliza la protesta social”.

También, la diputada nacional Mónica Fein (HCF – Santa Fe) cuestionó que “vamos conociendo como ha quedado el dictamen de mayoría”, pero destacó que “el oficialismo ha podido escuchar”.

Sin embargo, remarcó que “no negamos ni desconocemos que haya emergencia porque sabemos que no empezó el 10 de diciembre y a Alberto Fernández se le dio una emergencia mucho más grande”, pero aclaró que “no podemos acompañar la delegación a un presidente que haya hecho perder a los jubilados un 40% desde que asumió.

“El ajuste de los jubilados está claro y no podemos acompañar a un presidente que niega el cambio climático”, añadió Fein. “La delegación pone límites al Congreso y hay un compromiso humano a todas las causas excluidos”.

Por último, señaló que “votaremos en contra de la reforma del Código Penal porque nosotros creemos en la política y en el rol del Estado”. “No acompañamos y proponemos nuestro dictamen de minoría”, aclaró en el cierre.

Continuadas las intervenciones de cada bloque en el inicio del debate del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado nacional Juan Manuel López (HCF) confirmó que “vamos a votar el dictamen del oficialismo”, pero cuestionó al Gobierno Nacional.

“Venimos a dar una herramienta que el país y el Gobierno necesitan y y sobre todo el país que está sufriendo”, aseveró. Asimismo, destacó que “el Gobierno tuvo la suerte de que muchos diputados colaboraran, pero no todos”.

De allí, mencionó las cuestiones a las que se oponen desde la Coalición Cívica – ARI- espacio dentro de Hacemos Coalición Federal-: “La moratoria me parece un error, los que producen estan ahogados de impuestos y es imperioso revisar esta decisión o que lo hagan cuando traigan el paquete fiscal”.

Con relacion a la movilidad jubilatoria, expresó: “el ajuste del Frente de Todos a los jubilados es responsabilidad de Alberto Fernández, Sergio Massa y La Cámpora porque la fórmula propuesta se quedaba corta”. En tal sentido, sostuvo que “no se vuelva a cometer ese error”.

Tambien se refirió al impuesto al tabaco y señaló que “es inexplicable no recaudar sobre tabacaleras”, y amplió su mirada sobre la delegación de facultades: “No votamos facultades por un principio politico y porque nacimos como espacio político cuando Elisa Carrió no se le votó a Domingo Cavallo hace 22 años”.

“La Argentina necesita muchas reformas como quitar la multa del trabajo no registrado para combatir la industria del juicio laboral y eso genera expectativa en las pymes que quieren eliminar esas multas para tomar más gente”, cuestionó López con relacion a qué el presidente lo envio en el DNU y no por un proyecto de ley.

Por último, criticó: “No me entra en la cabeza la política fiscal sobre retenciones porque los productores empezaron el año con 7% y se encuentran con 15”. “Cuenten con este bloque, pero algunos libertarios nos tratan de colectivistas y no hay nada mas colectivista que subir retenciones”, concluyó.

Luego, la diputada nacional Paula Oliveto Lago (HCF) cuestionó a Unión por la Patria y los acusó por “olvidarse de defender la Constitución y la institucionalidad según quien gobierne”. “El Frente de Todos defendió la delegación de facultades a Alberto Fernández para tenernos encerrados”, recordó.

Además, se dirigió al Gobierno Nacional: “Nosotros representamos a personas, no a presidentes. Hay gente con mucho miedo porque le dijeron que si no sale la ley se cae el mundo y la legitimidad radica en representar el pueblo”.

También, opinó sobre el tema jubilaciones y fustigó al gobierno saliente: “Los jubilados son los peores pagos de este país, pero esto no es de ahora porque votaron una ley cantando la marcha peronista y le hicimos daño”.

Para concluir su intervención en línea con su espacio, la CC- ARI, anticipó que “hay que sacar este país adelante y no vamos a poner palos en la rueda”.

Previo a entrar de lleno en el debate sobre el proyecto de ley de Bases, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez (Santa Fe), hizo una moción de orden para pedir que la iniciativa vuelva a comisión tras la quita de 165 artículos. La moción de orden fue rechazada con 149 votos negativos contra 103 afirmativos y ninguna abstención.

En su intervención, Martínez denunció que hubo “una estrategia de oscurantismo que llevó al giro caprichoso en tres comisiones a que no se presenten al plenario ni el jefe de Gabinete, ni el ministro de Economía, tampoco el padre de la criatura de Sturzenegger no dijo absolutamente nada”.

“Arbitrariedades que en un momento llevaron a que no quieran recibir a la sociedad civil, fue el propio plenario que forzó a que positivamente eso se provoque. Que llevó a que suspendan las comisiones, que en un momento se dejaron de convocar y apareció el debate a las 21 de un día martes donde a la madrugada completaron las firmas de un texto que nosotros reclamábamos y que nunca estuvo a la vista, que nadie explicó y que nadie defendió”, cuestionó.

Y siguió: “Se llevaron el dictamen y en medio de eso solicitamos el texto y nos dijeron que no estaba disponible. El visado dejó en claro que ninguno de los 55 diputados en el momento de firmar conocía el texto del dictamen. Sale Caputo diciendo ‘sale el paquete fiscal’. El domingo hacen circular una versión 28-12. Llegamos a esta sesión y leen una cantidad de artículos que supuestamente salen del texto de la orden del día y ni siquiera está arriba de las bancas el texto que no solo propone esas exclusiones y no dejaron tampoco en claro, y todos los diputados nacionales van a arrancar el debate cuáles son las modificaciones que están proponiendo, porque una cosa son las exclusiones y otra las modificaciones que en el famoso borrador se realizaron u no sabemos si se están poniendo en consideración. ¿Qué es todo este mamarracho?”.

El santafecino se dirigió al oficialismo y les planteó: “Tienen una única y última posibilidad de emprolijar todo y por eso venimos a proponer que realicemos una moción de orden en el marco del artículo 127 de nuestro reglamento para que este expediente vuelva a comisión como dice el 128 ‘estas mociones no se discuten’, y como dice el 129 ‘para aprobarse se requiere la mayoría absoluta de los votos emitidos y nosotros vamos a pedir votación nominal’”.

“Si quieren cuidar al presidente de la Nación, hagan que este tema vuelva a comisión y a los diputados de los otros bloques es momento para decir claramente un ‘no’ a este tratamiento, es hoy. No aceptemos cuestiones graves que mencionó un diputado de la oposición -haciendo referencia a Nicolás Massot- preanunciando aprietes, amenazas, carpetazos y denuncias para quienes tienen un posicionamiento distinto”, cerró entre gritos Martínez.

De la vereda de enfrente le salió al cruce el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien le recordó que “en el ámbito de labor parlamentaria él ha validado estas cuestiones que planteó. Ese discurso que acaba de hacer debería haberlo hecho anoche cuando avalamos y convalidamos que, por una cuestión de agilidad del tratamiento de este largo proyecto de ley, se iba a hacer el listado de temas que se excluían cuando llegaba el cierre del debate y se iban a incorporar por escrito y que iban a estar por la tarde el detalle de los temas”.

“Estamos dispuestos a tratar artículo por artículo en función de la transparencia hasta que termine este tema. No hay ningún problema de discutirlos. El debate lo vamos a hacer, pero ayer validaron este procedimiento y no había ninguna irregularidad. Rechazamos el pase a comisión”, remató Pichetto.

En el mismo sentido se pronunció el jefe de la bancada Pro, Cristian Ritondo, quien ratificó los dichos del diputado preopinante y planteó que “la Labor es el lugar de pautar y coordinar cómo van a ser las reglas en el recinto y en una ley que abarcar distintos temas y que es larga”, y le enrostró: “Muchas cosas que hoy critican, años anteriores fueron hechas por ustedes -refiriéndose a la bancada de UP- entraba un martes el presupuesto y a los dos días lo debatíamos en el recinto, sacaban artículos o modificaban en el momento”.

Por último, la diputada de izquierda Myriam Bregman propuso que el proyecto “debería volver a comisión y ordenarse y renumerar todo el dictamen para ver qué queda y qué no, si tiene coherencia interna o es la continuidad de este procedimiento desprolijo”.