Luego de que el pleno de la Cámara baja aceptara en la sesión especial de este miércoles las renuncias de un puñado de diputados nacionales, Christian Castillo –Frente de Izquierda- solicitó la palabra para hacer un pedido de apartamiento del reglamento que fue rechazado porque “no estaba acordado en Labor Parlamentaria”.

Castillo hizo un pedido para un apartamiento del reglamento a fin de tratar el proyecto de Declaración 6844-D-2025 para manifestar su rechazo a la “intensificación de la agresión y la injerencia imperialista de Estados Unidos contra Venezuela que utiliza la excusa de la guerra contra las drogas para reforzar y multiplicar el despliegue militar en su territorio. Estas acciones encubiertas y operaciones armadas destinadas a vulnerar la soberanía del pueblo venezolano”.

Así, planteó que “por la gravedad del tema y haciendo una excepción solicito que se pueda tratar en el recinto”. De forma inmediata, el titular de la Cámara, Martín Menem, le recordó que “no era lo acordado en Labor Parlamentaria. Es lo último que hacemos en la sesión y nos preparamos para la otra”. Puso a consideración el pedido de Castillo que resultó negativo tras lo cual dio por terminada la sesión.

Las chances esbozadas por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, la semana pasada respecto de realizar una última sesión antes del cierre del período ordinario, se esfumaron finalmente cuando pasó el tiempo sin que apareciera la convocatoria para este miércoles. Es que esa fecha había sugerido Martínez en la última reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo adulterado, cuando ante las intenciones de citar al ministro Mario Lugones para este miércoles a la tarde, anunció la intención de hacer un esfuerzo para sesionar ese mismo día, por lo que recomendaba no dejarle la eventual sesión como excusa para no asistir.

La misma fecha se manejaba en la Cámara alta, donde el interbloque conducido por José Mayans ya había intentado sin éxito sesionar la semana pasada y pretendía insistir esta semana. Allí, nadie da por caída definitivamente esa sesión en la que UP pretendía llevar como tema principal el proyecto de reforma de los decretos de necesidad y urgencia, pero casi. En tal sentido, un legislador peronista deslizó que bien podrían ponerse de acuerdo finalmente y anunciar una sesión para este jueves, pero la realidad es que también en el Senado las chances son mínimas, conforme pasa el tiempo sin novedades.

En Diputados querían hacer una sesión para llevar al recinto los dictámenes que hubieran quedado pendientes, a excepción del Presupuesto 2026, pues está claro que ese tema quedará para extraordinarias. Pero el esfuerzo pareció quedar enteramente en manos de UP, en días en los que capea en ese espacio la desconfianza de muchos respecto de la homogeneidad que vaya a tener ese bloque.

Así como la oposición tenia reparos para llamar a sesionar sin certezas de contar con el quórum, para no dar una muestra de debilidad si no llegaban a contar los 129, en los últimos días comenzó a prevalecer otra postura: la de evitar dar una muestra de dispersión por parte de Unión por la Patria. Es que son días donde las versiones cruzadas están a la orden del día y muchos se hacen a la idea de que más temprano que tarde el oficialismo terminará desplazándolos de la condición de primera minoría. Algo impensado hasta antes del 26 de octubre, y aun después… pero lo cierto es que hoy en la principal oposición todos hablan de una diferencia a su favor de entre 5 y 6 diputados, pero cada vez son más fuertes las versiones respecto de que los catamarqueños (4) se irán a formar otro bloque, lo que los dejaría en las puertas de perder su condición de primera minoría.

También sonaba fuerte este martes la posibilidad de que también los santiagueños (7) armen un bloque propio, en soledad. Los legisladores que responden al gobernador Gerardo Zamora están desde hace tiempo en el seno de Unión por la Patria, pero si deciden armar el bloque Frente Cívico Santiagueño, no será algo inédito, pues así funcionaron mucho tiempo, hasta que Cristina Kirchner les pidió unificarse con sus legisladores. Ahora, una fuente santiagueña consultada por parlamentario.com aclaró, con máxima crudeza, que “no son lo mismo las órdenes de Cristina Kirchner presidenta del Senado, que Cristina Kirchner presa”.

Lo cierto es que el bloque de Germán Martínez quiso evitar también entonces que quedara graficado quiénes no daban quórum.

Así las cosas, el período ordinario concluirá este viernes habiéndose registrado 13 sesiones, un número muy alto teniendo en cuenta que 2025 fue un año electoral, y sin sesión de despedida.

Mientras se baraja la posibilidad de una sesión en la Cámara alta previo al recambio legislativo del Cuerpo, el senador nacional Carlos Linares (UP – Chubut) planteó la posibilidad de que las puertas del recinto se abran el 19 o el 20 de noviembre, al tiempo que afirmó que el bloque votaría la modificación de la Ley de DNU “tal como viene de Diputados”.

En diálogo con AM 530, Linares señaló que "esta semana no va a haber sesión, tenemos reunión de comisiones aparentemente va a haber sesión el día 19 o 20", y destacó que "hay temarios pendientes de tratamiento y hay cargos que no están conformados y tendríamos que conformarlos en la sesión que viene".

“La modificación de la Ley de DNU es uno de los temas más importantes. También hay proyectos que involucran a las provincias como la ley de cuencas maduras y temas importantes para el interior del país”, planteó y afirmó: “Se está hablando votar el proyecto tal cual vino de Diputados porque no nos van a dar los tiempos para poder tener la ley que regule los términos por los que este gobierno se maneja”.

Respecto de los tiempos que se avecinan con una nueva composición en la Cámara alta, expresó: “Ya sabemos que a Bullrich la van a poner como jefa de bloque, no sé a quién van a poner ellos como línea sucesoria, pero nosotros tenemos que seguir trabajando mancomunadamente y tratar de buscar estas 37 voluntades que necesitamos para tener una mayoría en la Cámara. No va a ser fácil, pero se tienen que defender los intereses que creemos”.

En ese sentido, el legislador destacó que "nosotros trabajamos hoy con los senadores que están y a partir del 10, con la nueva composición del Senado. La Cámara tiene que ser el espacio para defender las posturas que creemos que hay que defender”.

“El panorama político cambia por semana. Nosotros tenemos claro que nosotros somos 28, con una línea de acuerdo. Y puede ser que se sumen algunos más con una línea de pensamiento parecida a la nuestra", graficó en la misma línea y sumó:  "Le venimos explicando a cada sector que vienen por todo. El plan económico viene por todos los argentinos. Se vienen leyes muy importantes como la del presupuesto, la ley laboral”.

Respecto de la relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el Ejecutivo, opinó: “Es sabido que hay problemas internos en La Libertad Avanza en el Senado. La vicepresidenta tendrá que ver cómo articula porque está claro que van por la presidencia de la Cámara y no se la van a hacer fácil”.

No fue sorpresa la ausencia de los funcionarios Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones a la sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados para llevar a cabo sus respectivas interpelaciones, según lo había aprobado el pleno del Cuerpo el pasado 8 de octubre.

Ante ello, referentes de los diferentes bloques impulsores de la sesión le enviaron una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, exigiéndole la reprogramación de las interpelaciones para garantizar la presencia efectiva porque “la Constitución está para cumplirse”.

La misiva indica: “Nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera al ministro de Economía, Luis Caputo; a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; y al ministro de Salud, Mario Lugones, que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara”.

“La frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha, resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente año, decidida en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados”, precisaron y plantearon que tiene como objetivo que “brinden explicaciones sobre temas de alto interés público y relevancia institucional”.

Los diputados opositores plantearon que “los mencionados funcionarios alegaron, mediante una nota con fecha de ayer, cuestiones de agenda que les impidieron cumplir con la interpelación. Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para catar la interpelación dispuesta por esta Cámara de Diputados en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

“Consideramos inaceptable que cuestiones administrativas o de gestión se utilicen como excusa para eludir una convocatoria formal del Poder Legislativo, en el marco de un procedimiento constitucional que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la división de poderes”, sumaron desde el bloque Democracia Para Siempre quienes cuestionaron que “no se trata de una actitud aislada de un funcionario, todo lo contrario, es un modus operandis del Gobierno que elude al Congreso, y deberemos encontrar junto a la mayoría de los diputados una respuesta acorde a este incumplimiento constitucional”.

“Por lo expuesto, le solicitamos que envíe una nota requiriendo a los funcionarios que, por el mismo medio, nos informen la fecha y hora en que podrán comparecer para cumplir con la interpelación decida por este Cuerpo”, reiteraron el pedido.

Sesiona la Cámara baja desde las 12.20, momento en el cual había 130 diputados sentados en sus bancas, preparados para una sesión que se espera sea sumamente intensa y que tiene como cuestión inicial nada menos que la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

En el inicio de la reunión se planteó a través de Oscar Agost Carreño un plan de labor por el cual se acotaran los discursos, pero antes de que se votara intervino el oficialista Nicolás Mayoraz, que protestó por la elección de las autoridades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, advirtiendo que pretendían acotar el debate, por temor a que se expusieran las supuestas irregularidades sucedidas en el proceso de selección, lo que provocó la reacción de la titular de esa bicameral, Natalia Sarapura, quien rechazó el planteo de su par Mayoraz.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. Ese texto que analizarán este miércoles en el recinto tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

Con grandes chances de ser aprobado este miércoles, será clave el número de votos que obtenga, cuestión de imaginar lo que podría llegar a suceder cuando el texto vuelva al Congreso, mandado por el Ejecutivo con el veto inexorable correspondiente. Esto es, ver si a partir de esa votación la oposición puede ilusionarse con resistir esa decisión de Javier Milei.

El segundo tema a debatir es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Esa votación requiere mayoría simple, y lo seguro es que será rechazado por el oficialismo, que está en contra por la identificación de militante de género de Bertero y además cuestiona el concurso público realizado.

Luego será el turno del debate del Presupuesto 2026. No, no es que haya llegado por fin el momento de que se debata en el recinto una ley de leyes elaborada por el equipo económico de Javier Milei, sino que lo que se tratarán este miércoles son dos emplazamientos: primero, está el propio expediente del presupuesto enviado por el Ejecutivo para definir un cronograma de reuniones que fije encuentros los martes y jueves, dejando libre los miércoles para futuras sesiones. La oposición apunta a definir los invitados y dictaminar antes del 20 de noviembre. 

La cuestión referida al presidente saliente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, fue sacado del temario, dado que se apartó voluntariamente, eso devino en abstracto.

En relación al auxilio financiero que negocia el Gobierno con Estados Unidos, el temario de la sesión incluye un proyecto de resolución presentado por Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación -establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- sobre todo empréstito tomado por Argentina. Además, hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, que no cuenta con dictamen y debe emplazarse a comisiones.

Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por Ejecutivo, pero sin ejecución presupuestaria, se incluyen tres proyectos sin dictamen: la moción de censura contra Guillermo Francos, una interpelación al jefe de Gabinete y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento de la ley insistida por el Congreso.

Ya sí con dictamen de comisiones, se buscarán aprobar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciada a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

En el último ítem del temario figura uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

Además, en la sesión se incorporaron los dictámenes sobre declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional de Brigadier Estanislao López, considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”.

Por último, hay otra serie de emplazamientos a comisiones para tratar la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la creación de la ventanilla única para PyMEs; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); la derogación del decreto 273/25 que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

NOTICIA EN DESARROLLO

En la que tal vez sea la última sesión previa a las elecciones generales del 26 de octubre, la Cámara de Diputados se reúne este miércoles a partir de las 12 con un gran número de expedientes para debatir y un tema central para aprobar o rechazar: la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. Ese texto que analizarán este miércoles en el recinto tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

Con grandes chances de ser aprobado este miércoles, será clave el número de votos que obtenga, cuestión de imaginar lo que podría llegar a suceder cuando el texto vuelva al Congreso, mandado por el Ejecutivo con el veto inexorable correspondiente. Esto es, ver si a partir de esa votación la oposición puede ilusionarse con resistir esa decisión de Javier Milei.

El segundo tema a debatir es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Esa votación requiere mayoría simple, y lo seguro es que será rechazado por el oficialismo, que está en contra por la identificación de militante de género de Bertero y además cuestiona el concurso público realizado.

Luego será el turno del debate del Presupuesto 2026. No, no es que haya llegado por fin el momento de que se debata en el recinto una ley de leyes elaborada por el equipo económico de Javier Milei, sino que lo que se tratarán este miércoles son dos emplazamientos: primero, está el propio expediente del presupuesto enviado por el Ejecutivo para definir un cronograma de reuniones que fije encuentros los martes y jueves, dejando libre los miércoles para futuras sesiones. La oposición apunta a definir los invitados y dictaminar antes del 20 de noviembre.

Espert en la mira

El presidente saliente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a tener la máxima atención dada la intención de algunos legisladores opositores de pedir su remoción de la Cámara. Originalmente iban a ir por su apartamiento de la presidencia de la comisión, pero como el propio José Luis Espert se apartó voluntariamente, eso devino en abstracto, por lo que quedó para debatir o emplazar es un pedido de expulsión de Espert de la Cámara baja.

Lo que se sabe es que si la oposición avanza con el pedido de expulsión de Espert, La Libertad Avanza doblará la apuesta e irá contra una serie de diputados de Unión por la Patria que tienen causas judiciales. Según pudo saber este medio, le apuntarán puntualmente al chubutense José Glinski, denunciado junto a su pareja Tamara Pettinato por el presunto uso indebido de aviones, autos y una casa oficial, de cuando el legislador estaba al frente de la PSA; también le apuntarán al chaqueño Juan Manuel Pedrini, acusado de haber usado 220 pasajes para entregar –según argumentó- a personas que le han pedido ayuda para viajar por cuestiones de salud, como así también músicos, artesanos y profesores universitarios. Cuestión en la que se habrían gastado más de 30.000 dólares durante 2024.

Otro apuntado sería el tucumano Carlos Cisneros, a quien acusaron de liderar una asociación ilícita. También citarán al diputado Daniel Gollán, denunciado por contratos con una firma de su esposa; Carlos Castagneto, denunciado en su momento por “Señor Tabaco” por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita; también el rionegrino Martín Soria, por haber retenido aportes voluntarios de su gabinete de General Roca para la campaña de 2019.

La lista incluye a las diputadas Nancy Sand y Agustina Propato.

En relación al auxilio financiero que negocia el Gobierno con Estados Unidos, el temario de la sesión incluye un proyecto de resolución presentado por Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación -establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- sobre todo empréstito tomado por Argentina. Además, hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, que no cuenta con dictamen y debe emplazarse a comisiones.

Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por Ejecutivo, pero sin ejecución presupuestaria, se incluyen tres proyectos sin dictamen: la moción de censura contra Guillermo Francos, una interpelación al jefe de Gabinete y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento de la ley insistida por el Congreso.

Ya sí con dictamen de comisiones, se buscarán aprobar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciada a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

En el último ítem del temario figura uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

Además, en la sesión se incorporaron los dictámenes sobre declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional de Brigadier Estanislao López, considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”.

Por último, hay otra serie de emplazamientos a comisiones para tratar la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la creación de la ventanilla única para PyMEs; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); la derogación del decreto 273/25 que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

En la sesión de este jueves, el Senado aprobó un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, y la identificación de personas halladas con vida o fallecidas cuya identidad se desconozca.

La sanción fue por unanimidad con 61 votos positivos e incluye la creación de un registro nacional y un sistema de alerta rápida, y apunta a mejorar la coordinación entre organismos públicos y privados.

Se trata de una iniciativa del senador salteño Juan Carlos Romero, que declara como objetivo de la ley la sistematización y centralización de los procedimientos, protocolos e información vinculados a la búsqueda de personas. Para ello, se propone la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Juan Carlos Romero, autor de las iniciativas. (Foto: Comunicación Senado)

Al respecto, el senador salteño contó que el objetivo del proyecto es “otorgar fuerza y estabilidad jurídica a dos protocolos cruciales. Queremos perfeccionar el registro, que se pueda incorporar tecnología, que tenga carácter federal y se pueda lograr resultados concretos”.

“Hay una duplicidad de datos entre el registro de menores y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas extraviadas, hay duplicidad, superposición, información insuficiente y despareja. Hay una serie de falencias que hacen que la búsqueda sea compleja”, señaló Romero.

“El sistema federal de búsqueda en 2024 señaló que intervinieron en 10 mil casos de personas desaparecidas. En el 2023 en 27 mil causas de 100 mil denunciados, es decir, intervinieron en 28% de las causas de los cuales eran 13 mil menores. En alerta Sofía la falencia salió a la vista con el caso de Loan en Corrientes y de Lian en Córdoba donde hubo fallas de coordinación, desperdicio de recursos y sin resultados”, explicó.

Romero explicó que se propone adquirir un software para que los alertas impacten de forma inmediata en los celulares de las personas porque “en Argentina hay más teléfonos que personas. La inmediatez en el aviso que advierta los movimientos de las personas involucradas de una desaparición de un niño. Es importante la participación de la comunidad en una alerta temprana. Se buscan más de 100 mil niños actualmente”.

La senadora kirchnerista Eugenia Duré recordó en el recinto la desaparición de Sofía Herrera. (Foto: Comunicación Senado)

Los ejes del proyecto

Este registro tendrá como función principal el entrecruzamiento de datos provenientes de distintas fuentes —hospitales, centros de resguardo, comisarías, morgues, entre otros— para facilitar la localización de personas cuyo paradero se desconozca o que hayan sido halladas sin identificación. Las autoridades de estos establecimientos deberán comunicar las novedades al registro dentro de las primeras 24 horas de producido el hecho o la denuncia.

El proyecto establece que la información deberá ser completa y detallada, incluyendo datos personales, circunstancias del extravío o hallazgo, y cualquier otro elemento que contribuya a la identificación. En casos donde se presuma que la persona desaparecida podría ser víctima de un delito, se permite postergar la comunicación al registro por el tiempo estrictamente necesario para proteger su integridad.

Además, la iniciativa contempla la creación del Programa de Alerta Rápida Sofía, destinado a la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años desaparecidos en situaciones de extrema gravedad. Este sistema, inspirado en modelos internacionales como el “Amber Alert” de Estados Unidos, permitirá activar protocolos inmediatos de difusión a través de medios masivos, digitales y redes sociales, articulando el trabajo entre distintas jurisdicciones e instituciones.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad, que deberá elaborar los protocolos de actuación y coordinar la implementación del sistema en todo el país.

La Cámara alta vuelve a reunirse este jueves con la intención y la certeza de infringirle al Gobierno nacional otro duro golpe. Es que se propone tratar nada menos que los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y el Financiamiento Universitario. Los dos temas contarán con el apoyo de sectores movilizados para acompañar su aprobación y se da por segura la insistencia para con ambos temas por arriba de los dos tercios necesarios.

La sesión arranca bien temprano: a las 10 de la mañana, y se espera que el inicio tenga una fuerte carga política, con citaciones que irán desde el jefe de Gabinete hasta la secretaria General de la Presidencia. En el caso de Guillermo Francos, ya anticipó este miércoles José Mayans que le apuntarán en esta sesión, por la decisión de promulgar pero mantener suspendida la Ley de Emergencia en Discapacidad. La moción de censura está a la vista del funcionario.

Además de los temas centrales se tratarán otras cuestiones pendientes, como un acuerdo judiciales y acuerdos internacionales.

El primero de los temas que figuran en la agenda es el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien días pasados estuvo en la Comisión de Acuerdos.

Luego se avanzará con el tratamiento de una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.

Después será el turno del tratamiento de los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y el Financiamiento Universitario, que son por lejos las dos cuestiones que más expectativa despiertan.

El quinto tema es un proyecto de ley correspondiente a la senadora rionegrina Mónica Silva que declara Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se realiza cada año durante el ms de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro.

A continuación se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

La actividad frenética en el recinto encontró una tregua la semana que pasó. Aunque nunca estuvo asegurada una reunión en Diputados para el último miércoles de septiembre, no faltaban quienes insistían en seguir adelante con las sesiones para acelerar el deterioro oficialista. Otros, más cautos, sugerían ahorrar municiones y juntar temas antes de convocar nuevamente.

Temas hay siempre, pero los convocantes son más puntuales. Y si algo entendió la oposición en general, la que ha conseguido hacerse de victorias sucesivas en los últimos tiempos, es que los mejores resultados los obtienen cuando acercan posiciones entre sí y acuerdan temarios consensuados, aun incluyendo los que los desunen; en esos casos, los ponen al final de la lista, cuestión de que si la situación amerita, se posterguen.

El argumento para posponer una eventual sesión el miércoles que pasó era esperar a tener listo el proyecto de reforma de la Ley 26.122, la que cambia la forma de administrar los decretos de necesidad y urgencia. Hechos los emplazamientos correspondientes, ese tema estará listo para la semana que se inicia. Si convocaban para el miércoles 24 de septiembre, solo tenían para tratar -de los temas salientes- el veto a la Ley de ATN, que ya tramitó con holgura el Senado la semana anterior. Pero ni siquiera había garantías de que se consiguieran los dos tercios, ¿para qué apurar las cosas entonces?

Todos coincidieron entonces en preparar el camino para el 1 de octubre, y lo dejaron expuesto el miércoles que pasó, en la inauguración del debate del Presupuesto 2026 en la comisión que preside el duro José Luis Espert. Cuando el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires planteó que la primera reunión informativa sobre la ley de leyes sería el miércoles que viene, a las 13, con la visita del secretario de Hacienda, varios diputados pidieron cambiar el día de reunión de Presupuesto y Hacienda, porque “los miércoles queremos sesionar”, y confirmaron que estaban trabajando en una reunión para el 1 de octubre.

Lejos de todo consenso, el autor de la frase “cárcel o bala”  se mostró irreductible, y al despedirse lo hizo “hasta el miércoles 1/10 a las 13”.

Como “sesión mata comisión”, si hay sesión ese día, Carlos Guberman tendrá que agendarse otra fecha.

Pero el pedido de sesión no salió el viernes pasado. Contra lo que se esperaba, la falta de acuerdo en el seno opositor demoró la emisión de la nota correspondiente y promediando la tarde este medio supo que no saldría ese día. Ya se sabe que es uso y costumbre que las sesiones se anticipen el viernes de la semana anterior, cuestión de que los diputados del interior puedan organizarse con los vuelos.

Este fin de semana, una fuente consultada por parlamentario.com -de las que suelen suscribir las convocatorias- confirmó que “no hemos terminado de definir aún”, por lo que “hay más chances de que sea el 8” de octubre. La base de esa sesión, está claro, es el tema de los gobernadores (ATN) y la Ley de DNU.

Dicen que algunos querían sumar la moción de censura contra el jefe de Gabinete por el tema de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sería un emplazamiento en ese caso, y había resistencias en el seno opositor para avanzar ya con eso. Otras fuentes dicen que no tuvo nada que ver. Y aclararon, contundentes: “No hay desacuerdo en nada. Estamos trabajando en un temari que tenga número”. Así las cosas, todo indica que la convocatoria para este miércoles 1° de octubre quedará para el miércoles venidero.

Sesión en el Senado

En la Cámara alta, en tanto, se habla de sesionar el jueves que viene. Con los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría en el temario.

Esos serían los platos principales de esa sesión a la que agregarán en el camino a la redacción de la convocatoria algunos temas más. Van con la garantía de tener un número más consolidado en esa Cámara y ensoberbecidos -por qué no- por los éxitos recientes: readaptando la frase “todo por dos pesos” de los 90, en el Senado se agrandan con un “todo por dos tercios”.

Cuando se estaban por cumplir siete horas de debate de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este jueves, y en la antesala a tratar la derogación de la Ley del Manejo del Fuego y convenios internacionales -segunda vez que es postergado ese tema-, la principal bancada opositora dejó sin quórum la sesión, que se dio por concluida en consecuencia.

Siendo las 17:48 tomó la palabra el senador formoseño y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni, que se disponía a explicar el proyecto de acuerdo con Francia y Austria para evitar la doble imposición de impuestos. “Teniendo quórum suficiente le damos tratamiento a los tratados internacionales tan postergados”, indicó Paoltroni.

Cuando Paoltroni se preparaba para argumentar sendos proyectos, lo interrumpió una senadora de la bancada de UP, quien le señaló que no había quórum, a lo que el formoseño retrucó: “Yo arranqué con quórum… ¿cómo que no?”, y se dirigió al presidente previsional: “Disculpe señor presidente, pero cuando empecé a hablar había 38 presentes”. “Usted tiene la palabra, continúe”, le respondió Bartolomé Abdala.

“Estos proyectos ya tienen dictamen hace diez meses. Venimos postergando desde hace bastante tiempo con lo que significa este mensaje para las inversiones, para la comunidad diplomática de Embajadores y todas las empresas que ya tienen inversiones En la Argentina y por tantas otras más que vengan que tanto necesitamos en nuestro país”, expresó Paoltroni.

Abdala le cedió la palabra a la senadora Juliana Di Tullio, quien aclaró que ellos se iban a abstener, pero remarcó que la sesión estaba sin quórum para votar el proyecto. En ese momento, el presidente previsional planteó esperar cinco minutos para ver si los senadores regresaban al recinto, pero desde la bancada de UP le respondieron por la negativa, por lo que no tuvo otra opción que levantar la sesión.

En rigor de verdad, el problema no eran los convenios internacionales, sino lo que venía al final, que era la derogación de la Ley del Manejo del Fuego, una norma impulsada en 2020 por Máximo Kirchner, lo que da que pensar que fue el verdadero motivo de que la bancada que conduce José Mayans tomara la decisión de levantarse y retirarse del recinto. Previamente, Mayans había pedido retirar del temario del día el proyecto de creación de un sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas de autoría del salteño Juan Carlos Romero, porque el senador no estaba presente.

En una nueva sesión cargada de contenido político y social, el Senado debatirá este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece una redistribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Se espera que la oposición reúna los dos tercios necesarios para insistir con la norma, en lo que sería un nuevo revés institucional para el Ejecutivo.

Será al día siguiente de una nueva y sonora derrota legislativa, en este caso en la Cámara baja. El tratamiento del veto será el primer punto del orden del día, y todo indica que la Cámara alta repetirá la contundente mayoría alcanzada el 10 de julio, cuando la ley fue aprobada con 56 votos afirmativos y apenas uno en contra.

El proyecto, impulsado por todos los gobernadores del país, busca garantizar una distribución más equitativa y previsible de los fondos nacionales, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y las provincias por la falta de asistencia financiera. En Diputados, la norma también obtuvo una amplia mayoría (143 votos a favor), aunque no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la ley tras el veto.

Una agenda con fuerte impronta social

Tras el debate sobre los ATN, el Senado abordará otros proyectos de alto impacto social. Entre ellos, la llamada “Ley Nicolás”, inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo. La iniciativa apunta a mejorar la calidad y seguridad de la atención sanitaria, mediante la protocolización de procesos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del trabajo del personal de salud.

También se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.

Por último, se debatirá una reforma al Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales con agravantes. El proyecto, presentado por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, propone penas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación para conducir cuando concurran factores como consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.

La sesión, prevista para las 11, se da en un clima de creciente tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que ya sufrió esta semana el rechazo de dos vetos en Diputados. De concretarse un nuevo revés en el Senado, el Gobierno de Milei sumaría otro golpe institucional en medio de un escenario económico cada vez más inestable.

La sesión de Diputados tan gravosa para el Gobierno tuvo un final abrupto, pero no inesperado, ya que todo el tiempo se especuló con la eventual finalización anticipada de la reunión por falta de quórum.

Fue al cabo de una cuestión de privilegio presentada por la diputada rionegrina Lorena Villaverde, que ya había sido destinataria en una sesión anterior de severas denuncias de parte de su comprovinciano kirchnerista Martín Soria, y esta vez le hizo una durísima devolución de gentilezas.

Tras una catarata de denuncias contra su rival -ambos son candidatos a senadores nacionales para el 26 de octubre-, Villaverde cerró su cuestión de privilegio exigiéndole explicaciones a Soria, aunque aclaró que “no espero que lo haga, porque no es un hombre de bien”. Tal el tenor de sus dichos.

Previsiblemente el diputado Martín Soria quiso contestarle, pero el presidente de la Cámara no se lo permitió, pues no podía argumentar haber sido aludido, al tratarse de una cuestión de privilegio en su contra. Sí podía contestarle con otra cuestión de privilegio, para lo cual lo anotaría al final de la lista de las que tenía.

Martín Menem no le dio la palabra a Soria, pero sí al libertario Manuel Quintar, quien no tenía una cuestión de privilegio para hacer, sino que planteó una moción de orden para que se modificara el orden del día y pasar a tratar el expediente 950. Y mientras hablaba, comenzaron a pararse sus compañeros de bancada y aliados para abandonar el recinto.

Estaba claro que esa movida estaba preparada y el presidente del bloque UP, Germán Martínez, lo advirtió: “Esa moción de orden es trucha, es falopa”, dijo el santafesino que sugirió ser más creativo a la hora de tratar de hacer caer la sesión, ya que pedía algo que obligaba a una votación para la cual ya no había quórum. Lo advirtió Martínez, ante lo cual Martín Menem invitó a los diputados que estaban afuera a sentarse para que se votara la moción.

“Si la hacen, la tienen que hacer mejor de lo que lo están haciendo”, lanzó Martínez con ironía, y le explicó a Quintar: “Si usted quería hacer esto, tenía que haber esperado que haber esperado el final del lote (de cuestiones de privilegio) que está anunciado… Así que les recomiendo que se sienten y que laburen”.

Asesorado, Menem le aclaró a su interlocutor que “la moción de orden desplaza cualquier otra situación, eso dice el artículo 127”.  “Sí, tiene otra cosa que hacer -repuso Germán Martínez-: Que es actuar como presidente de la Cámara”.

El titular del Cuerpo insistió en que sí lo estaba haciendo, y le pidió al secretario Parlamentario que leyera el artículo 128, que dice que las mociones de orden serán previas a otro asunto, aun el que esté en debate. Luego leyó el 127, y luego Menem enfatizó que ya habían pasado 7 minutos y al no haber quórum “no me queda otra que levantar la sesión”.

Había 119 diputados presentes, eran las 21.10, y tras 8 horas de sesión, se dio por terminada la misma.

Sin mayor problema se alcanzó este miércoles a las 13.09 el quórum para desarrollar la sesión de Diputados cuyo tema central pasará por el debate de otros dos vetos presidenciales: el del Garrahan y Universidades. Fue tan rápido que se logró el número para arrancar, que ni siquiera estaba sentado en su sitial el presidente de la Cámara, Martín Menem, y la diputada Cecilia Moreau fue la encargada de poner en marcha la sesión.

Además de los bloques convocantes, estuvieron sentados en sus bancas para dar quórum los diputados del bloque radical y los de Innovación Federal.

La sesión se da en el marco de un Palacio Legislativo rodeado de manifestantes convocados por la comunidad universitaria -y parte de la comunidad médica- movilizados para respaldar el reclamo de que se mantengan vigentes esas leyes, y por eso se esperan miles y miles de manifestantes frente a las puertas del Congreso para hacer escuchar su clamor.

Atendiendo esa cuestión fue que en el inicio mismo de la sesión, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto, planteó una moción para votar directamente los vetos, sin debate. Al anunciar su propuesta, aclaró que no había participado de Labor Parlamentaria y por eso lo hacía en ese momento y lo justificó en tratar de dar celeridad al tratamiento de ambas insistencias. Tras un cuarto intermedio esa propuesta quedó de lado, pero se acordó acelerar los tiempos con un debate conjunto de los dos temas.

Ya en la reunión de Labor Parlamentaria se había decidido quitar algunas cuestiones del temario, como los decretos sobre el PENIA sobre prevención de embarazo adolescente, y el DNU 62/25, que modifica las terapias de hormonización de la Ley de Identidad de Género.

En la previa de esta sesión tan especial, lo único seguro era a priori la obtención del quórum. Porque no hay certezas de que la oposición vaya a contar con los dos tercios para rechazar los vetos, por ejemplo. Aunque hay muchas chances de que sí lo consigan con la Ley de Emergencia Pediátrica, no así con Financiamiento Universitario, tema en el cual hay muchas dudas de que logren alcanzar los bloques opositores el número suficiente.

Para uno y otro caso la atención está puesta en la manera que se votaron esos temas cuando sendas medias sanciones. Con la ley referida al Garrahan se consiguieron los dos tercios; con lo de las universidades se estuvo cerca. Este martes algunos diputados aliados del oficialismo dieron señales de no estar dispuestos a sostener el veto. Uno de ellos se diferenció de colegas de grandes centros urbanos, donde su accionar pasa desapercibido; en cambio ellos viven en comunidades pequeñas donde los reproches están a la vuelta de la esquina.

Con números tan estrechos, cada presencia o ausencia son claves. Al oficialismo le faltará por ejemplo Rocío Bonacci, quien se repone del serio accidente automovilístico que sufrió hace algunas semanas. En la oposición no estaría el formoseño Fernando Carbajal, como así tampoco va a estar el diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano, de viaje en la embarcación Sirius en cercanías de la Franja de Gaza.

La oposición contará con cuatro votos en contra de los otrora oficialistas cuatro miembros del bloque Coherencia.

Pero el hermetismo era generalizado en vísperas de la sesión. Una importante integrante de un partido aliado al Gobierno fue abordada por un periodista al salir de una comisión este martes y ante la pregunta del sentido de su voto aclaró que si bien esperaba que su bloque definiera más tarde su postura, ella ya tenía resuelto cómo votaría. No reveló el sentido de su voto, aunque sí que sería igual para ambos vetos.

Muy molesto por el secretismo imperante, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró este martes “inconcebible que a menos de 24 horas de una sesión tan trascendente en Diputados aún existan diputados y diputadas que no  hayan definido su voto en temas tan sensibles. No se puede especular con el Garrahan y el financiamiento de las universidades”, posteó en sus redes sociales.

En vísperas de la sesión circuló un video del exgobernador Oscar Herrera Ahuad, candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, pidiéndole a “nuestros diputados nacionales que mañana voten a favor de las universidades públicas”. Esa fue una señal alentadora para los que sostienen el rechazo al veto, que sumaron a esa postura a los diputados salteños y los de Tucumán, por citar solo algunos.

Un dato importante: los radicales votarían mayoritariamente a favor de la Ley de Financiamiento Educativo. Lo adelantó el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo. La secretaria Parlamentaria de esa bancada, Soledad Carrizo, posteó poco antes de la sesión: “En el camino del progreso nacional, es esencial apoyar la EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA. Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura como lamentablemente puede verse en el recinto legislativo y en las gobernaciones de varias provincias”.

En el caso de Misiones, hay que tener en cuenta que la palabra que vale es la del todopoderoso Carlos Rovira, a quien el referente radical de esa provincia Gustavo González atribuyó tener “un pacto” con el presidente Javier Milei para que los diputados de esa provincia favorezcan al Gobierno libertario en el Congreso a cambio de Aportes del Tesoro Nacional.

Da la casualidad de que el lunes trascendió que cuatro provincias habían recibido ATN: Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Misiones. Y de ellas, con cuatro mil millones, Misiones era la que más dinero recibió. En definitiva, son contadas las veces que los diputados de esa provincia votaron contra los deseos del Gobierno nacional.

Las dudas se irán revelando a lo largo de esta prolongada jornada en la que algunos se atrevieron a anticipar un eventual empate en materia de vetos.

Otros temas

Entre los otros temas previstos hay uno no menor: el proyecto proveniente del Senado para modificar la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. Como con el resto del temario, la oposición buscará forzar el tratamiento sobre tablas, que se descuenta no logrará, para después ir por el emplazamiento a comisiones, cuestión de dictaminar a plazo fijo y poder llevar en breve cada proyecto al recinto.

Entre esos temas figuran emplazamientos para tratar pedidos de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones; y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a raíz del escándalo sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que salpica a la hermana del presidente.

En el mismo sentido, se buscará otro emplazamiento para tratar un proyecto de "reforma democrática" de la ANDIS, hoy intervenida, tras la salida de Diego Spagnuolo, a quien se le atribuyen una serie de audios que desataron el escándalo y las denuncias.

Los otros temas

El temario incluye emplazamientos a comisiones sobre los proyectos para crear una comisión investigadora del caso fentanilo contaminado; iniciativas para jerarquizar el Plan ENIA, sobre prevención de embarazo adolescente; la emergencia en ciencia, tecnología e innovación; y el plan de lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Finalmente, la oposición fue al recinto con la intención de rechazar tres decretos facultades delegadas: el 383/25, por el cual se dispuso un nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina y un sector de la oposición considera inconstitucional, y el 396/25, que transformó el INA y fusionó INPRES en el SEGEMAR; y el 445/25 que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas

Tal como se había acordado oportunamente antes de la última sesión, el Senado volverá a abrir las puertas del recinto este jueves para tratar como tema central el veto presidencial a la ley que redistribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), promovida por todos los gobernadores del país.

Así se resolvió en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes, presidida por el puntano Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. En ese encuentro se estableció que también se debatirán la Ley Nicolás y el sistema de alerta Sofía.

Se descuenta que en la sesión prevista para las 11, la ley que prevé la redistribución de los ATN a las provincias de forma “automática y diaria” alcanzará los dos tercios necesarios para rechazar el veto. Cabe recordar que ya había logrado esa mayoría cuando fue aprobada el 10 de julio, con 56 votos afirmativos y uno negativo.

En la Cámara baja se votó el 20 de agosto, pero allí no se alcanzaron los dos tercios que eventualmente se necesitarán cuando se intente insistir con la norma. En esa oportunidad, obtuvo 143 votos a favor y 90 en contra.

El resto del temario

Según lo acordado, el Senado tratará a continuación la propuesta conocida como “Ley Nicolás”, en referencia al caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico erróneo, cuando en realidad padecía una meningitis bacteriana.

La iniciativa busca garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y las comunidades, mediante la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del entorno laboral del equipo de salud.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2023, con 149 votos afirmativos y una abstención. En el Senado nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario.

También se abordarán los proyectos de ley que establecen el marco normativo para facilitar la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, y el que propone la creación del sistema de alerta rápida Sofía. Se trata de iniciativas impulsadas por el senador salteño Juan Carlos Romero. Durante su debate en comisión participó el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, quien expresó el pasado 21 de mayo que “es una gran deuda crear un registro nacional unificado que sistematice la búsqueda de personas y pueda ser utilizado por todas las provincias”.

Ambos proyectos fueron unificados en un solo dictamen.

Asimismo, se tratará un proyecto para reformar las penas por delitos cometidos en siniestros viales. Es una iniciativa por la cual representantes de distintas organizaciones reclamaron su tratamiento el pasado 19 de julio. Fue presentada por las senadoras Victoria Huala y Beatriz Ávila, y propone endurecer las sanciones en casos de homicidios y lesiones culposas cometidos en siniestros viales.

La iniciativa eleva las escalas punitivas, incorporando agravantes como el consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad, conducción sin habilitación, violación de señales de tránsito, fuga del lugar del hecho o falta de auxilio a la víctima.

Cuando concurran tres o más agravantes, las penas podrán llegar hasta 12 años de prisión, con inhabilitación para conducir por el doble del tiempo de condena. También se plantea la incorporación del “homicidio culposo calificado por la concurrencia de agravantes”, con penas más severas y sin posibilidad de excarcelación.

En el marco de la última sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó afirmativamente la segunda lectura de la Ley que establece la denominación de las calles del Barrio Rodrigo Bueno con nombres de mujeres latinoamericanas.

De esta manera, Chabuca Granda, Elisa Alicia Lynch, María Parado de Bellido, Teresa González de Fanning, Gilda y Las Cholas serán las nuevas denominaciones que figurarán en las arterias, como parte de una iniciativa impulsada por el programa “Mujeres que Abren Caminos”, que busca reparar la falta de paridad de género en la nomenclatura urbana de la Ciudad.

El proyecto se llevó adelante a través de un proceso participativo con vecinos y vecinas del barrio, en el marco de la urbanización que se desarrolla desde 2010, y tiene como finalidad reconocer el legado de mujeres que marcaron la historia cultural y social de América Latina.

Más allá de esto, en el mismo encuentro en el recinto y a 11 años de la muerte de Gustavo Cerati, se aprobó en segunda lectura la denominación de la Escuela Primaria N°5 del Distrito Escolar 5, ubicada en el barrio de Nueva Pompeya de la Comuna 4, con el nombre “Gustavo Cerati”, en homenaje al reconocido músico argentino.

Por último, se autorizaron distintas cesiones de uso de predios a distintas organizaciones sociales, como los Bomberos Voluntarios de San Telmo y Puerto Madero, la Agrupación San Jorge y la Federación de Instituciones Italianas, mientras que se aprobó darle preferencia para tratar en la próxima sesión un proyecto de ley vinculado a la regulación de los mandatarios que actúan ante deudas tributarias.

La presión de los senadores del interbloque Unión por la Patria tuvo éxito y consiguieron imponer una sesión para este jueves en el Senado, contrariando la intención inicial de hacerlo recién la semana próxima.

Así, a dos días de haber conseguido despacho de los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, más los decretos delegados y acuerdos militares formarán el temario previsto para este jueves.

El temario fue acordado este miércoles en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria que encabezó la titular de la Cámara, Victoria Villarruel.

La idea original era, como dijimos, sesionar recién la semana próxima, pero según pudo saber parlamentario.com, habría pesado la intención de quienes preferían que fuera esta semana porque estaban en Buenos Aires y no venir ya la próxima semana. Este miércoles los senadores Martín Lousteau, Mónica Silva, Beatriz Avila, Pablo Daniel Blanco, Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri le pidieron a la presidenta Villarruel convocar cuanto antes a sesionar para tratar financiamiento universitario y emergencia sanitaria de la salud pediátrica.

Finalmente se resolvió por la tarde confirmar la sesión que comenzará este jueves a partir de las 11.

Cabe aclarar que no hay ninguna posibilidad de tratar los vetos despachados por la Cámara baja, ya que deben ser enviados primero por las autoridades de Diputados.

En una jornada que promete ser políticamente intensa, la Cámara de Diputados debate este miércoles si insiste o no en tres leyes vetadas por el presidente Javier Milei: el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. También se discutirá la ayuda económica a Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo.

Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce con duras críticas a la oposición. En declaraciones a Radio Mitre, calificó de “poco serio” que se avance en el tratamiento de proyectos sin dictamen de comisión y con un veto presidencial respaldado por una fundamentación de casi 30 páginas 1.

Francos sostuvo que el Congreso se está “excediendo en sus funciones” al intentar imponer gastos que no están contemplados en el presupuesto. “No tenemos recursos para esto, salvo que emitan dinero, que tampoco vamos a aceptar. Si no, volvemos a la etapa kirchnerista, donde todo se solucionaba con dinero imaginario”, advirtió.

El funcionario también vinculó la ofensiva legislativa con el calendario electoral: “Claramente, la mayoría circunstancial de Diputados pretende una sanción absolutamente política en virtud de las elecciones que se aproximan. Como ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular, quieren hacerle daño”.

La sesión, convocada para el mediodía, requerirá que la oposición reúna 129 diputados para habilitar el debate y luego dos tercios de los presentes para revertir los vetos. Aunque hay confianza en lograr los votos para insistir con la emergencia en discapacidad y el aumento jubilatorio, la moratoria previsional aparece como el punto más difícil de revertir.

Francos, que reconoció estar en plena negociación con legisladores y gobernadores, dejó en claro que el Gobierno no cederá: “Es una política central de esta gestión no emitir y no tener déficit. Si quieren aprobar estas leyes, que digan de dónde van a sacar los fondos”.

La sesión de este miércoles no solo pondrá a prueba la solidez del bloque oficialista y sus aliados, sino también la capacidad de la oposición para articular una mayoría calificada en un contexto de alta tensión política y económica.

Muchos pensaron que, al transcurrir el último día hábil de esta semana sin que la oposición convocara a sesionar este miércoles 20 de agosto como se venía especulando, ya no habría sesión esta semana. Pero este viernes no era feriado, sino no laborable… y el pedido de sesión llegó al caer la tarde.

Con las firmas de 35 diputados, entre ellos los jefes de bloques Germán Martínez (UP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre), la oposición pidió sesionar el miércoles 20 de agosto a las 12 para tratar sobre nueve temas, entre los que se destacan el rechazo a los últimos 4 vetos presidenciales y el proyecto que permitirá destrabar la Comisión Investigadora por la Criptomoneda $LIBRA, como así también los dos proyectos de los gobernadores. Como se ve, será una sesión para alquilar balcones, siempre y cuando la oposición logre reunir el quórum.

Teniendo en cuenta los bloques convocantes (UP, EF, DpS y CC), más la izquierda, la suma de los miembros de esas bancadas supera ampliamente el quórum, con 136 diputados; pero ya se sabe que por estos días las matemáticas no son tan confiables en el Congreso. Aunque más allá de bajas propias, también la oposición podrá contar con algunos radicales (en este pedido de sesión firmó el radical jujeño Jorge Rizzotti), y figura el cambio de huso horario que promueve otro radical, Julio Cobos, con lo que se sabe que podrían sumarse más legisladores. Se verá.

Un temario amplio y diverso

Contra todos los pronósticos que auguraban que los vetos quedarían para más adelante, la oposición va a suerte y verdad y lleva al recinto los vetos presidenciales contra la Emergencia en Discapacidad, el aumento a los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Y también fue incluido el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ya rechazado en el Senado.

Se abordará además el proyecto que obtuvo dictamen la última semana para asegurar el funcionamiento de la Comisión $LIBRA, y habrá a continuación un nuevo emplazamiento a las comisiones para tratar tres proyectos para modificar el huso horario durante el período invernal.

Se tratarán también los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores: el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Por último, se incluyó el tratamiento de una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Este proyecto tiene dictamen desde noviembre del año pasado, es del diputado Oscar Agost Carreño y fue reflotado por el diputado cordobés cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa impulsada para utilizar los “dólares bajo del colchón”, que hasta ahora el oficialismo ni siquiera activó en las comisiones.

El Gobierno sintió una vez más que había perdido el dominio de la agenda y salió a tratar de recuperarla. La paliza legislativa del miércoles 6 de agosto fue demasiado sonora como para poder obviarla y de ahí que resolvieran que el presidente hablara el viernes por la noche, cuestión de quedarse de alguna manera con “la última palabra”.

Como siempre, eligió el prime time, y como de costumbre fue por cadena nacional. No es que el Gobierno haga un uso y abuso de ese recurso, pero no tiene ningún problema en emplearlo, más allá de que el kirchnerismo haya exagerado en su utilización, al punto tal que Cambiemos luego hubiera archivado las cadenas nacionales definitivamente. Digamos que es otra de las cosas que La Libertad Avanza hace para diferenciarse del macrismo.

En su mensaje del viernes, Javier Milei cumplió con su promesa de no insultar. Se refirió al Congreso como institución con la que rivaliza, pero no atacó puntualmente a los legisladores, a quienes ha sabido llamar “ratas”. Muchos se preguntan cuánto tiempo mantendrá esa moderación oral, pero es un avance al menos que el presidente haya cobrado conciencia -o se lo hayan hecho entender- de lo que significa que desde su investidura profiera permanentemente insultos. Precisamente en vísperas de su promesa se conoció un estudio sobre la frecuencia de sus agravios. Según Chequeado, desde su asunción el presidente ha pronunciado más de mil insultos en discursos, entrevistas y redes sociales, con un promedio de 2,4 por día. En redes sociales, entre enero de 2023 y junio de 2025, publicó y compartió 1.589 insultos, siendo el político más agresivo del ecosistema digital argentino, de acuerdo con un informe de la consultora Ad Hoc.

El discurso presidencial de Javier Milei por cadena nacional.

Además, el Monitor Nacional correspondiente al mes de julio elaborado por Analogías reseña que el 73% de la población desaprueba el uso de insultos y agravios por parte del presidente, a quien 2 de cada 3 argentinos perciben como un dirigente violento.

Milei prefirió ponerse en el lugar de “víctima” de los legisladores: en lugar de salir a “matarlos”, planteó que si el Congreso quiere volver atrás sus reformas lo van a tener que “sacar con los pies para adelante”.

Conforme su estilo volcánico, algunos se preguntaban en la antesala de la cadena nacional si el presidente lanzaría una amenaza drástica hacia el Congreso, que cruzara el límite de la institucionalidad. No lo hizo -y de hecho no tiene la fuerza para hacer nada de ese tipo sin abrir las puertas de un juicio político-, y la amenaza se limitó a anunciar dos medidas. Una fue anticipar una disposición por la cual impedirá que el Tesoro Nacional pueda pedirle plata al Banco Central para financiar gasto primario. En rigor, estaría formalizando una práctica que ya se está aplicando y que no requiere nada de parte de los legisladores, a los que sí interpelará con su segundo anuncio: el envío al Congreso de un proyecto para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. La iniciativa establecerá una regla fiscal estricta que exigirá equilibrio o superávit, obligando a los legisladores a identificar la fuente de cada nuevo gasto. E incluirá sanciones penales para quienes incumplan estas normas.

No hay mayores chances de que el Congreso le apruebe esta medida. No en lo inmediato. Por el contrario, le insistirán en que al hablar de “presupuestos” piense en los que no ha mandado al Parlamento, como establece la ley, optando por extender ya dos veces -de manera inédita- el último que elaboró Sergio Massa en 2022. Sobre todo cuando comienzan a alertar algunas voces que el Gobierno preferiría seguir en esa tesitura de cara al próximo año también. Habrá que ver cuán empoderado sale el mileísmo de las próximas elecciones.

Por lo pronto, esta administración busca recuperar el dominio de la agenda con esta medida que inexorablemente quedará para la próxima composición del Parlamento, habida cuenta de que ha resignado pedirles algo a los legisladores actuales. Un estudio realizado por parlamentario.com precisó que tras la “goleada” del miércoles pasado, el Gobierno lleva 36 derrotas legislativas en lo que va de este período ordinario en el que apenas consiguió aprobar en Diputados el DNU que le permitió negociar con el FMI. Fue en la sesión del 19 de marzo pasado, la única que pidió el devaluado oficialismo legislativo desde la apertura del período ordinario. Ni siquiera atinó a cumplirle a Milei el pedido formulado aquella vez de aprobar la baja de edad de imputabilidad en lo inmediato. Por el contrario, el oficialismo decidió asumir una actitud defensiva para evitar que la oposición pueda votar cosas que no quiere, como por ejemplo designaciones en la Auditoría General de la Nación.

Hasta ahora, los magros logros que ha conseguido La Libertad Avanza este año en el Congreso han pasado estrictamente por lo que pudo evitar o postergar. El miércoles pasado perdió votación tras votación, pero al menos tuvo el alivio de que la oposición no completara la faena del Senado respecto del rechazo del veto a la Ley de Emergencia en Bahía Blanca. En el inicio de la sesión, se quitó del temario, pero fue porque la oposición no tenía asegurados los votos para rechazar el veto. En ese tema es que el Gobierno cuenta con la artillería aparentemente suficiente como para evitar que las leyes que impulsa la oposición puedan perdurar. Es la razón por la cual la oposición ha decidido postergar el debate de los vetos.

Probablemente queden pendientes hasta la semana del 20 de agosto. Será después de que se hayan cerrado las listas y cuando el Gobierno ya no tenga a mano esa prenda de negociación. Se debatirán, si la oposición calcula que tiene chances para imponerse sobre los vetos; sino lo hará más adelante, más cerca de las elecciones, y que el Gobierno pague entonces el costo de medidas tan impopulares como rechazar el aumento a los jubilados; desentenderse del reclamo de las familias de los discapacitados; desfinanciar a las universidades, o darle la espalda a los médicos del Garrahan.

Esta semana ese Congreso que ha sido tan cuestionado por el Gobierno estará dedicado (al menos los diputados) a cumplir con los emplazamientos votados la semana pasada. No es nada habitual que se trabaje en las comisiones la semana previa al cierre de listas, pero es lo que les toca.

Por lo pronto, ya se cumplió con el cierre de alianzas, que ofreció como dato saliente la concreción del acuerdo entre La Libertad Avanza y el Pro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se replicó el entendimiento alcanzado en la Provincia. Para sorpresa de muchos y enojo de algunos, como María Eugenia Vidal, quien se especulaba sería candidata si el Pro no arreglaba con LLA, en una suerte de reversión de Juntos por el Cambio. La exgobernadora dejó clara su postura, aunque no hará lo que ella misma le reprochó a su amigo Horacio Rodríguez Larreta, de jugar por afuera del Pro. Habrá que ver si a los que sí aceptan ser candidatos los obligan a calzarse el buzo violeta como hicieron con Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro el jueves en el inicio de campaña de la alianza La Libertad Avanza en el corazón de La Matanza.

Los dirigentes del Pro, de violeta, sumándose sumisos a los pedidos de La Libertad Avanza.

Campaña que comenzó con la difusión de encuestas que dan al oficialismo nacional por debajo del peronismo en PBA. Llamó la atención, porque la información fue difundida por los propios voceros libertarios, luego de que hasta ahora circularan sondeos que los daban siempre arriba.

Un intendente kicillofista confió a este medio que las diferencias son más ajustadas de lo que el Gobierno nacional se ocupó de difundir, y muchos se preguntan si no será esa una estrategia similar a la de la Ciudad de Buenos Aires, donde siempre se especuló con un triunfo de Leandro Santoro, hasta que Manuel Adorni terminó dando la nota al imponerse.

Como sea, tampoco debería sorprender que gane el peronismo, habitualmente imbatible en provincia de Buenos Aires, en cuyo caso eso favorecería al Gobierno de cara a la elección de octubre, ya que una victoria kirchnerista el 7 de septiembre favorecería a la polarización en octubre, en detrimento de las fuerzas que compitan a la búsqueda de los votantes “del medio”. Un voto que en CABA tiende a diluirse entre la exagerada oferta que habrá, al no haber prosperado la propuesta de unificarlo en una suerte de tercera vía, como un JxC blue. La decisión del Pro de inclinarse ante LLA desinfló esa posibilidad.

Si bien los voceros oficialistas se muestran muy confiados respecto de un triunfo en octubre aunque en septiembre les vaya mal, la realidad es que semejante resultado representaría la peor señal para la economía, según admiten en el Palacio de Hacienda.

A raíz del largo conflicto entre los trabajadores del hospital Garrahan y el Gobierno nacional, que se inició en septiembre del año pasado, la oposición en la Cámara de Diputados impulsó la aprobación de una ley que declara la emergencia pediátrica y de las residencias nacionales por un año, a la vez que jerarquiza al nosocomio como "referencia nacional" en atención de alta complejidad.

El proyecto, que se debatió en el recinto en la sesión de este miércoles, obtuvo 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones, lo que da los dos tercios de los votos de los presentes. De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicaría un gasto anualizado de más de $133 mil millones y no se prevé de dónde saldrá esa partida, punto de objeción por parte del presidente Javier Milei hacia las recientes leyes aprobadas por el Congreso y vetadas luego por él.

La palabra en el recinto

En su carácter de titular de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin expresó: “Hay mucha expectativa en el sistema sanitario argentino. Celebro que hayamos llegado a este momento sin haber perdido el quórum quiero agradecer a todos los bloques su presencia”.

“El Hospital Garrahan no es solo un hospital pediátrico, es la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país. Es la punta de la máxima complejidad del sector de salud de la Argentina, no solo del sector público sino muchas veces del sector privado”, definió.

Yedlin destacó que la mitad de todos los trasplantes infantiles que se hacen en la Argentina, los más complejos se hacen en este hospital. “A lo largo de su historia en la Argentina ha tenido muchos conflictos, no es la primera vez que el Hospital Garrahan tiene un conflicto, pero como tantas medias verdades que este Gobierno dice y vuelve a decir, no todos los conflictos son iguales, no todas las situaciones son iguales”, planteó.

El diputado de UP contó que con los miembros de la comisión visitaron el hospital: “La situación que encontramos fue de enorme preocupación. Por un lado, estaba el conflicto de los residentes nacionales que venían sin aumentos salariales desde el inicio de la gestión de este Gobierno, un 53% por debajo del índice inflacionario”.

Yedlin relató que hay enorme preocupación por la tardanza de medicamentos solicitados que son de urgencia, las obras de infraestructura planificadas y presupuestadas en el hospital, la ampliación de la guardia, la ampliación de la sala de trasplante de médula ósea. “Todas habían quedado detenidas”, contó.

“Hoy la situación del hospital es de crisis. Está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan y eso pone en riesgo a la salud de los niños de la Argentina”, alertó y precisó: “Son 355.000 niños de provincias argentinas por año. En el año 24 vinieron al Hospital Garrahan”, y apuntó contra los gobernadores porque “niños de las provincias vienen a CABA a atenderse porque no hay otro lugar. Esto va mal”.

“Esto es un llamado a todas las políticas de Argentina. Este proyecto declara la emergencia. Establece que el Hospital Garrahan es el centro pediátrico derivación importante en la Argentina y obliga al gobierno nacional a poner un aumento”.

Yedlin comentó que el proyecto define al hospital como “el centro de máxima importancia y de referencia a la pediatría argentina y obliga a que el incremento salarial respete el índice inflacionario a partir de lo que cobraban médicos y residentes en noviembre del 23”. También plantea la exención del impuesto a las ganancias para las guardias médicas”.

A continuación, el diputado Facundo Manes (DpS) quien ejerce la medicina expresó: “Gastar en salud no es gasto, es inversión. Apoyar a la Ley de protección cerebral o Alzheimer o nuestros hospitales pediátricos es un acto de humanidad y también una estrategia nacional”.

“Una Nación que desatiende a los niños renuncia a su futuro. Una Nación que descuida la inversión en el conocimiento, compromete su destino. La salud cerebral no es un tema médico, es un tema social, económico, educativo y cultural. Afecta cómo aprendemos, trabajamos y envejecemos”, expresó.

Manes sostuvo que “todos los hospitales pediátricos de la Argentina son la primera lucha en al defensa del futuro. En ellos se lucha con humanidad ciencia y esperanza. Las mejoras en la salud de un país trascienden el crecimiento económico del país porque ya no es solo una cuestión médica. No se trata de gasto, se trata de una visión estratégica de desarrollo”.

Juliana Santillán negó una crisis en el Garrahan y afirmó: “No hay un desfinanciamiento, sino una transformación que es poner orden y controlar el gasto”.

De la vereda de enfrente, la diputada oficialista Juliana Santillán justificó el rechazo al proyecto por “razones de fondos y de forma porque carece de sustento técnico y promueve el gasto sin control. Va a reforzar burocracias que son ineficientes porque busca legalizar privilegios que son sectoriales en medio de una supuesta crisis que no existe”.

“No estamos frente a un colapso sanitario del Hospital Garrahan que, por supuesto, es el símbolo de la salud infantil, pero el presupuesto del Gobierno aumentó en 287% hacia el hospital con respecto al ejecutado en 2023”, señaló.

Santillán aseguró que “no hay un desfinanciamiento, sino una transformación que es poner orden y controlar el gasto y priorizar la eficiencia”, y sumó: “Se desempeñan 365 residentes nacionales y 67 residentes municipales, representan un total del 7% del personal del hospital. Es la institución con la mayor cantidad de residentes pediátricos de país”.

La diputada libertaria apuntó contra el gobernador Axel Kicillof: “Algunas provincias como Buenos Aires siguen acumulando deudas con el hospital Garrahan, Kicillof ex ministro de económica esta ausente de pagar lo que debe. Mantiene una deuda millonaria con el Garrahan y nadie del oficialismo bonaerense tiene la intención de saldarla”.

“Quieren disfrazar de emergencia porque se les acabó el curro sindical. La salud necesita gestión, evaluación y profesionalismo. Este proyecto es una excusa para otorgar poderes discrecionales”, cerró.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo consideró que los trabajadores del Garrahan “junto a los jubilados, son los dos sectores que han marcado el camino de las peleas y que se han transformado en grandes símbolos de la resistencia a esta política de ajuste, saqueo, destrucción de lo público, precarización laboral, ataque a los derechos de los trabajadores y pulverización de los salarios”.

“Nosotros creemos que ningún trabajador del Garrahan debería ganar menos de 1.900.000 pesos al mes de mayo, que es lo que reclamaban, que es el costo de la canasta familiar; y los residentes deberían ver un incremento a 2.700.000 pesos, que es lo que ellos reclamaban y no han percibido a pesar de su lucha persistente”, agregó y defendió que esta causa “es una lucha por el salario, pero también por la defensa de toda la salud pública”.

Por el lado de Unión por la Patria, el diputado Daniel Gollan apuntó contra el oficialismo y los acusó de dilatar la sesión y de “hacer paparruchadas”.

¿Qué prevé la ley?

El proyecto que recibió media sanción de Diputados declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, "debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".

Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como "hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad" y establece que debe garantizarse "su funcionamiento pleno y sostenido".

Uno de los artículos que se agregó antes de la firma del dictamen fue el que prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

Según el texto aprobado y girado al Senado, se contempla "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".

También, "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas". Allí, se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. "La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023", indica.

Finalmente, se estipula la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Otro de los artículos establece que el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, "y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias".

Por otra parte, se prevé la creación de “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, añade el texto.

El conflicto del Garrahan comenzó en septiembre del año pasado, con el primer paro de médicos desde que arrancó la gestión de Milei, en reclamo por los sueldos bajos y el retorno del impuesto a las Ganancias.

Al mes siguiente, en una de sus primeras decisiones, el ministro de Salud, Mario Lugones, despidió a los integrantes del Consejo de Administración del hospital, que habían dispuesto otorgar un bono de 500 mil pesos para los trabajadores.

En los meses que lleva el reclamo por la recomposición salarial -que contó con declaraciones de descrédito por parte del Gobierno- se estima que ya renunciaron más de  200 médicos.

Cuando a las 12.20 y con la presencia de 132 diputados el presidente de la Cámara baja dio por iniciada la sesión, no hubo demasiadas sorpresas. Más allá de que a esta altura de las cosas, nadie puede garantizar nada, la oposición imaginaba que contaría con los votos para asestarle este miércoles un nuevo golpe al oficialismo, en el marco de una sesión que se anticipa extensa y en la que hay temas de los más diversos, pero todos malos para el Gobierno.

Esta es la sexta sesión especial de este período ordinario, la quinta impuesta por la oposición. Recordemos que la única donde el oficialismo pudo imponer su agenda fue la del 19 de marzo, en la que se trató y aprobó el decreto por el cual se habilitó al Poder Ejecutivo a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue, como dijimos, apenas una golondrina. en el resto de las sesiones la oposición consiguió la mayoría de las cosas que se propuso.

Los dos temas principales de esta sesión son el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica, tema vinculado al conflicto con el Hospital Garrahan. Pero una cuestión no menor, sino que por el contrario despierta singular interés, es el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que la oposición intenta rechazar este miércoles. Como no pasó por comisiones, para votarlo debe habilitar antes su tratamiento con los dos tercios, y si eso falla la oposición irá por el emplazamiento. Lo mismo pasará con las leyes impulsadas por los gobernadores y que ya cuentan con media sanción del Senado. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Sí la oposición irá por el emplazamiento con las leyes impulsadas por los gobernadores y que ya cuentan con media sanción del Senado. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Debate por $LIBRA

Los que imaginan una sesión muy extensa piensan por ejemplo que debates como el que se dará en torno a la situación de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, pueden llegar a demorar horas. Esa comisión nunca pudo designar autoridades, y acaban de cumplirse los tres meses autorizados por el proyecto oportunamente votado, para sesionar ese tiempo. Mientras el oficialismo considera que se venció el plazo de actuación, la oposición ratificó su vigencia y denunció un "bloqueo sistemático" por parte de LLA y aliados.

A la sesión llevarán un proyecto -sin dictamen- presentado por la Coalición Cívica, que propone modificar la resolución por la cual se creó la comisión sobre tres aspectos: la elección del presidente, el quórum y mayoría, y el plazo de actuación.

Otros proyectos sin despacho que incluye el temario sobre uno sobre promoción de la salud cerebral y otro que plantea la emergencia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Por impulso de UP, se tratarán 4 decretos delegados y 1 DNU, que no fueron debatidos en la Bicameral de Trámite Legislativo y ya se cumplió el plazo para que el pleno pueda discutirlos directamente dentro del recinto. Se aprueban o rechazan por mayoría simple.

Se trata de los siguientes decretos delegados: el que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía (462/2025); la reestructuración de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); y el que dispuso la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte -vinculado a Vialidad Nacional- (461/25). Asimismo, se encuentra el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante.

No se descarta que, conforme lo observado en las dos últimas sesiones, la sesión vaya a tener un final abrupto, que deje un tendal de temas para debatir.

NOTICIA EN DESARROLLO

El oficialismo enfrenta este miércoles una nueva prueba de alto riesgo, ya que a partir de las 12 la Cámara de Diputados abrirá sus puertas para otra sesión en la que la oposición puede llegar a propinarle otra dura paliza legislativa. No será algo nuevo, ya que en lo que va del período ordinario hubo cinco sesiones especiales y en la gran mayoría de ellas -cuatro- la oposición consiguió doblegar a las fuerzas de La Libertad Avanza. Mal augurio para la sesión convocada una vez más por legisladores de la oposición.

Solo una vez este año se trató algo a instancias del Gobierno: el 19 de marzo, cuando el  oficialismo consiguió aprobar el decreto por el cual se habilitó al Poder Ejecutivo a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue apenas una golondrina; en el resto de las sesiones la oposición consiguió la mayoría de las cosas que se propuso.

Para la sesión de este miércoles, toda la expectativa estará puesta en esa media hora inicial en la que se definirá si la oposición consigue su objetivo de conseguir el quórum, pues en ese caso después conseguirá seguramente la mayoría de las cosas que se proponga. Caso contrario, sería un duro golpe para los diputados de la oposición que llegan ilusionados a esta sesión en la que, a priori, conseguirían aprobar el proyecto de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Llegan con optimismo los diputados de esos espacios, pero también cautelosos. A priori, esperan superar con cinco o seis diputados más los 129 para arrancar. Se verá.

Sorteado ese primer escollo, si así sucede, la oposición se adentrará en un temario lleno de cuestiones, tantas que desde la Presidencia de la Cámara llegaron a estimar una sesión de hasta 38 horas. Una exageración, sin duda, teniendo en cuenta que ni la sesión histórica para aprobar la interrupción del embarazo se extendió tanto tiempo. Pero el cálculo tampoco peca de exagerado, sino que se supone que con el devenir de la sesión se van dando los pasos pertinentes para no llegar nunca a lo que sería más de un día y medio de sesión.

En rigor, otras fuentes sugirieron que en realidad podrían llegar a ser 16 horas las que insumiría este debate. Ver para creer.

Los dos temas principales de esta sesión son el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, tema vinculado al conflicto con el Hospital Garrahan.

Otro tema que generará singular interés será la votación sobre el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Pero como todo tema que llega al recinto, necesita su dictamen, y éste no lo tiene. Así que como sucedió en la última sesión del Senado, necesitarán habilitar su tratamiento con dos tercios de los votos. Si no sucede, habrá un emplazamiento a las comisiones.

La sesión incluye los proyectos con media sanción impulsados por todos los gobernadores para que Nación reparta fondos a las provincias a través de ATN y la recaudación del impuesto a los combustibles. A diferencia de lo sucedido en el Senado, donde se aprobaron sobre tablas (requirieron dos tercios de los votos para ser habilitados), en la Cámara baja la oposición buscará aprobar el emplazamiento de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles -por la cual pasa uno de los dos-. La idea es aprobar un emplazamiento para la próxima semana, en la que emitirían dictamen a los efectos de llevarlo al recinto la semana siguiente.

Debate por $LIBRA

Los que imaginan una sesión muy extensa piensan por ejemplo que debates como el que se dará en torno a la situación de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, pueden llegar a demorar horas. Esa comisión nunca pudo designar autoridades, y acaban de cumplirse los tres meses autorizados por el proyecto oportunamente votado, para sesionar ese tiempo. Mientras el oficialismo considera que se venció el plazo de actuación, la oposición ratificó su vigencia y denunció un "bloqueo sistemático" por parte de LLA y aliados.

A la sesión llevarán un proyecto -sin dictamen- presentado por la Coalición Cívica, que propone modificar la resolución por la cual se creó la comisión sobre tres aspectos: la elección del presidente, el quórum y mayoría, y el plazo de actuación.

Otros proyectos sin despacho que incluye el temario sobre uno sobre promoción de la salud cerebral y otro que plantea la emergencia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Por impulso de UP, se tratarán 4 decretos delegados y 1 DNU, que no fueron debatidos en la Bicameral de Trámite Legislativo y ya se cumplió el plazo para que el pleno pueda discutirlos directamente dentro del recinto. Se aprueban o rechazan por mayoría simple.

Se trata de los siguientes decretos delegados: el que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía (462/2025); la reestructuración de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); y el que dispuso la disolución, transformación y reorganización de organismos de la Secretaría de Transporte -vinculado a Vialidad Nacional- (461/25). Asimismo, se encuentra el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante.

No se descarta que, conforme lo observado en las dos últimas sesiones, la sesión vaya a tener un final abrupto, que deje un tendal de temas para debatir.

Los entusiastas que el 11 de julio pasado ya hacían cuentas para ver si la oposición podía prolongar inmediatamente la espectacular victoria lograda el día anterior en el Senado, hoy sienten que hubo una oportunidad perdida. La realidad es que semejante ilusión pecaba cuanto menos de exagerada. Los tiempos legislativos no son tan vertiginosos como el entusiasmo sugiere; ni las voluntades se mueven conforme el deseo de un puñado. Y el oficialismo -cualquiera que sea, tenga el número que tenga- es el que en definitiva conserva siempre cierta ventaja.

Se especuló esos días con la posibilidad de impulsar al menos una sesión antes del receso de invierno, pero la oportunidad era la semana siguiente, y había muchos legisladores más preocupados por cerrar las listas en la provincia de Buenos Aires que de reunirse esa semana para avanzar con financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. La semana posterior arrancaba el receso de invierno y, si bien nada impide que se pueda sesionar en esos días, el sentido común dice que eso es imposible.

El oficialismo es el dueño de la lapicera y también de los tiempos, salvo las veces que -cada vez más seguido- la oposición se apodera de la agenda. De hecho, es lo que sucedió esta semana, para llamar a una sesión para este miércoles que todo indica tendrá quórum y se espera que le saque sarpullidos al oficialismo. Pero sobre los vetos, que es lo que a priori despierta mayor expectativa, por ahora nada.

Porque en esa materia le tocaba ahora jugar al oficialismo, y manejó los tiempos al estilo Riquelme. Como el otrora ídolo xeneize -devenido a cuestionado presidente del club-, se llevó la pelota hasta un rincón de la cancha donde se dedicó a dejar pasar el tiempo con la certeza de que el balón no se lo sacaban. En efecto, los libertarios no tienen hoy capacidad para patear al arco, pero sí al menos hacer tiempo; y fue lo que hicieron con las leyes aprobadas el 10 de diciembre.

Con el argumento de que muchos proyectos se habían despachado ese día y eso conlleva tiempo para cumplir los trámites burocráticos, los textos pasaron a Diputados, donde luego de unos días se dio curso a las comisiones que deberán tratar los dos impulsados por los gobernadores, en tanto que las flamantes leyes volvieron a la Cámara alta que, tras otros días más, los comunicó al Poder Ejecutivo para que los promulgara. O no, que es lo que todos sabían que sucedería.

Y sucedió el lunes último, cumplidos los diez días reglamentarios para vetar, como ya se ha hecho estilo del presidente. El veto completo salió publicado el lunes a primera hora y los ansiosos volvieron a alentar la posibilidad de una rápida resolución final -a suerte y verdad- en el recinto de Diputados, donde el Gobierno sí tiene chances de frenar algo. Pero los tiempos no son tan rápidos, pues el decreto que acaba de conocerse este lunes primero debe pasar por las comisiones respectivas de la cámara iniciadora, para definir su tratamiento en el recinto.

Que haya que emitir un dictamen no implica que vaya a poder modificarse algo del texto, pero que sí se ordenará el debate posterior. En este caso puntual, por ejemplo, se determinará de qué manera tratarán -o mejor dicho, votarán- los textos en el recinto. Porque por una cuestión de economía de recursos el Gobierno decidió emitir un solo decreto englobando las tres leyes vetadas. Dicho sea de paso, que haya habido un solo decreto no implica que no haya habido tres vetos. Que es lo que recordará la historia, donde ya cuenta que Javier Milei lleva firmados seis y no cuatro vetos presidenciales.

En el plenario correspondiente se determinará de qué manera se votarán, de manera separada, las tres leyes aprobadas el 10 de julio. Recién entonces estarán todo dispuesto para el debate definitivo.

Que será cuando deba ser y no antes, confirmaron a este medio fuentes opositoras que diseñan dificultosamente el esquema de tratamiento de los vetos. Siempre se supo que no sería esta semana, pues para debatirlo en el recinto necesitaría habilitar la discusión con una mayoría especial. Demasiado esfuerzo para algo que quisieran tener ya resuelto, pero saben que deberán tener paciencia.

Porque a diferencia del Ejecutivo, que tiene 10 días hábiles para vetar, las cámaras no tienen tiempo para tratar un veto. Así las cosas, la oposición podría manejar los tiempos, incluso para llevar el debate a las vísperas de las elecciones, si tuvieran garantías de que valiera la pena y tuviesen entonces quórum.

El Gobierno se muestra distendido en la materia, y asegura a quienes preguntan que tienen los votos para sostener los vetos. Dependen de los gobernadores, y los números se habrían aclarado en los últimos días de modo tal de alentar el optimismo presidencial. Pero en esta materia nada es definitivo. La oposición -o al menos una parte de ella- trabaja con la hipótesis de dos sesiones: una será este miércoles 6 de agosto -que está claro al final que no irá a Diputados el jefe de Gabinete, como se había echado a circular antes del receso-, con el debate sobre universidades, Garrahan, rechazo al veto de Bahía Blanca y emplazamiento a José Luis Espert para que permita reunir a su comisión para tratar ATN y Combustibles (los proyectos de los gobernadores que ya tienen media sanción del Senado). También se tratarán este miércoles una serie de decretos.

¿Y los vetos? La siguiente sesión sería el miércoles 20 de agosto. Una fecha prudencial, distanciada de forma tal que la próxima semana puedan tener dictamen los proyectos de los gobernadores y se los pueda llevar al recinto el 20 de agosto. Eso podría favorecer que estuviera garantizado el quórum para esa sesión en la que tal vez podrían incluirse los vetos. Pero eso no es seguro; vuelteras, las fuentes legislativas consultadas dicen que en principio los vetos no están en esas dos sesiones.

Tampoco es que no vaya a suceder. La realidad es que la oposición no quiere gastar esa bala de plata, arriesgándose a ir al recinto a perder. Si no hay certeza o aproximación a que los números estarán, prefieren dilatar los tiempos. Confían también los opositores en que el cierre de listas podría obrar a favor de que los que están en duda puedan votar contra el Gobierno. Un tendal de heridos es el sueño húmedo de los opositores más encendidos y activos a la hora de proceder.

Como sea, la espera con los vetos no será eterna, pues saben que tienen que votarse sí o sí antes del 10 de diciembre. Pues a partir de la renovación legislativa, el oficialismo tendrá, casi casi, el tercio de diputados que ansía para blindar todos sus vetos.

Junto a otros bloques de la oposición en la Legislatura, el bloque de Unión por la Patria (UP) convocó a una sesión especial para este jueves a las 11, a fin de debatir la gratuidad del subte para jubilados y pensionados, iniciativa que el Gobierno de Jorge Macri se negó a tratar en la sesión ordinaria que había sido acordada.

Tras la negativa del jefe de Gobierno a tratar este tema, el bloque UP impulsa la sanción de un proyecto de autoría de la diputada Berenice Iañez, conjuntamente con proyectos de otros bloques que van en el mismo sentido, a fin de establecer el boleto gratuito de subte para jubilados y pensionados de lunes a domingo, y sin las restricciones horarias en las que funciona actualmente el beneficio.

La iniciativa es una de las tantas que viene impulsando el bloque en la Legislatura para brindar un alivio económico y fiscal a sectores de la ciudadanía porteña que vienen golpeados por las políticas nacionales y no encuentran respuesta en la gestión porteña. Entre ellas, la exención de Ingresos Brutos para todos los monotributistas -y no sólo a las dos primeras, como planteó el oficialismo-  así como a las empresas turísticas de la Ciudad, como hoteles y gastronómicos.

En el mismo sentido, vienen exigiendo al Gobierno de Jorge Macri la implementación y reglamentación de leyes votadas en 2024 que aún no entraron en vigencia, como la ley de Boleto Educativo, que amplía este beneficio a un sector de la población que hoy lo necesita.

“Jorge Macri tiene que entender que los recursos de la Ciudad deben ser puestos a disposición de aquellos que más lo necesitan. Con un superávit de 800 mil millones de pesos, no podemos seguir dilatando las soluciones que los porteños están esperando”, señalaron desde el bloque de Unión por la Patria.

Analicémoslo en términos legislativos: nunca es bueno perder; pero menos para un oficialismo, cualquiera sea el mismo. Perder es un “lujo” que no se debe permitir ningún gobierno, tenga el número de legisladores que tenga.

Quedó en la historia cuando el Gobierno de Raúl Alfonsín vio caer la Ley Mucci en el Senado: la fallida reforma sindical de ese gobierno radical fracasó el 28 de marzo de 1984. Pasaron cuatro décadas y hasta se recuerda el nombre del senador cuyo voto hizo caer la ley. Más cerca en el tiempo, cómo olvidar la madrugada del 17 de julio de 2008 y el voto “no positivo” de Julio Cobos. Si hasta recordamos  la hora a la que sucedió: 4.25 AM.

Las derrotas de los oficialismos deben ser excepcionales en el Congreso, pero no porque no puedan perder, sino que cuando están expuestos a ello deben evitar ir al recinto. Hasta Alberto Fernández, que hizo todo mal, no se arriesgaba a ello. Con mayoría en el Senado y minoría en Diputados, la reforma laboral, la ampliación de la Corte y hasta el juez Rafecas como procurador son ejemplos a mano: cuando no había chance, ni se trataban en comisión.

No puede haber una gesta de la derrota. Aunque se la quiera maquillar, y aparezca el ministro de Economía regodeándose en las redes sociales diciendo que lo sucedido en el Senado “es lo mejor que pudo haber pasado”. Traduzcamos a Luis Caputo: lo del Senado demostró cuál es la casta y esas votaciones sirven para que “cada vez más gente se dé cuenta”. En modo electoral, debe interpretarse que la gente entenderá que hay que votar a La Libertad Avanza para que a partir de diciembre cosas como estas no sucedan en el Congreso.

Ya el Presidente había marcado el camino al desafiar con su “los espero el 11 de diciembre”. Javier Milei viene instalando el eslogan/presagio: “La Libertad arrasa”. La realidad es que si bien todas las encuestas auguran una victoria del oficialismo en octubre, eso no garantiza el control del Congreso. Ni cerca. LLA estará mejor, pero lo más probable es que ni siquiera sea la primera minoría. Expone pocas bancas, y es probable que más que duplique las actuales, pero así y todo no llegará siquiera al centenar.

Unión por la Patria, devenido en Fuerza Patria, renueva una elección que perdió, la de 2021. Tiene actualmente 98 integrantes en Diputados y arriesga 46. Con la polarización que alienta el mileísmo, desaparecerá buena parte del espacio del medio donde La Libertad Avanza encontró los votos para sacar sus leyes. En cambio el peronismo no bajará sustancialmente su número en Diputados. Y en el Senado, perdiendo, resignaría unas tres bancas. Seguirá siendo un escenario complicado para el oficialismo que en el mejor de los casos duplicará su número. Seguirá siendo ínfimo.

Son datos que sí tienen muy en cuenta los que deben decidir dónde poner el dinero. Son los mismos que fueron corriéndole el arco a Mauricio Macri. Primero quisieron verlo gobernar; que armara mayorías en el Congreso; después le exigieron ganar las elecciones intermedias; luego que hiciera las reformas… hasta que pasaron cosas y dejaron de confiar. Pero nunca vinieron.

Milei confía en salir fortalecido con un triunfo en las elecciones intermedias, que está casi garantizado ante la baja de la inflación y la ausencia de alternativas. Pero su idiosincrasia le impide armar las mayorías que figuras experimentadas como Miguel Pichetto le recomiendan hacer en el Congreso. Lejos de ello, ha ido desarmando acuerdos. Y así llegó al jueves pasado, donde tuvo una derrota épica. No se recuerda en la historia de la democracia desde el 83 a la fecha semejante derrota para un oficialismo.

Que ya venía de experimentar una paliza notable el 4 de junio, cuando en Diputados vio cómo la oposición conseguía tres medias sanciones que el Gobierno rechazaba. Dos de ellas salieron con mayorías muy grandes. Ahora en el Senado las tres iniciativas se convirtieron en ley. Pero lo de la Cámara alta fue goleada: además de las tres leyes que aprobó la oposición, se aprobaron las dos iniciativas promovidas por los gobernadores y se rechazó el veto a la emergencia en Bahía Blanca. 6 a 0.

Lo más grave para el Gobierno es que la vio venir y no hizo nada. Falta estrategia legislativa, pero en el Senado es aún peor no solo por estar el oficialismo en dramática minoría, sino también porque el Gobierno ha roto todos los puentes con quien preside esa Cámara. Y si ya estaba roto de antes, desde el jueves es peor, cuando el Gobierno y sus patrullas digitales fustigaron a Victoria Villarruel, y el Presidente le colgó el cartel de “traidora”. Eso ya no tiene vuelta atrás.

La vicepresidenta Victoria Villarruel presidiendo la polémica sesión del Senado. (Foto: Comunicación Senado)

Este fin de semana le contestó la vice, cosa que no había hecho hasta ahora, agravándose la relación. Debería saber el Gobierno los riesgos que eso implica. ¿Hablábamos de tranquilizar a potenciales inversores? Otro tiro en el pie.

El Gobierno tuvo noticias de que la relación con los gobernadores estaba mal un mes antes, cuando justamente el 4 de junio diputados alineados con mandatarios afines votaron en contra, o por lo menos dieron quórum o se ausentaron. Nada se hizo a pesar de eso, y todo evolucionó para mal, hasta que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno coincidieron en avanzar con los dos proyectos para redistribuir impuestos. Hay un ejemplo muy concreto que es una de las leyes que se buscan modificar. El impuesto a los Combustibles Líquidos: un 10% va a la Nación y otro 10% a la provincia. Del 80% restante, un porcentaje es para el FoNaVi, que se encarga de hacer viviendas; otro para el ENHOSA, que hace cloacas, agua potable, desagües en todo el país; otro va a la Red Federal Vial, que construye rutas y hace su mantenimiento; y un porcentaje es para subsidiar el transporte público. Otra parte es para el ANSeS, y salvo ese porcentaje, nada del resto cumple en la actualidad con el destino previsto. Es lo que reclaman las provincias, que argumentan que si tienen que encargarse de reparar las rutas y hacer las obras, les corresponden esos fondos.

Tiene lógica el reclamo, como también el hecho de que ningún gobierno ha cumplido estrictamente con el reparto correspondiente. Pero este gobierno hoy no tiene manera de resistir semejante reclamo. Para evitar la foto en Tucumán desarropado de gobernadores, Milei contó con las fuerzas del cielo que mandaron una densa niebla que sirvió para pegar el faltazo, evitando así una demostración palpable de soledad. Pero los senadores sí tomaron recaudos para estar en su mayoría el jueves en la sesión en la que mandaron el mensaje que querían, fuerte y claro.

Como de costumbre, a última hora el Gobierno hizo un último y desesperado intento para evitar el naufragio y tuvo algún éxito con el intento postrero de senadores dialoguistas de alterar el orden del tratamiento en el Senado en función del nivel de consenso: primero el rechazo al veto de la ley para ayudar a Bahía Blanca; después las leyes de los gobernadores; luego la emergencia en discapacidad y al final los proyectos sobre jubilaciones. Pero los de Unión por la Patria no son ingenuos y aclararon que el orden sería el inverso: si no les votaban las medias sanciones, tendrían que buscarse los votos para aprobar lo que piden los gobernadores. Así se hizo.

En su discurso del final, José Mayans, que estuvo en estado de gracia ese jueves, advirtió sobre la ausencia de algunos senadores que responden a los gobernadores. Entre los que sí estuvieron fueron los correntinos, provincia que elegirá gobernador el último domingo de agosto y cuyo acuerdo entre el radicalismo gobernante y La Libertad Avanza acaba de fracasar, por exigencias desmedidas de los emisarios de Karina Milei. El gobernador Gustavo Valdés respondió al día siguiente sacándose una foto con el peronista Camau Espínola, que le dio su apoyo para las elecciones. Y los tres senadores correntinos votaron contra el Gobierno el jueves 10.

El Gobierno se ha hecho fama entre los gobernadores de “mal pagador”. Pero fue más allá, al mostrarse también “desagradecido”. Lo hizo el 9 de julio por la mañana, cuando el Presidente cambió San Miguel de Tucumán por el estudio de la radio de Luis Majul a quien le dijo que “todos los gobernadores” quieren destruir su gobierno.

Volvió el Milei furibundo de los días posteriores al fracaso de la primera Ley de Bases. Así se mostró la noche del sonoro traspié en el Senado, cuando en la Bolsa de Comercio le dijo a su auditorio que “los degenerados fiscales no quieren que el dinero vuelva a ustedes”, y habló de lo que se discute “en el nido de ratas, en la madriguera inmunda donde están todos los degenerados fiscales que no quieren devolverles a ustedes su dinero”.

El Presidente anticipó lo que hará con las leyes que vienen. Las vetará; si el Congreso rechaza sus vetos, irá a la justicia; y si un juez le falla en contra, habrá entonces un “plan platita” que terminará favoreciéndolo electoralmente. Contrariamente a lo que pudiera esperarse de él, todos sus actos están signados hoy por lo electoral.

Pero en principio, deberá sortear un problema: si veta las leyes, estará reconociendo la validez de la sesión del jueves. Pero tiene diez días para vetar, sino las leyes tendrán promulgación de hecho.

Uno de los protagonistas de la semana política fue sin lugar a dudas el senador nacional José Mayans, líder del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta. Este sábado salió al cruce del Gobierno tras la sesión en la que se convirtieron en ley el aumento a jubilados, la extensión de la moratoria y la emergencia en discapacidad, entre otros temas.

En declaraciones a Radio Mitre, defendió la validez del debate parlamentario y desestimó los argumentos del oficialismo que lo calificaron como “inválido” por haber sido autoconvocado por la oposición.

“La sesión fue plenamente válida”, sostuvo el legislador formoseño. “Obtuvimos 52 votos contra 17, lo que ratificó el plan de labor parlamentaria y permitió llevar adelante las votaciones”, explicó.

Mayans fue tajante al calificar como “una estupidez total” la postura del Ejecutivo, que cuestionó la legalidad de la sesión. “Es como si yo me pusiera a opinar sobre si una reunión del jefe de Gabinete fue legal o no. No tiene sentido”, ironizó. Además, recordó que la Corte Suprema ya se pronunció en el pasado sobre la autonomía del Congreso para resolver sus asuntos internos.

En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y las provincias, el senador también apuntó contra la falta de presupuesto. “Hace dos años que el país no tiene Presupuesto. Sin eso, no hay certezas”, advirtió. Según Mayans, esta situación genera un perjuicio directo a las provincias, que “están siendo estafadas”.

El legislador relató que participó de una reunión virtual con gobernadores de todo el país, quienes —según dijo— reclamaron por los fondos que les corresponden. “Los mandatarios tienen responsabilidades y están siendo ignorados por el Ejecutivo”, afirmó.

Frente a las acusaciones del presidente Javier Milei, quien señaló que la oposición busca “romper todo”, Mayans respondió: “El presidente dice cosas inconsistentes. Si sigue gobernando por decreto y sin presupuesto, el Congreso va a seguir marcándole límites”.

Finalmente, insistió en la necesidad de que el Gobierno rinda cuentas: “Tiene que presentar un Presupuesto que dé certezas en áreas clave como servicios sociales, defensa, deuda y economía. El ministro Caputo debería explicar por qué tenemos 100 mil millones más de deuda. Pero parece que le tiene pánico al Congreso”.

Luego de una semana intensa en el Congreso a pesar del feriado del 9 de Julio en el medio de la misma, la pregunta del millón es cómo sigue la actividad en vísperas del receso invernal.

En ese sentido, el Senado puede darse por satisfecho con la sesión del jueves pasado, con toda la polémica incluida, ya que finalmente dio cuenta de las tres medias sanciones que había aprobado la Cámara baja en su sesión del 4 de junio pasado. Se ocupó también del veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Bahía Blanca, cuyo destino está ahora en manos de la Cámara de Diputados.

En efecto, la pelota ahora está en el campo de la Cámara baja, que el último martes emitió dictamen de dos de los proyectos que ahora pasaron a ser el principal objetivo del Cuerpo, al menos por el lado de la oposición: Garrahan y universidades.

Cumplido ese trámite que había sido el fin principal de la sesión realizada el 2 de julio -que terminó de manera bochornosa, con un escándalo protagonizado por diputadas de Unión por la Patria increpando al diputado José Luis Espert-, en la que se votó el emplazamiento para esos dos temas, resta ahora que lleguen al recinto. No será esta semana.

Si bien diputados de la oposición consultados por parlamentario.com no descartaron la intención de avanzar con una sesión especial para esta misma semana previa al inicio del receso invernal, admitieron las dificultades para programarla. Quedará entonces para después del receso invernal.

¿Primera semana de agosto? Lo más probable que no. Para esa semana se espera que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asista nuevamente a la Cámara baja para brindar su informe de gestión, conforme establece el artículo 100 de la Constitución Nacional. Será el 6 de agosto y al respecto, un legislador de la oposición sugirió ante este medio -seguramente con certeza- que “el Gobierno lo manda para tenernos ocupados con eso y que no pidamos nosotros una sesión”.

Con todo, bien podría llamar la oposición a sesión el martes o el jueves, pero esta fuente lo relativizó.

Lo más probable entonces es que la próxima sesión de Diputados se programe para la segunda semana de agosto. “Una sesión corta”, sugirió otro de los diputados consultados por parlamentario.com, previendo el tratamiento de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Tal vez también el veto a la Ley de Emergencia en Bahía Blanca.

Sobre los temas pendientes, señaló a juicio por jurados y la modificación de la ley que rige los DNU, que cuentan con dictamen, pero aclaró que tratándose de proyectos tan complicados quedarían para otra sesión.

Como sea, el diputado consultado aclaró que la modificación de la Ley 26.122 debería ser tratada antes de que cambie la actual conformación legislativa. “El momento es ahora”, enfatizó.

El Gobierno miente. No hay un intento de complicar la gobernabilidad ni de comprometer el equilibrio fiscal. Nada de esos eslóganes que se repiten de manera irreflexiva e irresponsable.

En la ley que aprobó el Congreso con amplias mayorías indicamos siete fuentes de financiamiento para afrontar el 0,6% que conlleva la la recomposición de las jubilaciones.

Esto se financia con lo que el gobierno se ahorra por la terminación de la moratoria. Y está basado en un presupuesto ejecutado de 2024 que ya fue superavitario. El argumento de que no hay más plata empieza a perder valor. Y la discusión es para qué hay plata y para qué no hay plata. Disponer eso le corresponde al Congreso, no a un grupo de ministros que lo firmen por decreto de necesidad y urgencia. Lo mismo con la actualización del bono. No es caprichosa, ni siquiera toma la inflación de los 17 meses que el bono lleva congelado, toma la inflación simplemente de los últimos 10 meses. Sí, fue algo arbitrario, pero en conjunto con el aumento general del 7% que se le adeuda a los jubilados desde enero del año pasado, provee una recomposición razonable y absolutamente financiable.

No vemos ninguna razón para que haya un esquema especial para que los directivos de empresa no paguen IVA. Todos los empleados autónomos, que son millones en la Argentina, pagan IVA. Proponemos que los directores de empresa paguen IVA igual. Eso recauda más de 0,2% del producto.

Proponemos que se le ponga punto final a una exención al impuesto a las Ganancias para las sociedades de garantía recíproca, hoy que el crédito se ha restablecido y ha vuelto a ser rentable con tasas positivas. Eso también recauda 0,1% del producto

Proponemos que se nacionalicen los fondos de los entes cooperadores que recaudan a través de los registros automotor. Y que esos más de 130 mil millones de pesos al año vayan a pagar mejoras jubilatorias.

Queremos que los fondos que el gobierno se ahorra desde noviembre del año pasado por la reducción de los recargos sobre los intereses de la deuda con el Fondo Monetario sea asignado directamente a la mejora jubilatoria. Son unos 500 millones de dólares que no tienen destino presupuestario dado y que solo el Congreso se lo puede dar.

Hay un fondo anticíclico para cerrar paritarias, es a donde está alojado el bono con los 70 mil pesos para este año, pero prevé casi 6 billones de pesos y el bono es algo más de 3 billones. O sea, tenemos más de 2 billones 500 mil pesos disponibles, algo así como 0,4 del producto, para mejora jubilatoria. Y nosotros queremos por esta ley que se dedique a eso.

Los 33 mil millones que en dos decretazos limpios de febrero y de abril decidieron darle a los espías de la SIDE, y vaya a saber uno para qué, eso también queremos que vayan los jubilados.

El jefe del bloque de senadores Pro, Alfredo De Ángeli, se refirió a la polémica sesión del Senado donde se aprobaron leyes como aumento a jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional, y apuntó: “La sesión de fue una auto convocada del kirchnerismo y fue una muestra de que manejan el Senado”.

“Fue una auto convocada porque no fue nunca recibimos una nota de parte de la presidenta del Cuerpo a convocar sesión, fue una convocada del kirchnerismo y algunos socios. Van para manejar el Senado, ayer fue una muestra de que manejan el Senado”, criticó en declaraciones radiales.

El entrerriano señaló: “Nosotros bajamos a plantear que la Comisión de Presupuesto y Hacienda la tomó por asalto el kirchnerismo, no convocaron a nadie y de eso también tiene culpa el oficialismo porque tendrían que haber dado el debate en la comisión. Nunca nos convocaron”.

“No sé si fue legal, pero están mal hechas las cosas y cuando están mal terminan peor. La senadora Tagliaferri consolidó el quórum, viene votando distinto al Pro como otros senadores y ayer estuvo dividido, se partieron varios bloques”, opinó.

El jefe del bloque Pro ratificó: “No estuvo convocada como tiene que ser una sesión que la tiene que convocar el presidente del Cuerpo. Si fue una sesión ordinaria. Vamos a suponer que está dentro del reglamento, pero no hubo debate en las comisiones. (Ezequiel) Atauche tendría que haber convocado la comisión. No hay dictamen de comisión del proyecto de los gobernadores sobre combustibles”.

“Había que haber hecho un plenario de comisión que no se hizo entre Población y Presupuesto, nunca se hizo, ahí hay que culpar al oficialismo. El gobierno nacional es el gran culpable que no abre las comisiones y se lo dijimos a Atauche”, responsabilizó.

“Nosotros no estamos de acuerdo en cómo se manejó el dictamen sobre la recomposición. No vimos que hubo debate. Lo que no queremos es joder al Gobierno con el equilibrio porque costó muchísimo, el campo también la está sufriendo hace años.  Hasta ahora no cumplió con lo que dijo de bajar de retenciones, pero tenemos claro que no queremos que vuelva el kirchnerismo”, remató.

La senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro) ratificó la legitimidad de la sesión del Senado y las leyes aprobadas, al tiempo que afirmó que “no se votaron en contra del Gobierno, sino porque hay que dar respuestas”.

En declaraciones a Radio Mitre, la senadora porteña apuntó contra el presidente: “El clima de odio le pudo haber servido para el agite de una elección, pero no te sirve para gobernar. Claramente ayer había senadores que responden a gobernadores que son dialoguistas que han acompañado y son racionales y ayer votaron. Pero no votaron en contra del gobierno, votaron porque hay que dar respuestas”.

“Este proyecto de aumento a las jubilaciones tiene fuente de financiamiento. El impuesto a las naftas que todos los argentinos pagamos y cuyo impuesto tiene que ir destinado a hacer rutas, que no se están haciendo, van a las provincias tampoco es un gasto nuevo. El Gobierno nacional lo está cobrando y nadie sabe a dónde va porque no hay presupuesto y está destinado a hacer obras de infraestructura vial que no se están haciendo para las provincias no es plata que se saca”, explicó.

En esa línea, explayó: “La fuente de financiamiento del aumento a jubilados son el CIO de empresas que no pagan IVA, son plata que recaudan los entes automotores que no existen más, readecuación de los fondos de la SIDE, no es el plan platita, nunca fui kirchnerista y nunca lo voy a ser esto no es contra el gobierno, es dar respuesta porque el sector que más aguanto el equilibrio fiscal es un 55% los jubilados. No es viable eso, creemos en el equilibrio fiscal, pero si hay de donde sacar para ajustarle la módica suma de 21 mil pesos a las jubilaciones y un bono de 40 mil”.

Tagliaferri señaló que “no es real que la sesión fue ilegal. Entiendo la frustración, pero hay un límite en el sistema democrático. Al presidente lo votó la gente genuinamente y democráticamente y tiene el derecho de hacer los vetos que él quiera, al Congreso también los votó la gente y eso es un sistema de democracia”, y remarcó: “Este es el mismo Congreso que acompañó sus vetos el año pasado. Los senadores nos pudimos reunir y estábamos sobrados de quórum y los proyectos fueron aprobados por amplia mayoría. No es ilegítima y la democracia no es democracia cuando me gusta y sino es tiranía, no funciona así”.

“Las leyes que salieron son legítimas, no sé qué va a pasar en Diputados, pero en el Senado siento que tenemos la posibilidad de insistir en la ley”, anticipó. “El presidente tiene todo el derecho constitucional a vetar y tiene todas las herramientas para poder dialogar, no sé lo que va a pasar en Diputados y lo que va a pasar con los gobernadores. Si abrís mecanismos de dialogo y seguro va a haber mecanismos para acompañar, pero no depende de nosotros”, sugirió.

La senadora del Pro sostuvo: “Si tenes 45 senadores en una democracia, ¿una sola persona puede silenciar a todos? 11 de 17 emitimos opinión en la comisión. Un solo senador no puede callar a todos. Además, es válida porque la presidenta del Cuerpo la inició y el proyecto de gobernadores, que lo acompañe, no importaba el dictamen de la comisión y 44 senadores votamos”.

“Entiendo la frustración del Gobierno, pero se subsana dialogando, buscando mecanismos de consenso no diciendo que es un golpe de Estado. La democracia que funciona es sana. Invitamos al gobierno a volver a conversar. Hemos acompañado en más de una oportunidad los proyectos del Gobierno”, cerró.

En el mismo sentido de lo expuesto durante la sesión de este jueves en el Senado, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero solicitó a la presidenta de la Cámara alta declarar “la nulidad” de la misma por “no haberse respetado el reglamento de este cuerpo”.

Así lo hizo saber a través de una nota remitida a Victoria Villarruel el mismo jueves, donde argumenta que la sesión “no fue convocada conforme las disposiciones reglamentarias y por lo tanto la nulidad solicitada deviene manifiesta e insanable”.

Álvarez Rivero, que se mostró muy activa durante la sesión, argumentando en el mismo sentido que La Libertad Avanza que la sesión no tenía validez, hasta que finalmente se retiró de la misma, sostuvo que “el artículo 32 inc. F) del reglamento es claro al señalar que corresponde a la presidencia del cuerpo la citación a sesión, sea esta ordinaria o especial. El sentido de la regla no es simplemente organizativo, sino que la citación resulta necesaria a fin de anoticiar a los senadores de la celebración de la sesión con la finalidad de que puedan asistir y participar de los debates. En modo alguno es posible admitir la ‘autoconvocatoria’ ya que de este modo se impide a los senadores ausentes ejercer adecuadamente su mandato. La ausencia de solo un senador resulta suficiente para invalidar la sesión”.

“Sostener que un grupo de senadores, cualquiera sea su número, pueda convocar a la cámara a sesionar, sin formular el pedido a la Presidencia, conforme lo prevé el artículo 20 del reglamento, significa afectar la representación de cada uno de los senadores que integramos este cuerpo”, continuó, para invocar luego a la Corte Suprema, que ha dicho que “la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. Ningún departamento del Gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido conferidas por la Constitución. El funcionamiento del Senado no es una estudiantina, sino que es un procedimiento reglado que no puede soslayarse en un presunto derecho de una mayoría circunstancial para ‘autoconvarse’. La Corte Suprema también ha dicho que si el Senado ha autoregulado su funcionamiento a través del dictado de un reglamento, una hipotética violación de éste que lesiona derechos individuales no podría quedar exenta del control de los magistrados de la República”.

Agrega Álvarez Rivero que “no se trata de si los proyectos que pretendieron tratarse hoy eran mejores o peores, sino de respetar las reglas del juego, que es lo que no ha ocurrido hoy”.

Concluye la senadora del Pro señalando que su presencia y participación en el debate “solo obedeció a la necesidad de dejar en claro estos aspectos, que expresé en dos oportunidades en que se me concedió el uso de la palabra y, por ello, me abstuve de participar de las votaciones que fueron solicitadas en manifiesta violación al reglamento. En modo alguno la participación en el debate puede entenderse como consentimiento con la sesión y con lo que pretendía tratarse en ella”.

Mientras la oposición dura en el Senado se anotaba un rotundo triunfo en el recinto con la aprobación por unanimidad del aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria, la emergencia en discapacidad y eludir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, el presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que vetará todas las leyes que la Cámara alta aprobó este jueves porque “atentan contra el equilibrio fiscal”.

Así lo anunció durante una charla que brindó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Nada de lo que está pasando nos sorprende. Estamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos”.

“Están desesperados porque saben que en octubre la libertad arrasa”, expresó el mandatario y apuntó contra la titular del Senado, Victoria Villarruel quien presidió por momentos la sesión de este jueves: “Por lo tanto, aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente tengan puesto un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.

Al hacer referencia a los aumentos que el Senado convirtió en ley, el presidente señaló que “lo que pasó hoy ya lo sabíamos. Lo más importante es que están desesperados porque saben que en octubre La Libertad arrasa”.

“Todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, remarcó y añadió que “si, en el peor de los casos, la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera resolver en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría sería mínimo, el de una mancha de dos meses que vamos a revertir el 11 de diciembre”.

En ese marco, el Jefe de Estado enfatizó que “la política del superávit fiscal es permanente” y destacó que “no solo logramos estabilizar la economía y salimos en V, sino que se trata de la salida más rápida que se tenga recuerdo de los programas exitosos”.

Al destacar el trabajo de sus ministros volvió a apuntar contra la vicepresidenta a quien tildó de “traidora”: “A esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor Jefe de Gabinete de la historia que es Guillermo Francos”.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros de Economía, Luis Caputo; Defensa, Luis Petri; Justicia, Mariano Cúneo Libarona; Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; las ministras de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Capital Humano, Sandra Pettovello; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También participaron los presidentes de YPF, Horacio Marín; y de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, entre otros importantes referentes, líderes, empresarios y funcionarios.

A las 14.14, con 42 senadores en sus bancas, superando el quórum, la vicepresidenta del Cuerpo, la kirchnerista Silvia Sapag, dio este jueves por iniciada una sesión del Senado impulsada por la oposición autoconvocada. Una sesión clave para el oficialismo más minoritario de la historia parlamentaria argentina, que ha despertado la máxima atención por un temario sumamente adverso para el Poder Ejecutivo.

Durante las estrofas del Himno Nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel bajó para tomar la conducción de la sesión.

Además de senadores de Unión por la Patria, bajaron al recinto un puñado de legisladores de la UCR, la larretista Guadalupe Tagliaferri, por el Pro; y algunos senadores de bloques provinciales como la dupla santacruceña, la rionegrina Mónica Silva y la cordobesa Alejandra Vigo. 

Hay siete temas puestos a consideración. Tres de ellos son medias sanciones emitidas por la Cámara baja el pasado 4 de junio: un aumento para los jubilados; la prórroga de la moratoria previsional, y la declaración de emergencia en discapacidad. Si el Senado los aprueba sin cambios, serán ley. A priori dos de esos proyectos tienen más chances, el aumento y la emergencia, pero el resultado dependerá de cómo se resuelva un debate reglamentario previo en torno al tratamiento que pueda llegar a dársele.

El presidente, dicho sea de paso, ya anticipó que vetará todo si es que el Senado lo aprueba.

Hay también dos proyectos que impulsan los gobernadores, que han tomado un protagonismo especial para esta sesión, dado que tienen que ver con la distribución de fondos. Por un lado, una reforma a la norma que rige al reparto de Aportes del Tesoro Nacional, y por el otro la distribución entre Nación y las provincias del impuesto a los combustibles líquidos.

El temario incluye el debate sobre el veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca y una declaración sobre la resolución de la Justicia norteamericana en el tema YPF.

NOTICIA EN DESARROLLO

Sin negociaciones por parte del Gobierno que vayan a poder evitarlo, la oposición se apresta a asestarle este jueves un duro golpe al oficialismo (otro más) con la sesión que tendrá lugar este jueves. Si consiguen quórum, claro está.

Lo cierto es que con Unión por la Patria a la cabeza, se proponen realizar una sesión este jueves a partir de las 14 para tratar los proyectos que cuentan con media sanción de Diputados desde el 4 de junio pasado.

Así las cosas, habrá este martes a las 17 una reunión de Labor Parlamentaria, tal cual acordaron este lunes la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, con el jefe del interbloque UP, José Mayans, y ella le propuso hacer esa reunión.

Según contó Mayans este martes por Radio Con Vos, “la resolución del secretario Parlamentario (del lunes) diciendo que no tenemos dictámenes, es de nulidad absoluta”.

A través de una resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado se desecharon este lunes los dictámenes firmados por la oposición el pasado jueves, en relación a los proyectos con media sanción sobre aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que habían sido suscriptos en plenarios de comisiones autoconvocados.

Las autoridades de la Cámara alta señalaron que "la documentación presentada" no puede "considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido".

En la resolución se remarcó que "no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos".

Lejos de aceptarlo, Unión por la Patria se propone debatir este jueves las dos medias sanciones previsionales, como así también la emergencia en discapacidad. Y además avanzarán con la insistencia por la emergencia en Bahía Blanca, que el presidente Javier Milei vetó.

También se pondrá para el debate la resolución sobre YPF, rechazando la resolución de la jueza Loretta Preska para que Argentina pague los 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera entregando el 51% de las acciones.

Y también se debatirán los dos temas propuestos por los gobernadores, que establecen nuevas modalidades para el reparto de los ATN y el impuesto a los Combustibles Líquidos. En este caso, se requieren los dos tercios de los votos para habilitar sendos debates.

Respecto de lo expresado por las autoridades de la Cámara, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti expresó que la interpretación del reglamento la define la "última mayoría", o en su defecto, el pleno de la Cámara alta en el recinto.

Así las cosas, fuentes consultadas por parlamentario.com manifestaron que hay una serie de sucesos que ocurrieron el jueves en el Salón Arturo Illia, los cuales serán esgrimidos para reconocer los dictámenes.

En primer lugar, desde el principal interbloque opositor sostienen que la reunión fue lícita porque estuvieron presentes 9 de los 16 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: siete de Unión por la Patria, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliafferi. Iniciada la reunión se sumó el fueguino Pablo Blanco.

La otra explicación que van a esgrimir es que, además de Giustinian, estuvo presente en el encuentro el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tomó la palabra en reiteradas oportunidades.

Finalmente, el tercer punto que van a desarrollar desde la oposición es que, ante la ausencia de la transmisión oficial, el equipo de asesores en comunicación de Unión por la Patria transmitió en vivo todo el trámite, dejando a disposición de los legisladores la pieza audiovisual.

De cara a la sesión, la oposición confía en lograr el quórum avalado por los 34 senadores de UP, Blanco, Lousteau y Tagliaferri.

Cuentan, además, que hay una gran adhesión de senadores alineados a gobernadores dispuestos a tratar sobre tablas el proyecto sobre impuesto a los combustibles impulsado por los 24 mandatarios de forma unánime.

A las 12.23 se acabó el misterio, al confirmarse el inicio de la sesión pedida por la oposición. Y esto se logró con un quórum holgado: 136 diputados senados en sus bancas. Esta era una de las dos sesiones previstas para este miércoles, aunque al confirmarse la primera, se desactivó la segunda. Para esta primera sesión, solicitada por el bloque Democracia para Siempre y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, hay un amplio menú de temas pero sobresalen la cuestión del financiamiento universitario y la crisis en el Hospital Garrahan.

Con el aditamento de que la situación en el hospital pediátrico se ha agravado. Precisamente a partir de ello, Democracia para Siempre insistió con la necesidad “imprescindible de que todos los bloques den quórum a la sesión” convocada para este miércoles al mediodí. “El Garrahan se defiende en las bancas”, remarcó el bloque presidido por Pablo Juliano, que advirtió sobre “la decisión de ir a fondo con la crueldad del Gobierno nacional contra el principal hospital pediátrico del país”.

Costó, pero finalmente hubo acuerdo en Labor Parlamentario para una sesión corta que comenzará con el emplazamiento para el tema financiamiento universitario. Luego vendrá la cuestión del Garrahan y la emergencia pediátrica.

A continuación será el turno del emplazamiento por un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral; luego el proyecto denominado Crecer con Salud; los proyectos sobre PyMEs; huso horario y retenciones.

Luego de una tanda de cuestiones de privilegio se abordarían los temas que tienen dictamen: juicio por jurados y la reforma de la ley que rige los DNU.

Gran expectativa hay en torno a la posibilidad de que la oposición pueda alcanzar este miércoles el quórum para alguna de las dos sesiones pedidas en la Cámara de Diputados. En la primera, solicitada por el bloque Democracia para Siempre y los radicales Julio Cobos, Natalia Sarapura y Mario Barletta, hay un amplio menú de temas pero sobresalen la cuestión del financiamiento universitario y la crisis en el Hospital Garrahan.

La posibilidad de que haya sesión crecía, conforme se aproximaba la hora de la sesión. Costó, pero finalmente hubo acuerdo en Labor Parlamentario para una sesión corta que comenzará con el emplazamiento para el tema financiamiento universitario. Luego vendrá la cuestión del Garrahan y la emergencia pediátrica.

A continuación será el turno del emplazamiento por un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral; luego el proyecto denominado Crecer con Salud; los proyectos sobre PyMEs; huso horario y retenciones.

Luego de una tanda de cuestiones de privilegio se abordarían los temas que tienen dictamen: juicio por jurados y la reforma de la ley que rige los DNU.

Esta sesión tiene el aditamento de que la situación en el hospital pediátrico se ha agravado. Precisamente a partir de ello, Democracia para Siempre insistió con la necesidad “imprescindible de que todos los bloques den quórum a la sesión” convocada para este miércoles al mediodía. “El Garrahan se defiende en las bancas”, remarcó el bloque presidido por Pablo Juliano, que advirtió sobre “la decisión de ir a fondo con la crueldad del Gobierno nacional contra el principal hospital pediátrico del país”.

Se suma a esa situación complicada el anuncio del cierre de la residencia de pediatría del Garraham decidida por el Ministerio de Salud. “Lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada”, explicaron este miércoles los jueves. ¿Qué significa esto? “Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ‘estipendio’. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro. La solución no puede ser el retroceso”, plantearon los residentes.

A través de la red social X señalaron que “desde el Ministerio nos aseguran que con ‘el sello Garrahan’ es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda. Sin residentes, el Garrahan no funciona”.

“Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública”, advirtieron a través de un posteo en las redes sociales que los diputados que convocan a la sesión de este miércoles utilizaron para tratar de garantizar el quórum este mediodía.

Un quórum que se complica tanto para la sesión del  mediodía. Para la misma los temas son bien diversos y tienen en su mayoría un mismo hilo conductor que hace difícil -sino imposible- su tratamiento este miércoles: carecen de dictamen. Por eso el objetivo fundamental de esta sesión es emplazar a las comisiones para apurar el tratamiento de esos temas que la oposición quiere instalar como agenda.

Dos de esos proyectos sobresalen sobre el resto: el proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia en pediatría, elaborado a imagen y semejanza de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

Son varios los proyectos que hay sobre el tema y la idea es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que se avenga a dar dictamen y luego sean tratados en el recinto en plazo perentorio.

El temario incluye un proyecto que crea un régimen de promoción de la salud cerebral -que tiene despacho de la Comisión de Salud-; una serie de proyectos para el impulso y desarrollo de las PyMEs; y uno sobre modificación del huso horario (un tema fetiche para el mendocino Cobos.

Pero en este temario hay dos temas que sí están en condiciones de tener media sanción en caso de aprobarse, por contar con los dictámenes necesarios. Una es la orden del día firmada en octubre de año pasado sobre la implementación a nivel nacional del juicio por jurados. Se había firmado con un amplio consenso, que incluyó a La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas.

El otro tema tiene que ver con la modificación de la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. La iniciativa intentó llevarse a una sesión en noviembre de 2024 que fracasó.

La otra sesión

Una parte más numerosa de la oposición sorprendió este lunes pidiendo su propia sesión para el mismo miércoles 2 de julio, en este caso para las 14.30. En este caso el pedido fue formulado por diputados de la bancada más numerosa, la de Unión por la Patria y Encuentro Federal, más la diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre.

En este caso, el temario incluye el rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: el 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; rl 344 sobre organismos fusionados de la órbita del Ministerio de Justicia; el 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y el 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Asimismo fue incluido un proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

Al respecto, cabe recordar que el pasado 5 de junio el Gobierno nacional, con José Luis Espert como orador, presentó el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar el monto mínimo considerado como delito de $1.500.000 a $100.000.000. Desde que el texto ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, jamás hubo anuncios, ni convocatoria a debate en comisiones. Según supo parlamentario.com, el plan original de La Libertad Avanza era el de avanzar con la sanción de la ley antes del receso invernal (del 21 de julio al 4 de agosto), pero con el correr de los días esa meta se fue desvaneciendo y el tratamiento jamás comenzó.

En este caso, la sesión fue pedida por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Agustina Propato, Vanesa Siley, Martín Soria, Julia Strada y Hugo Yasky, de Unión por la Patria; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

El destino de la convocatoria a rechazar los decretos de necesidad y urgencia mencionados y el tratamiento del nuevo Régimen Penal Tributario está directamente ligado a la suerte de la sesión especial de las 12. Las miradas estarán puestas en el quórum, que a estas horas se presenta como muy difícil.

La apuesta que hacen los diputados opositores tiene a los gobernadores en la mira. Precisamente para captar la atención de varios de esos gobernadores, especialmente el cordobés, Democracia Cobos Sarapura y Barletta presentaron el lunes una ampliación de temario de la sesión de las 12. Se agregan los proyectos de retenciones que no han sido dictaminados ni por Agricultura ni Presupuesto. Es a pedido de los cordobeses Martín Llaryora y Juan Schiaretti, y como contrapartida aseguraría la presencia de diputados con los que se podrían acercar al quórum.

Se trata de seis expedientes vinculados con los derechos de importación, cuando el Gobierno de Javier Milei restableció las retenciones más altas a las exportaciones de soja, maíz, sorgo y girasol, luego de haberlas reducido temporalmente desde enero. Esta decisión fue oficializada mediante el decreto 439/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El senador nacional por Jujuy y jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, se refirió a la situación vivida en la Cámara alta entre una senadora de UP y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mientras brindaba su informe de gestión que motivó la abrupta salida del funcionario del recinto.

Al respecto, el senador señaló que “es para destacar la responsabilidad del jefe de Gabinete. Siempre es importante contar con la presencia de quienes vienen a rendir cuentas, a compartir el estado de la gestión de gobierno y responder las preguntas. Sobre todo, resaltar la paciencia con la que se ha llevado adelante esta jornada. Paciencia, incluso, para tolerar algunos exabruptos, incoherencias e insultos que, aunque ya no sorprenden, siguen siendo innecesarios”.

“Queda claro que, aunque la casta de siempre acuda a la falta de respeto, nuestro jefe de gabinete rinde cuentas mucho más que los de otros mandatos. Esto es lo que hay que hacer”, agregó.

Atauche resaltó, en sus redes sociales, uno de los indicadores que brindó Francos en su exposición al señalar que “Dato mata relato: el Gobierno de Javier Milei ya destinó más de 100 mil millones de pesos en rutas en todo el país. Gran exposición en el Senado, dejando en claro lo que muchos callan o desinforman”.

Por otra parte, resaltó una información brindada por la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. “Recibimos un país al borde del colapso, con una economía con solo números rojos y un pueblo totalmente saqueado por la casta. Hoy, a un año y medio de asumir seguimos sacando argentinos de la pobreza e indigencia, todo gracias al plan de gobierno del presidente Milei”.

Se refiere al informe de ayer que la pobreza en Argentina alcanzó el 31,7 % durante el primer trimestre de 2025. El dato representa una caída de casi 7 puntos porcentuales respecto al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que en marzo había situado la pobreza en el 38,1 % durante el segundo semestre de 2024.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora un artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

En la votación faltó el voto positivo de Rodrigo De Loredo, que se expresó a viva voz, mas no figuró en el tablero.

La palabra de los diputados

En su carácter de presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que el proyecto de emergencia está “afuera de la grieta y busca acompañar, atender lo que es una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.

Arroyo explicó que la ley tiene tres partes, una de ella busca “resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas”, y ejemplificó: “Hoy las familias, las personas con discapacidad están accediendo a muy pocos servicios o casi ninguno. Es recomponer el nomenclador, las prestaciones”.

Al respecto, detalló que “una persona que hoy trabaja en un taller protegido que va a trabajar todos los días 4 horas a una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad cobra $28.000 por mes”, y alertó que ese monto no se actualiza desde febrero del 2023.

También brindó otro ejemplo: “Una persona que transporta personas con discapacidad cobra 541 el litro de nafta. Como la nafta sale $1300, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde para el tratamiento, con mucha suerte los lleva dos días”.

“Un acompañante terapéutico, estamos hablando de un alumno que está en una escuela común, esa persona mujer en general cobra 180 días cuando cobra $3000 la hora básicamente está buscando trabajo todo el tiempo porque no le alcanza, porque no llega”, y por último habló de la situación de los centros: “Tienen fuertes dificultades. Los hogares los centros de día están todos a punto de cerrar. Todos tienen deuda con la AFIP que los aguanta hasta el 30 de junio”.

En cuanto a la segunda parte, el diputado bonaerense explicó que refiere a las pensiones porque “se ha desacomodado la estructura de funcionamiento de las pensiones por discapacidad”. Así, precisó que el proyecto “busca ir para adelante y mejorar la situación de las personas que tienen o pueden acceder a una pensión por discapacidad”. Por último, la iniciativa “tiene una tercera parte que es salir del maltrato el Estado ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad”.

“Argentina tiene un millón 200,000 personas que tienen pensión por discapacidad. El Gobierno el 16 de enero hizo la resolución 187 yendo 100 años para atrás, literalmente a la década del 40 del siglo pasado”, criticó Arroyo y comentó que “crearon nuevas condiciones para que una persona acceda a una pensión por invalidez y, a partir de ahí, una normativa fuera de toda regla internacional, fuera de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad”.

Arroyo cuestionó la manera de auditar que llevó a cabo el Gobierno porque “desacomodó la vida cotidiana de muchos. Mandó 30.,000 cartas documentos, los hace hacer 200 km a las personas, 10 horas de cola. Todos buscando mostrarle un papelito a la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrar lo evidente es que tiene una discapacidad. Les piden volver a hacer todos los estudios. Desacomodó la vida, no hizo una auditoría correcta. No fue a ver dónde estaban los problemas, sino que decidió desacomodar la vida de la familia, generar angustia”.

“Hoy está en un limbo la situación de las pensiones. El médico no sabe qué evaluar, la persona no sabe qué papeles presentar”, alertó y precisó que la ley apunta básicamente a reconstruir el sistema.

La tercera parte de la iniciativa, es contra el maltrato luego de que “las familias con personas con discapacidad fueron maltratos”, y enumeró: “El vocero presidencial mostró una radiografía con un perrito y una colita contándonos que la persona accedió a una pensión por discapacidad con eso, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió una pensión por discapacidad”.

“Luego el Gobierno en enero de este año hizo una resolución en la que denominó a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’, ‘débil mental’ y, en los últimos días, ha decidido lastimar, a través, de las redes sociales a gran parte de las personas con discapacidad. Lo que dice esta ley es entiéndase que lo que hay que hacer es acompañar, cuidar, no maltratar a las personas con discapacidad porque estamos hablando del dolor una familia que tiene una persona con discapacidad”, explicó y cerró: “Lo que plantea es que hay una regla que es el respeto, no se puede maltratar, no se puede lastimar a las personas con discapacidad”.

Arroyo resumió: “Esta ley reordena el nomenclador y hace que funcione el sistema de discapacidad, reordena las pensiones y termina con el experimento de ir y venir sin saber qué hacer fuera de toda regla internacional, y que busca el respeto va a plantear”.

“Cando un Gobierno designa funcionarios para el área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad. Es una regla que queremos establecer para la democracia argentina próximos 10 gobiernos”, sostuvo y remarcó que el sistema de discapacidad en la Argentina se rige con una ley de 1981 que “no solo es una ley de la dictadura militar, sino que tiene 44 años. Hace falta rearmar ese sistema. Esta ley no está modificando lo estructural, ni la cuestión educativa, ni la cuestión laboral, ni el funcionamiento del sistema en general, nos hemos concentrado en la emergencia porque hay una catástrofe y la familia Lo pasan muy mal”, concluyó.

El diputado del Pro Martín Maquieyra habló por el dictamen en minoría, advirtiendo por la “situación crítica” de las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. Habló de una situación compleja “de años” y en ese sentido dijo que “sorprenden algunos discursos que ahora se preocupan por la discapacidad, pero nada hicieron durante estos años”.

Remarcó el impacto de la inflación en el nomenclador, enumerando los índices de actualización, atribuyéndole al kirchnerismo el “descalabro” que existe en torno a la discapacidad. “Coincidimos en la situación crítica que está el sistema”, señaló, admitiendo que el Gobierno está haciendo cosas, “y puede hacer mucho más”, al tiempo que insistió en cuestionar la declaración de la emergencia, “pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver”.

Por eso reivindicó el dictamen propio, que contempla el vocabulario, que debe ser adecuado, acorde a la convención internacional de las personas con discapacidad. También se manifestó de acuerdo en la actualización del nomenclador, pero pidió “celeridad en los pagos”. También dijo que “hemos planteado la reglamentación de la Ley de Empleo Protegido”, y por último planteó que la dignidad de cualquier persona no pasa por los subsidios, sino conseguir trabajo, por lo que apeló a un programa que ya existe, pero que no cuenta con demasiada adhesión. El mismo consiste en asistencia a los empleadores, con beneficios que su propuesta prevé triplicar.

En defensa de otro de los dictámenes de minoría, la santafesina Melina Giorgi (Democracia para Siempre) rechazó un “ajuste” en un sector tan débil como el de la discapacidad. “Esto no puede reducirse a un debate puramente fiscal, tiene que ser un debate donde prime la sensibilidad, la corazonada y pensar con el corazón en aquellos que más están sufriendo esta situación”, dijo.

La diputada del bloque DpS Carla Carrizo lamentó estar “con tantas emergencias. Este es un tema que nos atraviesa a todos”. Pese a acompañar, planteó: “No queremos una emergencia larga, queremos resolver la urgencia, contener, cuidar, proteger, porque son cosas que no pueden esperar y no se pueden justificar desde el desequilibrio fiscal”, y ratificó una emergencia acotada en el tiempo porque “el Congreso no puede volver a delegar por tres años la política en discapacidad porque el Estado no lo hizo bien en estos años”. Esa sugerencia fue aceptada en la votación en particular resolviéndose que la emergencia quedara hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.

Carrizo señaló que la ley es antigua, pero la ley nueva “no está explicada en toda la política social. Tenemos una ley que no se usa”. Así, precisó que “el Estado no cuida con calidad y profesionalismo. Está todo mal, las leyes no están actualizadas. No tenemos que vivir de emergencias tenemos que tomarnos en serio cómo controlar el Estado”.

Miembro de la Comisión de Discapacidad, la oficialista Lilia Lemoine expresó su preocupación por “la utilización mediática y el abuso de menores de edad, que comunicadores y políticos estén abusando de los chicos”. Aclaró que no se refería a que fueran a saludar “a Cristina, a Milei o a Macri, sino que después los padres los lleven a manifestaciones o programas, que los sometan a situaciones de altísimo riesgo”.

La blonda legisladora dijo que está en la Comisión de Discapacidad porque es hija de una persona que tuvo tres discapacidades. Y desde esa experiencia considera que “lo más importante es romper las barreras duras que impiden la integración”.

Lemoine afirmó que “todo el país está en emergencia”, y aclaró que “no voy a apoyar una declaración de emergencia que está hecha a la medida de Milei, porque empieza el 10 de diciembre de 2023 y termina en el 2027, porque quieren cargarle a este Gobierno el desastre que ocasionaron previamente”.

Luego dio datos contra el kirchnerismo, al señalar que en 2003 había asignadas solo 77 mil pensiones por discapacidad; en 2015 eran 1.055.000. “Y durante el Gobierno de Alberto Fernández se agregan 390 mil personas a cobrar”, señaló planteando además que en Formosa un 7% de la población cobra una pensión por discapacidad. “Ha habido un fraude enorme de 3.400 millones de dólares solamente en 2023 en el Gobierno kirchnerista”, remarcó.

Por el contrario, Lemoine aseguró que “este Gobierno es resolutivo, a pesar de lo que ustedes digan. Las soluciones que se encuentran son prácticas. No queremos quedar bien, no entramos en política para eso, sino para hacer lo que hay que hacer; para que los recursos se distribuyan bien y no se malgasten”.

Luego sumó la situación con los residentes del Garrahan y destacó que de ganar 800 mil pesos pasaron a ganar 1.300.000, cosa que atribuyó a que “se reasignan recursos que estaban mal asignados para hacerle favores a la política. “Si los diputados ganáramos lo que gana un residente el Garrahan, este recinto se quedaría la mitad vacío. Y los primeros en salir de esa puerta son los que tienen ese cartelito”, señaló en referencia a los diputados de UP que tenían en sus bancas carteles referenciando la situación en el Hospital Garrahan.

A continuación habló, también desde el oficialismo, la diputada María Emilia Orozco, que arrancó quejándose de que se esté “politizando” un tema tan sensible. “Quienes están proponiendo esta ley hicieron siempre de la discapacidad un negocio”, dijo en referencia al kirchnerismo, al que dirigió todo su discurso. “No tendríamos que hablar de esto si no hubieran usado las pensiones para hacer política. Hoy las personas que realmente tienen discapacidad, no los curros que han armado haciendo negociados, podrían estar cobrando como se merecen”, afirmó.

Orozco aseguró que “el desfasaje de los nomencladores viene desde su gobierno”, y contra el dictamen de UP dijo que “han hecho un menjunje que lejos de beneficiarlos los perjudica más. Si aprobamos esto, vamos a estar dando pensiones a prófugos, presos, muertos, personas que declaran discapacidad por tener pie plano, ansiedad, gente con bipolaridad…”. Por eso consideró que “el sistema está desfasado”, y denunció que “hay un diputado del bloque kirchnerista que claramente sigue haciendo negocios con la discapacidad. Me pregunto de dónde va a salir la plata, porque nunca dijeron”.

A su turno, la diputada Mónica Fein dijo que “venimos a ponerle un límite a un gobierno que cree que las leyes no son límites, que cre que la Constitución no es un límite, que las convenciones internacionales no es un límite, que la crueldad o la falta de humanidad con los más débiles no es  un límite”. “Las personas con discapacidad nos enseñaron a entender la problemática”, aseguró, señalando que a través de eso surgieron las mejores leyes de la Cámara. “Fundamentalmente por las personas con discapacidad, por sus familias, por la lucha que llevaron adelante”, dijo, advirtiendo que en nombre del equilibrio fiscal “atropellamos todas esas construcciones colectivas, humanas, sociales”.

Se quejó de que en esa cámara donde el año pasado discutieron una ley para un trato humanizado para las personas con Síndrome de Down, “y tenemos un presidente que utiliza el Síndrome de Down para burlarse de alguien. ¿Qué pasó en una sociedad donde un presidente puede burlarse de un niño autista? Así se construyeron las mejores leyes, escuchando”.

Y sobre el final advirtió que “este Gobierno quiere cambiar un rumbo cultural, que no generemos derechos de igualdad a las personas que tienen más vulnerados sus posibilidades de construir una vida integral en esta sociedad”.

Sobre el final, el diputado Eduardo Valdés salió al cruce de lo que definió como “una difamación, una calumnia que ha hecho el titular de la ANDIS hacia mi persona, diciendo que integro la Fundación Infancias, que sería prestadora de organismos del Estado como el PAMI”. Y aclaró que esa entidad “nunca fue prestadora del Estado nacional”, agregando que él la integró hasta 2013, cuando se fue como embajador al Vaticano. “Pero ni antes, ni durante, ni hoy, ha sido prestadora del Estado. Sus funciones han sido otras. Nunca ha sido prestadora del Estado nacional, ni de los privados. No tiene como objeto ser prestador, sino mostrar los logros de las personas con discapacidad”, aclaró.

“Si bien me fui en 2013, lo que nunca dejé es mi compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, que cada vez es más profundo”, afirmó luego, admitiendo que “con el Gobierno anterior estábamos mal, pero ahora estamos peor”. Y dio datos al respecto: “¿Saben cuánto le pagan a una persona con discapacidad en un taller protegido? 28 mil pesos. ¿Alguien puede vivir con eso? Los  hogares de día están cerrando porque se les paga, por desayuno, más almuerzo y merienda, 3.000 pesos. Acá mismo en la Cámara de Diputados el almuerzo costaba 11 mil pesos. Los transportistas están dejando la actividad porque el Estado les paga 500 pesos por kilómetro”. Y cerró diciendo que “no venimos a echar culpas, venimos a querer resolverlo”.

Por su parte, el diputado Pablo Yedlin sostuvo que el sistema de seguridad social merece una discusión de fondo. “hay que revisar esto. Pero le pido al Gobierno que trabajemos en conjunto para encontrarle una solución a un sistema de salud que necesita integrarse”.

Respecto de la aseveración que se hace respecto de que Argentina tiene demasiados discapacitados, el titular de la Comisión de Salud sostuvo que esa afirmación “no resiste el menor conteo comparado con cualquier país de la OCDE”. Y explicó: en 2010, los discapacitados eran menos del 4% de la población, mientras que en la OCDE los discapacitados severos son más del 7,5%. “A mí no me parece mal la auditoría, pero tenemos un Gobierno que nos ha llevado a auditar todo y no sabemos el resultado de ninguna auditoría”.

Desde el martes 8 de abril que la oposición no conseguía quórum para poner en marcha una sesión con temas que le preocupan y que por cierto incomodan mucho al oficialismo, al punto tal que el Gobierno ya ha anticipado que si los proyectos impulsados son convertidos en ley, tendrán destino de veto. Pero esta vez, con mucho esfuerzo y antecedidos por intensas negociaciones del Gobierno con gobernadores para conseguir quitarle diputados a la sesión, la oposición consiguió el objetivo de arrancar la sesión a las 12.21, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, anunció la presencia de 131 diputados en sus bancas.

Se trata de una sesión que tiene temas que el Gobierno se resiste a convalidar, y que se desarrollará en un marco muy especial, signado por una gran movilización convocada para acompañar a la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, a los que se sumarán sectores como trabajadores del Hospital Garrahan, centrales sindicales y el colectivo Ni Una Menos, a diez años de la primera marcha por ese motivo.

La sesión tiene como primer tema de debate el incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.

La sesión incluye en tercer lugar el debate de la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esos tres temas son los que el oficialismo se resiste a convalidar por su costo fiscal, que el Gobierno considera excesivo. A continuación, es el turno de una serie de emergencias climáticas que contemplan la declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe, por 180 días prorrogables por igual plazo a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Como así también una declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.

Como dijimos, la oposición se propone impulsar un emplazamiento sobre el Hospital Garrahan. Lo anticipó este martes el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. “Mañana en la sesión vamos a plantear el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan. Así que mañana hay que estar y dar quórum”, pidió el tucumano.

Otro emplazamiento que tratarán de impulsar tiene que ver con las universidades. Tal cual se anticipó la semana pasada durante una reunión con representantes del sector universitario, en esta sesión pedirán emplazar a una reunión de comisiones para el 10 de junio, otra el 11, para dictaminar, y poder llevar el tema al recinto el 19 o el 26 de junio.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tal cual se anticipaba, un grupo de diputados de la oposición más severa presentó este martes un pedido de sesión para el miércoles 4 de junio a las 12, con un temario que abarca varios de los temas que no alcanzaron a reunir quórum el pasado 21 de mayo, e incluye otros. Pero deliberadamente omite esta vez cuestiones que generaban especial escozor en el seno de La Libertad Avanza.

Según se desprende de la presentación dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, figuran siete temas a debatir en esta sesión convocada a partir del mediodía del primer miércoles de junio.

Allí figuran los proyectos previsionales, incluidos en los dictámenes correspondientes a la Orden del Día que prevé otorgar un incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, por un lado, y la reinstalación de la moratoria previsional, por otro.

También figura el tema que originalmente había motivado la próxima sesión, la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

Asimismo han sido incluidas una declaración de emergencia y situación de catástrofe por el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, y otros afectados por las inundaciones registradas este mes de mayo.

También la declaración de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en distritos afectados en la provincia de Buenos Aires a raíz de las inundaciones de los días 16, 17 y 18 de mayo pasado.

Figura además una declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional por 180 días a los partidos bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero y Rojas.

Por último, se busca la declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en zonas afectadas por la inundación en el AMBA.

La nota fue presentada por los diputados Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.

Lo que no está

Fueron excluidos de la próxima sesión -al menos hasta ahora- dos temas que habían figurado en la última sesión y que despertaban fuerte resistencia de parte del oficialismo.

No está esta vez el tema de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA, intríngulis que la oposición quiere resolver con una votación en el recinto que ameritaría una gran discusión, pues el oficialismo considera que ese tratamiento necesitaría ser habilitado con dos tercios de una votación.

La otra cuestión que no se debatirá en la próxima sesión es la designación de dos auditores, habida cuenta de la virtual acefalía que padece la Auditoría General de la Nación (AGN). Recordemos que era intención de la oposición más dura votar los nombres de Juan Ignacio Forlón en nombre de Unión por la Patria y Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Las autoridades de la Cámara quieren dilatar estas designaciones atento el inicio del tratamiento en ambas cámaras de una reforma del reglamento de la AGN.

En su intervención durante la sesión en minoría, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”.

“Me parece razonable hablarlo acá, porque es la gente que trabaja con nosotros todo el tiempo, gente calificada… Si no tenemos solidaridad con la gente que trabaja en esta casa, ¿con quién la vamos a tener?”, se preguntó, para referirse a continuación a la situación en la AGN. Como presidente del a Comisión Revisora de Cuentas, recordó que dos meses atrás había alertado ante las autoridades sobre “un proceso de prácticamente vaciamiento” imperante en la Auditoría General. “También quiero decir que tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades: el año pasado esta Cámara se la pasó esperando la carroza; no sabíamos qué pasaba, no tenían la definición del nombre y estuvimos un año para hacer la presentación” de los elegidos para completar la AGN. “Lo que falló es lo que nos corresponde hacer por nuestra propia competencia”, admitió, advirtiendo sobre “un sector mayoritario que tiene un número importante no definía quién era el representante”.

En ese sentido dijo que hay organismos como el BID y la CAF que tienen previstos créditos internacionales para la Argentina que no van a otorgar si la Auditoría General de la Nación no está constituida.

Por último, llamó a “entrar en un camino de racionalidad y acuerdos en función de las responsabilidades que tenemos. Me parece que es importante que recuperemos algo de cordura, de lo contrario se plantea un esquema de bloqueo que no le sirve a nadie”.

Caída la sesión convocada para debatir en Diputados este miércoles, intervino el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien lamentó la dinámica parlamentaria que se está dando en la Cámara baja, donde “está costando todo el doble, el triple, o el cuádruple”, cosa que atribuyó a “la situación política particular que está teniendo la Argentina y en particular el Gobierno”.

El diputado santafesino detalló los temas que pretendían llevar al recinto, citando en primer lugar el de las jubilaciones, con la prórroga de la vigencia de la moratoria previsional, como así también actualizar el bono que sigue congelado en 70 mil pesos. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló Martínez, quien sugirió entonces que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no son capaces de pagar la cuenta”.

Citó también los casos de aquellos jubilados que tienen que andar eligiendo qué remedio comprar y no cuentan con los recursos económicos tampoco para pagar alquileres.

Comentó también la intención de tratar sobre tablas una media sanción que atienda la gravedad de la situación de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. “Un tema gravísimo y que esperábamos el acuerdo necesario para tener el acuerdo”, mencionó.

Obviamente también se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $LIBRA y demás”. “Están hasta las manos con la estafa Libra, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, señaló

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, lanzó Martínez, advirtiendo que desde el oficialismo “intentaron con una maniobra artera que el tema $LIBRA no esté en esta sesión”, y se quejó porque no tuvo eco un pedido de prórroga de una hora para garantizar la llegada de vuelos que traían a diputados que no pudieron llegar a la sesión.

Dijo que también tenían diputados como María Luisa Chomiak y Leopoldo Moreau que habían salido el martes de operaciones quirúrgicas y que están postergando entrar a otras intervenciones, como Gisela Marziotta, y se preguntó porqué no se conceden las postergaciones de horarios.

“Acá hay presidentes de la Cámara, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, diputados históricos, con enorme trayectoria, que pueden recordar que nunca se le negó a un grupo de diputados que puedan postergar por una hora la conformación de la sesión”.

Por último, citó el intento de “garantizar el funcionamiento de la AGN, que tiene que ver con el control que tiene que hacer este recinto y la oposición respecto del accionar de este Gobierno y todos los gobiernos”.

“No se puede decir ser oposición y después no querer ejercer los atributos y competencias que le da esa propia Constitución Nacional al cuerpo parlamentario -lanzó-. Los mismos que no quieren que se investigue la estafa cripto, son los que no quieren que se conforme la Auditoría”.

Martínez cerró citando al recientemente fallecido José Mujica: “Si alguien cree que a este bloque de la Cámara de Diputados lo van a amedrentar con estas maniobras, se equivoca. Al Pepe Mujica le pidieron un mensaje y dijo que ‘la fortaleza en la vida es justamente todos los días reponerse de las dificultades, ponerse de pie y seguir luchando’. Vamos a seguir luchando con un objetivo claro, que es que estos temas avancen para el funcionamiento de las instituciones. Vamos a seguir insistiendo y ya tenemos un pedido de sesión especial para el jueves que viene, para tratar la emergencia en discapacidad. Y quizá allí tengamos la posibilidad de avanzar en la ampliación del temario”.

El temor a no alcanzar el quórum quedó finalmente confirmado a las 12.31, cuando la oposición en la Cámara de Diputados vio frustrada sus intenciones de llevar adelante este miércoles la primera sesión convocada luego de la estruendosa victoria oficialista del domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza derrotó al peronismo y duplicó en votos al Pro.

En esta sesión organizada con presagio de tormentas fuertes, la oposición pretendía abordar el postergado tema de la cuestión previsional, como así también resolver cuestiones pendientes como la integración de la AGN y desenrollar el ovillo en el que se ha convertido la Comisión Investigadora del caso $LIBRA.

No obstante, el intento quedó frustrado cuando Martín Menem dio por caída la sesión con la presencia de 124 diputados en el recinto. La fuerte presión del oficialismo hizo lo suyo una vez más sobre algunos gobernadores. Además, el oficialismo consiguió que no asista nadie de sus aliados ni bloques provinciales.

Caída la sesión, que también incluía declaración de emergencia en distintas localidades bonaerenses por las inundaciones del último temporal, intervino el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quien lamentó la dinámica parlamentaria que se está dando en la Cámara baja, donde “está costando todo el doble, el triple, o el cuádruple”, cosa que atribuyó a “la situación política particular que está teniendo la Argentina y en particular el Gobierno”.

El santafesino detalló los temas que pretendían llevar al recinto, citando en primer lugar el de las jubilaciones, con la prórroga de la vigencia de la moratoria previsional, como así también actualizar el bono que sigue congelado en 70 mil pesos. “Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló Martínez, quien sugirió entonces que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan en la caja porque no son capaces de pagar la cuenta”.

También se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $LIBRA y demás”. “Están hasta las manos con la estafa $LIBRA, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, remarcó.

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, lanzó Martínez, advirtiendo que desde el oficialismo “intentaron con una maniobra artera que el tema $LIBRA no esté en esta sesión”, y se quejó porque no tuvo eco un pedido de prórroga de una hora para garantizar la llegada de vuelos que traían a diputados que no pudieron llegar a horario.

Por su parte, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, citó los temas que pretendía tratar la oposición durante la reunión frustrada y tras mencionar el caso de los jubilados, se refirió también a los empleados públicos.

“También vemos la preocupación por los empleados públicos y los de esta casa. Me pregunto: ¿Cómo puede haber dirigentes sindicales de gremios estatales que firmen por el 1%? Es imprescindible comprender que la gente ya no puede vivir”, advirtió Pichetto y se refirió puntualmente al caso de los empleados legislativos, respecto de los cuales dijo que “hay dificultades graves para llegar a fin de mes y el deterioro del poder adquisitivo ha tenido una pérdida del 60% en un año. Estoy hablando de los trabajadores de la Cámara de Diputados”. Un tema que después también hizo referencia con críticas a Menem la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.

Durante la sesión en minoría, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot se refirió también a los temas que quedaron pendientes de tratamiento y sobre los beneficios que se quisieron brindar a los jubilados, aseguró que había por lo menos siete fuentes de financiamiento que se ofrecieron en los dictámenes.

Le dijo también al presidente de la Cámara que “es nuestra responsabilidad que la Auditoría General de la Nación se constituya. No puede ser una opción que trabemos su funcionamiento. Podemos estar en desacuerdo con los nombres, es obvio que la primera minoría tiene que llevar por lo menos un miembro, y es razonable y entendible que el oficialismo tenga un miembro, probablemente el único, porque en el Senado no tendrán ninguno”.

Presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, observó que “esta sesión se cae en un contexto en donde el Gobierno nacional gana la Ciudad de Buenos Aires e interpreta que ese triunfo es en favor de más impunidad”.

Sobre la eliminación por parte del Gobierno de la unidad que había creado para autoinvestigarse, el bonaerense enfatizó que “es muy difícil construir un cambio de esa manera. Presentan a la sociedad la idea de cambio, pero significa ventaja, significa ocultar, significa impunidad, significa venganza, porque acá no vino ningún diputado del Pro, que acaba de escupir sangre en la búsqueda de la decapitación que está llevando a cabo La Libertad Avanza en la Ciudad”.

Y, sobre la ausencia de los aliados del oficialismo, concluyó que “pagan platos rotos los jubilados, los inundados, el control. El Gobierno pareciera que tiene una urticaria a la auditoría, le tiene miedo, le tiene pavor, no quiere el control", en relación a la elección de auditores.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto, quien compitió en las elecciones porteñas, admitió la “derrota muy grande” en las urnas, pero argumentó: “Cuando uno defiende valores, principios, sentimientos, no importa los votos que sacas. Hay políticos que van de acá para allá como el viento, y hay otros que somos robles”. Y se mostró orgullosa, “defendiendo a los jubilados sin especular”, porque “esta casa de la democracia no puede quedarse indiferente cuando un jubilado gana 379 mil pesos, porque eso nos tiene que doler la entraña”.

“Lamento mucho que (algunos diputados) estén detrás de las cortinas viendo cómo en algún momento le sacan al Gobierno una candidatura. De los que negocian candidaturas detrás de los cortinados, este Congreso los conoció, tienen nombre y apellido y son un montón. Ahora, les puedo asegurar que nadie se acuerda de ellos, intrascendentes totales”, disparó.

Y reflexionó: “Si nosotros hoy no pudimos hablar de jubilados y personas que lo han perdido todo en una inundación, pensemos si nosotros no somos parte de por qué la gente no va a votar”, en relación a la baja participación electoral.

Otro de los oradores fue el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, quien mencionó las marchas de jubilados que hay todos los miércoles en las puertas del Congreso. “Hay seis millones de jubilados y pensionados a los que el Gobierno solo se les ocurre reprimir y ajustar. El año pasado logramos un aumento por ley para jubilados y jubiladas y el presidente (Javier) Milei lo dio de baja a través de un veto”.

En ese sentido, el legislador socialista arremetió contra los diputados que “se están riendo detrás de las cortinas porque no pudimos sesionar; espero que tomen conciencia de lo que eso significa”. “Vamos a seguir trabajando por una recomposición de jubilaciones y pensiones y por reflotar la moratoria previsional que posibilita jubilar a quienes han aportado muchos años. Acá nadie se salva solo”, finalizó.

La diputada de UP Victoria Tolosa Paz reclamó que el Gobierno tuvo un año “para reformar el drama de los jubilados y no lo hicieron”. “Hay una crisis del sistema previsional muy profunda”, coincidió, para recordar luego: “Ustedes prefieren decir que la moratoria es un invento de Néstor y Cristina (Kirchner), pero tengo una mala noticia para usted (a Martín Menem) que porta el apellido Menem; la primera moratoria previsional en Argentina lleva la firma del expresidente Carlos Saúl Menem”.

En referencia a la ley vetada el año pasado, la exministra de Desarrollo Social apuntó que “aquel 8,1% que les robaron es el 7,2 de ahora que estamos ratificando” en los dictámenes. “Devuélvanles todo lo que le sacaron a los jubilados”, pidió. En tanto, sobre el tema de la comisión por $LIBRA y la elección de auditores de la AGN, denunció que “impidieron la sesión porque lo que les preocupa y ocupa es evitar el control de este Parlamento al Poder Ejecutivo”.

No estaba anotada en la lista de oradores, pero la única oficialista que ingresó al recinto avanzadas las expresiones en minoría fue la neuquina Nadia Márquez, quien arrancó criticando “el nivel de caradurez, mentiras y distorsiones que supera hasta los niveles de inflación que nos dejó (Sergio) Massa”. “Fueron ustedes quienes mientras la inflación iba en tren bala estuvieron todos calladitos, y ahora que la inflación baja abruptamente andan cacareando”, agregó.

Sobre la comisión investigadora, la libertaria le enrostró a la oposición que “no les salió el cálculo” sobre los integrantes y esto es porque “no les viene saliendo el cálculo evidentemente”. “Háganse cargo que inventaron una comisión investigadora y les salieron mal los números”, cargó.

“¿Es difícil la situación de algunos argentinos? Sí, no lo negamos. Pero peor estábamos antes”, justificó Márquez y completó: “Estamos haciendo mucho y vamos a hacer todo lo que falta, sin especulaciones electorales, como ustedes están acostumbrados a hacer”.

Transcurridas las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, se oficializó la convocatoria a una sesión especial solicitada por la oposición, que vuelve a la carga con el tema previsional sobre el cual, por el momento, hay una decena de dictámenes y desde los bloques impulsores conversan para llegar a un consenso.

Este martes, además, se amplió el temario para tratar la designación de autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, cuestión por la que se espera una larga discusión reglamentaria; y la elección de auditores de la AGN, luego que Unión por la Patria y Encuentro Federal alcanzaran un acuerdo para proponer nombres para dos de las tres vacantes pendientes desde el año pasado. Se trata de Juan Ignacio Forlán -cuyo mandato venció en 2024- y Emilio Monzó.

Exulante por los resultados en CABA, pero incómodo con los temas que presiona la oposición, el oficialismo apostará a que la sesión fracase. A su vez, sobre AGN, el propio presidente del Cuerpo, Martín Menem, presentó un proyecto para cambiar la forma de selección de los auditores y se convocó a debatir la iniciativa este miércoles, a las 9.30, en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Otro ítem del temario es la declaración de emergencia y zona de desastre para 16 localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones del último temporal. Ninguno de los textos cuenta con dictamen, por lo cual requerirán dos tercios de los votos para habilitarse.

En cuanto a los temas previsionales, están contemplados los despachos vinculados a prorrogar la moratoria vencida el 23 de marzo pasado, idea avalada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; y, por otra parte, el incremento de las jubilaciones y del bono para los jubilados, donde habría más chances de acercamiento. Sobre el primer eje, varios bloques dialoguistas -incluido una parte del Pro- prefieren crear una prestación proporcional por años aportados.

El pedido de sesión fue presentado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca y Graciela Parola, de Unión por la Patria; Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal; y Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Carla Carrizo y Marcela Coli de Democracia para Siempre.

Como en cada pedido de cita en el recinto, la primera incógnita surge en la construcción numérica del quórum. Teniendo en cuenta a los bloques de la oposición, se da por sentado que Unión por la Patria, aportando asistencia perfecta de sus integrantes, aportaría 98 legisladores sentados en sus bancas.

En tanto, Encuentro Federal y Democracia para Siempre tienen integrantes que responden a gobernadores de relación cordial con el Gobierno nacional. Sin embargo, se espera que ambos espacios sienten a la hora prevista al 75% de sus integrantes.

Resta saber aún qué es lo que hará el Pro tras la confrontación con La Libertad Avanza por las elecciones porteñas. Se descuenta que los 12 legisladores de Patricia Bullrich no darán quórum a esta sesión. Pero hay otros 23 que responden a Mauricio Macri (dos son de Horacio Rodríguez Larreta) y existe la especulación de que, esta vez, no colaboren con los intereses del oficialismo.

En el marco de otro miércoles con tensión e incidentes en las afueras del Palacio Legislativo, y en el cual debía haberse desarrollado la sesión de interpelación a ministros del Poder Ejecutivo por el caso $LIBRA, la oposición decidió ir al recinto con, por ahora, los dictámenes sobre la modificación al sistema de ingreso de las personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años que exige la ley vigente. La fecha acordada entre las bancadas impulsoras del tema es el próximo miércoles 21 de mayo.

Este martes, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda pasó a la firma más de una docena de despachos: los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que insisten con la extensión por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo; y los de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el radicalismo y un sector del Pro, que buscan eliminar el requisito de los 30 años y la creación  de una prestación que se basa en agregar una suma proporcional por años de aporte. También hay uno del oficialismo y aliados que propone la creación de una comisión para la elaboración de una reforma previsional.

Ya para entonces con la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires definida, los referentes de cada bloque en materia previsional se van a reunir el próximo lunes 19 de mayo para hacer un intento de volver a acercar los dictámenes. Según pudo saber parlamentario.com, la principal diferencia radica en la aceptación o no de la prórroga de la moratoria que propone el bloque que conduce Germán Martínez.

En principio, los diputados que oficiarán como delegados en el encuentro para deliberar sobre la redacción del texto de esta reforma previsional serán: Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera, por UP; Nicolás Massot y Alejandra Torres, del bloque Encuentro Federal; Danya Tavela o Marcela Coli por Democracia para Siempre; y por la Coalición Cívica lo hará el jefe de bancada, Juan Manuel López.

El otro tema que la oposición tiene decidido incorporar al temario para la sesión prevista en la semana próxima será la designación de las autoridades de la comisión investigadora del caso $LIBRA tras el empate de la reunión del 30 de abril. La postura de la oposición será la de llevar la resolución de la presidencia de dicha comisión a una votación nominal en el recinto.

En la única reunión llevada a cabo, el flanco del oficialismo y los aliados propuso al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe de bancada libertaria; por el flanco de la oposición, la elegida fue la diputada massista Sabrina Selva.

Si bien trascendió que la estrategia del oficialismo es plantear que la definición de la titularidad de una comisión no puede ser definida en el recinto, la oposición esgrimirá que las decisiones tomadas por el pleno del Cuerpo en sesión “tienen mayor peso" que, incluso, las decisiones del propio presidente de la Cámara de Diputados. Se sabe que esta discusión llevará mucho tiempo y que el oficialismo planteará que para avanzar sobre esa cuestión se necesitan los 2/3.

Así las cosas, los bloques que pidan esta sesión van a ocupar parte del tiempo de sus exposiciones en repudiar la ausencia de los ministros Luis Caputo, Economía, y Mariano Cúneo Libarona, Justicia, en la sesión informativa de interpelación que había sido aprobada para este miércoles 14 de mayo y que quedó sin efecto. Las criticas apuntarán contra el titular del Cuerpo, Martín Menem.

Sin elecciones en el medio, la oposición planea, también, pedir una segunda sesión con fecha tentativa para el miércoles 28 de mayo, en la cual pondría en el temario el dictamen que exige la declaración de la emergencia en discapacidad, dictaminado a fines de abril.

Es muy factible que en esa segunda cita en el recinto de la Cámara de Diputados se busque emplazar a comisiones para el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y, eventualmente, la iniciativa sobre las retenciones al sector agropecuario.

Una alta fuente legislativa confirmó a este medio que el primer pedido de sesión no será hasta el lunes próximo, a fin de esperar a que transcurran las elecciones porteñas para conocer con certeza el escenario a corto plazo, especulando con la posibilidad de que un sector del Pro pueda acompañar la reforma previsional el 21 en el recinto.

A 24 horas de la sesión en la que debería tener continuidad la interpelación de funcionarios por el caso de la criptomoneda $LIBRA, un grupo de diputados opositores envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a fin de que se defina si habrá o no sesión.

Un día después de haber enviado una nota reclamándole convocar formalmente a la sesión, los diputados ahora quieren que, una vez el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, confirmaran su comparencia, se convocara a sesionar este miércoles a las 12, para continuar la interpelación iniciada el 29 de abril pasado.

Pero en caso de que no se haya asegurado la convocatoria de los funcionarios citados para este 14 de mayo, y atento a la imposibilidad de convocar a la sesión por tal motivo, le requirieron a Menem comunicarlo a los distintos bloques a los efectos de “tomar las medidas que estimen corresponder”.

Suscriben la nota los diputados Oscar Agost Carreño, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Germán Martínez, Paula Penacca (Unión por la Patria), Pablo Juliano, Carla Carrizo (Democracia para Siempre), Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño y Vanina Biasi (Frente de Izquierda).

Hay mucho fastidio entre los legisladores de la oposición no solo por la presumible ausencia de los funcionarios, sino también y sobre todo porque trascendió que en lugar de ir al Congreso, al menos los ministros estarán presentes en el cierre de campaña de Manuel Adorni este miércoles a las 17.30 en el Parque Mitre.

En ese marco, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, señaló por la tarde, dando por sentado que no habría sesión: “Es evidente que Milei y Karina están hasta las manos con la estafa cripto. Por eso no quieren que Cuneo Libarona y Luis Caputo sean interpelados en el recinto de Diputados”.

“Básicamente, porque Milei y Karina son indefendibles”, cerró el diputado santafesino.

Durante el debate sobre el proyecto de Ficha Limpia en el Senado, desde el bloque de senadores de Unión por la Patria insistieron en que la iniciativa tiene como único objetivo la “proscripción” a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara al año electoral.

Con Ficha Limpia, la expresidenta y titular del PJ Nacional no podría postularse como candidata, al tener una primera condena en la causa Vialidad en diciembre del 2022 y luego, en segunda instancia en noviembre del 2024.

“Este proyecto de ley es malo”, arrancó su alocución la neuquina Silvia Sapag (UP) y sumó: “Más que ficha limpia debería llamarse ficha trapeada porque solo se refiere a los delitos contra la administración pública, pero deja a fuer aun sinnúmero de delitos que son graves como el homicidio agravado. Podría ser senador un homicida o un secuestrador extorsivo o alguien que cometió abuso sexual, trata de personas, narcotráfico. Estos delitos se dejan de lado”.

Sapag cuestionó que el proyecto “solo se enfoca en delitos contra la administración publica y por eso es que el bloque dice que es direccionado para meter presos a quienes militan en nuestras filas”. “También es malo porque con ficha trapeada el sistema Judicial tiene la posibilidad de vetos a candidatos y eso consagra la jerarquía del Poder Judicial por sobre los demás porque ese poder determinará a quién podemos elegir y a quién no”, criticó.

“Es un retroceso democrático enorme”, lamentó y preguntó: “¿En serio le van a quitar al pueblo la condición democrática de elegir con su voto a su representante? El voto que determine el Poder Judicial eliminará a candidatos. Pueden crear causas, llevarlas adelante y olvidarse para qué están los jueces de impartir justicia. Fallar sin pruebas y en contra de la ley”.

La senadora de UP arremetió: “Los jueces son funcionales al gobierno que los presione para no perder sus condiciones y eso es lo que estamos viendo. Me imagino a Macri diciéndole a los jueces Bruglia y Bertuzzi que no pasen por el Senado porque su misión es acusar a Cristina. Ellos ordenaron liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal detenidos por intención de incitación a la violencia colectiva que atentó contra la vida de quien ahora quieren proscribir, Cristina Fernández de Kirchner”.

La senadora fueguina Cristina López manifestó su oposición al proyecto de ficha limpia y adhirió la idea del interbloque respecto a buscar la “proscripción” de Cristina Kirchner. En tal sentido, se dirigió al Cuerpo y señaló que “se olvidan que los organismos internacionales han sostenido que el derecho a participar se debe proteger incluso cuando en la vida política hay procesos legales”.

Consternada por el espíritu de la iniciativa, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu consideró que “se está proscribiendo la construcción de universidades y centros de alta tecnología, la posibilidad del desarrollo científico y tecnológico”.

El senador camporista Eduardo “Wado” de Pedro apuntó contra el Pro y la UCR, pero también afirmó que “ficha limpia es la culminación de un método mafioso de proscripción de dirigentes a partir del manejo de los medios y el copamiento ilegal de sectores del Poder Judicial”.

En el inicio de su discurso, dijo haber conversado con los senadores que votan a favor la ficha limpia y relató que “reconocen que el proyecto es malo y que van a votar por la presión mediática”. Luego, consideró que es una iniciativa “importante porque va a reconfigurar el poder en Argentina y va a ser votado por presión mediática” por influencia del “poder real”.

“venimos diciendo que los presidentes tienen cada vez menos poder, porque hay sectores empresarios y judiciales que influyen en las decisiones de la República Argentina”, siguió, y agregó que “esos sectores van a poder seleccionar los candidatos de alguna fuerza política”.

En defensa de su líder política, remarcó que este tipo de proyectos son “siempre en contra del peronismo que gobierna para aumentar la participación de los trabajadores en la Argentina”, y enfatizó que “es contra Cristina porque no le pueden ganar con los votos y la quieren sacar de la cancha”.

NOTA EN DESARROLLO

Arrancó a las 11.47 la sesión del Senado que tiene como tema principal el debate de la media sanción proveniente de diputados del proyecto de ley de ficha limpia. Es en el marco de una sesión que tiene una serie de otras cuestiones para debatir y en la que ficha limpia ocupa el último lugar en el temario.

El proyecto fue aprobado en extraordinarias en la Cámara baja el 12 de febrero pasado, por 144 votos positivos, 98 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa establece que las personas con condenas doble por delitos de corrupción no podrán ser candidatas a cargos electivos. También estarán inhabilitadas a ocupar distintos roles en la administración pública.

El debate en el Senado fue antecedido por muchas especulaciones que terminaron -aparentemente- despejadas cuando el viernes 18 de abril los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano aclararon su postura favorable a la sanción de ficha limpia.

El proyecto introduce una modificación al artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, de modo de prohibir la candidatura a cargos públicos de toda persona que tenga doble condena por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta y titular del PJ Nacional, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad.

La novedad de la propuesta del Poder Ejecutivo había sido la inclusión de que tal inhabilitación correría en caso que la persona hubiera recibido la sentencia hasta el 31 de diciembre de un año no electoral y no, en cambio, si ocurría a partir del 1ro. de enero del año electoral. Sin embargo, diputados dialoguistas rechazaron de plano ese aspecto, al considerarlo anticonstitucional. A partir de ello se modificó el dictamen en su artículo 1ro. para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

NOTICIA EN DESARROLLO

Gran expectativa ha despertado la sesión de este miércoles en el Senado, con la certeza de que las dudas respecto de que estuvieran los votos para aprobar el proyecto de ficha limpia están disipadas. En rigor, así sucede desde que el viernes 18 de abril los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano aclararon su postura favorable a la sanción de ficha limpia. Final para las dudas.

Con los votos de los santacruceños alineados con el gobernador Claudio Vidal, la aprobación de la media sanción proveniente de la Cámara baja contaría con 38 manos levantadas, una más que las necesarias por tratarse de un proyecto de índole electoral.

La hora de la verdad será a las 11.30, hora en la cual ha sido convocada esta sesión que se presume histórica, en caso de que el proyecto por el que muchos bregan desde 2017 vaya a aprobarse. Ese horario fue el acordado en la reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes por la tarde, en la que se confirmó lo anticipado por parlamentario.com: que con la incorporación de algunas cuestiones al temario se adelantaría la hora de inicio, en principio prevista para las 14.

Ficha limpia será el último de los temas a tratar en una sesión que comenzará con el debate de un proyecto que crea un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas por el catastrófico temporal que asoló en marzo a Bahía Blanca y otros distritos cercanos. El proyecto declara “zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de ciento ochenta días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas en el mes de marzo de 2025”.

Luego se abordarán tratados; designación de autoridades y acuerdos. Y por último, ficha limpia.

No está previsto que se aborde el tema de las dietas de los senadores, que a partir de este mes pasaron a percibir un sustancial aumento.

Ficha limpia

El debate de la media sanción proveniente de Diputados estuvo sometido a los vaivenes electorales. Es que se trata de un proyecto que tuvo siempre al Pro como abanderado principal, y sobre todo a la diputada Silvia Lospennato como cabeza visible, al punto tal de que es ella quien motoriza el tema desde 2017. Al convertirse en candidata principal del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, en una elección cuyo resultado obsesiona al oficialismo, la cuestión pasó a ser sopesada de manera diferente en la Casa Rosada. Es que la aprobación del proyecto será seguramente capitalizada por la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, aunque desde el Gobierno insistirán una y otra vez que el proyecto aprobado es en definitiva el que mandó el Poder Ejecutivo.

En este marco llegó a especularse con la posibilidad de que la media sanción fuera a recibir modificaciones, lo que obligaría a  un retorno del proyecto a la Cámara baja y obviamente dilataría su aprobación, que quedaría para después del 18 de mayo, fecha de las elecciones porteñas.

En vísperas de esta sesión decisiva en el Senado, en Casa Rosada no faltaron voces que pusieron en duda la aprobación, precisamente por la cuestión electoral. En el mismo sentido, otros en cambio aclararon que un traspié del proyecto en el Senado sería también “ganancia pura” para el Pro. “Peor todavía para nosotros”, aclaró otra fuente. Lo cierto es que el bloque oficialista del Senado salió el lunes a ratificar su apoyo al proyecto, de modo tal de capitalizar también la eventual aprobación.

En el comunicado difundido el lunes también abogaron por mantener las dietas congeladas, pero ese tema no tuvo eco y quedó fuera del temario para esta sesión.

El resto del temario

Tras la votación del proyecto sobre Bahía Blanca será el turno de los tratados internacionales. Son tres, de los cuales el primero es un tratado suscripto con Serbia sobre el traslado de personas condenadas y cooperación en el cumplimiento de sentencias penales; luego hay un proyecto de ley que aprueba la convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles  y el traslado de beneficios, celebrado en Francia en 2016.

Por último hay otro acuerdo con el Consejo Federal Suizo en materia de servicios aéreos regulares.

Luego está prevista la ratificación y designación de autoridades. Se pondría a consideración el reemplazo de María Laura Izzo al frente de la Secretaría Administrativa, por Emilio Viramonte, quien trabaja con la vicepresidenta hace tiempo. Victoria Villarruel quiere que Agustín Giustinian siga como secretario Parlamentario, en tanto que como prosecretario Administrativo seguirían Lucas Clark, y como prosecretaria Parlamentaria la exdiputada radical Dolores Martínez.

Después se tratará el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Alejandro Carlos Francisco Oxenford, quien ya está actuando como embajador en los Estados Unidos. El otro pliego a ser tratado es para designar a Wenceslao Bunge Saravia, quien quedará al frente de la representación argentina en España.

Luego está previsto el tratamiento de una serie de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas, y a continuación la aprobación de una serie de proyectos de declaración, comunicación y resolución con dictamen.

Y a continuación, arrancará el debate de ficha limpia. La frutilla del postre.

Tras una semana más de espera, por la postergación de agenda por la muerte del papa Francisco, la oposición verá finalmente este martes la concreción de la sesión para la interpelación de funcionarios del Gobierno nacional dentro del recinto de la Cámara de Diputados, una instancia de la cual el último registro data de 1996 con Domingo Cavallo como protagonista.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda lograron hace 20 días aprobar por 131 votos a favor y 96 en contra (hubo además por la positiva un puñado de cinco legisladores de otras bancadas) la convocatoria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía), y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que sean interrogados por la presunta estafa de $LIBRA, criptomoneda que el presidente Javier Milei promocionó por sus redes sociales el Día de los Enamorados.

Tal cual se anticipa, Francos será el principal protagonista y podría estar acompañado por Cúneo Libarona. En el caso de Caputo, quien se rehúsa a asistir al Congreso para rendir cualquier tipo de explicación, sectores de la oposición más dura advirtieron que su ausencia podría ser tomada como causal de juicio político.

Aunque el artículo 71 de la Constitución Nacional prevé la interpelación, al indicar que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes", no hay establecida ninguna "consecuencia" sobre la falta; pero hay quienes interpretan que caería en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En cuanto a Silva, al no tener rango de ministro, en el oficialismo consideran que puede esquivar el asunto. No obstante, el titular de la CNV es una de las fichas puestas para ser citado por la comisión investigadora que se reunirá este miércoles, y donde la oposición tendrá el desafío de romper con una paridad de paralice las acciones.

De acuerdo a la hoja de ruta que ya pensó la oposición, pero que terminará de definirse antes de la sesión en reunión de Labor Parlamentaria, se estima que la interpelación podría durar más de 10 horas.

Como primer paso, se prevé una exposición de los funcionarios de una hora, que podrá extenderse media hora más. En caso que asistan Francos y Cúneo Libarona, compartirán tiempo. Luego se tomará la misma cantidad de tiempo para que los miembros interpelantes, es decir, los cinco bloques que impulsaron la citación, formulen preguntas y los interpelados respondan.

Después se abriría el tiempo para el resto de las bancadas, con una serie de preguntas agrupadas por tiempo, a ser contestadas por los funcionarios, en una mecánica similar a las sesiones informativas del jefe de Gabinete.

Finalmente, en la oposición pidieron que haya cierres de bloques para hacer consideraciones finales, donde sin duda podría llegar a haber encendidos discursos políticos respecto de lo que hayan sido las respuestas y en torno al episodio protagonizado por el presidente Milei, en lo que representó la primera crisis de la gestión libertaria y que el Gobierno buscaba que se diluya en el tiempo.

Concluida la interpelación, la cuestión $LIBRA continuará al día siguiente con la constitución de la comisión investigadora, donde la oposición se prepara para trabajar durante tres meses en el tema, con la facultad para citar testigos y recibir denuncias. Por estas horas, hay discusión sobre hasta qué grado llegan sus atribuciones para que los citados concurran.

Sobre el caso $LIBRA, con denuncias de damnificados en Argentina y el extranjero, Francos decidió no responder en el último informe de gestión que envió por escrito, así como tampoco verbalmente en la sesión del pasado 16 de abril. Este lunes, en la antesala de la interpelación, dijo: "Es un tema que poco tiene que ver con mi función o con la administración pública, así que es poco lo que puedo decir, pero iremos al Congreso cumpliendo con nuestra obligación".

Además de la creación de la comisión investigadora y la interpelación de funcionarios, en la sesión del 8 de abril pasado se aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo con más de 100 preguntas relacionadas a la organización y planificación de $LIBRA; el asesoramiento previo a la publicación por parte del presidente en la red social X; la responsabilidad del presidente y medidas a futuro; la participación de Karina Milei, la defensa legal del presidente, la relación con los promotores del activo y las visitas que recibió en Casa Rosada, entre otras. Varias de ellas, seguramente, serán las que se trasladen verbalmente este martes dentro del recinto.

La segunda presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, estuvo precedida por la polémica. En principio, por la fecha elegida para su presentación, como así también la hora. Y también, por qué no, por el hecho de que en el término de dos semanas el funcionario terminaría presentándose dos veces en el mismo recinto, en el término de seis días, ya que para el martes que viene se lo espera para la interpelación votada oportunamente para indagarlo a él como a otros funcionarios por el tema $Libra.

El potencial tiene que ver con que la presentación del informe de este miércoles ha sido puesta en duda en las últimas horas, ya que el quórum estaría en riesgo, precisamente por la fecha elegida: vísperas de Semana Santa, razón por la cual muchos diputados del interior tienen pasajes para volver a sus provincias y en consecuencia hay problemas para reunir el número suficiente de diputados para esta sesión.

Precisamente por eso es que el presidente del bloque MID, Oscar Zago, reclamó este martes la suspensión de la presentación del informe de gestión de Guillermo Francos. “Nosotros sugerimos” que se pase para el martes 22 de abril, planteó. Sin éxito, pues la Jefatura de Gabinete confirmó que Francos se presentará ante la Cámara de Diputados este miércoles, tal cual lo pautado.

Desde la Cámara se informó oficialmente que al tratarse de una sesión y no establecer el reglamento excepción alguna, tendrá que haber quórum para iniciar la sesión. En caso contrario, Guillermo Francos dejará las respuestas por escrito y se retirará, sin necesidad de regresar en otra fecha.

La Constitución es la que establece que el jefe de Gabinete debe presentarse mensualmente en el Congreso, alternando entre ambas cámaras, para brindar un informe de la gestión. Es el artículo 101 el que lo señala, aunque el reglamento no especifica si tiene o no que haber quórum. Para el diputado (MC) Pablo Tonelli, “es discutible”, según expresó ante la consulta de parlamentario.com. “Yo creo que sí, porque si no hay quórum, no hay cámara”, precisó.

La duda puede haber partido de cuando el 11 de mayo de 2023, en ocasión de la presentación del entonces jefe de Gabinete Agustín Rossi, la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner abrió la sesión con la presencia de muy pocos senadores presentes en el recinto. Atento a ello, el radical Martín Lousteau le reclamó por el quórum. Desde el estrado el secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, respondió que no era necesario y lo mismo hizo la vicepresidenta: “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para el día de hoy”.

Mientras se aprestaba todo para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, y CFK se paraba de su asiento, Lousteau lanzó: “Deberían haber aprendido de economía también”. Rápida de reflejos, ya con el micrófono cerrado, pero en un video que se viralizó minutos después, se escuchó a Cristina devolverle: “Me enseñaste vos con la 125”.

Lo cierto es que en Diputados eso no corre, según confió a este medio la secretaria Parlamentaria del Senado, Dolores Martínez. Exdiputada nacional por el radicalismo, señaló que en la Cámara baja “la práctica marca que haya quórum; eso marcan los antecedentes. De hecho, recuerdo sesiones en las que no se lograba el quórum y el jefe de Gabinete deja el informe y ya…”.

Empleada legislativa durante 48 años y prosecretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados durante 18, Marta Luchetta se retiró en 2021, pero sigue siendo una palabra autorizada para hablar del tema. Consultada por parlamentario.com, Luchetta señaló que se trata de una sesión informativa y “por supuesto hace falta número para iniciarla, como cualquier otra sesión. Una vez iniciada, la realidad es que puede después continuar sin número, porque en general no se vota nada en esa sesión”.

En caso de que no haya quórum, aclaró que el funcionario deja el informe, pero la falta del quórum representaría “un desprecio de la Cámara, porque se avisa con tiempo. Espero que no se convierta en lo mismo que el presidente de la Nación, en despreciar a los diputados; si viene el jefe de Gabinete, hay que recibirlo”.

Detalles del informe

El pasado 28 de marzo, la Jefatura de Gabinete recibió 4078 requisitorias. Tras un exhaustivo trabajo de unificación, éstas se consolidaron en 2304 preguntas para integrar el informe escrito.

Las consultas fueron formuladas por 14 bloques de Diputados. Unión por la Patria fue el bloque que mayor cantidad de consultas remitió, con un total de 1250 preguntas. Le siguió el Pro con 209, Democracia para Siempre con 146, y la Unión Cívica Radical con 141.

Por su parte, la Coalición Cívica realizó 137 preguntas; Encuentro Federal, 120; la Izquierda Socialista FIT-unidad, 87; el Pts - Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, 84; y el Partido Obrero - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, 48.

En tanto, desde el monobloque de Defendamos Santa Fe fueron realizadas 26 consultas; el Movimiento Popular Neuquino sumó otras 19; mientras que Republicanos Unidos, Transformación y Creo formularon 18, 15 y 4, respectivamente.

Respecto a las áreas de gobierno a las cuales fueron dirigidas las consultas, el Ministerio de Economía concentró la mayor cantidad de preguntas al recibir 812. Le siguieron las carteras de Capital Humano con 379, Salud con 259, Seguridad con 173, Justicia con 91 y Defensa con 90.

En tanto, la vicejefatura de Interior recibió 84 preguntas; el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 75; la Jefatura de Gabinete, 74; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, 63; y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 62.

También 36 preguntas fueron destinadas al Banco Central de la República Argentina; 33 a la Secretaría de Comunicación y Medios; 16 a la Secretaría de Cultura; 15 a la Vicejefatura Ejecutiva;  14 a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; 13 a Secretaría General de la Presidencia; y 6 al Ente Nacional de Comunicaciones.

Por último, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió 4 preguntas, la Sindicatura General de la Nación, 2 y la Agencia de Acceso a la Información, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro recibieron 1 consulta cada una.

Con la firma de 34 diputados de un amplio abanico de diputados de casi todos los sectores, parte de la oposición en la Cámara baja pidió una sesión para el martes que viene, 8 de abril, a las 12 del mediodía, con un temario que contempla 22 expedientes, más pocos dictámenes.

El primer desafío de este conglomerado opositor que cuenta con la anuencia de los bloques Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, será alcanzar el quórum. Cuentan con el antecedente de haber intentado ya realizar una sesión sobre el tema previsional, el pasado 19 de marzo, oportunidad en la que no alcanzaron a reunir el número suficiente de legisladores para sesionar, pero tan lejos no estuvieron: alcanzaron a sumar 124 diputados, por lo que se descuenta que este martes podrán alcanzar el quórum.

El temario es muy amplio y comprende los mismos temas que habían llevado al recinto ese miércoles de marzo, pero le han sumado varios proyectos más y los temas relacionados con el caso de la criptomoneda $Libra. Ese es el único tema que cuenta con dictámenes, alcanzados precisamente ese 19 de marzo.

Son tres órdenes del día, a saber: uno que crea una comisión investigadora sobre el escándalo que involucra al presidente Javier Milei; otro que prevé interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, también sobre el caso $Libra; y un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el mismo tema.

También piden tratar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el estado de situación de la obra pública en ejecución, financiada por el Gobierno nacional en cada una de las 24 jurisdicciones del país.

Hasta ahí los temas con dictamen. Luego vienen proyectos que pondrán a consideración sobre tablas, a sabiendas de que no tendrán obviamente número para conseguir los dos tercios, por lo que después irán por el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se rehúsa a tratar temas que impulsan desde la oposición. Como la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Ese tema cuenta con dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, como así también la Comisión de Discapacidad, que dicho sea de paso también realizó este jueves una reunión informativa aun cuando antes ya había logrado el dictamen correspondiente sobre el tema.

En lo que hace a la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.

El pedido de sesión cuenta con las firmas de Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, en el marco de un discurso que inició con un reconocimiento a su par Nicolás Massot, que lo había antecedido en el uso de la palabra, y que el día anterior  había sido protagonista de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo. Allí fue propuesto por UP para presidirla, y luego apoyó la designación de Oscar Zago.

Pichetto valoró su papel: “Como sé que este Gobierno y las autoridades de la Cámara tampoco reconocen nada, me parece importante valorarlo, porque hace a la institucionalidad de la Cámara”.

A  propósito de las dudas que había expresado Massot sobre el camino cambiario, le aclaró Pichetto que el mismo “ya lo ha decidido el pensador de este plan, que ya en el 78 estaba con Martínez de Hoz”, en referencia al economista Ricardo Arriazu. “En la historia argentina económica siempre el dólar está en el techo, nunca está tan en el piso”, observó.

Pichetto dijo compartir “el orden fiscal”, y aceptó “darle la derecha al Gobierno, que la ha logrado, aunque lo ha hecho con el sacrificio de los más débiles”. Reconoció sí que cualquier gobierno de los que compitieron en 2023 lo hubiera hecho también, porque “el acuerdo de (Martín) Guzmán era imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión, este pasante de la Universidad de Columbia, que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. No había administrado ni una sociedad de fomento y de repente apareció como ministro de Economía”.

El jefe del bloque Encuentro Federal se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué  pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.

“Este Congreso le ha dado, mal o bien, con debates, con discusiones, le ha dado (al presidente) los instrumentos que le permitieron gobernar el primer año”, enfatizó.

Sobre el final aclaró que en lo personal él está de acuerdo con avalar el DNU, pero observó que “los representantes que vinieron ayer al Congreso eran todos segundas líneas… No vino el presidente del BCRA, (Santiago) Bausili, mandan a los segundos… En realidad, no entendemos porqué no puede venir el ministro de Economía a la Comisión de DNU, plantear los grandes trazos de ese futuro acuerdo”.

Y cerró: “Todos sabemos que hay una caja de herramientas que el Gobierno tiene para gobernar. Ahora, no entra la motosierra dentro de esa caja de herramientas. El sector pasivo ha sido sometido a un ajuste feroz; adentro de la caja de herramienta no está más la motosierra tienen que tener nivel quirúrgico. Y cuidado con las decisiones que toman, no crean que porque ordenaron el déficit fiscal van a tener resultados electorales favorables. La gente abajo está sufriendo”.

El discurso de apertura en la sesión de este miércoles en la Cámara baja para explicar los principales puntos del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, estaba a cargo del correntino Lisandro Almirón, pero su alocución poco tuvo que ver con esa tarea que tenía encomendada por parte de su bloque.

En medio de gritos y bullicio en el recinto, el libertario comenzó diciendo que el acuerdo con el FMI es para “subsanar errores de mucho tiempo del país”.

“Este daño que lo han generado los políticos, el gasto público excesivo, que históricamente terminaron en espirales inflacionarios que tuvimos que asumir la responsabilidad todos los que estamos sentados acá, pero lamentablemente algunos se olvidan que no afrontaron con responsabilidad el gasto público excesivo del que no se hacen cargo”, continuó.

A medida que se expresaba, el clima se iba tensionando cada vez más en el recinto, por lo que el correntino procedió a elevar su tono de voz palabra tras palabra. “16 mil millones de dólares le costó al país la estatización de YPF que la tenemos que pagar nosotros. Fortalecer las reservas del Banco Central, es el objetivo primario”.

Así, se dirigió al titular del Cuerpo, Martín Menem, y se quejó: “Señor presidente así no se puede hablar”. Menem procedió a pedir “tener una sesión en paz”.

“Claramente hay dos países, uno de los argentinos de bien que quiere que al país le vaya bien y sacarlo adelante y otros que especulan después de que 30 años… 30 años…. Diputado le recuerdo que usted sabe …”, lanzó Almirón hacia la bancada de UP que caldeó más los ánimos, por lo que Menem volvió a interrumpir en tono de enojo: “Estamos dando un espectáculo lamentable, está haciendo uso de la palabra un diputado nacional elegido por el voto de la gente. Respeten el uso de la palabra, son el bloque más tiempo tiene”.

Almirón siguió entre gritos: “Hay dos países. Un país donde Argentina tiene la oportunidad histórica de subsanar errores. Hoy argentinos están afrontando la deuda que en el pasado la generaron los gastos políticos del kirchnerismo. Han generado un daño terrible. Han dejado al país en un 55% de inflación y un 16% de indigencia”.

“Cuando generaban la pobreza y el empobrecimiento después de gastar la nuestra, los traían en esos colectivos anaranjados para generar movimientos sediciosos financiados por el gasto público. Quemaban patrullas afuera, rompían los negocios afuera de los comerciantes que estaban viviendo el día a día. Se aprovechaban de los más pobres a través de esta espiral de inflación y ustedes mismos generaban la pobreza y la indigencia”, disparó.

Respecto del acuerdo con el Fondo, solo señaló que el objetivo principal es “fortalecer las reservas del Banco Central para que los balances se puedan sanear, cosa que ustedes no hicieron”.

“No se pueden olvidar del Plan Platita, metieron la mano en el bolsillo a todos los argentinos. Axel Kicillof, Silvina Batakis, Martín Guzmán, todos fueron a llorar al Fondo para gastar plata, la que no tenían, para pagar pobreza, para empobrecer a los argentinos, para escudarse en los fueros…”, expresó alterado.

Menem, muy enfurecido por la actuación de su par de bloque, lo interrumpió para exigirle que le pida disculpas públicas al jefe del bloque del MID, Oscar Zago -ex miembro de LLA- con quien se agarró a las trompadas en la sesión de la semana pasada. Luego, le dio por finalizada su intervención.

“Zago ¿qué querés, que te de un pico? Vení Zago querido amigo”, lanzó exaltado y de forma irónica desde su banca el diputado libertario Lisandro Almirón luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le exigiera que le pida disculpas públicas al diputado Oscar Zago, tras haber estado cerca de agarrarse a trompadas en la sesión de la semana pasada.

Mientras Almirón abría con un discurso envalentonando el debate sobre el acuerdo con el FMI, en medio de gritos, reproches y bullicio por parte de los bloques opositores, Menem lo interrumpió enojado y le pidió que tenga respeto: “Soy de su bloque diputado, un poco de respeto por favor”, le reprochó.

“Escúcheme, en pos de ordenar la situación y en virtud de lo que ocurrió el otro día le pido y, a fin de que estamos todos de acuerdo, que le pida disculpas públicas al diputado Oscar Zago en este momento así podemos continuar. Es lo que están pidiendo todos. Fue un hecho que no puede pasar…”, le exigió el titular del Cuerpo.

“Por supuesto que lo voy a hacer…”, lo interrumpió el correntino de modo desafiante, a lo que Menem acotó: “Hágalo y continúa…”.

Almirón, lejos de calmarse siguió en un tono efervescente: “Ante todo soy argentino, patriota. No me importa lo que ustedes piensen. Acá hay alguien cerebral, no voy a dejar guiarme ni por las pasiones ni especulaciones de ustedes”.

“¡Zago perdón!”, gritó y sumó: “Perdón a todos ustedes, pero piensen en la Argentina y en los que están afuera. ¡Carajo! Que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aun cuando los intereses generales de la Patria sean mucho más importantes” …En ese momento, el libertario se levantó de su banca, se dio vuelta y con los brazos abiertos lanzó: “¿Zago qué querés, que te de un pico? Vení Zago querido, amigo”.

Mientras algunos lo aplaudían, su jefe de bloque Gabriel Bornoroni y la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado se acercaron para calmarlo, pero fue en vano porque Almirón siguió exaltado apuntando contra la bancada de UP: “Vamos Argentina … ¿a quién más quiere que pida disculpas? ¡Caraduras! Pidan disculpas a los argentinos ahora que la pedí yo. Pidan disculpas ustedes. Que la presidenta Cristina Kirchner venga y pida perdón de rodillas por lo que hizo, que venga (Amado) Boudou y pida perdón, que venga (Axel) Kicillof y pida perdón…”.

Menem, al ver que la situación se desmadraba, lo invitó a terminar su alocución: “Gracias, diputado”, pero el libertario cerró: “Aprendan…les falta dignidad y pidan perdón”.

El primer choque de una sesión caliente como la de este miércoles en Diputados se dio en el inicio de la sesión, cuando se tuvo que votar el plan de labor para la sesión. Fue leído por el secretario Parlamentario y el mismo establecía los tiempos de oratoria de cada bloque y un cambio de horario para la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento, para tratar la creación de una comisión investigadora, para las 17; y la de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, para las 18, en ambos casos para dictaminar sobre temas de la causa $Libra. El horario previsto para la oposición era a las 16.

Intervino entonces la secretaria Parlamentaria de UP, Paula Penacca, para señalar que la propuesta era “imprecisa”, no quedando claro cuánto tiempo podían hacer uso de la palabra, y cuándo se podía hacer uso de las cuestiones de privilegio también. “Yo no voto cosas que no sé qué son”, dijo la diputada camporista, tras lo cual el secretario Parlamentario Adrián Pagán detalló los tiempos que tendría cada bloque.

A su turno, el jefe del bloque Germán Martínez aclaró que no habían acordado nada con ese plan de labor. “Creemos que el tema tiene una envergadura tal que no puede haber limitante en el uso de la palabra. Entiendo que algunos pueden estar culposos, pero estos temas merecen un debate a fondo, lo expresamos en Labor Parlamentario”, señaló el santafesino, recordando que en la sesión de la semana pasada había habido “un escándalo de diputados trompeando y levantando por la fuerza a otros diputados, y otros tirándose agua. Y el resto mirando como si nada sucediera”.

Martín Menem le advirtió que le estaba quitando tiempo a su bloque, generando la airada reacción de Martínez, quien dejó de lado las formas y lanzó: ¿¿Qué tiempo le estoy quitando a mi bloque?? ¡Vení a laburar!”. El presidente de la Cámara le advirtió que lo llamaría al orden. “¡Llamame al orden! ¡Llamalo a (Lisandro) Almirón, que cagó a trompadas a un diputado! Queremos plantear al inicio los temas que quedaron pendientes y no vamos a acompañar este plan de labor”.

A continuación, Nicolás del Caño estalló, para quejarse entre otras cosas de la presencia de miles de efectivos federales y reclamando un cuarto intermedio, porque “no se puede sesionar con la militarización y la represión que están preparando”.

Desde el Pro, Silvana Giudici intentó poner orden. “Quiero decirle a la izquierda que grita y a los de Unión por la Patria que insultan, que la verdadera violencia surge cuando no tienen el acompañamiento de los votos”, señaló, asegurando que el plan de labor anunciado “no cercena la palabra a nadie”, y negó irregularidades la semana anterior respecto del quórum. Cerró recordando que habría dos plenarios también durante la tarde y luego había una sesión pedida por UP para las 19. “Así que va a haber todo el día para hablar”.

Como dije en el inicio de la sesión, quieren aplicar la violencia afuera y adentro del recinto. “Por más que siembren vientos no cosecharán tempestades” pic.twitter.com/FoUE7rhbXW

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) March 19, 2025

El plan de labor fue aprobado por 141 votos a favor y 95 en contra, tras lo cual no se dio por vencida Cecilia Moreau reclamando a los gritos que no se podía obviar votar la moción presentada por Del Caño. Y ante las explicaciones de Martín Menem, la extitular de la Cámara perdió las formas: “A mí no me pelotudeés”, le espetó al riojano, que al pedirle a Germán Martínez que pusiera orden en su bloque lo hizo estallar: “¡Venís de hacer un papelón la semana pasada, así que no me dés indicaciones con lo que tengo que hacer con mi bloque!”.

El presidente de la Cámara trató de mantener la calma pidiendo a todos dirigirse con respeto. “No me tutees”, le acotó personalmente a Martínez.

Y concedió la posibilidad de votar la moción de Del Caño, que precisó que su moción consistía en ir a un cuarto intermedio que se extendiera hasta que se fueran las fuerzas del orden de alrededor del Congreso. Ante el pedido puntual de dar un horario concreto para el cuarto intermedio, Vanesa Biasi se sumó reclamando que se extendiera al menos hasta las 16.

La moción fue rechazad por 143 votos contra 93 y 3 abstenciones.

En plena turbulencia financiera, con los valores del dólar en alza, igual que el riesgo país, y caída de bonos y acciones, la Cámara de Diputados se abocará este miércoles a debatir el decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

En este contexto, el oficialismo espera conseguir la aprobación de este DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar esta etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta. La confianza del Gobierno es alta, por cuanto los cálculos le asignan al oficialismo las mayores chances de éxito en la votación que esperan alcanzar a media tarde de este miércoles. Incluso con cierta holgura. Se verá.

No será la única instancia de este miércoles intenso, ya que horas más tarde el recinto volverá a abrir sus puertas, esta vez para desafiar al Gobierno con proyectos que el oficialismo y sus aliados no piensan acompañar. Se trata de proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.

Desde que el presidente Javier Milei anuncio el 1° de marzo que enviaría el acuerdo con el Fondo al Congreso y esperaba una aprobación rápida por parte de los legisladores, el tema no dejó de dar sorpresas. Porque esa disposición a cumplir con la Ley 27.612 expresada por el mandatario derivó en algo distinto cuando se supo que en lugar de un proyecto de ley, lo que el Ejecutivo mandaría al Congreso sería un DNU, generando una áspera reacción de la oposición.

Pese a ello, el Gobierno se apegó al plan que consistía en un rápido envío del decreto de necesidad y urgencia al Congreso y una presta convocatoria a la Bicameral de DNU. Aun más veloz fue la llegada del decreto al recinto, anunciada incluso antes de que hubiera dictamen.

Ese trámite se cumplió este martes, cuando se alcanzaron las firmas necesarias para que el despacho pudiera llegar al recinto sin necesidad de contar con mayorías especiales.

La sesión fue convocada para las 10 de la mañana -un horario inédito en los últimos años-, previéndose la reunión de Labor Parlamentaria para una hora antes. Allí las autoridades de la Cámara baja intentarán llegar a un acuerdo con la oposición para desarrollar un debate ordenado y rápido de lo que en definitiva es un único tema a abordar: el decreto de necesidad y urgencia. Así, el oficialismo querría tener la cuestión resuelta para entre las 15 y 15.30, aunque desde Unión por la Patria no mostraron disposición a acelerar el debate, tratándose de semejante tema.

Como zanahoria para evitar un debate eterno, el oficialismo sugirió emplazar durante el mismo al Cuerpo a las comisiones que este martes trataron los proyectos relacionados con el escándalo $Libra a dictaminar este miércoles a las 18. Para curarse en salud, la oposición forzó los dictámenes en sendos plenarios realizados este martes, de modo tal que para ellos ya no hace falta una reunión para dictaminar. Todo lo contrario de lo que sostiene el oficialismo, convencido de que hay que cumplir lo que mandó el Cuerpo: tratamiento de los proyectos en dos días, dictaminando el 19 de marzo. Dicen que no vale que se haya dictaminado un día antes. En ese caso, no haría falta la reunión de comisiones de las 18.

Esta discusión formará parte de la sesión de este miércoles, con  posturas seguramente muy disímiles.

Se agregó a última hora, eso sí, un aditamento especial para que UP adelante los tiempos: ellos mismos pidieron una sesión especial para las 19, para tratar cinco proyectos relacionados con los jubilados. tres de los cuales tienen que ver con extender la moratoria previsional que vence este fin de semana.

Debería ser un motivo suficiente como para acelerar la sesión de este miércoles, en la que el oficialismo se ilusiona con alcanzar un triunfo legislativo que lo encarrile nuevamente en la senda del éxito.

Si alguna duda quedaba de que este miércoles sería intenso en el Congreso de la Nación -y ni qué decir en sus alrededores-, este martes a las 21 se conoció un pedido de sesión elevado por todos los miembros del bloque de Unión por la Patria para las 19 de este miércoles, a fin de tratar una serie de proyectos relacionados con los jubilados.

Lo explicaron los propios miembros de UP a través de un comunicado en el que dijeron defender “la agenda del pueblo”, al anunciar que querían avanzar con la prórroga de la moratoria previsional; aumento de emergencia a los jubilados, y medicamentos para los afiliados del PAMI.

El temario incluye cinco proyectos de ley. Los relacionados a la moratoria corresponden a Nicolás del Caño , Brenda Vargas Matyi y Leopoldo Moreau, para prorrogar por dos años la moratoria previsional.

También figura un proyecto de la jefa del bloque de Innovación Federal, Pamela Caletti, y otro de Luana Volnovich, en ambos casos para modificar el artículo 2° de la Ley 19.032 sobre Gratuidad de Medicamentos Esenciales.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo lugar a la solicitud, convocando a la hora pedida por Unión por la Patria.

Recordemos que para las 10 de la mañana ya estaba convocada una sesión especial pedida por diputados de La Libertad Avanza y el Pro, con el fin de tratar el DNU 179/25 del acuerdo con el FMI. El oficialismo tiene intenciones de que la sesión no sea extensa -querrían que concluyera para las 15- y para eso anticiparon que se acordaría que en la sesión fueran emplazadas las comisiones para este miércoles a las 18, a fin de emitir los dictámenes relacionados con las causas de la criptomoneda $Libra. Sin embargo la oposición dio por dictaminados ambos despachos y eso será parte de la discusión de la primera de las sesiones convocadas para este supermiércoles.

Presuroso como para sacarse de encima el tema rápidamente y darle en consecuencia una señal contundente al Fondo Monetario Internacional con el que se sigue negociando, el Gobierno de Javier Milei aceleró los tiempos con el decreto de necesidad y urgencia 179/2025, por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

Así, un grupo de diputados del oficialismo y aliados pidieron este lunes una sesión para este miércoles 19 de marzo a las 10 de la mañana, a fin de tratar el DNU. Alcanzará para que este decreto tenga vigencia que sea aprobado en una de las dos cámaras, y en este caso el oficialismo está convencido de que conseguirá la aprobación en la Cámara baja.

El pedido de sesión extendido a Martín Menem fue suscripto por los diputados Gabriel Bornoroni, Cristian Ritondo, Nadia Márquez, Silvana Giudici, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, Alida Ferreyra, Santiago Santurio, Rocío Bonacci, Gerardo Huesen, Santiago Pauli, María Emilia Orozco, Carlos García, María Fernanda Araujo, Romina Diez, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Patricia Vásquez, José Núñez, Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro, Paula Omodeo y Nancy Picón Martínez.

La convocatoria es impulsada dando por seguro que este martes se emitirá el dictamen correspondiente en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, convocada para este martes a las 16.

El tema es que paralelamente a esa reunión de la bicameral están convocadas desde la sesión del miércoles pasado las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, con el objeto de tratar el proyecto que propone la creación de una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

Ahora bien, ese plenario seguirá su curso seguramente, pero la sesión pedida para este miércoles afectará los plenarios convocados para las 13 y las 16 horas, con el fin de dictaminar los proyectos sobre el cripto escándalo, tal cual se acordó en la última sesión.

Así las cosas y no pudiendo objetar nada, la oposición más dura está analizando usar esta nueva sesión, cuyo quórum garantizan el oficialismo y sus aliados, para pedir un nuevo emplazamiento de las comisiones para emitir los dictámenes que claramente no saldrán este miércoles, según pudo saber parlamentario.com.

El jefe del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, que supo encabezar el bloque de La Libertad Avanza, pidió disculpas este jueves por el episodio violento que protagonizó en la Cámara de Diputados durante una sesión que terminó en escándalo luego de que se fuera de manos con el libertario Lisandro Almirón.

"Primero me arrepiento de los hechos violentos que tuvimos adentro. Quiero pedirle disculpas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que me dio la oportunidad de estar en una banca, al pueblo en general y a la ciudad de Bahía Blanca que está pasando por un terrible momento y nosotros estamos dando este escenario bochornoso", expresó el legislador y sumó: “Cometí un error, lo tendría que haber resuelto en otro ámbito”.

El diputado, en declaraciones televisivas, quien explicó que estuvo “cinco minutos soportando insultos y agresiones” hasta que reaccionó, pero apuntó al oficialismo por haberlo provocado para que se levantara de la banca y dejar sin quórum la sesión.

Zago también sostuvo que Martín Menem, titular de la Cámara baja, tenía el objetivo de hacer fracasar la sesión para que no se cree una comisión investigadora por el escándalo con la criptomoneda $LIBRA, debido a que él está implicado.

"Muy mal el presidente Menem de haber logrado su objetivo, que la casa de la democracia no funcione. Que diga el presidente si él no tiene involucración, que lo diga el presidente Menem, que lo digan porque ayer otro diputado le dijo usted presidente Menem que tiene que dar respuesta a todo esto que se está trabajando", agregó.

"Agredieron a (Marcela) Pagano para que se levante, se levantó un diputado y es la mala intención de Martín Menem decir: '128, me levanto y me voy', con un escándalo en el Congreso", contó respecto al momento en que se levantó la sesión por falta de quórum.

Por último, Zago expresó su malestar por el manejo de la sesión por parte de Menem, quien, según él, “cometió un error” al permitir que la violencia y el caos se desbordaran en el recinto. “El presidente de la Cámara tiene una responsabilidad de gobernar y garantizar que la sesión se desarrolle con normalidad”, afirmó, recalcando que la actitud de Menem dejó en evidencia una falta de control sobre la situación.

"Hizo que se creara este alterado momento. Estábamos totalmente tranquilos sentados, nos vinieron a agredir algunos diputados, Almirón y otros, vos escuchás gritos, insultos y no sabés quienes son", insistió en referencia a Menem, a quien atribuyó el liderazgo de la bancada de La Libertad Avanza.

Luego, envió un mensaje a Javier Milei y citó a Mauricio Macri al decir que "está muy mal rodeado", y habló de una "banda de ladrones" en el entorno presidencial.

“No les hago un favor al kirchnerismo, tienen un problema interno en La Libertad Avanza que no lo pueden resolver, y fueron por la violencia”, subrayó, al tiempo que insistió en que su objetivo es “ordenar” la situación. Además, reiteró que había dado un paso al costado dentro de su propio bloque para evitar continuar involucrado en la disputa.

"Todos queremos la verdad, con estos actos lo único que hacemos es ensuciar al Presidente, que es el único limpio que debe estar", sentenció Zago .

Concluida la sesión de una manera caótica, el bloque oficialista emitió un comunicado detallando lo que se había acordado en la misma sesión y lo que intentaron hacer algunos sectores cuando ese plan de labor se había agotado.

Allí reseñaron que la Presidencia había propuesto en Labor Parlamentaria un plan de sesiones ordenado, pero no hubo acuerdo. Razón por la cual luego en plena sesión se aprobó el plan propuesto por el diputado cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, de modo tal de ordenar la sesión.

Así es que se votó la habilitación del debate en el recinto de los proyectos de pedidos de informes para su tratamiento, que necesitaban 2/3 de los presentes, siendo el resultado negativo. Luego se votaron los emplazamientos a las comisiones con competencia, para crear la comisión investigadora y para el tratamiento de los diversos pedidos de informe e interpelaciones, que resultaron afirmativas.

A continuación, se votó el emplazamiento para pedir juicio político al Poder Ejecutivo, cosa que fue rechazada.

La declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional para la ciudad de Bahía Blanca resultó con 230 votos afirmativos, con lo que, expresa el comunicado de LLA, “se agota el plan de labor, solo quedando cuestiones de privilegio”.

“Sorpresivamente, mientras se trataban estas últimas cuestiones, en una maniobra coordinada entre algunos sectores de Unión por la Patria y aliados, se pretende introducir un apartamiento del reglamento para derogar las facultades de emergencia al Poder Ejecutivo aprobadas por este Congreso en la Ley Bases”, señaló el comunicado de La Libertad Avanza, que hizo referencia a los disturbios que entonces se advirtieron en el recinto”, por lo cual la presidencia solicitó un cuarto intermedio que no fue acatado.

Acto seguido, la diputada Victoria Tolosa Paz pidió la votación del apartamiento y “cuando la presidencia se dispone a ponerlo a votación, no había quórum en el recinto y se procede a levantar la sesión, según ordena el reglamento”, concluye el comunicado.

Desde las 12.19 la Cámara baja realiza su primera reunión del 143° período de sesiones ordinarias, para debatir una decena de proyectos relacionados con el escándalo de las criptomonedas protagonizado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado, cuando publicó un posteo en sus redes sociales convocando a participar del negocio $Libra, una criptomoneda que a partir de esa promoción alcanzó altos niveles de venta y terminó desplomándose, generando grandes pérdidas a quienes se sumaron a la propuesta.

La sesión fue convocada por el bloque Democracia para Todos, al que se sumó Encuentro Federal y siempre estuvo en duda esta sesión, por las fuertes presiones oficiales para desactivarla.

Al quórum aportaron los bloques de Unión por la Patria (incluidos santiagueños y catamarqueños), el grueso de Democracia para Siempre, más de la mitad de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, y Álvaro González, del Pro, quien se había sumado al pedido de sesión. También los aliados habituales del oficialismo del MID, bloque que conduce Oscar Zago.

A pesar de que en la previa se esperaba que una mayoría de la UCR bajara al recinto, sólo lo terminaron haciendo los dos bonaerenses Karina Banfi (oriunda de Bahía Blanca) y Fabio Quetglas. También se sentaron en sus bancas los monobloquistas Roberto Mirabella (DSF), Mario Barletta (Unidos) y Lourdes Arrieta (EF-FC).

Por tratarse de proyectos sin dictamen, todas las propuestas de la oposición necesitarían de los dos tercios para avanzar, por lo que la apuesta pasa por alcanzar un emplazamiento a las comisiones para establecer un cronograma de tratamiento.

El temario también incluye un proyecto presentado por la diputada de UP Victoria Tolosa Paz junto a legisladores de casi todas las bancadas para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días, prorrogables por igual plazo en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el temporal ocurrido el pasado 7 de marzo.

Precisamente por esa tragedia, en el inicio de la sesión la bandera fue izada a media asta; y luego, se cumplió un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia.

NOTICIA EN DESARROLLO

La oposición intentará concretar este miércoles la primera sesión especial de la Cámara de Diputados de este año, con el fin de abordar el criptogate, tema más que incómodo para el Gobierno.

Será a partir de las 12 -la reunión de Labor Parlamentaria arrancará una hora antes-, y son sus convocantes los radicales de Democracia para Siempre, el bloque de Encuentro Federal y un diputado del Pro.

En principio había sido pedida esta sesión para el martes, pero luego se pasó para este miércoles a partir de las 10. Finalmente las autoridades de la Cámara la fijaron a las 12, cuestión de que pudiera llevarse a cabo previamente el plenario que retomará este miércoles el debate sobre la baja de edad de imputabilidad.

Varios bloques de la oposición, la más dura pero también de sectores llamados dialoguistas, firmantes de los proyectos de resolución que incluye el temario, tienen expectativa de lograr el quórum con 129 presentes para debatir sobre el caso $LIBRA, que se convirtió en la crisis más importante vivida hasta ahora por la administración de Javier Milei.

La convocatoria había sido presentada incluso antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Fue el martes 25 de febrero e incluía una decena de iniciativas que, comenzado el nuevo período legislativo, fueron representadas con nuevo número de expediente. Sucede que, al haber en el temario proyectos de resolución -cuya vigencia es de un año, a diferencia de los proyectos de ley, que rigen el año de presentación y el siguiente-, se decidió representarlos.

El pedido de sesión fue encabezado por Democracia para Siempre, integrantes de Encuentro Federal y hasta se sumó al final un legislador del Pro. La sumatoria de los convocantes, más la totalidad de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda permitirían garantizar el quórum, aunque un análisis más frío y detallado permite albergar serias dudas para que la reunión pueda llegar a concretarse.

Pasa que en Encuentro Federal no darán quórum los cordobeses alineados con Martín Llaryora (menos Natalia de la Sota), el chubutense Jorge “Loma” Avila y el entrerriano Francisco Morchio (que responde al gobernador Rogelio Frigerio). Tampoco estarían todos los de Unión por la Patria (los convocantes se conformarían con que asistan al menos 93 de sus 98 miembros).

Así las cosas, el éxito de la sesión dependerá de la cantidad de radicales del bloque de Rodrigo de Loredo que asistan este mediodía. Pensando en eso, los convocantes sumaron al pedido de sesión un proyecto del propio jefe del bloque UCR, para que se presente el jefe de Gabinete a informar al pleno. Este martes por la noche crecían las chances de que buena parte de los radicales asistieran a la sesión, con lo que las posibilidades de sesión aumentaban proporcionalmente. También aseguraron su presencia los diputados del MID, un bloque escindido nada menos que de La Libertad Avanza.

Las últimas medidas del Gobierno no hicieron más que avivar el clima beligerante en buena parte de la oposición dialoguista, que no ha visto con buenos ojos la designación de jueces para la Corte “en comisión” por decreto, o el envío de un DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El temario incluye proyectos para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Este martes se sumó también al temario el proyecto presentado el viernes pasado por la diputada Victoria Tolosa Paz, que tiene las firmas de diputados de todos los bloques, para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el terrible temporal que se abatió allí.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF); y en el segundo pedido se sumó Álvaro González (Pro).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tildó a la oposición de "garrapatas" en la antesala a la sesión solicitada por la oposición que se llevará a cabo el miércoles en Diputados para tratar diversos proyectos que apuntan a profundizar la investigación y pedir informes sobre el escándalo en torno al caso $Libra.

"Entiendo la situación y me parece perfecto que el Congreso trate los proyectos. Nosotros estamos dispuestos a dar la respuesta que requiera, pero no estamos dispuestos a hacer un show del tema", aseguró Francos en diálogo con radio Splendid AM990 sobre la interpelación a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios nacionales.

En ese sentido, señaló que "la oposición no ha encontrado un resquicio para atacar a un gobierno con éxitos económicos importantes, entonces encuentran este tema y quieren prenderse como garrapatas para ver qué pueden obtener en términos políticos en un año electoral. Y nosotros no queremos ser parte de un show mediático".

Con once proyectos en debate, los bloques opositores intentarán interpelar al Presidente y a varios funcionarios, aunque para ello deberán alcanzar el quórum reglamentario de 129 diputados al inicio de la sesión.

Entre las iniciativas más relevantes, el Frente de Izquierda presentó un pedido de interpelación para el propio Javier Milei, mientras que Encuentro Federal impulsa citar a Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona. A su vez, Unión por la Patria busca interpelar a la secretaria general de la Presidencia, y la Coalición Cívica apunta al jefe de Gabinete. Además, el MID propuso la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA, que estaría integrada por 16 miembros de ambas cámaras legislativas.

Respecto a la publicación que realizó el presidente Javier Milei el viernes 14 de febrero para "difundir" la criptomoneda $Libra, Francos marcó que "mucha gente no ha tomado conciencia de que el sistema de comunicación de la política ha cambiado totalmente".

"En la década del 90 la comunicación era diferente, una cámara de televisión era la forma de comunicarse con el electorado. Hoy es distinto, hoy uno lanza un tuit o un X. El Presidente lanza una comunicación por tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating, entonces es difícil decirle al Presidente -que tiene esa forma de comunicación directa con el electorado- que lo abandone. Es la forma en que ha llegado a ser presidente de la República", afirmó el jefe de Gabinete.

Y aseguró que Milei "tiene perfectamente claro que es presidente las 24 horas", aunque señaló que "dijo que lo había tuiteado de su cuenta personal de economista".

Respecto del DNU que fue publicado en las últimas horas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Francos aseguró que será enviado "de inmediato al Congreso para que lo trate como corresponde, seguramente hoy".

"Hay un procedimiento que empieza por la bicameral", detalló el funcionario y consideró que "ese DNU tiene fuerza de ley mientras no sea rechazado por ambas cámaras". Aunque manifestó que no cree que eso pase porque el decreto "tiene una larga fundamentación histórica" donde se remonta a otros DNUs "que existieron antes en relación al FMI y este no se aleja de lo que se ha tratado antes".

También apuntó a la "famosa ley Guzmán", presentada por el entonces ministro de Economía de Alberto Fernández, que "tenía una cláusula que decía que todos los acuerdos posteriores tenían que pasan por el Congreso. Pareciera que está por encima de la Constitución porque limita facultades del Ejecutivo que surgen de la propia Constitución Nacional".

"El DNU establece la facultad del Ejecutivo para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establecen. Claramente dice que no se incrementa la deuda pública y se dice para qué se va a usar el desembolso: pagar vencimientos con el Fondo y pagar deuda del Estado con el Banco Central, de manera que la deuda bruta del Tesoro no se va a incrementar", completó Francos.

Lo que en un principio fue tomado como un intento casi testimonial de parte de bloques de la oposición en Diputados, se perfilaba este fin de semana con perspectivas de éxito. Hablamos del llamado a sesionar esta semana, para debatir los proyectos presentados por bloques de toda la oposición a partir del estallido del caso $Libra, que se convirtió en la crisis más importante vivida hasta ahora por la administración Milei.

La convocatoria había sido presentada incluso antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Fue el martes 25 de febrero e incluía una decena de iniciativas presentadas en torno al caso conocido como “criptogate”, y era para este martes 11 de marzo. La última semana se corrigió la fecha de la sesión que todavía no ha sido oficializada, pero que la Presidencia de la Cámara baja no podrá eludir convocar: será este miércoles a las 10 de la mañana.

El pedido de sesión fue encabezado por Democracia para Siempre, pero cuenta con las firmas de diputados de Encuentro Federal y hasta se sumó al final un legislador del Pro. La sumatoria de los convocantes, más la totalidad de Unión por la Patria y la izquierda permitirían garantizar el quórum, cosa que a priori muchos creían imposible, pero ahora casi dan por descontada. El desafío estará en que los convocantes puedan tener sus bancadas completas. Algo en lo que no será menor la incidencia de los gobernadores sobre legisladores que les responden y forman parte de esos espacios.

En efecto, ese es el primer desafío de los bloques opositores. Como ya señalamos oportunamente, uno de los legisladores convocantes fue concreto al señalar que esperaban tener quórum “ya que el tema criptoestafa está creciendo. Quien no asista estará blindando a Milei”.

Las últimas medidas del Gobierno no hicieron más que avivar el clima beligerante en buena parte de la oposición dialoguista, que no ha visto con buenos ojos medidas como la designación de jueces para la Corte “en comisión”, o el envío de un DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario.

En caso de concretarse la sesión, se levantaría la reunión del plenario de comisiones prevista para las 11 para tratar la modificación del Régimen Penal Juvenil.

El temario incluye proyectos para crear una comisión investigadora del caso, pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo y todas las interpelaciones planteadas por las diferentes bancadas a la plana mayor del Gobierno, desde Javier y Karina Milei al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Entre las iniciativas presentadas por Democracia para Siempre se incluyó una para crear una comisión investigadora, pedidos de informes y una interpelación a Francos. Pero también se contempla una de interpelación al presidente Milei presentada por el Frente de Izquierda; otro pedido de interpelación presentado por Encuentro Federal que incluye a Karina Milei, Francos, Adorni y Cúneo Liberona; y un pedido de interpelación al jefe de Gabinete planteado por la Coalición Cívica. Además, se incluyó una interpelación presentada por Unión por la Patria a la secretaria General de la Presidencia. En cuanto a los pedidos de informes al PEN, había de DpS, Unión por la Patria, Encuentro Federal y CC.

En caso de habilitarse la sesión, también se trataría sobre tablas un proyecto presentado el viernes pasado por la diputada Victoria Tolosa Paz, que tiene las firmas de diputados de todos los bloques, para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el terrible temporal que se abatió este viernes allí.

Para garantizar la asistencia de radicales, se sumó un proyecto presentado por el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, que exige al Poder Ejecutivo cumplir con la obligación de asistencia al Congreso del jefe de Gabinete, con el fin de brindar informes sobre el denominado caso $Libra.

Precisamente para tratar de desactivar la movida, desde el Gobierno iniciaron contactos con la oposición dialoguista para ofrecer la presencia del jefe de Gabinete para brindarles la información requerida en torno al escándalo cripto.

La mano de los mandatarios provinciales ya se vio en más de una oportunidad en las votaciones del Congreso, siendo la última la que influyó para que fracasara la creación de una comisión investigadora en el Senado, con el rol clave de los radicales.

A sabiendas de la imposibilidad de garantizar las mayorías especiales (dos tercios) para tratar sobre tablas cualquiera de esos proyectos, la idea es lograr emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para despachar en comisión la creación de una comisión investigadora. Cuestión de llevar al recinto el tema en un plazo perentorio.

El pedido de sesión fue firmado por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Danya Tavela, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini (DpS); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Mónica Fein (EF); y en el segundo pedido se sumó Álvaro González (Pro).

Luego de ausentarse en la sesión preparatoria que se cayó este lunes por falta de quórum en la Cámara alta, el bloque de senadores de Unión por la Patria, conducido por José Mayans, le reclamó al oficialismo que “debe entender que el Reglamento del Senado está para respetarse”.

A través de un comunicado, desde el interbloque exigieron que “se cumpla el Reglamento del Senado y se respeten las proporcionalidades en cuanto a la conformación de las comisiones asesoras de la Cámara alta”.

“El año pasado, el oficialismo y aliados resolvieron de forma antojadiza ignorar la representación de este interbloque y repartirse las comisiones, incluso las bicamerales, en forma antirreglamentaria. Hasta se dio el caso de algún senador que terminó integrando el exorbitante número de diecinueve comisiones y otro que ostenta la presidencia de dos comisiones, algo prohibido expresamente por el Reglamento”, recordaron de forma crítica.

Al respecto, plantearon que “toda esta situación hace casi imposible el funcionamiento de este Cuerpo Legislativo”, y sugirieron: “Se deben retomar las buenas prácticas políticas, respetar las normas reglamentarias y establecer los acuerdos básicos que posibiliten una marcha institucional adecuada”.

Previsto originalmente para este jueves, el debate sobre la suspensión de las elecciones PASO que promueve el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se posterga un día. Se realizará el viernes a partir de las 13.

La razón es que los legisladores porteños esperan contar con la definición del debate de la suspensión de las PASO a nivel nacional, que se sabrá en el marco de la sesión de este jueves en la Cámara alta.

El oficialismo porteño no tiene los números asegurados para asegurar su cometido. En principio, aguarda la decisión que tomará el peronismo, que a su vez quiere ver lo que sucede en el Senado. Y los diputados de La Libertad Avanza esperan también ver qué decisión toman los peronistas.

No solo la suspensión de las PASO debatirán este viernes; también deben resolver el adelantamiento de las elecciones.

En un clima envuelto por el escándalo cripto que ocupa la centralidad en la discusión política de estos días, la Cámara de Senadores realizará este jueves la primera sesión del período extraordinario. Primera, pues no descarta volver a reunirse al día siguiente para debatir sobre el pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se resolvió este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, los temas que se pondrán a consideración, a partir de las 12, son la suspensión de las PASO, la ley antimafias, el juicio en ausencia y reiterancia y reincidencia.

Según confiaron a parlamentario.com, no prosperó la propuesta del oficialismo para sumar a esta primera reunión del año la sesión preparatoria. Así las cosas, eso quedó para el próximo lunes 24 de febrero a las 14.

Se sabe que la primera parte de esta sesión que se espera extensa, estará invadida por cuestiones de privilegio contra el presidente de la Nación por el escándalo $Libra, el negocio que Javier Milei “difundió” -tal su explicación- el viernes pasado en las redes sociales, sumergiendo desde entonces a su gestión en una polémica que lejos está de concluir, y que en la Cámara baja ha llevado a algunos bloques a especular con pedidos de juicio político. Según pudo saber este medio, serían más de 30 las cuestiones de privilegio que se plantearían en esta sesión.

En primer lugar se tratará una serie de acuerdos de ascensos militares (ocho) y un pliego diplomático. No está en el temario el pliego del juez federal Ariel Lijo, que se verá si es propuesto en una sesión a realizarse el viernes, si es que el Gobierno cuenta con el número necesario para su aprobación.

Luego se avanzará con el temario de la sesión en este orden: 1°) PASO; 2°) juicio en ausencia; 3°) reiterancia; 4°) antimafia.

El tema que más interés despierta sobre todo en el Gobierno es la suspensión de las PASO. Algo que originalmente el Poder Ejecutivo planteaba como la derogación definitiva de las elecciones primarias, pero que ante la imposibilidad de aprobar el proyecto original, terminó llevando al oficialismo a morigerar por ahora su propuesta.

El proyecto de suspensión fue aprobado el pasado 6 de febrero por 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Si el Senado lo aprueba, las elecciones primarias quedarán suspendidas al menos por este año.

Luego será el turno de juicio en ausencia, una iniciativa inspirada en el intento de hacer justicia por el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994. El proyecto fue aprobado en Diputados por 147 votos a favor, 68 en contra  y 9 abstenciones. A través del mismo se modifica el Código Procesal Penal estableciendo que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, se establece que “la declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”. A su vez, el proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Luego será el turno del proyecto que se propone terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes, aprobado hace dos semanas en Diputados con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50° y 58° del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal y el Código Procesal Penal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”. Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

A priori, este es el tema que más discusión y final abierto promete. Pasa que ya cuando consiguió dictamen, desde varios sectores se presentaron objeciones a lo aprobado en Diputados. Ante las mismas, el oficialismo había aceptado convocar al secretario de Justicia para dar explicaciones ante la comisión, pero la reunión prevista para este martes a las 17.30 se levantó.

Al final de lo que se presume como una muy extensa sesión, se tratará el proyecto de ley antimafia, que tiene dictamen desde el 13 de noviembre pasado. El proyecto cuenta con media sanción desde el 1 de octubre pasado, cuando la votación en Diputados concluyó con 137 votos a favor y 92 en contra. El proyecto tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

Según la iniciativa, todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto de ficha limpia pasadas las diez de la noche de este miércoles, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) en su carácter de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores realizó un pedido de apartamiento para leer una declaración conjunta sobre el gendarme argentino preso en Venezuela.

Durante el debate no había prosperado un apartamiento de reglamento para hacer una declaración que había planteado la diputada de UP Cecilia Moreau: “Este no es un tema para hace run video en Twitter, para mostrar divisiones en el Parlamento, no es un tema de lo que le está pasando a este muchacho y a esta familia para que intenten sacar ventaja política partidaria. Es un tema que nos tiene, como Parlamento, abocar y accionar, hacer algo de verdad”.

“Como muchas otras veces hemos podido producir y elaborar textos y declaraciones conjuntas de la Cámara. Pido que, si realmente queremos acompañar a este gendarme, a la familia y al gobierno de la provincia que viene llevando adelante acciones para pedir por él, nos tomemos en serio el tema y elaborar un texto conjunto”, había pedido.

Promediando la sesión, Iglesias pidió un apartamiento del reglamento para tratar el texto. “Acabo de recibir del diputado Santiago Cafiero la adhesión del bloque Unión por la Patria y la vamos a elevar al menos que alguien me haga llegar alguna negativa como declaración unánime en caso contrario con la firma de los bloques que la aprueban”, aclaró.

El proyecto dice: “Rechazar la injusta detención y cautiverio de Nahuel Agustín Gallo, ciudadano argentino miembro de gendarmería nacional detenido de manera ilegal el domingo 8 de diciembre de 2024 durante un trámite ordinario de ingreso a la República Bolivariana de Venezuela cuando entraba a ese país para visitar a su familia”.

“Denunciar su detención como una práctica ilegitima violatoria de los más elementales derechos humanos y exigir al Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, su incondicional liberación y que, una vez producida, permita su inmediato regreso a la Argentina poniendo a su disposición los medios necesarios”, plantean.

Además: “Exigir a las autoridades venezolanas responsables de la privación de la libertad del gendarme Gallo la adopción de medidas que garanticen el pleno respeto de sus derechos humanos hasta el momento de su liberación lo que incluye el derecho a condiciones de detención dignas, a ser visitado y tener comunicaciones regulares con su familia, contar con asistencia consular y a la designación de su propio abogado defensor”.

Iglesias bregó: “Espero que salga de forma unánime porque simplemente es la reivindicación de los derechos humanos de un argentino injustamente detenido”. Con votación a mano alzada la iniciativa resultó aprobada.

Por la ola de inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional José Luis Espert (LLA) planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador Axel Kicillof a quien le pidió que renuncie por “inepto” y por “abandonar” la provincia. Su discurso calentó el ambiente en el recinto de la Cámara baja durante la sesión de este jueves.

“Mi cuestión de privilegio es contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el responsable esencial de la sangre que se está derramando de inocentes por su inoperancia para combatir la inseguridad que azota a la provincia”, inició su alocución el libertario.

Espert indicó que “la situación en la provincia de Buenos Aires en materia de inseguridad es absolutamente atroz y no hay lugar para los tibios. O se está del lado de los inocentes, o se está del lado de los delincuentes”, y denunció: “Está claro en qué lugar se puso el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof”.

“En lo que va del año más de 60 personas fueron asesinadas en la provincia de Buenos Aires”, precisó y se preguntó: “¿Cuántos inocentes debe el morir adicionales a lo que ya han muerto a mano de homicidas para que el Gobernador conecte con la realidad que vive?”.

“Es para preocuparnos y mucho su inacción y falta de liderazgo que ha transformado la provincia de Buenos Aires no solo el miserable, sino en insegura”, apuntó el economista.

Así, reiteró que desde que inició el 2025 “más de 60 personas fueron asesinadas”, y recordó los recientes casos de los jóvenes adolescentes que fueron hallados sin vida en Florencio Varela, Paloma y Josué, comerciantes como Cristian Velasco que fueron “fusilados” en Mar del Plata, repartidores que son apuñalados como ocurrió con Lucas Aguilar en Moreno y “tantos otros que han perdido la vida por el simple hecho de caminar por sus barrios o llevar sus chicos al colegio o tratar de realizar su actividad como comerciante”.

“La provincia Buenos Aires es una cárcel a cielo abierto donde cuando se oculta el sol directamente hay un toque de queda decretado por los delincuentes que amedrentan a los inocentes que no tienen otra que encerrarse en sus casas con varios candados y hasta con rejas para no ser asesinados”, alertó.

El libertario criticó: “Kicillof no gobierna la provincia de Buenos Aires, directamente la abandona. Permite una provincia sitiada directamente por el terror, donde la inseguridad no es una sensación, no es una estadística fría, tampoco es un conjunto de condolencias que se da por las redes sociales porque cada vez que un delincuente camina libre y una familia llora un ser querido”.

“El gobernador fracasó. Le queda grande el lugar de gobernador de la provincia de Buenos Aires”, apuntó y le pidió que le de “seguridad a los bonaerenses. Dale dignidad a las fuerzas policiales porque hoy la policía cobra miserias, trabajan en comisaría que son verdaderas letrinas con chalecos antibalas vencidos, con patrulleros que se destartalan”.

Fracasaste @Kicillofok. Renunciá o pedí ayuda al Gobierno del Presidente @JMilei para poner orden, llevar tranquilidad y honrar la libertad de los bonaerenses. pic.twitter.com/20gmGJzbJ7

— José Luis Espert (@jlespert) February 6, 2025

También acusó que el mandatario provincial “es responsable político que los jueces y los magistrados no fallen en contra de los delincuentes y tengan miedo de meterlos presos. El combate con el narcotráfico no existe en la provincia de Buenos Aires y debería existir si es necesario a los bunkers de los narcotraficantes hay que pasarlos por encima con tanques y a la policía si es necesario para luchar contra la delincuencia hay que darle fusiles”.

Espert planteó que “la policía no puede tener miedo a usar su arma reglamentaria frente un delincuente como ocurre hoy. Démosle ese poder”, y comparó: “En otros países si un delincuente se anima a levantar la mano a un policía termina hecho harina, y no como acá que el delincuente, fruto del apoyo del encubrimiento del gobernador de la provincia, entra por una puerta y sale por la otra. La puerta giratoria debería ser para los inocentes, no para los delincuentes como ocurre hoy en la provincia de Buenos Aires. El chorro tiene que sentir terror de cometer un delito saber que si levanto un arma frente un policía termina sentenciado de muerte”.

Así, les sugirió a sus pares que “si tienen dudas del relato que les estoy haciendo, visiten, recorren la provincia de Buenos Aires y van a encontrar a un comerciante aterrado, a un padre de familia aterrado cuando lleva a sus chicos al colegio y un trabajador más aterrado todavía”.

“Es hora de que Kicillof rinda cuenta de su evidente fracaso y, personalmente creo, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires solo que le quedan dos alternativas o renuncia a su cargo de gobernador por inepto o le pide ayuda al Gobierno nacional para poder luchar con las fuerzas federales contra el narcotráfico y contra la inseguridad”, le sugirió.

Al cierre de su discurso, mientras era interrumpido con gritos por parte de algunos diputados de UP cercanos Kicillof, Espert alzó su voz: “Basta de impunidad, basta de vivir con este modelo, basta de pagar con nuestras vidas mientras otros cobran con violencia. No nos vengan con excusas, mientras los delincuentes caminan como dueños de la calle y los laburantes corremos como fugitivos”.

Al tiempo que el titular de la Cámara baja, Martín Menem, le pedía por favor a la diputada Cecilia Moreua respeto, el diputado de LLA expresó a los gritos: “No pedimos milagros solamente pedimos que no se sigan enterrando inocentes a manos de delincuentes por culpa de un atorrante como Kicillof…si atorrante”, y remató: “No hay seguridad sin autoridad, no hay justicia sin castigo. Delincuentes, ustedes kirchneristas y asesinos”.

Durante su alocución en la sesión del Senado de este jueves, el cordobés Luis Juez (Pro) ratificó su postura de expulsar al senador Edgardo Kueider de la Cámara alta porque “la conducta es indecorosa, nos ha agraviado a todos”.

El senador del Pro calificó el tema de “delicado, jodido” que “debería unificarnos”. “Podemos tener miradas distintas, pero hay cosas que no podemos tirar una mirada diferente”, señaló.

“Estamos hablando de un acto indecoroso, después podemos discutir qué tipo delictivo es, cómo se califica. El acto de Kueider es un acto indecoroso que no lo lastima a él, nos lastima a todos. Si no podemos distinguir nosotros como senadores de la Nación lo que está bien y lo que está mal estamos en lo peor del mundo”, explicó y resaltó que “el decoro y el indecoro es algo que tenemos que tener como básica”.

Juez ratificó en voz alta: “Lo de Kueider es indecoroso nos ha lastimado, agraviado, ofendido a todos, nadie se puede hacer el tonto. La conducta del senador nos agravió a los 72 senadores, nos puso en un lugar de mierda. Somos todos sospechosos, delincuentes. Eso es inadmisible, no importa cómo pensamos, qué origen tenemos, estas cosas son inadmisibles. Estamos para defender primero nuestro honor, luego ideas y Kueider nos metió un puñal en el honor de todos nosotros. ¿Qué no podemos ver?”.

“Este es un día espléndido, un día en el que se empieza a depurar la mugre porque no quiero estar en este techo con personas que tienen este tipo de conductas. Este tipo nos agravió”, insistió.

Juez resaltó que entró el pedido de la jueza federal para que se lo desafuere para poder detenerlo y criticó: “Estamos dudando si la conducta de un senador que lo encuentran a la 1 de la mañana con 200 mil dólares cruzando la frontera con su secretaria con el carnet que dice ‘senador de la Nación’ arrobándose de privilegios y lugares de todos y nosotros acá dudando si esa conducta indecorosa se merece una sanción. La única sanción que le corresponde es la expulsión”.

“Para estar acá necesitamos calidad, cualidad y votos y calidad de ética y somos responsables los que tenemos que levantar la vara, decir lo que está bien y mal sin miedo, aunque lo cometa un compañero. ¿Vamos a tener problemas por una dirigente política que sacó los mismos votos que Kueider? Eso no puede ser un temor, que nos dificulta el quórum, ¿eso puede ser una excusa para que no condenemos la falta de decoro?”, reprochó.

Así, cerró: “Siempre hice política defendiendo valores. Yo no necesito de Kueider para defender mi honor, yo tengo que volver a mi casa. No venimos a entregar nuestra honra a los chanchos, esto no es un aguantadero. Yo hoy estoy defendiendo mi honor, y la forma que encuentro es decirle con claridad que la conducta del senador Kueider merece la expulsión y en ese sentido voy a votar”.

A cuatro días del final del período ordinario, diputados de cuatro bloques intentarán rechazar el decreto de necesidad y urgencia 846/24, que establece modificaciones en la forma de canjear deuda.

Con ese objetivo presentaron este miércoles un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, a fin de tratar el decreto de necesidad y urgencia N° 846/24, que habilita al Ministerio de Economía a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.

Según pudo saber parlamentario.com, en caso de que haya quórum, se va a pedir la prórroga de las sesiones ordinarias, en base al proyecto de resolución presentado este martes por el bloque Democracia para Siempre, a fin de tener más tiempo para sancionar el Presupuesto 2025.

El tratamiento de este proyecto figuraba en el temario de la sesión del martes de la semana pasada, que fracasó por falta de quórum. En esa oportunidad se había incluido el tratamiento del proyecto de ley de reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia. Ahora ese tema no figura.

La sesión fue pedida por miembros de cuatro bloques. Por Unión por la Patria, firman Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Itai Hagman, Carlos Heller, Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Ariel Rauschenberger, Julia Strada y  Pablo Todero.

Por Encuentro Federal están Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Oscar Agost Carreño. Y por Democracia para Siempre están Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo y Danya Tavela, Fernando Carbajal. También firma el santacruceño Sergio Acevedo.

Si bien la sesión especial pedida por el Pro y La Libertad Avanza parecía en un principio no correr ningún peligro de realizarse, todo se complicó a partir del día previo, cuando el Gobierno resolvió postergar el tratamiento del Presupuesto 2025. Y finalmente todas las prevenciones se confirmaron a las 12.31, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, consideró caída la sesión, dando inicio al debate en minoría. Antes de las 12.30, la diputada Silvana Giudici le pidió al presidente del Cuerpo una prórroga, pero éste la rechazó, aclarando que esa presidencia había tomado por conducta ceñirse al reglamento y esa determinación alcanzaba a todos. Así, cuando se cumplieron los 30 minutos de espera, se dio por caída la sesión.

La sesión tenía como objetivo, además de Ficha Limpia, debatir el proyecto de reiterancia y reincidencia, como así también una iniciativa que garantiza el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior.

Convocada para las 12 hubo una extensa reunión previa de Labor Parlamentaria, en la que se habían pactado homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento. Pero todo dependía de reunir los 129 diputados indispensables para arrancar, y se llegaba a la sesión solo con la garantía de contar con los diputados del Pro, LLA, la UCR y otras bancadas menores. Con ellos no era suficiente. Igual, estuvieron cerca: al final, participaron los bloques Encuentro Federal (con algunas bajas) y Democracia para Todos, que habían sido puestos en duda el día anterior. Caída la sesión, se dio inicio a la reunión en minoría, en la que los legisladores insistirán en pedir una sesión la semana próxima y dieron por seguro que la próxima semana sí conseguirán quórum.

Impulsora desde hace años de la implementación de la Ficha Limpia, Silvia Lospennato fue la primera oradora de esta sesión en minoría. Y arrancó diciendo que iniciaba esa sesión “con tristeza por no haber llegado al quórum,  pero también con una alegría que quiero compartir con los argentinos”, expresó, en referencia a que esa sesión ponía a prueba ver quiénes se sentaban en sus bancas.

Señaló en ese sentido que muchos decían que “excompañeros míos en el recinto, que habían firmado conmigo estos proyectos, en Juntos por el Cambio, no iban a venir… Eso no ha sucedido”, resaltó Lospennato.

“Después se preguntan por qué el Congreso tiene mala imagen; siempre ranckeamos abajo en la confianza pública… Tienen que mirar alrededor, vean este recinto semivacío y ahí tienen las respuestas”, agregó Lospennato, que expresó su deseo porque el presidente incluya Ficha Limpia en extraordinarias, si las convoca. Y advirtió: “Después de muchos años, cuando los jueces se acuerdan y hay una condena, ¿qué busca el condenado? Fueros… El año que viene probablemente tengamos uno o más condenados por corrupción sentados en estas bancas para tener fueros. Entonces tenemos que aprobar esta ley de ficha limpia”, que planteó como “la garantía de que no queremos corruptos sentados entre nosotros, que los latrocidas vayan presos, que devuelvan cada peso que se robaron –y vamos a volver en marzo con extinción de dominio”.

Y cerró: “Queremos que este Congreso vuelva a ser honorable y no la cueva de fueros para los ladrones a la patria”.

A continuación, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz expresó su convicción de que la semana que viene “lo vamos a resolver”, en referencia al quórum. “Así que tomemos eso como un intermedio en esa batalla que vienen dando muchos hace muchos años”.

Describió lo que veía a su alrededor como “la confirmación de ese principio de revelación del que habla nuestro presidente. Hoy se puede ver bien claro quiénes son los que quieren que los corruptos sigan teniendo protección de fueros, y solo los ciudadanos probos y honestos puedan obtenerlos”.

Mayoraz consideró que “todos los argumentos que se dieron durante el debate son insostenibles, quizás por eso no están sentados dando el debate, porque no pueden fundarlos”. A su juicio, “este proyecto de ley no viene más que a reglamentar el texto de la Constitución: darle letra efectiva al artículo 16, que habla de la idoneidad necesaria para los cargos públicos”.

A su turno, la radical Karina Banfi destacó que “vemos con claridad quiénes estamos a favor de la transparencia y la honestidad de los servidores públicos y quiénes no”. Advirtió que “no queremos ni coimeros, ni ladrones, ni lavadores de guita, ni prestanombres compitiendo de igual a igual en las listas con gente honesta. Estamos construyendo con los otros bloques”.

“Lo vamos a lograr la semana que viene. Es increíble que hayamos naturalizado la posibilidad de convivir con gente que roba la plata de los argentinos. Que tengamos que convivir con gente con causas penales y además tienen sentencia de condenados. La ficha limpia es la respuesta  a este hartazgo, donde hay una demanda de la sociedad que tenemos que cubrir”, sintetizó.

A su turno el oficialista jujeño Manuel Quintar señaló que la ficha limpia “es un pedido social” y explicó que buscaban incorporar al régimen electoral, puntualmente el artículo 33, al “cohecho, al tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito como condición de no estar condenado para ser candidato”.

Así, apuntó contra UP que “tenía un dictamen propio donde hablaban de estos temas que querían discutir”. “Me llamó la atención la pantomima que hizo el bloque porque teniendo 99 diputados y un dictamen de minoría y que no haya bajado ni uno, no sé qué habrá pasado. Quizás hubo un hecho de corrupción condenado confirmado recientemente con un doble conforme que hizo que no tengan la cara para venir a discutir”, disparó en referencia a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.

Quintar comparó: “¿Por qué un taxista para trabajar tiene que presentar una planilla prontuariales y no tener antecedentes? ¿Por qué razón está mal malversar caudales públicos, pero no estaría mal ser un candidato abusador? ¿Por qué es condición de no ser candidato ser coimero, pero si se puede ser ladrón y candidato?”.

Las razones del enojo de quienes optaron por no sentarse en sus bancas deben buscarse en el fracaso del tratamiento del Presupuesto en el día previo, cuando el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, se presentó en Pasos Perdidos para aclarar que, si bien el Gobierno tiene “voluntad” de “seguir trabajando” para lograr consensos y contar con un Presupuesto nuevo para el año que viene, como “todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, el tratamiento quedaba suspendido. Fundamentalmente los gobernadores son los que mostraron su enojo y encontraron en la sesión pedida para este miércoles una manera de hacerlo saber.

En su intervención, la santacruceña radical Roxana Reyes destacó la labor que se llevó a cabo por impulsar ficha limpia y apuntó contra los bloques ausentes que “son las bancas que bancan a la corrupción”. “Podemos tener muchísimas diferencias políticas, incluso dentro de cada bloque, pero no se puede tener diferencia en permitir que los corruptos, los que han sido condenados en primera instancia, se postulen a ser candidatos. Hay que proteger el derecho de los ciudadanos inocentes, nosotros tenemos que dar la garantía de que los corruptos no puedan volver a ocupar cargos públicos. Es una deuda con la sociedad”, expresó.

La radical manifestó que “alguien que está condenado en doble instancia les ha robado a los argentinos. ¿Cuál es la razón para tener esta diferencia que los que nos robaron no pueden venir a sentarse a la banca?”, y desafió a los bloques: “Que vengan a dar explicaciones porque la ciudadanía los eligió para que los representen, no para que defiendan corruptos”.

Brevemente, el presidente de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, enfatizó que “el comportamiento de nuestro bloque ha sido examinado bioquímicamente en estos diez meses”, y cargó contra las “notables ausencias”: “Hubo 3 del Pro, 2 de La Libertad Avanza y 2 diputadas del peronismo de Córdoba”. Asimismo, cargó contra la autoridad del Cuerpo: “Nunca lo ví con tanto apuro al presidente de la Cámara”, con relación a la caída de la sesión.

En representación de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, titular del bloque, auguró que ficha limpia tendrá media sanción: “Si no es la semana que viene, será más adelante”, pero planteó cuestionamientos contra el sistema electoral en general: “Nuestro Código Electoral lo prevé (candidatos con condenas), pero lo prevé con la trampa de la última instancia y algunos políticos poderosos tienen la posibilidad de transitar la condena en libertad”.

En rigor de ficha limpia, añadió que “el remedio que se intenta es de mínima”, y arremetió contra Cristina Kirchner: “Hablan de lawfare, pero ella está soslayando que tuvo todas las garantías penales a favor que no tienen los criminales comunes”. “En medio del proceso pudo ser candidata a presidenta, senadora, vicepresidenta y todo indica que va a ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires”, se anticipó.

Para culminar su intervención, señaló que “necesitamos otro tipo de justicia”, y reiteró: “Necesitamos auditorías sobre la justicia ni pactos de impunidad, ni que Ariel Lijo sea juez de la Corte y que se convoque a sesiones extraordinarias para que se apruebe el presupuesto y ficha limpia”.

Al cabo de una jornada intensa y con clima enrarecido en Diputados, consecuencia del anuncio oficial de suspender el debate del proyecto de Presupuesto 2025, estaba muy en duda la posibilidad de llevar adelante este miércoles la sesión pedida la semana pasada para tratar un tema muy esperado por muchos, como es el de Ficha Limpia.

En rigor, el pedido fue hecho por del Pro y La Libertad Avanza como Cristian Ritondo, Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Nicolás Mayoraz, entre otros. Y además de Ficha Limpia, el temario incluye el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, como así también el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que viven en el exterior.

Si bien se llegó a este martes con muchas dudas respecto de la posibilidad de firmar el dictamen para la ley de leyes, no dejó de causar sorpresa que la reunión fuera directamente desactivada, y el anuncio de José Luis Espert abriendo la posibilidad de un llamado a extraordinarias para tratar la ley de leyes, habida cuenta de que ya no podrá ser tratado en este período ordinario.

Recordemos que este miércoles vencen los tiempos para dictaminar en las comisiones, y como eso no ha sucedido con el Presupuesto, solo resta la posibilidad de que el Gobierno convoque a extraordinarias.

El mayor enojo corre por cuenta de los gobernadores, sorprendidos este martes con la suspensión del debate. Por eso los diputados relacionados con mandatarios provinciales fueron los primeros en expresar su enojo y anticipar que no tenían disposición a dar quórum este miércoles. Para ellos, la prioridad es el Presupuesto.

Alineados con los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, los diputados de Innovación Federal dejaron claro que no darán quórum para esta sesión.

Los de Encuentro Federal resolverán este miércoles por la mañana, pero trascendió que solo bajaría Margarita Stolbizer, quien ha militado desde siempre el proyecto de Ficha Limpia. Los radicales de Democracia para Siempre sí estaban dispuestos a bajar, pero por la tarde trascendió que habían decidido que no lo harían, a pesar de que uno de sus miembros, Fernando Carbajal, es autor de uno de los dictámenes. Tendrían decidido que sean los del Pro y La Libertad Avanza los que se ocupen de conseguir el quórum.

Sin Innovación Federal ni los de Encuentro Federal, no llegarían al quórum; aun si estuvieran los de Democracia para Siempre, quienes como hemos dicho están muy en duda. Así que todos los caminos parecerían conducir a una sesión frustrada.

Una señal que confirma estas prevenciones la dio al caer la noche el bloque del Pro, con un comunicado en el que anticiparon que ellos estarán este miércoles en sus bancas y esperan “que el resto de los bloques también lo hagan”.

“Esta es una iniciativa que venimos impulsando hace años en conjunto con la sociedad civil, y estamos ante una oportunidad histórica de hacerlo. No dar quórum es darle la espalda a la sociedad. Quienes no ocupen sus bancas estarán jugando a favor de los corruptos”, advirtieron.

Recordaron los diputados del Pro que en la misma sesión incluyeron la modificación del Código Penal sobre la reiterancia, “para que los delincuentes no salgan por la puerta giratoria con la que muchas veces son beneficiados”, y prevén tratar el proyecto para facilitar el derecho al voto de los argentinos en el exterior.

Lo cierto es que tampoco tiene buenas chances una eventual sesión el jueves, en este caso la pedida por la oposición para debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, y el decreto 846 sobre el canje de deuda. De hecho, los diputados que la habían pedido para la semana pasada no la ratificaron, aunque hay que decir que el martes pasado habían solicitado una “prórroga” para este jueves. Por cuestiones reglamentarias, eso quedó en duda: Martín Menem dio por caída la sesión del martes de la semana pasada, así que no podría hablarse de “prórroga”…

Como sea, es difícil que esta eventual sesión se haga, pues los gobernadores mantienen su postura de privilegiar el tratamiento del Presupuesto, y prefieren que eso siga siendo un elemento de presión al Gobierno… aunque el Gobierno no se sienta demasiado aludido.

En caso de rechazar la oposición el DNU 846/24, el Gobierno necesitaría contar con el proyecto de presupuesto que mandó al Congreso, uno de cuyos artículos incluye las facultades que ese decreto de necesidad y urgencia le brinda. Cierto es que si la oposición rechazara ese decreto la semana que viene, no tendría tiempo para tratarlo en el Senado; pero tampoco hay chances de que la Cámara alta se reúna para hacerlo, así el rechazo fuera consumado esta semana.

Con una composición distinta por la reciente ruptura del bloque radical, provocada tras el cisma en el bloque radical, que terminó fortaleciendo a la oposición más dura, la Cámara baja volverá a abrir las puertas del recinto este martes. Allí, ese renovado espacio opositor frente al Gobierno de Javier Milei se encontrará con el desafío de conseguir -o no- su primer éxito legislativo.

El primer objetivo que se proponen alcanzar será conseguir el quórum para la sesión que pidieron la semana pasada. Si eso se logra, está claro para propios y extraños que el resto será cuestión de esperar que transcurra la sesión, pues el triunfo estaría prácticamente garantizado.

La sesión pedida por miembros de los bloques Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Por Santa Cruz, es para debatir la reforma de la Ley 26.122 que en 2006 reglamentó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, como así también se debatirá el DNU 846/24 referido a los canjes de deuda.

El Gobierno se enfrascó los últimos días a la intensa tarea de tratar de desactivar la sesión, sobre todo presionando sobre los gobernadores. No es fácil y lo saben, pues existe un número importante de legisladores dispuestos a ir a fondo para asestarle una doble derrota al Gobierno este martes. Desde el oficialismo hicieron saber que esta sesión “atenta” contra la solidez financiera del Gobierno, como así también conspira contra todo lo conversado  hasta ahora entre el oficialismo y los gobernadores sobre el presupuesto.

Muchos dan por descontado que una eventual derrota de La Libertad Avanza este martes, condenaría al fracaso al proyecto de presupuesto 2025, cuyo tratamiento en comisión se encuentra interrumpido desde hace dos semanas.

Si bien se había especulado con un endurecimiento del principal aliado del oficialismo, el Pro, este lunes por la tarde se acordó en el partido amarillo no dar quórum para esta sesión, con la premisa de “no poner en riesgo la gobernabilidad”. “No vamos a votar con el kirchnerismo”, se remarcó y la postura establecida en la reunión de la que participaron Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador chubutense Ignacio Torres; el jefe de bancada de Diputados, Cristian Ritondo, y sus pares Diego Santilli y María Eugenia Vidal; y los intendente de Vicente López, Soledad Martínez, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Esa postura fue reconfirmada en la reunión posterior del bloque, que tuvo lugar a partir de las 19.

Otro bloque que tomó una decisión este lunes fue el radical, que conduce Rodrigo de Loredo. En el marco de un encuentro por Zoom al que no fueron invitados los cinco radicales más cercanos al Gobierno, por haber malestar en el resto del bloque porque aquellos adelantaron públicamente su posición sin esperar a una resolución del bloque, se informó que los gobernadores sostienen que el presupuesto es el tema central y no quieren que nada enturbie ese debate.

Por eso decidieron no dar quórum y, si arranca la sesión, no votarán con el resto de la oposición, dado que ha primado en ese espacio la idea de “no someter al Gobierno recientemente elegido a estándares no impuestos” a gobiernos como el de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Con todo, habría al menos una postura divergente, que es la de Julio Cobos, quien el fin de semana sostuvo que “este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner”.

Las presiones del Gobierno alcanzaron también al bloque Unión por la Patria, a sabiendas de que con los que pudieran conseguir entre los ex Juntos por el Cambio no alcanzan. El éxito o no de estas negociaciones se conocerá promediando la tarde.

De cara a la trascendental sesión especial convocada por parte de la oposición para este martes a partir de las 15, los bloques han ido definiendo en las últimas horas cuál será la postura que adoptarán en el recinto, donde si se alanza el quórum, se va a debatir la reforma a la Ley 26.122, que reglamenta los DNU, y el decreto de necesidad y urgencia 846/24, de canje de deuda.

Horas después de que el Pro resolviera su postura en una reunión que mantuvieron con su presidente, Mauricio Macri, y otras encumbradas figuras del partido, el bloque radical mantuvo su propia reunión, al caer la tarde. En rigor, fue una reunión virtual, ya que a raíz del asueto en el Congreso con motivo de celebrarse este lunes el Día del Empleado Legislativo, se resolvió que la reunión prevista se hiciera por Zoom.

Según pudo saber este medio, no fueron invitados los cinco diputados que quedaron alineados en las últimas sesiones con el Gobierno nacional, coloquialmente ya conocidos como los “peluca”, y quienes fueron el factor desencadenante de la ruptura del bloque UCR. La razón por la que no se los invitó es que habría “un gran malestar” con ellos por  haber anunciado de antemano públicamente su posición respecto de esta sesión, sin haberla conversado antes dentro del bloque radical.

En la reunión realizada este lunes, el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, informó que había hablado sobre esta sesión con los gobernadores de su partido. Estos señalaron que el Presupuesto 2025 es “lo central” y expresaron que no querían que nada enturbiara ahora ese proceso y las negociaciones en marcha.

Así las cosas, se resolvió que no darán quórum a la sesión prevista para las 15.

Según informaron fuentes consultadas del partido centenario, durante la reunión se escucharon muchas opiniones respecto de la Ley 26.122 y los dictámenes para modificarla. Recordemos que la propia Karina Banfi es autora de uno de los dictámenes que se llevarán este martes al recinto. También se habló del decreto 846, de canje de deuda. Y lo que primó fue la postura de no someter al Gobierno elegido hace menos de un año a “estándares no impuestos a Cristina Kirchner, o al propio Mauricio Macri”.

De tal manera, se estableció que las reglas de juego deben cambiar hacia adelante, no ahora. “Adelante”, debería ser tomado como después de las elecciones de 2025, cuando el oficialismo pueda fortalecer, en caso de irle bien en las elecciones, su presencia parlamentaria.

Con todo, la postura no es unánime, ya que el mendocino Julio Cobos insistió en mantener su postura revelada el fin de semana respecto de la necesidad de cambiar la ley que rige los DNU.

Debió multiplicarse Martín Menem el fin de semana, pues más allá de la actividad partidaria que siguió cumpliendo junto a Karina Milei, recorriendo provincias donde van extendiendo a La Libertad Avanza (fue el turno de Chaco, Corrientes y Formosa), el presidente de la Cámara baja gastó el teléfono trabajando para tratar de desactivar la sesión pedida por la oposición para este martes. No es nada fácil.

Atento a las dificultades de conseguir semejante objetivo, que dependerá de la capacidad de influencia que puedan tener los gobernadores con los diputados que les respondan, el jefe de Diputados cumple con el relato que el oficialismo contrapone contra la intentona opositora. Fundamentalmente con la modificación de la ley que reglamentó en 2006 la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Así, Menem sostuvo este fin de semana que “la Ley 26.122 que ‘repentinamente’ quieren modificar, TIENE CASI 19 AÑOS DE VIGENCIA. Quienes promueven esto SE VALIERON de la misma cuando fueron gobierno. Solamente QUIEREN COMPLICAR al actual GOBIERNO  Priorizan sus intereses y SE OLVIDAN UNA VEZ MAS DE LA GENTE”.

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Los convocantes para la sesión de este martes son 18 diputados que corresponden a cuatro bloques que, sumando sus miembros, dan justo 129. A saber: Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12), Unión por la Patria (99) y Por Santa Cruz (2).

A ellos, podrían sumarse sin dudas a los 5 de la izquierda (Vanina Biasi viene reclamando incluir en el temario al megadecreto 70/23) y muy probablemente a la Coalición Cívica (6).

Pero nada es tan lineal y menos en política. Los bloques tienen vida interna propia y eso implica que más de uno podría no estar de acuerdo con sumarse a la sesión. Convengamos, de paso, que solo darán quórum aquellos diputados que están interesados en que ambas propuestas del temario sean aprobadas, lo cual implica que, si la sesión arranca, la derrota del Gobierno estará asegurada.

De ahí que quienes se ocupan de hacer el poroteo parten de ese número inicial mencionado (129) para restar aquellos que puedan hacer bajar. Partiendo de los que respondan a los gobernadores. De los 16 de Encuentro Federal, el oficialismo podría esperar un gesto de al menos 3 de los 5 cordobeses. No incluyen a Natalia de la Sota, que suele votar siempre en contra del Gobierno, aunque esta vez llamó la atención que no estuviera entre los firmantes de la convocatoria. Tampoco a Juan Brügge, que sí firmó el pedido de sesión.

También aspiran a la eventual ausencia de Jorge Ávila y Francisco Morchio, alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente.

Le llamó la atención al ofiicalismo que tampoco firmara la convocatoria el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, pero el Gobierno no se ilusiona con él, a quien tanto viene fustigando sobre todo el presidente.

De la docena que compone el bloque de radicales disidentes, Democracia para Siempre, no se esperan deserciones, más allá de que la radical Melina Giorgi esté alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro. También Jorge Rizzotti está con su gobernador Carlos Sadir (Jujuy), quien ya cumpliría restándole al quórum a Natalia Sarapura, que sigue en el bloque UCR. El otro diputado con gobernador es el chaqueño Juan Carlos Polini, que justamente estuvo enfrentado con el gobernador Leandro Zdero en las primarias del año pasado, pero se alineó con su vencedor, quien además preside el partido a nivel provincial.

El santacruceño Sergio Acevedo firmó el pedido de sesión, no así su compañero de bloque, José Luis Garrido. No sería la primera vez que ambos integrantes del bloque Por Santa Cruz se diferencian a la hora de votar.

Del bloque Unión por la Patria, aquellos diputados que están bajo la lupa son los catamarqueños. De los 4 que integran el bloque de la principal oposición, 3 son los que se han diferenciado en ocasiones del resto del bloque: Fernanda Ávila (la única integrante de UP que estuvo la semana pasada en Estados Unidos), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Curiosamente (o no) Silvana Ginocchio se mantiene alineada con el resto del bloque que conduce Germán Martínez.

A priori, no hay mucho más para el Gobierno entre lo que pueda confiar. Serían 8 bajas que podría asegurar, aunque no alcanzarían para voltear la sesión. Porque como hemos dicho, a los 129 de los bloques convocantes habría que sumar a los 5 de la izquierda y a algún radical (especulando con que ese bloque decida no sumarse este martes), como Julio Cobos, que el fin de semana ya anunció su voto a favor de la reforma de la Ley 26.122. También al monobloquista Mario Barletta. Y por lo menos a algunos de la Coalición Cívica, que si bien no se sumaron a la convocatoria opositora, cuentan por ejemplo con la anuencia de Maximiliano Ferraro, que defendió esa modificación de la ley de los DNU el fin de semana.

A la hora de votar, también podrían sumarse desde el Pro Alvaro González y Héctor Baldassi.

Una alternativa que también podría llegar a darse en la sesión de este martes sería “la vía salomónica”. Esto es, la media sanción de la reforma de la ley de los DNU, cuya aprobación definitiva en el Senado quedaría para el año que viene y el presidente vetaría en ese caso, y el “no rechazo” del decreto 846/24, de canje de deuda.

Ese último punto es el que más preocupa al Gobierno, como ya lo anticiparon, y es allí donde podría llegar a diferenciarse el número de diputados suficientes como para que esa herramienta clave para el ministro de Economía el año que viene, con tantos vencimientos de deuda, quedara a resguardo. El argumento que pondría a muchos a resguardo sería el de que la inclusión del decreto 846 en el temario fue una imposición del kirchnerismo.

El organigrama que el oficialismo había difundido de manera informal en los últimos días se modificó sustancialmente conforme se aproximaban las fechas previstas en el mismo. Lo que se esperaba era un esquema organizado en el que se contemplaban cuentas pendientes propias para el oficialismo y para con sus aliados más fieles -una y una al menos-, más el tradicional tratamiento del proyecto del presupuesto, cambió súbitamente.

Puede que esa alteración haya estado motivada en la arremetida final en el recinto de Diputados (por tratarse de fin de año y quedar solo tres semanas para el final del período ordinario), pero las señales muestran atisbos de una actitud deliberada en el sentido que parece estar siendo trazado por el oficialismo.

Digamos todo: el oficialismo ya tiene todo lo que deseaba para este primer año legislativo, que le debería dejar un gusto dulce, más allá de algún claroscuro. En materia de leyes, no podía pedir más con una composición tan escueta en ambas cámaras. Pero hasta en materia de promesas electorales debe darse por cumplido: cuenta con la Ley de Bases, más chica que la propuesta original, pero suficiente; y ha logrado resistir los débiles embates contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que incluye innumerables modificaciones y es la génesis argumental para el embate contra la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. Con eso puede darse más que por hecho en 2024, y si lo apuran, también para 2025.

En diálogos privados, las fuentes oficiales aclaran que las dos premisas que llevaron a La Libertad Avanza hasta el poder eran bajar la inflación y más seguridad, y eso lo dan por logrado. No hubo promesas electorales de orden legislativo, al menos de primera generación, y en la materia hicieron lo que podían hacer y más.

En el debe, ponen sí el no haber podido completar la composición de la Corte Suprema, pero quienes escuchan a esos voceros legislativos intuyen que esa sigue siendo una materia pendiente, mas no abandonada.

Llama la atención que en este análisis parcial no entre la aprobación del Presupuesto 2025, cuando el propio presidente Milei pareció darle preponderancia al ocuparse personalmente de presentarlo en el Congreso. Visto a la distancia, hoy esa puesta en escena no parece haber sido más que eso. Contrariando todas las tradiciones -a estas alturas, un clásico libertario-, poniendo al presidente en un lugar que debió haber ocupado el ministro de Economía, sin la obligación de recibir preguntas, y a este último exceptuándolo del trámite de ir a la comisión respectiva.

Llamó la atención que el oficialismo se tomara su tiempo para dar inicio al tratamiento del proyecto. Después de la presentación, se anticipó que dejarían libre la segunda mitad del mes, para arrancar recién con el debate en octubre. Llegado el mismo, se salteó la primera semana, dedicándola al inicio de otro debate coyuntural, el de la privatización de Aerolíneas.

También sonó extraño que en ese cronograma se hablara de reuniones semanales de la Comisión de Presupuesto, dejando casi sin tiempo el debate puntual entre los legisladores. El desfile de funcionarios fue en definitiva escueto, con eclécticos informes de funcionarios que salvo la presentación inicial de Carlos Guberman y Pablo Quirno, desviaron el eje de la discusión hacia orillas diversas.

Mientras tanto, se desarrollaban en otras oficinas diálogos con legisladores de aquellas bancadas que deberían brindar los votos para la aprobación del proyecto, siguiendo el esquema desarrollado en la etapa exitosa del debate de la Ley de Bases. Pero con diferencias: ni fue con todos, ni fue continuo, ni pareció productivo. Tampoco pareció cumplir su objetivo el “debate en espejo” prometido con senadores. Salvo la presencia de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche en esas charlas privadas, y la aislada de algunos senadores interesados en las escasas reuniones de Presupuesto y Hacienda realizadas, no da la sensación de que cuando el proyecto llegue a la Cámara alta no despierte el interés modificatorio de un número importante de senadores, como sucedió con Bases.

Claro que para que eso suceda, antes debería haber una media sanción. Y a esta altura eso está en veremos.

Van dos semanas sin que la comisión que preside José Luis Espert se reúna. Y para la próxima, el tema sigue sin aparecer en la agenda. Esas ausencias abonan las dudas que crecen, de la mano de los dichos de voceros principalísimos del Gobierno que soslayan la importancia de contar con el presupuesto y dan crédito a la creciente sospecha de que, por primera vez en la historia, una administración prorrogará dos veces seguidas el último texto aprobado.

Llaman la atención también las suspensiones. Primero, la de una conferencia de prensa convocada sorpresivamente para el 30 de octubre para hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025. La suspensión se anunció diez minutos antes de las 17.30, hora prevista para la reunión. Se supo que el levantamiento obedeció al rechazo de los diputados del Pro, al enterarse de que allí se anunciaría la disposición a redireccionar hacia la educación, partidas provenientes de los fondos destinados a los partidos políticos. Una medida inconsulta, dejaron trascender legisladores aliados. La conferencia de prensa no fue reprogramada.

La semana pasada, también sorpresivamente para unos días en los que se había anticipado que no habría encuentros relevantes por estar buena parte de los legisladores en Estados Unidos, se anunció la reanudación del tratamiento del presupuesto, con la presencia del ministro de Salud. Un día antes, también se suspendió, por problemas de agenda. Sonó inquietante que al anunciarse el impasse, se hablara de “suspensión hasta nuevo aviso”.

Tampoco volvió a reunirse la “mesa de los lunes”, que junta a diputados del Pro y el MID con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La última vez que se hizo ese cónclave estuvieron también los radicales... E inmediatamente después vino la ruptura de ese bloque.

Todo el mundo sabía que la oposición buscaría convocar a debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, que para eso se apuró su dictamen. Para respetar acuerdos, no se intentaría hacerlo la semana que pasó, pero sí lo intentarían para la que viene. Y era de manual que no lo harían en el marco de la reunión formal que se esperaba pidiera el oficialismo para el miércoles 13, sino en una sesión especial que solo requiriera conseguir el quórum.

Sí sorprendió que al conocerse el temario del pedido hecho para este martes 12, se incluyera el tratamiento del decreto 846, sobre canje de deuda. Se sabía que ese objetivo estaba en la mira de los senadores de Unión por la Patria, pero finalmente lo impusieron sus diputados. El oficialismo acusó el impacto y, mientras se abocaba a tratar de desactivar esa reunión, dejó de lado la sesión que informalmente había programado para este miércoles. Podrá decirse que lo hizo ante la certeza de que no tendría los votos para aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas, tema insignia para esa sesión. Pero lo que queda claro es que prefiere mantener las puertas del recinto cerradas, pues tampoco convoca para tratar “ficha limpia”, un tema acordado fundamentalmente con sus socios del Pro. Proyecto que, por otra parte, fue dejado de lado en la sesión del 2 de octubre pasado, que se limitó a ley antimafias y Boleta Única de Papel.

En privado, fuentes oficiales admiten que no los desvela aprobar “ficha limpia”, que eso no estaba en sus propuestas electorales, como así tampoco la Boleta Única, y así y todo la aprobaron. Habrá que ver cómo reaccionan sus aliados del Pro ante el desaire, pues les queda claro que el oficialismo prefiere congelar un proyecto que de ser ley dejaría fuera de carrera a Cristina Kirchner, quien esta semana se espera sea condenada en segunda instancia, quedando así inhibida para ser candidata en caso de transformarse en ley el dictamen aprobado en Diputados.

Ya estaba claro que ese proyecto no regiría para las próximas elecciones, pues con la demora ¿deliberada? en Diputados, los tiempos ya no daban para la aprobación en el Senado. Y tratándose de un proyecto de orden electoral, no debería ser tratado el año que viene, de elecciones. Todos saben que si se tratara de un proyecto de interés del oficialismo, podría ser incluido en un temario acotado de extraordinarias. Eso no sucederá.

El presupuesto también podría tratarse en extraordinarias, de ahí que no debiera haber tantas dudas… pero ya el Gobierno se ocupó de decir y reiterar que no las convocará. Y no hay porqué dudar de semejante insistencia.

Se esperaba que esta semana se diera esa última sesión en Diputados para tratar otros temas, dictaminar el presupuesto y llevarlo al recinto esta semana. Y en una prórroga de ordinarias, hacer un debate exprés en el Senado.

Pero ya esta semana no se vislumbra la reanudación del debate del presupuesto en comisión, más aún si la oposición le asesta una derrota al oficialismo este martes de una semana ya poblada de reuniones de comisión, encima corta por el asueto del Día del Trabajador Legislativo, este lunes.

En una semana que lo tuvo como protagonista, al quedar designado ante la bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social y del GPA con Brasil, el diputado misionero Martín Arjol, uno de los radicales aliados al Gobierno, anticipó el voto en contra de la reforma de la Ley de DNU.

La postura fue comunicada a través de un extenso posteo en su cuenta de “X” tras el pedido de sesión especial para el próximo martes que presentó el bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, del cual se firmaron un dictamen de mayoría de UP, DpS y EF, y otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Arjol adelantó que junto con los “radicales peluca” Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, sumado a Francisco Monti, van a “rechazar el dictamen del kirchnerismo”, y explicó que su posición tiene tres ejes: “Equilibrio fiscal, dejar gobernar y respeto por las instituciones”.

En ese sentido, remarcó: “Esta posición nos ha traído conflictos internos; es lo que menos nos importa”. Se refiere al pedido de expulsión del bloque que hubo luego de que votaran en contra de la ley de financiamiento universitario y tras la foto en Casa Rosada lo que conllevó a la ruptura de la UCR tras la salida de una docena de diputados que conformaron el espacio Democracia para Siempre bajo la conducción de Pablo Juliano.

“El Gobierno de Milei ha enfrentado dos intentos de desestabilización financiera: jubilados y universidades”, recordó y advirtió que “se viene un tercer intento de desestabilización institucional, esta vez: los DNU.

El diputado misionero aclaró. “No somos libertarios. Somos radicales que quieren que a este Gobierno le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien. Dar gobernabilidad a Milei para que lleve adelante su plan económico es el objetivo”.

Así, destacó: “Tenemos el riesgo país más bajo en seis años. Tenemos el dólar a $ 1.200. En diciembre del año pasado la inflación estaba en 25,5%; hoy quizás perfore el 3 %. No retrocedamos”, y ratificó su postura: “Por eso, nosotros bancamos el discurso de equilibrio fiscal”.

Arjol explicó que para que un DNU sea rechazado se requiere que las dos cámaras se expidan y apuntó: “Los K pretenden que baste con el rechazo de una sola Cámara y que pierda vigencia si no es ratificado en un plazo de 90 días”, lo que calificó como “una locura inconstitucional”.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta). Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

“Coincidimos en que debemos limitar esta herramienta”, consideró, pero resaltó que “el DNU está previsto en la Constitución; le permite a un jefe de Estado legislar en circunstancias excepcionales”.

Arjol señaló que “la Argentina era un tren bala camino a la hiperinflación. Y ningún presidente en la historia de este país tuvo tanta debilidad parlamentaria como Milei”. En esa línea, comparó que “Néstor Kirchner gobernó con 236 DNU. Alberto Fernández con 177. Cristina Fernández con 78. Milei lleva cinco”, aunque en realidad lleva firmados más de 40 decretos de ese tipo.

“El kirchnerismo, que hizo del Congreso una escribanía, ahora es republicano. Agarran un tema noble (otra vez) para voltear al Gobierno”, denunció y retomó las palabras de su par Francisco Monti: “Gran parte del arco político argentino ha bregado durante 30 años por la continuidad de los DNU. Ahora abrazan otra biblioteca jurídica”.

“Así de simple vamos apoyamos a la Argentina. Y queremos que no vuelva el kirchnerismo. Que No Vuelva Mas”, cerró su posteo en redes que acompañó con la foto de los cinco radicales rebeldes que se sacaron en Casa Rosada ocasionando la posterior ruptura del bloque.

El jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo De Loredo, ratificó el respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra el Gobierno porque “estiran, patean, dilatan y han agravado la crisis Universitaria”, al tiempo que señaló que “es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal”.

En la sesión de este miércoles, el radical planteó: “Si el problema es la baja tasa de egresados que tienen nuestras universidades que son 28 cada 100 alumnos, cuando en Brasil tenés 46, en Chile tenés 69, no estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta tendiente a determinar si en algunas facultades o universidades debiéramos de tener más rigurosos exámenes de inscripción”.

“No estaría sobre nuestras bancas alguna propuesta que resuelva este flagelo que tenemos en la educación secundaria, en donde el 50% de nuestros egresados no terminan de comprender lo que leen y, finalmente, las trayectorias truncas en las universidades terminan dándole a esos estudiantes las herramientas que el secundario no dio”, apuntó.

Así, sumó: “Si lo que verdaderamente estuviera en discusión fuese la transparencia, el uso de los fondos del conglomerado universitario argentino y consideraran que es insuficiente la rendición de cuentas, por cierto, tardía de la Auditoría General de la Nación, estarían sobre nuestras bancas alguna propuesta para mejorar controles y auditorías de desempeño con metas”.

De Loredo señaló que, de esa manera, “habrían de haber integrado la Bicameral de Rendición de cuentas, habría cuanto menos conformado la AGN si, en definitiva, se trata de poner en discusión este valor tan sagrado que tenemos que la autonomía universitaria”.

“Si el problema es el financiamiento o la supuesta gratuidad, estaríamos discutiendo si habría que cambiar el criterio de las becas para la universidad o animarse a discutir si los graduados pudieran aportar con parte del Impuesto a las Ganancias y devolver en parte lo que le ofreció una universidad pública”, expresó.

En esa línea, siguió: “Sí lo que está en discusión son los objetivos científicos y de investigación, porque debieran de priorizarse aquellos que potencien la actividad económica social y no destinarse recursos económicos o humanos a investigar telenovelas o cine militante, habría alguna propuesta al respecto”. “Si lo que estuviesen discusión son aquellas universidades creadas al calor de la política, estaríamos analizando cuál de aquellas verdaderamente se vinculan con el apalancamiento productivo de la región de la que se trate y cuáles no”, propuso.

“Si estuviésemos discutiendo actualizar los contenidos universitarios, habría una propuesta de ustedes que proponga reducir las carreras, certificar conocimientos vincularlas con el mundo del trabajo. Si estuviésemos discutiendo equilibrar la oferta con los extranjeros, estaríamos cuanto menos discutiendo sea reciprocidad”, agregó.

En tanto, De Loredo apuntó: “Pero no hay sobre nuestras bancas una sola propuesta vinculada a ninguna de las reformas que, seguramente necesitan nuestro conglomerado de universidades argentinas, para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado y estaríamos discutiendo”.

“Lo único que estamos discutiendo es un ajuste. Estamos discutiendo eventualmente el tamaño del ajuste. Un ajuste que este bloque ha demostrado entender que es necesario en la Argentina para estabilizar la economía, pero nos embarga la pregunta de por qué han escogido arteramente que el ajuste sea para con el conglomerado de la universidad argentina de un 20% superior que el promedio del ajuste al resto del sector público. Si el resto del sector público perdió en un 50% con la inflación, por qué es que la comunidad universitaria Argentina perdió un 68% casi 20 puntos más”, criticó.

El radical alertó que “esconde esta decisión de financiamiento, una voluntad política que me gustaría que la pongan sobre la mesa de entender, que no quieren sostener un sistema público universal y gratuito. No lo sé si en el fondo es lo que quieren. Lo que sí sé, es que la serie de argumentos de reformas que necesitan las universidades no tiene una sola propuesta de ustedes”.

El cordobés recordó que hace 10 meses el bloque que “no pueden señalar de obstruccionista porque ha demostrado sobradas veces que está dispuesto a cooperar, viene bregando para que ustedes resuelvan este tema de la forma natural, por los canales normales por los cuales se tiene que resolver que es una paritaria con el sector docente, pero ustedes estiran patean dilatan y han agravado la crisis universitaria”.

“Es absolutamente falso que no hay una previsión de gasto para la propuesta esta porque claramente presupuestos que ustedes prorrogaron, en el artículo 130 exactamente prevé que el 1,33% del PBI tiene que estar dedicado al financiamiento educativo. Es falso que esto pueda quebrar la ecuación del equilibrio fiscal porque el 0,14 que prevé la Oficina de Presupuesto del Congreso equivale al 10% el superávit primario”, detalló.

De Loredo mostró preocupación por el “riesgo al que someten el prestigio de nuestras universidades con este discurso absolutamente lesivo por el uso político de estas agendas, de esta herramienta central. El desprestigio al que quiere someter esta herramienta por el uso político es algo que ya conocemos los argentinos”.

“El peligro en el que estamos es que, si triunfan unos, pareciera que se garantiza el estatus quo y nada tiene que cambiar en el sistema universitario argentino. Si triunfa el otro, vamos camino al desfinanciamiento de la sustitución de este modelo por un modelo excluyente y un modelo de Elite”, advirtió.

El jefe de la UCR señaló que las universidades son una “herramienta de acceso universal. Es una herramienta valiosísima para mezclarnos los argentinos, para aliviar nuestras fragmentaciones y dar una sustentabilidad social”.

“Me toca estar acá conduciendo un bloque en un momento de absoluta turbulencia política. En un momento de absoluta atomización y hemos usado hasta el último de los esfuerzos para llevar la totalidad de los votos. El bloque de la UCR va a insistir con esta ley de la cual fue autor y de esta ley que procura defender uno de los pilares, todavía en pie, que hace la movilidad social ascendente de la República Argentina”, cerró.