A más de un año y medio de iniciada la pandemia de Covid en Argentina, esta semana el Congreso retomará las sesiones plenamente presenciales. La última vez que el recinto de la Cámara de Diputados sesionó con sus bancas llenas y sin barbijos fue el 27 de febrero de 2020, mientras que el Senado lo hizo el 12 de marzo, cuando apenas existían 31 casos y un fallecido por el virus. Una semana después vendría el ASPO decretado por el Gobierno nacional.

Durante el período ordinario de 2020 (sin contar la Asamblea Legislativa, las sesiones en minoría y las preparatorias) el Senado llevó a cabo 27 sesiones remotas, mientras que la Cámara baja concretó 15. En tanto, en lo que va de 2021, año marcado por las elecciones, situación que siempre muestra una disminución el trabajo parlamentario, la actividad del recinto bajó notablemente: hasta este 4 de octubre, la Cámara alta se reunió 12 veces, mientras que Diputados lo hizo solamente en 5 oportunidades.

Un repaso por los momentos más destacados de la virtualidad en el Congreso

ACCIÓN DE PRIMERA HORA. En el primer día de la cuarentena más estricta, el 20 de marzo de 2020, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se reunió por videoconferencia con todos los jefes de bloques. Durante la charla, que fue transmitida por el canal Diputados TV, los legisladores plantearon una serie de inquietudes y propuestas ante la inédita situación que se vivía. Por su parte, Massa aseguró que se iba a constituir la Comisión de Modernización para trabajar en la implementación del sistema remoto y en la firma digital de expedientes.

DEBUT DE LAS COMISIONES. El 30 de marzo de 2020, la Cámara de Diputados realizó la primera reunión virtual de comisiones, durante la que expuso el entonces ministro de Educación, Nicolás Trotta, convocado a raíz de la suspensión de las clases presenciales. Ese fue el puntapié inicial para una seguidilla de reuniones informativas con funcionarios en ambas cámaras.

CONSULTA A LA CORTE. El 14 de abril de 2020, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza sobre la validez de sesionar de manera virtual, de modo que nadie pudiera objetar en un futuro la sanción de leyes bajo esa modalidad. Diez después, el máximo tribunal rechazó expedirse en torno al tema, pero en su fallo dio vía libre a que la Cámara alta avance en su autonomía para regular su funcionamiento.

El 4 de mayo de 2020 CFK firmó un decreto que establecía las pautas para la realización de las sesiones remotas, en las que solamente podían estar presentes en el recinto los secretarios, los vicepresidentes y ella. El sistema se fue prorrogando sucesivamente mediante la misma vía, decretos firmados por la vicepresidenta que fueron refrendados por el pleno, no sin tener en varias ocasiones el rechazo de la oposición y la advertencia sobre las mayorías necesarias para su aprobación. Con el correr de los meses, se fue incorporando la posibilidad de que un grupo de senadores esté presente en el recinto.

UNANIMIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN PROTOCOLO. En la Cámara de Diputados el sistema para sesionar fue distinto al Senado. Las sesiones se realizaron de manera "mixta" bajo los parámetros establecidos en un Protocolo de Funcionamiento Remoto que se aprobó el 29 de abril de 2020 con aval de todos los bloques en las comisiones de Modernización y de Poderes, Reglamento y Peticiones. Esa herramienta sería la que se utilizaría a lo largo de los meses, mediante sucesivas prórrogas aceptadas por los jefes de bloques en Labor Parlamentaria, y con ciertas modificaciones a medida que se iban flexibilizando medidas. El último vencimiento del protocolo fue el 23 de junio de este año y ya no se renovó.

ENSAYO CON PROBLEMAS. El 6 de mayo de 2020, con el recinto copado por pantallas, donde aparecían los rostros de los diputados conectados virtualmente, bajo el marco de una capacitación de la Ley Micaela, en la que participó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la Cámara baja llevó a cabo un simulacro de sesión remota. Pero, en esa oportunidad, se generaron constantes fallas técnicas en la conexión segura, sumadas a la falta de capacitación de algunos legisladores, lo que obligó a posponer la reunión.

MOMENTO HISTÓRICO. El 13 de mayo de 2020, el Senado realizó la primera sesión remota de su historia, durante la que fue aprobado por unanimidad el decreto de la vicepresidenta sobre las pautas del sistema virtual para sesionar y un paquete de DNU's referidos a las medidas por la pandemia. Más tarde hizo lo propio la Cámara de Diputados, donde se avanzó con la exención del pago del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales y la denominada “Ley Silvio”, de protección al personal de salud.

Ambas cámaras volvieron a sesionar paralelamente el mismo día, el 21 de mayo. El Senado convirtió en ley los dos proyectos aprobados en Diputados y también una nueva regulación para la Cruz Roja, mientras que la Cámara baja avanzó con la receta médica digital y la incorporación de la educación a distancia para casos excepcionales.

POLÉMICA. A medida que la cuarentena se prolongaba, la oposición iba alzando la voz sobre la necesidad de retomar el trabajo presencial. Pese a que los casos de Covid ya superaban los 9.000, Juntos por el Cambio organizó una nueva -la anterior había sido en abril- "travesía por la democracia". El 1ro. de septiembre de 2020, el Protocolo de Funcionamiento Remoto se encontraba vencido, con lo cual los diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI se congregaron en su mayoría en el Congreso para asistir al recinto, mientras que el Frente de Todos y otros espacios de la oposición pretendían continuar con el funcionamiento virtual que, dicho sea paso, se fue aceitando con el correr de las sesiones, muchas de ellas extendiéndose por largas horas. Las negociaciones en Labor Parlamentaria se extendieron por casi ocho horas y finalmente no hubo acuerdo: el interbloque conducido por Mario Negri anunció que impugnaría ante la Justicia la sesión por la supuesta invalidez del protocolo, que fue renovado sin aval de su bancada. Unos 94 diputados de ese espacio coparon el recinto y denunciaron que el quórum fue irregular. La discusión llevó otras seis horas de duros cruces durante la sesión. Finalmente, en la madrugada, se aprobaron los dos proyectos del temario: el aumento de multas por pesca ilegal y una ley de reactivación del turismo.

POLÉMICA II. También durante septiembre de 2020, se generó un escándalo sin precedentes: la suspensión de un diputado en plena sesión. Durante la sesión virtual, en la pantalla instalada en el recinto se lo vio al salteño Juan Ameri protagonizando una escena "hot" con su pareja, que quedó a la vista porque estaba con la cámara encendida. Ante esto, Sergio Massa lo suspendió de inmediato y horas después, presionado desde el propio bloque, el oficialista presentó su renuncia.

VUELTA AL RUEDO. Transcurrido más de un año y medio desde el inicio de la pandemia, y en un contexto de numerosas reaperturas de actividades, la oposición volvió a presionar por la vuelta plena de la presencialidad en el Congreso. El pasado 23 de septiembre, Massa firmó una resolución de "Protocolo para el Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido", que mantenía excepciones para diputados y la potestad a los presidentes de las comisiones para decidir qué modalidad utilizar en las reuniones. Sin embargo, una semana después el presidente del Cuerpo emitió una enmienda a esa resolución y, respondiendo a los planteos de Luis Di Giacomo -diputado rionegrino aliado- y no precisamente a los de Juntos por el Cambio, dispuso el retorno a la presencialidad total.

De esta manera, todos los legisladores que cuenten con PCR o test rápido negativo podrán participar de la sesión, mientras que las excepciones -personas con enfermedades de riesgo o embarazadas- "serán consideradas exclusivamente al solo efecto de la acreditación de las licencias y las ausencias" que se rigen por el reglamento.

Por su parte, también ante los reclamos que se levantaban en el Senado, la vicepresidenta resolvió la vuelta de las sesiones presenciales, de las que podrán participar quienes estén vacunados con las dos dosis y tengan un resultado negativo de test rápido de Covid.

La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el decreto 9/21 que vuelve a extender por 60 días las sesiones remotas, sistema que se aplicó desde el comienzo de la pandemia.

En los considerandos de la medida, se señaló que "el sistema implementado para la realización de sesiones en modo remoto o virtual ha resultado exitoso a los fines de garantizar el funcionamiento en la presente emergencia, cumpliendo con el más alto objetivo de dar respuesta a la realidad imperante".

"Corresponde continuar con dicho sistema, atento a que el funcionamiento del Congreso de la Nación resulta esencial para el normal desarrollo de la vida institucional argentina, especialmente ante situaciones de emergencia, las que deben ser tratadas dentro del Estado de Derecho", agregó.

Similar a los decretos anteriores, la nueva prórroga establece que el Frente de Todos, como bloque de la mayoría, y Juntos por el Cambio, como primera minoría, están facultados para sumar en modo presencial en el hemiciclo a seis miembros cada uno, los cuales pueden rotar en las bancas durante el debate.

En tanto, la segunda minoría (el interbloque Parlamentario Federal) podrá sentar a dos de sus miembros, mientras que las demás bancadas podrán solicitar que uno de sus integrantes esté presente en la sesión.

Los legisladores deberán informar a la Secretaría Parlamentaria con 24 horas de antelación a cada sesión la identidad de los miembros designados a concurrir en forma presencial, para disponer de las respectivas medidas sanitarias, tecnológicas y de seguridad necesarias.

En el arranque de la sesión de este jueves -sin debate-, el pleno del Senado aprobó la prórroga por el plazo de 60 días de las sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, mecanismo utilizado desde el comienzo de la pandemia.

La votación cosechó 62 votos a favor, uno en contra, de la mendocina Pamela Verasay (UCR), y una abstención, de la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal).

De acuerdo al decreto 8/21, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 22 de junio, las sesiones continuarán realizandose de manera mixta, con un reducido número de legisladores dentro del recinto.

En ese sentido, el Frente de Todos, como bloque de la mayoría, y Juntos por el Cambio, como primera minoría, están facultados para sumar en modo presencial en el hemiciclo a seis miembros cada uno, los cuales pueden rotar en las bancas durante el debate.

La segunda minoría (el interbloque Parlamentario Federal) podrá sentar a dos de sus miembros, mientras que las demás bancadas podrán solicitar que uno de sus integrantes esté presente en la sesión.

Los legisladores deberán informar a la Secretaría Parlamentaria con 24 horas de antelación a cada sesión la identidad de los miembros designados a concurrir en forma presencial, para disponer de las respectivas medidas sanitarias, tecnológicas y de seguridad necesarias.

Los bloques del Frente de Todos y Juntos para el Cambio deben superar un nuevo y reiterado obstáculo para continuar con las sesiones remotas en la Cámara de Diputados, en el marco de la pandemia por coronavirus, por lo que algunos estan presentes en las bancas y otros estan conectados virtualmente por la plataforma Webex.

Todo indicaba que el próximo miércoles o jueves iba a haber sesión en la Cámara baja para dar media sanción al proyecto de ley que modifica el Monotributo, una reforma que esperan los pequeños contribuyentes porque sino deben pagar en forma retroactiva al mes de enero.

Sin embargo, “no hay ninguna certeza de que haya sesión”, sostienen distintas fuentes parlamentarias y se debe a que “el próximo miércoles vence el protocolo y no hay definición alguna al respecto”.

Desde Juntos por el Cambio aseguran que “todavía no hay ninguna decisión tomada”, pero estiman que a último momento -martes- se terminará firmando una nueva prórroga del protocolo utilizado hasta ahora durante la pandemia.

Lo mismo han deslizado desde la Presidencia de la Cámara, liderada por Sergio Massa, quien además se encuentra de gira por los Estados Unidos.

A pesar de la cautela de algunos asesores, los optimistas vislumbran que habría sesión para el tema del Monotributo y exención para inversiones financieras en pesos, pero el oficialismo todavía sigue sin lograr los votos para que se apruebe la ley de Emergencia Covid-19, que ya tiene media sanción del Senado y la fecha del DNU vence este viernes 25.

Debido a la pandemia, el Congreso de la Nación se vio obligado a utilizar el formato virtual para respetar las medidas preventivas. La senadora riojana Clara Vega destacó esta posibilidad, pero criticó las fallas que ocurrieron reiteradamente “sobre todo en momentos en que se planteaba el debate”, afirmó.

“Las sesiones remotas nos permitieron sostener la actividad parlamentaria, tan necesaria en tiempos de emergencia, pero lamentablemente se perdió y no se incentivó el debate que enriquece el ejercicio democrático”, prosiguió.

En este sentido, la senadora recordó que en más de una oportunidad “apagaron los micrófonos, incluyendo aquella vez que nos sacaron del recinto a pesar de los 29 pedidos de palabra que se hicieron tras aprobar la modificación del reglamento por simple mayoría cuando correspondían los dos tercios”.

Asimismo, advirtió que “no se respetaron los tiempos que le corresponden a cada diputado y solo se reparó en la cantidad de integrantes de cada bloque, lo cual terminó determinando el tiempo para cada uno”. Y agregó: “Todos los temas que exigía la emergencia por Covid-19 no fueron tratados”.

"Más allá de las ventajas que ofrecieron las nuevas tecnologías, hoy vemos que este sistema se volvió negativo, ya que se tratan solamente las prioridades del oficialismo y está muy alejado de la agenda de la ciudadanía”, aseguró la senadora que integra el Interbloque Mediar.

Para finalizar, afirmó: “Creemos que las sesiones parlamentarias deben volver al sistema presencial, respetando los protocolos y ofreciendo como alternativa el recinto de la Cámara baja u otro lugar acorde por su dimensión”.

“La salida de esta crisis nos exige que garanticemos la institucionalidad y el debate democrático”, concluyó.

Oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados avanzaron en el acuerdo para extender el Protocolo de Funcionamiento Remoto, mediante el cual se permite la realización de sesiones mixtas, hasta el 30 de noviembre, fecha en la que culmina el período ordinario.

El presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los jefes de bloques revalidaron la letra de la última renovación, que se firmó el pasado 8 de septiembre y caduca este miércoles. Lo hicieron a través de la firma digital entre el domingo y el lunes de esta semana.

En ese texto, que nació tras la sesión escandalosa del 1ro. de septiembre -por la que Juntos por el Cambio fue a la Justicia-, se estableció que los temas que se consideren polémicos podrán debatirse con la presencialidad de más cantidad de legisladores.

En ese sentido, el acta indica que "en caso de la solicitud por parte de un bloque político, a fin de proponer el tratamiento de un asunto con modalidad presencial y remota, la Cámara deberá arbitrar los medios para su realización, facultándose a la Presidencia para tal fin".

Aunque en un principio se habló de la necesidad de contar con un estadio o espacio más amplio como podía ser el CCK, el acondicionamiento de los palcos posibilitará que la sesión se lleve a cabo en el recinto. Para ello, Juntos por el Cambio, la segunda bancada con más miembros, se comprometió a no llevar más de 90 diputados.

En tanto, quienes integren grupos de riesgo podrán solicitar su participación remota, como así también los que por nota fundada lo soliciten ante la Presidencia.

La semana próxima el oficialismo intentará aprobar el Presupuesto 2021, cuyo dictamen buscará este martes. Otros de los temas que ya cuentan con despacho son el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas y un proyecto que prohíbe la ayuda estatal a empresas con activos en guaridas fiscales. Las tres leyes se debatirán con más presencialidad de diputados.

Por el momento, la reforma judicial y la rebaja de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires no se discutieron ni siquiera en comisión. También se aguarda por el proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que debería sancionarse antes de diciembre.

Revés para el bloque Juntos por el Cambio en su rechazo a las sesiones remotas. Con numerosas referencias a la acción de declarativa de certeza solicitada oportunamente por la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema de Justicia, con relación a la posibilidad de funcionar de manera remota, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, rechazó este martes el amparo presentado oportunamente por la principal oposición, considerando válida la sesión del 1 de septiembre. Por el contrario, se validó también el derecho de la Cámara de Diputados a funcionar de manera remota y, de yapa, se condenó a los demandantes a pagar costas.

Por la tarde, el interbloque mantuvo una reunión y resolvieron apelar el fallo del juez Enrique Lavié Pico. Encargados de redactar la apelación son el diputado radical Gustavo Menna y el del Pro Pablo Tonelli.

La acción judicial fue presentada a la semana siguiente de la bochornosa sesión del 1 de septiembre, suscripta por los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Pablo Tonelli, Mariana Stilman y Gustavo Menna, y pedía declarar la “nulidad absoluta e insanable” de prorrogar el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto aprobado el 13 de mayo pasado, argumentando que tal decisión carecía del “consenso necesario para su validez”. Y como tal, pedían la nulidad de la sesión especial realizada por esa vía el 1 de septiembre. En dicha sesión se convirtió en ley el proyecto referido al sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística, y una modificación al Régimen Federal de Pesca.

En el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, se alude al contexto de crisis sanitaria y social, “con su consiguiente repercusión en la actividad de los poderes del Estado”, refiriendo el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo, dictado el 12 de marzo pasado, por el cual se amplió la emergencia pública sanitaria por espacio de un año, fijando una serie de medidas y recomendaciones dirigidas tanto a la ciudadanía, como así también a los distintos sectores del Gobierno, a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.

Luego refiere al agravamiento de la situación epidemiológica y al decreto  297/20, que el 20 de marzo pasado dispuso el ASPO, y que entre otras cosas invitó a los restantes poderes del Estado a adherir a la norma. Decisión que, con sus pautas y restricciones, se extendió hasta la actualidad. En ese marco es que las dos cámaras del Congreso decidieron acompañar la medida del PEN, y en el caso de la HCDN ratificó a través de la Resolución 661/20 la continuidad de la modalidad de trabajo conectado remoto para aquellas tareas que puedan realizarse de forma domiciliaria.

Se rechaza el amparo y “las costas se imponen en el orden causado, en atención a las particularidades circunstancias de la cuestión debatida”.

El fallo se hace eco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, ante la acción declarativa de certeza solicitada oportunamente por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, donde se expresa que “la parálisis causada por la pandemia exige de las instituciones de la República el desarrollo de los mecanismos que sus autoridades consideren necesarios para asegurar la permanencia de sus tareas (…) La necesidad de seguir sesionando, por un lado, y de respetar las normas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud así como las aislamientos sociales dispuestos por los distintos gobiernos, por el otro, han conducido a otros congresos y parlamentos a adoptar diferentes formas para continuar con sus funciones y cumplir su rol constitucional. Así, en algunos casos se ha dispuesto la presencia restringida de legisladores con derecho a voto por bloque parlamentario (Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Suiza y Nueva Zelanda), otros se ha previsto sesionar con video conferencia y votar de manera electrónica remota (Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Rumania), y en otros se han implementado sistemas que combinan la presencia reducida de legisladores con votación electrónica remota (España, Holanda y Polonia). En nuestro país, algunas legislaturas provinciales ya vienen sesionando por sistemas remotos, virtuales y teleconferencias (Mendoza, Salta, Córdoba y Santa Fe)”.

A continuación el fallo recuerda que quienes plantean el amparo dicen actuar “en defensa de un interés proio, personal y difrenciado que da lugar a una colisión efectiva de derechos”, dado que se les “impidió ejercer el mandato que nos ha dado el pueblo de participar personal y efectivamente de las sesiones legislativas, expresar nuestro punto de vista mediante el voto y, en definitiva ser parte de la decisión necesariamente coelctiva de la Cámara de Diputados”. Para el juzgado, y de conformidad con el criterio que la Corte Suprema ha mantenido en sus precedentes- “el fin y las consecuencias del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa, requieren que el requisito de la existencia de un ‘caso’ o ‘controversia judicial’ sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de los poderes”.

“En la cuestión bajo examen no aparecen verificados los recaudos indicados a los fines de habilitar la jurisdicción, en punto a la legitimación que proponen los actores a efectos de impugnar la actividad de la Cámara que integran, toda vez que no se advierte acreditada la existencia de un gravamen —apoyado, como se expuso, en las irregularidades y nulidades que denuncian— a un interés jurídico tutelable, al no haberse afectado ninguna de sus prerrogativas propias del cargo”. Esto es habida cuenta de que “los legisladores fueron convocados a deliberar en las sesiones observadas”, el 28 de agosto pasado.

El fiscal federal señaló por su parte, para propiciar el rechazo de la demanda, lo siguiente: “el diferendo gira en torno a la recta interpretación de un reglamento interno de carácter provisorio, y al desacuerdo en torno a la vigencia del Protocolo en cuestión, derivado de la concurrencia de unos de los recaudos establecidos allí mismo a los fines de su prórroga. Cuestión que, como observó la CSJN, corresponde a una materia que no está regulada directamente en la Constitución, y por lo tanto corresponde a la autonomía funcional del cuerpo legislativo, siendo luego de su exclusiva y privativa competencia” y añadió que “si bien el requisito y cómputo del quórum –cuestión planteada por los actores como una presunta irregularidad de la sesión es una de las cuestiones de procedimiento que sí regula expresamente la Constitución, el desacuerdo entre las partes se refiere específicamente a si debía considerarse presentes a los diputados que asistieron presencialmente al recinto, o quienes se registraron en el sistema de sesión telemática. Esa cuestión remite nuevamente al debate sobre la vigencia del Protocolo y a la validez de su prórroga, que según se indicó más arriba, corresponde a la autonomía funcional de la Cámara y es ajena a la intervención judicial”.

El fallo señala con respecto a la sesión especial del 1 de septiembre que los amparistas “fueron debidamente convocados”, y según se desprende de la versión taquigráfica “los legisladores hicieron uso de la palabra, expresaron sus opiniones y/o discurso”, aunque sin embargo “no se registraron en el sistema VPN, contenido en el Protocolo. Surge del documento que el presidente de la Cámara de Diputados requirió a los diputados de JxC en diversas oportunidades que “debían loguearse, sin embargo alguno/as decidieron no hacerlo”.

“Frente a tales circunstancias, acontecidas en un contexto de pandemia de alcance mundial, resulta —en forma clara— la carencia que detenta el planteo de los aquí actores, dado que no surge de la documental agregada ni tampoco aquéllos han logrado demostrar las irregularidades y las nulidades que denuncian en sus escritos, por las cuales -dicen- habrían resultado afectadas las funciones propias del cargo que detentan, de conformidad con el criterio seguido por la CSJN en muchos precedentes”.

Surge del documento que el presidente de la Cámara de Diputados requirió a los diputados de JxC en diversas oportunidades que “debían loguearse, sin embargo alguno/as decidieron no hacerlo”.

“En las condiciones señaladas, resulta claro que la impugnación que se pretende someter a examen de este Tribunal no puede ser asimilada al supuesto de ‘caso contencioso’, ya que las argumentaciones que se sostienen en la demanda planteada, referidas a la modalidad de funcionamiento propio y exclusivo del Poder Legislativo, permite concluir que no se verifica en el sub-lite la afectación de un interés jurídico inmediato o directo que dé lugar a una controversia actual o concreta y, sobre esa base insoslayable, que se presente un asunto apto de ser juzgado en el ámbito del Poder Judicial de la Nación”, grafica el fallo, que nuevamente refiere a la acción de certeza solicitada por Cristina Kirchner, ante la cual la Corte “explicó de manera clara y contundente que ‘como principio general… el ámbito de su control jurisdiccional no alcanza a las decisiones de otros poderes del Estado adopten dentro de la esfera de competencia que la Constitución Nacional les asigna como propia y exclusiva”.

En consecuencia, el fallo concluye advirtiendo que “decidir sobre la pretensión articulada en autos importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado; disponiendo no solo sobre el procedimiento materializado por los distintos bloques de la H. Cámara de Diputados de la Nación, sino también sobre el posterior modo de actuación de la HCDN con relacio´n al ejercicio de facultades que les son propias”.

“Ello implicaría un evidente exceso de la función jurisdiccional; o dicho en otros términos, no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes; en el caso, lo dispuesto por la H. Cámara de Diputados de la Nación”, remarca la resolución. Y agrega: “en las causas que se impugnan actos cumplidos por otros poderes del Estado, en el ámbito de las facultades que les son privativas, la facultad de revisión judicial no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, puesto que si así fuera, se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autoridades de la Nación”.

“Máxime, cuando lo que se trae a consideración de un Tribunal de Justicia es –como en el caso– la reedición de una cuestión que se ha debatido y resuelto en el seno del Poder Legislativo de la Nación por el juego de las mayorías y minorías respectivas, propio del sistema republicando y democrático garantizado por la Carta Magna, lo que produciría una ‘invasión del Poder Judicial en el ámbito de las potestades propias de los otros poderes de la Nación, con grave detrimento de la misión más delicada de aquél: la de saber mantenerse dentro de su órbita de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial, evitando así enfrentamientos estériles con los restantes poderes’”, puntualiza la resolución.

Así las cosas es que se rechaza el amparo y “las costas se imponen en el orden causado, en atención a las particularidades circunstancias de la cuestión debatida”.

Negri-amparo

El debate irresuelto en torno al protocolo para el funcionamiento del Senado de manera remota continuó este lunes durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, cuando la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado anunció que participaban de esa reunión porque este lunes 21 de septiembre “es el último día del reglamento válido que fuera convalidado por unanimidad el 27 de julio de 2020. A nuestro criterio, todo lo que se defina hoy está cubierto por ese reglamento”.

La legisladora cordobesa aclaró que “será otra la decisión que tomemos a partir de la presentación judicial” a partir del planteo hecho por la aprobación que para ellos fue antirreglamentaria de un nuevo protocolo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, le contestó reiterando que “esta discusión ya fue dada en la última sesión”, en la cual “dejamos muy claro que el artículo 227 del Reglamento del Senado creemos que es muy claro”. Agregó que “no correspondía de ninguna manera que se pidieran los dos tercios, a los fines de la excepcionalidad de este tipo de reuniones, porque no estábamos reformando el reglamento. Si hubiéramos tenido que reformar el reglamento, se debía haber llevado adelante en ese momento  un proyecto, que debía haberse discutido en el seno justamente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y luego sí aprobado por el pleno”.

Y concluyó: “Entendemos que o solo no se ha reformado el reglamento, sino que hay una situación de excepcionalidad convalidada a partir de la declaración de certeza que pidió la presidenta de esta Cámara a la Corte Suprema”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de bloques mantendrán este martes, a partir de las 19, una reunión de Labor Parlamentaria en la que buscarán definir cómo continuará el trabajo del cuerpo por los próximos 60 días.

El encuentro, que se realizará en el Salón de Honor, se dará una semana después de la escandalosa sesión en la que el oficialismo y Juntos por el Cambio no lograron un acuerdo y se sacaron chispas.

Además, este lunes, referentes de la principal bancada opositora presentaron ante la Justicia un amparo para impugnar el procedimiento por el cual se renovó el protocolo de funcionamiento remoto.

Al comienzo de esta semana, Massa citó a la reunión con la intención de alcanzar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y el objetivo de “ordenar” el funcionamiento que tendrán las comisiones y el pleno para los siguientes dos meses.

El Frente de Todos buscará continuar con el sistema virtual, modalidad bajo la que se realizó la última sesión, pero precisamente con el reclamo de Juntos por el Cambio, que advirtió sobre el protocolo vencido.

La bancada compuesta por el Pro, la UCR y la CC-ARI consideró inválida esa sesión, en la que durante seis horas hubo manifestaciones políticas cargadas de chicanas y reproches. Finalmente, el oficialismo, con acompañamiento de otros bloques, aprobó las leyes de asistencia al turismo y pesca ilegal (media sanción).

Juntos por el Cambio rechaza de plano cualquier intención de tratar temas conflictivos, como el proyecto de reforma judicial o el proyecto de ley de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, por la vía virtual.

Fuentes parlamentarias del oficialismo confirmaron este lunes que en la reunión de Labor Parlamentaria se intentará “avanzar en la posibilidad de sesiones presenciales de funcionamiento mixto en las sesiones por temas que ameriten a solicitud de un interbloque”.

“Voy a seguir promoviendo el diálogo más allá de cualquier agresión”, afirmó Massa.

Mediante un decreto que se pondrá a consideración del cuerpo en la próxima sesión, la presidenta del Senado de la Nación prorrogó la vigencia de las sesiones en formato remoto, que permiten al Congreso mantenerse en funcionamiento en el marco de la pandemia de Covid-19. El decreto señala que el Senado de la Nación tiene todas las facultades constitucionales para interpretar su propio reglamento, así como para arbitrar los mecanismos necesarios que faciliten y garanticen su funcionamiento.

Por esto, se decreta que habiéndose instrumentado un sistema de sesiones de carácter remoto que permitió al Senado funcionar en la presente emergencia, cumpliendo con el más alto objetivo de dar respuesta a la realidad imperante, se prorrogará esta modalidad “en tanto persista la situación de emergencia sanitaria que diera lugar al dictado del Decreto de la Presidencia del H. Senado de la Nación N° 8/2020 de fecha 4 de mayo de 2020”.

En la citada norma se añade que “las sesiones virtuales o remotas tratarán los temas que se definirán en cada caso de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la H. Cámara de Senadores y Senadoras (DR-1388/02 y sus modificatorias)”.

En sus fundamentos, el decreto recoge las opiniones y recomendaciones de todos los bloques parlamentarios, el interbloque de Juntos por el Cambio, el del Frente de Todos, el bloque Misiones y el de Juntos Somos Río Negro que coinciden en la necesidad de mantener el funcionamiento remoto para darle continuidad al trabajo legislativo.

El interbloque de Juntos por el Cambio expresó: "A los fines de asegurar la continuidad del funcionamiento de este H. Senado mientras dura la situación excepcional mencionada, consideramos pertinente continuar con el funcionamiento remoto por medios telemáticos, con las modificaciones que resultan necesarias”.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos señaló: “Creemos necesario reafirmar que el funcionamiento del H. Congreso de la Nación resulta absolutamente imprescindible a fin de garantizar el normal desarrollo de nuestro sistema democrático”.

El bloque Misiones solicitó que “se arbitren los medios para garantizar el funcionamiento de este H. Senado de la Nación mientras rijan las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional en razón de la pandemia del Covid-19”.

Finalmente, el bloque Juntos Somos Río Negro señaló su apoyo a la continuidad del trabajo remoto y agregó que el sistema de trabajo remoto “se ha ido puliendo, la forma de trabajo se ha ido perfeccionando, y las nuevas tecnologías se han ido incorporando, mejorando y agilizando la labor legislativa”.

Habiendo ya expirado la vigencia del protocolo oportunamente elaborado por las autoridades de la Cámara de Senadores y que fue utilizado para el permitir funcionamiento de ese cuerpo de manera remota, en tiempos de pandemia, el bloque oficialista del Senado elevó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, una nota en la que piden la continuidad del funcionamiento de esa institución bajo la modalidad virtual.

En la misiva, que lleva las firmas del presidente del bloque, José Mayans, y su vice, Anabel Fernández Sagasti, solicitan que -a diferencia del protocolo anterior que establecía una vigencia de 60 días- ahora el funcionamiento mediante videoconferencia se extienda “mientras duren las condiciones de emergencia sanitaria” que dieron lugar al decreto original, y que ya no estén los temas a tratar acotados a lo relacionado a la pandemia, sino que “podamos considerar los temas que en cada caso se definan, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado”,

Recordemos que esa cuestión dio lugar a la principal controversia en esta coyuntura entre el oficialismo y la oposición, al objetar esta última que se trataran temas que escaparan al corset interpuesto en abril pasado, en el decreto 08/20 mencionado. Igual, recordemos que el Frente de Todos se resistió a aceptar ese condicionamiento y avanzó con los temas que pudo imponer mediante el número.

“Le solicitamos que arbitre las medidas que considere necesarias para la realización de su más alta razón de ser, la representación del pueblo de la Nación en la deliberación de los asuntos que lo atraviesan como tal”, concluye la nota remitida a la presidenta del Cuerpo, donde se enfatiza la necesidad de “reafirmar que el funcionamiento del Honorable Congreso de la Nación resulta absolutamente imprescindible a fin de garantizar el normal desarrollo de nuestro sistema democrático”.

S.-1570-20-MAYANS-C.C-COD-EHEGK.docx

La nota elogia la modalidad remota implementada a instancias de la presidencia del Cuerpo, que permitió “la aprobación de diversas e importantes leyes”, por un lado, como así también “extremar los cuidados con el objetivo de proteger la vida de todas las personas vinculadas al trabajo parlamentario”.

“Indudablemente la labor del Poder Legislativo no debe interrumpirse en virtud de la pandemia, que no tiene fecha cierta de finalización, sino por el contrario, debe intensificarse ante los desafíos que la situación nos presenta”, precisa la nota en otro pasaje.

El presidente de Diputados, Sergio Massa, retomará este jueves -a partir de las 18- la reunión con los jefes de bloques, donde se decidirá sobre la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto y las condiciones en las que continuará el trabajo en la Cámara baja.

Representantes del oficialismo y la oposición volverán a conversar, luego de que se ya se hayan confirmado tres casos de legisladores contagiados con Covid-19, que en la última sesión estuvieron presentes dentro del recinto: el riojano Julio Sahad (Pro) y los bonaerenses Miguel Bazze (UCR) y Carlos Selva (Frente de Todos).

En tanto, los testeos de José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; Cristian Ritondo, presidente del bloque Pro; Alejandro "Topo" Rodríguez, titular del bloque Consenso Federal; y el macrista Pablo Torello, dieron negativo.

Previo a la reunión de esta tarde, la mesa chica del interbloque Juntos por el Cambio se reunirá para debatir en qué términos aceptarán la renovación del Protocolo, la cual se debe realizar "por consenso", justamente en Labor Parlamentaria.

Fuentes de la oposición aseguran que "nadie cree que vaya a haber sesión" en esta nueva etapa de la cuarentena más estricta en el AMBA y, sobre todo, ante la aparición del coronavirus entre legisladores.

No obstante, aunque todavía no se sepa si las sesiones "mixtas" se harán con menos diputados dentro del recinto, el Protocolo deberá renovarse para que las comisiones puedan continuar trabajando.

En la antesala del encuentro, desde la izquierda Nicolás Del Caño reclamó que "si (las sesiones) tienen que ser en forma virtual completamente, que se hagan así" -como ocurre en el Senado- y fustigó al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio por querer debatir solamente temas de consenso.

En la última sesión, la semana pasada, Diputados dio media sanción a las leyes para regular el teletrabajo; crear una campaña nacional de donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19; y la de economía del conocimiento.

El diputado nacional Nicolás Del Caño (PTS-FIT) reclamó que el Congreso no debe frenar sus sesiones, y además tiene que abordar una agenda "que atienda la emergencia de trabajadores y jubilados". El legislador pidió que "haya sesiones, con todos los cuidados que corresponden, y que se discutan medidas de emergencia ante la crisis".

Ante los recientes casos de Covid-19 de tres diputados que asistieron de manera presencial a la última sesión, Del Caño sostuvo: "Si (las sesiones) tienen que ser en forma virtual completamente, que se hagan así, pero no puede haber más maniobras para discutir los problemas de la gente, ni excusas sobre el temario y la forma de funcionamiento".

"Vemos que cada día se profundiza la grave situación que atraviesan millones de trabajadoras y trabajadores y seguimos entrampados entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, a los que parece que sólo les interesa si los temas son de consenso o no. Mientras, recortan el IFE, dejan a millones librados a su suerte y sin ingresos, rebajan y congelan salarios y jubilaciones, y avanzan los despidos y los cierres de comercios", enfatizó el diputado de la izquierda.

Además, volvió a reclamar el debate de un proyecto de "impuesto a las grandes fortunas" que "permitiría un ingreso de emergencia de 30 mil pesos y aumentar el presupuesto sanitario". También dijo que hay que discutir "la centralización del sistema de salud para que todos los recursos públicos y privados estén disponibles para todos".

"Insistimos en que desde el Ministerio de Seguridad se tienen que dar respuestas ante el avance en todo el país de los casos de gatillo fácil y la violencia policial, como en Tucumán (en referencia a Luis Espinoza)", continuó.

Del Caño planteó también que hay que "discutir que en lo que va del año ya se pagaron 5 mil millones de dólares de la deuda fraudulenta del macrismo y se sigue mejorando la oferta a los especuladores".

"Tenemos proyectos presentados por estos y otros temas. ¿Por qué no se pueden discutir estas cuestiones urgentes y sí leyes como la de economía del conocimiento que sólo van a beneficiar a las grandes empresas?", completó.

Ante el inicio del tratamiento en comisión de los proyectos para regular el teletrabajo, el diputado Facundo Moyano -quien es autor de uno de los que servirá de base para el dictamen final- justificó la necesidad de una regulación legal para que “el empleador tenga obligaciones y el empleado derechos y obligaciones”.

En el caso del trabajador, para que pueda decir “desde dónde va a realizar el trabajo, en qué condiciones, porque tiene que estar provisto de sillas ergonómicas para su comodidad, como lo que se pide cuando el empleado trabaja en una empresa; tiene tener condiciones de higiene y seguridad, que tienen que estar proporcionadas por la empresa”.

“Ahora, cuando se trata de teletrabajo, esas condiciones tienen que estar garantizadas”, puntualizó en diálogo con Parlamentario TV, precisando que “esta ley marco intenta regular esa relación de trabajo”.

Respecto de la carga horaria correspondiente, Moyano explicó que debe estar “regulada y acordada”, no pudiéndose extender de lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo”. Lo mismo sucede con las horas diarias y las horas semanales, que están establecidas por ley. “Eso no se rompe”, aclaró.

“Un convenio de empresa, un convenio particular, está siempre sobre el marco general –agregó-. Como bien se sabe, una ley no puede contradecir la Constitución; una ley tiene que estar siempre por encima del término de derecho de la Constitución. Un convenio tiene que estar siempre por encima del término de derecho de una ley, y un contrato individual tiene que estar siempre por encima de un convenio de actividad, o del grupo de empresas o de la empresa”.

“Nosotros establecemos la instancia que viene después de la Constitución nacional, que es la ley marco”, detalló el diputado oficialista, remarcando que “por eso son pautas muy generales las que se intentan regular”.

Así las cosas, puntualizó que “estamos tratando de unificar, que haya una discusión general de todos los diputados que tengan intención de regular esta actividad”.

Y hablando de teletrabajo, eso es lo que de alguna manera están haciendo hoy los legisladores nacionales, que tienen por delante el debate de leyes que darán mucha discusión, como la expropiación de Vicentin, o el impuesto sobre las grandes fortunas.

Consultado al respecto, el legislador del Frente de Todos planteó sus dudas respecto de la posibilidad de avanzar de esa manera “con temas tan delicados”.

Señaló que su experiencia hasta ahora “ha sido buena”, pero admitió que “todos los temas que se han tratado tienen que ver con proyectos acordados, donde sabemos que se van a votar favorablemente, donde ya había un trabajo previo de los asesores, donde se sabía cuáles iban a ser los cuestionamientos, y finalmente siempre se acordaba…”.

Pero admitió que con un proyecto de ley de las características de Vicentin, o el impuesto a las grandes fortunas, “creo que podría ser una discusión bastante intensa. Me parece que ahí encontraríamos algunos inconvenientes… Donde un diputado habla y otro pide una interrupción; donde el tratamiento en particular se hace intenso…”.

“Imaginate un proyecto de estas características, de 257 diputados, van a hablar 200. Y algunos van a hablar varias veces; y algunos van a hablar en el tratamiento general y en el tratamiento en particular, y van a haber interrupciones y discusiones entre diputados… Y no sé si se van a aprobar por consenso, entonces ahí es donde veo alguna dificultad. Me parece que esos proyectos son para tratarlos de manera presencial”.

De tal manera, Facundo Moyano sugirió que “habría que encontrar la forma, respetando el protocolo de salud, de que todos los diputados estén presentes en el recinto. Y en el caso de que haya diputados que sean potenciales pacientes de riesgo, buscar la forma de que ellos sí lo hagan de manera remota. Pero creo que sí, proyectos de esas características sería necesario debatirlos de manera presencial”.

El Protocolo de Funcionamiento Remoto aprobado por la Cámara de Diputados para habilitar las sesiones virtuales, en el marco del aislamiento por la pandemia de Covid-19, vence este viernes. El instrumento, aprobado el pasado 13 de mayo, contaba con una vigencia de 30 días, con la posibilidad de ser prorrogado por el mismo plazo.

¿Pero qué se necesita para que eso suceda? Acuerdo entre las bancadas. Es que, en sus consideraciones generales, el documento indica que de existir "consenso" en la Comisión de Labor Parlamentaria -donde participan el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los jefes de bloques- se podrá extender esta modalidad por ese mismo período de tiempo.

De esta manera, la semana que viene resultará clave para conocer cómo continuará el trabajo del recinto de la Cámara baja a más de 80 días de iniciada la cuarentena, que provocó un cambio radical en todas las instancias de la vida cotidiana, incluyendo la actividad parlamentaria.

Como se señaló, a diferencia de la primera vez, que el protocolo se aprobó en sesión por 248 votos a favor y dos en contra, esta vez se requerirá de un acuerdo en Labor Parlamentaria, que todavía no tiene fecha de convocatoria para reunirse.

La decisión de "consenso" deberá darse en momentos donde aumenta la tensión entre el oficialismo y la oposición por el carácter de los temas a tratar en las sesiones. Si bien, en las únicas dos sesiones remotas que realizó Diputados se discutieron proyectos que contaron con amplio respaldo, desde Juntos por el Cambio encendieron las luces sobre cuestiones polémicas que llegaran en algún momento.

En este sentido, aunque todavía no ingresó el proyecto de ley de expropiación de la empresa Vicentin -que será por el Senado-, en la oposición ya afirman que solamente estarán dispuestos a debatirlo de manera presencial. Al igual, en caso que el oficialismo impulsara una iniciativa sobre reforma judicial.

En tanto, en la Cámara baja están en condiciones de tratarse en la próxima sesión el proyecto de la nueva Ley de Economía del Conocimiento, una iniciativa sobre nacionalización de la tarjeta SUBE y otra para la creación de un Fondo Federal de Transporte Automotor, todos con dictamen de comisión. Pero no podrá haber sesión hasta tanto no se ratifique el protocolo.

Por lo pronto, la semana próxima, en la Comisión de Legislación del Trabajo, se comenzará con el debate sobre una ley para regular el teletrabajo -hay más de una docena de iniciativas al respecto-, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

A pocas horas de estrenar el sistema de sesiones virtuales, un hecho histórico para el Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que "es incorporar la democracia argentina al siglo XXI".

"Somos conscientes que un salto de calidad pero también un cambio de paradigma en el funcionamiento democrático", señaló el oficialista, y habló de "un desafío" y "responsabilidad enorme" poner en marcha esta nueva metodología.

También agradeció "el compromiso y el acompañamiento de todos los bloques políticos" y pidió "la comprensión de saber que empezamos una etapa nueva".

En declaraciones a radio Con Vos, Massa defendió el plus que se les pagará a empleados legislativos que fueron a trabajar durante la cuarentena, al sostener que se trata de 41 agentes en la Cámara baja y "un poco más de la mitad" en el Senado, quienes acudieron al Palacio "sábados, domingos, feriados, incluso Semana Santa".

El titular de Diputados aseguró que es un "mecanismo de compensación" para trabajadores que estaban "licenciados" y "si el Congreso hubiese liquidado horas extras, les hubiese correspondido a la mayoría de esos trabajadores cobrar más que ese adicional", que se estima es de 2.300 pesos por día.

Por otro lado, el líder del Frente Renovador fue consultado por los pedidos de Jury de Enjuiciamiento que se presentaron a través del Observatorio de Víctimas de Delitos, organismo que está bajo la órbita de la Cámara baja, a jueces que dispusieron prisiones domiciliarias para presos por delitos graves.

"Se realizó una presentación de jury a una jueza de San Martín y a un juez de Bahía Blanca, y vamos a continuar con todos aquellos jueces que no cumplan con la Ley de Víctimas", anticipó, además de decir que hay que "revisar cada uno de los casos" de los jueces que pudieron incurrir en "prevaricato o incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Sobre las quejas de asociaciones de magistrados, Massa expresó: "Es muy cómica la defensa corporativa de quienes además de controlar tienen que ser controlados". "No me preocupa para nada la amenaza corporativa porque el Poder Judicial está en deuda con la sociedad argentina", agregó.

Y, finalmente, insistió: "Vamos a seguir con los jury de todos los jueces que a lo largo de estos días han excarcelado violadores, asesinos".

La propuesta presentada por Cristina Fernández de Kirchner este martes a los senadores José Mayans y Luis Naidenoff establece que todos los senadores participen de las sesiones futuras, en este tiempo de pandemia, por videoconferencia. Este miércoles el interbloque Juntos por el Cambio presentó una propuesta propia, que establece la presencia de algunos senadores en el recinto y el resto conectados por videoconferencia.

Según la nota enviada a la presidenta del Senado, ponen énfasis en lo “imprescindible” de alcanzar “un acuerdo político que viabilice el funcionamiento del Senado en el referido contexto de pandemia”.

Por eso proponen que a los efectos de “garantizar la transparencia y seguridad de la sesión”, se habilite un sistema mixto que combine la participación remota de una mayoría de miembros, con la presencia en el recinto de las autoridades de Cámara y un máximo de 15 senadores, respetando la proporcionalidad política, o autoridades de Cámara y presidentes de bloque, o quien ellos designen en su reemplazo.

En todos los casos se deberán respetar las medidas de distanciamiento social y demás recomendaciones sanitarias.

La propuesta sugiere que los legisladores que se conecten de forma remota puedan hacerlo desde organismos oficiales en sus provincias, como por ejemplo una Legislatura provincial, desde su despacho en la Cámara de Senadores o desde su domicilio particular, si las condiciones de conectividad lo permiten. La lista de oradores y tiempos de uso de la palabra debe ajustarse a lo establecido en el reglamento, salvo acuerdo en contrario alcanzado en Labor Parlamentaria.

La nota está suscripta por Luis Naidenoff, presidente del interbloque JxC; Humberto Schiavoni, presidente del bloque Pro, y Juan Carlos Romero, titular del interbloque Parlamentario Federal, y concluye pidiendo acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento se limite exclusivamente a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia y por un plazo máximo de 60 días, prorrogable en caso de continuar las actuales circunstancias sanitarias, previo acuerdo político de los bloques.