Ya se ha dicho que la votación registrada en la madrugada del 13 de septiembre pasado en el Senado de la Nación fue histórica, pues ese resultado estableció el rechazo por primera vez en la historia argentina de un decreto de necesidad y urgencia. En este caso, el 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Este lunes se oficializó esa decisión, a través de la publicación de sendas resoluciones de las presidencias de ambas cámaras en las que se da por finalizado el trámite.

En el caso del Senado, la resolución tiene el número 32/24, de fecha 23 de septiembre y las firmas de la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, y el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, resuelve “rechazar, en los términos de la ley 26.122, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024. El artículo 2 comunica al Poder Ejecutivo Nacional y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

La resolución de la Cámara de Diputados lleva el número 76, y corresponde al sábado 21 de septiembre. Allí también hay dos artículos, el primero de los cuales resalta el rechazo “en los términos de la ley 26.122 el Decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024, mientras que el segundo comunica la novedad al Poder Ejecutivo Nacional.

Recordemos que el pasado 13 de septiembre la oposición aprobaba, pasadas las 2 de la madrugada, el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El resultado de la votación fue de 11 votos a favor del decreto, 49 en contra y 2 abstenciones.

El camino del rechazo del DNU 656 se había iniciado en Diputados, cuando el 21 de agosto, se aprobó el rechazo por 156 votos contra el mismo, 52 a favor del decreto y 6 abstenciones. El dato saliente de esa votación fue que por primera vez la mayoría del Pro no se alineó por primera vez con La Libertad Avanza.

En el marco de un gran operativo de seguridad que buscó sobre todo mantener alejados a los periodistas, se realizó este martes una nueva reunión de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que encabeza el radical Martín Lousteau. A la misma asistió el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert.

Como se sabe, estas reuniones son secretas, aunque trascendió que el funcionario aclaró que no utilizó aún los 100.000 millones de pesos que habían sido asignados por la Jefatura de Gabinete recientemente a ese organismo, y que el Congreso frenó a través del primer rechazo a un decreto de necesidad y urgencia.

Acompañaron a Neifert el director del Servicio de Inteligencia, Alejandro Colombo; el director de la Agencia de Seguridad Nacional; Alejandro Cecati; y el director de la Agencia Federal de Ciberseguridad, Ariel Waissbein.

Luego de que el Senado de la Nación aprobara en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, desde el Gobierno aseguran que el veto completo “no está confirmado”, pero que “se está analizando” ya que la decisión final la tomará el propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien ya había adelantado que vetaría toda norma que atente contra su objetivo del equilibrio fiscal.

Así lo expresó este viernes por la mañana durante la conferencia de prensa en Casa Rosada el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que “el Gobierno del presidente Milei sigue una acción irrevocable para el equilibrio fiscal y es absolutamente innegociable. La ley debe respetarse y la motosierra tiene que aplicarse a la política y ese mandato va a estar asentado en el Presupuesto 2025 que el presidente va a estar presentando el próximo domingo a las 21 horas en el Congreso”.

En ese sentido, se refirió al posible veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Senado: “Lo estamos conversando. Es un tema que se está analizando, pero no está confirmado que se vaya a vetar o que se vaya a no vetar. Es un tema que aún está en discusión entre todo el Gabinete. Por supuesto que la decisión la tomará el presidente de la Nación”.

En otro pasaje, fue consultado por la reunión que mantuvo el jefe de Estado y parte del Gabinete junto a cinco radicales que terminaron cambiando el sentido de su voto durante la votación a la Ley de Movilidad Jubilatoria que también fue vetada: “Con respecto a la decisión de los diputados de haber votado en lo que suponen de manera diferente entre una votación y otra es un tema que le tienen que preguntar a cada diputado cuál fue la razón”.

Por otro lado, desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ya anticiparon que no asistirán al Congreso a la presentación del Presupuesto que hará Milei, respecto de lo cual Adorni opinó: “Es un tema que cada uno es libre de, por supuesto, de hacer lo que le parezca mejor. Están invitados todos”, y aclaró: “De todas maneras el presidente de la Nación le va a hablar a la gente. Va explicarle a la gente qué es lo que estamos pretendiendo con el Presupuesto 2025, con el nuevo esquema de presupuesto, las novedades que va a tener y lo beneficioso que va a ser para todos. Si deciden no estar bueno, tendrán alguna razón para no hacerlo, pero la verdad es que el presidente va a hablarle a los 47 millones de argentinos”.

Rechazo al DNU SIDE

Adorni criticó a los senadores que apoyaron el rechazo al DNU de los fondos para la SIDE: “Es el primer gobierno con un DNU rechazado de la manera que se ha rechazado en el día de ayer. el reciente rechazo a fondos para combatir el narcoterrorismo y la decisión de quebrar el equilibrio fiscal con una ley que asigna recursos sin fuentes de financiación, movilizaciones violentas las hemos visto en varias oportunidades quemando autos, tirando piedras, con caras tapadas y toda la barbarie que ya hemos descripto”.

“Este es un fenómeno no solo atinente al gobierno, sino a todo aquel que quiera hacer un cambio en el sistema. Si quienes destruyeron el país están tan preocupados, es una señal de que estamos haciendo las cosas bien de que estamos por el camino correcto”, destacó.

El portavoz indicó que “el comunicado de OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina) fue bastante claro. Han dejado sin fondos a la inteligencia del Estado y que el Congreso en algún momento tendrá que asignarle fondos. Mientras eso no ocurra los servicios de inteligencia de la Argentina están desfinanciados y los argentinos están, lamentablemente, protegidos por un grupo de irresponsables”.

Boleta Única de Papel

En otra parte de su conferencia, Adorni celebró la aprobación del proyecto de implementación de la BUP que “tiene, básicamente, dos beneficios que es fomentar la transparencia electoral y reducir por supuesto el costo de las elecciones”.

“Desde hace décadas que escuchamos casos donde partidos políticos que reciben aportes del Estado para imprimir boletas declinan su candidatura y, de todas maneras, reciben ese dinero. Esa plata igual o, también, los infinitos casos donde algún vivo lleva boletas truchas al cuarto oscuro para que se impugnen los votos de otro candidato, todo esto se termina con la boleta única”, explicó.

Además, señaló que “es un sistema más simple para los votantes porque en vez de tener que buscar la cara del candidato entre decenas de boletas sábanas, se podrá encontrar a todos los candidatos en un mismo papel y simplemente se marcará la opción que se elija como preferida”.

“Se va a gastar mucho menos dinero. Para que tengan una referencia el Estado Nacional en el 2023, en aporte en términos nominales por supuesto, gastó más de 16,000 millones de pesos en aporte a los partidos a los partidos políticos. Así que se calcula que este costo va a representar seguramente un ahorro cercano al 50% en este gasto en las próximas elecciones. Aún falta la decisión de Diputados”, explicó.

En ese sentido, el vocero manifestó que “la decisión de ayer dejó en claro quiénes realmente defienden la democracia y quiénes, lejos de ello, buscan perpetuar un nido de corrupción y despilfarro que amenaza la voluntad de todos los argentinos”.

Paro de gremios Aeronáuticos

“Hoy el presidente va a estar firmando la reglamentación del artículo 182 del DNU que establece los lineamientos para declarar la aeronáutica civil y comercial como servicio esencial. En definitiva, la conclusión de todo esto que les estoy diciendo es que quienes no quieren resignar sus privilegios, en definitiva, lo que van a terminar haciendo es fundiendo la empresa que tanto dicen querer defender”, afirmó Adorni.

Así, recordó que “el 19 de noviembre del año pasado del 2023 los argentinos eligieron entre la casta política y un país distinto y se eligió por un país distinto sin los mismos personajes de siempre. Desde el 10 de diciembre hasta acá a pesar de esto el gobierno enfrentó pedidos o la intención de pedidos de juicios político al presidente, un paro general récord a 45 días de haber empezado el gobierno, paros de trenes, de colectivos, aeronáutico”.

Desde la oposición destacaron que el Congreso, por primera vez en la historia, haya rechazado un decreto de necesidad y urgencia, luego de la votación en contra del DNU sobre los 100 mil millones de pesos a la SIDE que ocurrió en la madrugada de este viernes.

La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio posteó en su perfil de X: “Vetan el aumento a los jubilados, amenazan con vetar el financiamiento universitario, pero quieren sostener los $100 mil millones de la SIDE. No. Hay límites institucionales que el presidente tiene que respetar. Por eso en el Senado rechazamos el DNU por los fondos reservados”.

“Vetar el aumento a los jubilados y darle $100 mil millones de gastos reservados a la SIDE es insostenible. Por eso en @senadoargentina rechazamos el DNU que le asignaba esos fondos para garantizar la ‘defensa de Argentina'”, escribió por su parte el senador de UP Sergio “Oso” Leavy.

También desde la principal bancada opositora, el senador Mariano Recalde expresó que “si dicen que no hay plata para jubilados, para educación, para obras, para comida o remedios…menos puede haber para espionaje o recursos que nadie controle”. “DNU RECHAZADO POR LAS DOS CÁMARAS”, enfatizó.

Desde la Cámara de Diputados, el jefe de UP, Germán Martínez, resaltó que hubo una “gran tarea de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria (en ambas cámaras) construyendo mayorías amplias para aprobar el financiamiento universitario y rechazar el DNU de gastos reservados de la SIDE”. “Convicción y coherencia, para representar a las y los argentinos”, sumó.

La diputada de UP Carolina Gaillard destacó que “anoche el Senado, en un hecho histórico de control democrático, rechazó con 49 votos el DNU 656 de @JMilei que establecía 100 mil millones de pesos de fondos reservados para la SIDE”. “Sí. Hay límites. Y son las instituciones. No se puede violar la Constitución Nacional presidente. El Congreso existe funciona y controla. Mande una ley”, exigió.

Mientras que su par Eduardo Toniolli advirtió que “es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un DNU. Y no será la última, porque esa misma historia nos enseña que no puede estabilizarse ni social ni políticamente un régimen que busca deliberadamente empujar a la miseria al 80% de la sociedad”. “Alguna vez el padre de la Patria dijo que los argentinos no somos empanadas que se comen de un sólo bocado”, manifestó.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro recordó: “Lo vimos, lo denunciamos y lo hicimos sin miedo. Solo era cuestión de tener el coraje de sostener una posición, y teníamos razón. El DNU que incrementaba en un 3131% los gastos reservados de la SIDE fue rechazado por nulidad absoluta e insanable”.

“En medio de tantas necesidades reales en Argentina, esto no representaba ni una necesidad ni una urgencia. La única urgencia era gastar 80 mil millones de pesos en 20 días, sin control democrático. No mientan: el decreto no contenía ni un solo argumento relacionado con la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado”, sostuvo el presidente del partido fundado por Elisa Carrió.

El porteño aseguró que “no había razón para actuar por fuera de la Constitución. Se le quitó una facultad al Congreso, y con este rechazo, se ejerció una acción reparadora”. “Este hecho es histórico, ya que es la primera vez desde la reforma constitucional de 1994 que se rechaza un DNU”, apuntó.

Por el lado del Gobierno, la Oficina del Presidente emitió un duro comunicado contra la decisión del Senado, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó: “LA NARCOCRIMINALIDAD 1 – LOS ARGENTINOS DE BIEN 0. Todo lo que necesitamos para combatir el terrorismo, bochado por un grupo de senadores irresponsables”.

“El Congreso decidió desfinanciar la SIDE. Es la primera vez que pasa en la historia. No son conscientes de la gravedad de sus actos. Ponen en riesgo la seguridad nacional y del presidente para hacerle pagar un ‘costo político’ a Milei”, fue el mensaje de Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia.

Luego de una votación histórica, al tratarse de la primera vez que el Congreso en ambas cámaras rechaza un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno salió con un comunicado contra los senadores que votaron en contra del DNU por el cual se habían otorgado 100 mil millones de pesos a la SIDE.

“La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de legisladores que dejaron al Sistema de Inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”, arranca el texto difundido este viernes.

Desde Casa Rosada se señaló que “el rol de la agencia de inteligencia durante décadas estuvo basado en intereses personales, y fue utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política”.

A continuación, desde el Poder Ejecutivo destacan que “siguiendo la visión del presidente Javier Milei, se reformó el Sistema de Inteligencia con un perfil profesional, abocado en la protección del pueblo argentino de amenazas tanto internas como externas, saldando una de las grandes deudas de la democracia”.

“Pero este viernes, fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo, que deberá decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado, rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al nivel del promedio histórico, y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento”, sostiene el comunicado.

Además, la Oficina del Presidente cuestiona que “nuevamente, los intereses personales atentaron contra la posibilidad de tener un organismo de inteligencia que tenga la capacidad y los recursos para cuidar a los argentinos. Se vio con las recientes amenazas de agentes externos contra nuestros ciudadanos, pero también con actores malintencionados dentro del territorio nacional”.

“Los responsables del desfinanciamiento del Sistema de Inteligencia deberán hacerse cargo de cualquier hecho que ocurra hasta que la SIDE esté correctamente financiada y pueda recuperar sus capacidades vitales”, finaliza.

Tal como se esperaba, luego que fuera quitado del plan de labor para la sesión, el bloque de Unión por la Patria solicitó en el arranque de la jornada de este jueves que el DNU 656/24 por el cual se otorgaron 100 mil millones de pesos a la SIDE sea incorporado al temario, como estaba previsto para la semana pasada.

En la reunión entre Victoria Villarruel y jefes de bloques de este miércoles, el oficialismo y sectores dialoguistas habían acordado retirar el decreto del debate. Antes de eso habían estado en Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Más tarde, también, desde el Poder Ejecutivo enviaron una nota pidiendo una “sesión secreta” en la Cámara alta para que funcionarios pudieran asistir a explicar los motivos del DNU.

Así las cosas, se esperaba que el oficialismo lograra postergar una semana más la discusión. Aunque Unión por la Patria había anticipado que pujaría por la inclusión del DNU al temario. La sorpresa fue que -tras la polémica que envolvió al partido en las últimas horas- desde la Unión Cívica Radical avalaron que el decreto sea tratado este jueves, en último lugar.

Al tomar la palabra, antes de que se someta a votación el acta y plan de labor, el jefe de UP, José Mayans, afirmó que desde su bancada querían dar tratamiento al DNU. Sobre la sesión secreta pedida por el Ejecutivo, en el marco del artículo 18 del reglamento, explicó que para ello son necesarios los “dos tercios” si no, no puede ser reservada. Y, a continuación, manifestó su rechazo a que se haga una reunión de ese tipo, para lo cual su bloque sería necesario.

En ese sentido, el formoseño dijo que rechazaban una sesión así por “los tiempos que estamos viviendo, donde el presidente llama a diputados, utiliza el convencimiento extremo y cambian su voto en 24 horas; entonces, es un momento donde la gente sospecha de corrupción”, lanzó en referencia a lo sucedido con cinco diputados de la UCR que ayudaron a sostener el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria.

UP, el radicalismo y Guadalupe Tagliaferri y Edith Terenzi votaron juntos esta vez. (Foto: Comunicación Senado)

“Entonces nosotros dijimos, ¿sesiones secretas para hablar de un gasto de 100 mil millones de pesos y con una ministra (por Patricia Bullrich) experta en pegarle a gente desarmada? Imposible que nos prestemos a eso”, expresó.

Por otro lado, recordó que según la Ley 26.122, los DNU deben ser tratados en 10 días por la Bicameral de Trámite Legislativo, y una vez vencido ese plazo quedan habilitados “inmediatamente para ser tratados en ambos recintos”.

Desde La Libertad Avanza, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidió que se pase a votación el acta de labor, sólo con los temas de boleta única de papel y financiamiento universitario. Pero al hablar el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, presentó otra moción para que se incorpore el DNU al temario como último tema.

Tras un breve ida y vuelta reglamentario, se sometió a votación el acta y plan de labor con los dos temas que estaban previstos y resultó rechazada. Además de UP, no levantaron la mano los senadores de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Edith Terenzi (Cambio Federal). Luego Mayans dijo que retiraba su moción y acompañarían la de Vischi, y así se hizo. Después de darle la palabra a la senadora Anabel Fernández Sagasti -que reclamó por cuándo se deben votar las mociones-, Villarruel se retiró del recinto.

El DNU sobre la SIDE ya fue rechazado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. De repetirse el escenario en el Senado -se necesita de mayoría simple- representaría una nueva derrota legislativa para el oficialismo y se convertiría además en el primer decreto de necesidad y urgencia en la historia en ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.

Con la satisfacción fresca de haber sorteado el escollo mayor este miércoles en Diputados, con el aval obtenido al veto presidencial de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el Gobierno no afloja el ritmo y solucionó favorablemente -al menos por ahora- otro de los dolores de cabeza que se perfilaban para este jueves. Hablamos puntualmente del debate del decreto de necesidad y urgencia 656/24, de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Ese tema estaba tercero en el plan de labor de la sesión pedida para este jueves, que arrancará a las 14. Pero, tras un acuerdo entre senadores de la oposición dialoguista con el oficialismo, se decidió retirar del temario y postergar su tratamiento una semana más.

El asunto se trató incluso este miércoles, mientras sesionaba la Cámara de Diputados, en una reunión encabezada por el propio presidente Javier Milei en Casa Rosada con la vicepresidenta Victoria Villarruel y senadores de bloques amigables.

Lo que ocurrió después formalmente fue la presentación de una nota, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que el Poder Ejecutivo pide una sesión secreta en el Senado, con el fin de que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) expliquen el uso de los 100 mil millones de pesos otorgados al organismo de inteligencia en concepto de gastos reservados.

Tras una nueva reunión de Labor Parlamentaria, en la que Unión por la Patria reclamó fervientemente por la exclusión del tratamiento del DNU, que ya cuenta con el rechazo de la Cámara de Diputados, la vicejefa de esa bancada, Anabel Fernández Sagasti, expresó en su cuenta de X: “En otra voltereta radical, esta vez en el Senado, acordaron sacar del temario de la sesión de mañana el DNU de fondos reservados de la SIDE”.

Desde la principal oposición no se dan por vencidos y tratarán de incluir el tema. La polémica se anticipa en la discusión reglamentaria que habrá para sumarlo al debate. Mientras desde el oficialismo argumentarán que se necesitan de dos tercios para habilitarlo, UP recordará que los decretos de necesidad y urgencia pueden tratarse “de oficio” en el recinto, vencido el plazo para que la Bicameral de Trámite Legislativo emita dictamen, según la Ley 26.122. Y que para eso solo se necesita de mayoría simple.

Los otros dos temas que atravesarán la jornada serán el debate del proyecto de boleta única de papel, que está previsto reciba modificaciones y vuelva a la Cámara de Diputados. Al tratarse de una cuestión electoral deberá reunir 37 votos afirmativos. El segundo será el proyecto sobre financiamiento universitario, que se encamina a ser ley. Se trata de otra iniciativa que Milei ya anticipó vetará, por considerar que va en contra del equilibrio fiscal.

Boleta Única de Papel

Sobre Boleta Única de Papel hay dos dictámenes. El de mayoría establece que la boleta única incluirá todas las categorías para las que se realiza la elección, distinguidas claramente. Estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que tenga listas oficializadas de personas propuestas para ocupar los cargos públicos electivos y en espacios, franjas o columnas verticales para cada una de las categorías de cargos electivos.

La boleta debe contener nombre de la agrupación política, categoría de cargos a elegir; nombre de los candidatos y foto según cada categoría; y un casillero en blanco junto a cada tramo de cargo para poder votar por cada una de las categorías, entre otros requisitos.

Se deberá incluir también un casillero en blanco, junto a la identificación de la agrupación política, para que se pueda votar por lista completa.

Las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches que serán exhibidos de manera clara y visible en cada cabina de votación.

La Boleta Única será impresa al menos 30 días antes del acto electoral en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un 5 % adicional para reposición en caso de contingencias.

En cada mesa electoral debe haber tantas Boletas Únicas como personas habilitadas para votar, más el porcentaje adicional.

El proyecto modifica el artículo 94 relativo al procedimiento de emisión del voto. En la cabina de sufragio, el elector marcará la opción electoral de su preferencia en la Boleta Única de Papel con cualquier tipo de marca dentro de los casilleros. La Boleta Única de Papel, doblada por sus pliegues, será depositada por el elector en la urna respectiva. Incluye disposiciones acerca del procedimiento del voto en el caso de personas con discapacidad.

La Cámara Nacional Electoral deberá iniciar un proceso público de desarrollo y diseño de un modelo de Boleta Única de Papel para las próximas elecciones primarias y generales.

El dictamen de minoría difiere en cuestiones tales como que en vez de que una misma boleta incluya todas las categorías para las que se realiza la elección, establece una Boleta Única para cada categoría de cargo electivo. También elimina la opción de votar por lista completa.

Entre otras cosas excluye la individualización de la sección electoral en la confección de la boleta única. Asimismo, establece que su diseño será establecido por cada Junta Electoral Nacional, en vez de la Cámara Nacional Electoral.

Financiamiento de las universidades nacionales

El dictamen que se pondrá a consideración define como objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en la Argentina durante 2024.

Ordena al Poder Ejecutivo nacional actualizar las partidas presupuestarias de 2024 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, de acuerdo a lo establecido en esta ley.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional actualizar al 1/1/2024, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias que se especifican.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional a actualizar, de forma bimestral y según el IPC, desde el 1/1/2024 y hasta el 31/12/2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales correspondientes a las actividades presupuestarias detalladas en el punto anterior.

Establece que los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional en estas actividades al Programa 26, Desarrollo de la educación superior, durante 2024 y anterior a la sanción de esta ley, podrán ser descontados de la aplicación retroactiva del IPC.

Encomienda al Poder Ejecutivo nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1/12/2023 y hasta el mes de sanción de esta ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período.

Desde el mes siguiente a la sanción de esta ley y hasta el 31/12/2024, el PEN deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.

Los aumentos otorgados por el PEN en el Programa 26, Desarrollo de la Educación Superior, para la asistencia a salarios docentes y no docentes entre el 1/12/2023 y la fecha de sanción de esta ley deberán tomarse a cuenta de la recomposición.

Lo establecido acerca de la recomposición salarial no se aplicará si las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para 2024 son acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones representantes de los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias.

Establece que la Auditoría General de la Nación, conforme el artículo 59 bis de la ley 24.521 de Educación Superior, realizará las auditorías y, de manera inmediata, remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones.

Establece la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

Tras jornadas con indefinición y reuniones frenéticas, el oficialismo y la oposición dialoguista del Senado resolvieron este miércoles volver a postergar una semana la realización de una sesión. Según se acordó en Labor Parlamentaria, el próximo jueves 12 a las 14 se abrirá el recinto para tratar el proyecto de boleta única de papel, la iniciativa de financiamiento universitario y el DNU sobre los 100 mil millones de pesos a la SIDE. 

De esta manera, La Libertad Avanza ganará una semana más para, primero, volver a asegurarse los votos sobre la ley que cambia la herramienta de votación a nivel nacional. Segundo, retrasar dos nuevas derrotas legislativas, que igualmente se anticipa ocurrirán, como lo son la sanción de la ley sobre presupuesto universitario -que correría en manos del Gobierno la misma suerte que la Movilidad Jubilatoria- y el rechazo al DNU sobre la SIDE, algo que sería histórico, pues hasta ahora nunca ambas cámaras del Congreso dejaron sin efecto un decreto. 

Ante las votaciones adversas que le esperaban al oficialismo en estos dos temas, la intención para apaciguar tal suceso era lograr al menos la aprobación del proyecto de boleta única de papel, que ya la semana pasada se había postergado. Sin embargo, LLA se encontró con que los votos no estaban asegurados. Diferencias planteadas desde la UCR sobre el último borrador de dictamen enviado por el Gobierno encendieron las alarmas sobre la mayoría absoluta que requiere la iniciativa, por tratarse de una cuestión electoral. 

De esta manera, entre lunes y martes no se pudo definir si el recinto se abría este miércoles o jueves. Finalmente, este miércoles, mientras en la Cámara de Diputados culminaba abruptamente la visita de Guillermo Francos, se llevó a cabo Labor Parlamentaria en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Dispuestos a asestar dos golpes al Gobierno con la sanción de la ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU 656/24, los líderes de Unión por la Patria reclamaron con énfasis sesionar este mismo jueves con ambos temas. Pero la mayoría resolvió patear todo una semana. “Los votos para boleta única se sabe que están, pero hay que asegurarlos. Es darle una semana más al Gobierno”, expresó ante este medio uno de los participantes de la reunión. 

Molestos con la decisión, los integrantes del interbloque Unión por la Patria anunciaron que este jueves bajarán al recinto para sesionar.

Al ser consultado por la prensa sobre si el proyecto de BUP tiene los votos necesarios, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, expresó: “Nosotros entendemos que sí, somos optimistas”. Inmediatamente, sobre por qué entonces no se sesionaba este jueves, el oficialista contestó que “por razones de viaje de algunos senadores”. “Están los votos en la mente de varios senadores para sacar boleta única, pero necesitamos que estén sentados en el recinto y eso se va a poder producir el jueves que viene”, completó. 

Con la mira en implementar la boleta única de papel en las elecciones del año que viene, el Gobierno sabe que está a contrarreloj con el proyecto de ley. Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Poder Ejecutivo acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaba clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias. Pero ahora, LLA se encontró con resistencias al interior del radicalismo.  

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no. La media sanción se había votado en junio de 2022 y en febrero próximo se caerá si no se trata. 

Por otra parte, este martes tuvo dictamen en las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda el proyecto de financiamiento universitario. La iniciativa, aprobada por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizado por la oposición, éste es otro proyecto que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”. 

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo sabe que el DNU 656/24 va camino al rechazo. Para esto, se necesita solo mayoría simple. 

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras.

Acta de Labor 4-09-24 

¿Dos de cal y una de arena? Un famoso dicho parafraseado podría utilizarse para vislumbrar otra semana complicada para el oficialismo en el Senado, con la eventual sanción de la ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU que otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE por parte de la oposición. Como contrapartida, La Libertad Avanza acelera las negociaciones para luego de más de dos años congelado aprobar -con modificaciones- el proyecto de boleta única de papel.

El llamado a una o dos sesiones (para miércoles y jueves) todavía no está oficializado, y tampoco fue convocada Labor Parlamentaria, la reunión formal de jefes de bloques. Sin embargo, ya desde la semana pasada estaba la intención del oficialismo de abrir el recinto para tratar la iniciativa de BUP. Desde el Poder Ejecutivo hay un pedido constante ante los tiempos que corren si se pretende implementar en las elecciones del año próximo.

Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Gobierno acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaría clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Al tratarse de un tema electoral, en un eventual empate, la vicepresidenta Victoria Villarruel no podría definir, pues se requiere de una mayoría absoluta de 37 votos. Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no.

Por otra parte, para este martes a las 16.30 fue convocado un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de financiamiento universitario con media sanción de Diputados. Si bien en la Cámara alta se respeta el plazo de siete días para que un dictamen vaya al recinto, en la última sesión se aprobó una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada con o sin despacho de comisión en la próxima sesión.

El proyecto aprobado por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizada por la oposición, ésta es otra iniciativa que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por “darle la espalda al equilibrio fiscal”.

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo no evitaría que el DNU 656/24 sea tratado, con altísimas chances de ser rechazado. Se necesita mayoría simple.

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras. Y una nueva derrota para el oficialismo libertario, en marcada minoría parlamentaria y con una relación con los dialoguistas que no es la misma que al comienzo de la gestión.

Luego que en la Cámara de Diputados se rechazara el DNU sobre el presupuesto de la SIDE, con el aval de una veintena de legisladores macristas, desde el Pro aseveraron que “esto no es el cambio” y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a contestar, ampliándose así la pelea que mantiene con el expresidente Mauricio Macri, quien comanda hoy el partido amarillo.  

“ESTO NO ES EL CAMBIO. Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al Gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio”, expresó el Pro a través de la red social X. 

Y agregó que “el progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”. 

ESTO NO ES EL CAMBIO

Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un…

— PRO (@proargentina) August 21, 2024

La respuesta desde el lado del oficialismo no tardó en llegar y Bullrich rechazó que el Pro haya votado junto a otros bloques de la oposición, entre ellos Unión por la Patria. 

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados… y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”, enfatizó la funcionaria libertaria. 

También, apuntó que “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos”. “El rechazo al DNU lo celebran los criminales”, sumó. 

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados… y una SIDE desmantelada.

El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

Le contestó desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro: “Patricia, estás sesgando la información y utilizando temas sensibles y dolorosos para justificar lo injustificable. Acusar a los 156 diputados de estar del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo cuando, representando a sus votantes, rechazaron el DNU es un acto de amarillismo. De lo contrario, deberías presentar las denuncias correspondientes. Si hablamos de los atentados a la AMIA y la Embajada, también debemos mencionar el rol de la SIDE en el encubrimiento de estos actos terroristas y la inteligencia paralela que Milani y Cristina Kirchner organizaron con fondos reservados. No podemos olvidar los sobresueldos pagados durante el gobierno de Menem, por los cuales fueron condenados tanto el presidente Menem como el ministro Domingo Cavallo. Si, siendo Ministra de Seguridad tanto en el gobierno de Macri como en el de Milei, no estás al tanto de estos hechos, sería alarmante”.

El oficialismo sufrió un nuevo revés en la Cámara de Diputados, con el rechazo este miércoles del DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE, en una votación que resultó con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. 

De los 156 votos a favor, 86 fueron de Unión por la Patria, 22 de la Unión Cívica Radical, 20 del Pro, 12 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda y 2 de Buenos Aires Libre. 

En el lote de votos afirmativos se distinguieron los de una veintena de macristas y los de Carolina Píparo y su compañera de bloque, Lorena Macyszyn, aliados habituales del oficialismo. Por la bancada amarilla cinco legisladores habían contribuido al quórum. En la previa de la sesión, la mesa directiva del partido mantuvo un Zoom con el expresidente Mauricio Macri. 

El bloque del Pro tuvo 11 ausentes, entre ellos su presidente de bloque, Cristian Ritondo, que participó de esa cumbre virtual. También bullchristas como Sabrina Ajmechet y Gerardo Milman. Hernán Lombardi, cercano a Bullrich, también se ausentó.

En tanto, junto a 33 legisladores del oficialismo (tuvo 4 ausentes), votaron en contra del rechazo al DNU cuatro diputados del Pro: Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello y Patricia Vásquez. Salvo Tortoriello, los otros tres están referenciados en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Por el lado de la UCR, acompañaron en la derrota a La Libertad Avanza ocho legisladores: Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Lisandro Nieri, Luis Picat, Roxana Reyes, Federico Tournier y Pamela Verasay. 

Los votos negativos se completan con tres del Movimiento de Integración y Desarrollo, tres del bloque Independencia (tucumanos de Osvaldo Jaldo) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo). 

Las seis abstenciones fueron cuatro de Innovación Federal, de Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; y dos del Pro, de Silvana Giudici y Fernando Iglesias, también bullchristas.  

Entre los 42 ausentes, el bloque que más inasistencias tuvo fue el Pro, con 11. A Unión por la Patria le faltaron 10. A La Libertad Avanza, 4, mismo número que a la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal -tres cordobeses y Emilio Monzó-. Tampoco estuvieron los dos integrantes de Por Santa Cruz; el neuquino Osvaldo Llancafilo; la sanjuanina María de los Ángeles Moreno; y la tucumana Paula Omodeo. 

La oposición reunió quórum en la sesión pedida para este miércoles, en la que se rechazó el DNU 656/24, por el cual el Gobierno otorgó 100 mil millones de pesos en concepto de fondos reservados a la nueva SIDE. El dato fue que un grupo de diputados del Pro, bloque aliado del oficialismo, bajó al recinto. 

Desde la bancada que preside Cristian Ritondo, contribuyeron al número los porteños Álvaro González y Daiana Fernández Molero, la bonaerense Florencia de Sensi, la correntina Sofía Brambilla y el fueguino Héctor “Tito” Stefani. Al sentarse éstos dos últimos, el tablero marcó los 129 presentes. 

A la reunión solicitada por los bloques Encuentro Federal y Coalición Cívica asistieron los legisladores de Unión por la Patria -incluidos los cuatro catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil– el Frente de Izquierda y 16 integrantes de la Unión Cívica Radical, cuyo jefe, Rodrigo de Loredo, estuvo ausente -pidió licencia por un viaje a Estados Unidos-.

La bancada de Pichetto tuvo cinco ausentes: los cuatro cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García de Aresca, Alejandra Torres y Juan Brügge; y el entrerriano Francisco Morchio. 

A las 12.13 entraron al recinto Oscar Zago y Cecilia Ibáñez, del MID, junto a Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, que permanecen en La Libertad Avanza con una incomodidad creciente desde el escándalo por la visita a represores. Si bien rondaron sus bancas, no estaban sentados a la hora del quórum. 

Además del oficialismo y gran parte del Pro, no bajaron Buenos Aires Libre, bloque Independencia (tucumanos) y CREO, aliados de LLA. 

Tampoco estuvieron presentes los diputados de Innovación Federal, Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. 

En la antesala de la sesión pedida en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 656/24 que otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE, el senador nacional Martín Lousteau fue designado presidente de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, gracias al aval del kirchnerismo. 

En la reunión que se realizó este martes en el Anexo del Senado, el presidente de la UCR Nacional reunió los ochos votos de seis legisladores de Unión por la Patria (los diputados Leopoldo Moreau, Germán Martínez, Paula Penacca, y los senadores Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López), la diputada radical -de su espacio Evolución- María Coletta y el suyo propio. 

Además, Unión por la Patria se quedó con dos lugares entre las autoridades: el diputado Moreau, como vicepresidente primero, quien fue el último titular de la comisión; y el senador Parrilli como secretario, mano derecha de Cristina Kirchner y exdirector de la ahora disuelta Agencia Federal de Inteligencia. La vicepresidencia segunda quedó vacante.

Tal como adelantó parlamentario.com el jueves pasado, luego que se confirmara que la bicameral se conformaría este martes, el nombre de Lousteau se metió en la danza de nombres que hasta la semana pasada -y hace largo tiempo- tenía dos nombres en puja, los que finalmente no juntaron los avales necesarios. 

Cuando en abril pasado Victoria Villarruel designó a los integrantes por el Senado, no había en la lista ningún senador de La Libertad Avanza y encabezando la nómina apareció Martín Göerling Lara, del Pro. En lo que significaba un acuerdo con sus socios del partido amarillo, era intención de la vicepresidenta que Göerling Lara presidiera la comisión. El misionero también tenía el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Pero, con el correr de las semanas, mientras del lado de la Cámara de Diputados Martín Menem estiraba las designaciones, se metió el nombre del entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, promovido nada más y nada menos que por el asesor estrella del Gobierno, Santiago Caputo, quien lidera la reforma en los servicios de inteligencia. El propio senador confesó en declaraciones públicas que “alguien” de Casa Rosada le había ofrecido ese lugar. Cabe recordar que sus votos fueron clave para la aprobación de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal.

Pero las diferencias al interior del oficialismo y el tiempo en que se demoró la conformación de la bicameral provocaron finalmente un golpe por parte de la oposición. No sólo a Lousteau lo avalaron los legisladores de UP, sino también los radicales votaron por Moreau y Parrilli. La votación en la designación de autoridades fue así ocho contra seis, dejando en minoría a Göerling Lara, Kueider, y su par Edith Terenzi (Cambio Federal); más los diputados Gabriel Bornoroni, César Treffinger (LLA) y Cristian Ritondo (Pro).

El nombramiento de los integrantes por parte de la Cámara baja no estuvo exento de polémicas. En esa comisión, Menem dejó sin un lugar al bloque de Miguel Pichetto, que iba a ser para Emilio Monzó. Esto generó el malestar en Encuentro Federal, por no respetar el acuerdo previo. El argumento de Menem fue que no podía no enviar a dos representantes por parte de LLA cuando desde el Senado no había ni un solo oficialista. 

Luego que a fines de julio el Gobierno dispusiera por decreto la disolución de la AFI y puesta en marcha de la nueva SIDE, a la que además dotó de 100 mil millones de pesos para fondos reservados, los reclamos de la oposición se encendieron. Pero la acción que provocó que finalmente se llame a constituir la bicameral fue que en la Cámara de Diputados se pidió una sesión para rechazar el DNU 656/24 sobre el presupuesto para los espías. Será este miércoles al mediodía y Lousteau ya anticipó lo que espera de sus correligionarios. 

“Me gustaría ver que el bloque radical vote en contra del DNU”

Al finalizar la reunión constitutiva, Lousteau habló sobre la sesión que se espera en Diputados y manifestó que como presidente del partido radical espera “ver un bloque radical que baje, dé el debate y vote en contra de este DNU”. “Me gustaría ver eso, ¿sí? Porque es, insisto, parte de los principios con los que nos criamos, parte de los principios que son fundantes de una democracia que nos costó mucho conseguir, y parte del legado de (Raúl) Alfonsín. Me gustaría ver que los diputados radicales bajan y votan como corresponde”, desafió. 

En ese sentido, el senador dijo que “ojalá” el decreto se rechace y pase al Senado, ya que “los DNU requieren del rechazo de las dos cámaras”. “Por otro lado, destaco el rol de esta comisión que se constituyó hoy, y elegimos autoridades, para controlar y auditar qué es lo que se hace”, agregó en declaraciones a la prensa. 

Sobre esto, el porteño sostuvo: “Que el Gobierno sepa que vamos a ejercer el rol como corresponde, como lo dice la ley y que es un elemento muy importante para el buen funcionamiento, otra vez, de un sistema de inteligencia que ha venido funcionando muy pero muy mal. Ustedes han visto en el pasado espionaje, filtraciones, operaciones, presiones y eso no es compatible con la vida que queremos”. 

Desde la Cámara de Diputados, oficializaron la sesión especial solicitada por Encuentro Federal, el bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, para este miércoles 21 a las 12, por la que la oposición, la más dura y gran parte de los dialoguistas, buscan darle tratamiento al DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos para gastos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Originalmente, la cita en el recinto había sido confirmada para el pasado jueves 15 de agosto, primer día habilitado por la Ley 26.122 para darle tratamiento expreso al decreto en cuestión, pero se contrapuso con los tiempos de la sesión maratónica que se extendió hasta las primeras horas de la fecha solicitada.

En medio de la sesión mencionada, no prosperó el intento de Nicolás Massot respecto a pasar a un cuarto intermedio con el fin de garantizar el tratamiento del DNU 656 al día siguiente. Tampoco tuvo aval en el recinto el pedido de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica por el que buscó la incorporación del temario a esa maratónica reunión.

Tras la postergación de esta sesión, fue incorporado al temario el proyecto de declaración presentado por el bloque de la CC que busca declarar “nulo de nulidad absoluta e insanable” al decreto publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes 23 de julio.

También fue agregada la iniciativa de Margarita Stolbizer por el que rechaza al DNU 656 en su totalidad y donde había advertido que “Argentina debe retomar el camino de una legalidad que está marcada por la vigencia del sistema consagrado en todos los principios de la Constitución Nacional”. El proyecto tiene el acompañamiento de otros seis integrantes de EF.

Cabe recordar que el DNU ingresó por mesa de entradas el pasado 1ero. de agosto y el oficialismo evitó tratarlo en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se realizó una semana después. El miércoles 14 venció el plazo establecido por la Ley 26.122 para la elevación de un dictamen y por ende, desde el 15 ambas cámaras quedaron habilitadas al expreso e inmediato tratamiento del decreto en el recinto.

La petición de sesión tiene el aval, con su rúbrica, de cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical: Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano. Si se contabilizan los 16 de EF, los 6 de la CC, los 5 del Frente de Izquierda y los 99 integrantes de Unión por la Patria, el quórum no sería un obstáculo.

Vale aclarar que para que un decreto sea derogado, debe contar con el rechazo de ambas cámaras. En marzo pasado, el Senado puso contra las cuerdas al oficialismo cuando rechazó por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones al DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el cual sigue vigente ya que nunca fue tratado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

En la antesala de la sesión que la oposición pidió este miércoles en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, expresó: “Espero que el Gobierno no opere sobre el bloque radical u otros bloques para bajar diputados, porque el número tendría que estar ya consolidado”.

“Deberíamos tener quórum”, afirmó este lunes, al recordar la votación durante la última sesión para que el decreto se incorpore al temario. Si bien no se logró porque se requerían los dos tercios para ello, sí se reunieron 135 votos, “que son seis más de los que necesitamos para tener quórum y después rechazar el DNU”, señaló.

Entrevistado en CNN Radio, el legislador aseguró que no les “incomoda” votar junto a Unión por la Patria en contra del DNU, y mencionó que también están por el rechazo “el bloque de Miguel Pichetto” y “un grupo de radicales que no se van a mover”.

Sin embargo, “el miedo es que hayan negociado dinero por las universidades, que hayan llamado a los gobernadores para bajar a sus diputados”, advirtió. Y, en ese sentido, no se refirió solo a gobernadores de la UCR, sino también de Unión por la Patria, como el catamarqueño Raúl Jalil.

“El Gobierno tendría que entender que si tiene 100 mil millones de pesos para fondos reservados, cuando al mismo tiempo dice que no hay plata para jubilados o universidades, debe explicarlo muy bien en el Congreso y debe salir por ley”, resaltó.

El diputado apuntó que ese dinero “supuestamente” lo controla la bicameral, pero “en los años que yo llevo en el Congreso nunca vi controlar nada. Desde hace décadas, los fondos reservados no tienen ningún tipo de control en Argentina”, aseguró.

También dijo que estos fondos “siempre se asignaron por Ley de Presupuesto y nunca crecieron tanto los reservados, es decir, los que nadie sabe nada cómo se gastan”, como con este DNU.

“No se entiende porque el Gobierno quiere tanta plata que no tenga que rendirle a nadie, cuando supuestamente es un Gobierno tan austero”, cuestionó. “Vamos a poner un límite en el Congreso. Si hay cuestiones de prevención del terrorismo y crimen organizado pueden venir los ministros a charlar con los miembros de las comisiones”, recomendó, en alusión a lo que argumenta el oficialismo sobre el destino de estos recursos.

López añadió que “el estratega de comunicación del Gobierno, Santiago Caputo, es quien ha puesto al nuevo titular de los servicios de inteligencia (Sergio Neiffert), que es una persona absolutamente desconocida, sin antecedentes en materia de inteligencia, lo que nos hace absolutamente vulnerables”.

El diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, embistió contra el Gobierno Nacional por los gastos reservados destinados a la SIDE: “Cuando dicen no hay plata, nos están gastando”.

A través de un posteo en su red social “X”, Ferraro apuntó: “El gobierno miente al afirmar que no se ejecutaron gastos reservados de la SIDE”, y brindó cifras precisas de los montos ejecutados en la última semana.

“El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y comprometido otros $70.100 millones. El viernes 16 de agosto, esos $70.100 millones fueron ejecutados de manera obscena, espuria y sin ningún tipo de control. En menos de un mes, se gastaron un total de $80.060 millones en gastos reservados, lo que representa el 77.57% del presupuesto ampliado”, precisó Ferraro.

En esa línea, el diputado de la CC preguntó: “¿En qué gasta la nueva casta, con tanto apuro, cuando no hay plata para los jubilados, las universidades o la infraestructura para el desarrollo de nuestro país?”.

“Los argentinos merecemos conocer la verdad”, planteó y ratificó el pedido de sesión realizada por el bloque Encuentro Federal para este miércoles 21 de agosto: “A pesar de las presiones y amenazas de espionaje, para exigir la nulidad absoluta e insanable del DNU que aumentó el presupuesto anual para gastos reservados en más de un 3100%, y no conformarnos con un simple rechazo. Además, debemos exigir el reintegro de todos los gastos realizados hasta la fecha”.

CUANDO DICEN NO HAY PLATA, NOS ESTÁN GASTANDO.

El gobierno miente al afirmar que no se ejecutaron gastos reservados de la SIDE.

El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y… pic.twitter.com/2I1FM2385a

— maxi ferraro (@maxiferraro) August 19, 2024

Finalmente se constituirá este martes la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Un armado que se dilató en el tiempo y que venía siendo reclamado, sobre todo a partir de los decretos que eliminaron a la antigua AFI, para reemplazarla por la SIDE y, sobre todo, el decreto 656 que otorgó fondos reservados para ese organismo en el orden de los 100.000 millones de pesos.

Ese decreto está en la mira de la oposición, donde la semana pasada había sido convocada una sesión especial para tratarlo en el recinto. La misma tuvo que ser levantada por la prolongada extensión de otra sesión realizada a partir del mediodía del día anterior, pero se pidió un nuevo encuentro para este miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados.

Algunos legisladores, entre ellos los del oficialismo, sostienen que ese tema de los fondos reservados debe ser evaluado de manera secreta y en el ámbito de la Bicameral de Inteligencia. Será motivo de una discusión, pero por lo pronto hay que constituir la misma.

Y eso sucederá este martes a partir de las 16.50 en el sexto piso del Senado de la Nación. Ya se sabe quiénes son los legisladores de ambas cámaras elegidos para integrarla; ahora se resolverán un tema no menor: sus autoridades.

Son catorce los integrantes, a saber: por Unión por la Patria estarán los diputados Germán Martínez, Leopoldo Moreau y Paula Penacca, y los senadores Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” de Pedro y la riojana Florencia López; por la UCR, la diputada María Coletta y el senador Martín Lousteau; del oficialismo, los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger; la senadora chubutense Edith Terenzi; el jefe de bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo; el senador Martín Göerling Lara, del Pro; y el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal.

Estos últimos dos nombres son los que hace un tiempo pican en punta para el cargo de presidente de la comisión. El senador del Pro tendría el aval de la vicepresidenta de la Victoria Villarruel y cuenta además con el favor de su partido y, particularmente, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; mientras que el entrerriano sería el elegido por el asesor presidencial Santiago Caputo. El propio Kueider confesó en declaraciones públicas que “alguien” de Casa Rosada le ofreció ese lugar. Cabe recordar que sus votos fueron clave para la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Está claro que todo oficialismo quiere mantener bajo su órbita esa comisión tan sensible. ¿Pero cómo puede hacerlo un oficialismo tan reducido numéricamente en ambas cámaras? Recordemos que tiene solo dos miembros propios en la bicameral, de ahí que buscara elegir a un senador confiable entre los aliados. Una fuente consultada por parlamentario.com confió que de entre Göerling y Kueider saldrá el titular. Pero en las últimas horas comenzó a circular una especulación que inquieta en lo más alto del poder.

Sucede que la designación deberá contar con al menos 8 votos a favor de los integrantes de la bicameral. Y en las últimas horas comenzó a circular la versión de que el radical Martín Lousteau -presidente del partido centenario- se metió en la puja por la presidencia, empujado a ese lugar por el histórico dirigente Enrique “Coti” Nosiglia. Al porteño lo resisten tanto el oficialismo como sus socios del Pro, pero un eventual apoyo de Unión por la Patria complicaría las chances de los otros dos nombres.

En UP no están para nada dispuestos a acompañar por ejemplo a Kueider, considerado un “traidor”. Sumado a eso, la diputada Coletta responde al sector de Lousteau, quien primero -cuando Villarruel firmó las designaciones en abril- no había sido nombrado en esta comisión, pero entró luego en lugar de Mariana Juri, mendocina del sector de Alfredo Cornejo, el ala más dialoguista con el Gobierno.

Cabe destacar el particular interés existente en este sector del radicalismo, habida cuenta de que los dos designados son miembros del mismo espacio yacobittista.

Este año la presidencia de la bicameral corresponde al Senado. El último presidente fue el diputado radical K Leopoldo Moreau, quien en los hechos permanece a cargo, hasta que la comisión vuelva a reunirse con nuevas autoridades.

Qué dice la ley

La norma que rige a esta bicameral es la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que recalca la reserva que le asiste a sus reuniones y lo que allí se trata: “Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo anterior deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad”, señala en el artículo 17, que advierte que “la violación de este deber hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el Libro II Título IX, Capítulo II, artículo 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación, según correspondiere”.

El artículo 31 refiere a la creación en el ámbito del Congreso de la comisión bicameral, y en el siguiente establece que los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la misma, “con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

La Comisión Bicameral tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio. A su requerimiento, y con los recaudos establecidos en el art. 16, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que la Comisión solicite.

¿Qué actividades de inteligencia están sujetas al control parlamentario?

✅ La consideración, análisis y evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional.

✅ La consideración del Informe Anual de las Actividades de Inteligencia, de carácter secreto, que será elaborado por la Secretaría de Inteligencia y remitido a la Comisión Bicameral dentro de los diez días de iniciado el período de sesiones ordinarias.

✅ La recepción de las explicaciones e informes que se estime convenientes de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 71 de la Constitución Nacional.

La comisión bicameral debe elaborar y remitir en forma anual al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación de un informe secreto con los siguientes temas:

✅ El análisis y evaluación de las actividades, funcionamiento y organización del Sistema de Inteligencia Nacional en función de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional.

✅ La descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas por la Comisión Bicameral en cumplimiento de sus misiones, con la fundamentación correspondiente.

✅ La formulación de recomendaciones para el mejoramiento del Funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional.

✅ Emitir opinión con relación a todo proyecto legislativo vinculado a las actividades de inteligencia.

Esa comisión recibe además denuncias formuladas por personas físicas y jurídicas sobre abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia y la investigación de las mismas.

También se ocupa del contralor de los planes de estudio empleados por la Escuela Nacional de Inteligencia para la formación y capacitación del personal.

La Comisión Bicameral está facultada para requerir de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) de sus delegaciones en el interior del país y de las empresas que prestan o presten en el futuro servicios telefónicos o de telecomunicaciones de cualquier tipo en la República Argentina, informes con clasificación de seguridad que contengan el listado de las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un período determinado.

Ningún documento público emanado de la Comisión Bicameral podrá revelar datos que puedan perjudicar la actividad de los organismos de inteligencia o afectar la seguridad interior o la defensa nacional.

Los fondos reservados

Y un detalle clave, que establece el artículo 37: la Comisión Bicameral será competente para supervisar y controlar los “Gastos Reservados” que fueren asignados a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional.

A tales fines podrá realizar cualquier acto que se relacione con su competencia, en especial:

Entender e intervenir en el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo remita al Congreso de la Nación. A tales fines el Poder Ejecutivo enviará toda la documentación que sea necesaria, en especial: un anexo conteniendo los montos asignados o ejecutados por jurisdicción que tengan el carácter de gastos reservados, confidenciales, secretos o de acceso limitado o restringido; un anexo con clasificación de seguridad, conteniendo finalidad, programa u objeto del gasto.

Asimismo se puede exigir la colaboración de todos los organismos de inteligencia contemplados en la presente ley, los que estarán obligados a suministrar los datos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones. En aquellos casos de estricta necesidad, también podrá requerirse fundadamente la documentación a que alude el Artículo 39 de la presente ley.

También está facultada la bicameral para controlar que los fondos de carácter reservado hubiesen tenido la finalidad prevista en la asignación presupuestaria; elaborar anualmente un informe reservado para su remisión al Congreso de la Nación y al Presidente de la Nación que contenga el análisis y evaluación de la ejecución de los gastos reservados otorgados a los organismos de inteligencia, y la descripción del desarrollo de las actividades de supervisión y control efectuadas por la Comisión Bicameral, así como las recomendaciones que ésta estimare conveniente formular.

El bloque Encuentro Federal realizó un nuevo pedido para llevar a cabo una sesión especial con la intención de darle tratamiento al DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

En voz de Nicolás Massot, firmante de este nuevo pedido para sesionar el próximo miércoles 21 de agosto a las 12.00, la bancada multisectorial no logró el pase a un cuarto intermedio para garantizar la sesión que iba a realizarse este jueves. Tampoco, el pedido de la Coalición Cívica para incorporar el decreto en cuestión a la maratónica sesión que duró más de 22 horas.

El pedido original era para este jueves 15, ya que según la Ley 26.122, es el primer día que habilita el tratamiento del decreto publicado el 23 de julio en el Boletín Oficial e ingresado por mesa de entrada de la Cámara alta el 1ero. de agosto pasado. Luego, el 8, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo rechazó el debate ante la insistencia de Unión por la Patria en conjunto con Massot.

Para esta nueva petición, se incorporó al temario el proyecto de declaración impulsado por la Coalición Cívica para declarar al DNU 656/24 “nulo de nulidad absoluta e insanable”. “El continuo avance ilegítimo sobre las instituciones reviste enorme gravedad, pues las soluciones deben buscarse y encontrarse justamente en el apego a las reglas constitucionales, y no en su ruptura”, concluyen en la iniciativa.

Acompañaron el pedido los diputados nacionales Massot, Emilio Monzó, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Alejandra Torres, de Encuentro Federal; Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; y los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano.

Tras meses de retraso, la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia se constituirá este martes por la tarde, bajo la todavía incógnita de quién resultará presidente. La comisión tiene a su cargo supervisar y controlar los gastos reservados para este área. El Gobierno otorgó recientemente 100 mil millones de pesos a la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a través de un DNU que suma el rechazo de la oposición en el Congreso.

Los 14 integrantes ya están confirmados: por Unión por la Patria estarán los diputados Germán Martínez, Leopoldo Moreau y Paula Penacca, y los senadores Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López; por la UCR, la diputada María Coletta y el senador Martín Lousteau; del oficialismo, los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger; la senadora chubutense Edith Terenzi; el jefe de bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo; el senador Martín Göerling Lara, del Pro; y el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal.

Estos últimos dos nombres son los que hace un tiempo pican en punta para el cargo de presidente de la comisión. El senador del Pro tendría el aval de la vicepresidenta de la Victoria Villarruel y también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; mientras que el entrerriano sería el elegido por el asesor presidencial Santiago Caputo. El propio Kueider confesó en declaraciones públicas que “alguien” de Casa Rosada le ofreció ese lugar.

Una fuente consultada por parlamentario.com confió que de estos dos nombres saldrá el titular. Pero igualmente la designación deberá contar con al menos 8 votos a favor de los integrantes de la bicameral.

En las últimas horas comenzó a circular la versión de que el radical Martín Lousteau -presidente del partido centenario- se metió en la puja por la presidencia, empujado a ese lugar por el histórico dirigente Enrique “Coti” Nosiglia. Al porteño lo resisten tanto el oficialismo como a sus socios del Pro, pero un eventual apoyo de Unión por la Patria complicaría las chances de los otros dos nombres. En UP no están para nada dispuestos a acompañar por ejemplo a Kueider, considerado un “traidor”. Sumado a eso, la diputada Coletta responde al sector de Lousteau, quien primero -cuando Villarruel firmó las designaciones en abril- no había sido nombrado en esta comisión, pero entró luego en lugar de Mariana Juri, mendocina del sector de Alfredo Cornejo, el ala más dialoguista con el Gobierno.

Este año la presidencia de la bicameral corresponde al Senado. El último presidente fue el diputado radical K Leopoldo Moreau, quien en los hechos permanece a cargo.

La elección de autoridades de la comisión, clave en el contexto de la nueva SIDE y su presupuesto millonario, se resolverá el próximo martes a las 16.

Con otras dos sesiones primero por delante, convocadas para el miércoles, se oficializó la tercera sesión pedida en la Cámara de Diputados esta semana. Se trata de la reunión solicitada por los bloques de Encuentro Federal y Coalición Cívica, para el jueves a las 11, con la intención de tratar el DNU 656/24 por el cual el Gobierno nacional le otorgó 100 mil millones de pesos para fondos reservados a la nueva SIDE.

El panorama en torno al futuro del decreto sobre el presupuesto de la nueva Secretaría de Inteligencia aparece sombrío para el oficialismo: en la oposición confían en alcanzar el quórum y una mayoría para rechazarlo y dejarlo, así, a un paso de ser declarado inválido. Cabe resaltar que, para que eso pase, también debe rechazarse en el Senado, según establece la Ley 26.122.

Los números tampoco son los mejores para La Libertad Avanza en la Cámara alta, donde ya cuenta con el antecedente del rechazo al mega DNU 70/23, el cual sigue vigente, pues en ese caso nunca se reunió una mayoría en Diputados para voltearlo.

Desde que se publicó en el Boletín Oficial, el pasado 23 de julio, el DNU 656/24 fue cuestionado por la oposición más dura, pero también por la dialoguista. Mientras desde Unión por la Patria y la izquierda presentaron sendos proyectos para anular además el DNU 614 -por el que primero se disolvió la AFI y se creó la nueva SIDE-, desde el bloque que preside Miguel Pichetto, la diputada Margarita Stolbizer presentó una iniciativa para rechazarlo. Por su parte, la CC-ARI propuso declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable”.

En la última reunión de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el radicalismo, junto a La Libertad Avanza y el Pro, impidió que el cuestionado DNU sea incorporado al temario, reclamo que encabezó Unión por la Patria, acompañado por el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Según pudo saber parlamentario.com, en el bloque radical de la Cámara baja hay “una minoría” que no quiere bajar a la sesión del jueves para dar quórum. Sin embargo, fuentes del espacio aseguran que una veintena sí estaría dispuesta a asistir y votar en contra del decreto.

Si hubiera asistencia perfecta y se sumaran los 99 integrantes de Unión por la Patria, los 16 de Encuentro Federal, los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del Frente de Izquierda y una mayoría de la Unión Cívica Radical (son el total 34), los números rondan por encima de los 140. Para el quórum se requieren 129, mismo número de la mayoría simple que se necesita para aprobar o rechazar el DNU.

Caída la sesión especial pedida por el oficialismo el miércoles 7 de agosto, era de manual que el oficialismo insistiría más temprano que tarde con el mismo temario. Pero antes de que lo hiciera, un sector de la oposición ¿todavía amigable? se adelantó para pedir una sesión especial para tratar tan solo el DNU 656/24 que dispuso el otorgamiento de 100 mil millones de pesos en concepto de gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado.

Esa sesión fue pedida para el jueves que viene, el 15 de agosto. En rigor, desde Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) habían adelantado el mismo día de la sesión especial caída que analizaban convocar a una sesión especial para el martes venidero, incluyendo el temario frustrado del 7 de agosto, sumándole el tratamiento del DNU. Eso dijeron en caliente quienes con su ausencia habían abortado sorpresivamente la sesión del miércoles pasado; pero ya más fríos y transcurrida la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo en la que no se pudo forzar el tratamiento del DNU de la discordia, hicieron una jugada más adecuada: convocar a sesionar ni bien se agotaran los plazos legales que tiene un decreto de necesidad y urgencia para ser tratado. Esto es, al día siguiente en el que se cumplieran los diez días de plazo para el tratamiento en la Bicameral de DNU. Ergo, el 15 de agosto.

De ahí la fecha pedida para sesionar, el próximo jueves, a partir de las 10 de la mañana. Algo que extraoficialmente habían sugerido desde Unión por la Patria. Atentos a su condición de “mancha venenosa” para la oposición dialoguista, sugirieron que desde allí pidieran una sesión para tratar el DNU, y cumplido ese trámite ellos colaborarían luego con el quórum. Se verá cuántos terminan sumando, habida cuenta de que esa sesión ha sido pedida por diputados de Encuentro Federal (16 voluntades), la Coalición Cívica (6 diputados) y siete radicales.  Sumando los 99 de UP, con asistencia perfecta, estarían sumando 128 diputados. Y si está la izquierda, se asegura el quórum (¿y los votos?) con creces.

Primereados por Encuentro Federal, el oficialismo y sus aliados del Pro pidieron una sesión especial para el miércoles 14, con el mismo temario del 7 de agosto, más el proyecto que declara a la educación servicio esencial. Una fuente del bloque de Miguel Angel Pichetto confió a parlamentario.com que este martes en la reunión de bloque que tendrán definirán si dan quórum al día siguiente, cosa que no hicieron, como hemos dicho, el miércoles pasado. Y si bien aclaró que no habían hablado aún como bloque, particularmente era de la idea de dar esta vez quórum “ordenando bien la sesión”.

Más allá de eso, el radicalismo, que sí estuvo presente el miércoles pasado –salvo tres excepciones por razones de salud- sorprendió el viernes convocando a una sesión para este mismo miércoles, a las 14, para tratar el tema del presupuesto universitario. Esa es una cuestión que fue muy meneada en la primera parte del año, hasta que el Gobierno se avino a reforzar partidas. En principio, la cuestión quedó pendiente para llevar al recinto, pero el radicalismo aclaraba por lo bajo que el tema sería resuelto definitivamente con el Presupuesto 2025. Como el tema se ha complicado y ya se especula con una nueva marcha universitaria, el bloque UCR resolvió pedir llevar el tema al recinto este miércoles.

El pedido es bien específico: es para las 14 del miércoles 14, “o al término de la sesión especial solicitada por el diputado Alejandro Finocchiaro y otros diputados, en caso de que esta última se extendiera más allá de las 14.00 hs.”.

Fuentes del bloque radical recordaron que ya hicieron saber al oficialismo la necesidad de que se funcione “con sesiones de tablas con todos los temas dictaminados por las comisiones”. “Funcionar en base a sesiones especiales es una irregularidad reglamentaria”, aseguraron.

El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones en mayo pasado y hubo cuatro despachos. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir los temas educativos.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Y ahora efectivamente volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

Recordemos que el Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento para las universidades. Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente. “Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada”, resaltan desde el bloque de la UCR, que al mismo tiempo admiten deberán abrir el diálogo con el resto de los bloques para “alcanzar una mayoría”, dado los distintos dictámenes (el de mayoría es el de UP).

Las mismas fuentes aclararon que el pedido formulado al presidente del Cuerpo, Martín Menem, cubre la posibilidad de que “haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer”. Recordemos que en el pasado reciente, UP había convocado a una sesión especial para el martes 30 de abril, para tratar movilidad jubilatoria, cuando se preveía realizar la sesión de la Ley de Bases el día anterior, con la certeza de que se extendería al día siguiente. Así las cosas, el presidente de la Cámara nunca oficializó la sesión pedida para el martes.

Ahora los radicales piensan que no hay elementos para que las autoridades de la Cámara baja denieguen esa solicitud. Se verá, pero lo cierto es que para la sesión especial que se cayó se hacía un cálculo preliminar de entre 21 y 24 horas de duración. Y ahora a esa sesión se le ha sumado el tema de la esencialidad para las clases, un tema que amerita un debate intenso. Planteadas estas tres sesiones, tal vez el oficialismo juegue al cansancio, estirando lo máximo posible la sesión que ellos convocan.

Se verá.

Tal cual habían adelantado legisladores del ahora denominado bloque de Encuentro Federal al cabo de la frustrada sesión del miércoles, diputados de la oposición pidieron una sesión para la próxima semana para rechazar el DNU que otorgó 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la nueva SIDE.

Con la firma de diputados de Encuentro Federal (EF), la UCR y la Coalición Cívica, la sesión fue solicitada para el próximo jueves 15 de agosto a las 10, con el objetivo de que la Cámara de Diputados rechace el DNU 656/2024 que dispuso el otorgamiento de 100 mil millones de pesos en concepto de gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado.

El pedido de sesión fue firmado por Nicolás Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Facundo Manes (UCR), Juan Manuel López (CC), Carlos Gutiérrez (EF), Fernando Carbajal (UCR), Natalia de la Sota (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Margarita Stolbizer (EF), Marcela Coli (UCR), Mónica Fein (EF), Pablo Juliano (UCR), Alejandra Torres (EF), Pedro Galimberti (UCR), Manuel Aguirre (UCR) y Jorge Rizzotti (UCR).

Fuentes de Unión por la Patria habían adelantado también el miércoles a la prensa parlamentaria su disposición a apoyar una movida de ese tipo para rechazar el decreto de necesidad y urgencia. Solo esperaban que desde los bloques considerados “dialoguistas” lo pidieran si desde el oficialismo no se mostraba disposición para un próximo tratamiento durante la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo que se reunió este jueves.

Se eligió esa fecha porque el miércoles 14 se cumplen los diez días que establece la ley que rige los DNU para que la comisión se expida, pasados los cuales los legisladores tienen potestad para llevar su tratamiento al recinto.

La ley 26.122 lo establece en su artículo 19, que dice lo siguiente: “La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las cámaras”.

El artículo 20 plantea que “vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.

El oficialismo logró dilatar el tratamiento de los DNU 614 y 656/2024, por los que el Gobierno nacional reestructuró a la Secretaría de Inteligencia De Estado y le otorgó 100.000 millones para gastos reservados, cuando este jueves la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo rechazó sumar esos decretos al temario.

Los miembros de Unión por la Patria en acuerdo con el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) tenían preparado un dictamen de rechazo contra el DNU publicado en el Boletín Oficial el pasado 22 de julio, pero la moción fue rechazada: el diputado Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann -ambos del radicalismo- no acompañaron el pedido de la oposición.

La votación no alcanzó los nueve votos necesarios y las autoridades de la Bicameral optaron por establecer el debate de los DNU, respecto a la conformación y presupuesto de la SIDE, para una reunión que se hará en dos semanas. “No acompaño el dictamen del kirchnerismo”, alegó el catamarqueño Monti. Por su parte, Zimmermann optó por acompañar la postura de las autoridades de la comisión, de la cual él es secretario.

Desde Unión por la Patria no ocultaron su malestar ante la postura de los legisladores de la Unión Cívica Radical y salieron a cruzarlos vía X. El primero en protestar fue Leopoldo Moreau, quien estuvo presente en el Salón Illia este jueves y como actual presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia (hasta que el oficialismo la vuelva a conformar) negó que la misma tenga competencias en el tratamiento de los DNU de la SIDE.

Hay dos UCR ?. Hace unos días el radicalismo en una declaración reclamo el " urgente " tratamiento ( para rechazarlo ) del DNU que asigna a la SIDE 100 mil millones pesos en fondos reservados. Hoy cuando los legisladores de UxP junto con Massot pidieron tratarlo los…

— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) August 8, 2024

Luego, cargó: “¿Hay dos UCR? Hace unos días el radicalismo en una declaración reclamo el ‘urgente’ tratamiento (para rechazarlo) del DNU que asigna a la SIDE 100 mil millones pesos en fondos reservados. Hoy cuando los legisladores de UxP junto con Massot pidieron tratarlo los representantes de la UCR se sumaron al mileismo y el PRO y bloquearon su tratamiento”.

“¿Qué pasó?”, cuestionó, y agregó: “Están dilatando su consideración a la espera de la constitución de la Bicameral de Inteligencia para después pretextar que dicha comisión es la que fiscaliza los fondos reservados y que con ese control es suficiente”. En el final acusó que “así ‘le salvan’ los 100 millones de dólares que el gobierno quiere entregarle a la SIDE. Guarden este tuit”.

Con el recorte del comunicado que pedía “tratamiento urgente” del DNU en cuestión por parte del radicalismo, el jefe de bancada de Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, añadió: “No me sorprende que los libertarios y el PRO banquen la decisión de Milei de darle 105 millones de dólares a la SIDE para gastos reservados”. “Pero… ¿la UCR? ¿Acaso no sacaron un comunicado hace 9 días pidiendo por el rechazo a los DNU de Inteligencia? Inconcebible”, ironizó..

Integrante de la Bicameral de DNU, la diputada Vanesa Siley sumó: “Hoy La Libertad Avanza y sus aliados, la UCR y el Pro, se negaron a tratar el decreto 656/24 que le da 100 mil millones extras a la SIDE para FONDOS RESERVADOS. Mientras, no sabemos en qué se la estan gastando”.

En el final de la reunión, las autoridades lograron establecer como próximas reuniones de esta Bicameral a los días 22 de agosto, el 5 y 19 de septiembre. Sin embargo, a partir del próximo 15 de agosto los decretos en cuestión están habilitados para ser llevados al recinto de ambas cámaras.

El oficialismo resistió la presión de la oposición en el Congreso, la más dura y la de parte de los dialoguistas, y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo rechazó darle tratamiento este jueves a los decretos de necesidad y urgencia 614 y 656/2024 por los cuales se reestructuró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y se le asignaron gastos reservados por 100.000 millones de pesos.

Los seis integrantes de Unión por la Patria junto al diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) unificaron un dictamen de rechazo al DNU 656/2024, pero la moción fue rechazada. Pese a estar de acuerdo con la derogación del decreto, el diputado radical Francisco Monti no acompañó el pedido. Tampoco lo hizo el senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR).

Usted ha incumplido un acuerdo sobre llevar un plan de trabajo con orden cronológico y no permitió estar al día. Asuma el compromiso, sino vamos a poner en funcionamiento esta comisión bajo herramientas alternativas”.

Si bien manifestó que “desde la UCR en la Cámara de Diputados hemos tenido mirada crítica”, el legislador catamarqueño aclaró: “No acompaño el dictamen del kirchnerismo”. Antes había expresado que “queremos dar vuelta la página, tener calidad institucional y no poner la vara del gobierno anterior”.

Del mismo modo, también cargó contra el presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Juan Carlos Pagotto: “Usted ha incumplido un acuerdo sobre llevar un plan de trabajo con orden cronológico y no permitió estar al día”. Para terminar, le advirtió al titular de la Bicameral que “asuma el compromiso, sino vamos a poner en funcionamiento esta comisión bajo herramientas alternativas”.

El pedido de ampliación del temario fue motivado por la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien acompañada por la diputada Carolina Gaillard explicó que hubo un pedido formal de agregar ambos decretos con el correspondiente número de firmas en la previa de la reunión. “El reglamento es imperativo y usted está faltando a su palabra”, cuestionó la mendocina.

La misma postura esgrimió Nicolás Massot, quien se dirigió a la autoridad del encuentro enrostrándole que “hubo 14 jueves en que no se reunió esta comisión”. Mencionó, además, que por los plazos establecidos en la Ley 26.122 -de regulación legislativa a los decretos-, el 614 y el 656 “son los únicos DNU relevantes a tratar” en esta jornada.

La respuesta de Pagotto, en su rol de autoridad de la bicameral, fue que “no se incorporaron al temario porque está la Ley 25.520 que es competencia de la Bicameral de Inteligencia que no se ha conformado”. Ante la presión ejercida por la oposición, remarcó que “hubo decretos del exministro Sergio Massa que ampliaron presupuestos y nunca se trataron”.

Presente en el Salón Illia, el diputado nacional Leopoldo Moreau -vigente titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia hasta que el actual oficialismo la vuelva a conformar- le contestó al riojano que esa comisión “solo controla y hace seguimiento, pero no tiene opinión de carácter legislativo”.

“Nosotros controlamos la ejecución presupuestaria de los servicios de inteligencia, pero los fondos reservados se asignan en la Ley de Presupuesto”, indicó Moreau. Para terminar, señaló que lo mencionado por Pagotto es “un argumento inválido”, y cerró que “en cualquier país del mundo (los recursos de inteligencia) se debaten en el Parlamento”.

El dictamen de rechazo fue consensuado por Unión por la Patria y el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot.

Finalmente, la moción pedida fue votada por Fernández Sagasti, Gaillard, Massot, Ramiro Gutiérrez, Vanesa Siley, María Teresa González y Mariano Recalde. A su vez, tuvo el rechazo de los radicales Monti y Zimmermann; Luis Juez y Hernán Lombardi, del Pro; Oscar Zago, del MID; y de los oficialistas Pagotto, Bartolomé Abdala (presidente provisional del Senado), Lisandro Almirón e Ivanna Arrascaeta. El único ausente de los 16 integrantes fue el senador correntino Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal.

Por iniciativa de Hernán Lombardi, vicepresidente de la Bicameral de DNU, se aprobó -con el voto de los que rechazaron la moción de UP- establecer como próximas reuniones de esta Bicameral a los días 22 de agosto, el 5 y 19 de septiembre. En el comienzo, el presidente de la bicameral Juan Carlos Pagotto había sido reprochado por la oposición por no haber cumplido el acuerdo respecto a llevar a cabo un encuentro semanal.

Una vez que las dos mociones fueron votadas en la reunión de este jueves, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo pasó a la firma los decretos del temario: tres de la presidencia de Mauricio Macri, 31 de la gestión de Alberto Fernández y cinco del gobierno de Javier Milei.

De todos modos, la cuestión central que apura a La Libertad Avanza es que el próximo miércoles 14 de agosto se vencen los plazos que establece la Ley 26.122, respecto a la regulación legislativa de los decretos presidenciales, por lo que a partir del día 15 ambas cámaras están habilitadas para tratar los decretos en cuestión en el recinto.

Si bien el oficialismo dilató el debate, en una semana el 656 podrá ser puesto a consideración en cualquiera de las dos cámaras. En el Senado, está el antecedente del rechazo al DNU 70/2023 sobre desregulación de la economía el pasado 14 de marzo; mientras que en Diputados, desde Encuentro Federal, impulsado por Margarita Stolbizer, Massot y otros 5 legisladores, fue presentado un proyecto de derogación. También el bloque de la Coalición Cívica propuso declararlo “nulo de nulidad absoluta”.

En la antesala a la reunión de la Comisión Bicameral que tratará un paquete de DNU de los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández junto a otros cinco de Javier Milei, la diputada de izquierda Vanina Biasi reclama el tratamiento “urgente” de los DNU de la SIDE y pide su derogación.

“Con la convocatoria a esta Bicameral, con sólo 5 decretos pertenecientes al gobierno de Javier Milei, se sigue llevando adelante una política de dilación respecto del tratamiento de lo que son políticas centrales del Gobierno nacional”, denunció y explicó: “Entre ellas, notoriamente excluyeron del temario los 3 decretos de creación, ampliación y financiamiento de fondos reservados con 100 mil millones de pesos para la nueva/vieja SIDE: un aspecto central de la política represiva, conspirativa y de espionaje sobre la población que lleva adelante este gobierno”.

La diputada reclamó: “Los 3 decretos de la SIDE deben ser anulados, tal como planteo en un proyecto de ley que presentamos en esta Cámara porque con ellos, y toda una batería de medidas y proyectos de ley de reforzamiento represivo del Estado que envió la ministra Patricia Bullric, el Gobierno de la infiltración policial en las movilizaciones, de los presos políticos y las causas armadas contra las organizaciones sociales y piqueteras, y contra los manifestantes por la Ley Bases, se hace de una nueva herramienta para la represión interna, el espionaje y los carpetazos”.

Con la cuestión de la SIDE de fondo, este jueves a partir de las 14 se reunirá la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Poder Ejecutivo. Tanto el DNU 614, por el cual se disolvió la AFI y se creó la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado, como el posterior 656, por el que se le otorgó al organismo 100 mil millones de pesos para fondos reservados, no están en el temario, pero la oposición, la más dura y también la dialoguista, reclamarán por su tratamiento. 

Según trascendió este miércoles, luego de caída la sesión en la Cámara de Diputados, si este jueves el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, no fija una fecha de debate para emitir dictamen, la próxima semana podrían pedir una sesión para discutir directamente en el recinto. 

De acuerdo a la Ley 26.122, a partir del envío del DNU al Congreso, la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Vencido ese plazo (sería el miércoles 14), y en caso que no haya dictamen, las cámaras pueden abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto” en las cámaras. 

La postura que adopten en la reunión de este jueves cada uno de los bloques de la oposición, donde también hay quienes quieren primero que haya dictamen de comisión (una señal para el oficialismo de estirar los tiempos), será clave para vislumbrar qué podría ocurrir la semana próxima. 

Desde que se publicó en el Boletín Oficial, el pasado 23 de julio, el DNU 656/24 fue cuestionado por la oposición más dura, pero también por la dialoguista. Desde Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer presentó un proyecto que propone su rechazo, mientras que la Coalición Cívica quiere declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable”. En igual sentido presentó uno Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. 

En caso de tratarse en el recinto de Diputados, el panorama para el oficialismo no parece fácil. Tampoco en el Senado, donde además está el antecedente del rechazo al mega DNU 70/23.

La Bicameral de DNU se reunió por última vez en abril, cuando dictaminó sobre un conjunto de decretos de gobiernos anteriores. Misma situación que se prevé para la convocatoria de este jueves, cuyo temario está compuesto por tres decretos de la gestión de Mauricio Macri, 31 de la de Alberto Fernández y sólo 5 de Javier Milei, firmados ni bien asumió, es decir, en diciembre de 2023. En total, el libertario ya lleva más de 30 en ocho meses.

Con el correr de los días aumenta la presión opositora contra el DNU 656/24, mediante el cual el Gobierno otorgó 100 mil millones de pesos a la nueva SIDE. Tras el pronunciamiento del bloque radical, un conteo provisorio vislumbra una mayoría en la Cámara de Diputados capaz de votar el rechazo de la medida. Para que el decreto quede derogado, el escenario debería repetirse en el Senado, según lo establece la Ley 26.122. Esa norma también prevé los plazos de tratamiento en el Congreso, una vez enviado el DNU, hecho que ocurrió este jueves.

A la posición en contra de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, ambos sectores más duros contra el oficialismo, que también presentaron proyectos para dejar sin efecto el DNU 614 (por el que se disolvió la AFI y se creó la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado), se sumaron distintos actores de la oposición dialoguista.

De los primeros proyectos presentados que proponen rechazar el DNU 656 se encuentra el de Margarita Stolbizer, que fue acompañada por seis de sus pares de Hacemos Coalición Federal: Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.

Con el objetivo de declarar al DNU “nulo de nulidad absoluta e insanable”, la Coalición Cívica hizo lo propio. Los firmantes fueron todos los miembros del bloque: Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.

Luego de una reunión de bloque el pasado lunes, los 33 diputados de la UCR cerraron filas en torno al tema y exigieron el tratamiento “urgente” del DNU y la conformación de la Bicameral de Inteligencia. A través de un comunicado, los radicales cuestionaron la decisión del Gobierno de dotar a la nueva SIDE en “100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ‘no hay plata’, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados”.

Si se sumaran los 99 integrantes de Unión por la Patria -la primera minoría en la Cámara baja-, más los 7 diputados de Hacemos Coalición Federal firmantes del proyecto encabezado por Stolbizer, los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del Frente de Izquierda y los 33 (actualmente) de la Unión Cívica Radical, los votos superarían a la mayoría de 129 que se necesitaría para votar el rechazo del DNU.

Por su parte, el escenario para La Libertad Avanza en el Senado ya se sabe más adverso, pues allí Unión por la Patria debería buscar cuatro votos más para alcanzar una mayoría. La Cámara alta ya cuenta con el antecedente del rechazo al DNU 70/23 de desregulación de la economía, en marzo pasado. No obstante, el mismo sigue vigente, porque nunca fue rechazado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

La Bicameral de Trámite Legislativo se reúne el próximo jueves 8

Ante las medidas unilaterales del Ejecutivo relacionadas a inteligencia, los diputados Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot (HCF), junto al senador Carlos “Camau” Espínola (UF), le enviaron una carta al presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), para que convoque de manera urgente a la comisión. En la misiva le recordaron que en febrero se acordó que iba a haber reuniones todos los jueves, sin embargo la bicameral no funciona desde el pasado 25 de abril. “Se está incumpliendo lo acordado”, señalaron.

En febrero, cuando por la presión en torno al DNU 70/23 el oficialismo puso en marcha la comisión que revisa los decretos del Gobierno, la Libertad Avanza y sus aliados enfatizaron que era necesario primero avanzar con todos los decretos que estuvieran pendientes de tratamiento.

Eso es algo que recordaron Monti, Massot y Espínola: “Adicionalmente al compromiso de reunir la comisión semanalmente se asumió la necesidad de llevar a cabo un plan de trabajo que persiga el avance del tratamiento de decretos pendientes de acuerdo a un criterio cronológico”. Sin embargo, consideraron que ahora “dicho plan se ha tornado una idea abstracta por el constante incumplimiento por parte de la presidencia de realizar las correspondientes convocatorias, lo que deriva en la necesidad de rediseñar la dinámica de selección de instrumentos legales a tratar”.

Durante dos reuniones que realizó en abril, la comisión dictaminó sobre un conjunto de decretos de gobiernos anteriores. Misma situación que se prevé para la convocatoria del próximo jueves 8 de agosto a las 14, donde el temario está compuesto por tres decretos de la gestión de Mauricio Macri, 31 de la de Alberto Fernández y sólo 5 de Javier Milei, que son los firmados ni bien asumió, es decir, en diciembre de 2023. En total, el libertario ya lleva más de 30 en ocho meses.

A partir del envío del DNU al Congreso, ocurrido este jueves, la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Vencido ese plazo (sería el miércoles 14), y en caso que no haya dictamen, las cámaras podrán abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto”, según el artículo 20 de la Ley 26.122. 

“Desde el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR hacemos un fuerte cuestionamiento a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de asignar, vía DNU, 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”, expresaron los diputados de la UCR en el marco de una extensa reunión mantenida por el bloque que lidera el cordobés Rodrigo de Loredo.

Durante el encuentro también abordaron la cuestión de la visita de un grupo de diputados libertarios a represores en el penal de Ezeiza, como así también la posibilidad de una sesión especial por los temas de educación y la composición de la AGN.

Respecto de la visita a los militares condenados, fuentes radicales confirmaron a este medio que se expresó claramente el reproche a la visita y se consideró la manera como se hará conocer el repudio de la Cámara. No descartaron acompañar el proyecto presentado por Unión por la Patria pidiendo la conformación de una comisión especial para estudiar el tema.

Asimismo se habló de las modificaciones que pretenden introducir en la ley antimafias, que el oficialismo buscará dictaminar este miércoles. El viernes, confió una fuente del partido centenario, va a haber una reunión con los gobernadores para abordar el tema educativo y probablemente en el mes de agosto convoquen a una sesión especial por el FONID, la educación como servicio esencial y financiamiento de  universidades.

Con relación a la composición de la AGN, postularán al expresidente del bloque radical, Mario Negri.

El comunicado

Volviendo al tema de los fondos reservados, el comunicado del bloque radical expresa que “por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de 100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ‘no hay plata’, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados. Y lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos”.

Agrega el comunicado que “según establece nuestra Constitución, esa asignación presupuestaria debe realizarla el Congreso Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que de ninguna manera se da una situación de excepcionalidad como para hacerlo vía DNU”.

En este marco, los radicales exigen que “de manera urgente tanto el DNU de reorganización del organismo de inteligencia como el de aumento presupuestario sean  tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al mismo tiempo que reclamamos la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia”.

“Todo lo referido a la inteligencia es sumamente sensible para la democracia y por lo tanto requiere de un debate profundo, serio y transparente. Hacer un aumento de semejante magnitud y por la vía de DNU no hace más que sumar incertidumbre y sospechas sobre el uso de los fondos públicos”, agregan, para concluir: “La transparencia y la rendición de cuentas, y es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Por lo tanto vemos con mucha preocupación que desde el Gobierno se busque evadir esos controles”.

La diputada nacional Vanina Biasi presentó, con el acompañamiento de las bancas del FIT-Unidad, un proyecto de ley para anular los decretos 614, 615 y 656 de creación de la nueva SIDE y asignación de 100 mil millones de pesos para gastos reservados.

Biasi declaró: “El retorno de la SIDE menemista de la mano de Milei es parte de un reforzamiento represivo del Estado y, en particular, de su capacidad para el espionaje y las conspiraciones. El gobierno de la infiltración policial en las movilizaciones, de las causas armadas contra las organizaciones sociales y piqueteras, y contra los manifestantes por la ley bases, se hace de una nueva herramienta para la represión interna, el espionaje y los carpetazos. No podemos más que rechazarlo y pugnar por su anulación”.

“El gobierno que venía a destruir el Estado, está haciendo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral. Lo único que destruye Milei son puestos de trabajo, mientras agiganta el aparato burocrático del Estado en materia represiva y en lo que respecta a la capacidad de espionaje del Estado contra los trabajadores”, expresó.

Biasi planteó: “Junto con una infraestructura monstruosa, que crea 4 nuevos organismos y amplía la casta, vuelven los viejos personajes de los servicios. Entre ellos, Alejandro Colombo, vinculado a Antonio Stiuso; el ‘Tata”’Yofre, ex secretario de Inteligencia y férreo defensor de los genocidas; o el comisario retirado Pablo Cecati, recientemente purgado de la Policía Federal. Para las mismas tareas sucias, reciclan al viejo personal, en órganos de inteligencia poblados de ex agentes de la dictadura”.

“Hablamos del bien llamados ´sótanos oscuros´ del Estado capitalista. En dictadura fueron el instrumento del Plan Condor para diseñar planes de secuestros, tortura y genocidio. En democracia, su uso para el espionaje interno y político fue recurrente: desde las coimas al senado de la SIDE de De La Rúa para la ley Banelco, el Proyecto X con Cristina Kirchner, hasta el espionaje ilegal de Macri sobre políticos y periodistas, entre tantos. En el gobierno de Milei se ha denunciado inteligencia dentro de las fracciones del propio gobierno”, argumentó la diputada.

Biasi concluyó: “Nuestra oposición a esta nueva SIDE es un rechazo de fondo a las facultades para espiar y conspirar contra el pueblo por parte del Estado. Seguimos reclamando y luchando, junto a los organismos de Derechos Humanos, por la apertura de los archivos secretos del terrorismo de Estado de 1974 a 1983, así como la apertura de los archivos secretos en el caso Amia, que sigue impune gracias al desvío de la información por parte de los servicios de inteligencia”.

La diputada nacional de izquierda Vanina Biasi anunció la presentación de un proyecto de ley para exigir la anulación de la nueva SIDE y la designación de $100 mil millones para “fondos reservados”. Dinero que para la diputada del Po “serán usados discrecionalmente para el espionaje contra el pueblo”.

“Javie Milei y Patricia Bullrich, que demostraron ser los reyes de la represión, las infiltraciones policiales en las protestas y las causas armadas, relanzan la SIDE menemista reciclando incluso a su vieja casta”, agregó Biasi, quien es acompañada en su iniciativa por los cuatro diputados de la izquierda que completan el FIT.

Agregó Biasi que “los servicios de inteligencia en nuestro país están colonizados por el imperialismo y poblados de ex agentes de la dictadura. No podemos permitir que el Estado se haga de otra herramienta para la represión interna, el espionaje, los carpetazos y las conspiraciones contra los trabajadores”.

La diputada Vanina Biasi concluyó anunciando que “seguimos luchando por la apertura de los archivos secretos”.

El bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de declaración para declarar nulo “de nulidad absoluta e insanable” el decreto de necesidad y urgencia 656/24 que le otorga 100 mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE).

En la redacción explicaron el pedido nulidad por “falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. El proyecto leva la rúbrica de los seis integrantes de la bancada, la del jefe de bloque, Juan Manuel López, y los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.

El propio Ferraro publicó el texto en su perfil de X, donde además tituló que se trata de un “innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje”. De igual manera, aseveró que “no hay motivos que justifiquen esa decisión”.

A su vez, exigió: “Si pretenden fortalecer las funciones de la nueva Secretaría pueden hacerlo de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales que dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción desde el retorno de la democracia”.

Mencionó, además, a “Telleldín en AMIA, las coimas en el Senado, los sobresueldos de Menem y Cavallo, las operaciones de Milani, entre muchas otras”, como los casos más resonantes encuadrados en las acusaciones que realizó en la publicación.

De esta manera, esta iniciativa se sumó a la ya presentada por la diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, en contra del aumento en el presupuesto de la SIDE, publicado el lunes en el Boletín Oficial. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda e incluso un radical en el Senado, Pablo Blanco, también habían rechazado la medida.

Innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje.

Junto a los Diputados de la @ccari_ok presentamos un proyecto para invalidar y declarar la nulidad absoluta e insanable del DNU 656/24 que aumentó en 100 mil millones de pesos los fondos para gastos reservados de… pic.twitter.com/xhUkkgqTXN

— maxi ferraro (@maxiferraro) July 25, 2024

La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó el proyecto, que había anticipado, para derogar el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional dispone la asignación adicional al Presupuesto General de la Administración Nacional de la suma de 100 mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La legisladora de Hacemos Coalición Federal había anticipado en su red social la presentación de dicha iniciativa en la que apunta contra el Gobierno de Javier Milei que tiene “la pretensión personal de imponer una personalidad avasallante y extralimitada en el ejercicio del poder”.

El Jefe de Gabinete debe asistir al Congreso una vez x mes a dar Informe, dice la Constitución.
8 meses de gobierno y en Diputados no aparece.
Siguen gobernando x DNU, abuso de poder y violando las leyes.
Asignar fondos reservados y para inteligencia, son atribuciones exclusivas… pic.twitter.com/S6bc7AS7fX

— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) July 24, 2024

Stolbizer alertó que “estamos frente a una degradación altamente preocupante del funcionamiento de las instituciones”, y sumó: “El abuso en el dictado de normas que se encuentran prohibidas o cuyo uso debería ser absolutamente extraordinario, instalan la idea de un estado de excepción convalidado a sola firma del Presidente de la Nación”.

Además, cita el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que advierte: “Cabe señalar que el dictado de este Decreto de Necesidad y Urgencia (que tiene fuerza de ley) tiene origen en las disposiciones del artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a las posibles demandas por la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y planteó: “Para resolver estas cuestiones está la justicia”. A su vez, respaldó la decisión del Gobierno de invertir 100 mil millones en la SIDE.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el portavoz comentó que “las escalas de monotributos se han incrementado sustancialmente. Los límites han tenido una mejora de hasta un 470% los prestados de servicios. Otro gran avance en algo que estaba muy atrasado”, tras la reglamentación de este miércoles a través del DNU 661/2024.

Sobre los fondos a la SIDE explicó: “Son un total de fondos reservados, en tal caso auditados solamente van a poder hacer esa revisión la Comisión Bicameral cuando se conforme y apuntamos a una SIDE que defienda y proteja a los argentinos y no como la AFI que tiene denuncias por persecución, espionaje y cuestiones que estamos muy alejados que queremos. Vamos a bregar por una SIDE profesional”.

Así, ratificó: “La justificación es la que hay con el resto de los gastos que tiene el Estado y que no atañe directamente a la cifra de pobreza de más del 50%. El Estado ataña a un montón de cosas y tiene que abarcar un montón de temas. Atender la seguridad de los argentinos no es un tema de segundo orden. Es un tema de primer orden. Tenemos centeneras de prioridades igual que las personas vulnerables”.

Al ser consultado por la “lluvia de demandas judiciales colectivas e individuales” por el DNU 652/2024 por la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias: “¿Cuál es el problema que lluevan demandas? Si para eso está la justicia, para resolver las cuestiones”, y aseguró desconocer el amparo que presentó el titular del gremio La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo.

El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano cuestionó la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de otorgarle a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) una partida presupuestaria por 100 mil millones de pesos, de carácter reservado.

En ese sentido, el trotskista aseveró que “los cien mil millones que el Gobierno de Javier Milei le da a la SIDE bajo la forma de fondos reservados son realmente un escándalo institucional de magnitud. No sólo porque desmiente la campaña de que no hay plata que lleve adelante Milei y Caputo. Le niegan fondos a la educación, le niegan fondos a la salud, a la vivienda, a la compra de medicamentos, a las vacunas, pero sucede que hay millones para la SIDE”.

“Pero además hay que tener en cuenta que estos fondos no van a estar controlados por nadie, son fondos reservados. Y por lo tanto estos fondos reservados van a estar utilizados con total discrecionalidad para operaciones de persecución política, tanto a la oposición como a los sectores que luchan contra el plan de ajuste del Gobierno. Y Argentina tiene una triste historia de utilización de fondos reservados por los servicios de inteligencia para las tareas más sucias”, continuó el diputado.

Sobre esa misma línea, Solano pidió tener “en cuenta que Javier Milei decía que venía a destruir el Estado. Y hoy sucede que está haciendo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral, vino a reforzar la capacidad represiva del Estado y especialmente el espionaje del Estado contra la población”.

“Por eso rechazamos completamente y denunciamos este infame aumento de los presupuestos reservados para las tareas de inteligencia del Estado”, completó.

En medio de la ola de críticas hacia el Gobierno nacional por destinar al presupuesto general de la administración nacional 100 mil millones de pesos d a la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE) para fortalecer el sistema de inteligencia nacional, una diputada de la oposición adelantó que presentará un proyecto para derogar ese DNU.

Se trata de la diputada Margarita Stolbizer del bloque Hacemos Coalición Federal que calificó al Gobierno de “hipócrita” porque “firman DNU 656/24 que asigna 100 mil millones de pesos a la SIDE /AFI o como se llame un área de inteligencia que lo menos que tiene es eso”.

A través de un posteo en su red social “X” la titular del Partido GEN apuntó: “Además de no cumplir con la obligación de enviar al Congreso las reformas de presupuesto y asignación de recursos, se trata de FONDOS RESERVADOS, o sea gastaran eso quien sabe quién y en qué. Nada bueno seguro y menos sin información ni control”.

En esa línea, cuestionó: “Entre otras cosas, es inmoral. Los costos lo siguen pagando jubilados y trabajadores para que otros sigan de fiesta con la plata del estado”, y sostuvo que es un “doble discurso. Doble moral”.

“No cumplen normas Constitucionales para asignar partidas y se burlan de nosotros mientras alimentan castas y mafias”, criticó y adelantó: “Voy a presentar proyecto para derogar o rechazar ese DNU. Pero también se necesita reacción social para frenar esta locura”, sin dar precisiones de cuándo impulsará dicha iniciativa.

Este martes fue publicado en el boletín oficial la inversión al presupuesto general de la administración nacional de 100 mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia De Estado para fortalecer el sistema de inteligencia nacional.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, reclamó en X: “Cuando te digan ‘NO HAY PLATA’ para educación y vengan con que hay que AUDITAR la UBA y arancelarla… Sepamos que HOY le dieron $100.000 Millones extras a la SIDE en Fondos Reservados (que no deben explicar en que gastan y que nadie AUDITA)”.

Desde el Senado, Juliana di Tullio expresó su malestar: “Recién publicado en el boletín oficial, 100 mil millones de pesos para la SIDE en gastos reservados”, y comparó que “la jubilación mínima pasa a 254.454 pesos con 42 centavos”. “El presidente del ‘cambio’ a decretazo puro y duro gracias a los legisladores que le delegaron facultades”, aseveró.

El año presupuestario de la AFI arrancó en 650 millones de PESOS para gastos reservados.

Milei dispuso que la SIDE tenga 105 millones de DÓLARES para gastos reservados.

En 2023 los gastos reservados representaron el 4% del total de fondos de la AFI. Desde hoy serán el 75%.

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) July 23, 2024

“Un aumento sin control, para controlarnos”, tituló por su parte el diputado Maximiliano Ferraro en un mensaje por la red social X, donde señaló: “El Gobierno, a través del DNU 656/2024, incrementó el presupuesto de la SIDE en 100.000 millones de pesos, cifra destinada a gastos reservados de las tareas de inteligencia que no tendrán el control regular de los gastos públicos”.

“El actual presupuesto de gastos reservados de 3.194 millones de pesos, fue aumentado en 100.000 millones, lo que representa un incremento del 3.131%, el equivalente a más de 350.000 jubilaciones mínimas”, apuntó Ferraro, que agregó: “La SIDE pasó de tener un presupuesto donde los gastos reservados eran el 8.6% del total, a un presupuesto con 75% de gastos reservados, discrecionales y sin control”. Y cerró: “100.000 millones de pesos para espionaje. Para algunas cosas ‘Si hay plata’”.

Un aumento sin control, para controlarnos.

El gobierno, a través del DNU 656/2024, incrementó el presupuesto de la SIDE en 100.000 millones de pesos, cifra destinada a gastos reservados de las tareas de inteligencia que no tendrán el control regular de los gastos públicos.

El… pic.twitter.com/deCstLHnh8

— maxi ferraro (@maxiferraro) July 23, 2024

Del bloque Hacemos Coalición Federal, el santafesino Esteban Paulon se refirió a la publicación del Boletín Oficial: “Jugando a los espías. Mientras el gobierno le impone un ajuste brutal a la sociedad argentina, asigna 100.000.000.000 a Santiago Caputo y compañía para seguir jugando a los espías. Los sótanos de la democracia más oscuros que nunca”.

Del mismo modo, el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, repudió: “No hay plata para los jubilados. No hay plata para los docentes. No hay plata para vacunas ni remedios. Pero hay plata para la SIDE: ¡100.000 mil millones en fondos reservados! Así Milei te puede espiar”.

El diputado nacional Christian Castillo añadió: “Despiden laburantes de la Agencia Nacional de Discapacidad, de los sitios de Memoria, del Hospital Posadas y otras dependencias estatales; desfinancian las universidades; no proveen de remedios oncológicos; paralizan toda la obra pública; recortan 30% las jubilaciones en un semestre. Todo porque supuestamente “no hay plata”. Pero a su vez Milei le da $100.000 millones en fondos reservados a la SIDE para operetas varias. La hipocresía es total”.

El presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir de los resultados obtenidos en el marco de la intervención de la agencia que tuvo lugar el pasado 12 de diciembre de 2023. En su lugar, el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) será una Secretaría de Estado.

La información fue consignada este lunes por la noche a través de un mensaje difundido por la Oficina del Presidente de la Nación, que justificó diciendo que “la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”.

“Sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años, la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar”, agregó.

De esta manera, se dispone la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente directamente del presidente de la Nación, la cual tendrá control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas. La SIDE estará a cargo del secretario Sergio Neiffert.

El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) tendrá entre sus funciones la recopilación de información estratégica alrededor del mundo, así como también la cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas a nuestro país. El SIA estará a cargo del director Alejandro Walter Colombo.

La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) se encargará de advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como también de vigilar amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas. El director de la ASN será el comisario general (ret.) Alejandro Pablo Cecati.

La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) evaluará, planificará y desarrollará soluciones para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica en el país, así como también de la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y fallos de seguridad. El director de la AFC será Ariel Waissbein.

La División de Asuntos Internos (DAI) supervisará y auditará el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE, y velará por el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus facultades.

A su vez, la SIDE, como órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, tendrá a su cargo la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa respectivamente.

Según el comunicado de la Oficina del Presidente, este conjunto de modificaciones sobre la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional permitirá “la consolidación de una visión estratégica y moderna, y garantizará el balance entre las distintas agencias, alejando cualquier interés personal, partidario o contrario al engrandecimiento de la Patria”.