La senadora nacional Juliana Di Tullio salió este viernes a reclamar la aplicación de las leyes de Abastecimiento, de Emergencia Económica y de Emergencia Alimentaria, pero la polémica que estalló no fue por eso, sino por la imagen que posteó: una filmación captada por un dron donde se veían cientos de silobolsas al costado de una ruta.

Fue una forma de respaldar los dichos del presidente Alberto Fernández que este viernes en un acto le apuntó a los productores sojeros que “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”.

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana de la Cámara alta recibió innumerables mensajes de respuesta: algunos de apoyo, otros muy críticos. “Dejen de amenazar, si un día el campo no les siembra más, se les termina el gobierno”, por ejemplo, o este: “Estimada Di Tullio. Le faltó poner expropiación, como el modelo de Venezuela que están intentando implementar”.

Otros aclaratorios, que le informaban que lo que mostraba como soja guardada era en realidad “la materia prima de una planta industrializadora de girasol”. “No se puede ser tan bruto y después pretender legislar”, le espetó alguien.

“Uno ve silobolsas al lado de la ruta 2 en Lezama y arman toda una película sobre eso. No se fijan que al lado está Seda SA que produce aceite de girasol”, le dijo un tuitero que la invitó a ir a Google Earth para ver que “los silobolsas están ahí desde hace décadas”.

En la polémica intervino el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, que le indicó a Di Tullio: “En las imágenes, el girasol -ya vendido- se acopia para ingresar a una planta de fabricación de aceite y alimentos para mascotas. El pericarpio (cáscara), se aprovecha como fuente de energía para el mismo proceso productivo. Es en la provincia de Buenos Aires. Agregado de valor”, a lo que Di Tullio respondió: “Si la intención es dar información sobre la imagen, gracias por la precisión que por supuesto desconocía, pero usted sabe que ese tipo de imagen se ve en toda la pampa húmeda. Tómelo ilustrativamente y le agradezco la info”.

Nobleza obliga, la senadora aclaró sobre su posteo que “la imagen de dron utilizada en mi tuit anterior es de una aceitera de Lezama y no corresponde a la retención de granos para especulación. Hecha la aclaración, tómesela como mera ilustración. Ahora discutamos cómo se combate la especulación de pocos en desmedro de un país entero”.

Luego publicó una fotografía con silobolsas que estaba efectivamente corroborada, con el siguiente texto: “Señores y señoras; esta Imagen es ilustrativa de la retención de granos en nuestro país por parte de productores agropecuarios que fue confirmada x la cámara de exportadores de cereales, Ciara-CEC”.

Más tarde Di Tullio posteó una nota de Clarín referida a una oferta de los productores sojeros para liquidar a cambio de una baja de retenciones, planteando con ironía: “Naaa, no están especulando”.

Y hablando de Clarín, que habló de su “insólito error”, la senadora también le dedicó el siguiente tuit:  

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del Partido UNIR, se refirió a la falta de avances en el endurecimiento de la legislación penal que regula los delitos relacionados al vandalismo y la inseguridad contra la propiedad privada rural.

Al respecto, el diputado Asseff explicó que “en materia de inseguridad rural no existe grieta y todos estamos de acuerdo en que el daño a cosechas, silobolsas y tolvas es la ‘destrucción del trabajo argentino’ y se debe dar al Poder Judicial herramientas para castigar a los criminales y proteger al productor”. El titular del Partido UNIR agregó que “la defensa del campo argentino es una tarea de todos y así lo entiende, incluso el gobierno pues existen múltiples proyectos de ley que piden la modificación del Código Penal para proteger a los productores agropecuarios”.

Asseff explicó que “sin embargo, a pesar de que existe coincidencia en la preocupación por este tema, ninguno de los múltiples proyectos de ley se mueve y dejamos desprotegidos al productor rural que espera de nosotros soluciones y no solo buenas intenciones”.

“Sólo en este año ha habido casi 100 casos de rotura de silobolsas, lo que sumado a los casos que se vienen dando desde el 2018, cuando comenzó esta verdadera tragedia nos da una medida de lo necesario que es para nuestro país que demos una real solución a este atentado a los intereses económicos del país”, concluyó.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio por Entre Ríos Alicia Fregonese alertó sobre los nuevos casos de rotura de silobolsas y robo de mercadería almacenada en San Antonio de Areco. “El Gobierno Nacional nos prohíbe comercializar y no castiga el delito rural”, sostuvo.

“El Gobierno de Alberto Fernández no sólo pone trabas al campo para comercializar su producción, sino que tampoco garantiza que los productores puedan guardar los granos de forma segura. Durante 2020 se rompieron más de 160 silobolsas, se produjeron incendios intencionales, robaron hacienda y maquinaria agrícola, y ningún funcionario de Nación tomó alguna determinación al respecto”, afirmó Fregonese.

Si bien esta vez los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, cabe destacar que en los últimos años Entre Ríos fue una de las provincias más afectadas debido a este tipo de ataques que atentan contra la propiedad privada.

Asimismo, la diputada entrerriana se reunió esta semana en Villaguay con productores rurales con quienes compartió la preocupación de que el Gobierno avance en medidas de interferencia y cierre de los mercados internacionales. “No queremos que se repitan los resultados que entre 2006 y 2015 llevaron a Entre Ríos a perder su producción de trigo, maíz y afectar gravemente a la ganadería”, indicó.

El diputado nacional radical Atilio Benedetti presentó un proyecto de ley para que los delitos contra los silobolsas y otras producciones sean incorporados al Código Penal. Los diferenció de los abigeatos habituales y los calificó como “nuevas modalidades delictivas”, que no solo afectan la propiedad privada, sino que también perturban la seguridad jurídica, el movimiento comercial, la producción nacional y la recaudación impositiva. 

En los fundamentos de la iniciativa, Benedetti diferencia el abigeato que habitualmente sufren los productores rurales, de los numerosos “ataques anónimos que destruyen silobolsas y de los incendios intencionales que vienen sufriendo las explotaciones agropecuarias”. 

Precisó que en lo que va del año “se ha reportado la rotura de más de 80 silobolsas, lo que equivale a más de 8.000 toneladas de granos dañados e incontables perjuicios a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha, robo de agroquímicos, entre otros”. 

Al exponer las razones por las que considera necesario penar a los agresores y salvaguardar las producciones, Benedetti sostuvo que “las leyes son las armas que nos otorga la República”, y fue más allá al manifestar que “las conductas que no están tipificadas en nuestro Código Penal no pueden ser pasibles de sanción” y por ello -dadas las nuevas modalidades delictivas- resulta imperioso abocarse a modificar lo que sea necesario para brindar a la Justicia las herramientas para responder adecuadamente y resguardar la seguridad pública”. 

Para Benedetti, “el bien jurídico objeto de protección es la seguridad pública, ya que cuando se cometen este tipo de delitos no solo se afecta la propiedad privada, sino que también se perturba la seguridad jurídica, el movimiento comercial, la producción nacional y la recaudación impositiva”. 

Es en este marco que el diputado nacional de la UCR entiende que “se requiere una rápida respuesta que acompañe a las desavenencias que viene soportando el sector que más divisas le entrega al país, el que más puestos directos e indirectos de trabajo genera y al que siempre está dispuesto a dar y a sostener a la economía nacional”. 

Tras resaltar que el proyecto “recupera las propuestas”, impulsadas por sus pares Ricardo Buryaile, Paula Oliveto Lago y Francisco Sánchez, aclaró que “presenta una modificación necesaria al Código Penal que apunta a delimitar con precisión los tipos penales y asegurar así la respuesta punitiva del Estado”. 

En definitiva, lo que propone Benedetti es “incrementar mínimo y máximo de la pena de prisión, inhibiendo la posibilidad de condenación condicional y agregando también la pena de multa, cuyo valor de mensura estará atado al depósito exigido en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigente al momento de la condena”. 

Tras brindar más precisiones sobre las penas que propone en su proyecto, Atilio Benedetti afirmó que con la incorporación del artículo 184 ter pretende “un tipo agravado del daño rural específico que se configura cuando la conducta desplegada tiene por finalidad -además del daño- frustrar la comercialización, duplicando la pena cuando su autor o determinador fuere funcionario público, persona pública o notoriamente conocida o de actividad agropecuaria habitual”. 

Por último, modifica el artículo 209 del Código Penal con el fin de que también reciban penas aquellos que instiguen ataques a bienes, como por ejemplo a los silobolsas. 

El diputado nacional del radicalismo Alvaro de Lamadrid presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo y al ministro de Agricultura por los nuevos ataques al campo y silobolsas.

“Esta situación se repite y se evidencia una grave pasividad del Gobierno para dar respuestas y aplicar sanciones”, advirtió el legislador radical en su proyecto de resolución.

En el mismo formula una serie de preguntas que van desde conocer el número de hechos de destrucción de silobolsas se han registrado en las últimas semanas, la magnitud de los daños y si se ha hecho una estimación sobre el impacto económico de estos hechos.

Asimismo pide conocer en qué instancias se encuentran las investigaciones, y qué tienen planificado hacer para evitar a futuro estos episodios en todo el país.

El proyecto es acompañado por los diputados Gustavo Menna, Mario Arce, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Ingrid Jetter, Hernán Berisso, Pablo Torello, Waldo Wolff, Héctor Stefani, Diego Mestre, Miguel Nanni, Luis Pastori, Gerardo Cipollini, Alberto Asseff, Jorge Enríquez, Ximena García, Alicia Terada, Virginia Cornejo, Sebastián Salvador, Gonzalo del Cerro y Fabio Quetlas.

El proyecto expresa su preocupación “ante el recrudecimiento de esos episodios, la pasividad del Gobierno nacional y la falta de información sobre qué ocurre en las investigaciones que se están llevando a cabo sobre los ataques registrados”.

Preocupa aún más, agrega, que en medio de esta ola de inseguridad rural, “el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, hable de problemas entre privados y de que no hay evidencias de intencionalidad política”.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó este jueves que en el primer semestre de este año hubo casi 60 denuncias ante la Justicia por ataques al campo, y especificó que el 40% de los hechos denunciados se produjo en el mes de junio.

Frederic brindó esos datos durante una reunión virtual informativa de la Comisión de Seguridad Interior del Senado, que preside Dalmacio Mera (Frente de Todos).

Según repasó la ministra, el presidente Alberto Fernández le encomendó tanto a ella como a su par de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra, que se ocuparan de “atender estos hechos que venían siendo denunciados en los medios”.

A partir de ese mandato, se realizaron dos reuniones con la participación de ambos ministros y de representantes de la Mesa de Enlace que “manifestaron su preocupación”, y se decidió solicitar a los ministros provinciales un relevamiento de las denuncias realizadas en todo el país.

Así, se concluyó que “entre el 1ro. de enero y el 30 de junio hubo 59 hechos denunciados”, no solo de ataques a silobolsas sino también incendios y actos vandálicos en galpones.

Además, “el 40% de esos hechos se produjeron en junio, lo que indica que los datos que ofrecen los medios estaban asociados a una realidad que nos pone en alerta”, observó Feederic.

De todos modos, la funcionaria reconoció que “lo que por ahora no tenemos es información sobre daños del mismo tipo en años anteriores, para saber si lo que está ocurriendo es totalmente inédito o si se repite”.

Miembro del bloque del radicalismo desde 2017, el diputado Jorge Lacoste hace tiempo que viene alertando sobre los ataques a los silobolsas y el perjuicio que los mismos provocan: “Terminan no solo siendo un daño para el propietario, sino también para la economía, porque son recursos que dejan de entrar en tributos a la economía argentina”, señaló.

A propósito de esos episodios, el legislador contó que el fin de semana pasado estuvieron analizando ese y otros temas con el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Cheme, “porque nos preocupa que desde el Ejecutivo no haya habido definiciones tajantes cuestionando y criticando este tema. Ha habido por ahí alguna cuestión muy light del ministro de Agricultura, y después apareció este proyecto del presidente de la Cámara, pero no ha habido desde el Ejecutivo una posición fuerte condenando esta cuestión, habida cuenta de que, insisto, no solo perjudica al propietario, sino a las cuentas públicas”.

“Pareciera que el enemigo es el productor agropecuario, cuando en realidad es una de las principales fuentes de ingreso de dólares que tanto necesita la Argentina”, se lamentó el legislador.

En diálogo con Parlamentario TV, Lacoste descartó de plano que, como circuló el fin de semana pasado, pudieran ser animales los que provocan la rotura de los silobolsas. “Hay cero probabilidad” de que hayan sido mulitas, por ejemplo, aclaró. “Cualquiera que ve las imágenes verá que es un corte preciso, típico de una herramienta filosa”, explicó el legislador, que hizo referencia a la dureza del plástico en el que se acopian los granos.

“No es fácil cortarlo, no puede ser un animal, descártelo”, insistió.

Luego Lacoste aclaró que “no es un acto de especulación” por parte del productor guardar en el silobolsa, sino “simplemente una estrategia comercial del productor agropecuario que vende lo que necesita para cancelar deudas y lo demás lo tiene como cualquier familia puede tener lo que se denomina un ‘canuto’ en la casa para cualquier emergencia”. Para este entrerriano, “la gente debe entender que producir a cielo abierto es una lotería; puede venir lluvia, puede venir seca, puede venir una pedrada… hay muchísimos elementos que juegan en contra del productor agropecuario para que a su vez sumemos la posición esta que está siendo estimulada por alguno del odio contra el sector agropecuario, al que consideran un enemigo en un país que le debe mucho a este sector por el desarrollo y crecimiento que ha tenido”.

Consultado respecto de la relación entre el Gobierno y el campo, Lacoste señaló que “en algunos casos hay conversaciones, pero no hay diálogo. Dialogar es tener un ida y vuelta que permita ir resolviendo las demandas y necesidades de un sector que es muy dinámico y que impacta en toda la economía”.

Para el diputado radical, “es necesario que haya un diálogo profundo entendiendo que el Estado y los sectores productivos de la Argentina tienen que ser socios y no competir o ser enemigos, porque así no nos va a ir bien ni al Estado, ni al sector productivo”.

Defendió luego la postura del interbloque Juntos por el Cambio de pretender mantener una reunión con el presidente a solas, porque “somos el principal bloque de la oposición; el interbloque de Cambiemos es la oposición, porque a fuer de ser sincero, los demás bloques han sido funcionales a todas las demandas que le ha planteado este Gobierno desde el 10 de diciembre hasta ahora”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para que los actos de vandalismo rural, como los ocurridos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, sean considerados “delitos contra la propiedad” y quienes provoquen destrucciones cumplan una pena de hasta cinco años de prisión.

Si bien no es costumbre de un titular de la Cámara presentar proyectos, Massa impulsó la iniciativa acompañado por un diputado de su confianza, Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos).

“Destruir una silobolsa es destruir el trabajo argentino y por eso presentamos un proyecto de ley que castigue el vandalismo rural”, informó Massa.

Por su parte, Gutiérrez explicó que “en el Código Penal actual existen algunas regulaciones previstas como estrago, pero son de aplicación imposible como defensa de la propiedad, ya que se enmarcan dentro de los llamados ‘delitos contra la seguridad pública’, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.

La iniciativa busca tipificar como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de dos a cinco años de prisión, y también propone una condena de 12 años para quien “libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida”.

En este último caso, si el hecho provoca la muerte de una o más personas, el máximo de la pena será de veinticinco 25 años de prisión, y si esos efectos se producen por imprudencia o negligencia, ese máximo será de quince 15 años.

Productores agropecuarios de todo el país vienen padeciendo hechos de inseguridad y vandalismo. Sucesivos ataques a la propiedad privada rural, expresada principalmente en roturas de silobolsas, incendios y robos, mantienen al sector en alerta.

Tan es así, que el diputado provincial bonaerense Luciano Bugallo, junto a la diputada nacional Lucila Lehmann, han diseñado un mapa denominado “Registros de daños en Establecimientos Agropecuarios”, que señala las localidades afectadas ante los reiterativos ataques a la propiedad privada rural.

“Con Lucila Lehmann, armamos un mapa que señala las localidades donde se han detectado ataques a la propiedad privada en el interior del país. Se agradece el aporte de datos que puedan faltar o estar mal”, señaló el legislador en sus redes sociales.

El acceso al registro es mediante un link  que dirige a la plataforma Google Maps y el mismo ya cuenta con más de 50 establecimientos afectados. Según el color, se diferencian los tipos de daños ocasionados, tales como verde para las roturas de silobolsas, bordó para los incendios y violeta para los robos de cosechas, maquinarias o herramientas. Las zonas más afectadas por este tipo de delito, son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

Por su parte, la diputada nacional Lucila Lehmann repudió las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, quien sostuvo que los atentados al campo son “un gran verso montado por Clarín”.

“¿Más de 50 atentados solo este año son "un verso"? Santa Fe tiene récord de homicidios y violencia. No hay plan de seguridad alguno y encima  Marcelo Saín nos toma el pelo. Hágase cargo y ponga límites a la delinKuencia que ataca a nuestros productores”, expresó la diputada en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, los Productores Autoconvocados de la Provincia de Santa Fe exigieron mediante un comunicado enviado al Gobernador santafesino, la renuncia del Ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

“Este pedido expreso, se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento de la seguridad como un derecho de toda la población, y de dar respuesta efectiva del Estado ante delitos cometidos, robos y actos vandálicos. Sumada a la inoperancia y total inacción del Ministro, creemos que no cuenta con la capacidad necesaria como para encolumnar a la fuerza por lo que nos preocupa el reconocimiento de los hechos de inseguridad en el sector agropecuario, los mismos que Saín niega y calumnia al decir barbaridades inventadas para difamarnos”, expresaron los productores autoconvocados, quienes además recibieron el apoyo de los legisladores por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo y Lucila Lehmann.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), presentó un proyecto para repudiar los hechos de violencia e inseguridad que continúan sufriendo los productores agropecuarios.

“Los hechos de violencia a la propiedad privada se repiten a diario. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos. El Gobierno no ha dado aún ni con el origen ni con los culpables; y no ha emitido declaración alguna respecto a la violencia”, señaló el diputado.

Buryaile explicó que en los últimos meses estos delitos han aumentado tanto en su frecuencia como en su peligrosidad. “No hacen más que amedrentar a las personas del campo que, con su esfuerzo y producción, ponen a la Argentina de pie con cada cosecha”.

“El alcance del daño producido no es sólo a los individuos, hay que ir más allá de esa visión primaria”, dijo y agregó que “estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque en este particular contexto de recesión económica por los tiempos que corren, la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país”.

“Se está atentando contra la propiedad privada, contra la cultura labriega, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público. En definitiva, contra todos nosotros”, aseguró Buryaile. En las últimas semanas aparecieron casos de destrucción de silobolsas de granos y ataques a la propiedad privada en varias regiones productivas del país. Ante esta situación, Buryaile, ex ministro de Agroindustria de la Nación, comentó: “Decidimos presentar este Proyecto, a través del cual queremos repudiar los actos de vandalismo. Esperamos contar con el acompañamiento unánime en Diputados”.

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio expresó su profunda “preocupación y rechazo” ante los reiterados ataques a la propiedad que están recibiendo productores agropecuarios de varias provincias del país. “Es noticia frecuente que los productores reciban roturas de silobolsas, incendios intencionales o robo de ganado, pero en ningún caso se llega a resoluciones justas con condenas y sanciones”, observan los legisladores, que advierten que “estos ataques a los productores no son aislados y buscan crear un clima en contra del sector agropecuario con un mensaje de intimidación y amedrentamiento que debemos condenar”.

Para los diputados de la oposición, se trata de “un ataque directo a la propiedad privada y al derecho a trabajar, que exponen un ensañamiento con el principal sector productivo y exportador del país”, ante lo cual advierten que “desde el Estado no podemos perder el foco y tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución nacional”.

“Instamos al Gobierno nacional a que tome cartas urgentes en el asunto, con manifestaciones y mensajes más claros, a fin de evitar una profundización de esta situación. Su silencio e inacción lo harán doblemente responsable si estos hechos violentos se siguen repitiendo y generan respuestas por parte de los productores”, puntualiza el comunicado de Juntos por el Cambio que adjudica a las autoridades nacionales la responsabilidad de “implementar medidas que apunten a la prevención de estos delitos y a acompañar a los productores afectados”.