Buscan instituir en el Congreso el 13 de mayo como “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica” en todo el territorio argentino. La iniciativa surge tras la crisis sanitaria más grave por adulteración de medicamentos registrada en el país desde la creación de la ANMAT en 1992.

La propuesta fue presentada por las diputadas Mónica Fein, Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz, quienes encabezaron la Comisión Especial Investigadora creada por unanimidad en la Cámara de Diputados para esclarecer el brote de fentanilo adulterado. Desde ese espacio, impulsaron medidas legislativas orientadas a fortalecer la trazabilidad y la seguridad farmacológica.

El proyecto apunta a incorporar la fecha al calendario oficial y establecer actividades conmemorativas cada año. El objetivo es honrar a las víctimas fatales y a los pacientes afectados, promover la concientización sobre los riesgos de la adulteración y reforzar los sistemas de control y trazabilidad de medicamentos.

Entre las acciones previstas se incluyen la publicación anual de un Informe de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, jornadas de concientización en hospitales y universidades, y un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias. También se prevé la actualización de protocolos interministeriales para mejorar la respuesta ante emergencias vinculadas a medicamentos adulterados.

La elección del 13 de mayo responde a la fecha en que se formalizó la denuncia que dio origen a la investigación, según consta en el expediente judicial FLP 17371/2025. Aquella pesquisa reveló fallas graves en los sistemas de control y demoras en la notificación de casos, lo que impidió dimensionar el alcance del daño.

“Este día no solo busca recordar una tragedia evitable, sino también garantizar que el Estado asuma su responsabilidad en materia de seguridad farmacológica”, sostienen los fundamentos del proyecto. De aprobarse, el país contará con una jornada destinada a reflexionar sobre una crisis que dejó decenas de víctimas fatales y secuelas permanentes, y que puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles en la cadena de insumos críticos.

La diputada nacional Silvana Giudici (La Libertad Avanza) impulsa una reforma que busca modificar el sistema de representación argentina en el Parlamento del Mercosur (Parlasur). El proyecto propone derogar el artículo 7° de la Ley 27.120, que incorporó la elección directa de los parlamentarios del bloque regional, y establece que los representantes sean designados por el Congreso de la Nación.

Según la iniciativa, la representación ante el Parlasur será ejercida por legisladores nacionales elegidos conforme al artículo 45 de la Constitución. El esquema prevé que dos tercios de los representantes sean designados por la Cámara de Diputados y un tercio por el Senado, mediante sus reglamentos internos. Las funciones se desempeñarán ad honorem.

En los fundamentos, Giudici argumenta que la elección directa de parlamentarios del Mercosur generó “duplicidad de funciones y dispersión de responsabilidades”, debilitando la centralidad del Congreso. Además, señala que mantener un cuerpo específico implica “una erogación significativa e injustificada” en un contexto de austeridad fiscal. “La eliminación de esta figura recortará y liberará fondos que podrán ser redirigidos a áreas prioritarias”, sostiene.

La diputada también destaca que la reforma fortalecerá la coherencia de la política exterior argentina, evitando la “dispersión de la voz nacional” y garantizando que la agenda regional esté ligada a los consensos del Congreso. Como antecedente, recuerda que en 2019 se suspendió la aplicación del Protocolo Constitutivo del Parlasur en lo relativo a la elección directa, mediante el Decreto 343/2019.

“El objetivo es reafirmar el compromiso de Argentina con el bloque, pero desde una estructura más eficiente, racional y armónica con su sistema institucional”, concluye Giudici, quien solicita el acompañamiento de sus pares para aprobar la iniciativa.

En el marco de los preparativos para lo que será la etapa que se inaugurará en el Congreso a partir del 10 de diciembre, el oficialismo trabaja activamente para ordenar su tropa, que más que se duplicará en Diputados, conforme el resultado de las elecciones del 26 de octubre.

En ese sentido los libertarios arrancaron la semana con dos reuniones con los nuevos y viejos integrantes, en la que presentaron, como novedad principal, a los nuevos secretarios Parlamentarios del bloque: Nicolás Mayoraz y Silvana Giudici. Ambos hicieron uso de la palabra, como también lo hizo el reconfirmado titular del bloque La Libertad Avanza, el cordobés Gabriel Bornoroni, con quien conformarán entonces la mesa de conducción de ese bloque oficialista.

Asimismo participó y habló, a modo de despedida, la actual diputada neuquina Nadia Márquez, quien ocupaba hasta ahora la Secretaría Parlamentaria de LLA y que pasa al Senado, donde probablemente ocupe ese mismo lugar, como mano derecha de Patricia Bullrich, futura titular del bloque libertario en la Cámara alta.

Según pudo saberse, el bloque libertario realizó así reuniones que podrían definirse como de “introducción” a la tarea legislativa que les espera a los diputados electos. Los encuentros se desarrollaron en oficinas del Anexo A de la Cámara baja, habida cuenta de que el bloque de LLA no cuenta con una sala de reuniones que pueda albergar a todos los diputados, tema que será resuelto cuando se produzca el recambio legislativo. Hasta ahora, el bloque de 37 diputados se reunía en el Salón Blanco del Palacio Legislativo. A partir del resultado electoral, el oficialismo en Diputados se acercará numéricamente al centenar.

En la reunión habló también el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, quien continuará en ese cargo por el que deberá poner manos a la obra de inmediato, habida cuenta de que la primera actividad del período extraordinario será que esa comisión vuelva a emitir dictamen del Presupuesto 2026, y se abordaron temas reglamentarios, administrativos de y comunicación. En ese marco, se aprovechó para dar capacitaciones a los nuevos integrantes del bloque oficialista, y coincidieron en que el foco de los próximos meses será lograr aprobar las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.

Entre los participantes de los encuentros estuvieron los mencionados Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nadia Márquez, Bertie Benegas Lynch y Nicolás Mayoraz, como así también Sergio Almirón, Carlos Zapata, y los electos Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johana Longo, Sergio “Tronco” Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, Joaquín Ojeda, Luisa González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera, Agustín Pellegrini y Yamile Tomassoni.

También estuvieron Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Gonzalo Roca, Laura Soldano, Marcos Brizuela, Virginia Gallardo, Atilio Basualdo, Diego Hartfield, Maura Gruber, Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Abel Chiconi, Mónica Becerra, Carlos Almena, Adrián Ravier, Gastón Riesco, Soledad Mondaca, Gino Visconti y Miguel Rodríguez.

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que modifica la normativa vigente sobre laboratorios farmacéuticos, incorporando requisitos más estrictos para su habilitación. La iniciativa surge como respuesta a la crisis sanitaria provocada por el fentanilo clínico adulterado, que dejó decenas de víctimas y expuso graves fallas en los controles sobre quienes dirigen estos establecimientos.

El proyecto propone que no puedan ser titulares ni directores técnicos de laboratorios aquellas personas con antecedentes penales por delitos dolosos, vinculados a la salud pública, el tráfico de estupefacientes, delitos económicos contra la administración pública o contra la fe pública. Además, se exige que los solicitantes —tanto personas físicas como jurídicas— presenten un certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Otro eje central de la propuesta es la obligación de declarar el origen y la licitud de los fondos destinados a la constitución, ampliación o modificación de laboratorios. Esta declaración jurada será requisito indispensable para la aprobación de la habilitación, y cualquier irregularidad detectada deberá ser informada a la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de la Ley de Lavado de Activos.

En los fundamentos del proyecto, Giudici menciona el caso del empresario Ariel García Furfaro, vinculado a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo S.A., señalados como responsables de la producción de lotes de fentanilo adulterado. Según la diputada, estos hechos evidencian “deficiencias en los mecanismos de verificación de antecedentes” y la necesidad de incorporar criterios éticos y legales como condición previa para autorizar el funcionamiento de laboratorios.

“Este proyecto apunta a no permitir que en la Argentina, delincuentes como García Furfaro, puedan adquirir o fundar laboratorios o empresas farmacéuticas. Quedó claro que este señor, con sus familiares hoy todos presos por las muertes que provocaron, obtuvo esos permisos y operó a través de sus vínculos políticos durante 10 años con impunidad. Esta proyecto busca prohibir que personas con antecedentes penales o que no puedan acreditar el origen de los fondos, manejen la producción y comercialización de medicamentos y opiáceos en general”, expresó Giudici.

La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques, entre ellos Mónica Fein, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Mayoraz, Karina Banfi, Silvia Lospennato, Pablo Juliano, Eduardo Valdés, Margarita Stolbizer, Martín Maquieyra, Gerardo Huesen, Pablo Ansaloni, Paula Oliveto Lago, Eduardo Toniolli, Pablo Raúl Yedlin, María Florencia Carignano, Carlos Castagneto, Natalia Sarapura, Marcela Coli, Esteban Paulón, Lilia Lemoine y  Alejandro Bongiovanni.

La diputada Giudici agregó: “La crisis del fentanilo, con 124 muertos y sus familias que aún piden justicia por el envenenamiento con fentanilo adulterado, obliga a todos los partidos políticos a actuar con responsabilidad y llegar hasta el fondo de la investigación para conocer los vínculos que le permitieron a García Furfaro enriquecerse durante la pandemia y seguir operando con total impunidad”.

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado se reunió este lunes para recibir nuevos testimonios de los familiares de las víctimas fatales. El encuentro se llevó a cabo en la sede del Consejo Municipal de Rosario y sobre el final, Silvana Giudici, en su rol de vicepresidenta, confirmó que el ministro de Salud, Mario Lugones, irá la próxima semana a la Cámara de Diputados a exponer sobre el tema.

Por su parte, la nueva incorporación del bloque libertario -solo resta que se haga oficial- agregó que “es liviano decir es la cupla de tal o cual, porque acá hay una cadena de responsabilidades”, y cargó que “debemos ayudar al juez a que el sector privado o estos delincuentes estén presos, sino también la complicidad histórica de García Furfaro quede a la luz y sea castigada”. En el final de su intervención reiteró que se debe indagar sobre la responsabilidad “privada y la incumbencia profesional; la pública y la intervención de la Anmat; y luego el manejo y la trazabilidad de los medicamentos”.

Mónica Fein, presidenta de la Comisión, explicó ante los familiares de las víctimas que la Comisión Especial “fue creada por unanimidad con el objeto de investigar cómo pudo haber pasado esta tragedia y qué debemos mejorar para que no vuelva a ocurrir”

Por su parte, Victoria Toloza Paz, en su rol de secretaria, remarcó que esta séptima reunión informativa fue para continuar sumando evidencias. Además, valoró que "esto es posible gracias a la construcción de consensos, lo cual refleja una actitud política madura".

El testimonio de los familiares

Lilian Gisela Amin es hija de Inés Ruiz, víctima del fentanilo contaminado. Señaló que se enteró de lo sucedido por los medios. Criticó la falta de empatía hacia las familias y pidió visibilizar la mala actuación de las autoridades. “Mi mamá estaba sana, no tenía nada. Se muere envenenada. Nos dijeron que falleció por una falla multiorgánica, lo mismo que les decían a todos sin dar otra explicación”, relató. También instó a que “su muerte no sea en vano y que se haga justicia”.

Luego habló Ana María Carranza, madre de Ana Belén Salazar. Su hija falleció a los 38 años en el Hospital Italiano de Rosario. Había ingresado el 2 de abril por una convulsión. “Mi hija se descompensó y me quedé sin ella. Me la entregaron muerta”, expresó. Además, criticó al sanatorio por su mala intención y aseguró que “si fuera yo lo clausuro. Que no exista más”.

Más adelante expuso Valeria Cuaglia, hija de Roberto Cuaglia, quien también murió en el Hospital Italiano. Compartió su experiencia con la pérdida de su padre. Cabe recordar que ya había brindado testimonio ante la comisión en la Cámara de Diputados el 7 de octubre. “Lo llevé a un lugar para que se cure y con el mismo remedio lo mataron”, narró.

También habló Estefanía Ferrari, hija de Luis Ferrari. Ratificó que “esto fue una masacre” y que a su papá “lo mataron”. Reflexionó que “parece impensado tener que exigir calidad y acceso a la salud cuando es un derecho universal y debería estar garantizado”. Por su parte, Claudia Pérez, familiar de una víctima, cuestionó que se hayan comprado medicamentos a mitad de precio. Repudió el trato hacia las familias y la falta de empatía. “Fue lamentable, inhumano. No nos tuvieron compasión”, afirmó

En línea con un cambio de paradigma en la relación entre humanos y animales no humanos, la diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Personas que Cometen Actos de Maltrato y/o Crueldad contra los Animales, en el marco de la Ley 14.346.

El objetivo del registro es centralizar la información sobre personas condenadas por delitos de maltrato animal, impidiéndoles tener, adoptar o trabajar con animales. Además, el registro será de acceso público a través de una plataforma web, donde cualquier ciudadano podrá consultar si una persona tiene antecedentes por este tipo de delitos, siempre que se identifique con nombre completo y DNI.

La iniciativa establece que todas las personas o entidades que entreguen, adopten o transfieran animales estarán obligadas a consultar el registro antes de concretar la acción. En caso de que la persona consultada figure en el registro, no podrá acceder a la tenencia ni al cuidado de animales.

El proyecto de la diputada del Pro también contempla la emisión de certificados oficiales por parte del Ministerio de Justicia, a través del Registro Nacional de Reincidencia, y la elaboración de informes estadísticos anuales sobre los casos registrados.

En los fundamentos, Giudici destaca que “la violencia contra los animales no puede considerarse un hecho menor” y que “quienes ejercen maltrato animal muchas veces replican esa violencia hacia otros miembros de la comunidad”. Asimismo, subraya la necesidad de dotar a rescatistas, ONGs y refugios de herramientas que les permitan verificar antecedentes antes de entregar animales en adopción, evitando así que vuelvan a ser víctimas de abusos.

El proyecto se inscribe en una tendencia creciente de reconocimiento jurídico de los animales como sujetos de derecho, apoyada en fallos judiciales como el habeas corpus concedido a la orangutana Sandra en 2014 y al chimpancé Cecilia en 2016.

La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de otros diputados nacionales como Nancy Ballejos, Sergio Capozzi, José Núñez, Marilú Quiroz, María Sotolano y Aníbal Tortoriello.

Entre tantas reuniones de comisión convocadas para la próxima semana durante la sesión de Diputados, hubo una que surgió sobre la marcha y quedó fuera del radar, al no formar parte del menú previsto por la oposición que convocó a la sesión de Diputados. Una que tendrá como protagonista a un diputado nacional, el salteño Emiliano Estrada, cuya situación judicial quedó expuesta en el transcurso de la sesión, cuando desde la oposición embestían contra el libertario José Luis Espert y desde la izquierda insistían con su exclusión del cuerpo. “El señor diputado Estrada tiene una condena en la Justicia federal de Salta y sería bueno que también lo abordemos en el momento en que abordemos este nuevo pedido”, planteó la diputada del Pro Silvana Giudici.

Lo cual fue rechazado por el propio legislador camporista: “Yo no tengo ninguna condena”, aclaró el legislador, que atribuyó su imputación a la justicia provincial.

Giudici planteó que hay un pedido de desafuero en la Cámara baja desde el 17 de junio pasado. Fue el disparador de que ya durante la noche y luego de que el Cuerpo decidiera dar vía libre al juez de San Isidro que envió un oficio a la Cámara sobre el caso Espert, Silvia Lospennato reclamara tratar ese tema: “Realmente me llama la atención que este pedido esté hace tantos meses en la Cámara y que no se haya tratado”, advirtió la diputada del Pro, que planteó la necesidad de actuar con la misma celeridad que lo habían hecho con Espert.

Ante ello, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, recogió el guante y propuso constituir la Cámara en comisión para tratar en ese mismo momento el caso, de la misma manera que acababan de hacer con Espert. Terció entonces otro diputado camporista, Rodolfo Tailhade, que aclaró que en Salta rige el Código Procesal Penal Federal y Estrada no se había ausentado a ninguna indagatoria. Solo había habido una citación a una “audiencia imputativa”, que según el nuevo código constituye el momento de la presentación de cargos. Y justificó la ausencia de Estrada a la audiencia en que había hecho planteos de incompetencia del juez que estaba pidiendo el desafuero por la ausencia de la audiencia imputativa. Audiencia que no está firme, afirmó, remarcando que tampoco está firme la competencia del tribunal salteño que está pidiendo el desafuero del diputado Estrada, quien a su vez llegó hasta Casación.

Tras un largo debate en el que volvió a colarse el caso Espert, Mayoraz insistió en referirse a la causa penal caratulada “Estrada, Emiliano Rafael sobre peculado de servicios y otros”, planteando dos alternativas: una tratarlo ahí mismo o resolverlo, y la otra citarlo a una reunión de comisión con los expedientes judiciales solicitados.

“Por lo tanto, anticipo que, si no se trata ahora la cuestión, voy a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar este tema el próximo miércoles 15 de octubre a las 14 horas, previo requerir al Juzgado la remisión en copia del expediente, invitando al imputado, el diputado Estrada, para que concurra y ejerza su derecho de defensa”, expresó Mayoraz, que terminó citando públicamente a la comisión que él preside para el 15/10, haciendo las notificaciones pertinentes.

Durante la reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado, Gisele Oviedo, hermana de Daniel Oviedo, una de las víctimas fatales, protagonizó un fuerte reclamo hacia la diputada Silvana Giudici (Pro), una de las primeras en recibir en mayo pasado a los familiares de los fallecidos.

"Con mucho respeto le voy a pedir públicamente a la diputada Giudici que borre la foto que retuiteó de la primera reunión que tuvimos con los familiares", pidió y acusó: "La señora de cara a las elecciones usó la foto de las familias y el dolor, y se fue a comer unas empanadas a Olivos".

Oviedo insistió que en "borre las fotos" ya que ella no está "a favor de las ideas de la señora". Y agregó que Giudici "culpó al kirchnerismo", pero "el kirchnerismo fue quien ordenó la trazabilidad de los productos medicinales".

Al momento de responder, Giudici dijo: "Lamento que se haya politizado hasta este punto la exposición de algunos de los familiares porque no era esa la intención". Y señaló que al momento de investigar, "nadie va a preguntar de qué partido es para buscar justicia ni para cumplir el rol que tenemos que cumplir".

"Nadie puede explicarse cómo durante siete años, desde la inauguración y puesta en funciones del laboratorio HLB Pharma, o antes de eso, con el caso del laboratorio Apolo en Rosario, esta gente, delincuentes y asesinos, pueden estar funcionando impunemente en Argentina. Muchos van a tener que dar explicaciones. Pero no podemos circunscribir esto a 18 meses de un gobierno. Creo que hay una línea de complicidades y omisiones evidentes que serán explicadas en la justicia", continuó.

La legisladora bullrichista afirmó que la intención "es ponernos a disposición de las familias, de la sociedad, trabajar con absoluta ecuanimidad y dejar las banderías políticas fuera de esta comisión".

"Las banderías políticas las trajo usted cuando nos dijo que teníamos que recusar al juez de la causa porque era kirchnerista", replicó Oviedo en referencia al magistrado Ernestro Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado y/o Adulterado y en un amplio consenso parlamentario, la diputada santafesina Mónica Fein fue designada como presidenta. A su vez, Silvana Giudici del Pro fue propuesta y elegida como vicepresidenta, y Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria quedó en el cargo de secretaria.

Una vez que tomó las riendas del encuentro, la legisladora de Encuentro Federal confirmó que cada martes al mediodía será el horario de reuniones. Luego, expresó: “Queremos poder acompañar la situación de las víctimas, poder aclarecer estos hechos y hacer propuestas que eviten futuras situaciones como las que han pasado”. Del mismo recordó que “hay un hecho judicial que está en marcha y el tiempo es corto por eso el trabajo debe ser intenso”.

En segunda instancia, Silvana Giudici destacó “la madurez política necesaria para dar con las respuestas”, en alusión al acuerdo político para avanzar con la creación de la Comisión Investigadora en el recinto con mayoría calificada y el acuerdo para definir la mesa directiva. En esa línea propuso que todas las reuniones sean “escuchando a familiares y respetando las propuestas de los diputados”.

Por úlimo, la secretaria designada, Victoria Tolosa Paz, manifestó que “creemos que como legisladores tenemos un aporte de construir leyes”, y distinguió: “Celebro que esta comisión la integremos mujeres que venimos desde diferentes espacios políticos”.

Finalmente, la nómina de integrantes quedó compuesta por Paula Oliveto de la Coalición Cívica; Mariela Coletta, Marcela Coli y Pablo Juliano de Democracia para Siempre; Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Pablo Outes de Innovación Federal; Pablo Ansaloni, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine y Santiago Santurio de La Libertad Avanza; Pablo Cervi de Liga del Interior; Nancy Ballejos, Alejandro Bongiovanni y Javier Sánchez Wrba del Pro; Christian Castillo del FIT; Karina Banfi y Natalia Sarapura de la UCR; y Jorge Araujo Hernández, Florencia Carignano, Carlos Castagneto, Ramiro Gutiérrez, Germán Martínez, Paula Penacca, Eduardo Toniolli, Eduardo Valdés y Pablo Yedlin.

¿Cuáles son los hechos a investigar?

A mediados de año, se conoció la noticia de que al menos un centenar de personas falleció o resultó afectada después de recibir ampollas de fentanilo contaminado en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y otras provincias. El origen de estos lotes provenía de Laboratorios HLB Pharma Group SA, que fueron distribuidos a través de droguerías como Ramallo SA.

Las ampollas presuntamente adulteradas se usaron principalmente en terapias intensivas como tratamiento paliativo del dolor. Las víctimas fatales y los afectados desarrollaron cuadros infecciosos graves poco después de recibirlo.

Una vez que el hecho tomó resonancia mediática, el juez Ernesto Kreplak ordenó allanamientos simultáneos a 22 empresas y droguerías en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Rosario, San Nicolás y Ramallo. A su vez, el Ministerio de Salud se presentó como querellante en la causa, con el objetivo esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades.

En ese sentido, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el recupero e inmovilización de los lotes contaminados (31202, 31244 y 31200), y exigió a droguerías y hospitales que informen cuándo y cómo los habían adquirido.

Finamente, una pericia oficial confirmó el nexo causal entre el fentanilo adulterado y las muertes, complicando la responsabilidad penal de los involucrados. Hasta el momento, fueron detenidos por la causa Ariel García Fulfaro, principal responsable de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorio Ramallo; y Javier Tchukran, director general de ambas firmas, entre varios más.

En los últimos allanamientos, el juez Kreplak confirmó que los lotes contaminados contenían bacterias letales. También se está investigando las presuntas fallas graves en los controles de calidad y posibles vínculos con el contrabando y el narcotráfico. Y la lista de imputados fue extendida.

En un acuerdo parlamentario entre opositores y oficialistas, la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría calificada la creación de una Comisión Investigadora sobre el Fentanilo contaminado en una votación a mano alzada y por unanimidad.

Si bien se esperaba que el Cuerpo aprobara el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento, sobre la marcha de la sesión especial de este miércoles los referentes de la oposición lograron un acuerdo con Silvana Giudici para avanzar directamente con la sanción del proyecto de resolución.

El texto consensuado por los bloques de la Cámara baja tiene por objetivo investigar la cantidad total de casos confirmados y sospechosos por fentanilo contaminado; un detalle sobre la cronología de la detección del brote y la primera notificación; la determinación de las causas y responsabilidades en el sistema sanitario público y privado; y el estado de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

Asimismo, se propone profundizar sobre el grado de participación de responsabilidad de los organismos del Estado y los laboratorios mencionados con la tarea concluyente de la elaboración de un informe final. Además, la Comisión Investigadora podrá solicitar informes a todos los organismos del Estado a nivel nacional, provincial y municipal; y podrá, también, convocar a funcionarios públicos y del sector privado si así lo resolviese.

La integración de la Comisión estará compuesta por 31 miembros en representación de todos los bloques; designará un presidente, un vicepresidente y un secretario; y el quórum será el que establece el artículo 108 de la Cámara de Diputados. Por último, podrá solicitar informes al objeto de la investigación sin limitación en los distintos poderes de la Nación y el plazo de vigencia para elaborar el informe final será hasta el 9 de diciembre del 2025.

El debate

En el recinto, la diputada nacional Silvana Giudici del Pro pidió “trabajar con madurez y con firmeza para darle respuesta a los cientos de familias que lloran por este causal de muerte”. Mencionó el caso de Leonel Ayala y destacó “la voluntad política de todos los bloques para avanzar con la redacción que es algo más que una Comisión Investigadora porque es una comisión de seguimiento”.

“Queremos investigar las implicancias de esta tragedia con sucesión de homicidios y queremos trabajar el cambio de la normativa con la asistencia a esas familias que se acercaron a increparnos a todos porque va a ser muy difícil que desde los organismos se les dé respuesta”, explicó. “Queremos llegar hasta las últimas consecuencias para que los delincuentes vayan presos”, cargó.

Luego, aseveró que “esta crisis sanitaria tiene puntos de contactos con el narcotráfico y con ciertas complicidades con la política”. En ese sentido, destacó la labor de Patricia Bullrich: “El fentanilo es un opiáceo y desde el primer momento, el Ministerio de Seguridad trabajó en una alerta temprana sobre desvío de fentanilo medicinal en una ruta de narcotráfico”.

También, señaló que “hoy contamos con un listado de presos e imputados con sucesivos allanamientos para ver dónde estaba la complicidad de este señor (Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios Ramallo) que había dicho que se enriqueció durante la pandemia”. En el cierre, analizó que “depende de que nos comprometamos desde el Congreso para que ante cada dilatación tomemos las medidas inmediatamente”.

A su turno, Victoria Tolosa Paz celebró como un hecho histórico que la creación de una comisión investigadora saliera por unanimidad y si bien le reprochó a Nicolás Mayoraz no haber habilitado aún el tratamiento del tema en la comisión que preside, ponderó que ahora sí estuviera presto a votar.

Precisamente Mayoraz felicitó a los autores de proyectos “por el trabajo realizado estas semanas y haber acordado este trabajo conjunto”. El legislador libertario lamentó que en ocasiones en la Cámara se hiciera “aprovechamiento  político” de determinadas circunstancias y dijo esperar que “este gesto que estamos dando aquí lo mantengamos durante la comisión”.

También participó la diputada Vilma Ripoll, que habló de “echar al ministro de Salud, no solo por fentanilo, por más que fentanilo…”, y abogó porque se invite a los familiares de las víctimas a participar de la comisión.

Mayoraz tomó el guante y aclaró que invitarán a participar a los familiares de las víctimas. “Está garantizado que las víctimas van a ser oídas, van a  poder proponer cualquier medida y por supuesto van a poder participar”. Por eso les pidió a los diputados llevarles “tranquilidad” a las víctimas y no “incertidumbre”.

Por último pidió que donde dice "fentanilo contaminado" se le agregue "fentanilo contaminado y/o adulterado".

En medio de una creciente tensión de problemáticas, la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento se reunió este martes para iniciar el debate de la creación de una comisión especial investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización en el sistema de Salud del fentanilo contaminado. Pese a haber discrepancias, los legisladores presentes instaron a dictaminar la próxima semana.

En el inicio de la reunión, la titular de la comisión Silvia Lospennato mencionó el malestar de los autores de proyectos por la ampliación de giros de los proyectos de ley, los cuales también serán abordados por Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz que se encuentra en Santa Fe abocado a la reforma constitucional. “No recibí respuesta positiva de Presidencia (Martín Menem) para que los otros proyectos tengan a Poderes, Peticiones y Reglamento como comisión cabecera”, reveló la presidenta de la comisión.

Sobre la creación de una comisión especial investigadora, se analizaron las propuestas de Silvana Giudici del Pro; la de Christian Castillo del Frente de Izquierda; la de Pablo Juliano de Democracia para Siempre; y la de Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria. Esta última propone un órgano bicameral para convocar con “mayor fuerza” a los funcionarios que sean citados. “A mayor degradación de las instituciones de la Argentina, mayor institucionalidad”, presentó.

La reunión contó con la presencia de familiares de víctimas por la partida adulterada que ya ha causado 96 muertes. Clarisa Álvarez, quien perdió a su padre en el Hospital Italiano de La Plata, señaló: “Somos familias que perdimos a un ser querido que fuimos al lugar y el día incorrectos, y que nos encontramos con una bacteria letal”. Luego, brindó un duro relato: “Lo peor que podía pasar, nos pasó a nosotros, no fuimos la excepción y podría volver a pasar porque le puede pasar a cualquiera”.

Acto seguido, Álvarez dio lugar a Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala, un joven que padeció la misma desgracia, quien leyó una emotiva carta en la Sala 4 del Anexo del Palacio Legislativo: Primero, solicitó compromiso y acción inmediata; exigió acceso a la información pública de los organismos involucrados; y cerró la lectura pidiendo una labor legislativa “en defensa de la salud, la vida y los derechos de los ciudadanos”.

El debate por la comisión investigadora

La reunión duró poco más de dos horas y la presidenta de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, Silvia Lospennato, anunció, en el cierre, una reunión de asesores para este viernes a las 13, posiblemente un encuentro único este martes y un encuentro plenario junto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el jueves de la semana que viene. Además, pidió trabajar por el consenso y lograr un único dictamen.

En otro punto, anticipó su discrepancia a la iniciativa de una comisión bicameral porque “exige dos tercios de los miembros en el Senado para avanzar”. Mencionó, además, una vocación legislativa para que a futuro “nuestros reglamentos sean parecidos”; y por último, sugirió que “nadie debería querer sacar un rédito político por las víctimas”.

La primera expositora del encuentro fue Silvana Giudici (Pro – CABA), autora del proyecto que propone una comisión especial investigadora con una composición idéntica a la del Caso $LIBRA. Sin embargo, rechazó la posibilidad de una modificación (en alusión al proyecto de resolución que destrabó la de la Criptomoneda) porque “no estamos de acuerdo con el voto ponderado”.

Respecto a la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak por la partida de fentanilo contaminado, hizo una cronología de los hechos denunciados y amplió: “Hay más de 188 instituciones afectadas por el fentanilo y cuando comenzamos a tener noticias por las primeras muertes, pensamos en la importancia de que el Congreso intervenga y acompañe”.

Remarcó el consenso logrado para aprobar el pedido de informes al Poder Ejecutivo y destacó que “la misión del Congreso es respetar la Constitución Nacional y no incurrir en una contradicción con la causa que se lleva adelante”. Por la intromisión de la justicia fue detenido Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma y vinculado a Laboratorios Ramallo cuando se elaboró la partida contaminada.

Después, sumó que “esta crisis sanitaria tiene tres ámbitos de actuación: una es la del fentanilo medicinal contaminado; el segundo tiene que ver con la conexión con el narcotráfico y la exploración de la ruta consistente entre estas ampollas; y el tercer ámbito es la cadena de protección y conexión entre empresarios y testaferros con la eventual participación con funcionarios y exfuncionarios”.

En el último tramo de su intervención, Giudici pidió ahondar en el “reclamo persistente por la trazabilidad de la última milla de los medicamentos”, y anticipó la posibilidad de una modificación al Código Penal porque “aun sumando todas las figuras penales en esta causa, hay un riesgo a que la pena no sea proporcional al daño causado que fue el de envenenar a 100 pacientes y contaminar quirófanos del ámbito de la salud pública y privada”.

Silvana Giudici fue la primera diputada en proponer una comisión investigadora por el fentanilo adulterado.

Brevemente, el diputado nacional Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria – Tierra del Fuego) consideró que “no estoy de acuerdo con desligar la parte política de esta situación”, y contempló la posibilidad de “armar una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para determinar las responsabilidades del ANMAT y sus autoridades, y también de las responsabilidades generales de esta situación”.

Sin embargo, el fueguino optó porque su proyecto sea absorbido por el de Tolosa Paz y explicó que “estamos hablando de más de 100 víctimas y tenemos que buscar las respuestas para esclarecer toda esta situación”. Asimismo, se diferenció de la iniciativa del Pro y cargó que “hay investigar hacia arriba: Ministerio de Salud, Capital Humano y al Gobierno de la Nación que pone autoridades al mando de estos organismos”.

Autor de otro proyecto, el jefe de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano mencionó considerar el proyecto de resolución que motorizó Maximiliano Ferraro para lograr destrabar la Comisión $LIBRA y también, mencionó los chats de los empleados de Laboratorios Ramallos: “Tenemos que entrar a investigar esto, si no somos una burla”.

Se adelantó a la posibilidad de que este tratamiento pueda tener dos dictámenes y pidió “dejar de jugar a la política porque si esto se convierte en un ‘narcoestado’, de ahí no se vuelve más”. En línea con otros planteos, propuso considerar la colaboración de organismos internacionales: “Tenemos que pedir ayuda porque esto es grave”.

De cara a los familiares de las víctimas, expresó: “Si no hay ánimo de búsqueda, hagámoslo por humanismo porque los familiares se tuvieron que arrastrar para saber de qué habían muerto sus hijos”, y cerró: “Esto no tiene que ver con el vecindario, esto es más grave”.

En representación del proyecto del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo aseveró: “Hay que tener dimensión que la catástrofe sanitaria que estamos viviendo con el fentanilo contaminado muestra los límites de la política de desguace de los organismos de regulación y control”. En ese tramo, comparó esta tragedia con el accidente de Lapa ocurrido el 31 de agosto de 1999 y la ausencia de control aeronáutico.

También responsabilizó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y relató: “Vemos acá a un empresario que por ahorrar costos se trabaja en condiciones no óptimas en los laboratorios, terminó llevando al envenenamiento de estas personas”. Además, vinculó la causa con los despidos en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

En un segundo planteo, propuso que los familiares tengan accesos a todas las reuniones de comisión y sumó que uno de los objetivos de esta comisión debería ser “dilucidar la responsabilidad estatal y si hubo inspecciones, responsabilidad del ANMAT de la ex INAME (Instituto Nacional de Medicamentos)”.

Por último, pidió investigar exhaustivamente la “dimensión de Ariel García Furfaro” y todo el entramado de su arribo a la industria farmacéutica. En el final de su intervención, explicó la posibilidad de ampliar la composición a los bloques que contengan dos representantes y exigió que “los funcionarios del sector público tienen que poder ser citados y que tengan la obligación de venir”.

La última autora de proyectos en exponer fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien adelantó que Unión por la Patria va a insistir con un dictamen que proponga la creación de una comisión bicameral y reveló que cuenta con el apoyo de integrantes del bloque Encuentro Federal. “A este drama y a esta crisis sanitaria que dejó 96 víctimas, le corresponde el mayor grado de institucionalidad”, reiteró.

“El mayor grado de institucionalidad es, sin dudas, ambas cámaras, la mayor representación legislativa y parlamentaria, que tenga peso federal, y con la mayor vocación política de buscar en un tiempo determinado todo lo que las víctimas, por sí solas, no pueden llegar a juntar -datos, historias clínicas y procedimientos-”, explicó.

Así las cosas, agregó que “lejos de querer dilatar, la consolidación de un informe de una comisión bicameral puede resultar de insumo sumamente necesario para los familiares y para las víctimas, y necesario, también, para ahondar en las distintas causas que se van a ir abriendo sobre la responsabilidad pública del laboratorio y sobre el resto de las implicancias que se van a ir desarrollando a lo largo de estas comisiones”.

Profundizó, además, que su proyecto toma como base a la Comisión Bicameral del ARA San Juan que “le permitió al Juzgado de Caleta Olivia avanzar más rápido y tener datos importantísimos para que cualquier juez investigue cuales son las responsabilidades”. En esa línea, consideró: “Teniendo una buena correlación de fuerzas entre quienes estamos acá y nuestros pares senadores, no estamos lejos de construir, con fuerza de ley, una bicameral investigadora en el plazo y los limites que nos pongamos de acuerdo”.

Respecto a potenciales interpelaciones, Victoria Tolosa Paz remarcó: “Es fundamental decir que una comisión investigadora bicameral tiene que tener peso para no naturalizar, como hemos visto en esta Cámara de Diputados, interpelaciones a funcionarios aprobadas y que acá no pasó nada”. “Antes no pasaba esto de que un ministro dijera ‘no voy al Congreso’ y presente una notita”, cuestionó.

Victoria Tolosa Paz reiteró que Unión por la Patria va a insistir en la creación de una bicameral.

En última instancia, el diputado tucumano Pablo Yedlin, vocal de esta comisión y titular de Acción Social y Salud Pública, reiteró el reclamo por la ampliación de giros y auguró: “Nos van a obligar a emplazar nuevamente”. Luego, expresó: “Lo que hemos vivido en la Argentina con las ampollas de fentanilo contaminado es una tragedia enrome”.

Sobre la causa, anticipó que va a presentar un proyecto de ley para fortalecer el marco normativo y regulatorio de la ANMAT, la cual fue creada por el Decreto 1490/1992, y cerró: “Seamos firmes en que la semana que viene tengamos dictamen, si no todo termina siendo una ‘paparruchada’”.

Durante la primera tanda de cuestiones de privilegio en la sesión de este miércoles, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade cargó contra su par Silvana Giudici, del Pro, quien “viene agraviándome desde hace semanas, involucrándome en la tragedia del fentanilo y, por lo tanto, intentando limitar y restringir mis facultades como legislador nacional”, arrancó.

El kirchnerista recordó que la bullrichista “sugirió en tres sesiones anteriores, consecutivas, que hay diputados de nuestro bloque relacionados con el laboratorio HLB Pharma”. “No había dicho nombres, pero el 7 de agosto a las 19.39 en el programa de Eduardo Feinmann en A24 fue explícita”, señaló y citó cuando dio su nombre y apellido al aire en TV.

La supuesta vinculación vendría de compartir domicilio legal en el mismo edificio que los dueños del laboratorio. “Esto que repitió tres veces en el recinto y 100 en la televisión, no es cierto”, afirmó y continuó: “La diputada se montó sobre una estupidez que empezaron a divulgar los trolls en las redes sociales. Todo para empezar una campaña de encubrimiento de las autoridades del Gobierno nacional, que son las que verdaderamente están involucradas en la tragedia”.

Tailhade reveló que el estudio jurídico en el que trabajó hasta 2011, cuando se retiró para irse “a trabajar a la gloriosa gestión de Julián Álvarez en el Ministerio de Justicia” está ubicado en una de las dos torres del domicilio citado por Giudici. Y aclaró que ese lugar y las propiedades de HLB Pharma estaban en distintos departamentos.

Además, el legislador precisó: “HLB Pharma constituye ese domicilio de 2012 a 2019. Yo me fui del estudio jurídico en el año 2011”.

“Se trata de una pantomima que quieren hacer para encubrir la responsabilidad de (Federico) Sturzenegger y (Mario) Lugones”, denunció y completó: “No le voy a pedir una rectificación, no me interesa. Sí le voy a pedir que deje de caranchear con el dolor de las familias que perdieron un pariente, un familiar, un ser querido como víctimas de este Cromañón de la salud. Y les advierto a los familiares de las víctimas que cuando esto termine, Giudici no los va a defender más, va a defender a Sturzenegger, a Lugones, a (Javier) Milei, como hizo justamente con Cromañón”.

Giudici quiso contestar inmediatamente, pero, ante las protestas de la oposición, Martín Menem le dijo que la anotaba primera para la segunda tanda de cuestiones de privilegio. Pasada la votación sobre el veto de la Emergencia en Discapacidad, la diputada arrancó: “Me he sentido agraviada, y quiero denunciar determinados aprietes, telegramas, cartas documento que intentan hacerme callar, vulnerando el derecho constitucional que me asiste de la inmunidad de palabra”.

“Le agradezco que me haga esta aclaración (sobre el domicilio). La información sobre la dirección debería aclararse en la causa”, le contestó a Tailhade y recordó que su pedido para que se conforme una comisión investigadora sobre el caso “y que la causa que lleva adelante el juez (Ernesto) Kreplak termine con algún llamado a indagatoria, por lo menos, o alguien en prisión preventiva”. Además, advirtió que “cada día es más oscura la trama y los familiares no están siendo escuchados”.

La bullrichista defendió que “estuvimos desde el primer momento del lado de las víctimas y los familiares”. “¡Con qué autoridad moral pueden hablar de caranchear de los muertos si hace décadas se vienen riendo de los muertos víctimas de la corrupción en Argentina!”, lanzó y prometió: “Vamos a procurar que se llegue bien al fondo” en la causa.

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que apunta a reformar el Código Penal y la Ley de Farmacias para endurecer las sanciones contra quienes manipulen de forma negligente medicamentos de alto riesgo. La iniciativa surge como respuesta directa a la crisis sanitaria provocada por la distribución de fentanilo contaminado, que ya ha causado al menos 76 muertes en el país.

El proyecto, titulado “Ley de Responsabilidad Sanitaria en el Manejo de Medicamentos de Alto Riesgo”, propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal —el 201 ter— que establece penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial de hasta quince años para quienes, en violación de sus deberes legales, generen un “riesgo cierto para la salud pública” en el manejo de medicamentos incluidos en un listado especial elaborado por la autoridad sanitaria.

“Será de aplicación a estos supuestos el artículo 201 bis si de la conducta resultase la muerte de alguna persona, junto con la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio por el doble de tiempo de la condena”, señala el texto presentado por la diputada del Pro.

La propuesta también modifica la Ley 17.565 de Farmacias, incorporando un nuevo artículo 45 bis que agrava las sanciones administrativas cuando las infracciones se cometan con negligencia, imprudencia o impericia, especialmente si involucran medicamentos de alto riesgo.

“La multa podrá ser elevada hasta el doble del máximo previsto […] La inhabilitación profesional podrá extenderse hasta diez años, cuando la conducta comprometa la seguridad sanitaria o la integridad de pacientes o terceros”, detalla el proyecto.

Un caso testigo: HLB Pharma

En los fundamentos, Giudici hace referencia explícita al caso de la droguería HLB Pharma, autorizada por el Estado pero implicada en graves irregularidades en la manipulación y almacenamiento de opioides como el fentanilo. A pesar de la magnitud del daño, ningún responsable ha sido citado a declarar.

“Esta situación pone de manifiesto no solo la debilidad de los mecanismos de fiscalización, sino también la insuficiencia del marco penal actual para intervenir con firmeza frente a hechos de tamaña gravedad”, argumenta la diputada.

El proyecto busca llenar ese vacío legal, al permitir sancionar no solo conductas dolosas, sino también aquellas que, por su negligencia grave e inexcusable, generan un riesgo sanitario concreto.

“La legislación penal debe contar con herramientas que permitan una penalización con proporcionalidad a quienes incumplan sus deberes legales y generen un riesgo cierto para la salud pública”, sostiene Giudici.

La diputada aclara que la iniciativa no busca criminalizar errores menores ni obstaculizar la actividad farmacéutica, sino sancionar con firmeza los incumplimientos graves que comprometen la salud pública.

“Esta figura penal no busca criminalizar errores menores ni obstaculizar el legítimo ejercicio de la actividad farmacéutica, sino penalizar aquellas formas de incumplimiento profesional que, por su gravedad, ameritan una respuesta directa”, explica.

El proyecto fue acompañado por otros legisladores del Pro, entre ellos Martín Yeza, Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet y María Florencia De Sensi.

El texto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no mayor a 90 días desde su promulgación. En paralelo, el bloque del PRO impulsa otras iniciativas complementarias, como la creación de una comisión investigadora y un sistema nacional de trazabilidad y alerta temprana bajo la órbita de la ANMAT.

“La trazabilidad, la conservación y la guarda adecuada de medicamentos son pilares esenciales de toda política sanitaria moderna. Cuando estos pilares se vulneran, no solo se afecta a los pacientes directamente expuestos, sino que se debilita todo el entramado institucional destinado a proteger la salud pública”, concluye Giudici.

Finalmente el Congreso se metió de lleno este miércoles en la cuestión del escándalo generado por la contaminación de fentanilo en la Argentina, que al día de hoy ha causado por lo menos 96 muertes, dictaminando de manera unánime un pedido de informes sobre el tema.

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocada de urgencia, en la que se unificaron todos los proyectos que hay sobre el tema y se avanzó con las firmas para dar presta respuesta a esta demanda. Sobre el final de la reunión, que comenzó pasadas las 9 de la mañana y se extendió hasta las 10.30, se expresó que el dictamen llegaría directamente a la presidencia del Cuerpo para que se mandara rápidamente al organismo respectivo en busca de respuestas.

El texto firmado incluye 26 preguntas consensuadas por todos los bloques, según los expedientes unificados de diputados como Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin, entre otros. Las preguntas van dirigidas al Poder Ejecutivo, básicamente al ANMAT, y se indaga incluso sobre la composición accionaria de los laboratorios involucrados.

“La historia de los organismos de control de medicamentos en el mundo habitualmente tiene que ver a partir de escándalos y situaciones gravísimas con medicamentos”, señaló en el inicio de la reunión el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, quien agregó que también ha sido así en la Argentina. Citó en ese sentido el caso del propóleo contaminado con un anticoagulante que generó muertes en la Argentina, sobre todo en niños. Por eso se creó justamente el ANMAT en el país, y comentó de paso que ese mismo contaminante fue el que generó una reacción similar en Estados Unidos casi un siglo antes, por el cual se creó la FED.

“Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT, por eso queremos que ese organismo nos de explicaciones”, expresó el diputado tucumano.

El primero en exponer fue el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien habló de la necesidad de mantener la trazabilidad y determinar quién aprobó los lotes contaminados. “Acá el punto está en aclarar que no es el ANMAT quien liberó la utilización de estos lotes”, remarcó, destacando que la cantidad de muertos que tiene este caso supera los de la tragedia de Once y el atentado a la AMIA.

Cuestionó en ese marco los dichos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que le apuntó al papel de la ANMAT y alertó sobre los riesgos de eliminar controles. “Por eso vamos a firmar este pedido de informes, porque no sabemos cuántos muertos más van a aparecer y tenemos que mandar un mensaje a los familiares. El silencio de este Congreso no puede ser atroz”, enfatizó.

La diputada santafesina Mónica Fein sugirió tener en cuenta los antecedentes del laboratorio involucrado, y citó el incidente que tuvo el laboratorio Apolo en su provincia, donde explotó una caldera y se fueron a otra provincia, donde pusieron otro laboratorio.

Destacó el papel de los laboratorios públicos y cuestionó que el intendente de Mar del Plata hablara mal de los mismos. “Hace muchos años que nuestra provincia los tiene y certifican los productos y tienen materia prima de primera calidad”. Señaló además que “le debemos a las familias una seria acción para ver si los mecanismos que tiene el Estado para actuar rápidamente ante una denuncia y generar controles de la sustancia ha sido el correcto”, señaló, aclarando que los problemas no vienen del último año, sino que “hay que mirar hacia atrás”.

“Esto nos tiene que hacer mejorar los mecanismos de control”, comentó, expresando su preocupación porque “la respuesta ante un problema donde el Estado puede tener deficiencias, sea que el Estado no debe participar”. Abogó en cambio porque “este mecanismo de participación nos permita ver si hubo fallas, si la trazabilidad que tuvo este medicamento fue el adecuado”, y adelantó su apoyo al pedido de informes y verificar cómo avanza el tema judicial, que “también será en paralelo el que esclarecerá este tema”.

Su par Esteban Paulón hizo hincapié en la cantidad de muertos: 96, lo que le da una dimensión al caso. También cuestionó los dichos de Sturzenegger en función de eliminar los controles. “Lo que tenemos que hacer es pensar en mejores controles. Ojalá el Gobierno responda (el pedido de informes), porque son bastante perezosos en hacerlo y abran la posibilidad de crear una comisión investigadora”, comentó. Volvió sobre Sturzenegger al señalar sus expresiones en el sentido de que “uno no puede pensar en la mala fe de los empresarios, le escuchamos decir… Mire, mejor nos curamos en salud, ajustamos los controles y salimos del ejercicio de pereza intelectual de que lo que no funciona o funciona mal lo cerramos”. Por el contrario, reivindicó el trabajo de la ANMAT, y sostuvo que “el Congreso tiene que plantarse y defender el rol de las instituciones y organismos de control que durante tanto tiempo han funcionado bien, y ver hacia atrás si  hay responsabilidades políticas y mejorar controles hacia adelante”.

Autora de uno de los proyectos puestos a consideración y quien ya viene insistiendo con la investigación desde hace tiempo, la diputada del Pro Silvana Giudici agradeció la convocatoria a la comisión y pidió firmar el pedido de informes todos juntos, para que “conozcamos cada una de las incógnitas que vamos teniendo”. Señaló que el fentanilo es una de las drogas más controladas en la Argentina y destacó las fallas observadas en la elaboración del medicamento.

“Vamos a dejar de lado la cuestión política y las conexiones que surgen en la causa”, pidió. Comentó que el dueño del laboratorio del fentanilo mortal, HLB Pharma, Ariel García Furfaro, dijo que quiere ir al Congreso. “Sería bueno que vengan todos a contar cómo durante estos años ese laboratorio Apolo puede seguir funcionando. Hubo más de cien alertas del ANMAT… Cuando el juez (Ernesto) Kreplak manda la primer medida de allanamiento, descubre que había 5 kilos de fentanilo en polvo, y cuando llega no están. Y cuando preguntan, aparentemente ese laboratorio dice que habían sido incinerados”.

“No queremos que se hable de tragedia: es la mayor crisis sanitaria causada por medicamentos adulterados de la Argentina”, remarcó la diputada del Pro, que destacó que el pedido de informes buscará determinar la responsabilidad de las autoridades habilitantes y responderle a las familias de las víctimas porqué se les ocultó la información. No hablemos de comorbilidades, no hay que ampararse en la misma excusa que una institución médica puede decir”.

Giudici sostuvo también que “más allá de esta investigación, tenemos que contener, escuchar, presionar para que esta causa empiece a dar resultados concretos, y no negar la responsabilidad de este Congreso de ir más allá”. Y se preguntó “cómo puede ser que este laboratorio (en referencia a HLB Pharma) haya trabajado todos estos años sin responsable técnico”.

Pidió también investigar la conexión de la familia propietaria del laboratorio y sus testaferros con el narcotráfico, aunque aclaró que son causas paralelas que llevan adelante distintos jueces. Y enfatizó en saber “porqué este laboratorio trabaja desde hace 5 años con tanta impunidad”.

En tanto, el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda socialista) avaló las iniciativas: “Tenemos el objetivo de juzgar a los verdaderos responsables”.

Finalmente, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli consideró necesario “convocar también a la ANMAT para que dé respuesta".

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici encabezó este martes un encuentro en el Congreso con familiares de víctimas fallecidas por el consumo de fentanilo adulterado. El encuentro contó con la presencia de legisladores de los bloques Pro, La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR), quienes se comprometieron a impulsar medidas legislativas para enfrentar esta crisis sanitaria.

Participaron los diputados Nicolás Mayoraz (LLA), Cristian Ritondo, Marilú Quiroz, María Sotolano, Martín Ardohain, Patricia Vásquez, Fernando Iglesias, Sergio Capozzi, Gerardo Milman y Sabrina Ajmechet (todos del Pro) y Karina Banfi (UCR), junto a familiares de las víctimas Leonel Ayala, Renato Nicolini, Daniel Oviedo y Ramón Álvarez.

Durante la reunión, Giudici expresó: “Seguiremos trabajando en Diputados y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por estos crímenes causados por el fentanilo adulterado. No vamos a permitir que esta tragedia sanitaria quede impune”.

Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, habló en nombre de los familiares: “Estamos destruidos. Es la primera vez que nos sentimos escuchados. Esto es una crisis sanitaria y una tragedia nacional que nos mancha a nivel mundial. Aún no hay personas citadas a declarar ni transparencia en el proceso”.

El diputado Cristian Ritondo reafirmó el compromiso del bloque Pro: “Desde el Congreso seguiremos elevando la voz y no permitiremos que este tema se apague. Vamos a acompañar a las familias en su reclamo y brindar todo nuestro apoyo para que se haga justicia”.

Al finalizar el encuentro, los legisladores acordaron avanzar en la conformación de una comisión investigadora y respaldar los proyectos presentados por Giudici, orientados a mejorar el sistema de alerta sanitario, endurecer las penas por manipulación de drogas peligrosas y garantizar el seguimiento de las causas judiciales en curso.

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici solicitó en la sesión de este miércoles un apartamiento del reglamento para que se trataran proyectos referidos al fentanilo contaminado. A pedido del jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, la cuestión se dejó para el final, con el objetivo de buscar acuerdos. Sin embargo, eso no sucedió. Cuando llegó el final de la sesión y buena parte de los diputados se habían parado y estaban recogiendo sus cosas para irse, después de que se votara contra los decretos presidenciales, Giudici tomó la palabra y reclamó que se cumpliera en votar la creación de la comisión, cosa que ya no podía hacerse porque no había quórum, según expresó Martín Menem.

Eran las 0.40 de este jueves ya, y obviamente lo tenía claro Giudici, quien quiso dejar en claro al menos que el tema “no le importa al kirchnerismo” e insistió con vincularlo a las vinculaciones de dirigentes de ese sector con el laboratorio involucrado.

Más temprano en la tarde, la legisladora había recordado que esta era la tercera vez que planteaba en el recinto este tema, el cual es “una situación de extrema gravedad” que “ya se ha cobrado 68 víctimas”. “Más de 90 personas han sido afectadas y esta semana nos enteramos de una de las víctimas más impactantes, que es un bebé de solo 3 meses en la provincia de Córdoba, envenenado con este opiáceo que ha sido manipulado de modo indebido”, señaló.

Además, la bullrichista mencionó que a fines de mayo había presentado junto a su bancada un proyecto de resolución proponiendo crear una comisión investigadora, en tanto que este miércoles elevó un pedido de informes sobre el tema.

“Lo más grave que está sucediendo en este momento es que hay lotes completos de fentanilo adulterado que no han sido identificados ni pueden ser recuperados del sistema sanitario”, enfatizó.

Sobre el laboratorio HLB Pharma y su socio Ramallo S.A., Giudici apuntó que fue habilitado en 2017 y “tuvo conexiones directas con el intendente Mario Ishii y el ministro Ginés González en su momento para exportar la vacuna Sputnik”.

En la Justicia “se abrieron 267 expedientes en contra de HLB Pharma”, indicó la diputada y añadió que “hay al menos dos sumarios y está inhibido porque la planta no había estado habilitada”.

“Al juez (Ernesto Kreplak) le pedimos que apure un poquito la causa, porque la verdad 68 muertos y todavía no hay una persona imputada y mucho menos presa”, reclamó y continuó: “Hay demasiadas curiosas coincidencias que ponen a los protagonistas de este laboratorio en un esquema de corrupción mayor, que claramente excede la producción de fentanilo o medicamentos. Va más allá y tiene vinculaciones con un laboratorio descubierto en Ciudad de Este”. En esa línea, habló de investigar una presunta “ruta del fentanilo”.

La porteña consideró que “no podemos dejar a este Congreso fuera de la discusión” y volvió a apuntar contra HLB Pharma, al señalar que “uno de los domicilios legales de (Ariel) García Furfaro está ubicado en la casa de la madre de Lázaro Báez”, mientras que “un diputado en ejercicio de esta cámara comparte un domicilio legal de su empresa en el mismo inmueble donde está inscripto HLB Pharma”.

En una pequeña intervención, el jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, sostuvo que “el Gobierno tiene la responsabilidad con la ANMAT de informar claramente qué está pasando con este tema”. “Es un tema de salud pública y no una mera cuestión de tipo administrativo el tema que aparece hoy denunciado por el Ministerio de Seguridad”, agregó.

Ya en la previa de la sesión de este miércoles en la Cámara baja se comenzó a especular con que no estaban los votos para alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Bahía Blanca, razón por la cual se escucharon voces recomendando el retiro del temario.

Muy activa desde el minuto uno en la cuestión Bahía Blanca, la radical Karina Banfi advirtió en las redes sociales sobre el riesgo de ir a una votación sobre el tema y pidió retirarla del temario. Finalmente así se acordó en el marco de la reunión de Labor Parlamentaria y cuando arrancó la sesión, fue el primer tema en ser tratado. Se ocupó la diputada del Pro Silvana Giudici, quien procedió a presentar una moción en ese sentido, que se aprobó a mano alzada.

Tras la votación, el diputado Pablo Juliano, en nombre del bloque Democracia para Siempre, y su par Christian Castillo, por la izquierda, hicieron constar su no acompañamiento a esa posición.

Con acuerdo de los bloques mayoritarios, se retiró el proyecto de la insistencia de la emergencia de Bahía Blanca del temario de esta sesión.

Estamos trabajando para construir la mayoría especial que necesitamos y revertir el veto como nos comprometimos con @MaxiAbad .

No… pic.twitter.com/twRWcNRpvG

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) August 6, 2025

El pasado 24 de junio, el presidente Javier Milei vetó a la Ley 27.790, por la cual se estableció la emergencia para los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones registradas en marzo pasado.

La norma establecía la emergencia para esas localidades por 180 días y la creación de un Fondo Especial por $200.000 millones para la reconstrucción; subsidios económicos para personas afectadas; obras de infraestructura; líneas de crédito blandas a través del Banco Nación; exenciones impositivas y una moratoria de 180 días para deudas y promoción de obras con mano de obra local.

Sin embargo, a través del decreto 424/25, el Gobierno vetó la norma argumentando que las medidas de asistencia -por ese mismo monto- ya habían sido implementadas por el decreto del PEN 238/25. También, se criticó que el proyecto no indicaba "cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen".

El 12 de marzo, a pocos días del trágico temporal, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa (230 votos a favor). Pero, el 7 de mayo, el Senado aprobó su propio proyecto por unanimidad (63 votos a favor) y, finalmente, el 5 de junio la Cámara baja tomó ese proyecto venido en revisión y lo sancionó por 153 votos a favor y 32 en contra, los cuales correspondieron todos a La Libertad Avanza.

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici cuestionó lo sucedido en el Senado durante la sesión del jueves, fustigando a la oposición que propinó una severa derrota al Gobierno nacional.

La legisladora dialogó con CNN Radio y, memoriosa, recordó que “nunca en la historia de la democracia el Senado se autoconvocó en una reunión”.

“El kirchnerismo avanzó igual”, lamentó, y aclaró que “lo correcto hubiera sido pedir una convocatoria oficial para que haya una formalidad institucional en el acto de llevar adelante una sesión”.

Según Giudici, “si esto hubiera ocurrido en Diputados no se habría votado”. “Habilitaron temas que no estaban en la labor parlamentaria. Para poner ese temario en discusión, se necesitaba una mayoría especial de dos tercios”, agregó.

“El apuro por sacar estas leyes hizo que la oposición cometiera muchos errores”, advirtió, y consideró que el resultado de la sesión del jueves tuvo muchas “irregularidades” y consideró que hasta algunos proyectos que fueron aprobados podrían ser declarados “nulos”.

Por otra parte, la diputada del Pro advirtió que si esto termina sin el veto del presidente Javier Milei “afectaría de entre 5 y 7 puntos del PBI”, y esto “podría quebrar toda la Argentina”.

Justo a las 12.30 arrancó este martes la reunión de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familias, Niñez y Juventudes y de Presupuesto y Hacienda, tal cual se había establecido en el marco del emplazamiento votado el miércoles pasado por el pleno del Cuerpo. Pero ya de entrada se enfrascaron los diputados en una discusión en torno a quién debía presidir el plenario.

En efecto, mientras Carla Carrizo interpretaba que ese rol le correspondía a la Comisión de Salud, Silvana Giudici sostenía que la tradición establece que sea siempre Presupuesto. “No conocía esa tradición”, repuso la diputada de Democracia para Siempre.

Tras un conciliábulo que demandó unos minutos, esa discusión se puso a consideración del plenario. Sucede que el titular de la comisión cabecera, la de Salud, no estaba presente. Como muchos otros legisladores, tuvo problemas con los vuelos a raíz de la neblina, de ahí que, ante la ausencia del vicepresidente de la comisión, se hizo cargo del arranque Carla Carrizo, en su condición de secretaria de Acción Social y Salud Pública.

“¿Quieren presidir? La verdad, no estamos de acuerdo en que presida una comisión que no es cabecera, pero bueno, la quieren presidir… No le tenemos miedo a los números. No es que el reglamento lo diga”, señaló Carrizo, quien atribuyó la discrepancia a “la política del capricho”, aunque aclaró que ya habían ganado en la sesión el emplazamiento y ahora conseguirían el dictamen.

Así las cosas, Roxana Reyes se hizo cargo del arranque en su condición de presidenta de Familias, y tras celebrar que estuvieran por discutir ese tema aprovechó para reclamar ponerse a trabajar con la ley de salud mental en niños, niñas y adolescentes, “si Yedlin lo acepta”.

Tomó la palabra Espert, quien a priori estaba en el ojo de la tormenta por haber sido quien obstruía el debate por no convocar a la comisión que preside, y que el miércoles pasado había sido el destinatario de los fuertes reproches de UP cuando la sesión se desmadró. En cumplimiento al emplazamiento, el diputado libertario propuso que fuera el plenario el que decidiera qué comisión o persona debía presidir. “Por mi lado, no tengo ninguna preferencia, lo que se vote es lo que corresponde”, señaló.

Intervino entonces la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici, quien destacó que había habido muchos cambios en las comisiones, por una gran cantidad de diputados que no habían podido llegar. “Lo que habría que haber hecho era suspender”, señaló ante las exclamaciones negativas de varios, pero aclaró: “Para mostrar vocación política se han hecho los cambios, y deberíamos tener las planchas de los componentes nuevos antes de votar”.

Luego aclaró que consideraba que tanto Presupuesto, como Familias, debían ser las que  presidieran, dado que ni el presidente de Salud, Pablo Yedlin, ni el vicepresidente de esa comisión estaban presentes. Aclaró que Roxana Reyes había propuesto a que Espert presidiera, siendo él “quien viene presidiendo todos los plenarios de este período parlamentario”. Y aclaró que no pensaba que la secretaria de Salud estuviera en condiciones de tomar la decisión por sobre la voluntad de los presidentes (de comisiones) que sí están presentes”.

Intervino Cecilia Moreau para alertar sobre “una clara maniobra del oficialismo para evitar que hoy le demos dictamen al proyecto de emergencia pediátrica”, y advirtió que no había antecedentes de que la presidencia estuviera a cargo de otra comisión que no fuera la cabecera. Puso como ejemplo el debate de la Ley de Alquileres, que ella presidió en su momento en su condición de titular de Legislación General. Y cuando ella no estaba, el que quedaba a cargo era Daniel Lipovetzky, en su condición de vice segundo. “Voy a pedir queno entremos en un debate estéril por cuestiones reglamentarias, sino que después de haber leído los cambios se vote quién debe presidir, que para mí debe ser la cabecera, como históricamente se ha hecho”.

Mientras el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot estuvo de acuerdo, la radical Karina Banfi sostuvo que debía ser Espert. “Se quejan porque no abre la comisión, ¿ahora no quieren que presida?”.

El libertario Nicolás Mayoraz coincidió con Banfi y Giudici, y rechazó que se sometiera el tema a votación. “Las autoridades de las comisiones arrancan  por jerarquías”, insistió, planteando que debía presidir un presidente, no una secretaria.

A su vez, Carolina Gaillard consideró que lo que se estaba planteando era una “falta de respeto para los médicos del Garrahan”. Defendió que le correspondía presidir a la comisión cabecera, dijo que así figura en el reglamento y concluyó enfatizando que “por respeto a los médicos del Garrahan, que cobran 2 pesos con 50, que este Gobierno está haciendo que renuncien, empecemos y tratemos el tema con la presidencia de Salud, que es la cabecera. Dejémonos de politiquería barata”.

Mientras tanto, ante la posibilidad de que la discusión se desmadrara, la diputada Victoria Tolosa Paz, que pensaba plantear una moción contra José Luis Espert, fue la misma que alertó a sus pares opositores con un “basta, basta, necesitamos los votos de ellos”, y terminó primando la decisión en la oposición de no continuar en una discusión estéril. Por eso tomó la palabra Carrizo nuevamente y, tras celebrar que Espert “haya venido, a diferencia de (la reunión por) discapacidad, que se ausentó”, lo dejó al frente del plenario.

A su vez, Silvia Lospennato abonó el planteo oficialista señalando que en los plenarios, cuando el presidente de la comisión cabecera no está, la presidencia va rotando con los restantes presidentes.

En un contexto de creciente sensibilidad social hacia los vínculos afectivos entre humanos y animales, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de ley que propone regular el traslado de cenizas mortuorias en vuelos de cabotaje dentro del territorio argentino. La iniciativa contempla tanto los restos humanos como los de animales no humanos domésticos, y busca garantizar que este tipo de transporte pueda realizarse de forma segura, gratuita y sin ambigüedades normativas.

El proyecto establece que las cenizas deberán ser transportadas en urnas funerarias herméticamente cerradas o selladas, dentro del equipaje de mano del pasajero, y acompañadas por la documentación correspondiente:

• Certificado de defunción(en el caso de restos humanos).
• Certificado de cremación emitido por un cementerio o entidad autorizada.
• En el caso de animales, un certificado de cremación veterinarioo de crematorio habilitado.

Además, se aclara que no podrá cobrarse ningún costo adicional por este tipo de traslado, y que las autoridades aeroportuarias tendrán la facultad de inspeccionar el contenido si lo consideran necesario por razones de seguridad.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es el reconocimiento explícito de los animales no humanos domésticos como parte de la vida afectiva y familiar de muchas personas. En los fundamentos, Giudici destaca que la ciencia ha demostrado que los animales son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, placer y vínculos emocionales, lo que ha llevado a una transformación en la forma en que la sociedad los percibe.

“El concepto de familia multiespecie se ha instalado en la realidad cotidiana, y con él, la necesidad de revisar los derechos post mortem de nuestros seres queridos, tanto humanos como no humanos”, señala la diputada. En ese sentido, el proyecto busca equiparar el trato legal de las cenizas de animales domésticos con el de los restos humanos, en reconocimiento del valor simbólico y emocional que representan para sus familias.

Un vacío legal que genera incertidumbre

Actualmente, el traslado de cenizas en vuelos nacionales no está regulado de manera uniforme. Las aerolíneas y autoridades aeroportuarias aplican criterios dispares, lo que genera incertidumbre y obstáculos burocráticos para quienes desean cumplir con rituales familiares, religiosos o personales vinculados al destino final de las cenizas.

El proyecto se inspira en parte en las recomendaciones del Airport Handling Manual (AHM 333) de la IATA, que regula el manejo de restos humanos en el transporte aéreo internacional, pero propone una adaptación local más flexible y humanizada, especialmente para vuelos de cabotaje.

La propuesta de Giudici se enmarca en una tendencia global hacia legislaciones más empáticas y adaptadas a los cambios sociales. “Este proyecto promueve una sociedad más sensible y coherente con los vínculos y valores que nos atraviesan”, concluye la legisladora.

De aprobarse, la ley representaría un avance significativo en derechos simbólicos y afectivos, y ofrecería un marco legal claro para una práctica cada vez más común, pero aún desregulada.

Tras el fallo de la Corte Suprema que provocó la efectiva prisión (domiciliaria) de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por administración fraudulenta en la causa Vialidad, la diputada bullrichista Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para que quienes cometan delitos de corrupción no puedan ser indultados.

"No hay democracia fuerte con corrupción impune", afirmó la secretaria parlamentaria del bloque Pro, y fundamentó su propuesta en el artículo 36 de la Constitución Nacional, sobre el que se abrió debate a partir de la sentencia que recibió CFK.

La aliada del oficialismo aseguró que "la Constitución Nacional nos brinda una base muy clara. El artículo 36 establece que los atentados contra el orden democrático son delitos imprescriptibles, y que quienes los cometan no podrán ser indultados ni amnistiados".

A través de la iniciativa, se busca incorporar un artículo a la Ley 27.156 para establecer que "no podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de penas" los delitos de corrupción contra la administración pública. Actualmente, la norma contempla a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

"Cuando un funcionario usa su cargo para robar, desviar fondos públicos o enriquecerse ilegalmente, atenta contra la democracia. No es un delito común: es un acto de traición a la Patria", sostuvo Giudici y agregó que "el indulto no puede ser una herramienta para garantizar impunidad a quienes, desde el poder, dañan al Estado y a la confianza pública".

Además, la diputada expresó que "este proyecto busca armonizar la ley con el espíritu de la Constitución, y evitar que nadie imagine un futuro de impunidad ante un cambio de color político o presiones indebidas al sistema".

El proyecto fue acompañado por sus pares Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, María Eugenia Vidal, Florencia de Sensi, María Sotolano, Germana Figueroa Casas, Sofía Brambilla, José Núñez, Sergio Capozzi, Ana Clara Romero y Gerardo Milman.

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para la creación de una comisión especial investigadora que indague respecto a los sucesos que vinculados a la comercialización y uso de fentanilo contaminado en el sistema de salud. “Es muy importante que el Congreso ponga la mirada en la conexión con dirigentes kirchneristas que comparten domicilio jurídico con las empresas que manejan los laboratorios implicados”, acusó.

La iniciativa surge tras la muerte de 34 personas y la afectación de 35 pacientes, producto de ampollas contaminadas con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, elaboradas por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A. del mismo modo, el texto busca esclarecer responsabilidades, evaluar fallas en los controles y proponer medidas para reforzar la trazabilidad de medicamentos en hospitales públicos y privados.

Acompañaron el texto de Giudici, los diputados nacionales Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Martín Ardohain y Patricia Vásquez.

A través de X, la diputada nacional Silvana Giudici cargó: “El kirchnerismo y sus aliados se movieron rápidamente para la creación de la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, imagino que acompañarán este proyecto ya que las consecuencias directas de este escándalo suman ya 34 fallecidos”.

A pocos días de relanzar su programación, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de ley por el cual propone la disolución de la señal de televisión pública conocida como “Paka Paka”. A su vez, establece el cierre de todas las señales asociadas a la productora estatal Contenidos Públicos Sociedad del Estado, la cual pasó a llamarse “Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal” tras la publicación del DNU 70/2023.

Sobre esta medida, la legisladora bullrichista expresó que “Canal 7 (actualmente nombrada Televisión Pública -TVP-) debe ser la única señal estatal de contenidos informativos objetivos y contenidos audiovisuales diversos”. Y recordó: “Lo vengo sosteniendo desde el 2010”.

Luego de publicar un mensaje en X con el título “Paka Paka no debe existir”, Silvana Giudici advirtió al Gobierno nacional que “las demás señales fueron creadas durante el kirchnerismo a fin de amplificar contenidos políticos”. “No olvidar, y no repetir errores del pasado, es fundamental para el cambio”, remarcó.

PAKA PAKA no debe existir.

Acabo de presentar un proyecto para la disolución de “Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal”.

Lo vengo sosteniendo desde el 2010: Canal 7 debe ser la única señal estatal de contenidos informativos objetivos y contenidos… pic.twitter.com/oZqVoKgDAA

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) May 28, 2025

En el segundo articulo de la iniciativa presentada, la blonda diputada propone derogar el DNU 1222/2016 por el cual se creó la productora mencionada. Después, añadió que “el Poder Ejecutivo Nacional es responsable de implementar las medidas necesarias para la disolución efectiva de la señal, incluyendo la comunicación a los empleados y ls gestión de la transferencia de activos”.

Paka Paka inició en 2007 como bloque televisivo dentro de la programación de Canal Encuentro para en 2010 convertirse en canal independiente. Desde su creación fue operado por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.

Si bien el Ejecutivo Nacional relanzó la programación de la señal, Giudici insiste con el cierre definitivo.

En la versión original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ese encontraba un artículo que proponía a Contenidos Públicos S.E. como empresa estatal sujeta a futura privatización. Sin embargo, el bloque oficialista desistió de esta posibilidad y cedió con la eliminación de la propuesta.

El último 22 de mayo fue anunciada a través de las redes oficiales del canal, la nueva programación que regirá a partir de julio. Se destacó la inclusión de series de animé japonesas y nuevos contenidos audiovisuales vinculados a economía en el ámbito educativo.

Ya sin las angustias oficialistas que rodearon la primera reunión realizada el pasado 21 de mayo, vuelve  a reunirse la Comisión de Asuntos Constitucionales que se ha propuesto analizar alternativas para una nueva reglamentación de la Auditoría General de la Nación.

Al hablar de angustias, veamos el contexto de la reunión del miércoles pasado. En esa ocasión estaba prevista una sesión especial para el mediodía, convocada por la oposición, que entre otras cosas se proponía aprobar la designación de dos auditores opositores para la despobladísima AGN actual. El oficialismo aparecía entonces resignado, aunque confiado también en que pasara lo que terminó pasando: que las presiones intensas realizadas rindieran fruto y la sesión se cayera por falta de quórum.

Pero más allá de esa confianza emergente por los antecedentes con esta conformación de la Cámara baja, la realidad es que en el oficialismo sabían que si la sesión arrancaba, eso al menos iba a salir: la oposición conseguiría votar dos designaciones, la de Juan Ignacio Forlón por UP y Emilio Monzó por Encuentro Federal. Eso no sucedió, porque quórum no hubo, y ahora el panorama se presenta a priori bien distinto.

Sucede que en la reunión de Asuntos Constitucionales de la semana pasada las partes mostraron gran predisposición a avanzar con el debate de modificaciones en la AGN, lo que augura posibilidades de llegar a buen puerto con los proyectos puestos a consideración. Paralelamente en el Senado se inicia precisamente este mismo miércoles el análisis del mismo tema, con los proyectos que allí se han presentado, lo cual en lugar de complejizar la resolución del tema hace albergar al oficialismo confianza porque la atención opositora se salga de lo que de otra forma hubiera sido una obsesión opositora por completar los casilleros vacíos de la AGN… que por otra parte son todos.

Y el último dato saliente es que en la sesión pedida para la semana que viene en Diputados, la oposición no ha incluido -al menos hasta ahora- la designación de auditores. Esto es, el oficialismo gana tiempo, más allá de que en cualquier momento el escenario puede variar.

El tiempo ganado comenzará a utilizarlo este miércoles a partir de las 10, cuando arranque la reunión de la comisión presidida por el santafesino oficialista Nicolás Mayoraz, quien propondrá el debate del proyecto disparador, que es el del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que propone modificar el número de auditores proporcionados por cada cámara, otorgándole uno más a Diputados (4), en detrimento del Senado (2).

Hay cuatro proyectos más propuestos para el debate. Uno es del Pro, encabezado por la diputada Silvana Giudici, que tiene firmas de muchos miembros de esa bancada y gira en torno a modificaciones referidas al accionar de ese organismo y no su conformación.

Otro de los proyectos es del diputado de UP Ernesto “Pipi” Alí; uno de la diputada de Democracia Para Siempre Carla Carrizo, que propone 7 miembros en la auditoría: uno propuesto por el partido político con mayor número de diputados (y senadores, en el caso de la otra cámara); otro elegido por el partido de la oposición que ostente la primera minoría y otro del partido que tenga la segunda minoría. Además, la conformación definitiva nunca podrá superar en más de uno al otro sexo.

Hay un proyecto de Mónica Fein y otro de Mónica Litza. Además, hay a la vista proyectos de Natalia Zaracho, Paula Oliveto, Agustina Propato, dos de Blanca Osuna, Danya Tavela, Oscar Agost Carreño y Mercedes Llano.

Se espera que este miércoles expongan los autores de proyectos y se delinee un organigrama de trabajo para llegar a emitir dictamen.

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para incluir en la primera categoría del artículo 3° del Código de Minería la exploración de minerales estratégicos en todo el país, conocidos como "tierras raras", para su posterior producción y refinamiento, con el fin de fortalecer la soberanía minera, promover el desarrollo económico, industrial y tecnológico, y posicionar a la República Argentina como líder en la producción de minerales críticos a nivel global.

En los fundamentos, expresó que “la transición hacia fuentes de energía renovables, tecnologías limpias y la descarbonización de la economía son ejes en la lucha contra el cambio climático en todo el mundo”, y agregó que “Argentina, en su rol de miembro activo de la comunidad internacional, asume su participación en este proceso de transición energética”.

Acompañaron su proyecto de ley los diputados del Pro Gerardo Milman, José Núñez, Sergio Capozzi, Damián Arabia, Aníbal Tortoriello y Javier Sánchez Wrba.

“Los incentivos a la exploración, producción y refinamiento de estos minerales estratégicos no solo permitirán al país cumplir con sus compromisos climáticos internacionales, sino que también contribuirán al desarrollo de tecnologías limpias, la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de la industria nacional2, concluyó Giudici.

Al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa, numerosos legisladores se pronunciaron sobre esta fecha. Muchos de ellos haciendo referencia al particular momento que se vive por los ataques del Gobierno.

Presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), la diputada del Pro Silvana Giudici posteó: “Un 3 de mayo de 1991 se firmó la Declaración de Windhoek. Allí se ratifica que la prensa libre y plural constituye la base del sistema democrático”. Y agregó: “El periodismo independiente, los medios tradicionales y las nuevas plataformas de comunicación, redes sociales y medios digitales deben ser protegidos de censura, presiones indebidas o injerencia estatal”.

“Vengo luchando por eso desde hace décadas y seguiré haciéndolo hasta que se comprenda totalmente: No hay sociedad más feliz, ni democracia más vigorosa que aquella donde la crítica, y el disenso pueden expresarse libremente”, concluyó Giudici.

La senadora de Unión por la Patria Nora del Valle Giménez expresó por su parte: “En el día de la Libertad de prensa quiero enviarle un especial saludo a todos y todas las que ejercen el periodismo con compromiso y responsabilidad.  Hoy la prensa está atravesando un momento muy difícil por los ataques violentos y los discursos de odio que se promueven desde el Gobierno”.

“Exigimos que se respete la tarea periodística y se garanticen las condiciones para que haya verdadera libertad de prensa”, concluyó la senadora salteña.

También desde el oficialismo hubo pronunciamientos. En este caso de la diputada Marcela Pagano, quien dijo que “en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, no alcanza con celebrar: hay que defenderla. Cuando el poder aprieta, el periodismo libre incomoda. Como periodista y diputada, no voy a callar ni dejar que callen. La libertad no se negocia”.

A su vez, el diputado Carlos Castagneto repudió “cualquier tipo de ataque contra la libertad de opinión y el ejercicio independiente del periodismo. La agresión y los insultos permanentes de Javier Milei y sus funcionarios son preocupantes y muy peligrosos para nuestra democracia”.

Por su parte, Margarita Stolbizer hizo un posteo titulado: “Odian tanto la verdad”. Allí expresó que “la libertad de prensa siempre fortalece la democracia. Los déspotas y autoritarios la atacan, porque temen la crítica y sobre todo, odian la verdad. Nosotros somos demócratas, la defendemos a ultranza, en cualquier gobierno, ante todos los ataques”.

“La libertad retrocede”, posteó con ironía el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes. Y agregó: “Desde que asumió Milei, Argentina cayó 47 lugares en el ranking de libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras. Pasó del puesto 40 al 87 y está debajo de países como Sierra Leona, Congo y Zambia. El presidente y sus seguidores atacan al periodismo independiente y reparten la publicidad oficial entre sus amigos. Quieren inyectar miedo, acallar las voces críticas y mantener a la sociedad en la oscuridad. Lo opuesto a vivir en libertad”.

“La libertad de prensa es fundamental para que la ciudadanía pueda saber qué hace el gobierno, formar sus propias opiniones y tomar decisiones. Es un pilar de la democracia, y no es casual que líderes autoritarios de izquierda y de derecha la odien y quieran destruirla”, cerró el legislador radical.

Día Mundial de la Libertad de la Prensa

ALERTA 🚨 📺🎥📸📻📱💻🎤 pic.twitter.com/bxGFaxkKU9

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) May 3, 2025

En el Día de la Libertad de Prensa quiero recordar a Mariano Moreno, prócer incorruptible y fundador de La Gaceta.
Entendía que informar al pueblo no era un privilegio, sino un deber. pic.twitter.com/BWzIxGvCGa

— Gerardo Milman (@gmilman) May 3, 2025

Una gran polémica se generó en torno al contrapunto planteado el martes en la sesión de Diputados, donde el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sugirió que el presidente de la Cámara garantizar el envío de una delegación con representación de todos los bloques al funeral de Francisco.

Paralelamente, en algunos medios un sector del periodismo se embanderó en una campaña para que los legisladores no viajaran a Roma, y en ese marco en el programa La ves?, que conduce Jonatan Viale por TN se “informó” sobre supuestas gestiones de diputados de UP para armar una comitiva. Incluso se difundieron los supuestos nombres de los legisladores kirchneristas que habrían hecho esos “pedidos”, citando a Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Florencia Carignano.

Ante esto reaccionaron varios de los involucrados, y en primer lugar lo hizo el jefe del bloque UP, quien aseguró que “es absolutamente falso que integrantes de nuestro bloque hayan realizado gestiones para ir a Roma”.

“Cualquier viaje al exterior tiene que ser solicitado formalmente a la presidencia de bloque y luego lo autoriza el Presidente de la cámara.  Nada de eso ocurrió. Todo fake”, enfatizó el legislador santafesino.

Aludida por el periodista Jonatan Viale en el programa del miércoles, Carignano aclaró que “jamás pedí pasajes para participar en las exequias de @Pintifex. DEJEN DE INVENTAR”, y remató: “Los mismos que despreciaron en vida al papa Francisco son quienes ahora están inventando cosas, en un momento en el que todos deberíamos estar reflexionando y venerando su obra”.

Es absolutamente falso que integrantes de nuestro bloque hayan realizado gestiones para ir a Roma.

Cualquier viaje al exterior tiene que ser solicitado formalmente a la presidencia de bloque y luego lo autoriza el Presidente de la cámara.

Nada de eso ocurrió. Todo fake. pic.twitter.com/5s3EFEQXDb

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 24, 2025

“Falso. Totalmente falso y repudiable las mentiras de @todonoticias que afirma que pedimos pasajes para viajar a Roma para participar de las exequias de @pontifex. Jamás pedí pasaje ni manifesté a las autoridades de la cámara o de mi bloque intenciones de ser parte de la delegación que viaje a Roma”, señaló por su parte la entrerriana Carolina Gaillard.

También Vanesa Siley desmintió “todo este circo que armaron diciendo que hay una comitiva que pidió pasajes para ir a Roma. Jamás le pedí, ni le pediré nada a Martín Menem”, y remarcó que “el papa Francisco no se merece tanto berretismo en los medios, que esquiva hablar de lo importante: la enorme obra que nos dejó”.

Incluso desde el Pro reaccionaron, en este caso a través de Silvana Giudici, quien ya tuvo un cruce al aire en ese programa por el tema de los viajes de los legisladores. La legisladora reposteó el tuit de Germán Martínez y planteó que “siempre se habla de cuidar a las instituciones. También debe evitarse caer en la réplica de rumores o información mal intencionada para atacarlas. La Cámara de Diputados rindió homenaje al Papa Francisco, los bloques dialogamos para que la sesión fuera respetuosa y acordada, no hubo tramitación de pasajes, ni listado alguno”.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, el titular de la Cámara, Martín Menem, propuso una sesión de una extensión de siete horas, que desde el bloque Unión por la Patria no fue aceptada. Se acordó entonces ir viendo ese tema sobre la marcha, y de hecho el tema se abordó en el inicio, cuando la secretaria Parlamentaria del bloque Pro, Silvana Giudici, habló de un debate que “va a cambiar la historia de la Argentina y planteó una moción de orden para establecer tiempos reducidos para los dictámenes y tiempos de bloques y una cantidad acotada de oradores individuales de 50 diputados. Asimismo, que se intercalaran durante la sesión las cuestiones de privilegio y apartamientos.

El titular del bloque UP Germán Martínez anticipó su rechazo a esa moción diciendo que los dictámenes “se tienen que explicar como corresponden. Los tiempos de bloque se tienen que tomar como establecen los tiempos reglamentarios”. Así las cosas, pidió no acotar tampoco los oradores individuales. Además, dijo, “al tener un tema único no se puede intercalar nada”, dijo en relación a las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento. “Queremos dar ese debate aun con las absolutas diferencias que tenemos con este tema”, dijo, siendo secundado en ese sentido por la izquierda.

Carla Carrizo, que también había planteado objeciones en Labor, aclaró que no debía acotarse el debate y en ese sentido votó la bancada Democracia para Siempre.

La moción presentada por el Pro fue aprobada por 129 votos a favor, 105 negativos y ninguna abstención, con lo que quedó establecido este organigrama: que el tiempo de los seis dictámenes fuera de 10 minutos cada uno; que hubieran 10 minutos por bloque y 50 oradores individuales. Las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento se intercalarían durante el debate.

Se sabe que en la próxima sesión que haya en el Senado, seguramente en este período extraordinario, asumirá en esa Cámara la entrerriana Stefanía Cora, quien completará el mandato de Edgardo Kueider, expulsado en la última sesión registrada allí el año pasado. Pero el Senado no es la única cámara que está incompleta; también sucede eso en la Cámara baja, donde habitan 256 diputados desde que en octubre falleciera el diputado fueguino Héctor “Tito” Stefani.

Miembro del bloque Pro, la muerte de Stefani dejó a la bancada que conduce Cristian Ritondo con un integrante menos, pues el primer varón que seguía en la lista elegida en 2021 era Ricardo Garramuño, representante de un partido provincial. Así y todo, es quien desde el Pro insisten en que sea el que asuma, cuestión que rechaza la radical Dalila Nora, quien en la lista de Juntos por el Cambio de esas elecciones figuraba segunda.

Originalmente se interpretó que le correspondía a Garramuño asumir, según la Ley de Paridad de Género, pero Nora reclamó ese lugar, argumentando que la norma habla de “titulares” y esa caracterización les correspondía en esa boleta solo a Tito Stefani y a ella. Garramuño era primer suplente.

La cuestión se judicializó, y luego de idas y vueltas que le dieron la razón a uno y otro, la Cámara Nacional Electoral falló a favor de Garramuño, pero ahí Dalila Nora apeló a la Corte Suprema.

El intento de jura fallido

Lo cierto es que en la sesión preparatoria del 4 de diciembre pasado, el Pro pidió que se le tomara juramento a Ricardo Garramuño. Lo hizo a través de la secretaria Parlamentaria del bloque, Silvana Giudici, quien invocó los artículos 48° y 64° de la Constitución nacional y los artículos 3 y 11 del reglamento del Cuerpo, para que el presidente de la Cámara procediera a tomarle juramento, siguiendo la sentencia ejecutoria y la doctrina pacífica que se ha establecido en otros años, sobre todo en los casos de mayo 2020, con el caso Larroque, y el reemplazo de agosto 2020, cuando Guillermo Carnaghi asumió en lugar de Darío Martínez.

Pero el radicalismo ha hecho causa común con Dalila Nora, quien en caso de asumir iría a ese bloque, por lo que el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, resistió que se produjera el juramento de Garramuño. “Creemos que la banca le pertenece a Dalila Nora”, explicó, y argumentó para su oposición que la causa está en sede judicial y no está firme. El cordobés señaló que hubo una resolución de primera instancia que favoreció a la dirigente radical, el fiscal de alzada también opinó en el mismo sentido, mientras que la Cámara Nacional Electoral falló favoreciendo a Garramuño, pero con un voto en disidencia. Como Dalila Nora había presentado un recurso ante la Corte, De Loredo reclamó esperar antes de tomarle juramento a Garramuño.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño planteó la posición de su bloque favorable a la asunción de Garramuño. Recordó la existencia de un fallo judicial que agotó la vía ordinaria, y sostuvo que la Cámara debía resolver el tema y no dejarlo en manos de la justicia. “Falleció un varón, tiene que entrar un varón”, explicó, aclarando que “somos responsables en esta Cámara de cerrar el tema así”. Planteó que la Cámara Nacional Electoral “es la última instancia en temas electorales” y dijo que “no hay un conflicto entre poderes, sino entre privados, y tenemos que interpretarlo en este recinto”.

Una posición inversa fue la que expuso a continuación la radical Carla Carrizo, para quien no se estaba discutiendo “una cuestión de partidos; es una cuestión de derechos. Estamos construyendo la práctica de la equidad en el Congreso nacional. Si se apeló a la Corte, hay un proceso judicial abierto y tenemos que respetarlo”.

Volvió a hablar entonces Giudici, para invitar a todos a revisar los expedientes. “Hay un acta de proclamación de (los diputados) Yutrovic y Stefani, y los demás son todos suplentes. Esa sola acta de proclamación de las listas hace que la persona que tenga que asumir sea Garramuño. Luego la Cámara Electoral entiende lo mismo y determina en el ámbito ordinario, así que se agotó esa instancia”, sostuvo Giudici, aclarando que la jura por parte de Garramuño ya tenía que haberse cumplido en la sesión anterior.

También respaldó la asunción de Garramuño Juan Manuel López, pero a continuación Fernando Carbajal aclaró que como la decisión de tomarle juramento implica un acto de convalidación del título, eso requería que hubiera quórum.

En ese marco, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que a su juicio “el principio de división de poderes le da a la Cámara el poder resolutorio. “Los avatares de la justicia no cambian la suerte; le toca a esta Cámara decidir cuál es el diputado que tiene que ingresar”, remarcó, considerando que le correspondía a Garramuño, “porque nos ampara la Constitución, porque lo establece el reglamento y porque la reglamentación de la ley es plausible para llegar a este resultado”.

Giudici insistió en que debía tomársele juramento a Garramuño, sin que ello significara un menoscabo a la paridad de género, ni la capacidad de la mujer demandante, pero reconoció que no había quórum, por lo que se cayó la sesión. Por eso, según pudo saber parlamentario.com, este jueves la propia secretaria Parlamentaria del bloque Pro reclamará que se le tome juramento al dirigente fueguino. Será en el inicio de la sesión, luego de que se haya alcanzado el quórum necesario para sesionar. A menos que en Labor Parlamentaria acuerden otra cosa.

Un grupo de diputados nacionales, que integraron el disuelto interbloque Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo de la Nación que declare organización terrorista a “El tren de Aragua”, una agrupación venezolana vinculada al chavismo. Asimismo, exigen la inmediata inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

La iniciativa fue encabezada por la diputada del Pro Silvana Giudici y acompañada por Karina Banfi, de la bancada radical, y por Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. También, avalaron el texto Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Damián Arabia, María Sotolano, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Verónica Razzini, entre otros.

Así las cosas, detallaron en los fundamentos que “las reformas introducidas permiten actualizar las capacidades del Poder Ejecutivo Nacional de identificar y declarar como ‘Organización Terrorista’ a determinadas personas, grupos u organizaciones criminales según lo establece el decreto 918/12 el cual faculta a declarar como terrorista a toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus funciones si tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional”.

Del mismo modo, expresaron: “El Tren de Aragua, es una organización criminal originaria de Venezuela, que ha demostrado ser una de las agrupaciones más peligrosas y expansivas de América Latina”. En ese punto, vincularon a la organización de llevar a cabo actividades ilícitas que incluyen el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la minería ilegal y el secuestro”.

“Esta organización ha logrado consolidar un control territorial que va más allá de las fronteras venezolanas, transformándose en una amenaza global que cuenta con el cobijo y la complicidad del Régimen de Nicolas Maduro”, señalaron.

Por otro lado, los diputados nacionales firmantes del proyecto advirtieron que “la expansión del Tren de Aragua ha tenido un impacto devastador en la seguridad y el orden público de la región en países como Chile, Colombia, Perú y Brasil, donde ha generado un aumento significativo de la violencia”. Agregaron, además, que “la brutalidad con la que operan, incluyendo asesinatos, secuestros, torturas y amenazas, ha sembrado el pánico en las comunidades locales y ha desbordado las capacidades de las autoridades para responder adecuadamente”.

Por último, reiteraron que “este reconocimiento permitirá la adopción de políticas de sanciones más severas, la cooperación internacional reforzada y la movilización de recursos para contrarrestar su expansión y mitigar sus impactos en la seguridad de América Latina y el mundo”.

Tras la publicación del comunicado del Pro con duras críticas al Gobierno por no incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el proyecto de Presupuesto 2025 y en el que se cuestionaba a la Casa Rosada por tener “ falta de vocación de diálogo”, integrantes del bloque amarillo en la Cámara baja salieron a desmarcarse públicamente del espíritu del texto.

Según trascendió, sólo estaban al tanto de la publicación del comunicado Mauricio Macri, quien como jefe del partido dio el aval para su difusión; su principal asesor, el ex secretario de la Presidencia Fernando de Andreis, y su primo y jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Ni los gobernadores como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; ni el propio Cristian Ritondo, jefe de bloque de Diputados, fueron consultados.

El enojo de los gobernadores tiene que ver con que son ellos los que negociaron todo el año, fondos para sus provincias con un Gobierno que administró un presupuesto de prórroga y que retaceó recursos a la mayoría de las administraciones. Aun así, en los últimos meses la relación entre los dos mandatarios del Pro con el Gobierno mejoró, a partir de acuerdos puntuales que se cerraron.

Ritondo es otro de los que se molestó por no haber sido informado y por ser quien representa a los 38 diputados del partido en el Congreso de la Nación, donde se van a debatir los proyectos que mandó el Gobierno para las extraordinarias a partir del 20 de enero. Como jefe de bloque, su peso específico es muy importante, ya que es el puente clave en la negociación con el Gobierno y con el propio Javier Milei, con quien en este último año construyó una relación de amistad.

Dentro del bloque, fue la diputada Silvana Giudici la primera en blanquear su enojo, con un tuit que publicó: "Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el gasto, nos alejamos de esa meta, no ayudaríamos a cambiar definitivamente el país como propusimos desde el Pro en la última campaña presidencial”.

El déficit cero y la baja de la inflación se lograron a pesar de la obstrucción y el bombardeo de la oposición k y sus aliados NADA dialoguistas. Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el… https://t.co/pcGrAMnL3d

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 13, 2025

El diputado Fernando Iglesias expresó respecto de la decisión del Ejecutivo al armar el temario para extraordinarias que “no es una actitud autoritaria, se mueve dentro de la ley, tiene todo el derecho de hacerlo”.

"En este momento en el cual todo está aún, a pesar de los buenos resultados, agarrado con alfileres, y donde ha sido claro que hay un grupo muy consistente en las dos cámaras que quieren trabar al Gobierno, romper el déficit cero, y me parece una medida que no merece calificarse de autoritaria. Después cada cual puede tener su opinión", agregó.

En vísperas de la visita del presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, la diputada Silvana Giudici promovió, como presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, la firma de una declaración de bienvenida al país. González Urrutia se reunirá este sábado con el presidente argentino, Javier Milei.

En la misma, los integrantes del GAP expresan su beneplácito por “el recibimiento de Edmundo González Urrutia por parte del Gobierno nacional como el legítimo presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela en los comicios realizados el pasado 28 de julio de 2024”, y respaldan los esfuerzos nacionales para promover la restauración pacífica de la democracia en Venezuela.

“La alternancia democrática pacífica es un principio institucional que debemos defender para evitar que políticos de corte autoritario o dictatorial impidan el ejercicio de la soberanía popular y se perpetúen de forma ilegítima en el poder”, señala la declaración.

En ese sentido, los diputados reafirman que “la decisión del pueblo venezolano ha sido clara al elegir a Edmundo González Urritia como presidente, mientras que la actual dictadura de Nicolás Maduro niega el derecho de los venezolanos a ser gobernados por quien eligieran en las elecciones y desconoce las manifestaciones de la comunidad internacional con relación al fraude electoral perpetrado en las mismas”.

“Ha quedado en evidencia que este tipo de gobiernos dictatoriales como el de Nicolás Maduro es contrario al ejercicio y la defensa de los Derechos Humanos, las libertades civiles y el respeto a la diversidad de opiniones y principios políticos. Detenciones arbitrarias, presos políticos, represión contra opositores y censura de toda opinión distinta a la del Régimen son los ejemplos más claros de este tipo de violaciones”, agrega la declaración que suscriben , además de Giudici, sus pares Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Karina Banfi, Alejandro Bongiovani, Marcela Campagnoli, Sergio Capozzi y Maximiliano Ferraro.

Recuerdan los legisladores que la Argentina “se ha pronunciado repudiando y denunciando las constantes violaciones a los derechos humanos, y hemos acogido a cientos de miles de venezolanos exiliados cuyas familias aún padecen el rigor del régimen de Nicolás Maduro”.

“Reiteradamente asistimos a la violación de tratados internacionales mediante el hostigamiento a nuestros diplomáticos, las personas a quienes como nación les concedimos asilo político y contra la sede diplomática de la República Argentina en Caracas. Pero aún más grave es el actuar mafioso que pretende mediante el secuestro y toma como rehén del ciudadano argentino Nahuel Gallo, impedir pronunciamientos a favor de las autoridades auténticamente electas. Es repudiable este tipo de chantajes y exigimos que se libere de manera inmediata a Nahuel Gallo y a todos los detenidos por razones políticas que hay en Venezuela”, agregan los legisladores nacionales.

Por último, instan a “quien hoy usurpa la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, facilitar y garantizar su regreso al país e iniciar un proceso de transición democrática con todas las garantías del caso”.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro) presentó un proyecto de ley para crear el sistema de alerta móvil (SAM) para la difusión de mensajes de alerta masiva a toda la población o parte de ella mediante redes de comunicaciones móviles, para zonas afectadas o posiblemente alcanzadas por una emergencia o catástrofe, de origen natural o derivados de la actividad humana.

El alcance del SAM podrá ser local, regional o nacional y su activación se realizará a través del sistema de alerta temprana en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) establecido por la Ley 27.287.

Según el proyecto, el SAM tiene como objetivo la difusión de la alerta a través de mensajes de texto cortos sobreimpresos en las pantallas de los dispositivos móviles y precedidos de un sonido inequívoco, en tiempo real y con la finalidad de proteger a la población en la prevención y respuesta ante situaciones de inseguridad y/o emergencias que requieran un abordaje inmediato y urgente por parte de las autoridades y/o servicios competentes.

A propósito de las últimas e inesperadas tormentas, es importante seguir insistiendo en la necesidad de sancionar una ley para que todos los celulares, no importa modelo o plan de datos, conectados o no, reciban una alerta inmediata en caso de catástrofe o evento climático que… pic.twitter.com/pQWx4wA5uo

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 2, 2025

También propone que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Seguridad de la Nación que deberá elaborar protocolo de métodos y criterios para la activación del SAM, identificando un procedimiento en casos de máxima urgencia; listado de entidades y/u organismos que pueden solicitar la activación de un mensaje a través del SAM; formularios y procedimientos de solicitud de activación de mensajes; metodologías para la autorización y difusión de los mensajes SAM; procedimientos de almacenamiento y resguardo de datos recopilados que resulten a través de su uso y procesamiento, como parte del funcionamiento del sistema SAM, de conformidad con la legislación vigente sobre manejo y protección de datos personales; realización de actividades de capacitación y concientización a la población sobre el SAM.

Además, plantea que las redes y sistemas que contemplen componentes de instalaciones o equipamientos indispensables en relación a la operación del SAM deberán asegurar la continuidad de su funcionamiento en situaciones de emergencia, por plazo no menor a 48 horas, ante fenómenos de la naturaleza considerables, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe y/o emergencia.

Al respecto, aclara que en ningún caso podrá ser utilizado para emitir mensajes de naturaleza comercial y/o política y tampoco emitir mensajes relacionados a cuestiones de seguridad no oficiales ni públicas.

En caso de existencia de áreas carentes de cobertura donde no resulte factible la implementación del SAM, propone que las provincias y municipios garantizarán -ante la solicitud de un operador-, la celeridad en la concesión de la licencia urbanística y/o permisos necesarios para la instalación de la antena y el equipamiento asociado en un periodo menor a seis meses.

El último fin de semana el Congreso fue noticia no por leyes o debates, sino por el hallazgo de un dron en una de las terrazas del Palacio Legislativo. Vale destacar que el procedimiento por el cual se consiguió dar con el aparato se llevó a cabo a partir de la denuncia de los supuestos propietarios del dron, tres ciudadanos rusos que se presentaron ante el personal de seguridad, que a partir de lo dispuesto por la titular del Senado, Victoria Villarruel, dispuso el inicio de un operativo en cuyo marco dieron con el aparato.

El tema quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, que abrió una causa caratulada “intimidación pública”, en la cual serán interrogados las personas que participaron del operativo de búsqueda, como así también los rusos que denunciaron la pérdida.

Lo cierto es que el aparato tiene capacidad para filmar videos, como así también grabar audios. Y los que tomaron nota de lo sucedido el fin de semana y no quisieron dejar pasar desapercibido el hecho fueron del equipo de la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici.

Así lo hizo saber el jefe despacho de la diputada, Sebastián Aurucci, quien a través de su cuenta de X advirtió que el pasado 25 de octubre recibieron en las oficinas de Giudici al embajador de Ucrania, Yurii Klymenko. Días después de la reunión notaron la presencia de un pequeño dron blanco filmando frente a las ventanas de ese despacho y siguió sobrevolando el Anexo de Diputados por varios días.

Claramente el tema amerita una investigación, ya que dadas las circunstancias no puede ser un tema que se tome a la ligera.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este jueves el despido de un centenar de trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), que quedará reducida a unos 40 empleados. Se trata de un organismo que para el Gobierno fue creado por el kirchnerismo “para doblegar al periodismo independiente”.

“Desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo”, precisó el funcionario a través de X, donde destacó que “entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo”.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual fue creada por la Ley de Medios aprobada en 2009 durante la gestión de Cristina Kirchner, y tenía por objeto recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios. “La resolución 107 baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”, expresó este jueves Sturzenegger.

Especialista en medios, la diputada del Pro Silvana Giudici destacó que este organismo creado por la Ley 26522 fue, desde su concepción, una herramienta destinada al “monitoreo y tutelaje de las audiencias”. Agregó que el origen, implementación y crecimiento exponencial del organismo “siempre estuvo reñido con la libertad de expresión, agravándose inconstitucionalmente además, a partir de la creación de Nodio, un ‘observatorio’, que intentó extender el control de contenidos periodísticos a las redes sociales”.

Para Giudici, es una “excelente noticia la no renovación de un centenar de contratos de amigos, militantes y parientes de las ex titulares del organismo”.

Empero, advirtió que el debate debe ir más allá: “Debemos disolver el organismo para eliminar definitivamente la supervivencia de ideas antiguas y totalitarias sobre el control de la tarea periodística o de la intervención del estado sobre la formación de la opinión pública”, sostuvo la diputada del Pro

“Espero que durante el próximo año parlamentario podamos tratar el proyecto que presenté ni bien asumí nuevamente como diputada. La 26.522 debe ser modificada a fin de barrer cualquier vestigio de imposición de hegemonía estatal sobre la comunicación social, la libertad de elección de las audiencias y la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos”, concluyó Giudici.

Con la confirmación por parte del vocero presidencial Manuel Adorni de a la convocatoria a sesiones extraordinarias, la secretaria Palramentaria del bloque Pro, Silvana Giudici, se refirió al adelanto del temario mencionado por el portavoz en X y consideró que “discutir fueros sin discutir ficha limpia es un poco extraño”.

Tal como lo planteó en la sesión preparatoria de este miércoles, la diputada del Pro dejó en claro que Ricardo Garramuño "debe ser" quien ocupe la banca de Héctor “Tito” Stefani, en el marco de una disputa judicial que involucra también a la Unión Cívica Radical que reclama ese lugar en nombre de Dalila Nora. Así las cosas, alertó que “la Cámara está entrando en desobediencia si no toma ese juramento”.

Entrevistada por parlamentario.com, Giudici, quien es una referente dentro de la bancada del Pro en Diputados, destacó el primer año de gobierno de Javier Milei: “Nosotros, como parte de este esquema, hemos sido vitales para las herramientas que el presidente necesita, y también tenemos nuestra propia agenda que está vinculada a los temas institucionales”.

Del mismo modo, añadió: “El Pro ha sido un protagonista fundamental para que eso pase y me parece que cierra un año muy bueno, desde el punto de vista parlamentario, y desde el punto de vista de la gestión de un gobierno que viene a sacar a la Argentina del pozo en el que nos metió el 'plan platita' de (Sergio) Massa y las gestiones del kirchnerismo empobreciéndonos y generando que la Argentina sea un país inviable”.

Por otro lado, lamentó que ficha limpia no haya tenido media sanción en el final del período ordinario y cuestionó a los bloques supieron formar parte de Juntos por el Cambio: “Jamás pensamos desde el Pro que muchos de los bloques que entraron como Juntos por el Cambio con nosotros se opusieran a un proyecto que estuvo en la campaña electoral de nuestros dos candidatos”.

- Se conoció el temario de sesiones extraordinarias y ficha limpia no figura. ¿Qué sensación tienen al respecto?

- La verdad es que vimos el temario que puso Adorni en Twitter, pero no sabemos cuál es el contenido de los proyectos. La verdad que discutir fueros sin discutir ficha limpia es un poco extraño. De hecho, una buena ley de fueros podría incluir alguna cláusula para evitar que los condenados en segunda instancia pudieran tener fueros. Queremos ver cuál es la redacción de lo que el Gobierno va a mandar como mensaje del Ejecutivo.

- ¿Qué reflexión le merece lo que pasó con ficha limpia?

- La primera sesión fue un ensayo de lo que iba a pasar. Ese momento del juego de la silla, cuando algún diputado se sentó y otro se levantó... estaba claro que de esos 129 que se habían juntado, 128 a las 12.30, muchos de ellos no iban a votar a favor; entonces tampoco hubiera habido, creo yo con esos números tan ajustados, una posibilidad de tener media sanción. Me parece que es una ratificación de eso: que no había voluntad política para avanzar con ficha limpia y jamás pensamos desde el Pro que muchos de los bloques que entraron como Junos por el Cambio con nosotros, se opusieran a un proyecto que estuvo en la campaña electoral de nuestros dos candidatos.

- Se echó a correr la posibilidad de que hubo un acuerdo entre el Gobierno y Unión por la Patria. ¿Comparte ese pensamiento?

- No. La verdad que no creo que eso conduzca a nada. Con el kirchnerismo no se puede acordar nunca y el Gobierno lo tiene presente. Más allá del consenso en alguna cuestión puntual en el Senado, se puede conversar, el presidente Milei es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que con el kirchnerismo no se puede acordar nunca.

- Tampoco está incluido, en el temario extraoficial el presupuesto. ¿Tienen la convicción de que no va a ser incluido?

- Es que no sabemos cuál es el temario. Hasta ahora es un tuit con temas que puso el vocero. Cuando tengamos la convocatoria formal, vamos a opinar. A mí me parece que era una buena oportunidad para tratar el presupuesto y que de hecho, desde el Pro nosotros siempre nos comprometimos con votar un presupuesto con déficit fiscal cero y seguimos tratando de sumar voluntades para que eso pase, pero si no está en la convocatoria a extraordinarias, no se podrá tratar.

- Si no se incluye, ¿qué representa institucionalmente el hecho de que por segundo año consecutivo no se trabaje con presupuesto?

- Nosotros creemos, y siempre, en mi caso, trabajé para que los gobiernos tengan la “ley de leyes” en tiempo y forma, porque eso marca un camino de un país previsible y le da mayores herramientas al Gobierno para poder gestionar. Si se pierde esa oportunidad de tener el Presupuesto 2025, significa algo negativo para la confianza que el país requiere como nos plantamos ahora con la comunidad internacional con otro valor. La verdad que el gobierno está haciendo mucho por recuperar la confianza en el país: equilibró la macro, bajó la inflación, la política cambiara es estable y darle el presupuesto era un esfuerzo que deberíamos haber hecho todos los bloques. Por supuesto que hay sectores que están boicoteando para que no que haya presupuesto porque como decía el kirchnerismo va a utilizar todas las estrategias para debilitar al gobierno y espero que en algún momento se pueda tratar.

- ¿Qué balance hace de cara a la recta final del año y de este primer año de esta gestión?

- Fue disruptivo, fue difícil para los que venimos de espacios políticos tradicionales, entender mucha de las estrategias o quizás de los planteos parlamentarios que hacía el Ejecutivo, pero hoy podemos decir que terminamos un año con actividad parlamentaria muy buena, con leyes sancionadas, con un Congreso que ha trabajado en comisiones mucho más que en años anteriores y un gobierno que supo generar las condiciones para la gobernabilidad, por supuesto en ese esquema, el Pro ha sido un protagonista fundamental para que eso pase y me parece que cierra un año, desde el punto de vista parlamentario, muy bueno y desde el punto de vista de la gestión de un gobierno que viene a sacar a la Argentina del pozo en el que nos metió el “plan platita” de Massa y las gestiones del kirchnerismo empobreciéndonos y generando que la Argentina sea un país inviable, en un año lo que ha hecho este gobierno, me parece que es valorable y tenemos que tomarlo como un balance positivo. Por supuesto que hay que trabajar temas que tienen que ver más con los valores democráticos que tiene que tener una república y por eso, creo que nos quedan pendientes de este año todo el tema de Acceso a la Información Pública. Hay que trabajar esos puntos porque un gobierno en minoría que tiene que imponerse por sobre sectores destituyentes que en abril invitaban a comprar pochoclos para ver cómo se caía el gobierno, bueno, es lógico que tenga que ir a esta velocidad, pero espero que el año que viene se puedan trabajar más estos temas que tienen que ver con la institucionalidad, los derechos y las libertades individuales, sobre todo el rol de la libertad de expresión y la tolerancia en cuanto a lo que hace una república que tiene que tener estos valores que son fundacionales y tolerancia al disenso.

- El presidente se refirió de manera crítica con un tuit a “esos mediocres y tibios que claman por las formas, parece que fueran ser muy opositores al kirchnerismo, pero perdieron siempre”. Muchos interpretaron que se refería a sus aliados; ¿qué responde ante eso?

- No lo entiendo así. El presidente tiene una percepción propia a los sectores de lo que fue Juntos por el Cambio en su convivencia en el Congreso y estoy segura que no fue para el Pro ni a ninguno de sus dirigentes.

- Usted mencionaba lo de gobiernos en minoría y la primera experiencia en 100 años fue la de Cambiemos, justamente, y esta es la segunda. ¿Piensa que este gobierno tomó enseñanzas de esa primera gestión del 2015 al 2019?

- El Pro fue fundamental, durante todo este año, en viabilizar las propuestas que el Ejecutivo necesitaba del Congreso. Así que, todo esto es el capital que hemos aportado como un sector que, si bien no es oficialismo, cuida la gobernabilidad del gobierno de Milei. No solamente aprende de la gestión pasada, si no que se funda, este nuevo gobierno, en muchos de los postulados del gobierno de Mauricio Macri y muchos de sus funcionarios porque Sturzenegger, Patricia Bullrich y “Toto” Caputo eran parte de ese gobierno, obviamente que tiene la gestión de Milei, con su impronta, su decisión política y su propia agenda, también tiene aspectos que fueron implementados por primera vez en el gobierno de Mauricio Macri desde la política de seguridad, el combate contra el narcotráfico, temas de apertura económica, pero por supuesto, este es un gobierno que tiene su propia impronta, que tiene a un presidente muy disruptivo que va a una velocidad impresionante. Y eso se valora también porque creo, como te decía, con todos los ánimos destituyentes que hubo durante este año en el Congreso desde negarle la Ley Bases hasta un montón de otros temas como por primera vez voltear a un DNU a un presidente desde la recuperación de la democracia, es la primera vez que pasa y esas cosas, creo que entonces que el plus de Milei son sus características especiales y la velocidad a la que implementa los cambios. La verdad que cuando te pones a mirar que en un año bajó la inflación de 25 a casi 2, mantuvo el dólar estable cuando todos decían que se iba a ir a 5.000 pesos y, además, hay déficit cero y empiezan las inversiones a llegar y las variables económicas a despegar, me parece que es un gobierno que ya en sí mismo en un balance de un año pude hacer una diferencia en cuanto a la valoración de la sociedad y, de hecho, las encuestas lo acompañan. Dicho esto, nosotros como parte de este esquema hemos sido vitales para las herramientas que el presidente necesita también tenemos nuestra propia agenda que está vinculada a los temas institucionales, en mi caso en todo lo que tiene que ver con la relación con los medios, los periodistas y el acceso a la información pública.

- La vimos con gran protagonismo en el final de la sesión por el hecho de la banca de Héctor “Tito” Stefani. ¿Qué es lo que va a pasar ahora?

- La discusión es clara: tiene que asumir Garramuño. La próxima oportunidad que se configure el quórum, tendrá que asumir. A mí me parece muy peligroso lo que pasó ayer, porque es la segunda sesión en la que Garramuño está en condiciones de asumir con una sentencia ejecutoria de la Cámara Nacional Electoral y me parece que la Cámara está entrando en desobediencia si no toma ese juramento. Y la verdad que el kirchnerismo, que es el bloque mayoritario, levante a sus diputados e impida el juramento de un diputado electo, a mí me parece que es muy grave.

Completadas las designaciones de todas las autoridades durante la sesión preparatoria de este miércoles, la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici, pidió la palabra para pedir que se le tomara juramento a Ricardo Garramuño, para completar el mandato del fallecido Héctor Stefani, tal cual había anticipado parlamentario.com.

La legisladora invocó los artículos 48 y 64 de la Constitución nacional y los artículos 3 y 11 del reglamento del Cuerpo, para que el presidente de la Cámara procediera a tomarle juramento, siguiendo la sentencia ejecutoria y la doctrina pacífica que se ha establecido en otros años, sobre todo en los casos de mayo 2020, con el caso Larroque, y el reemplazo de agosto 2020, cuando Guillermo Carnaghi asumió en lugar de Darío Martínez. “Estimo que es el momento justo, dado que hemos terminado con la jura de autoridades, que usted le tome juramento al diputado electo Ricardo Garramuño”, señaló Giudici.

A continuación, la diputada del MID María Cecilia Ibáñez tomó la palabra por otro tema: para pedir un minuto de silencio por el exministro de Infraestructura de esta gestión, Guillermo Ferraro, quien falleció durante esta jornada. En ese marco, le envió su cariño a Flavia Alemann, directora General de Prensa y Comunicación de la Cámara baja y esposa de Ferraro. “Hoy es un día triste, porque un hombre de bien ya no está acá”, dijo Ibáñez.

En el mismo sentido se pronunció Germán Martínez, quien recordó que Ferraro fue “un funcionario importante de Antonio Cafiero” durante su gestión como gobernador, al tiempo que Eduardo Valdés también expresó su pesar por quien fue un compañero suyo de militancia durante su juventud. “No sabía que estaba enfermo, estoy muy conmocionado… una buena persona”, lo definió.

También intervino Marcela Coli, quien pidió también un minuto de silencio por el exdiputado nacional pampeano Juan Carlos Oliveros.

Antes de que se procediera con ese pedido, los diputados volvieron al tema de la sucesión del diputado Stefani. El presidente del bloque UCR, Rodrigo de Loredo, expresó la “categórica oposición y reserva” hacia el juramento de Garramuño. “Creemos que la banca le pertenece a Dalila Nora”, explicó, argumentando que la causa está en sede judicial y no está firme. Hubo una resolución de primera instancia que favoreció a la dirigente radical, el fiscal de alzada también opinó en el mismo sentido, mientras que la Cámara Nacional Electoral falló favoreciendo a Garramuño, pero con un voto en disidencia. Como Dalila Nora presentó un recurso ante la Corte, De Loredo reclamó esperar antes de tomarle juramento a Garramuño.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño planteó la posición de su bloque, favorable a la asunción de Garramuño. Recordó la existencia de un fallo judicial que agotó la vía ordinaria, y sostuvo que la Cámara debía resolver el tema y no dejarlo en manos de la justicia. “Falleció un varón, tiene que entrar un varón”, explicó, aclarando que “somos responsables en esta Cámara de cerrar el tema así”. Planteó que la Cámara Nacional Electoral “es la última instancia en temas electorales” y dijo que “no hay un conflicto entre poderes, sino entre privados, y tenemos que interpretarlo en este recinto”.

Una posición inversa fue la que expuso a continuación la radical Carla Carrizo, para quien no se estaba discutiendo “una cuestión de partidos; es una cuestión de derechos. Estamos construyendo la práctica de la equidad en el Congreso nacional. Si se apeló a la Corte, hay un proceso judicial abierto y tenemos que respetarlo”.

Volvió a hablar Giudici, para invitar a todos a revisar los expedientes. “Hay un acta de proclamación de (los diputados) Yutrovic y Stefani, y los demás son todos suplentes. Esa sola acta de proclamación de las listas hace que la persona que tenga que asumir sea Garramuño. Luego la Cámara Electoral entiende lo mismo y determina en el ámbito ordinario, así que se agotó esa instancia”, sostuvo Giudici, aclarando que la jura por parte de Garramuño ya tendría que haberse cumplido en la sesión anterior.

También respaldó la asunción de Garramuño Juan Manuel López, quien aclaró que ante la paridad de género ha quedado claro que en Diputados no se distingue entre suplentes y titulares, cosa que sí ocurre para los reemplazos en el Senado. Y de acuerdo con el reglamento, remarcó que el diploma de Garramuño no tiene impugnaciones, cosa que también obra en favor del fueguino.

A continuación, Fernando Carbajal aclaró que como la decisión de tomarle juramento implica un acto de convalidación del título, “esto requiere que haya quórum”.

Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz dijo que a su juicio “el principio de división de poderes le da a la Cámara el poder resolutorio. “Los avatares de la justicia no cambian la suerte; le toca a esta Cámara decidir cuál es el diputado que tiene que ingresar”, remarcó, considerando que le correspondía a Garramuño, “porque nos ampara la Constitución, porque lo establece el reglamento y porque la reglamentación de la ley es plausible para llegar a este resultado”.

Cerró el debate Giudici, quien recordó el acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria para tomarle juramento, y planteó que en la sesión del 29 de noviembre del 89 se debatió un caso similar. “Es imprescindible que la Cámara tome juramento al diputado Garramuño, que tiene una sentencia ejecutoria, no se otorgó el recurso extraordinario”. Y tras aclarar que no estaban menoscabando la paridad de género, ni la capacidad de la mujer demandante, correspondía que asumiera el varón.

Con todo, reconoció que no había quórum, y se quejó de la ausencia de sus pares, por lo que pidió que se tomaran las asistencias, “porque el impedimento de jura del diputado Garramuño deberán responderlo los que hoy decidieron levantarse de sus bancas. Esta Cámara entra en desobediencia si por segunda vez se le impide la jura al diputado que está presente en el palco de autoridades”.

Como ya no había quórum, Martín Menem dio por caída la sesión, no sin antes cumplir con el minuto de silencio pedido previamente.

Al defender el dictamen de minoría sobre la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las plataformas de apuestas online, la diputada del Pro Silvana Giudici pidió "respetar a las autonomías locales, a los institutos del juego locales".

"Coincidimos con muchos puntos del dictamen de mayoría, lo que no queremos es que se nos acuse de trabar. Lo que estamos tratando de impulsar es el sentido común", expresó en su discurso la legisladora, quien protagonizó un duro cruce con el cívico Maximiliano Ferraro el día que se firmaron los despachos en comisiones.

Giudici afirmó que desde su bloque están "a favor de la regulación de la ciberludopatía y no queremos publicidad de los sitios de apuestas". Sin embargo, señaló: "Todos queremos lo mismo, que nuestros niños, niñas y adolescentes no apuesten, que el juego ilegal no esté libre, pero si nos focalizamos en otros aspectos va a generar lo contrario".

"El juego en la Argentina a escala masiva, en cada una de las provincias, llegó de la mano del mayor rey del juego, Cristóbal López, por eso me extraña que se habla de lobby y de quién vota por quién", lanzó.

En su intervención durante la sesión de este miércoles, la diputada sostuvo que "es importante trabajar en todos los canales donde los chicos terminan cooptados para esta adicción, que se está llevando cada día mayor cantidad de jóvenes y familias que no pueden salir de este círculo vicioso, que empieza por la ludopatía y después termina en otros consumos problemáticos".

En esa línea, aportó datos de una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que revela que uno de cuatro jóvenes entre 12 y 19 años ya ha hecho una apuesta online por lo menos una vez.; el 48% declaró haberlo hecho desde la casa y el resto en la escuela.

"A través de nuestro dictamen de minoría proponemos controlar la publicidad y regularla; que se combatan las plataformas de manera efectiva", dijo y detalló que hay "14,6 millones de usuarios de plataformas de juego en Argentina". "El 78% de esos apostadores lo hacen en plataformas ilegales, ahí está en lo que debemos focalizarnos", subrayó.

La integrante del Pro avaló que se contemple el acceso biométrico para que no ingresen menores; la restricción de la publicidad, "para que este problema masivo no se profundice"; y el control parental.

No obstante, destacó que hay gobernadores que "toman medidas ejemplares contra la ludopatía"; y mencionó normas aplicadas en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

"Desde el Congreso tenemos que respetar las autonomías locales, porque se está combatiendo efectivamente y creemos que esta ley tiene que aportar al trabajo en conjunto de cada jurisdicción y no bloquearlo. Necesitamos que esta ley sea efectiva, no que proponga medidas incumplibles", cerró.

En un contexto donde la Inteligencia Artificial y las tecnologías digitales avanzan a pasos agigantados, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) presentó un proyecto para evitar que la voz de las personas pueda ser manipulada, simulada o clonada por Inteligencia Artificial para delinquir.

La iniciativa tiene como fin prevenir y sancionar estas prácticas que pueden generar graves daños a la integridad física o psicológica de las personas a través de la utilización de IA en nuevas modalidades delictivas.

Además, el texto busca brindar una respuesta contundente y preventiva “llenando este vacío legal existente en la legislación argentina, frente al aumento de este tipo de delitos, que ya están siendo regulados en países como Italia y Estados Unidos”.

El proyecto propone incorporar el artículo 117 ter. al Código Penal, estableciendo penas de prisión de hasta 6 años y multas significativas para quienes utilicen estas tecnologías sin autorización del titular de los datos con la intención de causar daño.

También se incluyen agravantes que aumentan las penas cuando se trata por ejemplo del uso indebido de los datos biométricos con la intención de provocar un daño sobre la propiedad o la integridad de las personas como robo de cuentas o secuestros simulando la voz de la víctima. Asimismo, también prevé el proyecto, penar la utilización de imágenes simuladas por IA sin consentimiento.

Giudici, subrayó: “La manipulación de datos biométricos como rostro y voz sin consentimiento representa un grave ataque a la privacidad, la dignidad y los derechos personalísimos de cada persona. Es urgente dotar al sistema legal de herramientas para enfrentar estos desafíos en la era digital”.

Si bien existe la Ley 25.326 que protege de manera general los datos personales, no contempla el riesgo específico del uso de IA para suplantar identidades o cometer este tipo de delitos específicos.

La propuesta que firman también los diputados Hernán Lombardi, Silvia Lospennato, Gabriel Felipe Chumpitaz, Patricia Vásquez, Sergio Eduardo Capozzi, Aníbal Tortoriello, Sofía Brambilla, Marilú Quiroz, Nancy Ballejos y Verónica Razzini.

La diputada nacional Silvana Giudici, en su carácter de presidente del Grupo Parlamentario de la Amistad con Venezuela, junto al diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Karina Banfi y el diputado Maximiliano Ferraro, recibieron este jueves en el Congreso de la Nación el informe Técnico Electoral final de los comicios venezolanos del 28 de julio pasado.

En las actas originales traídas desde Caracas fueron presentadas por Adriana Flores Márquez, representante en Argentina del comando de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, se certifica el resultado abrumador que tuvo en las urnas la oposición venezolana.

La presentación del Informe Tecnico Electoral estuvo a cargo de Gustavo Silva miembro del equipo electoral del comando de Venezuela, quien estuvo acompañado por el diputado venezolano Richard Blanco y distintos dirigentes venezolanos entre ellos Elisa Trotta y Wilfredo Ustariz.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados. Gustavo Silva, conectado desde Chile de manera virtual, agradeció el encuentro.

Por su parte, la jefa del comando electoral de María Corina Machado, Adriana Flores, destacó la lucha del pueblo venezolano y señaló que “la Argentina es un país que siempre ha sido solidario con nuestras causas”.

En representación de la Comitiva de Venezuela asistieron Walter Molina, Gabriel Andrés Bastidas Parra, Víctor Navarro, Jorge Peñalver Sampson, Veruska Hernández, José Enrique Lozada, Maricel Carreño, María Teresa Virguez, Rosangel Abreu y Rafael Henríquez.

La diputada nacional Carla Carrizo, del bloque Democracia para Siempre, presentó un proyecto de resolución para crear una Comisión de Ética y Disciplina en la Cámara de Diputados de la Nación destinada a elaborar recomendaciones sobre orden, ética, transparencia y el buen comportamiento de los legisladores.

"Lo que ocurrió ayer en el plenario de 5 comisiones entre la diputada nacional Silvana Giudici del Pro y el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, mientras se debatía sobre ludopatía en niños y adolescentes en el país lamentablemente no es ya una excepción o un caso aislado sino que últimamente se ha transformado en una práctica que muestra agresión y violencia verbal en lugar de discusión informada y tolerancia que es lo que la casa de las leyes debería transmitir a la ciudadanía", agregó la diputada radical.

La nueva comisión, que debería funcionar dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estaría integrada por 15 miembros designados en representación de los distintos bloques y entenderá en todo asunto relacionado con las facultades disciplinarias de la Cámara en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y en los deberes de comportamiento ético de los diputados vinculados a las inobservancias de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Además, necesitará para funcionar de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptará sus acuerdos con la mayoría de sus integrantes y se reunirá ante la convocatoria que realice el presidente de la Cámara o de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La facultad disciplinaria prevista por el artículo 66 de la Constitución Nacional, deberá por supuesto sustanciarse atendiendo a los principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia y proporcionalidad o razonabilidad de la sanción.

“No se representa de cualquier modo porque, en democracia, la autoridad debe poder enseñar.  Y no alcanza con ser honesto. Uno puede ser honesto y al mismo tiempo ser violento. Y la agresión verbal, como todos lo ven, existe en el Congreso Nacional. Lo increíble es que a 40 años de democracia no funcione en el Congreso Argentino, como sí funciona en otros países democráticos, una comisión de ética y disciplina que penalice distintas formas de agravios, ofensas y formas de maltrato entre diputadas y diputados y entre diputados y personal a cargo", expresó Carla Carrizo.

“Necesitamos urgente un espacio institucional que penalice el mal comportamiento porque hoy no existe esa estructura en la Cámara, y no hay un ámbito donde se puedan canalizar denuncias y fijar reglas, límites y sanciones”, finalizó Carrizo.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Carla Carrizo, Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal.

Un plenario de cinco comisiones dio finalmente este miércoles un paso importantísimo en el trabajo de avanzar con la prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea, al suscribir los dictámenes que habilitan a este tema a ser tratado en el recinto de la Cámara baja.

En efecto, luego de un intenso trabajo a lo largo del presente año, se suscribieron dos dictámenes: el de mayoría, respaldado entre otros sectores por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda; y el de minoría, apoyado por el Pro, La Libertad Avanza y la UCR. Sobre 148 firmas, el dictamen de mayoría reunió 90, mientras que el de minoría tuvo 58.

Fue el corolario de un extenso trabajo legislativo que se vio empañado en parte durante esta reunión, por una durísima discusión plagada de insultos entre quienes fueron voceros de los dos dictámenes puestos a consideración. Cuando la reunión enfilaba hacia su finalización, los diputados Silvana Giudici y Maximiliano Ferraro se enfrascaron en un áspero contrapunto del que tomaron parte otros actores y concluyó con el abandono de la sala por parte de varios de los legisladores que fueron protagonistas de la reunión.

Todo ocurrió en la reunión de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Acción Social y Salud Pública; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes, donde se pusieron a consideración proyectos de los diputados Gabriela Brouwer de Koning, Maximiliano Ferraro, Silvana Giudici, Constanza Alonso, Marcela Campagnoli y Sergio Acevedo.

En el marco del debate, Margarita Stolbizer apoyó el que luego sería el dictamen de mayoría, aunque admitió que “hubiera preferido algo más sencillo, porque cuanto más cosas ponemos en el dictamen, más se dificulta la posibilidad de conseguir consensos en su camino al Senado”. La diputada reconoció los “enormes intereses” políticos y económicos que hay en juego y “los obstáculos que tendrá este proyecto” de parte de ese tipo de intereses.

Hizo votos porque el proyecto se apruebe antes de fin de año, y advirtió que “no sirve encapricharnos en posiciones personales, sino detrás de un objetivo central que es demostrar que estamos preocupándonos” por este tema.

A continuación, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó los meses de trabajo que demandaron estos proyectos, y valoró la “respuesta transversal de todo el arco político para una epidemia que ha crecido exponencialmente en la Argentina, que tiene que ver con la ludopatía y haciendo foco en la ludopatía infantil-juvenil”.

Ferraro alertó sobre el crecimiento del juego legal y clandestino y detalló los datos de una encuesta de Faro Digital, que marca que el 65% de los participantes conocen a algún joven que sufre algún problema producto de las apuestas. “Este fenómeno se manifestó espontáneamente en nuestro país, porque hubo un corrimiento, con la regulación más estricta que se decidió en Europa, por lo cual vino hacia nuestra región”.

“Nos hubiera gustado muchísimo tener un dictamen de consenso”, dijo, pero cuestionó que durante meses esperaron en vano los aportes de parte de la diputada del Pro Silvana Giudici, que estuvo al frente del otro dictamen. Ferraro dijo que esperaron “que mostrara borradores y propuestas concretas de lo que estaba trabajando, pero no recibimos un solo aporte, salvo algunos del bloque radical”.

Por último, señaló que “entre un dictamen y otro pueden haber muchas coincidencias, pero una de las diferencias sustanciales que tienen que ver con la cuestión de la prohibición de la publicidad. Somos muy claros en que no solamente es la prohibición de publicidad a través de medios de comunicación, sino también con clubes de fútbol, camisetas, vía pública… Estamos equiparándola con lo que fue la base de la prohibición del tabaco”.

Desde Unión por la Patria, la diputada Constanza Alonso lamentó que no hubiera habido un dictamen de consenso, pero remarcó “la necesidad de esta prohibición total de la publicidad” de las apuestas. “Hoy está naturalizado desde muy temprana edad el acceso de los jóvenes a este tipo de plataformas. La naturalización de la publicidad hace que los jóvenes estén permanentemente permeables a caer en este tipo de plataformas”, dijo, informando a continuación que siete de cada 10 chicos, en su entorno tienen a alguien que apuesta. Se ha convertido en un hábito que hoy está afectando la salud mental de los chicos”.

Habló a continuación Silvana Giudici, quien aclaró de entrada que si bien figuraba como autora del dictamen del Pro, habían trabajado desde principios de año en cinco proyectos presentados por su bancada. Y consideró “muy injusto” que se hubiese dicho que “no estuvieron claros nuestros aportes. Un asesor se quejó por escrito de que los aportes no tenían devolución, y cada vez que se circulaba el dictamen de mayoría, venía sin justificación”, apuntó la diputada.

Giudici recordó que “explicamos por qué el dictamen de mayoría es demasiado reglamentarista y extenso, e incurre en algunas cuestiones que pueden llegar a poner en duda la constitucionalidad de la norma”.

Giudici resaltó el trabajo del Pro, la UCR, La Libertad Avanza, y todos los que trabajaron en ese dictamen que definió como “simplificado”, pero de ninguna manera “light”. Al referirse a las diferencias entre ambos dictámenes, dijo que ellos prohibieron la publicidad del juego en todas sus plataformas, de manera directa e indirecta. “Dentro de las competencias que tiene este Congreso”, remarcó, aclarando que “lo que no vamos a hacer es avanzar en cuestiones que puedan limitar o lesionar otros derechos, como la libertad de expresión y contenidos en Internet. No nos parece que haya que regular y limitar de esta manera”, y alertó con que el otro dictamen “abre la puerta a que cualquiera luego de esta ley pueda decir ‘vamos a tratar de que tal o cual persona diga tal cosa’”.

Consideró que estaba mal que la prohibición avanzara sobre internet y las redes sociales, porque “en nuestro país rige suficiente jurisprudencia respecto de la responsabilidad de los intermediarios. Debemos abordar el tema desde la conducta y no avanzar en cuestiones que pueden poner en riesgo la constitucionalidad de la ley”, reclamó.

Criticó también “lo excesivo” en cuanto a la reglamentación por los límites de las tarjetas de crédito, de débito y las billeteras virtuales. “Lo hemos planteado porque lo que hay que penar es al cajero, al intermediario, y pedimos que se incorpore en el dictamen de mayoría”.

También mencionó que el dictamen de mayoría equipara el máximo de la pena prevista con el homicidio imprudente, lo cual “atentaría contra el principio de proporcionalidad de la pena”.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Familias, Roxana Reyes, consideró que estaban dando “un paso muy importante, independientemente de no haber conseguido un dictamen de consenso”. Aclaró que “uno y otro prevén que tenemos que trabajar en prevenir el acceso de la niñez al juego. Es un paso delante de concientización a los padres”.

Agregó que desde la UCR habían acompañado el proyecto de Giudici, que “recibió nuestras propuestas y consideramos que es un dictamen que logra sintetizar lo básico en lo que hay que trabajar, para evitar que se complejice cuando llegue al Senado, o al Ejecutivo”.

Mónica Macha destacó como un hecho “controversial” el reciente nombramiento del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez, ya que fue CEO de Codere, una de las principales empresas de apuestas. No fue la única diputada que hizo hincapié en eso. En su caso, dejó asentada su preocupación porque “es muy difícil pensar que quien se enriquece con estas apuestas vaya a ser quien tiene que velar por nuestra propuesta”.

Eduardo Toniolli alertó sobre el bombardeo de publicidad que a diario se hace en materia de apuestas, y destacó que entre 2021 y 2023, las diez plataformas que más invirtieron en publicidad, pusieron 11 mil millones de pesos, sin contar internet y redes. “Y esto va in crescendo. Todos estos recursos puestos a disposición de incentivar el juego”, dijo, valorando del dictamen de mayoría “que va al hueso. Al huevo de la serpiente”, al plantear la prohibición de la publicidad masiva en plataformas de apuestas de juegos online, sin subterfugios”.

En nombre del oficialismo habló la diputada salteña María Emilia Orozco, quien aclaró que el Ejecutivo nacional está abordando la cuestión, y recordó la participación de funcionarios en las reuniones informativas. Lamentó que “muchas de las observaciones que hicieron no se han tenido en cuenta”, y por eso dijo que apoyarían el dictamen del Pro, con algunas disidencias. Advirtió que “el exceso regulador no contribuye; necesitamos normas simplificadas, no más regulaciones”. Apuntó además que “lo que salga de acá va a ser el camino a seguir por parte de las provincias”.

En ese sentido, Karina Banfi hizo votos porque las provincias puedan adherir a la ley nacional que surja. Especialmente la suya, Buenos Aires, y le dio un toque político al tema al recordar la fastuosa exhibición de un político con fuertes vínculos con el juego al que se vio paseando en un yate “con una prostituta”, referencia que cosechó aplausos.

El fortísimo cruce entre diputados

Ya de cara al final de la reunión intervino, Maximiliano Ferraro pidió la palabra para remarcar el tipo de prohibición que establecía el dictamen de mayoría. “Sin ningún tipo de ambigüedades”, dijo, para diferenciarlo del texto del Pro. Y leyó en ese sentido el artículo 8, que prohíbe “la  publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y de apuestas en línea. Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro”.

Asimismo destacó la prohibición de “los bonos de bienvenida de juegos de azar y apuestas en línea, como también el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos deportivos y la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. También su difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general”.

Lo diferenció del otro dictamen, que circunscribe las prohibiciones a su artículo 6°, en el cual “se prohíbe toda publicidad, promoción y  patrocinio de juegos de azar y/o apuestas en línea y de agencias y/o plataformas de juegos de suerte, envite, azar y/o apuestas en línea, tanto de forma directa como indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación

Le contestó Karina Banfi, señalando que “la aclaración del diputado Ferraro oscurece, y acá tenemos que ser muy, muy concretos. Porque para nosotros el planteo detallado abre la posibilidad de que en el futuro, desconocido e incierto, se puedan introducir algunas cuetioines permitidas, porque así lo avala nuestra Constitución en el artículo 19, que dice ‘todo lo que no está prohibido, está permitido’. Por lo cual el concepto de prohibir en manera total directa e indirecta la posibilidad del juego, para nosotros es la mejor redacción”.

Habló a continuación el diputado de UP Rogelio Iparraguirre, quien rescató un planteo de la diputada de izquierda Mónica Schlottahuer, referido al presupuesto asignado al proyecto. “Efectivamente este proyecto está saliendo sin presupuesto”, admitió, aclarando que habían hecho entre los bloques un acuerdo para promover a partir de este jueves en el Presupuesto 2025 la modificación de las alícuotas del juego online. “En una coordinación muy virtuosa, aceptamos correrlo de este dictamen, pero sí incorporarlo a partir de mañana para que existan partidas para financiar este  proyecto de ley”.

Pero encendió la mecha del escándalo cuando advirtió que “no ha habido en ninguna de las reuniones de este plenario, ni ninguna de asesores un solo aporte de algún miembro del Pro o La Libertad Avanza. Tienen otro dictamen porque no están de acuerdo en ponerle el cascabel al gato en este negocio, y están en todo su derecho”.

Fue entonces cuando las voces de fondo que acompañaron toda la reunión se hicieron más fuertes y la diputada Giudici lanzó un exabrupto contra Maximiliano Ferraro, siendo reprendida por la diputada Mónica Frade, que presidía el plenario. “Hijo de puta”, le dijo la legisladora del Pro, ante lo cual Frade replicó: “Le pido que se retire”. Esa expresión generó la inmediata reacción de Ferraro, que salió disparado hacia el lugar donde ella se encontraba.

“Sos un tarado vos, cómo me vas a decir eso”, se le escuchó decir a la diputada del Pro, que tildó a su colega de la Coalición Cívica de “ególatra”. Los cruces siguieron un largo rato, con participación de otros diputados y el constante reclamo de Frade por retomar la calma. Cuando eso se consiguió, la diputada de la CC dijo: “Soy civilizada y no integro un gobierno de locos, así que voy a continuar”.

Retomó la palabra Iparraguirre, concluyó diciendo que esa no era una ley de regulación para menores de edad, sino para la sociedad en su conjunto. Porque los pibes no bajan de un plato volador, el problema es el conjunto de la sociedad, particularmente los adultos”.

Antes de la intervención de los presidentes de las comisiones intervinientes, la radical Carla Carrizo advirtió que no era la primera vez que había agresiones entre colegas, como lo que acababan de ver. Y lamentó que no exista en la Cámara una Comisión de Ética, o de Disciplina, que mocionó constituir para evitar situaciones como la que acababan de vivir.

Pido las disculpas correspondientes por haber participado, junto a otra colega, en una conducta que no está a la altura del debate que nos demanda esta Honorable Cámara de Diputados.

De la misma forma y en el mismo espíritu espero las disculpas pertinentes por la infundada y…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 13, 2024

Sobre el final, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin advirtió sobre las dificultades de avanzar con una ley que necesita del Estado “con un Gobierno que dice que el Estado no es importante. Y se necesita un Estado para regular”. Le apuntó al oficialismo al señalar que “es difícil acompañar un dictamen cuando tenés que valerte del ENACOM, que tiene que controlar las plataformas, cuando quisiste cerrar todas sus sedes en las provincias”.

“Necesitamos que el Estado nacional entienda el rol que tiene como rector del sistema de salud argentino. Ojalá podamos en la sesión juntar las diferencias y lograr una media sanción”. El camino demuestra que cuando el tema es de importancia para la sociedad, los diputados conseguimos resultados”, cerró el diputado tucumano.

La agitada reunión concluyó con las palabras de Mónica Frade, que valoró que estaban cerrando un período de varios meses, que constituyó “un verdadero desafío”. Detalló que habían tenido desde mayo 37 expositores, 4 jornadas y otras tantas reuniones de asesores.

“Cuando dispuso esta cámara que iba a tener que presidir cinco comisiones, tuve claro que el oficialismo no quería este proyecto”, advirtió Frade, que recordó que la Ley de Bases “la tratamos con solo tres comisiones, y repasamos todo el Derecho argentino”. Con todo, reconoció que la situación “se pudo salvar gracias a la colaboración de los presidentes de las comisiones que aceptaron el desafío de hacer estos plenarios en conjunto”.

La diputada de la CC dijo que “tratar de consensuar con 150 diputados una ley no me resultó fácil. Muchos me tildaron de intolerante; si hubiera sido intolerante, no hubiéramos llegaod hasta acá. Una ley no puede contentar a todos; la Coalición Cívica tuvo que renunciar a la regulación de bingos y casinos… Resignamos posiciones”.

Por último se comprometió a que “todos aquellos que hayan hecho disidencias, las podamos trabajar de acá a que el proyecto llegue al recinto, para llegar a una ley que sirva”.

La diputada Silvana Giudici criticó duramente a Beatriz Anchorena, directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, afirmando que desde su asunción en 2022 no ha hecho más que emitir normas que restringen el acceso a la información y la transparencia activa.

“El origen de las restricciones al acceso a la información pública establecidas por el Decreto 780 se encuentra en la Resolución 80/24, emitida por la propia directora de la AAIP, Beatriz Anchorena. No puede ahora desconocer su responsabilidad en la elaboración de esa norma”, sostuvo.

En referencia a la presentación de Anchorena ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Giudici expresó: "La titular de la Agencia sostiene que sus objetivos son promover y fortalecer el acceso a la información pública y mejorar las condiciones de los datos personales, pero quiero desmentir que esos objetivos se hayan cumplido. Traigo datos que lo demuestran, y llevamos años luchando por la libertad de expresión y la protección de los datos personales. No están cumplidos esos objetivos”.

Giudici señaló que, con la Resolución 80, se adoptaron medidas restrictivas al acceso a la información pública, y en cuanto a la protección de los datos personales, la funcionaria no ha cumplido su misión. "Cuando asumió su cargo, y durante la gestión de Alberto Fernández nada se hizo para proteger los datos privados de los ciudadanos en manos del Estado, ya que ocurrieron graves filtraciones: el hackeo a la Dirección Nacional de Migraciones, la filtración de datos personales del Ministerio de Salud, la filtración de 45 millones de DNI en el RENAPER, y en mayo de 2022, el hackeo de la aplicación Mi Argentina. Y así puedo seguir con muchos más ejemplos", concluyó.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro) presentó un proyecto de resolución para repudiar las nuevas órdenes de aprehensión emitidas por el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, bajo el régimen de Nicolás Maduro. Dichas órdenes apuntan a varios funcionarios argentinos, acusándolos de conspirar contra el Estado venezolano.

Las mismas fueron dirigidas contra los diputados nacionales Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; los jueces Federico Villena, Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias; los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias; el legislador porteño Yamil Santoro; y la abogada María Eugenia Talerico.

En tal sentido, la impulsora señaló que "este accionar del régimen de Maduro no solo busca intimidar a nuestros funcionarios y judiciales, sino que es un intento desesperado por parte del líder venezolano de desviar la atención de las graves violaciones a los derechos humanos y el colapso institucional en su país".

A su vez, Giudici acusó que "este ataque por parte del régimen de Maduro se enmarca en la causa conocida como el 'Caso Emtrasur', vinculada a la retención en Buenos Aires de un avión venezolano-iraní en 2022 y su posterior envío a Estados Unidos en 2023". "Las acusaciones formuladas por el Fiscal General Saab incluyen cargos como robo agravado, legitimación de capitales, asociación ilícita y otros delitos graves", cargó.

El proyecto de resolución cuenta con el aval de Damián Arabia, Hernán Lombardi, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Florencia De Sensi, Sergio Capozzi, Emmanuel Bianchetti, Laura Rodríguez Machado, Germana Figueroa Casas, Nancy Ballejos, Alvaro Gonzalez, Verónica Razzini, Martín Yeza, José Núñez, Martín Ardohain y Alejandro Finocchiaro.

Los diputados del bloque Pro Silvana Giudici y Martín Yeza llevarán a cabo el encuentro “Desafíos Legislativos en la Era de la IA” donde se debatirán los retos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito regulatorio.

El evento se realizará en el Salón Auditorio del Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados Nacional este jueves 5 de septiembre a las 10:30 y contará con la participación del Jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, y reconocidos especialistas, periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil.

El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, la sociedad y la economía, y analizar propuestas legislativas que puedan adaptarse a los avances tecnológicos.

Además, contará con destacados expositores como José Crettaz; Coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones (ConverCom), Esteban Lescano; quien Dirige la Comisión de Legales de CABASE, Luis Galeazzi; director ejecutivo de Argencon y Diego Garazzi, quien preside la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA.

La inteligencia artificial está transformando de manera acelerada múltiples sectores, lo que requiere marcos legales que promuevan su desarrollo responsable. Este evento busca reunir diversas miradas para enfrentar los desafíos legislativos en este nuevo escenario tecnológico.

A raíz de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, era de esperar que iba a haber cuestiones de privilegio contra el exmandatario en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles.

La primera en expresarse al respecto fue la diputada nacional Silvana Giudici (Pro), quien comenzó diciendo que “es una de las peores humillaciones, como argentinos, la de tener a un expresidente golpeador, violento y sátrapa que nos encerró durante meses”.

Además, afirmó que Fernández “estaba de fiesta en la Quinta de Olivos”, y lo acusó de comprar “litros y litros” de alcohol. Catalogó, además, a todas las acusaciones de “situación bizarra y deplorable”.

“Mientras decían que este presidente venía a terminar con el patriarcado, puertas adentro la cagaba a trompadas a la mujer”, aseveró. Del mismo modo, apuntó contra el bloque Unión por la Patria y los colectivos feministas: “Ninguna del pañuelo verde está diciendo que el presidente la mandó a abortar”. “¿No era mi cuerpo mi decisión? Caraduras”, ironizó.

En el cierre, anunció el pedido de un apartamiento de reglamento para tratar el proyecto que propone que se le quite la jubilación de privilegio a exfuncionarios condenados.

La segunda cuestión de privilegio sobre Alberto F. fue presentada por la diputada nacional Lorena Villaverde (LLA), quien sumó que “se llamaban el gobierno feminista y dirigentes deconstruidos”, y lanzó que “todo esto en el marco de la cuarentena eterna y criminal que nos mantenía a todos encerrados”.

También criticó al exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y acusó: “Recibieron 54.000 millones y tuvieron 1.000 femicidios en cuatro años”. “Se llenaron la boca hablando de sororidad, pero no se horrorizaron de Fabiola Yañez. Háganse cargo”, cerró.

En el inicio de la sesión de este miércoles en la Cámara baja se planteó un fuerte debate en torno a la decisión de postergar los apartamientos de reglamento y cuestiones de privilegio para el final de la sesión, tal cual se había acordado en Labor Parlamentaria. El primero en exponer su rechazo a esa decisión fue el titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez.

Entre los más enfáticos en oponerse a lo establecido en Labor estuvo Nicolás del Caño, quien incluso pidió una moción de orden para que todos los bloques pudieran expresarse con cuestiones de privilegio y apartamiento de reglamento y, sobre todo, votar la constitución de una comisión investigadora de la visita de diputados libertarios a los genocidas en Ezeiza.

La diputada de UP Cecilia Moreau le advirtió a continuación al oficialismo: “No se equivoquen con las cuestiones de privilegio. A nosotros no nos van a limitar con eso, lo planteamos siempre, siendo oficialismo y siendo oposición. Intentar suspender las cuestiones de privilegio en el transcurso de la sesión y a lo largo de la sesión es una forma más de intentar acallar el pensamiento de los diputados. De ninguna manera vamos a permitir y aceptar que en el transcurso de la sesión nuestro bloque no haga uso de las cuestiones de privilegio”.

Desde el otro extremo, la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici aclaró que no estaban por cambiar el reglamento y reclamó avanzar con el primer punto previsto para la sesión. Esto es, la creación del Registro de Datos Genéticos.

Tras largo debate, se votó a mano alzada la moción de la diputada Giudici, aprobándose arrancar con el orden del día, pero ante la insistencia de la oposición más dura, el titular de la Cámara, Martín Menem, accedió a que se votara el apartamiento de reglamento solicitado por Nicolás del Caño, que resultó rechazado por 113 votos negativos, 112 afirmativos y 4 abstenciones.

La moción de la izquierda para sumar al temario los proyectos de sanción a los seis diputados que fueron a visitar a represores, según Martín Menem, exigía ¾ de los votos porque era un apartamiento de reglamento; según la izquierda, era una simple moción de orden y alcanzaba con mayoría simple. En cualquier caso resultó negativa. Entre los votos afirmativos, la sorpresa fue de la libertaria Rocío Bonacci, quien se desmarcó de su bloque llamativamente, mientras que del radicalismo solo se registraron los votos afirmativos de Pablo Juliano, Marcela Coli y Mariela Coletta. En la misma línea se manifestó el diputado de Encuentro Federal, Emilio Monzó. 

A continuación se votó, también nominalmente, un apartamiento de reglamento para tratar un proyecto de la diputada de Unión por la Patria Gisela Marziotta, que propone “la expulsión de los diputados que visitaron a los genocidas en Ezeiza”. “Porque somos representantes de un proyecto que tiene 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos, porque representamos a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los hijos que recuperaron su identidad y a los que no recuperaron la identidad”, enfatizó la legisladora. Sin embargo, el pedido fracasó, al obtener 121 votos negativos, 102 positivos y 5 abstenciones.

Como dato de color, entre los 102 votos positivos estuvo el de la diputada libertaria Rocío Bonacci, quien fue una de las integrantes de la comitiva que estuvo en Ezeiza. O sea que votó a favor de su propia expulsión... Obviamente después aclaró la diputada santafesina que votó así porque había entendido mal el sentido de su voto.

Concluido ese extenso pasaje, al filo de las 13 comenzó el debate sobre el Registro de Datos Genéticos.

En los últimos días se conoció que Fabiola Yañez denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia de género y posteriormente se difundieron imágenes de la exprimera dama con moretones en su rostro y brazos. Ante esto, la diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para para modificar la Ley 24.018 y quitarle la pensión de privilegio y los honores correspondientes al exjefe de Estado.

“Alberto Fernández degradó la investidura presidencial a tal punto de ser el primer mandatario acusado de golpeador en la historia reciente”, aseveró la impulsora del texto. De igual modo, propició que “es necesario que los argentinos digamos fuerte y claro que este señor no merece ser tratado con los privilegios de un exmandatario por eso proponemos que cese de inmediato el goce de sus privilegios, entre otros, el beneficio de su pensión de expresidente y la custodia y honores que le otorga la Casa Militar”.

Además, se refirió a que “en caso de ser condenado por los delitos por los que está denunciado, que se lo inhabilite para ejercer cargos públicos o representar a nuestra Nación”. El proyecto lleva la firma de varios legisladores del bloque Pro como Emmanuel Bianchetti, Florencia De Sensi, José Núñez, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Matías Ranzini, Karina Bachey, Gabriel Chumpitaz, Patricia Vásquez y Sergio Capozzi.

El proyecto propone la incorporación del artículo 5° bis a la ley 24.018, mediante el cual se busca la eliminación de la pensión otorgada a expresidentes en casos donde se presenten circunstancias específicas que lo justifiquen. Esta medida está dirigida a quienes hayan sido acusados de delitos graves, como violencia de género, violencia sexual, u otros delitos de similar índole.

También, propuso la modificación del artículo 119° del Código Penal, con el fin de establecer la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a las personas condenadas por los mencionados delitos. Con esta reforma, se pretende asegurar que quienes hayan cometido actos de violencia no puedan representar al Estado ni acceder a cargos en la función pública.

“Solo mediante un ejemplo de ejercicio de funciones de liderazgo íntegro, decente, honesto y honrado se puede garantizar que el ejercicio del cargo público se utilice para el beneficio de todos los ciudadanos, promoviendo un futuro en el que la justicia, la equidad y la prosperidad sean accesibles para todos”, concluye el proyecto de Giudici.

EXCELENTE INICIATIVA https://t.co/zUvtTPc8Ee

— Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

En el día que se cumple un año del triunfo en las elecciones PASO, el presidente Javier Milei se refirió al proyecto de Giudici y comentó: “Me encanta”. “No debe sostenerse con los impuestos de los argentinos un inhábil moral y violento como ese señor. Sería importante impulsarlo pronto en la Cámara de Diputados”, le había explicado la diputada del Pro al jefe de Estado.

Mientras continúan los rumores por una posible unificación entre La Libertad Avanza y el Pro, y luego de que la propia ministra de Seguridad y expresidenta del partido, Patricia Bullrich, afirmara que el oficialismo “ya absorbió al Pro”, desde la bancada salieron a marcar la cancha.

A través de una nota dirigida al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, junto a su par de bancada Silvana Giudici, le enumeraron una serie de proyectos “impulsados históricamente” por el bloque a fin de que le den pronto tratamiento. Pero remarcaron que “muchos coinciden con iniciativas que el Gobierno Nacional anunció en el último tiempo”, más aún siendo que este jueves Francos se reunirá con los bloques dialoguistas por la reforma electoral.

En total son 15 las iniciativas enumeradas:

1. Baja en la edad de imputabilidad.
2. Educación esencial.
3. Reforma Electoral: boleta única, ficha limpia, eliminación de la obligatoriedad en las primarias, financiamiento de partidos políticos y voto argentinos en el exterior.
4. Registro de reincidencias y reiterancia, legítima defensa.
5. Extinción de dominio.
6. Agencia de seguridad anti narcotráfico.
7. Derogación de jubilaciones de privilegio.
8. Modernización laboral: Bloqueo de empresas, Reforma laboral, Democratización asociaciones sindicales, Trabajo en plataformas.
9. Hidrógeno verde / metano.
10. Salud mental.
11. Propiedad intelectual (habitaciones de hotel y hospedaje).
12. Ludopatía.
13. Sociedades Anónimas Deportivas.
14. Eliminación de los Registros Automotores.
15. Otras reformas políticas: contratación de publicidad en campaña, observación electoral y modificación sobre elecciones partidarias internas.

En la nota destacaron el trabajo que el bloque ha hecho “arduamente para impulsar las transformaciones que el país necesita, aportando su conocimiento y experiencia en diversas áreas de gestión”.

Además, destacaron que “gracias a nuestro compromiso, la Ley de Bases y el paquete fiscal han obtenido la aprobación definitiva, proporcionando al Gobierno Nacional las herramientas necesarias para implementar su plan de gobierno”.

“Estoy convencido de que trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde el Pro hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía”, plantearon y cerraron: “Quedamos a la espera de una favorable y pronta respuesta para comenzar a trabajar en esta agenda que da respuesta inmediata a muchas de las preocupaciones que tienen los argentinos”.

Un grupo de diputados del Pro presentó un proyecto de declaración en el que reclaman por el apartamiento de su cargo del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ante una nueva denuncia en el marco de la causa de abuso sexual en su contra, por la cual fue procesado.

Encabezado por Silvana Giudici y con la firma de María Eugenia Vidal, Ana Clara Romero, Sabrina Ajmechet, Verónica Razzini, Hernán Lombardi, José Núñez, Martín Ardohain, María Sotolano y Sergio Capozzi, los legisladores se hicieron eco de la ampliación de la denuncia que presentó el excandidato a intendente por ese distrito Lalo Creus ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y coacción o amenazas, por hechos que se derivan del procesamiento que pesa sobre el jefe comunal.

"Luego de conocerse el procesamiento, Espinoza fue nuevamente denunciado ante la jueza de instrucción María Fabiana Galletti, a raíz de elementos probatorios surgidos de la citada causa y, esta vez, solicitando se investigue un posible fraude contra la administración pública, malversación de caudales, abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público por haber utilizado fondos y recursos públicos para llevar adelante dicho abuso", señalaron los macristas en los fundamentos.

Y agregaron que "dadas las características de los hechos que fundaron el procesamiento resulta necesario manifestar el más enérgico repudio y apelar a la razonabilidad de quienes tienen la facultad de requerir el apartamiento del cargo del intendente Fernando Espinoza hasta tanto se resuelva su situación procesal en el marco de lo establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional".

"Resulta de suma gravedad que en este caso, donde existe semi plena prueba sobre la culpabilidad, y dadas las características del cargo que detenta el Sr. Espinoza, el mismo continúe ejerciéndolo sin ningún tipo de reparo y con la anuencia del arco político al cual representa", enfatizaron.

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que propone regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en líneas, prohibiendo las que se realizan en espectáculos deportivos, indumentaria, campos de juego; se insertan en páginas web o contenidos digitales dirigidos a los niños y jóvenes, o se orientan a los menores o en las que aparezcan menores. Incluso, las que se difunden en medios de comunicación audiovisuales en el horario desde las 6.00 hasta las 22.00 horas.

Por otro lado, el proyecto busca establecer sistemas de identificación biométrica para evitar el acceso de los menores a los sitios y apps de juegos de apuestas en línea y plantea un régimen sancionatorio para quienes infrinjan las prohibiciones y se sanciona penalmente a quienes usen medios o sistemas electrónicos para defraudar a los menores. Acá entran los llamados "cajeros" o intermediarios que facilitan que los jóvenes jueguen.

Al respecto la diputada expresó: “Durante los últimos años se ha incrementado la oferta de juegos de azar y apuestas en línea deviniendo una problemática que incide notablemente en los adolescentes, particularmente entre los jóvenes de 13 a 17 años, donde se acrecienta el acceso en línea de apuestas de Poker, de azar o apuestas deportivas”.

Para la diputada Giudici, son variados los factores que propagan el juego entre los adolescentes como la publicidad agresiva en los medios de comunicación audiovisual, celebridades o influencers que promocionan estos juegos, la facilidad en el acceso on line y la disponibilidad continua de billeteras virtuales y el rápido contacto, vía Whatsapp, de los intermediarios de apuestas en línea.

Acompañan este proyecto los diputados María Eugenia Vidal, Damián Arabia, Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Martín Yeza, Gerardo Milman, Alejandro Finocchiario, Sergio Eduardo Capozzi, Karina Bachey, José Núñez, Ana Clara Romero, Florencia De Sensi, Gabriel Felipe Chumpitaz, Anibal Tortoriello, Martín Ardohain, Verónica Razzini, Sofía Brambilla, María Sotolano, Patricia Vásquez, Marilú Quiróz y Germana Figueroa Casas

Giudici finalizó señalando que “en este contexto resulta necesario sancionar una norma que brinde protección a los jóvenes en general, niñas, niños y adolescentes, en materia de prevención de la adicción temprana al juego, Ludopatía, como también la regulación de la publicidad que les llega”.

Varias provincias limítrofes comenzaron a cobrar este año la atención médica a los extranjeros que se atienden en sus centros de salud. A menos que sus países de origen cuenten con convenios de atención recíproca con el nuestro. No son los más, por cierto. Hay un caso reciente que tuvo gran repercusión, en el que un albañil argentino fue atropellado por un motociclista en Bolivia, que le provocó una fractura de tibia y peroné. Y para operarlo, le exigían un millón y medio de pesos.

Es en ese marco que la diputada nacional del Pro Silvana Giudici acaba de presentar un proyecto de ley que propone que los extranjeros que ingresen a nuestro país por razones, turísticas, viajes de negocios o laborales, residencias temporales, etcétera, deberán acreditar que cuentan con un seguro privado de salud vigente que cubra la totalidad de sus eventuales gastos de salud.

Cualquier procedimiento médico, odontológico, o quirúrgico de la naturaleza que fuere, en el caso de requerir atención del servicio público de salud argentino deberá ser cubierto por dicho seguro de asistencia, a excepción de atención de emergencias, accidentes o urgencias con riesgo de vida que seguirán siendo gratuitas en los establecimientos públicos de salud de todo el territorio.

Al respecto la diputada expresó que “el sistema de salud argentino, de calidad y profesionalismo, ha sido siempre una meca para millones de ciudadanos de otros países de la región. Las excelentes condiciones de atención en cuanto a tecnología, prácticas innovadoras y calidad médica generaron una migración importante durante años con el objeto de acceder a servicios de salud brindados por los hospitales públicos argentinos, cuyos costos son exclusivamente soportados por el sistema, es decir, con los recursos presupuestarios que tienen origen en los impuestos que pagan los ciudadanos de nuestro país”.

Esta situación, en tiempos donde el sistema público de salud se encuentra bajo presión excesiva y los recursos presupuestarios son escasos, generó un déficit en la capacidad de atención, disponibilidad de camas e insumos en los establecimientos públicos de salud cada vez más acuciante.

Por eso, y en virtud de que algunas jurisdicciones provinciales han dispuesto mecanismos de cobro a extranjeros sobre sus sistemas de salud, se hace necesario generar herramientas innovadoras para poder seguir brindando atención médica de calidad en nuestro territorio, tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros. Con la implementación de un seguro de cobertura de asistencia privada a exigirse en los aeropuertos o fronteras para asegurar que todo aquel turista o visitante extranjero tenga los recursos para cubrir gastos médicos durante su estadía podremos reducir la carga del sistema público.

El proyecto prevé la presentación de credenciales en los puestos de migraciones junto con el pasaporte al ingresar al país, de esta manera se reducirá enormemente la presión sobre la atención en los establecimientos de salud pública de nuestro país.

El proyecto es acompañado por los diputados Sergio Capozzi, Martín Yeza, José Núñez, Gerardo Milman, Damián Arabia, Karina Bachey, Sofía Brambilla, Anibal Tortoriello y Martín Ardohain.

La explicación de Giudici concluye indicando que “la Constitución Nacional es nuestra guía, esta herramienta no vulnera ninguna de sus garantías previstas para los extranjeros que pisen nuestro suelo, sino que protege los derechos de argentinos y extranjeros con equidad, aquel que pueda pagarlo, proceda de donde proceda, tendrá su cobertura de origen y el sistema público argentino solo cubrirá las emergencias que impliquen riesgo de vida”.

“Es importante en un país con 47% de pobres volver más equitativo el sistema priorizando los recursos para cubrir las enormes necesidades internas en materia de atención sanitaria”, cerró la diputada Giudici.

La diputada Silvana Giudici (Pro) participó este lunes del Foro de Movilidad Sustentable organizado por la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (CAVEA) donde se reunieron líderes y expertos en el ámbito de la movilidad sustentable, tanto locales como internacionales, para discutir y promover el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos en el país.

El panel de apertura contó con la presencia de personalidades de gran relevancia, incluyendo al Embajador de la Delegación de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; el referente asesor de proyectos de Cooperación UE-ARG, Pablo Iglesias; la jefa de Sección Económica y Comercial, Viktoria Lovenberg; el director de la subsecretaría de Ambiente de la Nación, Augusto Paz; el Secretario General de FECOBA - CAME, Sergio Lamas; el presidente de CAVEA, Emmanuel Núñez y el Ministro de Embajada de Alemania, Peter Neven.

Durante el foro, Giudici expresó: “La electromovilidad en la Argentina tuvo un gran impulso con el gobierno del presidente Mauricio Macri, quien por primera vez incorporó los vehículos de generación eléctrica a la circulación urbana”.

La diputada del Pro destacó los logros significativos alcanzados por la industria local, incluyendo la exportación de bicicletas eléctricas a Estados Unidos y la Unión Europea. Además, señaló la diversificación de la producción local hacia vehículos de dos, tres y cuatro ruedas, el desarrollo de aviones eléctricos y embarcaciones, vehículos tácticos, tractores y motos. Estos avances posicionan a Argentina como un jugador relevante en el ámbito de la movilidad sustentable a nivel global.

El Foro de Movilidad Sustentable concluyó con un llamado a seguir trabajando conjuntamente para superar los desafíos existentes y aprovechar las oportunidades que ofrece la movilidad eléctrica, con el objetivo de alcanzar un futuro más sostenible y ecológico para Argentina y el mundo.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de ley para crear un “Sistema de Alerta Móvil (SAM) - Cell Broadcast Service (CBS)” que tiene como objetivo la difusión de una alerta a través de mensajes de texto cortos sobreimpresos en las pantallas de los dispositivos móviles y precedidos de una alerta auditiva, en tiempo real y con la finalidad de proteger a la población en la prevención y respuesta ante situaciones de inseguridad y/o emergencias que requieran un abordaje urgente por parte de las autoridades y/o servicios competentes.

La alerta auditiva funcionará automáticamente en un sistema coordinado entre los operadores de telefonía celular y el Enacom, a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y no significará gasto para el estado.

Giudici amplió: “Claro está que resulta necesario contar con esta herramienta para resguardar la seguridad de la población. En los últimos tiempos hemos sido testigos de diversas catástrofes naturales que produjeron graves daños tanto de infraestructura y servicios urbanos como a las personas, incluso la lamentable pérdida de vidas humanas…”.

También, agregó que “cómo los eventos climáticos de diciembre en Bahía Blanca y el de hoy en AMBA, por citar algunos, son situaciones donde las alarmas sonoras podrían activarse a tiempo para salvar vidas antes de que la población se vea expuesta a situaciones de riesgo por no advertir lo extraordinario y peligroso de la condición climática en curso”.

Giudici finalizó: “Son muchos los países cuentan con sistemas de estas características y con legislación que regulan su funcionamiento como Chile, Italia y Estados Unidos. En base a esas experiencias consideramos que es factible implementarlos en la Argentina, país dónde hay 130 conexiones móviles cada 200 argentinos y 61 millones de líneas móviles activas”.

El proyecto fue acompañado por Laura Rodríguez Machado, Alejandro Finocchiaro, Daiana Molero, Martín Ardohain, Martín Yeza, Ana Clara Romero, Damián Arabia, Kary Bachey, José Nuñez, Germana Figueroa Casas, Gerardo Milmann, Anibal Tortoriello, Sabrina Ajmechet y Sergio Capozzi.

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para transparentar y reasignar disponibilidades presupuestarias y excedentes de los fondos fiduciarios.

Al respecto, la diputada expresó: “Es importante darle las herramientas al presidente para que al ajuste no lo tengan que pagar los jubilados ni los trabajadores. Hay fondos  de disponibilidad inmediata, excedentes presupuestarios y remanentes en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios capitalizables por el Estado que podrían ser rápidamente redireccionados para que el Ejecutivo los utilice en la atención de las necesidades más urgentes de la población”.

El proyecto expone cómo entre 2012 y 2021 los ingresos de los fideicomisos se duplicaron en términos de porcentaje del PBI mientras que los gastos por ejecución disminuyeron a la mitad en el mismo período. Esto generó un excedente de $664.399 millones en 2021, $515.405 millones en 2022 y $566.606 millones en 2023. Esos fondos son los que el proyecto propone liberar para su asignación directa al Tesoro y de este modo engrosar anualmente los programas y políticas sociales que el Poder Ejecutivo vaya a priorizar. Es decir, que en los 4 años de su gestión Javier Milei podría contar a través de esta reestructuración inmediata, con 2 billones de pesos, hasta que el Presidente logre la aprobación de las leyes o instrumentos que envie para la liquidación o unificación de los Fondos Fiduciarios tal como aspiraba a hacerlo a través de la ley ómnibus.

El proyecto es acompañado por Karina Ethel Bachey, Aníbal Tortoriello, Sergio Eduardo Capozzi, José Nuñez, Martón Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Marilú Quiroz y Patricia Vásquez, y propone además una auditoría integral que estaría a cargo de una comisión ordinaria de la cámara de diputados para poder establecer el destino, uso de los fondos, beneficiarios alcanzados, gastos de personal, colocaciones financieras, etc.

Giudici finalizó: “Al caerse el art. 5 inciso H del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos donde el Gobierno de la Libertad Avanza proponía delegarle la facultad al presidente para reorganizar los recursos de los fondos fiduciarios nos parece importante presentar esta iniciativa para que por un lado se establezca un marco de acceso a la información y transparencia sobre la utilización de estos instrumentos financieros y por otro para racionalizar los recursos que se encuentran ociosos en muchos de estos fondos, sin ser aplicados a obras o programas y no llegan nunca a la gente”.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de declaración en repudio contra de la República de Venezuela por “suspender las actividades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su consecuente expulsión de los funcionarios asignados a dicha misión”.

En el texto se relató que “el jueves 15 de febrero la República de Venezuela decidió suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas expresando que esa institución desarrollaba sus funciones con parcialidad y acusándola de operar al servicio de grupos golpistas y terroristas que buscan desestabilizar al país”.

“La acusación que pretende establecer un vínculo directo entre los funcionarios y el accionar contra la soberanía nacional, supuestos intentos de magnicidio y demás conspiraciones no hace más que profundizar y evidenciar el contexto adverso y peligroso en el cual se desempeñan los funcionarios expulsados junto a otros organismos que investigan los abusos por parte del gobierno de Venezuela”, agregó el proyecto.

En el final, denunció que “como es de público conocimiento, en la República de Venezuela se vienen sucediendo una serie de hechos que atentan contra las libertades democráticas, de libre expresión y ataques contra la prensa, no solo nacional, sino también sobre corresponsales de medios extranjeros”.

Giudici es la presidenta de la Fundación LED (Libertad y expresión + Democracia) y la iniciativa fue acompañada por Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro, Sergio Capozzi, Sabrina Ajmechet y María Sotolano.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) opinó este lunes respecto al artículo de la ley ómnibus que propone eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidenta. “El diálogo y la necesidad de cambiar de una vez la Argentina empieza a dar sus frutos”, señaló.

A través de X, sostuvo que “una ley que elimina las jubilaciones de privilegio para presidente y vice y sigue financiando al Arte y la Cultura es todo lo que está bien”.

“Basados en nuestro proyecto 4900/23, de disolución de la Defensoría, y la sugerencia de eliminar los millonarios fondos asignados a medios comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse el financiamiento del INCAA, el FNA y el INT. Celebramos q se hayan tomado estas sugerencias”, enfatizó.

Además, cuestionó que “la Defensoría requería 1500 millones anuales para sostener 140 empleados, entre parientes y amigos de su titular más cinco cargos de alta dirección para perseguir opiniones distintas, dictar manuales de estilo e intentar sancionar periodistas a través de NODIO”.

Por último, manifestó que “de este modo los recursos que se deben destinar a la promoción de cultura se reflejarán en mejor y mayor producción de ficción, cine, teatro y arte y no en burocracia, acomodo, o militancia. Seguiremos trabajando en la sanción de la ley para sentar las bases del cambio definitivo”.

Debido a la gravedad de los sucesos ocurridos en Ecuador, diputados del Pro, encabezados por Silvana Giudici, presentaron un proyecto de declaración en el cual expresan su “preocupación” y “repudio” a “los ataques masivos perpetrados por grupos del crimen organizado contra distintos objetivos civiles, militares y de las fuerzas de seguridad de Ecuador, entre los que se destacan al canal TC de televisión de Guayaquil y distintas universidades”.

En los fundamentos de la iniciativa se resaltó: “Ante la gravedad de la situación, nuestro país y las naciones democráticas del mundo han expresado su solidaridad y apoyo a las instituciones democráticas y al pueblo de Ecuador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Reporteros Sin Frontera y otras organizaciones han repudiado la ola de violencia desatada por las organizaciones narco en Ecuador”. 

“Los ataques realizados de manera coordinada no pueden interpretarse de otra forma que un accionar terrorista tendiente a desestabilizar las instituciones democráticas de Ecuador”, se enfatizó en el proyecto que tiene como autora a Giudici. 

Asimismo, los argumentos repasan que “mientras el canal TC se encontraba transmitiendo en vivo en la ciudad de Guayaquil, un grupo de hombres armados ingresó violentamente a las instalaciones y redujo a periodistas, trabajadores de prensa y personal administrativo mientras aprovechaba la señal para transmitir sus amenazas al gobierno y sus consignas violentas”.

“Al respecto, y atento a los ataques puntuales a la prensa, es pertinente recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, se agregó. 

El proyecto fue acompañado por los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli, Fernando Iglesias, María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Sofía Brambilla, Aníbal Tortoriello, Ana Clara Romero, María Sotolano, María Florencia De Sensi, Germana Figueroa Casas, Sergio Eduardo Capozzi y Héctor Stefani.

Giudici, como presidenta de la Fundación LED (Libertad y Expresión + Democracia) trabaja hace décadas con Fundamedios, una ONG ecuatoriana con la que fundaron la red latinoamericana Red Leal desde donde expresaron preocupación por la fragilidad en la que la prensa ecuatoriana debe ejercer su labor.

El 13 de junio de 2022 la Honorable Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que, modificando varias leyes hasta ahora vigentes, establecía la boleta única de papel como el instrumento válido de votación para todos los procesos electorales nacionales.

La aprobación de tal proyecto fue producto de intensas discusiones tanto en el recinto de la cámara como en las diferentes comisiones que intervinieron en el trabajo parlamentario: 132 diputados votaron a favor de la aprobación, 104 legisladores en contra, 4 se abstuvieron de votar y 15 diputados no estuvieron presentes.

Sobre el particular debe señalarse que el mismo fue resultado de un consenso generado entre legisladores de diferentes espacios políticos, que permitieron la unificación en un solo texto más de veinte proyectos diferentes que trataban la misma problemática.

En tal oportunidad, varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas al fortalecimiento de las instituciones democráticas como Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional o RAP -Red de Acción Política-, hicieron público su beneplácito por la aprobación del proyecto en cuestión.

En el mismo sentido, CIPECC ha sostenido que el sistema de boleta única de papel, al garantizar una oferta electoral completa a través de los centros de votación, equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes.

De acuerdo con una encuesta sobre la adhesión social a la boleta única de papel realizada por la consultora Poliarquía, más de las dos terceras partes de la sociedad apoya la boleta única de papel y más del 70% considera importantes los tres beneficios claves que provee (garantizar derecho a elegir y ser elegido, reducir costos, y ser más sustentable y amigable con el medio ambiente); y que sólo una minoría del 18% de la sociedad no está de acuerdo con ese procedimiento.

La boleta única asegura a los votantes que en el momento de ejercer su derecho a votar cuente con todas las opciones posibles, aun la de votar en blanco por alguna o por todas las categorías en competencia.
Asimismo, esta alternativa elimina el riesgo de robo o hurto de boletas, reduciéndose, por otra parte, el consumo de papel, tratándose de una sana práctica que claramente fortalece la transparencia de los procesos electorales, adoptada ya por varias provincias.

El mencionado proyecto fue remitido al Honorable Senado de la Nación el mismo día de su sanción por parte de la cámara de origen sin que hasta la fecha el respectivo expediente (CD 4/22) haya tenido movimiento alguno.

Sabido es que durante el transcurso de estos dos últimos años, la férrea campanilla de la exvicepresidente solo se hacía oír para el tratamiento de los proyectos que personalmente le preocupaban: claramente, el de boleta única en papel no se encontraba entre sus prioridades.

Atento los nuevos tiempos de cambio y de libertad que comienzan y que refrescan el aun aire viciado de la República, y conforme lo que se adelanta desde el Poder Ejecutivo Nacional, sería una gran noticia que el Honorable Senado de la Nación aprobare el proyecto citado.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó este viernes un proyecto de ley para disolver la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el observatorio NODIO creado por Miriam Lewin en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El texto presentado acusó que “fue utilizado para perseguir opiniones distintas y monitorear redes sociales”. A su vez, Giudici, quien estuvo a cargo del Enacom en 2018 y 2019, señaló que “durante los cuatro gobiernos kirchneristas la Defensoría del Público se utilizó para contratar asesores militares, llegándose a utilizar partidas presupuestarias exorbitantes”.

Además, la legisladora de Juntos por el Cambio agregó que el organismo “solo funciona elaborando encuestas, relevamientos, tesinas académicas por las cuales se pagan costosas consultorías, además de solventar las funciones inconstitucionales de perseguir periodistas o ciudadanos por sus opiniones desde NODIO”.

También, el texto cuestionó que “según el Presupuesto 2024 la Defensoría del Público tiene previsto y disponible para ejecutar 2.575 millones de pesos”, y advirtió que “cuenta con 140 empleados lo que implica que el costo por empleado asciende aproximadamente a 18,4 millones de pesos”.

La iniciativa fue acompañada por los diputados nacional de JxC: Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Martín Ardohain, Luciano Laspina, Patricia Vázquez, Laura Rodríguez Machado, Héctor Stefani, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, José Luis Espert y Paula Omodeo, entre otros.

La precandidata a diputada nacional Silvana Giudici se sumó a los reclamos de este viernes por el ciberataque al sistema informático de PAMI y responsabilizó al presidente de la Nación: “Desde que asumió Alberto Fernández los ciberataques no paran”.

“Hace 48 horas que el sistema informático de PAMI no funciona. Los adultos mayores están sin servicio de recetas ni atención. El daño a la base de datos parece ser fatal, y no hay previsión sobre cuándo será reestablecida”, aseveró la actual precandidata a diputada nacional por La Fuerza del Cambio en CABA.

Además, recordó las bases de datos personales que fueron atacadas: “Dirección de Migraciones (septiembre 2020), RENAPER (octubre 2021), INDEC (mayo 2022), Superintendencia Servicios de Salud (febrero 2023), INTA (abril 2023), Comisión Nacional de Valores (junio 2023) y PAMI (agosto 2023)”.

“También fueron hackeadas las bases de datos del Senado de la Nación (enero 2022), Poder Judicial de Chaco (febrero 2022) Legislatura Porteña (septiembre 2022) (junio 2022) Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y Ejército Argentino (junio 2023)”, agregó quien es también titular de la Fundación LED.

Por último, expresó: “Los datos personales y la privacidad de los mismos en Argentina están siendo robados y nadie hace nada para proteger ese derecho personalísimo de los ciudadanos”, y cerró: “Las autoridades nacionales deben actuar urgentemente. En el PAMI y en las áreas de ciberseguridad”.

La Fundación LED reconoció al periodista José Ignacio López y al abogado constitucionalista Félix Loñ por su labor en la defensa de la libertad de expresión.

En un encuentro, llevado a cabo en las instalaciones del Club Del Progreso, periodistas y referentes de los medios de comunicación acompañaron el momento.

Con la presencia de las autoridades de la ONG, su presidenta, Silvana Giudici, aseguró que "la libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad de expresar ideas, opiniones y puntos de vista sin censura o represalias", agregando que "ambos dedicaron su vida a defender esta derecho con valentía y compromiso con los principios democráticos".

Más adelante agregó que "es importante destacar que la defensa de la libertad de expresión es un esfuerzo colectivo y que muchas personas, a lo largo de la historia y en el presente, han contribuido de diversas formas a la protección y promoción de este derecho fundamental, y ahí es en donde José Ignacio y Félix se destacan". Luego Giudici expresó “todo nuestro agradecimiento a ambos con esta distinción. Hace 12 años cuando decidimos crear Led ellos formaron parte del primer consejo consultivo de la fundación y sus ideas fueron siempre una guía para la consolidación de nuestra organización que hoy integra una de las redes más sólidas junto a otras ONGs de Latinoamérica en defensa de la libertad de expresión".

En el agradecimiento, "Nacho" López aseguró "que en este tiempo el periodismo tiene que restablecer la conversación social", agregando que "lamenta el presente de riña callejera que nos marca la polarización política".

En tanto, Félix Loñ agradeció el reconocimiento y pidió "que las ambiciones personales cedan al interés común", como así también "velar por el fortalecimiento de las instituciones".

En el encuentro, más de 30 periodistas y personalidades acompañaron el momento, en donde compartieron un brindis. Entre otros, asistieron Jorge Fontevecchia, Fernando Bravo -ambos integrantes de la Academia de Periodismo-, Martín Etchevers representando a ADEPA; los periodistas Silvia Mercado, Néstor Sclauzero y Horacio Minotti entre otros.

Los premiados asistieron con integrantes de sus familias, sobresaliendo la presencia de los nietos del exvocero presidencial de Raúl Alfonsín.