Durante la reunión de Labor Parlamentaria, el titular de la Cámara, Martín Menem, propuso una sesión de una extensión de siete horas, que desde el bloque Unión por la Patria no fue aceptada. Se acordó entonces ir viendo ese tema sobre la marcha, y de hecho el tema se abordó en el inicio, cuando la secretaria Parlamentaria del bloque Pro, Silvana Giudici, habló de un debate que “va a cambiar la historia de la Argentina y planteó una moción de orden para establecer tiempos reducidos para los dictámenes y tiempos de bloques y una cantidad acotada de oradores individuales de 50 diputados. Asimismo, que se intercalaran durante la sesión las cuestiones de privilegio y apartamientos.

El titular del bloque UP Germán Martínez anticipó su rechazo a esa moción diciendo que los dictámenes “se tienen que explicar como corresponden. Los tiempos de bloque se tienen que tomar como establecen los tiempos reglamentarios”. Así las cosas, pidió no acotar tampoco los oradores individuales. Además, dijo, “al tener un tema único no se puede intercalar nada”, dijo en relación a las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento. “Queremos dar ese debate aun con las absolutas diferencias que tenemos con este tema”, dijo, siendo secundado en ese sentido por la izquierda.

Carla Carrizo, que también había planteado objeciones en Labor, aclaró que no debía acotarse el debate y en ese sentido votó la bancada Democracia para Siempre.

La moción presentada por el Pro fue aprobada por 129 votos a favor, 105 negativos y ninguna abstención, con lo que quedó establecido este organigrama: que el tiempo de los seis dictámenes fuera de 10 minutos cada uno; que hubieran 10 minutos por bloque y 50 oradores individuales. Las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento se intercalarían durante el debate.

Se sabe que en la próxima sesión que haya en el Senado, seguramente en este período extraordinario, asumirá en esa Cámara la entrerriana Stefanía Cora, quien completará el mandato de Edgardo Kueider, expulsado en la última sesión registrada allí el año pasado. Pero el Senado no es la única cámara que está incompleta; también sucede eso en la Cámara baja, donde habitan 256 diputados desde que en octubre falleciera el diputado fueguino Héctor “Tito” Stefani.

Miembro del bloque Pro, la muerte de Stefani dejó a la bancada que conduce Cristian Ritondo con un integrante menos, pues el primer varón que seguía en la lista elegida en 2021 era Ricardo Garramuño, representante de un partido provincial. Así y todo, es quien desde el Pro insisten en que sea el que asuma, cuestión que rechaza la radical Dalila Nora, quien en la lista de Juntos por el Cambio de esas elecciones figuraba segunda.

Originalmente se interpretó que le correspondía a Garramuño asumir, según la Ley de Paridad de Género, pero Nora reclamó ese lugar, argumentando que la norma habla de “titulares” y esa caracterización les correspondía en esa boleta solo a Tito Stefani y a ella. Garramuño era primer suplente.

La cuestión se judicializó, y luego de idas y vueltas que le dieron la razón a uno y otro, la Cámara Nacional Electoral falló a favor de Garramuño, pero ahí Dalila Nora apeló a la Corte Suprema.

El intento de jura fallido

Lo cierto es que en la sesión preparatoria del 4 de diciembre pasado, el Pro pidió que se le tomara juramento a Ricardo Garramuño. Lo hizo a través de la secretaria Parlamentaria del bloque, Silvana Giudici, quien invocó los artículos 48° y 64° de la Constitución nacional y los artículos 3 y 11 del reglamento del Cuerpo, para que el presidente de la Cámara procediera a tomarle juramento, siguiendo la sentencia ejecutoria y la doctrina pacífica que se ha establecido en otros años, sobre todo en los casos de mayo 2020, con el caso Larroque, y el reemplazo de agosto 2020, cuando Guillermo Carnaghi asumió en lugar de Darío Martínez.

Pero el radicalismo ha hecho causa común con Dalila Nora, quien en caso de asumir iría a ese bloque, por lo que el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, resistió que se produjera el juramento de Garramuño. “Creemos que la banca le pertenece a Dalila Nora”, explicó, y argumentó para su oposición que la causa está en sede judicial y no está firme. El cordobés señaló que hubo una resolución de primera instancia que favoreció a la dirigente radical, el fiscal de alzada también opinó en el mismo sentido, mientras que la Cámara Nacional Electoral falló favoreciendo a Garramuño, pero con un voto en disidencia. Como Dalila Nora había presentado un recurso ante la Corte, De Loredo reclamó esperar antes de tomarle juramento a Garramuño.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño planteó la posición de su bloque favorable a la asunción de Garramuño. Recordó la existencia de un fallo judicial que agotó la vía ordinaria, y sostuvo que la Cámara debía resolver el tema y no dejarlo en manos de la justicia. “Falleció un varón, tiene que entrar un varón”, explicó, aclarando que “somos responsables en esta Cámara de cerrar el tema así”. Planteó que la Cámara Nacional Electoral “es la última instancia en temas electorales” y dijo que “no hay un conflicto entre poderes, sino entre privados, y tenemos que interpretarlo en este recinto”.

Una posición inversa fue la que expuso a continuación la radical Carla Carrizo, para quien no se estaba discutiendo “una cuestión de partidos; es una cuestión de derechos. Estamos construyendo la práctica de la equidad en el Congreso nacional. Si se apeló a la Corte, hay un proceso judicial abierto y tenemos que respetarlo”.

Volvió a hablar entonces Giudici, para invitar a todos a revisar los expedientes. “Hay un acta de proclamación de (los diputados) Yutrovic y Stefani, y los demás son todos suplentes. Esa sola acta de proclamación de las listas hace que la persona que tenga que asumir sea Garramuño. Luego la Cámara Electoral entiende lo mismo y determina en el ámbito ordinario, así que se agotó esa instancia”, sostuvo Giudici, aclarando que la jura por parte de Garramuño ya tenía que haberse cumplido en la sesión anterior.

También respaldó la asunción de Garramuño Juan Manuel López, pero a continuación Fernando Carbajal aclaró que como la decisión de tomarle juramento implica un acto de convalidación del título, eso requería que hubiera quórum.

En ese marco, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que a su juicio “el principio de división de poderes le da a la Cámara el poder resolutorio. “Los avatares de la justicia no cambian la suerte; le toca a esta Cámara decidir cuál es el diputado que tiene que ingresar”, remarcó, considerando que le correspondía a Garramuño, “porque nos ampara la Constitución, porque lo establece el reglamento y porque la reglamentación de la ley es plausible para llegar a este resultado”.

Giudici insistió en que debía tomársele juramento a Garramuño, sin que ello significara un menoscabo a la paridad de género, ni la capacidad de la mujer demandante, pero reconoció que no había quórum, por lo que se cayó la sesión. Por eso, según pudo saber parlamentario.com, este jueves la propia secretaria Parlamentaria del bloque Pro reclamará que se le tome juramento al dirigente fueguino. Será en el inicio de la sesión, luego de que se haya alcanzado el quórum necesario para sesionar. A menos que en Labor Parlamentaria acuerden otra cosa.

Un grupo de diputados nacionales, que integraron el disuelto interbloque Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo de la Nación que declare organización terrorista a “El tren de Aragua”, una agrupación venezolana vinculada al chavismo. Asimismo, exigen la inmediata inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

La iniciativa fue encabezada por la diputada del Pro Silvana Giudici y acompañada por Karina Banfi, de la bancada radical, y por Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica. También, avalaron el texto Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Damián Arabia, María Sotolano, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Verónica Razzini, entre otros.

Así las cosas, detallaron en los fundamentos que “las reformas introducidas permiten actualizar las capacidades del Poder Ejecutivo Nacional de identificar y declarar como ‘Organización Terrorista’ a determinadas personas, grupos u organizaciones criminales según lo establece el decreto 918/12 el cual faculta a declarar como terrorista a toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de sus funciones si tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional”.

Del mismo modo, expresaron: “El Tren de Aragua, es una organización criminal originaria de Venezuela, que ha demostrado ser una de las agrupaciones más peligrosas y expansivas de América Latina”. En ese punto, vincularon a la organización de llevar a cabo actividades ilícitas que incluyen el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la minería ilegal y el secuestro”.

“Esta organización ha logrado consolidar un control territorial que va más allá de las fronteras venezolanas, transformándose en una amenaza global que cuenta con el cobijo y la complicidad del Régimen de Nicolas Maduro”, señalaron.

Por otro lado, los diputados nacionales firmantes del proyecto advirtieron que “la expansión del Tren de Aragua ha tenido un impacto devastador en la seguridad y el orden público de la región en países como Chile, Colombia, Perú y Brasil, donde ha generado un aumento significativo de la violencia”. Agregaron, además, que “la brutalidad con la que operan, incluyendo asesinatos, secuestros, torturas y amenazas, ha sembrado el pánico en las comunidades locales y ha desbordado las capacidades de las autoridades para responder adecuadamente”.

Por último, reiteraron que “este reconocimiento permitirá la adopción de políticas de sanciones más severas, la cooperación internacional reforzada y la movilización de recursos para contrarrestar su expansión y mitigar sus impactos en la seguridad de América Latina y el mundo”.

Tras la publicación del comunicado del Pro con duras críticas al Gobierno por no incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el proyecto de Presupuesto 2025 y en el que se cuestionaba a la Casa Rosada por tener “ falta de vocación de diálogo”, integrantes del bloque amarillo en la Cámara baja salieron a desmarcarse públicamente del espíritu del texto.

Según trascendió, sólo estaban al tanto de la publicación del comunicado Mauricio Macri, quien como jefe del partido dio el aval para su difusión; su principal asesor, el ex secretario de la Presidencia Fernando de Andreis, y su primo y jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Ni los gobernadores como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; ni el propio Cristian Ritondo, jefe de bloque de Diputados, fueron consultados.

El enojo de los gobernadores tiene que ver con que son ellos los que negociaron todo el año, fondos para sus provincias con un Gobierno que administró un presupuesto de prórroga y que retaceó recursos a la mayoría de las administraciones. Aun así, en los últimos meses la relación entre los dos mandatarios del Pro con el Gobierno mejoró, a partir de acuerdos puntuales que se cerraron.

Ritondo es otro de los que se molestó por no haber sido informado y por ser quien representa a los 38 diputados del partido en el Congreso de la Nación, donde se van a debatir los proyectos que mandó el Gobierno para las extraordinarias a partir del 20 de enero. Como jefe de bloque, su peso específico es muy importante, ya que es el puente clave en la negociación con el Gobierno y con el propio Javier Milei, con quien en este último año construyó una relación de amistad.

Dentro del bloque, fue la diputada Silvana Giudici la primera en blanquear su enojo, con un tuit que publicó: "Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el gasto, nos alejamos de esa meta, no ayudaríamos a cambiar definitivamente el país como propusimos desde el Pro en la última campaña presidencial”.

El déficit cero y la baja de la inflación se lograron a pesar de la obstrucción y el bombardeo de la oposición k y sus aliados NADA dialoguistas. Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el… https://t.co/pcGrAMnL3d

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 13, 2025

El diputado Fernando Iglesias expresó respecto de la decisión del Ejecutivo al armar el temario para extraordinarias que “no es una actitud autoritaria, se mueve dentro de la ley, tiene todo el derecho de hacerlo”.

"En este momento en el cual todo está aún, a pesar de los buenos resultados, agarrado con alfileres, y donde ha sido claro que hay un grupo muy consistente en las dos cámaras que quieren trabar al Gobierno, romper el déficit cero, y me parece una medida que no merece calificarse de autoritaria. Después cada cual puede tener su opinión", agregó.

En vísperas de la visita del presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, la diputada Silvana Giudici promovió, como presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela, la firma de una declaración de bienvenida al país. González Urrutia se reunirá este sábado con el presidente argentino, Javier Milei.

En la misma, los integrantes del GAP expresan su beneplácito por “el recibimiento de Edmundo González Urrutia por parte del Gobierno nacional como el legítimo presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela en los comicios realizados el pasado 28 de julio de 2024”, y respaldan los esfuerzos nacionales para promover la restauración pacífica de la democracia en Venezuela.

“La alternancia democrática pacífica es un principio institucional que debemos defender para evitar que políticos de corte autoritario o dictatorial impidan el ejercicio de la soberanía popular y se perpetúen de forma ilegítima en el poder”, señala la declaración.

En ese sentido, los diputados reafirman que “la decisión del pueblo venezolano ha sido clara al elegir a Edmundo González Urritia como presidente, mientras que la actual dictadura de Nicolás Maduro niega el derecho de los venezolanos a ser gobernados por quien eligieran en las elecciones y desconoce las manifestaciones de la comunidad internacional con relación al fraude electoral perpetrado en las mismas”.

“Ha quedado en evidencia que este tipo de gobiernos dictatoriales como el de Nicolás Maduro es contrario al ejercicio y la defensa de los Derechos Humanos, las libertades civiles y el respeto a la diversidad de opiniones y principios políticos. Detenciones arbitrarias, presos políticos, represión contra opositores y censura de toda opinión distinta a la del Régimen son los ejemplos más claros de este tipo de violaciones”, agrega la declaración que suscriben , además de Giudici, sus pares Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Karina Banfi, Alejandro Bongiovani, Marcela Campagnoli, Sergio Capozzi y Maximiliano Ferraro.

Recuerdan los legisladores que la Argentina “se ha pronunciado repudiando y denunciando las constantes violaciones a los derechos humanos, y hemos acogido a cientos de miles de venezolanos exiliados cuyas familias aún padecen el rigor del régimen de Nicolás Maduro”.

“Reiteradamente asistimos a la violación de tratados internacionales mediante el hostigamiento a nuestros diplomáticos, las personas a quienes como nación les concedimos asilo político y contra la sede diplomática de la República Argentina en Caracas. Pero aún más grave es el actuar mafioso que pretende mediante el secuestro y toma como rehén del ciudadano argentino Nahuel Gallo, impedir pronunciamientos a favor de las autoridades auténticamente electas. Es repudiable este tipo de chantajes y exigimos que se libere de manera inmediata a Nahuel Gallo y a todos los detenidos por razones políticas que hay en Venezuela”, agregan los legisladores nacionales.

Por último, instan a “quien hoy usurpa la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, facilitar y garantizar su regreso al país e iniciar un proceso de transición democrática con todas las garantías del caso”.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro) presentó un proyecto de ley para crear el sistema de alerta móvil (SAM) para la difusión de mensajes de alerta masiva a toda la población o parte de ella mediante redes de comunicaciones móviles, para zonas afectadas o posiblemente alcanzadas por una emergencia o catástrofe, de origen natural o derivados de la actividad humana.

El alcance del SAM podrá ser local, regional o nacional y su activación se realizará a través del sistema de alerta temprana en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) establecido por la Ley 27.287.

Según el proyecto, el SAM tiene como objetivo la difusión de la alerta a través de mensajes de texto cortos sobreimpresos en las pantallas de los dispositivos móviles y precedidos de un sonido inequívoco, en tiempo real y con la finalidad de proteger a la población en la prevención y respuesta ante situaciones de inseguridad y/o emergencias que requieran un abordaje inmediato y urgente por parte de las autoridades y/o servicios competentes.

A propósito de las últimas e inesperadas tormentas, es importante seguir insistiendo en la necesidad de sancionar una ley para que todos los celulares, no importa modelo o plan de datos, conectados o no, reciban una alerta inmediata en caso de catástrofe o evento climático que… pic.twitter.com/pQWx4wA5uo

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 2, 2025

También propone que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Seguridad de la Nación que deberá elaborar protocolo de métodos y criterios para la activación del SAM, identificando un procedimiento en casos de máxima urgencia; listado de entidades y/u organismos que pueden solicitar la activación de un mensaje a través del SAM; formularios y procedimientos de solicitud de activación de mensajes; metodologías para la autorización y difusión de los mensajes SAM; procedimientos de almacenamiento y resguardo de datos recopilados que resulten a través de su uso y procesamiento, como parte del funcionamiento del sistema SAM, de conformidad con la legislación vigente sobre manejo y protección de datos personales; realización de actividades de capacitación y concientización a la población sobre el SAM.

Además, plantea que las redes y sistemas que contemplen componentes de instalaciones o equipamientos indispensables en relación a la operación del SAM deberán asegurar la continuidad de su funcionamiento en situaciones de emergencia, por plazo no menor a 48 horas, ante fenómenos de la naturaleza considerables, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe y/o emergencia.

Al respecto, aclara que en ningún caso podrá ser utilizado para emitir mensajes de naturaleza comercial y/o política y tampoco emitir mensajes relacionados a cuestiones de seguridad no oficiales ni públicas.

En caso de existencia de áreas carentes de cobertura donde no resulte factible la implementación del SAM, propone que las provincias y municipios garantizarán -ante la solicitud de un operador-, la celeridad en la concesión de la licencia urbanística y/o permisos necesarios para la instalación de la antena y el equipamiento asociado en un periodo menor a seis meses.

El último fin de semana el Congreso fue noticia no por leyes o debates, sino por el hallazgo de un dron en una de las terrazas del Palacio Legislativo. Vale destacar que el procedimiento por el cual se consiguió dar con el aparato se llevó a cabo a partir de la denuncia de los supuestos propietarios del dron, tres ciudadanos rusos que se presentaron ante el personal de seguridad, que a partir de lo dispuesto por la titular del Senado, Victoria Villarruel, dispuso el inicio de un operativo en cuyo marco dieron con el aparato.

El tema quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, que abrió una causa caratulada “intimidación pública”, en la cual serán interrogados las personas que participaron del operativo de búsqueda, como así también los rusos que denunciaron la pérdida.

Lo cierto es que el aparato tiene capacidad para filmar videos, como así también grabar audios. Y los que tomaron nota de lo sucedido el fin de semana y no quisieron dejar pasar desapercibido el hecho fueron del equipo de la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici.

Así lo hizo saber el jefe despacho de la diputada, Sebastián Aurucci, quien a través de su cuenta de X advirtió que el pasado 25 de octubre recibieron en las oficinas de Giudici al embajador de Ucrania, Yurii Klymenko. Días después de la reunión notaron la presencia de un pequeño dron blanco filmando frente a las ventanas de ese despacho y siguió sobrevolando el Anexo de Diputados por varios días.

Claramente el tema amerita una investigación, ya que dadas las circunstancias no puede ser un tema que se tome a la ligera.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este jueves el despido de un centenar de trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), que quedará reducida a unos 40 empleados. Se trata de un organismo que para el Gobierno fue creado por el kirchnerismo “para doblegar al periodismo independiente”.

“Desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias (muchas repetidas con el mismo texto por centenas) en contra de periodistas críticos del kirchnerismo”, precisó el funcionario a través de X, donde destacó que “entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo”.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual fue creada por la Ley de Medios aprobada en 2009 durante la gestión de Cristina Kirchner, y tenía por objeto recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios. “La resolución 107 baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”, expresó este jueves Sturzenegger.

Especialista en medios, la diputada del Pro Silvana Giudici destacó que este organismo creado por la Ley 26522 fue, desde su concepción, una herramienta destinada al “monitoreo y tutelaje de las audiencias”. Agregó que el origen, implementación y crecimiento exponencial del organismo “siempre estuvo reñido con la libertad de expresión, agravándose inconstitucionalmente además, a partir de la creación de Nodio, un ‘observatorio’, que intentó extender el control de contenidos periodísticos a las redes sociales”.

Para Giudici, es una “excelente noticia la no renovación de un centenar de contratos de amigos, militantes y parientes de las ex titulares del organismo”.

Empero, advirtió que el debate debe ir más allá: “Debemos disolver el organismo para eliminar definitivamente la supervivencia de ideas antiguas y totalitarias sobre el control de la tarea periodística o de la intervención del estado sobre la formación de la opinión pública”, sostuvo la diputada del Pro

“Espero que durante el próximo año parlamentario podamos tratar el proyecto que presenté ni bien asumí nuevamente como diputada. La 26.522 debe ser modificada a fin de barrer cualquier vestigio de imposición de hegemonía estatal sobre la comunicación social, la libertad de elección de las audiencias y la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos”, concluyó Giudici.

Con la confirmación por parte del vocero presidencial Manuel Adorni de a la convocatoria a sesiones extraordinarias, la secretaria Palramentaria del bloque Pro, Silvana Giudici, se refirió al adelanto del temario mencionado por el portavoz en X y consideró que “discutir fueros sin discutir ficha limpia es un poco extraño”.

Tal como lo planteó en la sesión preparatoria de este miércoles, la diputada del Pro dejó en claro que Ricardo Garramuño "debe ser" quien ocupe la banca de Héctor “Tito” Stefani, en el marco de una disputa judicial que involucra también a la Unión Cívica Radical que reclama ese lugar en nombre de Dalila Nora. Así las cosas, alertó que “la Cámara está entrando en desobediencia si no toma ese juramento”.

Entrevistada por parlamentario.com, Giudici, quien es una referente dentro de la bancada del Pro en Diputados, destacó el primer año de gobierno de Javier Milei: “Nosotros, como parte de este esquema, hemos sido vitales para las herramientas que el presidente necesita, y también tenemos nuestra propia agenda que está vinculada a los temas institucionales”.

Del mismo modo, añadió: “El Pro ha sido un protagonista fundamental para que eso pase y me parece que cierra un año muy bueno, desde el punto de vista parlamentario, y desde el punto de vista de la gestión de un gobierno que viene a sacar a la Argentina del pozo en el que nos metió el 'plan platita' de (Sergio) Massa y las gestiones del kirchnerismo empobreciéndonos y generando que la Argentina sea un país inviable”.

Por otro lado, lamentó que ficha limpia no haya tenido media sanción en el final del período ordinario y cuestionó a los bloques supieron formar parte de Juntos por el Cambio: “Jamás pensamos desde el Pro que muchos de los bloques que entraron como Juntos por el Cambio con nosotros se opusieran a un proyecto que estuvo en la campaña electoral de nuestros dos candidatos”.

- Se conoció el temario de sesiones extraordinarias y ficha limpia no figura. ¿Qué sensación tienen al respecto?

- La verdad es que vimos el temario que puso Adorni en Twitter, pero no sabemos cuál es el contenido de los proyectos. La verdad que discutir fueros sin discutir ficha limpia es un poco extraño. De hecho, una buena ley de fueros podría incluir alguna cláusula para evitar que los condenados en segunda instancia pudieran tener fueros. Queremos ver cuál es la redacción de lo que el Gobierno va a mandar como mensaje del Ejecutivo.

- ¿Qué reflexión le merece lo que pasó con ficha limpia?

- La primera sesión fue un ensayo de lo que iba a pasar. Ese momento del juego de la silla, cuando algún diputado se sentó y otro se levantó... estaba claro que de esos 129 que se habían juntado, 128 a las 12.30, muchos de ellos no iban a votar a favor; entonces tampoco hubiera habido, creo yo con esos números tan ajustados, una posibilidad de tener media sanción. Me parece que es una ratificación de eso: que no había voluntad política para avanzar con ficha limpia y jamás pensamos desde el Pro que muchos de los bloques que entraron como Junos por el Cambio con nosotros, se opusieran a un proyecto que estuvo en la campaña electoral de nuestros dos candidatos.

- Se echó a correr la posibilidad de que hubo un acuerdo entre el Gobierno y Unión por la Patria. ¿Comparte ese pensamiento?

- No. La verdad que no creo que eso conduzca a nada. Con el kirchnerismo no se puede acordar nunca y el Gobierno lo tiene presente. Más allá del consenso en alguna cuestión puntual en el Senado, se puede conversar, el presidente Milei es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que con el kirchnerismo no se puede acordar nunca.

- Tampoco está incluido, en el temario extraoficial el presupuesto. ¿Tienen la convicción de que no va a ser incluido?

- Es que no sabemos cuál es el temario. Hasta ahora es un tuit con temas que puso el vocero. Cuando tengamos la convocatoria formal, vamos a opinar. A mí me parece que era una buena oportunidad para tratar el presupuesto y que de hecho, desde el Pro nosotros siempre nos comprometimos con votar un presupuesto con déficit fiscal cero y seguimos tratando de sumar voluntades para que eso pase, pero si no está en la convocatoria a extraordinarias, no se podrá tratar.

- Si no se incluye, ¿qué representa institucionalmente el hecho de que por segundo año consecutivo no se trabaje con presupuesto?

- Nosotros creemos, y siempre, en mi caso, trabajé para que los gobiernos tengan la “ley de leyes” en tiempo y forma, porque eso marca un camino de un país previsible y le da mayores herramientas al Gobierno para poder gestionar. Si se pierde esa oportunidad de tener el Presupuesto 2025, significa algo negativo para la confianza que el país requiere como nos plantamos ahora con la comunidad internacional con otro valor. La verdad que el gobierno está haciendo mucho por recuperar la confianza en el país: equilibró la macro, bajó la inflación, la política cambiara es estable y darle el presupuesto era un esfuerzo que deberíamos haber hecho todos los bloques. Por supuesto que hay sectores que están boicoteando para que no que haya presupuesto porque como decía el kirchnerismo va a utilizar todas las estrategias para debilitar al gobierno y espero que en algún momento se pueda tratar.

- ¿Qué balance hace de cara a la recta final del año y de este primer año de esta gestión?

- Fue disruptivo, fue difícil para los que venimos de espacios políticos tradicionales, entender mucha de las estrategias o quizás de los planteos parlamentarios que hacía el Ejecutivo, pero hoy podemos decir que terminamos un año con actividad parlamentaria muy buena, con leyes sancionadas, con un Congreso que ha trabajado en comisiones mucho más que en años anteriores y un gobierno que supo generar las condiciones para la gobernabilidad, por supuesto en ese esquema, el Pro ha sido un protagonista fundamental para que eso pase y me parece que cierra un año, desde el punto de vista parlamentario, muy bueno y desde el punto de vista de la gestión de un gobierno que viene a sacar a la Argentina del pozo en el que nos metió el “plan platita” de Massa y las gestiones del kirchnerismo empobreciéndonos y generando que la Argentina sea un país inviable, en un año lo que ha hecho este gobierno, me parece que es valorable y tenemos que tomarlo como un balance positivo. Por supuesto que hay que trabajar temas que tienen que ver más con los valores democráticos que tiene que tener una república y por eso, creo que nos quedan pendientes de este año todo el tema de Acceso a la Información Pública. Hay que trabajar esos puntos porque un gobierno en minoría que tiene que imponerse por sobre sectores destituyentes que en abril invitaban a comprar pochoclos para ver cómo se caía el gobierno, bueno, es lógico que tenga que ir a esta velocidad, pero espero que el año que viene se puedan trabajar más estos temas que tienen que ver con la institucionalidad, los derechos y las libertades individuales, sobre todo el rol de la libertad de expresión y la tolerancia en cuanto a lo que hace una república que tiene que tener estos valores que son fundacionales y tolerancia al disenso.

- El presidente se refirió de manera crítica con un tuit a “esos mediocres y tibios que claman por las formas, parece que fueran ser muy opositores al kirchnerismo, pero perdieron siempre”. Muchos interpretaron que se refería a sus aliados; ¿qué responde ante eso?

- No lo entiendo así. El presidente tiene una percepción propia a los sectores de lo que fue Juntos por el Cambio en su convivencia en el Congreso y estoy segura que no fue para el Pro ni a ninguno de sus dirigentes.

- Usted mencionaba lo de gobiernos en minoría y la primera experiencia en 100 años fue la de Cambiemos, justamente, y esta es la segunda. ¿Piensa que este gobierno tomó enseñanzas de esa primera gestión del 2015 al 2019?

- El Pro fue fundamental, durante todo este año, en viabilizar las propuestas que el Ejecutivo necesitaba del Congreso. Así que, todo esto es el capital que hemos aportado como un sector que, si bien no es oficialismo, cuida la gobernabilidad del gobierno de Milei. No solamente aprende de la gestión pasada, si no que se funda, este nuevo gobierno, en muchos de los postulados del gobierno de Mauricio Macri y muchos de sus funcionarios porque Sturzenegger, Patricia Bullrich y “Toto” Caputo eran parte de ese gobierno, obviamente que tiene la gestión de Milei, con su impronta, su decisión política y su propia agenda, también tiene aspectos que fueron implementados por primera vez en el gobierno de Mauricio Macri desde la política de seguridad, el combate contra el narcotráfico, temas de apertura económica, pero por supuesto, este es un gobierno que tiene su propia impronta, que tiene a un presidente muy disruptivo que va a una velocidad impresionante. Y eso se valora también porque creo, como te decía, con todos los ánimos destituyentes que hubo durante este año en el Congreso desde negarle la Ley Bases hasta un montón de otros temas como por primera vez voltear a un DNU a un presidente desde la recuperación de la democracia, es la primera vez que pasa y esas cosas, creo que entonces que el plus de Milei son sus características especiales y la velocidad a la que implementa los cambios. La verdad que cuando te pones a mirar que en un año bajó la inflación de 25 a casi 2, mantuvo el dólar estable cuando todos decían que se iba a ir a 5.000 pesos y, además, hay déficit cero y empiezan las inversiones a llegar y las variables económicas a despegar, me parece que es un gobierno que ya en sí mismo en un balance de un año pude hacer una diferencia en cuanto a la valoración de la sociedad y, de hecho, las encuestas lo acompañan. Dicho esto, nosotros como parte de este esquema hemos sido vitales para las herramientas que el presidente necesita también tenemos nuestra propia agenda que está vinculada a los temas institucionales, en mi caso en todo lo que tiene que ver con la relación con los medios, los periodistas y el acceso a la información pública.

- La vimos con gran protagonismo en el final de la sesión por el hecho de la banca de Héctor “Tito” Stefani. ¿Qué es lo que va a pasar ahora?

- La discusión es clara: tiene que asumir Garramuño. La próxima oportunidad que se configure el quórum, tendrá que asumir. A mí me parece muy peligroso lo que pasó ayer, porque es la segunda sesión en la que Garramuño está en condiciones de asumir con una sentencia ejecutoria de la Cámara Nacional Electoral y me parece que la Cámara está entrando en desobediencia si no toma ese juramento. Y la verdad que el kirchnerismo, que es el bloque mayoritario, levante a sus diputados e impida el juramento de un diputado electo, a mí me parece que es muy grave.

Completadas las designaciones de todas las autoridades durante la sesión preparatoria de este miércoles, la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici, pidió la palabra para pedir que se le tomara juramento a Ricardo Garramuño, para completar el mandato del fallecido Héctor Stefani, tal cual había anticipado parlamentario.com.

La legisladora invocó los artículos 48 y 64 de la Constitución nacional y los artículos 3 y 11 del reglamento del Cuerpo, para que el presidente de la Cámara procediera a tomarle juramento, siguiendo la sentencia ejecutoria y la doctrina pacífica que se ha establecido en otros años, sobre todo en los casos de mayo 2020, con el caso Larroque, y el reemplazo de agosto 2020, cuando Guillermo Carnaghi asumió en lugar de Darío Martínez. “Estimo que es el momento justo, dado que hemos terminado con la jura de autoridades, que usted le tome juramento al diputado electo Ricardo Garramuño”, señaló Giudici.

A continuación, la diputada del MID María Cecilia Ibáñez tomó la palabra por otro tema: para pedir un minuto de silencio por el exministro de Infraestructura de esta gestión, Guillermo Ferraro, quien falleció durante esta jornada. En ese marco, le envió su cariño a Flavia Alemann, directora General de Prensa y Comunicación de la Cámara baja y esposa de Ferraro. “Hoy es un día triste, porque un hombre de bien ya no está acá”, dijo Ibáñez.

En el mismo sentido se pronunció Germán Martínez, quien recordó que Ferraro fue “un funcionario importante de Antonio Cafiero” durante su gestión como gobernador, al tiempo que Eduardo Valdés también expresó su pesar por quien fue un compañero suyo de militancia durante su juventud. “No sabía que estaba enfermo, estoy muy conmocionado… una buena persona”, lo definió.

También intervino Marcela Coli, quien pidió también un minuto de silencio por el exdiputado nacional pampeano Juan Carlos Oliveros.

Antes de que se procediera con ese pedido, los diputados volvieron al tema de la sucesión del diputado Stefani. El presidente del bloque UCR, Rodrigo de Loredo, expresó la “categórica oposición y reserva” hacia el juramento de Garramuño. “Creemos que la banca le pertenece a Dalila Nora”, explicó, argumentando que la causa está en sede judicial y no está firme. Hubo una resolución de primera instancia que favoreció a la dirigente radical, el fiscal de alzada también opinó en el mismo sentido, mientras que la Cámara Nacional Electoral falló favoreciendo a Garramuño, pero con un voto en disidencia. Como Dalila Nora presentó un recurso ante la Corte, De Loredo reclamó esperar antes de tomarle juramento a Garramuño.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño planteó la posición de su bloque, favorable a la asunción de Garramuño. Recordó la existencia de un fallo judicial que agotó la vía ordinaria, y sostuvo que la Cámara debía resolver el tema y no dejarlo en manos de la justicia. “Falleció un varón, tiene que entrar un varón”, explicó, aclarando que “somos responsables en esta Cámara de cerrar el tema así”. Planteó que la Cámara Nacional Electoral “es la última instancia en temas electorales” y dijo que “no hay un conflicto entre poderes, sino entre privados, y tenemos que interpretarlo en este recinto”.

Una posición inversa fue la que expuso a continuación la radical Carla Carrizo, para quien no se estaba discutiendo “una cuestión de partidos; es una cuestión de derechos. Estamos construyendo la práctica de la equidad en el Congreso nacional. Si se apeló a la Corte, hay un proceso judicial abierto y tenemos que respetarlo”.

Volvió a hablar Giudici, para invitar a todos a revisar los expedientes. “Hay un acta de proclamación de (los diputados) Yutrovic y Stefani, y los demás son todos suplentes. Esa sola acta de proclamación de las listas hace que la persona que tenga que asumir sea Garramuño. Luego la Cámara Electoral entiende lo mismo y determina en el ámbito ordinario, así que se agotó esa instancia”, sostuvo Giudici, aclarando que la jura por parte de Garramuño ya tendría que haberse cumplido en la sesión anterior.

También respaldó la asunción de Garramuño Juan Manuel López, quien aclaró que ante la paridad de género ha quedado claro que en Diputados no se distingue entre suplentes y titulares, cosa que sí ocurre para los reemplazos en el Senado. Y de acuerdo con el reglamento, remarcó que el diploma de Garramuño no tiene impugnaciones, cosa que también obra en favor del fueguino.

A continuación, Fernando Carbajal aclaró que como la decisión de tomarle juramento implica un acto de convalidación del título, “esto requiere que haya quórum”.

Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz dijo que a su juicio “el principio de división de poderes le da a la Cámara el poder resolutorio. “Los avatares de la justicia no cambian la suerte; le toca a esta Cámara decidir cuál es el diputado que tiene que ingresar”, remarcó, considerando que le correspondía a Garramuño, “porque nos ampara la Constitución, porque lo establece el reglamento y porque la reglamentación de la ley es plausible para llegar a este resultado”.

Cerró el debate Giudici, quien recordó el acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria para tomarle juramento, y planteó que en la sesión del 29 de noviembre del 89 se debatió un caso similar. “Es imprescindible que la Cámara tome juramento al diputado Garramuño, que tiene una sentencia ejecutoria, no se otorgó el recurso extraordinario”. Y tras aclarar que no estaban menoscabando la paridad de género, ni la capacidad de la mujer demandante, correspondía que asumiera el varón.

Con todo, reconoció que no había quórum, y se quejó de la ausencia de sus pares, por lo que pidió que se tomaran las asistencias, “porque el impedimento de jura del diputado Garramuño deberán responderlo los que hoy decidieron levantarse de sus bancas. Esta Cámara entra en desobediencia si por segunda vez se le impide la jura al diputado que está presente en el palco de autoridades”.

Como ya no había quórum, Martín Menem dio por caída la sesión, no sin antes cumplir con el minuto de silencio pedido previamente.

Al defender el dictamen de minoría sobre la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las plataformas de apuestas online, la diputada del Pro Silvana Giudici pidió "respetar a las autonomías locales, a los institutos del juego locales".

"Coincidimos con muchos puntos del dictamen de mayoría, lo que no queremos es que se nos acuse de trabar. Lo que estamos tratando de impulsar es el sentido común", expresó en su discurso la legisladora, quien protagonizó un duro cruce con el cívico Maximiliano Ferraro el día que se firmaron los despachos en comisiones.

Giudici afirmó que desde su bloque están "a favor de la regulación de la ciberludopatía y no queremos publicidad de los sitios de apuestas". Sin embargo, señaló: "Todos queremos lo mismo, que nuestros niños, niñas y adolescentes no apuesten, que el juego ilegal no esté libre, pero si nos focalizamos en otros aspectos va a generar lo contrario".

"El juego en la Argentina a escala masiva, en cada una de las provincias, llegó de la mano del mayor rey del juego, Cristóbal López, por eso me extraña que se habla de lobby y de quién vota por quién", lanzó.

En su intervención durante la sesión de este miércoles, la diputada sostuvo que "es importante trabajar en todos los canales donde los chicos terminan cooptados para esta adicción, que se está llevando cada día mayor cantidad de jóvenes y familias que no pueden salir de este círculo vicioso, que empieza por la ludopatía y después termina en otros consumos problemáticos".

En esa línea, aportó datos de una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que revela que uno de cuatro jóvenes entre 12 y 19 años ya ha hecho una apuesta online por lo menos una vez.; el 48% declaró haberlo hecho desde la casa y el resto en la escuela.

"A través de nuestro dictamen de minoría proponemos controlar la publicidad y regularla; que se combatan las plataformas de manera efectiva", dijo y detalló que hay "14,6 millones de usuarios de plataformas de juego en Argentina". "El 78% de esos apostadores lo hacen en plataformas ilegales, ahí está en lo que debemos focalizarnos", subrayó.

La integrante del Pro avaló que se contemple el acceso biométrico para que no ingresen menores; la restricción de la publicidad, "para que este problema masivo no se profundice"; y el control parental.

No obstante, destacó que hay gobernadores que "toman medidas ejemplares contra la ludopatía"; y mencionó normas aplicadas en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

"Desde el Congreso tenemos que respetar las autonomías locales, porque se está combatiendo efectivamente y creemos que esta ley tiene que aportar al trabajo en conjunto de cada jurisdicción y no bloquearlo. Necesitamos que esta ley sea efectiva, no que proponga medidas incumplibles", cerró.

En un contexto donde la Inteligencia Artificial y las tecnologías digitales avanzan a pasos agigantados, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) presentó un proyecto para evitar que la voz de las personas pueda ser manipulada, simulada o clonada por Inteligencia Artificial para delinquir.

La iniciativa tiene como fin prevenir y sancionar estas prácticas que pueden generar graves daños a la integridad física o psicológica de las personas a través de la utilización de IA en nuevas modalidades delictivas.

Además, el texto busca brindar una respuesta contundente y preventiva “llenando este vacío legal existente en la legislación argentina, frente al aumento de este tipo de delitos, que ya están siendo regulados en países como Italia y Estados Unidos”.

El proyecto propone incorporar el artículo 117 ter. al Código Penal, estableciendo penas de prisión de hasta 6 años y multas significativas para quienes utilicen estas tecnologías sin autorización del titular de los datos con la intención de causar daño.

También se incluyen agravantes que aumentan las penas cuando se trata por ejemplo del uso indebido de los datos biométricos con la intención de provocar un daño sobre la propiedad o la integridad de las personas como robo de cuentas o secuestros simulando la voz de la víctima. Asimismo, también prevé el proyecto, penar la utilización de imágenes simuladas por IA sin consentimiento.

Giudici, subrayó: “La manipulación de datos biométricos como rostro y voz sin consentimiento representa un grave ataque a la privacidad, la dignidad y los derechos personalísimos de cada persona. Es urgente dotar al sistema legal de herramientas para enfrentar estos desafíos en la era digital”.

Si bien existe la Ley 25.326 que protege de manera general los datos personales, no contempla el riesgo específico del uso de IA para suplantar identidades o cometer este tipo de delitos específicos.

La propuesta que firman también los diputados Hernán Lombardi, Silvia Lospennato, Gabriel Felipe Chumpitaz, Patricia Vásquez, Sergio Eduardo Capozzi, Aníbal Tortoriello, Sofía Brambilla, Marilú Quiroz, Nancy Ballejos y Verónica Razzini.

La diputada nacional Silvana Giudici, en su carácter de presidente del Grupo Parlamentario de la Amistad con Venezuela, junto al diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Karina Banfi y el diputado Maximiliano Ferraro, recibieron este jueves en el Congreso de la Nación el informe Técnico Electoral final de los comicios venezolanos del 28 de julio pasado.

En las actas originales traídas desde Caracas fueron presentadas por Adriana Flores Márquez, representante en Argentina del comando de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, se certifica el resultado abrumador que tuvo en las urnas la oposición venezolana.

La presentación del Informe Tecnico Electoral estuvo a cargo de Gustavo Silva miembro del equipo electoral del comando de Venezuela, quien estuvo acompañado por el diputado venezolano Richard Blanco y distintos dirigentes venezolanos entre ellos Elisa Trotta y Wilfredo Ustariz.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados. Gustavo Silva, conectado desde Chile de manera virtual, agradeció el encuentro.

Por su parte, la jefa del comando electoral de María Corina Machado, Adriana Flores, destacó la lucha del pueblo venezolano y señaló que “la Argentina es un país que siempre ha sido solidario con nuestras causas”.

En representación de la Comitiva de Venezuela asistieron Walter Molina, Gabriel Andrés Bastidas Parra, Víctor Navarro, Jorge Peñalver Sampson, Veruska Hernández, José Enrique Lozada, Maricel Carreño, María Teresa Virguez, Rosangel Abreu y Rafael Henríquez.

La diputada nacional Carla Carrizo, del bloque Democracia para Siempre, presentó un proyecto de resolución para crear una Comisión de Ética y Disciplina en la Cámara de Diputados de la Nación destinada a elaborar recomendaciones sobre orden, ética, transparencia y el buen comportamiento de los legisladores.

"Lo que ocurrió ayer en el plenario de 5 comisiones entre la diputada nacional Silvana Giudici del Pro y el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, mientras se debatía sobre ludopatía en niños y adolescentes en el país lamentablemente no es ya una excepción o un caso aislado sino que últimamente se ha transformado en una práctica que muestra agresión y violencia verbal en lugar de discusión informada y tolerancia que es lo que la casa de las leyes debería transmitir a la ciudadanía", agregó la diputada radical.

La nueva comisión, que debería funcionar dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estaría integrada por 15 miembros designados en representación de los distintos bloques y entenderá en todo asunto relacionado con las facultades disciplinarias de la Cámara en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y en los deberes de comportamiento ético de los diputados vinculados a las inobservancias de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Además, necesitará para funcionar de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptará sus acuerdos con la mayoría de sus integrantes y se reunirá ante la convocatoria que realice el presidente de la Cámara o de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La facultad disciplinaria prevista por el artículo 66 de la Constitución Nacional, deberá por supuesto sustanciarse atendiendo a los principios de legalidad, debido proceso, defensa en juicio, presunción de inocencia y proporcionalidad o razonabilidad de la sanción.

“No se representa de cualquier modo porque, en democracia, la autoridad debe poder enseñar.  Y no alcanza con ser honesto. Uno puede ser honesto y al mismo tiempo ser violento. Y la agresión verbal, como todos lo ven, existe en el Congreso Nacional. Lo increíble es que a 40 años de democracia no funcione en el Congreso Argentino, como sí funciona en otros países democráticos, una comisión de ética y disciplina que penalice distintas formas de agravios, ofensas y formas de maltrato entre diputadas y diputados y entre diputados y personal a cargo", expresó Carla Carrizo.

“Necesitamos urgente un espacio institucional que penalice el mal comportamiento porque hoy no existe esa estructura en la Cámara, y no hay un ámbito donde se puedan canalizar denuncias y fijar reglas, límites y sanciones”, finalizó Carrizo.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Carla Carrizo, Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal.

Un plenario de cinco comisiones dio finalmente este miércoles un paso importantísimo en el trabajo de avanzar con la prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea, al suscribir los dictámenes que habilitan a este tema a ser tratado en el recinto de la Cámara baja.

En efecto, luego de un intenso trabajo a lo largo del presente año, se suscribieron dos dictámenes: el de mayoría, respaldado entre otros sectores por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda; y el de minoría, apoyado por el Pro, La Libertad Avanza y la UCR. Sobre 148 firmas, el dictamen de mayoría reunió 90, mientras que el de minoría tuvo 58.

Fue el corolario de un extenso trabajo legislativo que se vio empañado en parte durante esta reunión, por una durísima discusión plagada de insultos entre quienes fueron voceros de los dos dictámenes puestos a consideración. Cuando la reunión enfilaba hacia su finalización, los diputados Silvana Giudici y Maximiliano Ferraro se enfrascaron en un áspero contrapunto del que tomaron parte otros actores y concluyó con el abandono de la sala por parte de varios de los legisladores que fueron protagonistas de la reunión.

Todo ocurrió en la reunión de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Acción Social y Salud Pública; Comunicaciones e Informática; Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes, donde se pusieron a consideración proyectos de los diputados Gabriela Brouwer de Koning, Maximiliano Ferraro, Silvana Giudici, Constanza Alonso, Marcela Campagnoli y Sergio Acevedo.

En el marco del debate, Margarita Stolbizer apoyó el que luego sería el dictamen de mayoría, aunque admitió que “hubiera preferido algo más sencillo, porque cuanto más cosas ponemos en el dictamen, más se dificulta la posibilidad de conseguir consensos en su camino al Senado”. La diputada reconoció los “enormes intereses” políticos y económicos que hay en juego y “los obstáculos que tendrá este proyecto” de parte de ese tipo de intereses.

Hizo votos porque el proyecto se apruebe antes de fin de año, y advirtió que “no sirve encapricharnos en posiciones personales, sino detrás de un objetivo central que es demostrar que estamos preocupándonos” por este tema.

A continuación, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó los meses de trabajo que demandaron estos proyectos, y valoró la “respuesta transversal de todo el arco político para una epidemia que ha crecido exponencialmente en la Argentina, que tiene que ver con la ludopatía y haciendo foco en la ludopatía infantil-juvenil”.

Ferraro alertó sobre el crecimiento del juego legal y clandestino y detalló los datos de una encuesta de Faro Digital, que marca que el 65% de los participantes conocen a algún joven que sufre algún problema producto de las apuestas. “Este fenómeno se manifestó espontáneamente en nuestro país, porque hubo un corrimiento, con la regulación más estricta que se decidió en Europa, por lo cual vino hacia nuestra región”.

“Nos hubiera gustado muchísimo tener un dictamen de consenso”, dijo, pero cuestionó que durante meses esperaron en vano los aportes de parte de la diputada del Pro Silvana Giudici, que estuvo al frente del otro dictamen. Ferraro dijo que esperaron “que mostrara borradores y propuestas concretas de lo que estaba trabajando, pero no recibimos un solo aporte, salvo algunos del bloque radical”.

Por último, señaló que “entre un dictamen y otro pueden haber muchas coincidencias, pero una de las diferencias sustanciales que tienen que ver con la cuestión de la prohibición de la publicidad. Somos muy claros en que no solamente es la prohibición de publicidad a través de medios de comunicación, sino también con clubes de fútbol, camisetas, vía pública… Estamos equiparándola con lo que fue la base de la prohibición del tabaco”.

Desde Unión por la Patria, la diputada Constanza Alonso lamentó que no hubiera habido un dictamen de consenso, pero remarcó “la necesidad de esta prohibición total de la publicidad” de las apuestas. “Hoy está naturalizado desde muy temprana edad el acceso de los jóvenes a este tipo de plataformas. La naturalización de la publicidad hace que los jóvenes estén permanentemente permeables a caer en este tipo de plataformas”, dijo, informando a continuación que siete de cada 10 chicos, en su entorno tienen a alguien que apuesta. Se ha convertido en un hábito que hoy está afectando la salud mental de los chicos”.

Habló a continuación Silvana Giudici, quien aclaró de entrada que si bien figuraba como autora del dictamen del Pro, habían trabajado desde principios de año en cinco proyectos presentados por su bancada. Y consideró “muy injusto” que se hubiese dicho que “no estuvieron claros nuestros aportes. Un asesor se quejó por escrito de que los aportes no tenían devolución, y cada vez que se circulaba el dictamen de mayoría, venía sin justificación”, apuntó la diputada.

Giudici recordó que “explicamos por qué el dictamen de mayoría es demasiado reglamentarista y extenso, e incurre en algunas cuestiones que pueden llegar a poner en duda la constitucionalidad de la norma”.

Giudici resaltó el trabajo del Pro, la UCR, La Libertad Avanza, y todos los que trabajaron en ese dictamen que definió como “simplificado”, pero de ninguna manera “light”. Al referirse a las diferencias entre ambos dictámenes, dijo que ellos prohibieron la publicidad del juego en todas sus plataformas, de manera directa e indirecta. “Dentro de las competencias que tiene este Congreso”, remarcó, aclarando que “lo que no vamos a hacer es avanzar en cuestiones que puedan limitar o lesionar otros derechos, como la libertad de expresión y contenidos en Internet. No nos parece que haya que regular y limitar de esta manera”, y alertó con que el otro dictamen “abre la puerta a que cualquiera luego de esta ley pueda decir ‘vamos a tratar de que tal o cual persona diga tal cosa’”.

Consideró que estaba mal que la prohibición avanzara sobre internet y las redes sociales, porque “en nuestro país rige suficiente jurisprudencia respecto de la responsabilidad de los intermediarios. Debemos abordar el tema desde la conducta y no avanzar en cuestiones que pueden poner en riesgo la constitucionalidad de la ley”, reclamó.

Criticó también “lo excesivo” en cuanto a la reglamentación por los límites de las tarjetas de crédito, de débito y las billeteras virtuales. “Lo hemos planteado porque lo que hay que penar es al cajero, al intermediario, y pedimos que se incorpore en el dictamen de mayoría”.

También mencionó que el dictamen de mayoría equipara el máximo de la pena prevista con el homicidio imprudente, lo cual “atentaría contra el principio de proporcionalidad de la pena”.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Familias, Roxana Reyes, consideró que estaban dando “un paso muy importante, independientemente de no haber conseguido un dictamen de consenso”. Aclaró que “uno y otro prevén que tenemos que trabajar en prevenir el acceso de la niñez al juego. Es un paso delante de concientización a los padres”.

Agregó que desde la UCR habían acompañado el proyecto de Giudici, que “recibió nuestras propuestas y consideramos que es un dictamen que logra sintetizar lo básico en lo que hay que trabajar, para evitar que se complejice cuando llegue al Senado, o al Ejecutivo”.

Mónica Macha destacó como un hecho “controversial” el reciente nombramiento del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordóñez, ya que fue CEO de Codere, una de las principales empresas de apuestas. No fue la única diputada que hizo hincapié en eso. En su caso, dejó asentada su preocupación porque “es muy difícil pensar que quien se enriquece con estas apuestas vaya a ser quien tiene que velar por nuestra propuesta”.

Eduardo Toniolli alertó sobre el bombardeo de publicidad que a diario se hace en materia de apuestas, y destacó que entre 2021 y 2023, las diez plataformas que más invirtieron en publicidad, pusieron 11 mil millones de pesos, sin contar internet y redes. “Y esto va in crescendo. Todos estos recursos puestos a disposición de incentivar el juego”, dijo, valorando del dictamen de mayoría “que va al hueso. Al huevo de la serpiente”, al plantear la prohibición de la publicidad masiva en plataformas de apuestas de juegos online, sin subterfugios”.

En nombre del oficialismo habló la diputada salteña María Emilia Orozco, quien aclaró que el Ejecutivo nacional está abordando la cuestión, y recordó la participación de funcionarios en las reuniones informativas. Lamentó que “muchas de las observaciones que hicieron no se han tenido en cuenta”, y por eso dijo que apoyarían el dictamen del Pro, con algunas disidencias. Advirtió que “el exceso regulador no contribuye; necesitamos normas simplificadas, no más regulaciones”. Apuntó además que “lo que salga de acá va a ser el camino a seguir por parte de las provincias”.

En ese sentido, Karina Banfi hizo votos porque las provincias puedan adherir a la ley nacional que surja. Especialmente la suya, Buenos Aires, y le dio un toque político al tema al recordar la fastuosa exhibición de un político con fuertes vínculos con el juego al que se vio paseando en un yate “con una prostituta”, referencia que cosechó aplausos.

El fortísimo cruce entre diputados

Ya de cara al final de la reunión intervino, Maximiliano Ferraro pidió la palabra para remarcar el tipo de prohibición que establecía el dictamen de mayoría. “Sin ningún tipo de ambigüedades”, dijo, para diferenciarlo del texto del Pro. Y leyó en ese sentido el artículo 8, que prohíbe “la  publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar, de pronósticos y apuestas deportivas y de apuestas en línea. Quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, la cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro”.

Asimismo destacó la prohibición de “los bonos de bienvenida de juegos de azar y apuestas en línea, como también el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, utilizar su marca o denominación comercial para identificar a una instalación deportiva, estadios, academias deportivas, centros recreativos, espacios públicos, centros de entrenamiento, la promoción de pronósticos deportivos y la colocación de cartelería fija o digital en los campos de juego y estadios. También su difusión en festivales o recitales artísticos o musicales y eventos culturales en general”.

Lo diferenció del otro dictamen, que circunscribe las prohibiciones a su artículo 6°, en el cual “se prohíbe toda publicidad, promoción y  patrocinio de juegos de azar y/o apuestas en línea y de agencias y/o plataformas de juegos de suerte, envite, azar y/o apuestas en línea, tanto de forma directa como indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación

Le contestó Karina Banfi, señalando que “la aclaración del diputado Ferraro oscurece, y acá tenemos que ser muy, muy concretos. Porque para nosotros el planteo detallado abre la posibilidad de que en el futuro, desconocido e incierto, se puedan introducir algunas cuetioines permitidas, porque así lo avala nuestra Constitución en el artículo 19, que dice ‘todo lo que no está prohibido, está permitido’. Por lo cual el concepto de prohibir en manera total directa e indirecta la posibilidad del juego, para nosotros es la mejor redacción”.

Habló a continuación el diputado de UP Rogelio Iparraguirre, quien rescató un planteo de la diputada de izquierda Mónica Schlottahuer, referido al presupuesto asignado al proyecto. “Efectivamente este proyecto está saliendo sin presupuesto”, admitió, aclarando que habían hecho entre los bloques un acuerdo para promover a partir de este jueves en el Presupuesto 2025 la modificación de las alícuotas del juego online. “En una coordinación muy virtuosa, aceptamos correrlo de este dictamen, pero sí incorporarlo a partir de mañana para que existan partidas para financiar este  proyecto de ley”.

Pero encendió la mecha del escándalo cuando advirtió que “no ha habido en ninguna de las reuniones de este plenario, ni ninguna de asesores un solo aporte de algún miembro del Pro o La Libertad Avanza. Tienen otro dictamen porque no están de acuerdo en ponerle el cascabel al gato en este negocio, y están en todo su derecho”.

Fue entonces cuando las voces de fondo que acompañaron toda la reunión se hicieron más fuertes y la diputada Giudici lanzó un exabrupto contra Maximiliano Ferraro, siendo reprendida por la diputada Mónica Frade, que presidía el plenario. “Hijo de puta”, le dijo la legisladora del Pro, ante lo cual Frade replicó: “Le pido que se retire”. Esa expresión generó la inmediata reacción de Ferraro, que salió disparado hacia el lugar donde ella se encontraba.

“Sos un tarado vos, cómo me vas a decir eso”, se le escuchó decir a la diputada del Pro, que tildó a su colega de la Coalición Cívica de “ególatra”. Los cruces siguieron un largo rato, con participación de otros diputados y el constante reclamo de Frade por retomar la calma. Cuando eso se consiguió, la diputada de la CC dijo: “Soy civilizada y no integro un gobierno de locos, así que voy a continuar”.

Retomó la palabra Iparraguirre, concluyó diciendo que esa no era una ley de regulación para menores de edad, sino para la sociedad en su conjunto. Porque los pibes no bajan de un plato volador, el problema es el conjunto de la sociedad, particularmente los adultos”.

Antes de la intervención de los presidentes de las comisiones intervinientes, la radical Carla Carrizo advirtió que no era la primera vez que había agresiones entre colegas, como lo que acababan de ver. Y lamentó que no exista en la Cámara una Comisión de Ética, o de Disciplina, que mocionó constituir para evitar situaciones como la que acababan de vivir.

Pido las disculpas correspondientes por haber participado, junto a otra colega, en una conducta que no está a la altura del debate que nos demanda esta Honorable Cámara de Diputados.

De la misma forma y en el mismo espíritu espero las disculpas pertinentes por la infundada y…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) November 13, 2024

Sobre el final, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin advirtió sobre las dificultades de avanzar con una ley que necesita del Estado “con un Gobierno que dice que el Estado no es importante. Y se necesita un Estado para regular”. Le apuntó al oficialismo al señalar que “es difícil acompañar un dictamen cuando tenés que valerte del ENACOM, que tiene que controlar las plataformas, cuando quisiste cerrar todas sus sedes en las provincias”.

“Necesitamos que el Estado nacional entienda el rol que tiene como rector del sistema de salud argentino. Ojalá podamos en la sesión juntar las diferencias y lograr una media sanción”. El camino demuestra que cuando el tema es de importancia para la sociedad, los diputados conseguimos resultados”, cerró el diputado tucumano.

La agitada reunión concluyó con las palabras de Mónica Frade, que valoró que estaban cerrando un período de varios meses, que constituyó “un verdadero desafío”. Detalló que habían tenido desde mayo 37 expositores, 4 jornadas y otras tantas reuniones de asesores.

“Cuando dispuso esta cámara que iba a tener que presidir cinco comisiones, tuve claro que el oficialismo no quería este proyecto”, advirtió Frade, que recordó que la Ley de Bases “la tratamos con solo tres comisiones, y repasamos todo el Derecho argentino”. Con todo, reconoció que la situación “se pudo salvar gracias a la colaboración de los presidentes de las comisiones que aceptaron el desafío de hacer estos plenarios en conjunto”.

La diputada de la CC dijo que “tratar de consensuar con 150 diputados una ley no me resultó fácil. Muchos me tildaron de intolerante; si hubiera sido intolerante, no hubiéramos llegaod hasta acá. Una ley no puede contentar a todos; la Coalición Cívica tuvo que renunciar a la regulación de bingos y casinos… Resignamos posiciones”.

Por último se comprometió a que “todos aquellos que hayan hecho disidencias, las podamos trabajar de acá a que el proyecto llegue al recinto, para llegar a una ley que sirva”.

La diputada Silvana Giudici criticó duramente a Beatriz Anchorena, directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, afirmando que desde su asunción en 2022 no ha hecho más que emitir normas que restringen el acceso a la información y la transparencia activa.

“El origen de las restricciones al acceso a la información pública establecidas por el Decreto 780 se encuentra en la Resolución 80/24, emitida por la propia directora de la AAIP, Beatriz Anchorena. No puede ahora desconocer su responsabilidad en la elaboración de esa norma”, sostuvo.

En referencia a la presentación de Anchorena ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Giudici expresó: "La titular de la Agencia sostiene que sus objetivos son promover y fortalecer el acceso a la información pública y mejorar las condiciones de los datos personales, pero quiero desmentir que esos objetivos se hayan cumplido. Traigo datos que lo demuestran, y llevamos años luchando por la libertad de expresión y la protección de los datos personales. No están cumplidos esos objetivos”.

Giudici señaló que, con la Resolución 80, se adoptaron medidas restrictivas al acceso a la información pública, y en cuanto a la protección de los datos personales, la funcionaria no ha cumplido su misión. "Cuando asumió su cargo, y durante la gestión de Alberto Fernández nada se hizo para proteger los datos privados de los ciudadanos en manos del Estado, ya que ocurrieron graves filtraciones: el hackeo a la Dirección Nacional de Migraciones, la filtración de datos personales del Ministerio de Salud, la filtración de 45 millones de DNI en el RENAPER, y en mayo de 2022, el hackeo de la aplicación Mi Argentina. Y así puedo seguir con muchos más ejemplos", concluyó.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro) presentó un proyecto de resolución para repudiar las nuevas órdenes de aprehensión emitidas por el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, bajo el régimen de Nicolás Maduro. Dichas órdenes apuntan a varios funcionarios argentinos, acusándolos de conspirar contra el Estado venezolano.

Las mismas fueron dirigidas contra los diputados nacionales Gerardo Milman y Ricardo López Murphy; los jueces Federico Villena, Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias; los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias; el legislador porteño Yamil Santoro; y la abogada María Eugenia Talerico.

En tal sentido, la impulsora señaló que "este accionar del régimen de Maduro no solo busca intimidar a nuestros funcionarios y judiciales, sino que es un intento desesperado por parte del líder venezolano de desviar la atención de las graves violaciones a los derechos humanos y el colapso institucional en su país".

A su vez, Giudici acusó que "este ataque por parte del régimen de Maduro se enmarca en la causa conocida como el 'Caso Emtrasur', vinculada a la retención en Buenos Aires de un avión venezolano-iraní en 2022 y su posterior envío a Estados Unidos en 2023". "Las acusaciones formuladas por el Fiscal General Saab incluyen cargos como robo agravado, legitimación de capitales, asociación ilícita y otros delitos graves", cargó.

El proyecto de resolución cuenta con el aval de Damián Arabia, Hernán Lombardi, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Florencia De Sensi, Sergio Capozzi, Emmanuel Bianchetti, Laura Rodríguez Machado, Germana Figueroa Casas, Nancy Ballejos, Alvaro Gonzalez, Verónica Razzini, Martín Yeza, José Núñez, Martín Ardohain y Alejandro Finocchiaro.

Los diputados del bloque Pro Silvana Giudici y Martín Yeza llevarán a cabo el encuentro “Desafíos Legislativos en la Era de la IA” donde se debatirán los retos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito regulatorio.

El evento se realizará en el Salón Auditorio del Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados Nacional este jueves 5 de septiembre a las 10:30 y contará con la participación del Jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, y reconocidos especialistas, periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil.

El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, la sociedad y la economía, y analizar propuestas legislativas que puedan adaptarse a los avances tecnológicos.

Además, contará con destacados expositores como José Crettaz; Coordinador del Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones (ConverCom), Esteban Lescano; quien Dirige la Comisión de Legales de CABASE, Luis Galeazzi; director ejecutivo de Argencon y Diego Garazzi, quien preside la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA.

La inteligencia artificial está transformando de manera acelerada múltiples sectores, lo que requiere marcos legales que promuevan su desarrollo responsable. Este evento busca reunir diversas miradas para enfrentar los desafíos legislativos en este nuevo escenario tecnológico.

A raíz de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, era de esperar que iba a haber cuestiones de privilegio contra el exmandatario en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles.

La primera en expresarse al respecto fue la diputada nacional Silvana Giudici (Pro), quien comenzó diciendo que “es una de las peores humillaciones, como argentinos, la de tener a un expresidente golpeador, violento y sátrapa que nos encerró durante meses”.

Además, afirmó que Fernández “estaba de fiesta en la Quinta de Olivos”, y lo acusó de comprar “litros y litros” de alcohol. Catalogó, además, a todas las acusaciones de “situación bizarra y deplorable”.

“Mientras decían que este presidente venía a terminar con el patriarcado, puertas adentro la cagaba a trompadas a la mujer”, aseveró. Del mismo modo, apuntó contra el bloque Unión por la Patria y los colectivos feministas: “Ninguna del pañuelo verde está diciendo que el presidente la mandó a abortar”. “¿No era mi cuerpo mi decisión? Caraduras”, ironizó.

En el cierre, anunció el pedido de un apartamiento de reglamento para tratar el proyecto que propone que se le quite la jubilación de privilegio a exfuncionarios condenados.

La segunda cuestión de privilegio sobre Alberto F. fue presentada por la diputada nacional Lorena Villaverde (LLA), quien sumó que “se llamaban el gobierno feminista y dirigentes deconstruidos”, y lanzó que “todo esto en el marco de la cuarentena eterna y criminal que nos mantenía a todos encerrados”.

También criticó al exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y acusó: “Recibieron 54.000 millones y tuvieron 1.000 femicidios en cuatro años”. “Se llenaron la boca hablando de sororidad, pero no se horrorizaron de Fabiola Yañez. Háganse cargo”, cerró.

En el inicio de la sesión de este miércoles en la Cámara baja se planteó un fuerte debate en torno a la decisión de postergar los apartamientos de reglamento y cuestiones de privilegio para el final de la sesión, tal cual se había acordado en Labor Parlamentaria. El primero en exponer su rechazo a esa decisión fue el titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez.

Entre los más enfáticos en oponerse a lo establecido en Labor estuvo Nicolás del Caño, quien incluso pidió una moción de orden para que todos los bloques pudieran expresarse con cuestiones de privilegio y apartamiento de reglamento y, sobre todo, votar la constitución de una comisión investigadora de la visita de diputados libertarios a los genocidas en Ezeiza.

La diputada de UP Cecilia Moreau le advirtió a continuación al oficialismo: “No se equivoquen con las cuestiones de privilegio. A nosotros no nos van a limitar con eso, lo planteamos siempre, siendo oficialismo y siendo oposición. Intentar suspender las cuestiones de privilegio en el transcurso de la sesión y a lo largo de la sesión es una forma más de intentar acallar el pensamiento de los diputados. De ninguna manera vamos a permitir y aceptar que en el transcurso de la sesión nuestro bloque no haga uso de las cuestiones de privilegio”.

Desde el otro extremo, la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici aclaró que no estaban por cambiar el reglamento y reclamó avanzar con el primer punto previsto para la sesión. Esto es, la creación del Registro de Datos Genéticos.

Tras largo debate, se votó a mano alzada la moción de la diputada Giudici, aprobándose arrancar con el orden del día, pero ante la insistencia de la oposición más dura, el titular de la Cámara, Martín Menem, accedió a que se votara el apartamiento de reglamento solicitado por Nicolás del Caño, que resultó rechazado por 113 votos negativos, 112 afirmativos y 4 abstenciones.

La moción de la izquierda para sumar al temario los proyectos de sanción a los seis diputados que fueron a visitar a represores, según Martín Menem, exigía ¾ de los votos porque era un apartamiento de reglamento; según la izquierda, era una simple moción de orden y alcanzaba con mayoría simple. En cualquier caso resultó negativa. Entre los votos afirmativos, la sorpresa fue de la libertaria Rocío Bonacci, quien se desmarcó de su bloque llamativamente, mientras que del radicalismo solo se registraron los votos afirmativos de Pablo Juliano, Marcela Coli y Mariela Coletta. En la misma línea se manifestó el diputado de Encuentro Federal, Emilio Monzó. 

A continuación se votó, también nominalmente, un apartamiento de reglamento para tratar un proyecto de la diputada de Unión por la Patria Gisela Marziotta, que propone “la expulsión de los diputados que visitaron a los genocidas en Ezeiza”. “Porque somos representantes de un proyecto que tiene 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos, porque representamos a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los hijos que recuperaron su identidad y a los que no recuperaron la identidad”, enfatizó la legisladora. Sin embargo, el pedido fracasó, al obtener 121 votos negativos, 102 positivos y 5 abstenciones.

Como dato de color, entre los 102 votos positivos estuvo el de la diputada libertaria Rocío Bonacci, quien fue una de las integrantes de la comitiva que estuvo en Ezeiza. O sea que votó a favor de su propia expulsión... Obviamente después aclaró la diputada santafesina que votó así porque había entendido mal el sentido de su voto.

Concluido ese extenso pasaje, al filo de las 13 comenzó el debate sobre el Registro de Datos Genéticos.

En los últimos días se conoció que Fabiola Yañez denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia de género y posteriormente se difundieron imágenes de la exprimera dama con moretones en su rostro y brazos. Ante esto, la diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para para modificar la Ley 24.018 y quitarle la pensión de privilegio y los honores correspondientes al exjefe de Estado.

“Alberto Fernández degradó la investidura presidencial a tal punto de ser el primer mandatario acusado de golpeador en la historia reciente”, aseveró la impulsora del texto. De igual modo, propició que “es necesario que los argentinos digamos fuerte y claro que este señor no merece ser tratado con los privilegios de un exmandatario por eso proponemos que cese de inmediato el goce de sus privilegios, entre otros, el beneficio de su pensión de expresidente y la custodia y honores que le otorga la Casa Militar”.

Además, se refirió a que “en caso de ser condenado por los delitos por los que está denunciado, que se lo inhabilite para ejercer cargos públicos o representar a nuestra Nación”. El proyecto lleva la firma de varios legisladores del bloque Pro como Emmanuel Bianchetti, Florencia De Sensi, José Núñez, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Matías Ranzini, Karina Bachey, Gabriel Chumpitaz, Patricia Vásquez y Sergio Capozzi.

El proyecto propone la incorporación del artículo 5° bis a la ley 24.018, mediante el cual se busca la eliminación de la pensión otorgada a expresidentes en casos donde se presenten circunstancias específicas que lo justifiquen. Esta medida está dirigida a quienes hayan sido acusados de delitos graves, como violencia de género, violencia sexual, u otros delitos de similar índole.

También, propuso la modificación del artículo 119° del Código Penal, con el fin de establecer la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a las personas condenadas por los mencionados delitos. Con esta reforma, se pretende asegurar que quienes hayan cometido actos de violencia no puedan representar al Estado ni acceder a cargos en la función pública.

“Solo mediante un ejemplo de ejercicio de funciones de liderazgo íntegro, decente, honesto y honrado se puede garantizar que el ejercicio del cargo público se utilice para el beneficio de todos los ciudadanos, promoviendo un futuro en el que la justicia, la equidad y la prosperidad sean accesibles para todos”, concluye el proyecto de Giudici.

EXCELENTE INICIATIVA https://t.co/zUvtTPc8Ee

— Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

En el día que se cumple un año del triunfo en las elecciones PASO, el presidente Javier Milei se refirió al proyecto de Giudici y comentó: “Me encanta”. “No debe sostenerse con los impuestos de los argentinos un inhábil moral y violento como ese señor. Sería importante impulsarlo pronto en la Cámara de Diputados”, le había explicado la diputada del Pro al jefe de Estado.

Mientras continúan los rumores por una posible unificación entre La Libertad Avanza y el Pro, y luego de que la propia ministra de Seguridad y expresidenta del partido, Patricia Bullrich, afirmara que el oficialismo “ya absorbió al Pro”, desde la bancada salieron a marcar la cancha.

A través de una nota dirigida al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, junto a su par de bancada Silvana Giudici, le enumeraron una serie de proyectos “impulsados históricamente” por el bloque a fin de que le den pronto tratamiento. Pero remarcaron que “muchos coinciden con iniciativas que el Gobierno Nacional anunció en el último tiempo”, más aún siendo que este jueves Francos se reunirá con los bloques dialoguistas por la reforma electoral.

En total son 15 las iniciativas enumeradas:

1. Baja en la edad de imputabilidad.
2. Educación esencial.
3. Reforma Electoral: boleta única, ficha limpia, eliminación de la obligatoriedad en las primarias, financiamiento de partidos políticos y voto argentinos en el exterior.
4. Registro de reincidencias y reiterancia, legítima defensa.
5. Extinción de dominio.
6. Agencia de seguridad anti narcotráfico.
7. Derogación de jubilaciones de privilegio.
8. Modernización laboral: Bloqueo de empresas, Reforma laboral, Democratización asociaciones sindicales, Trabajo en plataformas.
9. Hidrógeno verde / metano.
10. Salud mental.
11. Propiedad intelectual (habitaciones de hotel y hospedaje).
12. Ludopatía.
13. Sociedades Anónimas Deportivas.
14. Eliminación de los Registros Automotores.
15. Otras reformas políticas: contratación de publicidad en campaña, observación electoral y modificación sobre elecciones partidarias internas.

En la nota destacaron el trabajo que el bloque ha hecho “arduamente para impulsar las transformaciones que el país necesita, aportando su conocimiento y experiencia en diversas áreas de gestión”.

Además, destacaron que “gracias a nuestro compromiso, la Ley de Bases y el paquete fiscal han obtenido la aprobación definitiva, proporcionando al Gobierno Nacional las herramientas necesarias para implementar su plan de gobierno”.

“Estoy convencido de que trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde el Pro hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía”, plantearon y cerraron: “Quedamos a la espera de una favorable y pronta respuesta para comenzar a trabajar en esta agenda que da respuesta inmediata a muchas de las preocupaciones que tienen los argentinos”.

Un grupo de diputados del Pro presentó un proyecto de declaración en el que reclaman por el apartamiento de su cargo del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ante una nueva denuncia en el marco de la causa de abuso sexual en su contra, por la cual fue procesado.

Encabezado por Silvana Giudici y con la firma de María Eugenia Vidal, Ana Clara Romero, Sabrina Ajmechet, Verónica Razzini, Hernán Lombardi, José Núñez, Martín Ardohain, María Sotolano y Sergio Capozzi, los legisladores se hicieron eco de la ampliación de la denuncia que presentó el excandidato a intendente por ese distrito Lalo Creus ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y coacción o amenazas, por hechos que se derivan del procesamiento que pesa sobre el jefe comunal.

"Luego de conocerse el procesamiento, Espinoza fue nuevamente denunciado ante la jueza de instrucción María Fabiana Galletti, a raíz de elementos probatorios surgidos de la citada causa y, esta vez, solicitando se investigue un posible fraude contra la administración pública, malversación de caudales, abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público por haber utilizado fondos y recursos públicos para llevar adelante dicho abuso", señalaron los macristas en los fundamentos.

Y agregaron que "dadas las características de los hechos que fundaron el procesamiento resulta necesario manifestar el más enérgico repudio y apelar a la razonabilidad de quienes tienen la facultad de requerir el apartamiento del cargo del intendente Fernando Espinoza hasta tanto se resuelva su situación procesal en el marco de lo establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional".

"Resulta de suma gravedad que en este caso, donde existe semi plena prueba sobre la culpabilidad, y dadas las características del cargo que detenta el Sr. Espinoza, el mismo continúe ejerciéndolo sin ningún tipo de reparo y con la anuencia del arco político al cual representa", enfatizaron.

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que propone regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas en líneas, prohibiendo las que se realizan en espectáculos deportivos, indumentaria, campos de juego; se insertan en páginas web o contenidos digitales dirigidos a los niños y jóvenes, o se orientan a los menores o en las que aparezcan menores. Incluso, las que se difunden en medios de comunicación audiovisuales en el horario desde las 6.00 hasta las 22.00 horas.

Por otro lado, el proyecto busca establecer sistemas de identificación biométrica para evitar el acceso de los menores a los sitios y apps de juegos de apuestas en línea y plantea un régimen sancionatorio para quienes infrinjan las prohibiciones y se sanciona penalmente a quienes usen medios o sistemas electrónicos para defraudar a los menores. Acá entran los llamados "cajeros" o intermediarios que facilitan que los jóvenes jueguen.

Al respecto la diputada expresó: “Durante los últimos años se ha incrementado la oferta de juegos de azar y apuestas en línea deviniendo una problemática que incide notablemente en los adolescentes, particularmente entre los jóvenes de 13 a 17 años, donde se acrecienta el acceso en línea de apuestas de Poker, de azar o apuestas deportivas”.

Para la diputada Giudici, son variados los factores que propagan el juego entre los adolescentes como la publicidad agresiva en los medios de comunicación audiovisual, celebridades o influencers que promocionan estos juegos, la facilidad en el acceso on line y la disponibilidad continua de billeteras virtuales y el rápido contacto, vía Whatsapp, de los intermediarios de apuestas en línea.

Acompañan este proyecto los diputados María Eugenia Vidal, Damián Arabia, Hernán Lombardi, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Martín Yeza, Gerardo Milman, Alejandro Finocchiario, Sergio Eduardo Capozzi, Karina Bachey, José Núñez, Ana Clara Romero, Florencia De Sensi, Gabriel Felipe Chumpitaz, Anibal Tortoriello, Martín Ardohain, Verónica Razzini, Sofía Brambilla, María Sotolano, Patricia Vásquez, Marilú Quiróz y Germana Figueroa Casas

Giudici finalizó señalando que “en este contexto resulta necesario sancionar una norma que brinde protección a los jóvenes en general, niñas, niños y adolescentes, en materia de prevención de la adicción temprana al juego, Ludopatía, como también la regulación de la publicidad que les llega”.

Varias provincias limítrofes comenzaron a cobrar este año la atención médica a los extranjeros que se atienden en sus centros de salud. A menos que sus países de origen cuenten con convenios de atención recíproca con el nuestro. No son los más, por cierto. Hay un caso reciente que tuvo gran repercusión, en el que un albañil argentino fue atropellado por un motociclista en Bolivia, que le provocó una fractura de tibia y peroné. Y para operarlo, le exigían un millón y medio de pesos.

Es en ese marco que la diputada nacional del Pro Silvana Giudici acaba de presentar un proyecto de ley que propone que los extranjeros que ingresen a nuestro país por razones, turísticas, viajes de negocios o laborales, residencias temporales, etcétera, deberán acreditar que cuentan con un seguro privado de salud vigente que cubra la totalidad de sus eventuales gastos de salud.

Cualquier procedimiento médico, odontológico, o quirúrgico de la naturaleza que fuere, en el caso de requerir atención del servicio público de salud argentino deberá ser cubierto por dicho seguro de asistencia, a excepción de atención de emergencias, accidentes o urgencias con riesgo de vida que seguirán siendo gratuitas en los establecimientos públicos de salud de todo el territorio.

Al respecto la diputada expresó que “el sistema de salud argentino, de calidad y profesionalismo, ha sido siempre una meca para millones de ciudadanos de otros países de la región. Las excelentes condiciones de atención en cuanto a tecnología, prácticas innovadoras y calidad médica generaron una migración importante durante años con el objeto de acceder a servicios de salud brindados por los hospitales públicos argentinos, cuyos costos son exclusivamente soportados por el sistema, es decir, con los recursos presupuestarios que tienen origen en los impuestos que pagan los ciudadanos de nuestro país”.

Esta situación, en tiempos donde el sistema público de salud se encuentra bajo presión excesiva y los recursos presupuestarios son escasos, generó un déficit en la capacidad de atención, disponibilidad de camas e insumos en los establecimientos públicos de salud cada vez más acuciante.

Por eso, y en virtud de que algunas jurisdicciones provinciales han dispuesto mecanismos de cobro a extranjeros sobre sus sistemas de salud, se hace necesario generar herramientas innovadoras para poder seguir brindando atención médica de calidad en nuestro territorio, tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros. Con la implementación de un seguro de cobertura de asistencia privada a exigirse en los aeropuertos o fronteras para asegurar que todo aquel turista o visitante extranjero tenga los recursos para cubrir gastos médicos durante su estadía podremos reducir la carga del sistema público.

El proyecto prevé la presentación de credenciales en los puestos de migraciones junto con el pasaporte al ingresar al país, de esta manera se reducirá enormemente la presión sobre la atención en los establecimientos de salud pública de nuestro país.

El proyecto es acompañado por los diputados Sergio Capozzi, Martín Yeza, José Núñez, Gerardo Milman, Damián Arabia, Karina Bachey, Sofía Brambilla, Anibal Tortoriello y Martín Ardohain.

La explicación de Giudici concluye indicando que “la Constitución Nacional es nuestra guía, esta herramienta no vulnera ninguna de sus garantías previstas para los extranjeros que pisen nuestro suelo, sino que protege los derechos de argentinos y extranjeros con equidad, aquel que pueda pagarlo, proceda de donde proceda, tendrá su cobertura de origen y el sistema público argentino solo cubrirá las emergencias que impliquen riesgo de vida”.

“Es importante en un país con 47% de pobres volver más equitativo el sistema priorizando los recursos para cubrir las enormes necesidades internas en materia de atención sanitaria”, cerró la diputada Giudici.

La diputada Silvana Giudici (Pro) participó este lunes del Foro de Movilidad Sustentable organizado por la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (CAVEA) donde se reunieron líderes y expertos en el ámbito de la movilidad sustentable, tanto locales como internacionales, para discutir y promover el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos en el país.

El panel de apertura contó con la presencia de personalidades de gran relevancia, incluyendo al Embajador de la Delegación de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; el referente asesor de proyectos de Cooperación UE-ARG, Pablo Iglesias; la jefa de Sección Económica y Comercial, Viktoria Lovenberg; el director de la subsecretaría de Ambiente de la Nación, Augusto Paz; el Secretario General de FECOBA - CAME, Sergio Lamas; el presidente de CAVEA, Emmanuel Núñez y el Ministro de Embajada de Alemania, Peter Neven.

Durante el foro, Giudici expresó: “La electromovilidad en la Argentina tuvo un gran impulso con el gobierno del presidente Mauricio Macri, quien por primera vez incorporó los vehículos de generación eléctrica a la circulación urbana”.

La diputada del Pro destacó los logros significativos alcanzados por la industria local, incluyendo la exportación de bicicletas eléctricas a Estados Unidos y la Unión Europea. Además, señaló la diversificación de la producción local hacia vehículos de dos, tres y cuatro ruedas, el desarrollo de aviones eléctricos y embarcaciones, vehículos tácticos, tractores y motos. Estos avances posicionan a Argentina como un jugador relevante en el ámbito de la movilidad sustentable a nivel global.

El Foro de Movilidad Sustentable concluyó con un llamado a seguir trabajando conjuntamente para superar los desafíos existentes y aprovechar las oportunidades que ofrece la movilidad eléctrica, con el objetivo de alcanzar un futuro más sostenible y ecológico para Argentina y el mundo.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de ley para crear un “Sistema de Alerta Móvil (SAM) - Cell Broadcast Service (CBS)” que tiene como objetivo la difusión de una alerta a través de mensajes de texto cortos sobreimpresos en las pantallas de los dispositivos móviles y precedidos de una alerta auditiva, en tiempo real y con la finalidad de proteger a la población en la prevención y respuesta ante situaciones de inseguridad y/o emergencias que requieran un abordaje urgente por parte de las autoridades y/o servicios competentes.

La alerta auditiva funcionará automáticamente en un sistema coordinado entre los operadores de telefonía celular y el Enacom, a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y no significará gasto para el estado.

Giudici amplió: “Claro está que resulta necesario contar con esta herramienta para resguardar la seguridad de la población. En los últimos tiempos hemos sido testigos de diversas catástrofes naturales que produjeron graves daños tanto de infraestructura y servicios urbanos como a las personas, incluso la lamentable pérdida de vidas humanas…”.

También, agregó que “cómo los eventos climáticos de diciembre en Bahía Blanca y el de hoy en AMBA, por citar algunos, son situaciones donde las alarmas sonoras podrían activarse a tiempo para salvar vidas antes de que la población se vea expuesta a situaciones de riesgo por no advertir lo extraordinario y peligroso de la condición climática en curso”.

Giudici finalizó: “Son muchos los países cuentan con sistemas de estas características y con legislación que regulan su funcionamiento como Chile, Italia y Estados Unidos. En base a esas experiencias consideramos que es factible implementarlos en la Argentina, país dónde hay 130 conexiones móviles cada 200 argentinos y 61 millones de líneas móviles activas”.

El proyecto fue acompañado por Laura Rodríguez Machado, Alejandro Finocchiaro, Daiana Molero, Martín Ardohain, Martín Yeza, Ana Clara Romero, Damián Arabia, Kary Bachey, José Nuñez, Germana Figueroa Casas, Gerardo Milmann, Anibal Tortoriello, Sabrina Ajmechet y Sergio Capozzi.

La diputada nacional del Pro Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para transparentar y reasignar disponibilidades presupuestarias y excedentes de los fondos fiduciarios.

Al respecto, la diputada expresó: “Es importante darle las herramientas al presidente para que al ajuste no lo tengan que pagar los jubilados ni los trabajadores. Hay fondos  de disponibilidad inmediata, excedentes presupuestarios y remanentes en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios capitalizables por el Estado que podrían ser rápidamente redireccionados para que el Ejecutivo los utilice en la atención de las necesidades más urgentes de la población”.

El proyecto expone cómo entre 2012 y 2021 los ingresos de los fideicomisos se duplicaron en términos de porcentaje del PBI mientras que los gastos por ejecución disminuyeron a la mitad en el mismo período. Esto generó un excedente de $664.399 millones en 2021, $515.405 millones en 2022 y $566.606 millones en 2023. Esos fondos son los que el proyecto propone liberar para su asignación directa al Tesoro y de este modo engrosar anualmente los programas y políticas sociales que el Poder Ejecutivo vaya a priorizar. Es decir, que en los 4 años de su gestión Javier Milei podría contar a través de esta reestructuración inmediata, con 2 billones de pesos, hasta que el Presidente logre la aprobación de las leyes o instrumentos que envie para la liquidación o unificación de los Fondos Fiduciarios tal como aspiraba a hacerlo a través de la ley ómnibus.

El proyecto es acompañado por Karina Ethel Bachey, Aníbal Tortoriello, Sergio Eduardo Capozzi, José Nuñez, Martón Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Marilú Quiroz y Patricia Vásquez, y propone además una auditoría integral que estaría a cargo de una comisión ordinaria de la cámara de diputados para poder establecer el destino, uso de los fondos, beneficiarios alcanzados, gastos de personal, colocaciones financieras, etc.

Giudici finalizó: “Al caerse el art. 5 inciso H del proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos donde el Gobierno de la Libertad Avanza proponía delegarle la facultad al presidente para reorganizar los recursos de los fondos fiduciarios nos parece importante presentar esta iniciativa para que por un lado se establezca un marco de acceso a la información y transparencia sobre la utilización de estos instrumentos financieros y por otro para racionalizar los recursos que se encuentran ociosos en muchos de estos fondos, sin ser aplicados a obras o programas y no llegan nunca a la gente”.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó un proyecto de declaración en repudio contra de la República de Venezuela por “suspender las actividades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su consecuente expulsión de los funcionarios asignados a dicha misión”.

En el texto se relató que “el jueves 15 de febrero la República de Venezuela decidió suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas expresando que esa institución desarrollaba sus funciones con parcialidad y acusándola de operar al servicio de grupos golpistas y terroristas que buscan desestabilizar al país”.

“La acusación que pretende establecer un vínculo directo entre los funcionarios y el accionar contra la soberanía nacional, supuestos intentos de magnicidio y demás conspiraciones no hace más que profundizar y evidenciar el contexto adverso y peligroso en el cual se desempeñan los funcionarios expulsados junto a otros organismos que investigan los abusos por parte del gobierno de Venezuela”, agregó el proyecto.

En el final, denunció que “como es de público conocimiento, en la República de Venezuela se vienen sucediendo una serie de hechos que atentan contra las libertades democráticas, de libre expresión y ataques contra la prensa, no solo nacional, sino también sobre corresponsales de medios extranjeros”.

Giudici es la presidenta de la Fundación LED (Libertad y expresión + Democracia) y la iniciativa fue acompañada por Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro, Sergio Capozzi, Sabrina Ajmechet y María Sotolano.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) opinó este lunes respecto al artículo de la ley ómnibus que propone eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidenta. “El diálogo y la necesidad de cambiar de una vez la Argentina empieza a dar sus frutos”, señaló.

A través de X, sostuvo que “una ley que elimina las jubilaciones de privilegio para presidente y vice y sigue financiando al Arte y la Cultura es todo lo que está bien”.

“Basados en nuestro proyecto 4900/23, de disolución de la Defensoría, y la sugerencia de eliminar los millonarios fondos asignados a medios comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse el financiamiento del INCAA, el FNA y el INT. Celebramos q se hayan tomado estas sugerencias”, enfatizó.

Además, cuestionó que “la Defensoría requería 1500 millones anuales para sostener 140 empleados, entre parientes y amigos de su titular más cinco cargos de alta dirección para perseguir opiniones distintas, dictar manuales de estilo e intentar sancionar periodistas a través de NODIO”.

Por último, manifestó que “de este modo los recursos que se deben destinar a la promoción de cultura se reflejarán en mejor y mayor producción de ficción, cine, teatro y arte y no en burocracia, acomodo, o militancia. Seguiremos trabajando en la sanción de la ley para sentar las bases del cambio definitivo”.

Debido a la gravedad de los sucesos ocurridos en Ecuador, diputados del Pro, encabezados por Silvana Giudici, presentaron un proyecto de declaración en el cual expresan su “preocupación” y “repudio” a “los ataques masivos perpetrados por grupos del crimen organizado contra distintos objetivos civiles, militares y de las fuerzas de seguridad de Ecuador, entre los que se destacan al canal TC de televisión de Guayaquil y distintas universidades”.

En los fundamentos de la iniciativa se resaltó: “Ante la gravedad de la situación, nuestro país y las naciones democráticas del mundo han expresado su solidaridad y apoyo a las instituciones democráticas y al pueblo de Ecuador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Reporteros Sin Frontera y otras organizaciones han repudiado la ola de violencia desatada por las organizaciones narco en Ecuador”. 

“Los ataques realizados de manera coordinada no pueden interpretarse de otra forma que un accionar terrorista tendiente a desestabilizar las instituciones democráticas de Ecuador”, se enfatizó en el proyecto que tiene como autora a Giudici. 

Asimismo, los argumentos repasan que “mientras el canal TC se encontraba transmitiendo en vivo en la ciudad de Guayaquil, un grupo de hombres armados ingresó violentamente a las instalaciones y redujo a periodistas, trabajadores de prensa y personal administrativo mientras aprovechaba la señal para transmitir sus amenazas al gobierno y sus consignas violentas”.

“Al respecto, y atento a los ataques puntuales a la prensa, es pertinente recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, se agregó. 

El proyecto fue acompañado por los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli, Fernando Iglesias, María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Sofía Brambilla, Aníbal Tortoriello, Ana Clara Romero, María Sotolano, María Florencia De Sensi, Germana Figueroa Casas, Sergio Eduardo Capozzi y Héctor Stefani.

Giudici, como presidenta de la Fundación LED (Libertad y Expresión + Democracia) trabaja hace décadas con Fundamedios, una ONG ecuatoriana con la que fundaron la red latinoamericana Red Leal desde donde expresaron preocupación por la fragilidad en la que la prensa ecuatoriana debe ejercer su labor.

El 13 de junio de 2022 la Honorable Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que, modificando varias leyes hasta ahora vigentes, establecía la boleta única de papel como el instrumento válido de votación para todos los procesos electorales nacionales.

La aprobación de tal proyecto fue producto de intensas discusiones tanto en el recinto de la cámara como en las diferentes comisiones que intervinieron en el trabajo parlamentario: 132 diputados votaron a favor de la aprobación, 104 legisladores en contra, 4 se abstuvieron de votar y 15 diputados no estuvieron presentes.

Sobre el particular debe señalarse que el mismo fue resultado de un consenso generado entre legisladores de diferentes espacios políticos, que permitieron la unificación en un solo texto más de veinte proyectos diferentes que trataban la misma problemática.

En tal oportunidad, varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas al fortalecimiento de las instituciones democráticas como Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional o RAP -Red de Acción Política-, hicieron público su beneplácito por la aprobación del proyecto en cuestión.

En el mismo sentido, CIPECC ha sostenido que el sistema de boleta única de papel, al garantizar una oferta electoral completa a través de los centros de votación, equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes.

De acuerdo con una encuesta sobre la adhesión social a la boleta única de papel realizada por la consultora Poliarquía, más de las dos terceras partes de la sociedad apoya la boleta única de papel y más del 70% considera importantes los tres beneficios claves que provee (garantizar derecho a elegir y ser elegido, reducir costos, y ser más sustentable y amigable con el medio ambiente); y que sólo una minoría del 18% de la sociedad no está de acuerdo con ese procedimiento.

La boleta única asegura a los votantes que en el momento de ejercer su derecho a votar cuente con todas las opciones posibles, aun la de votar en blanco por alguna o por todas las categorías en competencia.
Asimismo, esta alternativa elimina el riesgo de robo o hurto de boletas, reduciéndose, por otra parte, el consumo de papel, tratándose de una sana práctica que claramente fortalece la transparencia de los procesos electorales, adoptada ya por varias provincias.

El mencionado proyecto fue remitido al Honorable Senado de la Nación el mismo día de su sanción por parte de la cámara de origen sin que hasta la fecha el respectivo expediente (CD 4/22) haya tenido movimiento alguno.

Sabido es que durante el transcurso de estos dos últimos años, la férrea campanilla de la exvicepresidente solo se hacía oír para el tratamiento de los proyectos que personalmente le preocupaban: claramente, el de boleta única en papel no se encontraba entre sus prioridades.

Atento los nuevos tiempos de cambio y de libertad que comienzan y que refrescan el aun aire viciado de la República, y conforme lo que se adelanta desde el Poder Ejecutivo Nacional, sería una gran noticia que el Honorable Senado de la Nación aprobare el proyecto citado.

La diputada nacional Silvana Giudici (Pro – CABA) presentó este viernes un proyecto de ley para disolver la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el observatorio NODIO creado por Miriam Lewin en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El texto presentado acusó que “fue utilizado para perseguir opiniones distintas y monitorear redes sociales”. A su vez, Giudici, quien estuvo a cargo del Enacom en 2018 y 2019, señaló que “durante los cuatro gobiernos kirchneristas la Defensoría del Público se utilizó para contratar asesores militares, llegándose a utilizar partidas presupuestarias exorbitantes”.

Además, la legisladora de Juntos por el Cambio agregó que el organismo “solo funciona elaborando encuestas, relevamientos, tesinas académicas por las cuales se pagan costosas consultorías, además de solventar las funciones inconstitucionales de perseguir periodistas o ciudadanos por sus opiniones desde NODIO”.

También, el texto cuestionó que “según el Presupuesto 2024 la Defensoría del Público tiene previsto y disponible para ejecutar 2.575 millones de pesos”, y advirtió que “cuenta con 140 empleados lo que implica que el costo por empleado asciende aproximadamente a 18,4 millones de pesos”.

La iniciativa fue acompañada por los diputados nacional de JxC: Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Martín Ardohain, Luciano Laspina, Patricia Vázquez, Laura Rodríguez Machado, Héctor Stefani, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, José Luis Espert y Paula Omodeo, entre otros.

La precandidata a diputada nacional Silvana Giudici se sumó a los reclamos de este viernes por el ciberataque al sistema informático de PAMI y responsabilizó al presidente de la Nación: “Desde que asumió Alberto Fernández los ciberataques no paran”.

“Hace 48 horas que el sistema informático de PAMI no funciona. Los adultos mayores están sin servicio de recetas ni atención. El daño a la base de datos parece ser fatal, y no hay previsión sobre cuándo será reestablecida”, aseveró la actual precandidata a diputada nacional por La Fuerza del Cambio en CABA.

Además, recordó las bases de datos personales que fueron atacadas: “Dirección de Migraciones (septiembre 2020), RENAPER (octubre 2021), INDEC (mayo 2022), Superintendencia Servicios de Salud (febrero 2023), INTA (abril 2023), Comisión Nacional de Valores (junio 2023) y PAMI (agosto 2023)”.

“También fueron hackeadas las bases de datos del Senado de la Nación (enero 2022), Poder Judicial de Chaco (febrero 2022) Legislatura Porteña (septiembre 2022) (junio 2022) Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y Ejército Argentino (junio 2023)”, agregó quien es también titular de la Fundación LED.

Por último, expresó: “Los datos personales y la privacidad de los mismos en Argentina están siendo robados y nadie hace nada para proteger ese derecho personalísimo de los ciudadanos”, y cerró: “Las autoridades nacionales deben actuar urgentemente. En el PAMI y en las áreas de ciberseguridad”.

La Fundación LED reconoció al periodista José Ignacio López y al abogado constitucionalista Félix Loñ por su labor en la defensa de la libertad de expresión.

En un encuentro, llevado a cabo en las instalaciones del Club Del Progreso, periodistas y referentes de los medios de comunicación acompañaron el momento.

Con la presencia de las autoridades de la ONG, su presidenta, Silvana Giudici, aseguró que "la libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad de expresar ideas, opiniones y puntos de vista sin censura o represalias", agregando que "ambos dedicaron su vida a defender esta derecho con valentía y compromiso con los principios democráticos".

Más adelante agregó que "es importante destacar que la defensa de la libertad de expresión es un esfuerzo colectivo y que muchas personas, a lo largo de la historia y en el presente, han contribuido de diversas formas a la protección y promoción de este derecho fundamental, y ahí es en donde José Ignacio y Félix se destacan". Luego Giudici expresó “todo nuestro agradecimiento a ambos con esta distinción. Hace 12 años cuando decidimos crear Led ellos formaron parte del primer consejo consultivo de la fundación y sus ideas fueron siempre una guía para la consolidación de nuestra organización que hoy integra una de las redes más sólidas junto a otras ONGs de Latinoamérica en defensa de la libertad de expresión".

En el agradecimiento, "Nacho" López aseguró "que en este tiempo el periodismo tiene que restablecer la conversación social", agregando que "lamenta el presente de riña callejera que nos marca la polarización política".

En tanto, Félix Loñ agradeció el reconocimiento y pidió "que las ambiciones personales cedan al interés común", como así también "velar por el fortalecimiento de las instituciones".

En el encuentro, más de 30 periodistas y personalidades acompañaron el momento, en donde compartieron un brindis. Entre otros, asistieron Jorge Fontevecchia, Fernando Bravo -ambos integrantes de la Academia de Periodismo-, Martín Etchevers representando a ADEPA; los periodistas Silvia Mercado, Néstor Sclauzero y Horacio Minotti entre otros.

Los premiados asistieron con integrantes de sus familias, sobresaliendo la presencia de los nietos del exvocero presidencial de Raúl Alfonsín.