Un dato saliente respecto de los proyectos presentados en lo que va del año lo da el hecho de que la mayoría de los rubros en ambas cámaras están encabezados por senadores y diputados que concluyen este año sus mandatos. Al menos así sucedió hasta el mes de octubre, que es donde parlamentario.com ha hecho este corte parcial para reseñar quiénes son los legisladores más prolíficos del año en cada uno de los rubros.

Recordemos, a los efectos estadísticos, que este medio hace esos informes, para su Índice de Calidad Legislativa, contabilizando el período legislativo que va desde marzo a febrero, por lo que el que refiere la actividad del presente año concluye recién en febrero de 2026. Esto es, restan contabilizar 40 días para los diputados y senadores que ya concluyeron sus mandatos y el resto del verano para todos.

Lo cierto es que las senadoras kirchneristas Silvina García Larraburu y Eugenia Duré, cuyos mandatos concluyeron el 9 de diciembre, encabezaron en materia de proyectos de ley y de resolución, respectivamente. Lo mismo sucede con los proyectos de declaración, donde figuró el ahora exsenador radical Víctor Zimmermann. En cuanto a los proyectos de resolución, quien encabeza es la senadora fueguina Cristina López, quien renovó su mandato el pasado 26 de octubre.

En cuanto a la Cámara baja, en proyectos de ley figura primero, al mes de octubre, el exdiputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño. Otro diputado (MC), Gerardo Milman, es el que más proyectos de declaración presentó, mientras que el socialista Esteban Paulón figura al tope en proyectos de comunicación.

A continuación, detallamos los diez primeros diputados y senadores en cada uno de los rubros, al 31 de octubre:

CÁMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

Nombre	Cantidad
1) Silvina García Larraburu	59
2) Anabel Fernández Sagasti	37
3) Beatriz Ávila	31
María Eugenia Duré	31
5) Daniel Bensusán	25
6) Antonio Rodas	20
7) Alfredo De Angeli	16
Silvia Sapag	16
9) Sergio Leavy	14
Bruno Olivera Lucero	14

 

Proyectos de Declaración

Nombre	Cantidad
1) Víctor Zimmermann	121
2) María Eugenia Duré	96
3) Silvina García Larraburu	44
4) Nora del Valle Giménez	40
5) María Inés Pilatti Vergara	39
6) Bartolomé Abdala	38
7) Alicia Kirchner	33
8) Pablo Blanco	28
9) Stella Maris Olalla	24
10) Bruno Olivera Lucero	21

 

Proyectos de Comunicación

Nombre	Cantidad
1) María Eugenia Duré	35
2) Nora del Valle Giménez	21
3) Pablo Blanco	14
4) Silvina García Larraburu	13
5) María Inés Pilatti Vergara	12

 

Proyectos de Resolución

Nombre	Cantidad
1) Cándida Cristina López	5
María Inés Pilatti Vergara	5
3) Pablo Blanco	4
María Florencia López	4
José Mayans	4
6) María Eugenia Duré	3
Marcelo Lewandowski	3
Carlos Alberto Linares	3

 

CÁMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

Nombre	Cantidad
1) Oscar Agost Carreño	104
2) Gerardo Milman	55
3) Silvana Ginochio	43
4) Marcela Pagano	31
5) Silvia Lospennato	29
6) Paula Oliveto	27
7) Vanina Biasi	26
Carlos Castagneto	26
Mónica Macha	26
Esteban Paulón	26

 

Proyectos de Declaración

Nombre	Cantidad
1) Gerardo Milman	121
2) Yamila Ruiz	63
3) Carlos Fernández	39
4) Roxana Monzón	32
5) Silvana Giudici	25
6) Agustina Propato	21
7) Margarita Stolbizer	17
8) Daniel Arroyo	13
María Cecilia Ibáñez	13
Ana Clara Romero	13
Sebastián Nóblega	13

 

Proyectos de Resolución

Nombre	Cantidad
1) Esteban Paulón	113
2) Agustina Propato	89
3) Ana María Ianni	67
4) Christian Castillo	53
5) Oscar Agost Carreño	46
6) Gisela Marziotta	43
7) Eduardo Valdés	41
8) Mónica Fein	38
9) Silvana Ginocchio	37
Daniel Vancsik	37

 

FUENTE: ÍNDIDE DE CALIDAD LEGISLATIVA

El Senado de la Nación fue escenario este miércoles por la tarde de una reunión plenaria conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ciencia y Tecnología, presididas por los senadores Flavio Fama (UCR) y Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), respectivamente. El encuentro, de carácter informativo, tuvo como eje el análisis de tres proyectos que apuntan a declarar al sistema nuclear argentino como bien estratégico, no enajenable, y a garantizar la protección del ciclo nuclear nacional.

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y contó con la participación de dos referentes del ámbito científico: Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, y Diego Hurtado, doctor en física e investigador principal del CONICET.

Iofrida expresó su respaldo a las iniciativas legislativas y advirtió sobre el riesgo de enajenar Nucleoeléctrica Argentina (NASA), empresa estatal que consideró “parte sustancial del patrimonio nacional”. Además, alertó sobre la migración de científicos provocada por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, y llamó a defender la soberanía nuclear del país.

Señaló además que “el uranio en nuestro país alcanza para 35 años, en el mundo es muy grande el comercio de este mineral; ¿cómo se puede plantear la exportación si apenas alcanza para Argentina? Además, ¿quién la haría y cuáles serían sus beneficios?”.

Por su parte, Hurtado destacó que los proyectos en debate representan una política de Estado orientada a evitar el desmantelamiento del sector, como ocurrió en la década del 90. En ese sentido, calificó de “desequilibrado” al sistema energético actual y subrayó la importancia de preservar el desarrollo científico y tecnológico nacional.

Hurtado manifestó que “sin el Estado no tendríamos Nucleoeléctrica, YPF, y otros organismos".

También subrayó que "hoy tenemos un sector energético desequilibrado. Tenemos uranio en el territorio argentino solo para nuestro plan nacional nuclear y el Gobierno quiere exportarlo como materia prima, quitándonos un recurso estratégico".

Al cierre del encuentro, García Larraburu lamentó el deterioro institucional: “Nunca la política y las instituciones estuvieron tan bastardeadas como en este último tiempo”. Fama, en tanto, cuestionó la ausencia de funcionarios del Poder Ejecutivo: “Uno puede tener posiciones distintas, pero no puede dejar de dar el debate”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología se reunió este miércoles en el salón Illia, para distinguir y escuchar a investigadores y científicos del CONICET que participaron de la expedición "Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV".

Luego de dar la bienvenida a “la casa más federal de la Argentina que es el Senado de la Nación", la presidenta de la comisión, Silvina García Larraburu, expresó que "esta misión significó un salto tecnológico y científico sin precedentes y, a la vez, un acto de soberanía porque allí se disputan nuestras riquezas y nuestro futuro donde la labor del CONICET es estratégica".

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), alentó a los científicos presentes a que "continúen con la investigación y la ciencia aplicada. No bajen los brazos ya que su labor es muy importante para nuestro país"

Daniel Lauretta, el jefe científico de la expedición submarina del cañón Mar del Plata, agradeció el reconocimiento recibido y destacó que, "quisimos aportar al conocimiento y la diversidad desde la biología marina porque mientras más conozcamos, mejores decisiones se pueden tomar sobre el uso del hábitat, las zonas a proteger o sobre cualquier actividad humana que sea necesaria llevar a cabo en la zona investigada", luego brindó un resumen de la campaña oceanográfica realizada en el mar argentino.

Vale recordar que la mencionada expedición, realizada entre julio y agosto de este año, reunió a científicos argentinos e internacionales que realizaron una exploración del cañón submarino Mar del Plata, alcanzando profundidades de hasta 3.900 metros, donde pudo conocerse la biodiversidad y el impacto de la contaminación humana en las profundidades del Atlántico Sur. Participaron más de 30 científicos de diversas instituciones argentinas e internacionales, en su mayoría del CONICET.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP) presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto N° 462/2025, que reestructura y disuelve organismos claves del Estado como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INASE, el INAFCI, el INV, la ARICCAME y el INPI.

“El INTA es un organismo técnico, federal y participativo. Su debilitamiento representa un retroceso institucional y un ataque directo a la ciencia pública al servicio del desarrollo nacional”, afirmó.

García Larraburu remarcó que esta medida “desconoce décadas de construcción colectiva y anula la voz de las regiones, los productores, las universidades y los territorios que hacen del INTA y del INTI referencias ineludibles en todo el país”.

Además, advirtió que la transformación dispuesta por el Poder Ejecutivo vulnera la legislación vigente, afecta programas estratégicos, debilita la articulación federal y abre paso a una conducción vertical y politizada en el caso del INTA, instaurando una intervención de hecho y sin debate parlamentario.

En el mismo sentido, se denunció que el INTI fue degradado a una mera “unidad organizativa dependiente”, despojándolo de su carácter de ente autárquico, lo que implica “una pérdida de autonomía, federalismo y continuidad institucional, y habilita el desguace o vaciamiento progresivo de organismos que cumplen funciones estratégicas en el desarrollo nacional”.

“El peronismo defiende el trabajo, la industria nacional, el conocimiento como bien público, y una Argentina federal. Este decreto atenta contra todo eso. Por eso exigimos su inmediata derogación”, sostuvo la senadora.

“Desde el Senado vamos a defender el rol del INTA y de todos los organismos que el decreto desmantela o disuelve, como el INTI y el INASE, que cumplen funciones esenciales para el país. Su destino no puede decidirse por decreto”, concluyó.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP) presentó un proyecto de declaración en repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el subsidio histórico destinado a la Fundación de la Hemofilia, una institución de referencia nacional e internacional que garantiza el tratamiento integral de personas con hemofilia y otras coagulopatías hereditarias.

El proyecto propone exhortar a las autoridades a restituir de forma “urgente” el subsidio y garantizar la continuidad de la fundación, defender el derecho a la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes y visibilizar el rol esencial de instituciones de referencia.

“La crueldad no puede ser una política de Estado. La salud de miles de argentinos está siendo puesta en riesgo por un gobierno insensible que prioriza el ajuste por sobre la vida”, sostuvo la senadora.

La Fundación, con más de 80 años de trayectoria, atiende a más de 4.800 pacientes de todo el país, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, y se sostiene gracias a un subsidio que cubre entre el 50% y 70% de su presupuesto operativo.

“Desde diciembre pasado, no recibe fondos estatales, acumulando deudas y dejando a su personal médico y técnico sin los recursos necesarios para garantizar la atención y continuidad de los tratamientos”, alertó la rionegrina y cerró: “No vamos a quedarnos callados frente al abandono. Seguiremos levantando la voz por una Argentina justa, solidaria y humana”.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de declaración en el que expresa su enérgico repudio al Decreto N° 462/2025, por considerar que “atenta contra la naturaleza autárquica, participativa y federal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”.

“El decreto impone una reforma centralista y verticalista que pone en riesgo el funcionamiento de los consejos regionales, los institutos de investigación y las agencias de extensión, además de comprometer seriamente la estabilidad del personal técnico y científico del organismo”, advirtió la legisladora.

En los fundamentos del proyecto, Larraburu destaca que el INTA fue concebido en 1956 como un organismo técnico descentralizado, orientado al desarrollo de las economías regionales mediante la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la extensión rural. “Eliminar su representatividad territorial implica una regresión institucional inaceptable, y pone en jaque décadas de trabajo articulado con provincias, universidades y productores”, señaló.

La senadora recordó además el comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que alertó sobre los peligros de esta recentralización y reivindicó el rol del INTA como pieza clave en la construcción del agro argentino, uno de los más competitivos del mundo.

“El INTA no sólo genera conocimiento técnico, también forma profesionales, impulsa la innovación y sostiene el tejido productivo del país. Su autonomía y participación territorial no son un lujo: son una necesidad estratégica”, concluyó la senadora García Larraburu.

Los últimos datos del INDEC son elocuentes: el 10% más rico de la población argentina percibe 15 veces más que el 10% más pobre. Esta es la brecha más alta desde la salida de la pandemia. Al mismo tiempo, un 20,4% de la población recibe ingresos inferiores al 50% de la mediana. ¿Qué significa esto? Que uno de cada cinco argentinos vive con menos de $200.000 mensuales. Y sin embargo, se nos quiere convencer de que la economía está mejorando.

El Gobierno celebra una leve baja en el coeficiente de Gini, como si no supiera –o no quisiera decir– que la comparación se hace con el trimestre inmediatamente posterior a la megadevaluación del 55% de diciembre de 2023. Un punto de partida deliberadamente devastado.

Estos niveles de desigualdad no son accidentes. Son consecuencia directa de una política económica diseñada para beneficiar a los más poderosos. No es la primera vez que ocurre en nuestro país. A lo largo de nuestra historia reciente, los gobiernos de corte liberal o neoliberal han impulsado modelos de concentración del ingreso, devastación del mercado interno y transferencia regresiva de recursos.

En 1976, la dictadura cívico-militar implantó un modelo financiero especulativo, destruyó la industria nacional y endeudó al país a niveles inéditos. En los '90, se profundizó ese camino con privatizaciones, apertura irrestricta de importaciones y desregulación del trabajo. El resultado: desocupación, exclusión y la tragedia del 2001. Luego, durante el macrismo, se volvió a privilegiar al capital financiero: fuga de capitales, endeudamiento con el FMI, tarifazos y caída del salario real. Hoy, el Gobierno de Javier Milei continúa esa senda con una brutalidad inédita: motosierra al gasto social, entrega de los recursos estratégicos y un ajuste que recae siempre sobre los mismos sectores.

No se trata solo de un modelo económico. Es una cosmovisión. Una donde el “mercado” sustituye al Estado, donde los derechos se reducen a privilegios de pocos, y donde el pueblo es considerado un estorbo para los negocios.

Esta lógica no es exclusiva de la Argentina. A nivel global, la desigualdad también es alarmante. Según Oxfam, el 1% más rico de la humanidad concentra más riqueza que el 99% restante. La financiarización de la economía, el extractivismo de datos, la evasión fiscal y los paraísos fiscales perpetúan un sistema que enriquece a una minoría y condena a las mayorías a la precariedad.

Sin embargo, nuestro país tiene una historia distinta. Cada vez que Argentina buscó crecer con inclusión, lo hizo de la mano del peronismo. Fue el peronismo el que construyó una clase trabajadora con derechos, que entendió que el salario no es un costo, sino el motor del consumo y del desarrollo. Fue el peronismo el que impulsó la industrialización, la soberanía económica y la movilidad social ascendente. Y será el peronismo, una vez más, el que proponga una salida con justicia social, con trabajo, ciencia y tecnología, salud y educación pública.

Hoy, frente a un modelo que concentra, excluye y desprecia, debemos levantar la voz. No se puede gobernar contra el pueblo. No se puede construir una Nación entregando sus recursos, quebrando su sistema científico y universitario, ni destruyendo su tejido productivo.

No queremos una Argentina del 1%. Queremos una Argentina para todos y todas. Y sabemos cómo hacerlo.

La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para derogar los decretos 345/2025 y 346/2025, firmados por el Poder Ejecutivo, que disuelven organismos históricos de la cultura nacional y relegan a otros a la categoría de simples “unidades organizativas” bajo el control centralizado de la Secretaría de Cultura.

“Estos decretos constituyen un golpe a la identidad cultural y un paso más en el desmantelamiento del Estado”, afirmó.

Entre los organismos afectados se encuentran el Instituto Nacional del Teatro (INT), la CONABIP,  TECNOPOLIS, el Palacio Libertad (ex CCK), el Museo Nacional de Bellas Artes, y numerosos institutos históricos como el Belgraniano, Browniano, Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y el Instituto Juan Domingo Perón. En muchos casos, se disuelven estructuras federales y representaciones provinciales, con pérdida de autonomía y recursos.

“No se trata de un Estado más eficiente, sino de un proyecto político que busca debilitar nuestra memoria colectiva y reducir la presencia cultural en todo el país”, advirtió García Larraburu. El proyecto también denuncia que los presupuestos de los organismos pasarán al Tesoro Nacional, y que sus bienes podrán ser enajenados por la AABE.

La senadora remarcó el valor histórico de instituciones como la CONABIP y el INT, pilares de una política cultural federal y participativa. “La cultura no es un gasto: es un derecho y una herramienta de transformación social. No vamos a permitir que se la vacíe ni que se vendan nuestros espacios públicos”, sentenció.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por la senadora Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), recibió por la tarde en el Salón Illia del Palacio Legislativo a diversos representantes del sector científico y tecnológico a fin de realizar una reunión informativa para interiorizarse sobre la situación actual de la comunidad educativa y científica en el país.

Durante el inicio de la reunión, Larraburu resaltó la importancia de que “hoy podamos escuchar a los actores del entramado científico y tecnológico de nuestro país con una fuerte presencia federal y agradecerles a los senadores de todos los sectores políticos por su interés y compromiso".

El primer expositor fue Ariel Pereda, director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA,) quien resaltó la importancia de este organismo de ciencia y técnica "que tiene la mayor federalidad y generamos conocimiento y tecnología para uno de los principales sectores productivos del país que es el agropecuario". También sostuvo que el Gobierno tiene la intención "de cambiar e integrar por mayoría el Consejo Directivo".

Aunque Pereda opinó que "es muy importante que el INTA sea revisado, creemos que tenemos una institución sana que agrega valor a las economías regionales por lo que queremos hacerlo desde un diálogo racional y con una discusión productiva".

Uno de los representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Mario Pecheny, investigador y miembro de su Directorio, expresó  a los senadores que " estamos asistiendo a una destrucción del sistema científico y tecnológico. Hay más de 800 integrantes del año 2022 esperando su acta de ingreso y los salarios están por el piso", ejemplificó y agregó que "están expulsando a los jóvenes científicos del país".

A continuación, el representante de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Osvaldo Uchitel, destacó que "el valor de la Agencia radica no solo en la financiación sino que forma el corazón del sistema científico y nos eliminaron todo tipo de financiamiento para este año y el que viene, esto denota que no hay ningún interés en desarrollar la ciencia en la Argentina".

Por último, expuso Jorge Schneebeli, ex vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien compartió la situación actual del instituto y menciono que " venimos preocupados por la posibilidad que existe de centralizar al organismo y pasar a formar parte de un ministerio porque esto compromete seriamente las funciones del INTI que fue creado en un marco federal y que se concibió como un ámbito de participación público privada".

Luego de las exposiciones los senadores realizaron preguntas y debatieron con los referentes científicos. Cabe destacar que en esta reunión se escuchó a un primer bloque de oradores y que la Comisión continuará con más rondas de expositores en los próximos encuentros.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Inteligencia Artificial (INIA), con el objetivo de promover el desarrollo científico, ético y soberano de esta tecnología estratégica. El proyecto propone un organismo de carácter federal, interdisciplinario y con participación de los sectores científicos, tecnológicos, productivos y sociales, que oriente políticas públicas en torno a la investigación, desarrollo, aplicación y monitoreo de la inteligencia artificial en beneficio del interés nacional.

La iniciativa fue presentada y debatida en una serie de encuentros con la comunidad científica nacional. Fue presentada en primer lugar en el Instituto Patria, ante científicos y científicas de los distintos organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, integrantes de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, y agrupaciones que nuclean a becarios, investigadores y trabajadores del sector. Luego, fue compartida en un encuentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la CGT junto a la Mesa Federal, en diálogo con representantes del movimiento obrero.

El proyecto establece que el Instituto Nacional de Inteligencia Artificial funcionará como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y tendrá la misión de promover la investigación, implementación y evaluación de sistemas de IA en todo el país. Entre sus principales funciones se destacan el impulso a la transferencia tecnológica hacia el sector público y productivo, la articulación con universidades, gobiernos provinciales y actores sociales, el financiamiento de proyectos científicos, y la capacitación de profesionales y ciudadanía en general. Además, se propone que el Instituto sea un actor estratégico para la detección de demandas sectoriales concretas y el diseño de soluciones tecnológicas orientadas al interés nacional.

La institucionalidad del INIA contempla un Consejo Directivo con representación del sistema científico-tecnológico (CICYT, COFECYT), las universidades nacionales (CIN), el Poder Legislativo y el sector productivo, lo que garantiza una conducción plural, democrática y federal. El Instituto también deberá redactar y aplicar un Código de Ética y un Protocolo de Evaluación de Impacto Algorítmico que asegure el respeto por los derechos humanos, la no discriminación, la equidad de género y la protección de datos personales. Con estos instrumentos, la propuesta busca dotar al país de capacidades propias y criterios éticos para gobernar el desarrollo de la IA desde una perspectiva soberana, inclusiva y socialmente comprometida.

“La propuesta parte de una convicción política y teórica: en el marco del avance acelerado de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial no puede quedar librada únicamente al mercado ni a intereses extranjeros. Se requiere una planificación democrática, orientada desde el Estado y con participación de la comunidad científico-tecnológica, que permita garantizar el control soberano sobre los desarrollos estratégicos, evite nuevas formas de dependencia y asegure una distribución equitativa de los beneficios del conocimiento”, concluyó.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado se reunió este miércoles para ratificar a sus autoridades y, de esta manera, la presidencia volvió a queda en manos de la rionegrina Silvina García Larraburu (UP), la vicepresidencia Víctor Zimmermann (UCR), y la secretaría para la pampeana Victoria Huala (Pro). La comisión fijó como días y horarios de trabajo los miércoles a las 16

Al ser elegida titular de la comisión, García Larraburu expresó: “La verdad que en este contexto tan complejo que estamos viviendo en nuestro país, para mí es un enorme desafío y una gran alegría poder ser nuevamente presidenta de esta comisión que es tan importante para el desarrollo de nuestra Nación”.

“Me da mucho orgullo, como recién mencionaban, todo el año pasado, el anterior, y las veces que hemos convocado siempre logramos plena participación de todos los bloques que me parece que es una señal muy importante”, destacó la rionegrina y sumó: “También en estas épocas de tanta división y de tanta violencia, que podamos trabajar mancomunadamente más allá de nuestra ideología y de nuestros partidos, creo que esta comisión ha sido un fiel reflejo de la voluntad federal que tenemos de trabajar en un tema tan importante y tan caro para el desarrollo de las naciones como es el desarrollo científico y tecnológico”.

La senadora de UP contó: “Hemos, prácticamente, sacado todos los proyectos que teníamos el año pasado. Ahora tenemos ocho proyectos de comunicación que están a la firma que ya fueron tratados en asesores que hay acuerdo que son de la mayoría de los senadores”, y comunicó: “Después tenemos cinco proyectos de ley, tres proyectos de comunicación, un proyecto de resolución y 21 de declaración que, si les parece bien, pondríamos ya en tratamiento el martes que viene a las 11 de la mañana la reunión de asesores”.

Así, planteó: “La idea también este año es que podamos invitar a los actores de la ciencia y la tecnología Nacional de diferentes provincias para que nos vengan a contar cuál es su situación y ver también, desde nosotros, la forma de ayudarlos porque sin desarrollo científico y tecnológico no hay patria posible”.

Al tomar la palabra, el radical Zimmermann también destacó la labor realizada por la comisión y expresó: “Queremos seguir haciéndolo en ese marco. Es un desafío enorme todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, ciencia aplicada y, fundamentalmente, para las provincias nuestras del norte donde sabemos que todo lo que tiene que ver con el conocimiento es un instrumento muy interesante que tenemos que fortalecer”.

Por último, la senadora Huala expresó: “Tenemos un inmenso desafío porque es un mundo que está en constante cambio en todo esto que es el desarrollo de las tecnologías. Es una oportunidad que no tengo dudas que en esta comisión vamos a estar a la altura de las circunstancias que nos demanda la Argentina y el mundo”.

La reciente decisión del Gobierno nacional, por medio de la cual se permite el ingreso de peras frescas desde China, golpea de lleno el entramado productivo de la tradicional fruticultura del Alto Valle rionegrino, y expone una vez más, la alarmante desconexión que existe entre los centros de toma de decisiones y la realidad que atraviesan las economías regionales.

La importación de un cargamento de 17,5 toneladas de peras chinas no es más que una de las tantas medidas que se conjugan y dan forma a una batería de decisiones improvisadas. En este caso, implementadas desde el Ministerio de Economía por Luis Caputo, y desde la usina ideológica libertaria por Federico Sturzzeneger, el Ministro de Desregulación y Modernización del Estado.

La producción de peras en nuestra región no es una simple estadística: es el sustento de cientos de familias, el reflejo del esfuerzo, historia e identidad. Es una economía intensiva en trabajo humano (cerca del 55% de los costos corresponde a la mano de obra) , que da empleo directo e indirecto a comunidades enteras. Sin embargo, en vez de protegerla, el gobierno nacional elige abrir nuestras góndolas a productos importados que compiten en condiciones absolutamente desiguales.

La importancia de preservar una actividad tradicional - como lo es la fruticultura - se conjuga con un contexto económico desincentivador para los productores. Al respecto, la presión impositiva asfixiante, el valor impagable de las tarifas, el impacto del empaque en los costos, la cosecha y demás, son algunos aspectos que resultan perjudiciales para el productor. En este marco es que resulta oportuno cuestionarnos si en verdad existe una lógica de desarrollo y fortalecimiento nacional detrás de esta decisión de importar peras, o, si como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, no es más que una decisión política que favorece intereses ajenos en detrimento del trabajo y la producción nacional.

Permitir la entrada de peras chinas sin exigir un trato equitativo para nuestros exportadores es abrir la puerta a una competencia desleal. Los subsidios chinos y las condiciones fitosanitarias exigidas, erosionan la producción local y conllevan el riesgo inminente de desplazar las peras nacionales de las góndolas.

No es esta la senda a transitar si se quiere construir un país federal. El Estado debe contraer un compromiso real con los productores locales, garantizando un precio justo para la fruta, y tomando medidas de forma inmediata para aliviar el ahogo económico al cual están sometiendo a los actores involucrados en la cadena productiva frutícola.

Desde mi lugar en el Senado, seguiré bregando por la construcción de un modelo de desarrollo verdaderamente federal y equitativo, que valore y proteja lo que producimos en nuestra tierra. Y que la prioridad siempre sea cuidar nuestra producción y empleo nacional.

Con una amplia convocatoria y la participación de destacados referentes nacionales y provinciales, se llevó a cabo en la Universidad Nacional de La Pampa el conversatorio “Democracia y conocimiento: diálogos urgentes para un futuro común”, un espacio de reflexión colectiva que reunió a actores políticos, académicos, científicos y de la sociedad civil.

El evento, organizado por la UNLPam con el acompañamiento del Centro Científico Tecnológico (CCT) del CONICET Confluencia, INCITAP/CONICET y el IEHSOLP/CONICET buscó generar un diálogo plural sobre el rol estratégico de la ciencia, la tecnología y el conocimiento en el fortalecimiento de la democracia y la construcción de un futuro inclusivo, federal y sustentable.

Durante las casi tres horas de intercambio, se abordaron interrogantes clave sobre cómo articular el conocimiento con las políticas públicas, la necesidad de promover agendas de investigación alineadas con el desarrollo sostenible y la importancia de garantizar procesos inclusivos, federales y con perspectiva de género.

El conversatorio contó con las exposiciones principales de Daniel Gollán, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, y Silvina García Larraburu, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores de la Nación. Ambos remarcaron la urgencia de fortalecer los vínculos entre la ciencia, la política y la ciudadanía para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país.

Acompañaron el evento Oscar Alpa, rector de la UNLPam y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Alberto Baruj, vicepresidente de CONICET; Luz Lardone, ex integrante del Directorio de CONICET por los Organismos de Ciencia y Tecnología provinciales; quienes aportaron sus miradas sobre las oportunidades y tensiones del sistema científico y tecnológico argentino.

El panel se enriqueció con las intervenciones de Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y actual secretaria de Investigación de la Universidad Nacional de Río Negro; Ana Franchi, expresidenta de CONICET; y Yamile Socolovsky, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU, quienes pusieron el foco en los desafíos de la gestión del conocimiento y las políticas de género en ciencia y tecnología, Mario Romero, secretario General de APINTA, y Oscar Galante, asesor de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados de la Nación.

Estuvieron presentes además autoridades y referentes provinciales. Contó con la presencia de Marcela Coli, diputada por La Pampa y vicepresidenta primera de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación.

Además, participaron Ariel Rauschemberger y Varinia Marín, diputados nacionales por La Pampa; Javier Breccia, y María Silvia Dis liscia directores de los Institutos de doble dependencia CONICET/UNLPam.

Asimismo, estuvieron presentes decanos; referentes del sistema científico tecnológico provincial; secretarios/as de rectorado y de las facultades; Integrantes de la comunidad científica; estudiantes; referentes de Clubes de Ciencia y público en general.

Al cierre, los organizadores destacaron la importancia de “sostener estos espacios de encuentro y construcción colectiva, donde las diferentes voces y miradas permitan diseñar políticas públicas que integren al conocimiento como herramienta fundamental para el desarrollo democrático y soberano del país”.

La actividad, que fue gratuita y abierta a toda la comunidad, reafirmó el compromiso de la universidad pública y el sistema científico nacional con la democratización del conocimiento y el trabajo conjunto con la ciudadanía.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro) presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo informes precisos sobre la crisis en la producción y entrega de chapas patentes del automotor.

“El Gobierno decidió finalizar el contrato con la Casa de Moneda, proveedor histórico de matrículas metálicas, para entregar la producción a una empresa privada. Esto no es eficiencia, es desmantelamiento del Estado”, afirmó la senadora.

La iniciativa se enmarca en un contexto preocupante, generado tras la intervención de la Casa de Moneda en noviembre de 2024, y el cierre de la planta ex Ciccone, responsable de la fabricación de las chapas metálicas. La decisión gubernamental derivó en un grave desabastecimiento que afecta a usuarios con vehículos nuevos, pero también a quienes necesitan reponer chapas deterioradas o robadas.

La senadora remarcó que “el Ejecutivo no explicó por qué no se garantizó la continuidad de la producción durante la transición, ni qué beneficios concretos supone abandonar un esquema estatal de fabricación para delegarlo en el sector privado”.

“El Gobierno ha dado una muestra clara de que la negligencia en la toma de decisiones y la implementación de medidas improvisadas, en lugar de eficientizar los procesos, han perjudicado a miles de argentinos y argentinas", finalizó.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro) presentó un proyecto para modificar a la Ley 26.020 (Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo -GLP-) y establecer un precio de referencia por región y para cada semestre estacional de invierno y verano.

Se trata de una regulación en el valor de las garrafas de uso doméstico nacional en envases de hasta 45 kilogramos. La medida está dirigida usuarios de bajos recursos, sobre todo, en provincias como Río Negro, Chubut y Neuquén cuentan con amplios porcentajes de la población que no tienen conexión a las redes de distribución de Gas Natural y dependen del GLP envasado para poder calentar sus hogares y cocinar durante todo el año.

Este texto fue presentado seis veces en los últimos once años: Tras la sanción de la Ley 26.020 en 2005, hubo iniciativas para actualizarla en 2014, 2017, 2019, 2021, 2023 y en la actualidad.

En relación al GLP, García Larraburu explicó que “es de gran utilidad para el hogar, industria y comercio, pues es una solución segura y eficaz para usuarios distantes del tendido de Gas Natural”.

“Teniendo en cuenta que es un deber del Estado garantizar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de la comunidad y más aún en lugares en donde las dificultades de las bajas temperaturas hacen muy difícil el desarrollo de la vida en general”, remarcó en el final del proyecto.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para instituir el 21 de abril de cada año como el “Día Nacional del paso a la inmortalidad del Papa Francisco”, en conmemoración del legado universal del primer pontífice argentino, latinoamericano y jesuita de la historia. La iniciativa busca homenajear a Francisco con una jornada de memoria, reflexión y valoración de su legado espiritual, social y pastoral.

“El Papa Francisco marcó un antes y un después en la historia contemporánea de la Iglesia y del mundo. Su voz se alzó en defensa de los más vulnerables, promoviendo el diálogo entre culturas y religiones, la justicia social, la paz y el cuidado de nuestra casa común”, expresó.

El proyecto busca establecer una jornada de encuentro y reflexión sobre los valores que guiaron su vida y su pontificado, entre los que se mencionan: Su mensaje de fraternidad y encuentro entre los pueblos, expresado en la encíclica Fratelli Tutti; Su incansable defensa de la justicia social y la dignidad humana, especialmente en favor de migrantes, pobres y excluidos; Su compromiso con una ecología integral, plasmado en la encíclica Laudato si’, donde unió el cuidado del planeta con la lucha por la equidad; Las profundas reformas eclesiales que impulsó, abriendo la participación a laicos y mujeres, y fortaleciendo la transparencia; Y su presencia profética en tiempos de crisis, siendo un faro en la lucha por un mundo más humano, en el que el dinero pierda sus mágicos poderes de encantamiento y hombres y mujeres se abracen en fraternidad para construir un mundo mejor.

“El Día Nacional del paso a la inmortalidad del Papa Francisco será un acto de justicia histórica y un legado de valores para las generaciones futuras”, concluyó.

Una vez más, el Gobierno de Milei demuestra  su absoluto desinterés por las realidades de las provincias argentinas. La reciente decisión de recortar rutas aéreas operadas por nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, no solo representa un ataque directo a una empresa estratégica del Estado, sino que golpea de lleno a las economías regionales y debilita el ya frágil entramado federal argentino.

Desde el inicio de su mandato, el presidente ha intentado imponer una visión unitaria, porteñocéntrica y mercantilista de la Argentina, donde todo lo que no sea rentable bajo los parámetros de mercado debe desaparecer. Pero los pueblos no son empresas. Aerolíneas Argentinas no es solo una compañía aérea: es una herramienta de integración nacional, un puente entre regiones, una garantía de acceso, desarrollo y oportunidades para quienes viven lejos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El recorte de vuelos a ciudades como: Viedma, Mar del Plata, Rosario, entre otras no es una cuestión técnica: es una decisión profundamente política. Porque lo que está en juego es la posibilidad que nuestras provincias sigan conectadas con el resto del país y del mundo, con todo lo que eso implica para el turismo, la producción, el comercio, la salud y la integración interprovincial.

Aerolíneas Argentinas continúa recortando gastos, con el fin de sostener y mejorar su balance económico del 2024 que fue positivo por primera vez desde la estatización.

Este ajuste llega ahora de la mano del cierre de 17 de las 21 sucursales comerciales que la empresa tiene en diferentes puntos del país. Algunas ya cerraron, y otras serán dadas de bajas hasta el 30 de mayo. Según información  brindada por la compañía, al 30/4/25 habrán cerrado las sucursales de San Carlos de Bariloche, Ushuaia, El Calafate, San Juan, Jujuy, Rosario, Comodoro Rivadavia, Posadas, Salta, Neuquén, Bahía Blanca, , Trelew, Formosa, Santa Fe, Río Gallegos, Río Grande y Corrientes.

Como rionegrina, la suspensión  de la conexión aérea entre Bariloche y Viedma merece un párrafo aparte. Esta ruta representa una herramienta estratégica para la integración territorial de la provincia de Río Negro. En tanto no solo acorta significativamente los tiempos de traslado entre la capital provincial y su principal ciudad turística y económica, sino que también favorece el desarrollo de actividades institucionales, productivas, sanitarias y educativas.

Su suspensión implica un retroceso en términos de conectividad, especialmente para quienes deben realizar gestiones administrativas o recibir atención médica de complejidad en centros específicos. A su vez, afecta negativamente al turismo interno, limita las oportunidades comerciales y debilita la cohesión provincial al dificultar la circulación entre regiones con realidades complementarias.

En síntesis, la ausencia de esta ruta profundiza las asimetrías regionales, desalienta inversiones y priva a la ciudadanía de un derecho básico: la conectividad eficiente dentro de su propio territorio

No es menor que en nombre de una supuesta “eficiencia” se condena en todo el país a cientos de miles de argentinos a quedar aislados. Se castiga a los que viven lejos del centro y se prioriza a los que ya tienen todo resuelto. Este es el verdadero rostro del ajuste: la desconexión, el retroceso y la pérdida de derechos.

Desde nuestro lugar en el Senado de la Nación vamos a seguir defendiendo a Aerolíneas Argentinas como símbolo de soberanía y como motor de desarrollo federal. No vamos a permitir que se arrase con décadas de esfuerzo para que cada provincia tenga un rol protagónico en el país. Porque federalismo no es solo una palabra en la Constitución: es una práctica concreta que se construye todos los días, con decisiones que garanticen igualdad, integración y justicia territorial.

La Argentina no se construye de espaldas al interior. Y no hay futuro posible si abandonamos a nuestras provincias.

En una ceremonia emotiva, la senadora nacional Silvina García Larraburu, junto a otros senadores del bloque Unión por la Patria, entregaron la Mención de Honor al Valor Científico al doctor Conrado Franco Varotto, reconociendo su extraordinaria contribución al desarrollo científico y tecnológico de la Argentina.

“El doctor Varotto no solo es un referente indiscutido en el ámbito de la ciencia y la innovación, sino también un símbolo de compromiso, visión y trabajo incansable por un país con soberanía tecnológica”, expresó la senadora. “Su humildad, su claridad y su generosidad al compartir conocimientos lo convierten en un verdadero maestro de la ciencia argentina”, agregó.

El encuentro fue mucho más que una entrega de distinciones: fue un espacio de intercambio, memoria y gratitud, donde se reflexionó sobre el rol estratégico de la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo nacional. Los senadores repasaron junto a Varotto los hitos más relevantes de su carrera: desde su papel protagónico en la consolidación de INVAP, la empresa estatal rionegrina referente mundial en tecnología nuclear, satelital y aeroespacial, hasta la creación y liderazgo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que bajo su dirección impulsó proyectos emblemáticos como los satélites SAC-C y SAOCOM.

Entre uno de los logros más destacados se encuentra el de haber desarrollado con éxito el proceso de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, tecnología estratégica solo dominado por un puñado de países, hito que permitió la visita del expresidente de Brasil José Sarney a la planta en el año 1987 junto a Raúl Alfonsín y la posterior firma del tratado de cooperación y salvaguardas modelo a nivel mundial para el desarrollo pacífico de la energía nuclear.

Doctor en Física por el prestigioso Instituto Balseiro, Varotto fue distinguido tanto en el país como en el exterior por su capacidad para liderar equipos multidisciplinarios y llevar adelante proyectos de altísima complejidad tecnológica. Gracias a su visión, la Argentina se posicionó entre las pocas naciones del mundo con capacidad para diseñar, fabricar y operar sus propios satélites.

“El reconocimiento al doctor Varotto no es solo un merecido homenaje a su historia personal, sino también una reafirmación del valor estratégico de la ciencia pública, del talento argentino y de las decisiones políticas que apuestan al conocimiento como motor de futuro”, señaló García Larraburu.

Durante el acto, también se compartió una sentida evocación al legado espiritual y social del Papa Francisco, a raíz de su reciente fallecimiento. Fue un momento de reflexión compartida, donde se resaltaron sus mensajes de justicia, esperanza y defensa de los más vulnerables.

Lo importante más allá de sus innumerables logros no son los proyectos ni los desarrollos realizados sino mostrarnos un camino a seguir y dejarnos convicción por la innovación y militancia tecnológica.  Como siempre suele decir  “La argentina es un país del futuro aprovéchenlo”.

Al cerrar el encuentro, la senadora expresó: “Honrar al Dr. Varotto es honrar la inteligencia, la constancia y el amor por la patria. Gracias, Conrado, por enseñarnos que la ciencia, cuando se pone al servicio del pueblo, es una de las formas más nobles de construir soberanía. Humilde, brillante, incansable, su legado trasciende generaciones y nos recuerda que la ciencia, cuando nace del corazón, también puede ser un acto de amor al país".

Como todos los años una vez que se terminan de procesar todos los proyectos presentados a lo largo del año, Parlamentario publica el ránking de los diputados y senadores nacionales que más proyectos presentaron a lo largo del último período legislativo.

Se trata de un análisis cuantitativo, no cualitativo, como siempre aclaramos, porque este trabajo no analiza el tenor o importancia de las iniciativas presentadas, sino simplemente la cantidad presentada. En este informe también encontrará a los que menos proyectos presentaron, o al menos los que quedaron en cero al finalizar el año legislativo.

Es clave destacar que para el Índice de Calidad Legislativa realizamos un conteo de las iniciativas de todo tipo presentadas durante el 142° período ordinario. Esto es, entre el 1 de marzo de 2024 y el 28 de febrero de 2025. Remarcamos este dato, porque hay quienes han presentado ya durante el actual período iniciativas, o bien presentaron en los meses de enero y febrero del año pasado proyectos que no entraron en este conteo. La publicación de este informe tiene el delay lógico que corresponde a la espera de que se completen todos los datos que buscamos medir.

Proyectos de ley

Citamos los proyectos de ley por ser los más importantes. Y vayamos a la Cámara baja, donde encontramos que la presidenta del bloque Innovación Federal Pamela Calletti es la que más iniciativas de ese tipo presentó en el último período ordinario: 70. El último que presentó durante el período analizado fue en diciembre del año pasado y propone la actualización de multas para la Ley de Estupefacientes. También impulsó un proyecto para establecer que la remuneración mensual del presidente de la Nación será la más alta del sector público y organismos que se encuentren bajo control directo o indirecto del Estado nacional.

Presentó también un proyecto relacionado con la gratuidad de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados, y otro que incorpora el concepto de violencia vicaria en la Ley de Protección Integral a las Mujeres. ¿Qué es la violencia vicaria? Es la que se provoca a los hijos e hijas de las mujeres, instrumentalizada para maltratar y ocasionar un dolor extremo a sus madres.

En segundo lugar en este rubro se encuentra otro diputado salteño, Emiliano Estrada (UP), con 56 proyectos, siendo el más reciente uno que establece una exención del impuesto a las indemnizaciones por antigüedad y cualquier otra que se reciba en casos de despidos o desvinculación laboral. También impulsó la creación del Programa de Fomento para la articulación entre instituciones educativas técnico profesionales y proyectos mineros locales; y un Régimen de Producción Regional Agropecuaria no tradicional.

Completa el podio el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, autor de 52 proyectos de ley. Entre ellos, uno que aplica la prisión e inhabilitación especial para el funcionario público que dicte, sancione, apruebe o ejecute una ley u ordenanza que implique doble imposición de impuestos.

Proyectos de Ley en Diputados

1°) Pamela Calletti	70
2°) Emiliano Estrada	56
3°) Juan Manuel López	52
4°) Gisela Marziotta	44
5°) Mónica Macha	36
6°) Ana Carla Carrizo	34
Esteban Paulón	34
8°) Karina Banfi	32
9°) Silvana Ginocchio	32
10°) Martín Tetaz	30
	FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

En el Senado, la autora de más proyectos de ley fue la rionegrina Silvana García Larraburu, con 50 iniciativas. La última que presentó durante el período analizado, en febrero pasado, establece un incremento en las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados con incendios. Muy preocupada por ese tema, también presentó un proyecto para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en zonas afectadas por incendios en la región patagónica.

Pero eso no es lo único que desvela a esta prolífica senadora. También presentó una iniciativa para ampliar penas para delitos contra la integridad sexual, y proyectos relacionados con la ciencia, como el que declara capital nacional de la Ciencia, Investigación y Desarrollo de Altas Tecnologías a San Carlos de Bariloche.

El segundo lugar en proyectos de ley lo ocupó la tucumana Beatriz Avila, autora de 44 iniciativas de ese tipo, que incluye uno relacionado con los derechos electorales de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior, para que puedan votar por correo postal. También impulsó la inclusión de la educación financiera en instituciones educativas de nivel secundario, y otro para regular la utilización del uso de celular por parte de estudiantes y docentes durante el horario escolar.

Con un proyecto menos, 43, aparece en tercer lugar otro salteño, Sergio “Oso” Leavy, autor entre otros de un proyecto para crear en el ámbito del Congreso una comisión bicameral permanente para la regulación estratégica de la Inteligencia Artificial; otro para crear el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, y la declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias, por 4 años.

Proyectos de Ley en el Senado

1°) Silvana García Larraburu	50
2°) Beatriz Avila	44
3°) Sergio Leavy	43
4°) Carmen Crexell	33
5°) Anabel Fernández Sagasti	28
Silvia Sapag	28
7°) Ezequiel Atauche	26
8°) Daniel Bensusán	24
Nora Giménez	24
10°) Antonio José Rodas	22
	FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Otros proyectos

Con 133 proyectos de declaración, la misionera Yamila Ruiz es la que más iniciativas de ese tipo presentó durante el último período, seguida por Pamela Calletti, con 45.

Igual que el año pasado, y a pesar de haber estado el año pasado muchos meses de licencia, en el Senado el radical chaqueño Víctor Zimmermann encabeza el rubro proyectos de declaración, con 166, seguido por la camporista María Eugenia Duré, con 117, quien también había ocupado ese lugar en el período anterior. El tercer escalón en este rubro lo ocupó la rionegrina Silvina García Larraburu, con 69 proyectos.

Proyectos de Declaración en el Senado

1°) Víctor Zimmermann	166
2°) María Eugenia Duré	117
3°) Silvina García Larraburu	69
4°) Nora Giménez	67
5°) Bartolomé Abdala	63
6°) María Inés Pilatti Vergara	57
7°) Alicia Kirchner	46
8°) Beatriz Avila	38
9°) Vilma Bedia	26
10°) Sergio Leavy	25

 

Proyectos de Declaración en Diputados

1°) Yamila Ruiz	133
2°) Pamela Calletti	45
Roxana Monzón	25
4°) Sabrina Ajmechet	24
Eduardo Toniolli	24
6°) Karina Banfi	21
Vanina Biasi	21
Silvana Giudici	21
9°) Carlos Alberto Fernández	20
Esteban Paulón	20
	FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Proyectos de resolución es el último de los rubros que hay en Diputados, siendo la diputada bonaerense de UP Micaela Morán la que más presentó (86), seguida por su compañera de bancada Gisela Marziotta (78) y el socialista Esteban Paulón (75).

En el Senado, usan muy poco los proyectos de resolución, como puede verse en la tabla adjunta.

Allí en cambio tienen un rubro más de proyectos, los de comunicación, rubro en el cual se destacó el último año la senadora salteña Nora del Valle Giménez, con 45, seguida por la fueguina María Eugenia Duré, con 39.

Proyectos de Resolución en Diputados

1°) Micaela Morán	86
2°) Gisela Marziotta	78
3°) Esteban Paulón	75
4°) Silvana Ginocchio	62
5°) Ana María Ianni	59
6°) Eugenia Alianiello	50
7°) Agustina Propato	45
8°) Marcela Passo	44
9°) Eduardo Valdés	40
10°) Eduardo Toniolli	39
11°) Nicolás Del Caño	38
12°) Mónica Macha	37
13°) Mónica Fein	35
Roberto Mirabella	35

Proyectos de Resolución en el Senado

Sergio Leavy	3
Martín Lousteau	3
Oscar Parrilli	3
María Inés Pilatti Vergara	3

Proyectos de Comunicación en el Senado

1°) Nora del Valle Giménez        45
2°) María Eugenia Duré             39
3°) María Inés Pilatti Vergara    25
4°) Alicia Kirchner                      24
	FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Los menos productivos

Aclarando en primer lugar que en modo alguno la presentación de más o menos proyectos representa un juicio de valor respecto de la eficiencia de cada legislador, pasamos a continuación a detallar quiénes fueron los legisladores que no presentaron ningún proyecto en el año. Algo que no necesariamente es señal de haraganería, pero por supuesto es para tener muy en cuenta, por cuanto la elaboración de muchas iniciativas representa sin duda una preocupación especial por ser productivos en la materia. Y lo opuesto, si bien no merece la crítica inmediata, amerita un llamado de atención, sobre todo cuando es sistemático.

Está claro que los diputados o senadores que ocupan lugares más encumbrados no trabajan especialmente de elaborar proyectos -aunque eso no es una regla general-, y hay muchos cuyas funciones principales no pasan por la elaboración de proyectos.

Están también aquellos que quedan en cero en todos los rubros. Cada uno tendrá sus razones para justificarlo. A ellos nos referiremos puntualmente.

En materia de proyectos de ley, en el Senado quienes no presentaron en todo el año ningún proyecto de ley son el correntino Carlos “Camau” Espínola, los santiagueños Gerardo Montenegro y José Neder, y el puntano Fernando Salino. De todos ellos el único que no presentó proyectos de ningún tipo (por segundo año consecutivo) es Espínola.

En la Cámara baja, no presentaron ningún proyecto de ley los diputados de UP Walberto Allende, Luis Basterra, Santiago Cafiero, Celia Campitelli, Elia Fernández, Ramiro Fernández Patri, Bernardo Herrera, Máximo Kirchner, Magalí Mastaler, Nilda Moyano, Graciela Parola, Julio Pereyra, Nancy Sand, Rodolfo Tailhade; los de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Emma, José Luis Espert, Carlos García, Gerardo Gustavo González, Nadia Márquez, José Peluc y María Celeste Ponce; los radicales Martín Arjol y Alfredo Vallejos; por Encuentro Federal Ignacio García Aresca, Nicolás Massot, Emilio Monzó y Florencio Randazzo; del Pro, Alvaro González; del MID, Cecilia Ibáñez y Oscar Zago; de Producción y Trabajo María de los Angeles Moreno, y de Innovación Federal el misionero Daniel Vancsik.

De todos estos, Lisandro Ansaloni, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Emma, José Luis Espert, Ramiro Fernández Patri, Carlos García, Gerardo González, Máximo Kirchner, María de los Angeles Moreno, Graciela Parola, José Peluc, Julio Pereyra y Florencio Randazzo no presentaron proyectos de ningún tipo.

De todos estos, el único que repite no haber presentado proyectos de ningún tipo en el período 141° y el 142° es Florencio Randazzo.

Desde hace años venimos advirtiendo sobre las consecuencias de entregar nuestros recursos estratégicos al capital privado. Hoy, frente a la inminente licitación del paquete accionario de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, volvemos a alzar la voz en defensa del patrimonio de todos los argentinos.

Estas obras monumentales, construidas por el Estado Nacional a través de Hidronor desde la década del 60, fueron la piedra fundacional del desarrollo energético de nuestra Patagonia. Están completamente amortizadas, han generado ganancias extraordinarias y, durante décadas, fueron pilares de un modelo productivo que hoy algunos pretenden desmantelar en nombre del “mercado”.

Mediante los decretos 718/24 y 895/24, el Gobierno Nacional dispuso avanzar con la privatización de estas represas. Más recientemente, a través del Decreto 263/2025, se prorrogó por apenas 15 días el llamado a concurso, en respuesta a la solicitud de los gobernadores de Neuquén y Río Negro. Un gesto claramente insuficiente frente a una decisión que compromete la soberanía energética del país y margina a las provincias titulares de los recursos naturales.

Lejos de promover una mirada federal, se insiste en un modelo de concesión que ya ha fracasado. Las empresas beneficiadas durante los años '90 usufructuaron estos activos sin realizar las inversiones necesarias, mientras fugaban capitales al exterior. Es una historia repetida de vaciamiento, desidia y pérdida de control nacional.

Desde el Senado impulsamos en 2022 el proyecto S-3091, que proponía que, al finalizar las concesiones, las represas pasaran a ser gestionadas por Energía Argentina S.A., en articulación con las provincias y el sector privado. Esta propuesta, que defiende el interés público y una visión integral del desarrollo, fue lamentablemente desoída.

Es momento de actuar. Por eso, instamos al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a exigir ante las autoridades nacionales:

Que solo se licite el 50% del capital accionario de las sociedades;

Que el 50% restante quede reservado a las provincias de Río Negro y Neuquén, para que puedan decidir sobre el destino de sus recursos.

Esta propuesta requiere la modificación del Artículo 6° del Decreto 718/24, reformado posteriormente por los Decretos 895/24 y 263/25.

No se trata solo de energía. Se trata de identidad, de historia, de futuro. Y el futuro no se negocia.

En lo que va de 2025, siete ciclistas han perdido la vida en rutas y calles de Río Negro, según datos recolectados por Bicicletas por la Vida. Dos de ellos eran niños, y todas estas tragedias eran evitables.

No es simplemente una estadística. Detrás de cada uno hay una familia quebrada. Francisco Valentín Bravo Manzoni, Thiago Bayer, Sandro Nievas, Antonella Rebolledo, Rubén Héctor Martínez, Graciela Aedo y una pequeña de apenas tres años, son los rostros que deben quedar grabados en nuestra memoria como recordatorio de lo que no podemos seguir permitiendo.

En este contexto, toma aún más importancia el tratamiento del proyecto de ley que presenté nuevamente este año, bajo el expediente 61/25; y que ya había impulsado en 2021 y 2023, para incorporar normas claras y obligatorias en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 a fin de proteger específicamente a los ciclistas.

Nuestra legislación actual contempla obligaciones para los y las ciclistas, pero no así el modo en que deben actuar quienes conducen vehículos motorizados al compartir las calles y rutas con ellos y ellas. Esta deuda legislativa cuesta vidas.

El proyecto establece, entre otras medidas, que los vehículos deberán dejar una distancia mínima de 1,5 metros al adelantar a ciclistas, reducir su velocidad en 20 km/h durante la maniobra, y abstenerse de sobrepasar si no existen condiciones seguras. También propone que los exámenes para obtener o renovar la licencia de conducir incluyan contenidos obligatorios sobre seguridad vial para ciclistas, con una calcomanía identificatoria de “Respeto al ciclista” para fomentar la conciencia en el espacio público. Al mismo tiempo, promueve un cambio cultural para proteger a quienes, por convicción o necesidad, eligen la bicicleta como medio de transporte.

Este proyecto surgió en 2021 como una respuesta al reclamo de organizaciones como Bicicletas por la Vida, nacida tras la muerte de Pablo Diego Ramos en Bariloche, y del diálogo con quienes trabajan todos los días por una movilidad más segura y sustentable.

Cada ciclista que muere es una señal de alarma que no podemos seguir silenciando con indiferencia. El Congreso tiene la responsabilidad y la oportunidad de debatirlo, enriquecerlo y aprobarlo, para fortalecer la seguridad vial en Argentina.

Las senadoras rionegrinas Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentaron sendos proyectos de comunicación para solicitar informes al Poder Ejecutivo Nacional por la fusión del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), impulsado a través del Ministerio de Defensa.

“Estamos ante una medida que no solo carece de sustento técnico, sino que atenta contra el prestigio, la identidad y la eficacia de dos instituciones científicas fundamentales para la soberanía nacional”, advirtió la senadora kirchnerista. Mientras que la legisladora cercana al gobernador Alberto Weretilneck cuestionó: “¿Con qué propósito buscan fusionarla y/o absorberla en este país?”.

Silva, además, destacó que “tanto el IGN como el SMN han logrado consolidar una identidad institucional reconocida nacional e internacionalmente”, y manifestó que “forzar una fusión podría: Debilitar su representatividad en ámbitos internacionales y comprometer su capacidad de actuar como entes técnicos independientes, especialmente en situaciones de emergencia o de requerimiento técnico por parte de otros organismos del Estado”.

Por otro lado, García Larraburu criticó que “fusionar instituciones con misiones, perfiles profesionales y equipamiento completamente distintos no tiene un solo beneficio real”. “Esta medida es un desmantelamiento encubierto. Es renunciar a capacidades estratégicas en geografía, meteorología y defensa del territorio. Es claudicar y abandonar la Ciencia y la Tecnología, socavando la soberanía", concluyó.

La reciente decisión del Gobierno nacional de cerrar las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse me llena de tristeza e indignación. No es solo el cierre de dos complejos hoteleros; es el fin de un sueño colectivo, de una política que durante décadas hizo posible que miles de familias trabajadoras, jóvenes y jubilados pudieran conocer su país y vivir la experiencia de unas vacaciones dignas.

Desde su inauguración en 1950, estos complejos han sido testigos de incontables momentos de alegría, de niños que veían el mar por primera vez, de abuelos que se reencontraban con su infancia, de familias que hallaban un respiro en medio de sus luchas diarias. Y lo sé porque lo vi con mis propios ojos. Entre 2013 y 2015, gestioné que más de 5.000 jóvenes rionegrinos viajaran gracias a estos programas. Recuerdo sus caritas iluminadas al subirse al micro, algunos con nervios, otros con una sonrisa radiante, sintiendo la emoción de emprender un viaje que quedaría grabado en sus recuerdos para siempre.

Aun hoy me cruzo con adultos que me cuentan cómo aquel viaje marcó su infancia, cómo les abrió los ojos a un mundo más grande, cómo los llenó de sueños. Porque de eso se trata: de garantizar derechos, de abrir puertas, de hacer que la felicidad no sea un lujo reservado para unos pocos.

Cerrar estos complejos es cerrar oportunidades, es quitarle a las nuevas generaciones la posibilidad de viajar, de aprender, de compartir. Es, además, poner en riesgo más de 500 puestos de trabajo y golpear a las economías locales que dependen de estos espacios.

No podemos aceptar que una decisión administrativa borre de un plumazo décadas de justicia social. Por eso, insto al Gobierno nacional que recapacite, que escuche a quienes vivieron esta experiencia, que entienda que Chapadmalal y Embalse no son solo hoteles: son símbolos de un país que alguna vez soñó con la igualdad de oportunidades.

Defenderlos es defender el derecho a soñar, a conocer, a sentirnos parte de algo más grande. Es defender la esperanza de un país más justo, más inclusivo y, sobre todo, más humano.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de comunicación a fin que el Ejecutivo responda sobre la difícil situación que atraviesan los jóvenes investigadores del Conicet y la Agencia I+D+i, a raíz de la falta de efectivización de ingresos, el recorte de becas y la incertidumbre laboral sobre si continuarán o no en la carrera de Investigador/a.

“El ajuste en el sistema científico afecta directamente a los investigadores/as y becarios/as que, tras años de formación y compromiso con el país, hoy ven truncadas sus posibilidades de desarrollo profesional. Estamos frente a una crisis que pone en riesgo el futuro de la ciencia argentina y que amenaza con provocar una fuga de cerebros sin precedentes”, advirtió.

El proyecto solicita informes al Poder Ejecutivo sobre las razones por las cuales no se han efectivizado las altas pendientes en la Carrera de Investigador Científico (CIC) y en el Personal de Apoyo (CPA). Asimismo, exige explicaciones sobre la reducción drástica de becas doctorales y posdoctorales, la falta de respuestas a los recursos de reconsideración de los postulantes y el congelamiento en la actualización de los montos de las becas de la Agencia I+D+i, que han generado una grave pérdida de poder adquisitivo para los y las investigadores/as.

Desde la comunidad científica han manifestado su preocupación ante el panorama actual, alertando sobre las consecuencias que estas políticas podrían tener en el mediano y largo plazo. “La ciencia nacional está en alerta”, finalizó la senadora.

Este año, San Carlos de Bariloche se prepara para una nueva elección de su Defensor o Defensora del Pueblo, un proceso que va mucho más allá de la designación de un nombre. Se trata de reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos, la transparencia y la mejora constante de la gestión pública.

Cuando impulsé junto a otros concejales la creación de la Defensoría del Pueblo en 2006, lo hice con la firme convicción de que nuestra ciudad necesitaba un organismo autónomo e independiente, capaz de actuar como un puente entre la ciudadanía y el Estado. Bariloche, con su crecimiento y complejidad, requería una institución que garantizara la protección de los vecinos frente a abusos, irregularidades y deficiencias en los servicios públicos. Me inspiré en experiencias exitosas de otras ciudades del país, convencida de que este era un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa. Luego, en 2007, se incorporó a la Carta Magna de nuestra ciudad.

A casi dos décadas de su creación, la Defensoría del Pueblo ha demostrado con creces su importancia. Ha canalizado miles de reclamos, ha sido testigo de las preocupaciones de nuestra comunidad y ha impulsado soluciones concretas. Pero su valor va más allá de las estadísticas: representa el derecho de cada vecino a ser escuchado, a exigir respuestas y a contar con una herramienta eficaz para la defensa de sus intereses.

En este contexto, la elección de un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo es una oportunidad para renovar el compromiso con esta institución y fortalecer su rol dentro del entramado democrático. La sociedad demanda cada vez más transparencia, cercanía y eficiencia por parte del Estado. La Defensoría debe mantenerse como un espacio activo, dinámico y, sobre todo, independiente, que responda a las necesidades del pueblo sin condicionamientos ni demoras.

Hoy más que nunca, debemos reafirmar el valor de esta institución y trabajar para garantizar su consolidación y fortalecimiento. No se trata solo de elegir a una persona, sino de asegurar que la Defensoría siga cumpliendo su función esencial: ser la voz de quienes necesitan justicia, equidad y respuestas concretas. Porque una democracia sólida no se construye sólo con discursos, sino con instituciones que actúan y protegen los derechos de todos.

La escandalosa aprobación en la Cámara de Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/25, que habilita al Poder Ejecutivo a celebrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, exhibe una vez más a un Poder Ejecutivo que burla la legalidad; como así también desnuda la complicidad de diputados que convalidan maniobras espurias, en un intento desesperado por hacerse de dólares que no irán a parar a la producción o el desarrollo de infraestructura, sino más bien al sistema financiero.

La utilización de un DNU atenta contra la división de poderes que marca la Constitución en el artículo 75, inciso 7, que establece claramente que el endeudamiento público debe ser debatido y aprobado por el Congreso de la Nación. Pero como gobiernos anteriores -siendo el más reciente el de Mauricio Macri- burló la interpretación de la carta magna para endeudar al país en 45.000 millones de dólares con el FMI, propiciando la fuga de divisas más significativa en las últimas décadas; en el año 2021 aprobamos la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, en dónde se manifiesta de forma clara y explícita que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI requerirá de una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". Pero como el Presidente Milei le teme al debate en el Senado, mandó un mamarracho de DNU a que se lo convalide su cámara amiga.

Tampoco los diputados pueden hacerse los distraídos con la alarmante falta de información detallada sobre los términos y condiciones de este nuevo endeudamiento. No se han brindado datos concretos sobre el monto total del préstamo, las tasas de interés aplicables ni los plazos de devolución. Esta opacidad impide un análisis serio y responsable del impacto que este acuerdo tendrá en la economía nacional y, especialmente, en la vida cotidiana de millones de argentinos y argentinas.

La historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que los acuerdos con el FMI suelen ir acompañados de políticas de ajuste que profundizan la desigualdad y afectan negativamente a los sectores más vulnerables. Sin un debate amplio y participativo, corremos el riesgo de repetir errores del pasado que tanto dolor causaron a nuestra sociedad. Hace no mucho tiempo el propio Milei calificaba el endeudamiento de Macri con el Fondo como un fracaso de su política económica; hoy es él el que está fracasando.

Es fundamental que el Gobierno respete los mecanismos institucionales y someta este acuerdo a la consideración del Congreso -lo cual incluye al Senado- permitiendo un debate transparente y democrático. Solo así podremos garantizar que las decisiones que se tomen estén verdaderamente orientadas al bienestar de nuestro pueblo y no a intereses ajenos a nuestra realidad.

La soberanía nacional no se negocia ni se decreta; se defiende con convicción y compromiso.

Desde el año 2017, la senadora Silvina García Larraburu impulsa un proyecto de ley a fin de fomentar la inclusión y fortalecer la participación de personas con discapacidad en el ámbito artístico y cultural. El mismo fue elaborado junto con el Centro Cultural y Educativo Crearte.

La iniciativa, fundamentada en el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, busca garantizar oportunidades equitativas para que estos artistas puedan desarrollar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en beneficio propio, sino también como un valioso aporte a la sociedad.

“El programa tiene como objetivo brindar un respaldo económico que permita a los artistas con discapacidad potenciar su talento y consolidar su vocación en un contexto de mayor igualdad de oportunidades”, explicó García Larraburu.

El proyecto contempla dos tipos de becas:

• Beca de formación artística: dirigida a quienes deseen capacitarse en una disciplina específica.
• Beca de creación artística: destinada a artistas con trayectoria que necesiten financiamiento para la producción y desarrollo de su obra.

“El arte y la cultura son herramientas fundamentales de transformación social. Brindan contención, fortalecen los vínculos y nos acercan a una sociedad más justa e inclusiva”, destacó la senadora.

Con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir los riesgos asociados a la automedicación, la senadora Silvina García Larraburu ha presentado un proyecto de ley que propone la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de medicamentos, tanto de venta libre como bajo receta, en cualquier medio de comunicación.

El proyecto busca reducir el impacto negativo de la publicidad en la percepción de los medicamentos, evitando que las personas recurran a ellos sin la debida orientación médica. Entre sus principales objetivos, se destacan: Disminuir el consumo indiscriminado de medicamentos de venta libre; Reducir la exposición del público a publicidad engañosa o distorsionada sobre fármacos; Prevenir el daño sanitario causado por la automedicación; Combatir la resistencia antimicrobiana derivada del uso excesivo de antibióticos.

“La publicidad de medicamentos genera una falsa sensación de seguridad en la población y promueve la automedicación irresponsable. Nuestro objetivo es que los medicamentos sean utilizados bajo la supervisión de profesionales de la salud y no bajo la influencia de estrategias de marketing,” explicó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 50% de los medicamentos en el mundo se prescriben o venden de manera inadecuada, y la automedicación es una de las principales causas de intoxicaciones, interacciones peligrosas y resistencia a los antibióticos.

“El medicamento no es un producto de consumo masivo, sino un bien social que debe ser utilizado con responsabilidad. Con esta ley, buscamos fortalecer el vínculo entre los pacientes y los profesionales de la salud, evitando que la publicidad influya en decisiones médicas que deben tomarse con base científica,” concluyó.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley con el fin de extender por 10 años la moratoria previsional establecida en 2023 por la Ley 27.705, ya que la misma finaliza en marzo de 2025.

“En nuestro país, las moratorias previsionales se implementaron como un instrumento clave de la política social, en tanto han permitido garantizar el acceso a jubilaciones y pensiones a personas que no pudieron completar los aportes necesarios durante su vida laboral. En la mayoría de los casos estamos hablando de personas que trabajaron en empleos no registrados, o realizaron labores no remuneradas como son las tareas de cuidado”, argumentó.

Señaló en tal sentido que “desde la primera moratoria en el gobierno de Néstor Kirchner, estos instrumentos han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la desigualdad entre los adultos mayores. Por ello la nueva moratoria reparará las inequidades, sobre todo en el caso de las mujeres, puesto que de lo contrario 7 de cada 10 mujeres quedarían sin cobertura alguna”.

Según la senadora kirchnerista, “la implementación de una nueva moratoria, en estos términos, permitiría sumar más de 700.000 personas al sistema previsional solamente en el primer año de puesta en marcha, convirtiéndose en un poderoso instrumento de inclusión social”.

“Su sanción ampliará derechos humanos básicos, progresivos y de obligatorio cumplimiento, establecidos por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional  en Argentina desde finales del 2022”, concluyó.

La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para limitar el uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas. La medida busca mejorar el aprendizaje y la socialización de los estudiantes. “El abuso de la tecnología en el aula afecta la concentración y el rendimiento académico. Necesitamos recuperar el valor del aprendizaje sin distracciones”, afirmó.

El proyecto prohíbe el uso de celulares en nivel inicial y primario durante toda la jornada escolar y lo restringe en secundaria, salvo excepciones educativas o de salud. También establece que las escuelas deberán resguardar los dispositivos de los alumnos. “No estamos en contra de la tecnología, sino a favor de una educación de calidad. Queremos que los dispositivos sean aliados del aprendizaje, no una distracción”, destacó García Larraburu.

La iniciativa se fundamenta en estudios de la UNESCO y en el ejemplo de países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Australia, Italia y España, que han demostrado mejoras en el bienestar y sobre el rendimiento escolar tras restringir el uso de celulares. “Diversos estudios muestran que esta medida reduce el bullying y mejora las calificaciones. Es clave garantizar un entorno escolar saludable y seguro”, sostuvo.

Finalmente, la senadora convoco a la comunidad educativa y a todo el arco político del Congreso a apoyar la medida: "Regular el uso de celulares en el ámbito escolar permitirá mejorar el aprovechamiento del aprendizaje y fortalecer la interacción entre alumnos y docentes, apostando por un aprendizaje más enfocado, con el lápiz y el papel como herramientas fundamentales", finalizó.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP – Rio Negro) comenzó el año parlamentario con la presentación de 39 proyectos de ley y afirmó que “es imperativo redoblar esfuerzos para que la falta de empatía deje de ser la prioridad de la gestión de (Javier) Milei”.

Entre los proyectos más destacados se encuentran: la prohibición de los basurales a cielo abierto, la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (RENDAM) y la instauración de la Empresa Nacional de Biotecnología, Ciencia y Tecnología Aplicada a la Salud Argentina (Bio-Salud AR). También se propone declarar a la ciencia y la tecnología como actividades esenciales.

Además, se destacan iniciativas como la regulación de la actividad profesional de guía de montaña, ya sea en forma autónoma o bajo relación de dependencia, en todo el territorio nacional; el establecimiento de las bases para el desarrollo del turismo rural comunitario; y la modificación de los requisitos para la obtención y renovación de la Licencia Nacional de Conducir, en relación con el adelantamiento y la distancia de sobrepaso a ciclistas.

De los 39 proyectos presentados, cinco están vinculados a la salud pública, tres a cuestiones de género, dos a la actividad turística, nueve a la producción, tres al área social, tres al medioambiente y el resto “abordan temáticas de gran relevancia para la sociedad en su conjunto”.

“Las propuestas que volvimos a presentar este año fueron trabajadas en conjunto con diversos colectivos y sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con sus problemáticas y tenemos la enorme responsabilidad de hacer escuchar su voz en el Congreso, con el objetivo de impulsar políticas públicas que promuevan la producción, la ciencia y el bienestar general de la población”, afirmó la senadora.

En ese sentido, García Larraburu concluyó: “En un contexto donde el Gobierno Nacional busca distraer con banalidades, discursos de odio y espectáculos alejados de la realidad, es imperativo redoblar esfuerzos para que el individualismo extremo y la falta de empatía dejen de ser las prioridades de la gestión de Milei”.

En el marco de la sesión de este jueves en el Senado, la rionegrina Silvina García Larraburu se refirió al llamado a sesión extraordinaria para “tratar proyectos que están lejos de la realidad de la sociedad argentina, mientras ya se incendiaron más de 39.000 hectáreas en la Patagonia y no se declaró la emergencia por parte del Gobierno Nacional”.

Señaló que “el fuego ya afectó más de 300 viviendas, solamente en El Bolsón fueron más de 1000 los evacuados, y tuvimos que lamentar la pérdida de una vida humana. Por otra parte, las pérdidas económicas superan los 500 millones de pesos debido a la interrupción de actividades productivas y turísticas”.

Frente a esta situación, solicitó que se trate el proyecto de su autoría que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional, por 180 días. Además, pidió que se dé tratamiento a otro proyecto suyo que incrementa las penas a quienes cometen incendios.

Por otra parte, consideró que es importante darle tratamiento a una iniciativa que impulsa desde 2022, que incrementa las partidas del Sistema Federal de Manejo del Fuego; como así también al proyecto que establece un Régimen Previsional Diferencial para Combatientes de Incendios Forestales.

Estamos ante un gobierno negacionista que desconoce el cambio climático mientras se incendia el sur del país, retira a la Argentina de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y nos deja en una situación de vulnerabilidad frente a epidemias, enfermedades y desastres naturales. Es un gobierno que descree de la evidencia científica, maltrata a nuestros científicos, desfinancia al sector; y a fin de cuentas, impone una cultura oscurantista, que en cualquier momento va a proclamar el terraplanismo como verdad inobjetable.

Estos días trascendió que el Ejecutivo pretende reestructurar el Conicet a fin de reducir el presupuesto del organismo, limitar la cantidad de nuevos ingresos a la carrera de investigador, modificar su esquema de financiamiento, modificar el régimen de compatibilidades en el estatuto para obligar a los investigadores a buscar otro empleo ya que el Conicet no pagaría la exclusividad, afectando así la dedicación a la investigación, eliminar a las ciencias sociales y humana; y también se mencionó la posibilidad de provincializarlo, siguiendo el modelo implementado en la década del noventa con la educación. Por otra parte, pretenden fusionar instituciones abocadas a distintas temáticas como son el INTA, INTI y la Conae. El objeto es reducir la planta; pero esto sólo redundará en la pérdida de capacidades específicas y la desfinanciación.

Ya el 2024 fue un año muy duro para el sector. El ajuste que emprendió el Ejecutivo Nacional recayó en áreas claves y estratégicas para el desarrollo soberano de nuestro país. Prueba de esto es la paralización de las obras del proyecto CAREM 25, del RA-10, y del Parque Industrial de Agua Pesada; A esto se suma el cierre de las Unidades de Extensión del INTI; El despido masivo de personal en organismos y empresas del sector, que asciende a 2.448 trabajadores y trabajadoras altamente calificados; El desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, en dónde desarrollan sus tareas gran parte de los investigadores e investigadoras del país; La estrepitosa caída de sus ingresos y la consecuente fuga de cerebros que está generando. Estamos claramente frente a un cientificidio.

Este gobierno incumple con Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, una legislación aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras. La Ley establece que el presupuesto destinado a la función ciencia y técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI de cada año. El presupuesto destinado en 2024 y para 2025 estuvo y está fuera de las metas establecidas por ley.

No podemos desconocer que la inversión en ciencia y tecnología es esencial para el desarrollo y la sostenibilidad de los países. Al invertir en investigación, los países en vías de desarrollo -como la Argentina- pueden diversificar sus economías, reducir la dependencia de sectores primarios y fomentar la creación de productos y servicios de mayor valor agregado, lo cual mejora la competitividad y crea empleo de calidad. No podemos quedarnos inmóviles frente al oscurantismo que propone Milei y su equipo, ni dilapidar las capacidades científicas que tiene nuestra Nación para abordar los desafíos del futuro.

La senadora nacional de Unión por la Patria Silvina García Larraburu presentó proyectos de ley que van desde el cambio de artículos del Código Penal, buscando ampliar las penas para los responsables de incendios forestales, hasta la declaración de la emergencia ambiental, económica y habitacional en la región.

A su vez, presentó un proyecto de comunicación que busca que el Ejecutivo informe sobre las acciones desplegadas en la zona, y el presupuesto destinado a combatir los incendios.

“Es imperioso que se declare la emergencia ambiental, económica y habitacional, por el término de ciento ochenta días, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo Nacional, en la provincia de Río Negro, específicamente en las localidades de San Carlos de Bariloche, El Bolsón y en aquellos departamentos afectados por los incendios ocurridos durante los meses diciembre de 2024 y  enero y febrero de 2025”, remarcó.

Sobre el tema, la legisladora rionegrina dijo que “estos incendios han provocado, la pérdida de la vida de un poblador, al igual que de vastas extensiones de bosques nativos, viviendas, infraestructura y fuentes de trabajo, generando un impacto devastador en el ecosistema y en la economía local”.

“Otro tema no menor es la intencionalidad en varios focos de incendios lo que indica la necesidad de cambiar los artículo 186 y 189 del Código Penal  y agregar el 186 BIS a fin de aumentar y especificar las penas por incendios en áreas protegidas y en los diferentes ecosistemas y caer con todo el peso de la ley para quienes produzcan semejante devastación y desastre”, afirmó.

Además, agregó: “Es de suma importancia tratar el expediente 83/24 de mí autoría, presentado por primera vez en 2022, que aumenta el presupuesto para incrementar los recursos económicos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Buscamos establecer un piso presupuestario mínimo que otorgue previsibilidad y convierta a la prevención y combate de los incendios forestales en política de Estado”.

“Lamentablemente, el desastre también ha cobrado la vida de una persona, decenas de heridos y evacuados, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la región, provocando impacto ambiental, económico y habitacional. La reconstrucción de infraestructura crítica, como caminos y redes de servicios públicos, también es clave para el restablecimiento de las condiciones de vida en la región”, finalizó la senadora de Unidad Ciudadana.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 27.399 para ampliar los días feriados nacionales destinados a promover la actividad turística. En tal sentido, manifestó que "es primordial apuntalar con políticas públicas la actividad turística".

En el proyecto, la legisladora rionegrina manifestó que busca el fortalecimiento de las economías regionales y crecimiento sostenido; generación de empleo y reducción de la estacionalidad; y mitigación de la misma.

“La ampliación de feriados nacionales y días con fines turísticos es una medida sustancial para motorizar el desarrollo regional, el ingreso de divisas y la generación de empleo”, señaló la senadora, y añadió: “El turismo es un eje fundamental de la economía argentina. Promover la ampliación de los feriados con fines turísticos repercutirá de forma positiva en la economía nacional, impulsando la movilidad interna, activando las economías regionales y fomentando el consumo”.

También, sostuvo que "el trabajo en sinergía del Estado, el sector privado y los gobiernos municipales es muy importante para mantener e incrementar la importancia de esta actividad tan trascendente. En mi provincia, el Turismo es un eje fundamental, que dinamiza la actividad económica de pueblos y ciudades a partir del movimiento de turistas".

“Esta normativa que se promueve busca jerarquizar un sector fundamental en la generación de empleo, con miras a hacer del turismo una verdadera política de Estado. Este proyecto es un engranaje en la cadena de normas y acciones necesarias para consolidar y expandir beneficios socioeconómicos y culturales, cuyo motivo final reside en la promoción del crecimiento federal armónico, equilibrado e inclusivo para toda la Argentina”, finalizó.

La acuicultura sigue siendo una industria con un potencial enorme en nuestra provincia, especialmente si consideramos que el Golfo de San Matías tiene 17 mil km2, y una baja considerable en los niveles de capturas por parte de la flota pesquera. Como ha pasado en muchos países con tradición pesquera, la pesca fue mutando a la acuicultura, es decir pasar de la captura al cultivo, o bien un desarrollo complementario entre ambas industrias, es algo que debiera ocurrir en nuestro país, dados los recursos disponibles. Una actividad, que planteada del inicio, con prácticas sustentables puede generar más inversiones, puestos de trabajo y la reactivación de plantas de proceso para aumentar la exportación y generación de divisas.

Para el despliegue de esta actividad fue elemental la sanción de un proyecto de mi autoría en 2015 que generó el marco legal acuícola. De esta manera, establecimos un régimen de fomento y desarrollo para el crecimiento del sector acuícola; la aplicación de estímulos para el aumento de la producción; incentivamos la investigación y capacitación en la materia; creamos el registro nacional y estipulamos las normas de calidad, salubridad y sustentabilidad de la actividad.

Fue un avance muy importante, porque logramos promover el desarrollo socioeconómico, cultural y profesional de los actores del sector con especial énfasis en las economías regionales y sentamos los preceptos de la coordinación entre las esferas nacionales, provinciales y municipales.

Esta semana tuve la oportunidad de participar de la celebración de las 10.000 toneladas de pescado cosechado por las empresas Idris Patagonia y Patagonia Farming. Recorrí sus instalaciones en Río Negro y Neuquén, y comprobamos que este importante hito se consiguió de la mano de una política de innovación constante y sostenibilidad. Además, estos emprendimientos generan empleo de calidad y son el sustento de 470 trabajadores y trabajadoras de manera directa y 150 de forma indirecta. Exportando el 100% de su producción a los mercados más exigentes, Japón, Estados Unidos, entre otros.

Es fundamental priorizar un modelo de país productivo, que genere valor y riqueza en origen, que potencie las economías regionales y sus comunidades, poniendo en valor los recursos que tenemos y a sus trabajadores.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP) le envió una nota al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en la que le expresó su “profunda preocupación” ante la situación que atraviesan vecinos que no pueden acceder a la red de gas natural para sus viviendas.

“Son aproximadamente 5000 familias en Bariloche, que esperan la conclusión del gasoducto cordillerano para así acceder al servicio de gas natural, tan indispensable durante cualquier época del año en nuestra ciudad, sobre todo en época invernal”, remarcó.

En una carta elevada por los Vecinos Sin Gas de Bariloche indican que “desde julio de 2022 la empresa Camuzzi no habilita más usuarios a pesar de tener la factibilidad aprobada, por falta de caudal de gas. Este problema se solucionaría con la ejecución de dicha obra. Somos más de 5.000 familias afectadas en Bariloche, sin contar las demás localidades”.

“La situación es insostenible, familias que pasamos frío en nuestras casas, en esta región donde son normales las temperaturas bajo cero, la leña no alcanza para calentarse, es cara y peligrosa. El uso de garrafas de gas, o intentar calefacción con energía eléctrica es peligroso y tan costoso que se hace imposible”, expresaron.

García Larraburu comentó: “Recibo de manera permanente consultas sobre el estado de la obra y solicitud de precisiones en cuanto al avance de la misma”, por lo que solicitó: “Es imperioso saber si estará en los planes de ejecución de 2025, ya que es de suma prioridad que el próximo invierno tenga a estas familias con el suministro de gas correspondiente”.

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los jubilados/as y pensionados/as fueron la principal variable de ajuste. La jubilación mínima cayó un 5% en términos reales a raíz del congelamiento del bono de 70.000 pesos y el veto del ejecutivo a la fórmula de movilidad que propuso el Congreso para recomponer los haberes.

A esta situación se suma el intento por desmantelar una política de provisión universal de medicamentos, por otra parcial y segmentada, que redujo la cantidad de medicamentos con cobertura del 100%, y ahora argumentando que es necesario establecer el “equilibrio financiero” del PAMI, se le impone a los y las beneficiarias la necesidad de acreditar su condición de extrema vulnerabilidad para recibir su medicación.

Tampoco se puede desconocer que en estos meses se permitió la liberalización de la industria y los medicamentos subieron casi 250%, por encima de la inflación. Toda esta situación sigue reproduciendo imágenes desoladoras en las farmacias del país, en dónde nuestros adultos mayores terminan eligiendo qué medicamentos comprar, qué afecciones tratar.

Por todos estos motivos será elemental que el Senado trate en el próximo período legislativo el proyecto de ley que presenté en abril de este año y se tramita bajo el expediente 553/24, por el cual se establece la obligatoriedad de PAMI de brindar el 100% de la cobertura de todos los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a sus afiliados y afiliadas de 60 años o más.

Frente a la política de crueldad de este Gobierno, debemos volver a afirmar que la salud es un derecho humano y tenemos la obligación de establecer políticas de Estado que lleven tranquilidad y certidumbre a las personas mayores.

La temporada de verano 2025 prevé una baja ocupación en las principales ciudades turísticas del país, correlato de la crisis económica, como así también del aumento de los viajes al exterior y la caída del ingreso de turismo extranjero, como consecuencia de la desventaja de precios relativos en el sector.

Esta situación agrava las medidas ya impuestas desde la administración central desde diciembre de 2023. La degradación del Ministerio; la derogación de las leyes 18.829, que regulaba las agencias de viajes, y la 18.828, vinculada a la hotelería, eliminó requisitos tradicionales para operar en el sector, afectando la protección de los consumidores, ante la pérdida de regulaciones y garantías. En esta línea el DNU 70/23 también atenta contra la profesionalización de la actividad, cuando en realidad lo que necesitamos es revalorizar su labor.

Esto preocupa especialmente en la provincia de Río Negro. Durante la temporada invernal de 2024 en Bariloche, se reportaron diversos incidentes y accidentes fatales en contextos turísticos, algunos de ellos relacionados con la falta de regulación adecuada en la contratación de guías habilitados y servicios turísticos registrados.

También resulta alarmante la desregulación de la actividad relacionada con el turismo estudiantil, en tanto deja en una situación de vulnerabilidad y exposición a los jóvenes y sus familias. Esta situación repercute especialmente en la ciudad de Bariloche. Todo esto se suma a una pobre promoción internacional, el freno de obras de infraestructura turística, y el desguace del sistema de transporte (aéreo y terrestre).

El ajuste también recayó en la cartera con más de 50 despidos directos. En el caso de Parques Nacionales la cifra asciende a 200 personas, con lo cual se deja en una situación de desprotección a los visitantes de los Parques, como así también se vulnera la preservación ambiental en los mismos.

En relación a la desregulación del transporte terrestre, el decreto 883/2024 otorga a las empresas libertad para establecer rutas, horarios, tarifas y tipos de vehículos sin necesidad de autorizaciones previas. Sin tener en consideración la pérdida de servicios en rutas no rentables,  la necesidad de mantener estándares de calidad y seguridad en el servicio.

En cuanto a la política aerocomercial, se está coqueteando con la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas, lo cual redundará en la pérdida de soberanía nacional y el recorte de rutas internas nacionales. En este tiempo, Aerolíneas sufrió recortes en su estructura y costos operativos. Además, la apertura del mercado de cabotaje a aerolíneas extranjeras (llamada cielos abiertos) busca fomentar la competencia en desmedro de los prestadores de la industria local.

Y lo paradójico es que toda esta situación se desarrolla mientras el Presidente gasta millones de dólares viajando por el mundo, y gran parte de estos viajes no son misiones oficiales.

Frente a este escenario necesitamos volver a ponderar la importancia estratégica de una industria sin chimeneas, que motoriza las economías regionales y genera puestos de trabajo genuinos y de calidad.

La senadora Silvina García Larraburu está totalmente en contra del “plan de acción de desmantelamiento que el Poder Ejecutivo Nacional está llevando adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”, el cual a su juicio incluye la reducción de su personal y de su presupuesto; como así también la venta de su patrimonio y el redireccionamiento de sus actividades hacia grandes empresas agropecuarias, en desmedro de los pequeños productores.

“El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público descentralizado con autarquía operativa y financiera, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. El aporte del organismo permite al país alcanzar mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades para acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado”, detalló.

Además, agregó: “Podemos resumir su implicancia en el entramado productivo nacional, señalando que el INTA atiende a todos los sectores desde las pequeñas economías populares y regionales hasta grandes estancieros de la Argentina. A su vez, es el único organismo que tiene un servicio de extensión distribuido en todos los pueblos del país, para atender las demandas de los pobladores y proponer soluciones adaptadas a cada zona. También tiene fuertes lazos con las empresas e industrias relacionadas a la producción agropecuaria y agroalimentaria, con quienes tiene convenios e interactúan permanentemente”.

“Es importante remarcar que gran parte del presupuesto de INTA para funcionamiento lo autogenera el propio organismo a través de los campos experimentales y a través de ganar proyectos en el país y en el extranjero, con el consecuente ingreso de dólares que ello implica”, dijo.

“El gobierno nacional comenzó un plan de acción comercial que contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales del Inta. Abarca la venta en subasta pública de medianos y grandes campos como así también el arrendamiento y posterior venta de otra serie de lotes, que van de pequeños a grandes ubicados en distintos puntos del país”, remarcó.

“Este organismo es muy importante para los productores, tanto en el avance tecnológico como en la extensión ya que no sólo es un referente en investigación, desarrollo y extensión, sino que también es un aliado indispensable para los pequeños y medianos productores. Con estas acciones se está saqueando el INTA, se está subastando el patrimonio de la Nación, el desarrollo de la producción y el futuro de nuestro país”, finalizó.

La senadora Silvina García Larraburu, en su rol de presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación, hizo entrega del Diploma de Honor al valor científico al destacado trabajo realizado por el doctor Sergio Agustín Lambertucci, director del Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación del Inibioma, CONICET- Universidad nacional del Comahue. El encuentro se desarrolló en un agradable ambiente de trabajo donde expusieron integrantes del equipo y se contó con la presencia de la vicedirectora del Inibioma Cintia Souto.

La conservación de los ecosistemas es el cuidado y mantenimiento de los recursos naturales para asegurar que no desaparezcan. La ciencia de la conservación es una disciplina que busca evitar, minimizar, mitigar y resolver problemas relacionados con la pérdida de biodiversidad.

García Larraburu le expresó al hacer entrega de la distinción: “Sergio, esta mención es un reconocimiento a todo lo que representas y al equipo de trabajo que te acompaña, en este momento tan complejo donde prima lo individual tenemos que ir en la corriente opuesta y darle valor a lo colectivo”.

Además, agregó: “Son nuestros científicos los que día a día realizan un trabajo de campo e investigación, con voluntad y convicción, a pesar de los duros momentos que hoy atraviesa todo el sector, son ejemplo a nivel internacional, contribuyendo con sus conocimientos y proyectos a mejorar la vida de todas y todos los argentinos. Los felicito y los insto a no bajar los brazos, el futuro será distinto sin duda dependiendo de la acción que seamos capaces de dar en territorio, hoy y cada día”.

Por su parte Sergio Agustín Lambertucci, remarcó: “Quiero agradecer especialmente esta distinción del Senado de la Nación entregada por la senadora Silvina García Larraburu, que no hace más que reforzar la importancia que tiene la ciencia en nuestro país. También agradezco a mi grupo de investigación, ya que la ciencia se hace en equipo”.

“La intención de este grupo de trabajo es mejorar la relación entre las personas y la naturaleza ya que dependemos de ella para nuestro bienestar, la equidad y la justicia social va acompañada de ambientes naturales sanos, dependemos de eso para sobrevivir”, dijo.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado se reunió este miércoles para designar a las autoridades de esta, ratificando nuevamente en el cargo de presidenta a la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (Unión por la Patria), quien se encuentra a cargo desde el 2018. Tanto la vicepresidencia como la secretaría quedaron reservadas para el oficialismo y los aliados.

En primera instancia, la senadora agradeció por la confianza del bloque de designarla en el cargo y señaló que “hemos logrado sortear las diferencias partidarias”. En otro tramo de su intervención, destacó al Víctor Zimmermann, quien dejó su banca para asumir como ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible en la provincia del Chaco.

La titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado aseveró que “la situación del sector científico es muy complicada” e instó al Poder Ejecutivo Nacional a “repensar” sobre las políticas ejecutadas en organismo como el Conicet. “Cuando se descontinúan, es muy difícil retomar”, refirió.

Del mismo modo, García Larraburu sugirió “reivindicar la labor de los trabajadores de la comisión” y pidió por “un compromiso de acá al 30 de noviembre -fecha en que se termina el período ordinario- para sacar los despachos de 6 proyectos de ley y más de 100 de resolución y declaración”.

Por último, dejó fijada la fecha de cada reunión de esta comisión para los miércoles por la tarde.

El día 25 de octubre de 2024, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 950/2024, por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional autoriza y obliga a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a impulsar los procedimientos y detalles técnicos necesarios para enajenar los inmuebles del Estado Nacional que no hubieran sido enajenados a la fecha de entrada en vigencia del presente.

La senadora Silvina García Larraburu sostuvo que “la medida alentada desde el Poder Ejecutivo, se justifica bajo la presunta necesidad de engrosar las arcas del Estado y de deshacerse de aquellos inmuebles ociosos, que representan costos y gastos evitables e innecesarios por parte del Estado. Se repite una lógica vieja, un patrón arquetípico de los modelos neoliberales, por medio del cual se rematan los bienes del Estado como medida primigenia, sin contemplar la viabilidad de opciones alternativas de financiamiento, que no comprometan el patrimonio ni los haberes nacionales”.

“Con este proceso de desinversión pública se continúa en la senda de la “motosierra”, comprometiendo a futuro la capacidad del Estado en diversas áreas, entre ellas, la provisión de servicios públicos esenciales”, dijo.

“Con este decreto, el Gobierno de Javier Milei hace oficial el desguace por medio de la venta de más de 300 inmuebles propiedad del Estado. Concretamente, también se reflotan 13 normas firmadas por el expresidente Mauricio Macri entre los años 2016 y 2019, que autorizaban procesos de enajenación de bienes”, remarcó.

Además, agregó: “A este respecto, por mencionar un ejemplo, uno de los edificios que se plantea rematar está ubicado en la Av. Cerviño Nº 3101/67, en Barrio Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este domicilio funciona una sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y trabajan un total de 140 personas. También funcionan allí la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección de Relaciones Internacionales, y Dirección de Vinculación Tecnológica. En su interior, se albergan también recursos materiales correspondientes a tecnología, software y hardware de las oficinas que allí funcionan”.

“Este decreto no hace más que exponer al desnudo las verdaderas intenciones del Gobierno nacional: con la aprobación de la Ley Bases, es la AABE quien tiene potestad y derechos de decidir sobre los bienes del Estado. No se requiere más que la firma del responsable, para, en este caso - entre otras consecuencias perniciosas - poner en peligro la fuente de trabajo de 140 personas y facilitar el desguace del Estado por medio de la venta de propiedades valiosas, que en algunos casos tienen utilidades y fines estratégicos, turísticos, culturales, e incluso de patrimonio histórico. Es preocupante pensar que un Decreto de esta magnitud instale una norma que se haga costumbre en las decisiones del ejecutivo”, finalizó.

Una vez más, como pasó con la Ley de Movilidad Jubilatoria, Diputados avaló un veto de la crueldad. Pero lo que es peor, están arremetiendo contra un sector clave y estratégico para el futuro del país. La Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales sólo buscaba recomponer el presupuesto de las casas de estudios, y los salarios de los docentes y no docentes acorde a la evolución de la inflación de este año.

No era un proyecto ambicioso, como fue la sanción en 2006 de la Ley de Educación que fijó la inversión del 6% del PBI; aspecto que ahora quieren suspender en el presupuesto 2025; Y claramente es mucho menos audaz que el proyecto que presentó nuestro espacio político a fin del año pasado que la elevaba del 6% al 8% del PBI; del cual un 1,5% iba a estar destinado a la educación universitaria.

No pretendíamos que este gobierno incremente la inversión educativa. Pero sí, impedir que las Universidades Nacionales entren en su licuadora. Por eso es falaz el argumento del desequilibrio fiscal. La propia Oficina de Presupuesto del Congreso, evaluó que su implementación sólo implicaría un costo adicional del 0,14% del PBI.

Este fue un veto completamente ideológico. Frente a quienes piensan que la educación debe ser un derecho de pocos, de quienes puedan pagarla; desde Unión por la Patria sostenemos que es la herramienta por excelencia para la movilidad social ascendente de los argentinos y argentinas; el desarrollo del país en su conjunto; y permite democratizar el derecho a la educación superior a lo largo y ancho del país.

En la provincia, la Universidad Nacional de Río Negro tiene sedes en todas las regiones (Andina, Atlántica, Valle Medio y Alto Valle); actualmente tiene 11.333 estudiantes; y 3696 egresados, de los cuales el 54% son primera generación de estudiantes universitarios.

La UNRN pone en práctica al federalismo: les permite a nuestros jóvenes estudiar cerca de sus hogares; y en sus carreras y planes de estudio se despliega conocimiento situado, con identidad regional, con el fin de responder a las demandas y necesidades de nuestra población y entramado productivo.

Por otra parte, tenemos que tener presente que las universidades, además de asumir la crucial tarea de formar a los profesionales del mañana, son una pieza estratégica en el entramado científico nacional.

Sus áreas de investigación son fundamentales para el desarrollo de las vocaciones científicas entre los jóvenes universitarios de las carreras de grado y posgrado. En ellas se articulan las actividades de investigación y desarrollo, con las demandas sociales, económicas, regionales y/o locales.

Desde las Universidades Nacionales también surgen diversos esfuerzos por orientar la investigación científica a partir de recursos financieros propios. Así, se despliegan dispositivos donde se seleccionan temáticas, a fin de concentrar los recursos humanos y económicos en áreas competitivas para la universidad.

Al convalidarse el veto, el esfuerzo que hizo el conjunto de la sociedad para el sostenimiento de la Universidad Pública a lo largo de los años, corre serio peligro. Prueba fehaciente de esto es que en los primeros 7 meses de 2024 se ejecutó (a valores reales) un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023. Y el panorama desolador se prolonga a 2025 al evaluar el presupuesto general para el año que viene, el cual les otorga la mitad de los fondos que reclaman los rectores.

A su vez, si analizamos la evolución del salario docente, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 23,71%, respecto a noviembre de 2023. Como síntoma de esta época la decana de la Facultad de Agronomía de la UBA reveló que en lo que va del año renunciaron 30 profesores. Y la situación se replica en las distintas casas de estudios.

Están fomentando -una vez más- la fuga de cerebros. Lamentablemente le torcieron el brazo a Diputados. Ahora es responsabilidad de la sociedad toda, impedir que arrasen con una institución símbolo y emblema de nuestro país.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP) presentó un pedido de informes solicitando al Ejecutivo que brinde detalles sobre los avances de los proyectos de la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) y la Planta Industrial de Agua Pesada.

La Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) es el primer reactor de potencia de diseño y construcción completamente argentino, enmarcado en el proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

“Es una central nucleoeléctrica más pequeña que las tradicionales. Su principal objetivo es generar electricidad y cuenta con un diseño integrado y una serie de ventajas en términos de seguridad”, explicó.

García Larraburu destacó: “La central CAREM y su planta demostradora se encuentra en avanzado estado de construcción (alrededor de un 65% de avance físico general) esto configura una ventana de oportunidad inmejorable para la Argentina, la ventaja competitiva y estratégica es fundamental para ganar mercados y abrir las posibilidades de colocar este reactor argentino en muchas regiones del mundo, abriendo un potencial mercado exportador de tecnología y alto valor agregado que podría representar varios miles de millones de dólares durante los próximos años”.

“El Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10, es un proyecto que lleva adelante el Estado Nacional, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde el año 2016”, ponderó y contó que “es resultado de una de las mayores inversiones del Estado Nacional en las áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación y potencialmente se convertirá en un polo regional de producción de radioisótopos e investigación básica. Se localiza en el Centro Atómico Ezeiza (Provincia de Buenos Aires) e incluye el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y entrega para la operación de un reactor nuclear multipropósito, con un aporte de más del 80% de empresas nacionales e instituciones locales en tecnología y servicios asociados”.

Además, agregó: “Es de público conocimiento que la paralización de las inversiones en infraestructura, obras y recursos humanos que promueven un desarrollo en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, solo supondría un atraso para el país en las metas de crecimiento económico, estratégico y desarrollo industrial. En tiempos donde la racionalidad es la excepción y no la norma, es menester ampliar los argumentos, puntualizando incluso en la legislación comparada de los países denominados desarrollados”.

“Querer ir a contramano del mundo solo conlleva a hacer de la Argentina un país más pobre y atrasado en el desarrollo científico y tecnológico, con consecuencias altamente negativas”, alertó y apuntó: “En este sentido, al Gobierno no le ha bastado solo con arremeter verborragicamente contra todo lo ‘público’ y ‘nacional’, sino que, como corolario, el desfinanciamiento proyectado en la Ley de Presupuesto 2025, tiene una incidencia aún más perniciosa sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.

Las recientes medidas del Poder Ejecutivo Nacional, y la Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación 216/2024 que desregula en forma absoluta el sector de las garrafas y cilindros de GLP con el consiguiente impacto negativo en los sectores de la población más afectados por el ajuste.

Como consecuencia de ello a partir de este lunes los usuarios de garrafas de gas en el país y especialmente en la Patagonia, quedan con sus precios librados a la suerte del mercado ya que al no haber valores máximos las distribuidoras y comercializadoras de GLP podrán definir libremente para este servicio esencial, que de acuerdo a datos del censo 2022 afecta al 43,9%, unas 20.034.720 personas.

Este es otro golpe de gracia al bolsillo de los argentinos que vienen soportando aumentos y tarifazos en transporte, agua, luz, gas, educación, prepagas y ahora se suma esta nueva desregulación salvaje en el tema garrafas utilizadas principalmente en los barrios más humildes que no tienen acceso a la red de gas natural.

Los sectores más perjudicados por el aumento del precio de las garrafas, son como siempre, los sectores más vulnerables, por esto vemos con preocupación y solicitamos que con la entrada en vigencia de esta resolución se adopten medidas complementarias de parte del Gobierno Nacional que contemplen iniciativas que den respuesta y visibilicen esta problemática a través de la asignación de fondos específicos para los sectores más afectados.

El interior profundo se ve claramente vulnerado una vez más, con medidas que parecieran adaptarse en las peores épocas como en pleno invierno afectando a millones de argentinos y alejándonos cada vez más del federalismo.

Uno de los ejes de la campaña electoral de este gobierno fue “pauta cero” para medios y periodistas. Sin embargo ese discurso de austeridad se choca con la realidad, ya que la publicidad paraestatal de la petrolera YPF creció durante el primer semestre del año un 421,5%, según advirtió una senadora de Unión por la Patria.

Silvina García Larraburu destacó que “el encargado de ejecutar este gasto publicitario fue el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, desembolsando 33 mil millones en los primeros seis meses de 2024. Poco más de 10 mil millones el primer trimestre y poco más de 20 mil millones el segundo trimestre”.

“Ante este desmesurado gasto es necesario mencionar que en 2023 se invirtieron para el mismo efecto 8.000 millones de pesos, cifra que indignó oportunamente al actual presidente de la Nación”, observó.

“Además de lo que este hecho puntual significa cuando toda la sociedad está sufriendo ajustes salariales y aumentos de bienes, servicios y alimentos, se está prendiendo una alarma que llama a los acreedores  del juicio por USD 16 mil millones que YPF perdió”, remarcó la legisladora rionegrina en su pedido de informes.

Además, agregó: “Con el argumento que la compañía es parte del gobierno nacional y está sometida a las decisiones de la Casa Rosada, los acreedores podrían embargar cualquier activo del Estado argentino, amenazando las reservas de oro y dólares que se enviaron al exterior. Con esta decisión se distribuye discrecionalmente pauta oficial enmascarada de publicidad de las empresas y no del Gobierno”.

García Larraburu concluyó diciendo que “resulta necesario mencionar que este gasto publicitario no está acompañada por números similares en la productividad de la compañía. Según el balance presentado, la inversión de YPF cayó un 6% interanual en junio en tanto la producción de crudo se redujo en un 2% debido a la caída del consumo interno”.

La senadora nacional Silvina García Larraburu expresó este jueves su preocupación por el estado del paso internacional Cardenal Samoré. “Los trabajadores y transportistas manifestaron gran preocupación por el estado de las instalaciones y han manifestado una serie de problemas que los afectan tanto como a los usuarios”, remarcó.

“Un servicio esencial como los baños del Complejo, presentan pérdidas y faltante de materiales, con algunos de ellos sin puertas o mochilas de desagote, lo que provoca inundaciones y la salida de afluentes cloacales”, agregó.

Además, la senadora nacional de UP detalló: “Los baños modulares no se habilitan para su uso, inconvenientes con el sistema de agua potable, calefacción insuficiente, acumulación de basura, presencia de roedores, el centro de salud se encuentra en estado de abandono, faltan matafuegos y muchos de los existentes están vencidos, no es adecuada la adaptación de las instalaciones para personas con discapacidades”.

“Es necesario implementar medidas que garanticen el cuidado de los trabajadores y la seguridad de los transportistas. Hacer un mantenimiento adecuado e incorporar el equipamiento requerido es una demanda que no puede ser ignorada”, finalizó la senadora rionegrina.

El Gobierno del presidente Javier Milei ha puesto en marcha el aumento de tarifas que van del 1200 al 1600 por ciento sobre facturas anteriores, así lo establecen los nuevos cuadros tarifarios definidos por el Estado Nacional vigentes a partir del 3 de abril de 2024 tanto en lo que hace al consumo residencial y/o comercial.

Sin embargo, en el diseño tarifario aplicado no se tuvo en cuenta la capacidad económica de los usuarios. Existe una disociación entre la aplicación económica de los nuevos cuadros tarifarios y la capacidad de pago de los usuarios con la consecuente alteración del principio de razonabilidad consagrado en varios artículos de la  Constitución Nacional y en el marco regulatorio de la actividad del gas establecido en la Ley 24.076.

Los usuarios, actuales y potenciales, son y deben ser el centro del sistema en función de los cuales se estructuran los servicios públicos a quienes se les deben garantizar las condiciones de accesibilidad y asequibilidad y para ello las tarifas deben ser justas y razonables.

El ordenamiento argentino consagra específicamente el derecho operativo de acceso a los servicios energéticos, con sustento directo en los Pactos Internacionales que cuentan con jerarquía constitucional.

El contraste ante esta nueva mirada del Estado y la vida de la gente nos obliga a preguntarnos si la capacidad de pago tiene alguna importancia o estamos ante simples mercancías reguladas por la ley de la oferta y la demanda.

La normativa internacional propugna que los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, el Estado debe adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso, algo que claramente hoy no sucede.

En congruencia con estos conceptos, la Corte Suprema en el fallo CEPIS, que data del 18 de agosto de 2016 ante los aumentos desmedidos en ese momento establecidos por el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, expresó de manera contundente que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables.

En este sentido no se entiende la pretensión de aplicar un mecanismo automático de ajuste con periodicidad mensual, situación que fue congelada de manera transitoria a partir del 1 de mayo de 2024, ya que un esquema así debería estar alineado con las posibilidades de mejora de ingresos de los usuarios y la situación económica de la población.

No hace falta aclarar que las circunstancias actuales de las economías hogareñas son críticas y que un enorme porcentaje de las familias no tiene la capacidad de absorber aumentos de tal envergadura sin una mínima consideración de las posibilidades de pago que conducen a la privación a través de los cortes de un servicio que es público y para quienes viven en la región patagónica considerado como esencial.

De allí la importancia de que las decisiones se deben tomar teniendo como centro a la persona y su realidad, para crear las condiciones que permitan una vida digna y el desarrollo de nuevas actividades económicas potenciando las existentes. No solo se debe procurar llegar a los usuarios que requieren de asistencia, sino también a aquellos que carecen del servicio y deben acudir a la compra de garrafas o tubos de GLP que también sufrieron un aumento desproporcionado por la desregulación del servicio y la baja en los subsidios.

El aumento desmedido que implican las nuevas tarifas de gas no pueden hacerse afectando el acceso a este servicio público, considerado como esencial, atentando contra los derechos humanos considerados como básicos y a principios de inclusión ciudadana para los sectores más vulnerables."

 

Silvina García Larraburu es senadora nacional de la provincia de Río Negro

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley que propone incluir la Prestación Maternal dentro del artículo 17 de la Ley 24.241, que regula las jubilaciones y pensiones, resaltando que el cuidado es una necesidad universal para la preservación de la vida y  el bienestar de las personas, en la que se articulan dimensiones identitarias, afectivas, económicas y políticas.

“Desde la modernidad, la responsabilidad de brindar cuidados ha recaído mayoritariamente sobre las mujeres a modo de un “deber de género”, otorgándoles presuntas capacidades asociadas a lo biológico, que les impone el rol de cuidadoras ideales y las obliga a identificarse como las más capacitadas para realizar esas tareas a disposición y servicio de los demás”, remarcó la senadora rionegrina.

Además, agregó: “Esto ha llevado a una distribución profundamente desigual de estas tareas, que, por otra parte, tienen un valor económico históricamente invisibilizado. El Sindicato de Amas de Casa desde hace más de 40 años que es promotor y autor de la visibilización del valor del tiempo y el trabajo de cuidado”.

“Según los datos de la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INDEC, 2021), el 92% de las mujeres realizan trabajo no remunerado, frente al 75% de los hombres. No solamente son más las mujeres que realizan estas tareas sino que también es mayor el tiempo que les dedican: en promedio, 6:30 horas frente a 3:40 horas de los hombres” dijo.

“Es necesario y justo reparar simbólica y materialmente a las mujeres que dedican la mayor parte de su vida a cuidar a otras personas, muchas horas por día, durante muchos años, sin remuneración y sin reconocimiento social por estas tareas”, finalizó la senadora de Unión por la Patria.

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Atenta a las últimas noticias sobre el tema, la senadora nacional Silvina García Larraburu sostuvo que “el Gobierno nacional tiene 5.000 toneladas de alimentos sin distribuir a los comedores comunitarios, con riesgo a vencerse, ya que llevan al menos seis meses en los galpones de almacenamiento. Estos alimentos representan 62 meses de comida para 150 comedores y merenderos que, con mucho esfuerzo, sostienen vecinas y vecinos de las distintas localidades”.

“La interrupción de la asistencia alimentaria por parte del Ejecutivo, destinada a los merenderos y comedores comunitarios en todo el territorio, ha dejado a cientos de miles de familias desamparadas, en medio de una creciente crisis social y económica”, agregó.

Además, destacó que “al día de la fecha, se encuentran registrados en el ReNaCom más de 40.000 comedores y merenderos. En Río Negro hay más de 360, según datos de la página oficial del Ministerio. El derecho a la alimentación se encuentra enmarcado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de un derecho fundamental, es una condición esencial para el crecimiento y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida”.

“La lucha contra el hambre y la desnutrición es una obligación política, jurídica, social y también moral. La comida no puede ser la variable de ajuste, es fundamental el fortalecimiento presupuestario de las políticas alimentarias para garantizar el derecho a la alimentación de la población en situación de vulnerabilidad social. Los comedores y merenderos siguen esperando por un poco de humanidad de parte del gobierno nacional”, finalizó.

La senadora Silvina García Larraburu realizó un reconocimiento a los comercios más antiguos de la ciudad de Bariloche mediante un diploma del Senado de la Nación, por ser emblemas de la actividad comercial en la Ciudad Andina y contribuir a la economía local.

En el marco de la celebración de los 122 años de Bariloche, García Larraburu visitó ocho locales comerciales, de los más antiguos de la ciudad, y conversó con sus dueños y trabajadores sobre el Bariloche de antes,  la historia del establecimiento y las transformaciones que atravesaron en los últimos años.

Se distinguieron por ser un emblema de la actividad comercial a: Panadería Trevisan, Foto Porcel de Peralta, Casa Elvira , La Fonda Del Tío, Tintoreria Toyo, la Gallina Prolija, Despensa La esperanza y Despensa La Cabaña.

“En estos momentos difíciles que nos toca transitar como sociedad es bueno resaltar la historia de trabajo de cada uno de ellos y ellas, son un claro ejemplo de resiliencia y esfuerzo, que quisimos reconocer desde el Senado”, finalizó García Larraburu.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria – Rio Negro) presentó un proyecto de decoración manifestando preocupación y rechazo por la eliminación del carácter público de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la telefonía móvil, el acceso a las redes de telecomunicaciones; y la regulación de los precios de estos servicios.

“Estos instrumentos tecnológicos comunican lugares y personas y son derechos humanos fundamentales. Sin estas herramientas, el interior profundo del país quedará incomunicado. Las escuelas rurales de diferentes puntos del territorio nacional permanecerán absolutamente aisladas, puesto que las empresas multinacionales no invierten en lugares donde el negocio económico no esté garantizado”, subrayó.

La rionegrina remarcó: “El acceso a las TIC y a las comunicaciones requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar el acceso equitativo, justo y a precios razonables; lo cual la Ley 27.078 Argentina Digital buscaba garantizar hasta la modificación efectuada por el ejecutivo el 10 de abril, mediante el decreto 302/24”.

“Sin regulación por parte del Estado se hiere profundamente al federalismo, y la conectividad se convierte en un privilegio del que gozarán unos pocos”, finalizó.

García Larraburu indicó que el DNU emitido por el Gobierno implica que “la comunicación deja de ser considerada un servicio esencial y pone en riesgo el ejercicio de este derecho humando para las grandes mayorías; desregula las tarifas incrementando las brechas digitales y pone en peligro la política de conectividad en comunidades rurales”.

PD. Serv. Publico TICS y Telefonía móvil

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para dictaminar la obligatoriedad del PAMI respecto a brindar el 100% de la cobertura a sus afiliados de 60 años o más de todos los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los fundamentos del texto, amplió que “gran parte del ajuste presupuestario emprendido por el Gobierno recayó en los jubilados y pensionados”. Sumó, también, que “el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso reseñó que en el primer bimestre del año este implicó una caída del 33% en lo que refiere al pago de haberes y del 39,9% en las prestaciones del PAMI”.

“A su vez, la liberalización de los precios de los medicamentos provocó que aumentaran por encima de la inflación y sean inaccesibles para muchos de ellos. La angustia que padecen es insostenible y la realidad es que la nueva fórmula de movilidad anunciada por decreto no resuelve el brutal desplome de su poder adquisitivo”, aseveró la legisladora rionegrina.

También, se refirió al rol del Estado y propuso que “es imprescindible garantizar por ley la cobertura total de medicamentos esenciales que presta PAMI a las personas mayores”. “Esta iniciativa propone incluir a todos los fármacos reconocidos por la OMS”, remarcó.

Por ese lado, planteó que “actualmente el beneficio depende de los acuerdos -con fecha de vencimiento- que se logren con la industria farmacéutica y el listado de los mismos se elabora de manera discrecional”, y cerró: “La salud es un derecho humano y tenemos la obligación de establecer políticas de Estado que lleven tranquilidad y certidumbre a las personas mayores”.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto a fin de expresar preocupación y repudio por la decisión del Gobierno nacional de cerrar las delegaciones provinciales de ENACOM. Consideró que dicha medida “atenta contra el desarrollo federal de las comunicaciones en la Argentina y favorecerá el crecimiento de la brecha digital en el país”.

García Larraburu se solidarizó con las trabajadoras y trabajadores despedidos, y en particular, con aquellos 15 que desarrollan sus tareas en Río Negro y se ven afectados por el cierre de las delegaciones en Bariloche y Viedma.

Argumentó que “las tareas que realiza ENACOM son esenciales para asegurar la calidad de los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. Su objetivo histórico fue reducir las asimetrías existentes entre las diferentes regiones del país y promover la inclusión digital de la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales y de bajos recursos”.

“Río Negro fue testigo del despliegue del programa Conectando con vos, que permitió el acceso de los sectores más vulnerables a las TICs mediante la entrega gratuita de celulares y tablets. También tuvo relevancia el programa que brindó conectividad a los barrios populares inscritos en el ReNaBap”, recordó.

La senadora rionegrina concluyó que “las delegaciones del ENACOM posibilitaron descentralizar sus funciones y elevar la capacidad de acción del Ente en todo el territorio nacional. Tanto en lo que refiere a las actividades de control y fiscalización, como a la atención de los usuarios y usuarias. Por eso, la determinación del Gobierno Nacional es un claro ataque al federalismo”.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria – Río Negro) expresó su preocupación ante los despidos “injustificados” y la decisión de “limitar” la renovación de contratos del personal administrativo y técnico del CONICET: “Prometieron privatizarlo y ante el rechazo de la sociedad, ahora buscan impedir su normal funcionamiento”.

“Estamos hablando de una institución emblema que recientemente volvió a ser distinguida como la mejor de América Latina”, destacó la legisladora y detalló: “La integran investigadores de todas las áreas disciplinarias y cumple un rol central en la formación de vocaciones científicas. Con una visión ampliamente federal, promueve la investigación y el desarrollo científico-tecnológico en todo el país”.

La rionegrina apuntó: “La decisión de reducir de manera arbitraria su personal, esconde un intento de vaciamiento”, y aclaró: “El CONICET se rige por 3 leyes: la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación; la de Financiamiento del Sistema y el Plan Nacional de Ciencia. Todas fueron ampliamente debatidas y aprobadas por grandes mayorías en el Congreso. Por eso, debilitar de manera discrecional su estructura, implicará -de forma tácita- el incumplimiento de la legislación argentina”.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, la Ciencia y la Tecnología dejaron de ser políticas de Estado. El desfinanciamiento en curso, y la propagación de discursos estigmatizantes -y sin fundamento- hacia sus instituciones e integrantes, atenta contra la continuidad y fortalecimiento de un sector estratégico para el desarrollo y la soberanía nacional”, concluyó.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley que declara Capital Nacional del Curanto a la ciudad de San Carlos de Bariloche. De esta manera, busca reconocer esta histórica tradición culinaria, que unifica en su contenido la celebración de la integración y diversidad cultural, al combinar la sabiduría del pueblo mapuche, la suizo-chilena y el típico gusto argentino.

“Con esta declaración, queremos contribuir a que la tradicional Fiesta del Curanto, se convierta en el gran evento del mes de marzo para la zona cordillerana, además de fortalecer el desarrollo de este histórico poblado en función de las identidades y el patrimonio cultural que lo constituyen”, sostuvo García Larraburu.

Argumentó: “Este tipo de medidas aportan a la recuperación del sector turístico y a la matriz económica de la región. “El curanto, es ícono culinario de Colonia Suiza, cuya relevancia trasciende la ciudad para proyectarse a toda la nación. Además de su celebración, miles de turistas buscan degustar este plato gastronómico ancestral, que se sirve todos los miércoles y domingos del año, agrupando a su alrededor a numerosos emprendimientos artesanales, culturales, recreativos y hoteleros”.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP – Río Negro) presentó un proyecto de ley que facilita el acceso al crédito hipotecario de las familias argentinas.

“En los últimos meses se profundizó la crisis habitacional. Con la derogación de la Ley de Alquileres, 8 millones de inquilinos e inquilinas están sufriendo las arbitrariedades del sector inmobiliario y la consecuente escalada de los precios”, señaló.

También, planteó que “según el Censo 2022, el 21% de los hogares del país alquila su vivienda. Esto implica una situación de extrema incertidumbre y profundiza la vulnerabilidad de este sector de la población”. “La Encuesta Nacional Inquilina de enero 2024 indica que, luego de la desregulación, las familias destinan el 41,6% de sus ingresos al pago de una vivienda que jamás será suya”, agregó.

De este modo, la iniciativa propone extender el alcance de los créditos hipotecarios para las familias que no poseen vivienda propia y actualmente alquilan.

Se determina que el Estado Nacional subvencionará parcialmente la cuota del crédito, por una suma equivalente al 30% del monto del alquiler, la cual se actualizará por inflación.

Para concluir, García Larraburu expresó: “Estamos frente a una crisis habitacional que requiere soluciones de fondo. Es fundamental que las nuevas generaciones recuperen el sueño de la casa propia y logren un marco de estabilidad para emprender sus proyectos de vida”.

La senadora Silvina García Larraburu llamó al Ejecutivo nacional a revertir su política en materia de ciencia y tecnología. “La degradación del ministerio a subsecretaría, sumado al recorte presupuestario en las universidades nacionales y los organismos del sector, con el consecuente congelamiento de programas, busca frenar de manera abrupta la generación de conocimiento situado, la vinculación y transferencia tecnológica con los sectores productivos, y alienta una nueva fuga de cerebros en Argentina”, sostuvo.

Indicó que “así lo interpretaron 68 Premios Nobel del mundo en su carta dirigida al presidente de la Nación, en la cual alertan por la gravedad del ajuste implementado en el área y la interrupción en la formación de nuevos investigadores. En la misma, los reconocidos académicos detallan los descubrimientos y logros científico-tecnológicos del país a lo largo de su historia. Desde los avances en medicina, pasando por las innovaciones agrícolas, a los desarrollos en materia espacial, de biotecnología  y en energía nuclear. De esta manera explican cómo la ciencia argentina realizó un aporte fundamental en la generación de conocimiento global, y exhortan al Poder Ejecutivo a revertir su política que refleja una dramática devaluación de la ciencia argentina, del pueblo y el futuro del país”.

“Espero, sinceramente, que el llamado de la comunidad internacional haga reflexionar al presidente y su gabinete; ya que la movilización de nuestros científicos y científicas no pareció sensibilizarlo”, agregó.

La senadora rionegrina concluyó advirtiendo que “e

l crecimiento de Argentina está intrínsecamente ligado al desarrollo de una ciencia soberana, capaz de dar respuesta a las necesidades particulares del país. No podemos permitir el retorno de un modelo basado en la reprimarización y la especulación financiera. Si queremos ser potencia -como manifiesta repetidamente Javier Milei- debemos empezar por cumplir la Ley 27.614 de Financiamiento del sistema científico y dar continuidad a las políticas que promovieron la articulación público-privada para la innovación tecnológica en el sistema productivo nacional”.

La senadora Silvina García Larraburu presentó en la Cámara alta un proyecto que solicita informes al Ejecutivo por la suspensión de la entrega de medicación a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

La dependencia encargada de dicha provisión es la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Creada en 2004, funcionó por veinte años como una ventanilla de última instancia para los pacientes que no fueron cubiertos por el sistema de salud y ayuda a quienes carecen de cobertura, con medicamentos oncológicos, enfermedades crónicas, discapacitantes y patologías agudas urgentes.

Argumentó la senadora que “interrumpir el tratamiento por escasez de medicamentos puede afectar negativamente la emocionalidad de las personas, pero además,  empeora la calidad de vida del paciente, genera una mayor probabilidad de recaídas y el agravamiento de las enfermedades”.

“El papel del Estado resulta primordial en la protección de un derecho como la salud, no sólo por las características sociales, sino también por las particulares fallas a las que se encontraría sometido el sistema en caso de estar librado a las leyes habituales del mercado”, agregó.

En este sentido, la senadora solicitó que el Poder Ejecutivo explique las razones de la interrupción de esta asistencia e informe cuándo será subsanada y si el Estado se hará cargo del daño ocasionado.

“La salud es un Derecho Humano fundamental y de primer orden. Así es reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. No podemos permitir que se atente contra el bienestar y la vida de la población argentina”, concluyó.

En la seguidilla de cuestiones de privilegio presentadas desde Unión por la Patria en la sesión del Senado, Silvina García Larraburu presentó una contra el presidente de la Nación, aunque prefirió no usar el “contra”, pues consideró que “debemos superar las antinomias”.

Lo hiso para enumerar las durísimas críticas que cotidianamente lanza Javier Milei contra la política y recordó que cuando ganó el balotaje, “todos entendimos que iba a dejar el traje de candidato, iba a poder ungirse en el presidente de todos los argentinos: de los que los votaron y los que no lo votaron”.

La senadora rionegrina recordó que todos los que estaban en ese recinto “fuimos elegidos por el voto de nuestro pueblo, como así también los diputados; la verdad que algunos pertenecemos a movimientos políticos, a partidos más históricos y centenarios, y otros que son el fruto de la modernidad líquida y estos procesos que se han dado pos pandemia, que tienen que ver con movimientos internacionales que llegan aquí también”.

García Larraburu advirtió que “no deja de sorprendernos el presidente”, y a continuación enumeró con documentación cada uno de los dichos críticos. Citó “la furia tuitera de Javier Milei”, acusando de “traidores a gobernadores y diputados, los dialoguistas, a los propios”.

“Javier Milei hace declaraciones desde Israel y habla de la política como conjunto de dirigentes que quieren una Argentina peor y que no están dispuestos a ceder sus privilegios”, citó.

“Calificó al Congreso como un nido de ratas; a los políticos como una mierda a los que la gente desprecia. Javier Milei desde Corrientes calificó a un diputado que estaba intentando tender puentes, de ‘liversaurio’”, en referencia a Ricardo López Murphy.

“Otro título: Javier Milei dijo que el Congreso es un nido de ratas y también descalifica a la UCA, diciendo que sus índices son un dibujo”, continuó, para agregar luego un título dirigido a la titular del Senado, citado en ese caso por parlamentario.com. “Villarruel está solo para tocar la campanita. Acá hay para propios y ajenos”, dijo.

Para los gobernadores dedicó este título: “Los voy a dejar a todos sin un peso”. También para el presidente colombiano, al que tituló de “comunista asesino”, y las referencias contra representantes de la cultura.

En ese marco, Silvina García Larraburu expresó su “preocupación por las declaraciones del presidente, la falta de lectura de la realidad: el tiempo que dedica a las redes sociales y a destruir todo lo que él considera que no concuerda con sus planteos, incluso a los compañeros que han sido parte de sus listas”.

“Podríamos seguir toda la mañana”, aclaró, cuestionando “cómo se ha ocupado todo este tiempo de dinamitar sus puentes, cómo malogra, subestima, critica”, frente a una realidad que, dijo, presenta “los problemas y la tristeza que hay, la situación límite de los jubilados, el aumento desmesurado de los alimentos, la situación dramática que atraviesan muchas familias”.

Por último, dijo que “alguien tiene que poder llegarle al presidente y hablarle de las cualidades de la política, que es una de las actividades más nombres. Todas son mujeres y hombres que han abrazado esta actividad con un gran compromiso, tratando de mejorar la calidad de vida de sus vecinos y conciudadanos. Alguien tiene que tratar de cambiar al presidente e intentar construir puentes. Salir de los títulos vacíos de contenido y honrar la política”.

Y concluyó pidiéndoles “a todos los que están cercanos que traten de bajar los decibeles del presidente y nos pongamos a trabajar en darle respuesta a los verdaderos problemas que tienen los habitantes”.

La noticia del inminente cierre de la Unidad Turística Chapadmalal produce una profunda tristeza y deja en evidencia esa constante intención de algunos gobiernos nacionales de descontinuar políticas de Estado que llenan de felicidad a los argentinos y argentinas del interior profundo de nuestra patria.

El turismo social permitió que más de cinco mil jóvenes y adultos mayores de los barrios más humildes de Bariloche y de nuestra querida Línea Sur pudieran por primera vez conocer el mar y sentir esa sensación de poder viajar entre amigos y compañeros de escuelas y centros de jubilados.

Por más de 14 años pude gestionar estos viajes, en el 2010, pudieron viajar 590 chicos y eso fue solo el inicio, en el 2013 viajaron más de 35 establecimientos, con un número de más de 4500 alumnos, que pudieron acceder a estas enriquecedoras experiencias y todos los años siguientes pudimos gestionar para que ellos cumplieran ese sueño.

Con el peronismo nació para los más humildes la posibilidad de conocer las playas u otros lugares turísticos, las vacaciones pagas pasaron a ser un derecho, incluidas en la incipiente legislación laboral, que comenzaba a tomar forma en el derecho argentino. Las políticas inclusivas eran una realidad.

Los primeros antecedentes de turismo social en el país se iniciaron en 1930, cuando organizaciones cristianas y laicas, empresas ferroviarias y sindicatos comenzaron a reproducir las iniciativas que se estaban desarrollado en Europa.

El Primer Peronismo extiende estas acciones al conjunto del territorio nacional a partir de un sistema estatal de colonias de vacaciones, que incluyó las unidades de Embalse (Córdoba) y Chapadmalal (Mar del Plata). Ambas se convirtieron en los principales complejos destinados a las vacaciones de los sectores más humildes.

Nuestra terminal de San Carlos de Bariloche como tantas otras a lo largo y ancho del país, fueron testigo fieles de miles y miles de personas que salieron hacia esos rumbos con la ilusión y la alegría de conocer en muchos casos por primera vez el mar, como lo manifestaron abuelos y jóvenes sentados en los micros de larga distancia en los que la felicidad se veía reflejada en esos rostros. Una caravana de expectativas y sueños iban pasando por ciudades y pueblos para llegar a ese destino, el mar argentino, tantas veces conocido y visitado por tantos y tan lejano para muchos otros.

Hoy con la poca visión y la clara intención de ajustar sobre los que menos tienen también se va por lo logrado en otros tiempos, y se deja con una simple firma de un decreto de necesidad y urgencia sin esa posibilidad no solamente de poder viajar sino de conocer más las riquezas de nuestro suelo argentino.

Una decisión que me llena de tristeza.

La Ley Ómnibus, presentada por el Ejecutivo Nacional, lejos de promover el desarrollo del país y su estructura productiva, atenta directamente contra nuestra Nación y afecta de manera decidida las capacidades económicas de las provincias.

Su nuevo articulado, abre el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros, lo cual implica la pérdida de nuestra soberanía sobre un recurso estratégico, y podría poner en riesgo la política de defensa nacional. Por otra parte, al eliminar la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, estamos abriendo las puertas a la evasión, y lo que es aún más preocupante: al cierre de las industrias pesqueras y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

Las protecciones que tenían las empresas argentinas quedan derogadas y estas deberán competir en una relación claramente desigual con las empresas extranjeras. Lo mismo sucede con los trabajadores, al eliminar la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina en los buques. Así, los trabajadores extranjeros no estarían alcanzados por los convenios colectivos con más de 30 años de vigencia, y serían objetivamente “más baratos”. Así planteado, más de 20.000 puestos de trabajo están en riesgo.

Quieren convertir al mar argentino en una zona sin bandera, con vía libre para depredar recursos estratégicos; y ponen en jaque la soberanía nacional, al permitir que naveguen de manera masiva buques extranjeros en nuestra plataforma continental.

“La crítica situación económica generada por la devaluación del 118%, pone en alarma a la industria del turismo y la fuente de trabajo de miles de argentinos y argentinas”, expresó la senadora nacional Silvina García Larraburu, quien considera que “por eso necesitamos establecer por ley una política como Previaje, que logró en sus 5 ediciones crear 60.000 puestos laborales, permitió que 7.500.000 de turistas viajen por la Argentina, y aportó 790.000 millones de pesos en las economías regionales”.

Agregó en ese sentido que “en la Región Patagonia, se recibieron más de 2.6 millones de turistas, con un impacto económico de más de $338 mil millones, y  más de 4300 establecimientos inscriptos. Por su parte, la ciudad de San Carlos de Bariloche fue la más visitada con un 39% de turistas y 35% de compras anticipadas. Fue esta la política por excelencia que permitió que la región se recupere del impacto que había tenido la Pandemia”.

La senadora resaltó que está trabajando en la normativa, la cual contempla el reconocimiento de un crédito por parte del Estado Nacional a favor de las personas, equivalente al 50% del monto de cada operación de compra de servicios turísticos que estas realicen. Además, se propone que el crédito ascienda al 70% para el caso de afiliados y afiliadas a PAMI.

“El desafío actual es consolidar este programa de incentivos junto a todos los actores del sector privado, cuidando el camino realizado y dando un claro mensaje para quienes manejen los destinos del país que trasciende los distintos gobiernos, porque el turismo es presente y futuro para Argentina”, concluyó.

“Con el inmenso orgullo de representarlos/as en el Senado de la Nación y de formar parte de este proyecto, me dirijo a ustedes para pedirles que nos acompañen este domingo y nos unamos todos y todas por nuestra bandera”. Así arrancó su carta abierta a sus compatriotas la senadora nacional de Unidad Ciudadana Silvina García Larraburu.

Allí señala que su provincia, Río Negro, “necesita tener un modelo de país que genere oportunidades, que priorice la ciencia, la producción y el trabajo de todos los argentinos y argentinas”, y advirtió sobre no permitir que “arrebaten nuestros derechos conquistados. En Río Negro podemos y queremos seguir fabricando reactores nucleares, satélites, radares, centros de medicina nuclear y participar del desarrollo mundial de tecnologías de vanguardia”.

Para García Larraburu, “lo que se pone en juego es qué modelo de país queremos para nuestra sociedad”, y sobre el final, al reclamar el voto en favor de Sergio Massa, advierte que “este domingo está en nuestras manos la posibilidad e expresarnos en las urnas, de defender lo nuestro”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, a cargo de la oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro), se reunirá el próximo miércoles 1ero. de noviembre a las 16.00 para avanzar con una batería de proyectos, entre los que se destaca el repudio a Javier Milei por su intención de privatizar el Conicet y cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

También integra el temario los proyectos para declarar de interés el reciente estudio de la Fundación Instituto Leloir Iibba (Conicet) con el apoyo del Estado nacional, que logro un promisorio avance en el trasplante de neuronas con células madre contra el Parkinson, de Nora del Valle Giménez, y el de declarar actividad esencial al desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la titular de la comisión.

Expresar beneplácito por el segundo lugar obtenido por los estudiantes de la escuela mendocina Tomas Alva Edison, en el Campeonato Mundial de Robótica en Singapur, en octubre del 2023, presentado por Mariana Juri; y el beneplácito por el desarrollo y creación de la aplicación "Transcribeme”, llevado por Sergio Leavy.

Completan el temario: el beneplácito por la mención de honor al joven santacruceño Ignacio Naguil, en olimpíada internacional de matemática, Chiba-Japón; declarar de interés la convocatoria incubanano, proyectos que incluyan a la nanotecnología; la entrega de premios a los ganadores del desafío "inteligencia artificial por la identidad"; y el beneplácito por el trabajo de jóvenes físicos egresados del Instituto Balseiro de Bariloche, aplicación que utiliza Inteligencia Artificial (IA), en la generación de voces humanas sintéticas.

Siguen, la declaración de interés la labor de la doctora Verónica Lutri, Universidad de Río Cuarto, seleccionada como corresponsal de la Unesco para divulgar su investigación sobre el impacto de herbicidas en aguas subterráneas; el beneplácito por el desempeño de los jóvenes argentinos, en la 64° olimpíada internacional matemática, Chiba, Japón; declarar de interés la jornada "New space en Argentina"; y el reconocimiento a la Argentina como país con mejores políticas públicas que fomentan el uso conveniente de inteligencia artificial en américa latina.

Se agregan: Declarar de interés la presentación de los 23 proyectos ganadores de la convocatoria de redes federales de alto impacto; la inauguración de la Compañía Argentina Galtec; el proyecto de investigación, para generar bioetanol a partir de un maíz de características genéticas mejoradas; y la "Semana nano", en la provincia del Chaco.

También, están comprendidos en el temario: Declarar de interés las jornadas de trabajo de los consejos asesores de Pampa Azul y la presentación oficial de la red de Observación Marina Argentina, Tierra del Fuego; el simposio "Fronteras en biociencias 4"; el beneplácito por la concesión del doctorado honoris causa por parte de la UBA, a mary-claire King; y el beneplácito por el premio Ig Nobel al neurolingüística Adolfo García.

Finalmente, el temario se compone por: el beneplácito por el reconocimiento internacional otorgado al Conicet, como la mejor institución científica de América Latina; la distinción del premio César Milstein 2023, al equipo de investigadores dirigidos por el doctor Emilio Malchiodi; el proyecto para personas con discapacidad visual y/o motriz, de la escuela provincial de educación técnica EPET n°6, La Pampa, en el concurso nacional de innovaciones "Innovar 2023"; el desarrollo, por parte del Conicet y la fundación sales, de una vacuna terapéutica revolucionaria contra el melanoma el cáncer de la piel más grave; y el beneplácito por el premio Konex de platino en física y astronomía, otorgado a la doctora Gloria Dubner.

El 17 de octubre acompañé al futuro presidente Sergio Massa y al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en el cierre de campaña. Un hermoso día de la Lealtad peronista. Ya por esos días, a 5 de las elecciones, se respiraba esperanza, se palpitaba mística.

Gracias a todos los compañeros y compañeras por este triunfo. Gracias a nuestros candidatos/as a lo largo y ancho del país. A los gobernadores/as, a los intendentes/as, a los y las militantes del amplio movimiento llamado peronismo.

Ahora la tarea es construir un Gobierno de Unidad Nacional. El peronismo también es eso. Es el FREJULI, es el abrazo de Perón - Balbín, es la concertación de Néstor. Necesitamos a todos los hombres y todas las mujeres buena gente, solidarios/as, empáticos/as, para sacar adelante nuestro país. Tenemos todo para lograrlo.

Tenemos los cuatro climas, todas las geografías, recursos naturales, alimentos, industria, desarrollo científico. Una cultura y arte que deslumbra en el mundo. Un fútbol que rompe corazones. Estamos condenados a llevar nuestra doctrina, que es la doctrina social de la Iglesia, al mundo entero.

Hoy más que nunca compañeros/as correligionarios/as, compañeros/as socialistas, tenemos que recuperar las tres expresiones auténticas, populares y profundamente democráticas de nuestro país. Pensemos que si no hubiera habido dictaduras militares, hubiésemos gobernado entre los tres y seríamos potencia. Bueno, todavía estamos a tiempo. Construyamos la democracia. Está en nuestras manos.

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley con el objetivo de incluir a la Fibromialgia en el Plan Médico Obligatorio. Esto permitirá otorgar a los profesionales y pacientes todas las herramientas médicas para un acertado diagnóstico y tratamiento, sostiene la legisladora rionegrina.

La Fibromialgia es un síndrome clínico de origen desconocido en el que el principal síntoma es el dolor musculoesquelético crónico y generalizado, que afecta tanto a miembros superiores como a inferiores y al raquis. Su diagnóstico se realiza por descarte de otras enfermedades, y con medicación se logra reducir el dolor.

Actualmente, la fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la OMS en 1992. La prevalencia estimada de la FM en los países desarrollados se sitúa entre el 1 y el 4%, y la aparición de los síntomas comienza con mayor frecuencia en personas de cualquier edad, pero generalmente comienza en la mediana edad, mientras la probabilidad de desarrollarla aumenta a medida que se envejece. El trastorno se presenta en personas de todos los orígenes raciales y étnicos.

La senadora oficialista resaltó que “luego de la pandemia, y como factor predominante del estrés postraumático, los diagnósticos de fibromialgia no sólo se incrementaron sino que además se registraron en niños, adolescentes y aumentó en hombres”.

“Esta propuesta busca incluir la misma al Plan Médico Obligatorio, busca concientizar sobre la enfermedad, a fin que la población pueda reconocer los síntomas y recurrir al sistema de salud”, indicó García Larraburu, que concluyó señalando que “es importante sensibilizar a la comunidad sobre el padecimiento de las personas con Fibromialgia. Para un diagnóstico y detección temprana, necesitamos garantizar herramientas a las personas que la padecen y visibilizar la enfermedad”. 

La senadora nacional de Unidad Ciudadana Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley con el objetivo de preservar la fauna silvestre de la Argentina e incrementar las penas por la caza indiscriminada de animales autóctonos.

En la actualidad, el país cuenta con un único régimen de preservación de la fauna silvestre que contempla sanciones penales, que es la Ley 22.421, la cual data de 1981. La propuesta es modificarla, puesto que en su ordenamiento original considera a los delitos casi como faltas administrativas. El proyecto actualiza las penas haciéndolas más gravosas, con el objetivo ulterior de dotar de más herramientas a los fueros penales a la hora de perseguir estos actos.

La Senadora ejemplificó la necesidad de realizar esta modificación, enumerando las especies que sufren este flagelo: “El yaguareté es una especie protegida, una de las joyas de la naturaleza en nuestro país, pero lamentablemente la caza indiscriminada y la eliminación de su hábitat han provocado su casi extinción en el territorio nacional. Es por esto que se han tomado diversas medidas desde el Estado a fin de revertir este hecho, como declarado Monumento Natural.  Sin embargo, el 29 de diciembre de 2022, en la localidad formoseña de Clorinda, se difundieron dos videos grabados por un cazador, uno cuando seguía las huellas del animal de más de 150 kilos y luego ya con el ejemplar abatido”.

“Otro ejemplo es el Huemul, especie típica de la zona cordillerana de la Patagonia el cual fue víctima de la caza furtiva durante las últimas décadas en su hábitat por lo que se redujo considerablemente su población, sumado a la amenaza de los incendios forestales, por lo que se calcula que no hay más de 700 ejemplares en la actualidad, y se encuentran dispersos entre áreas aisladas y fragmentadas de los bosques de la Patagonia andina y la estepa patagónica. Asimismo, el huillín y el cauquén colorado, especies originarias de la zona aledaña al Parque Nacional Nahuel Huapi se encuentran en peligro de extinción a causa de matanzas indiscriminadas entre 1960 y 1980 por considerarlos plaga”, agregó.

Concluyó: “Tomado estos casos como testigos, ya que desgraciadamente es algo que sucede en todo el territorio nacional, es que he decidido presentar el Proyecto, mediante el cual se modifican varios artículos de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna”.

En el marco de una reunión de la Comisión de Ambiente del Senado, se discutía la cuestión de los basurales a cielo abierto y tomó la palabra la rionegrina Silvina García Larraburu, quien sugirió invitar a los intendentes que están teniendo experiencias exitosas en la materia, “porque también puede ser una forma de ejemplificar con el resto, que están teniendo gestiones más complejas y se les está dificultando”.

Puso entonces el ejemplo de la intendencia de Viedma en su provincia, y de paso, sumó: “…que debiera ser capital nacional de la Argentina”. Y con una sonrisa amplia y la acotación de varios de sus pares, agregó: “No se equivocó el doctor (Raúl) Alfonsín cuando tuvo la propuesta… Lamentablemente no fue bien entendida”.

La senadora Silvina García Larraburu gestionó ante la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, la apertura de importaciones del cacao y sus derivados, insumos claves de la industria chocolatera.

Indicó la senadora que “actualmente hay demoras en la producción y dificultades en la cadena de comercialización, como consecuencia de los faltantes. Estamos hablando de una actividad que en Bariloche genera más de 5000 puestos directos de trabajo, y otros miles indirectos. Por eso es fundamental que garanticemos su continuidad”.

“El chocolate artesanal es un producto insignia de nuestra economía regional. Debemos procurar el funcionamiento de toda la cadena productiva y asegurar la permanencia de los puestos de trabajo”, concluyó.

La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de Ley con el propósito de crear la Empresa Nacional de Ciencia y Tecnología Aplicada a la Salud, Investigación y Diagnóstico (ENCyTASID). La misma, contribuirá a resolver problemas sanitarios y sustituir importaciones en productos de alta tecnología y valor agregado, que hacen a la soberanía científico-tecnológica y sanitaria del país.

“En Argentina y la región, existe una dependencia casi total hacia proveedores extranjeros para insumos claves, como pueden ser los Reactivos y Kits para Investigación y Diagnóstico. Esto implica un costo elevado, que prolonga los tiempos de espera, y hacen engorrosos los procesos de compra. La ciudad de San Carlos de Bariloche se eligió como sede de esta empresa, por albergar instituciones educativas y centros de investigación de renombre que atraen a científicos, investigadores y profesionales de la salud altamente capacitados. A su vez, la colaboración entre el sector público y privado convirtió a la ciudad en un polo tecnológico orientado a la salud y la investigación, un claro ejemplo del reciente crecimiento en esta materia es Intecnus”, argumentó.

Detalló: “A través de ENCyTASID se busca constituir una empresa equivalente a Y-TEC, con participación de CONICET, los ministerios de Ciencia y Tecnología y Salud, capaz de funcionar como un ente autárquico competitivo en el mercado nacional e internacional. Los productos que fabricará la empresa presentan una gran necesidad de producción nacional y son de muy amplio uso por múltiples sectores, incluyendo las Universidades, el sistema hospitalario, los laboratorios de análisis clínicos, y otras entidades públicas y privadas”.

“En conjunto, el mercado interno potencial para el emprendimiento consiste en un mercado neto de importaciones cercano a U$S700 millones anuales, constituyendo la principal parte de la balanza comercial deficitaria para ese rubro. Asimismo, la misma problemática de ausencia de proveedores locales se da en toda Latinoamérica, representando un mercado potencial de U$S 5.000 millones anuales”, agregó.

La senadora explicó que “ENCyTASID plantea un modelo de negocios centrado en las necesidades reales de la demanda nacional y regional, diferenciándose del enfoque realizado por las empresas clásicas. Esto se enriquece por la innovación, al incorporar valor sobre desarrollos iniciados por grupos de investigación, no comercializados”.

“De esta manera, se busca fortalecer y potenciar la sustitución de importaciones, la generación de empleo genuino, el desarrollo científico-tecnológico, y la participación del Estado en sectores estratégicos”, concluyó.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, a cargo de la senadora nacional Silvina García Larraburu (FdT), se reunió este miércoles para emitir dictamen a varios proyectos de declaración y resolución.

La secretaria de la comisión Silvia Sapag (FdT) reconoció a la puesta en marcha de la central nuclear Atucha II tras un desperfecto que frenó diez meses al generador y expresó: “Nuestros científicos armaron prototipos y tareas de ensayo y tuvimos la noticia que Atucha está generando energía”. “Los repuestos fueron de origen argentino. Exploto de orgullo”, cerró.

Los proyectos de declaración y resolución aprobados fueron declarar Beneplácito al "Premio Aguas Claras de la Fundación Bunge Y Born" otorgado a la facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba); al premio "Boston Scientific de Innovación en Ingeniería Biométrica Latinoamericana 2022"; al hallazgo de restos fósiles de un pariente del actual ornitorrinco australiano; y a la obtención del segundo lugar de los estudiantes salteños Alejandro de Ugarriza e Ian Dib.

También se aprobaron las adhesiones al "Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo"; a la conmemoración del "Dia Mundial de los Sistemas de Información Geográfica”; y a la celebración del "Día de la Ciencia y Tecnología y del Investigador Científico".

El proyecto de investigación subacuática "eslabón perdido" que se dedica a rastrear cascos hundidos no registrados en el Mar Argentino también avanzó en el Senado.

Del mismo modo, fueron declarados de interés, los proyectos sobre el trabajo científico de las investigadoras argentinas Gabriela Gutiérrez y Agustina Aspiroz; el desarrollo de modelos matemáticos que apuntan al uso racional y estratégico de la tierra en Argentina; as "XVI jornadas argentinas de tratamiento de minerales"; y el concurso nacional premio a las mejores tesis de ingeniería.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta, presidida por la senadora nacional Silvina García Larraburu (UC -Rio Negro), se reunirá el próximo miércoles 30 de agosto para dictaminar una batería de proyectos de declaración para destacar investigaciones del CONICET, labores en el Mundial de Robótica y varios temas científicos más.

Los proyectos que expresarán Beneplácito serán por la destacada labor de los alumnos Ian Div y Alejandro Mohnblatin Ugarriza, en el mundial de Robocup 2023, celebrado en Francia; al programa "Construir Ciencia", que incluye la construcción de los laboratorios multidisciplinarios en la Antártida; y por el trabajo realizado por el biólogo e investigador argentino Federico Ariel, por su investigación sobre el ácido ribonucleico en las plantas.

Además, se buscará declarar de interes a la convocatoria al Programa Nacional de raíces Federal 2023, a quienes cuenten con un proyecto de I+D+I; al encuentro "Ciencia, Tecnología e Industria", organizado por los ministerios de Ciencia y de Economía; y al concurso iberoamericano de proyectos estudiantiles en ciencia y tecnología en Argentina "Infomatrix", a realizarse del 28 al 30 de septiembre, En Ingeniero Luiggi, La Pampa.

Finalmente, el Senado buscará darle reconocimiento a la conmemoración del "Día del Bioingeniero y La Bioingeniería", el 3 de julio de cada año.

Como sociedad no podemos permitir la desaparición de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. Es más, tenemos que ser capaces de garantizar el fortalecimiento de uno de los sectores estratégicos de la generación de conocimiento a nivel nacional.  

El desarrollo de los países no se alcanza por la gracia divina o natural del devenir histórico, sino mediante la adquisición de capacidad sistemática para generar conocimiento, progreso tecnológico y desarrollo industrial. Para ello es decisivo que el Estado Nacional invierta en la formación de recursos humanos, el desarrollo de nuevos paradigmas, la exploración que permite la generación de nuevos conocimientos y la transferencia tecnológica a los sectores productivos.

A diferencia de lo que sucede en economías más desarrolladas, en Argentina existe una baja participación relativa del sector privado en Investigación y Desarrollo. Tan sólo aporta el 25% del total. Por eso es fundamental que la inversión estatal crezca, como logramos establecer en la Ley de Financiamiento que se aprobó por unanimidad a principios de 2021; por la cual el presupuesto de la función Ciencia y Tecnología se irá incrementado progresivamente hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Gracias a ella, el presupuesto de este año le otorgó el 0,34% del PBI: unos 500.921 millones de pesos.  Significó un crecimiento en términos reales de un 32% y es el tercer año consecutivo de crecimiento, aproximándose a los valores que tenía en 2015. Recordemos que en 2019 representaba sólo el 0,23% del PBI.

Además, desde el Congreso sancionamos normativas con el propósito de incrementar la sinergia público-privada, como son las leyes de Economía del Conocimiento y la de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología.

Por medio de ellas, se brindan beneficios impositivos a los proyectos y empresas que promuevan nuevas tecnologías, generen valor agregado basado en el conocimiento  e inviertan en Investigación y Desarrollo.

En 2023  la Ley de Economía del Conocimiento tiene un cupo fiscal de 70 mil millones y la de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, de 700 millones. Desde el Estado estamos generando mecanismos para que los privados inviertan e innoven en la Argentina. No debemos permitir que se caiga en la falsa dicotomía público vs privado. Tenemos que seguir trabajando en una lógica de cooperación para mejorar la competitividad productiva y el desarrollo sostenible del país sobre la base de más ciencia y conocimiento.

Tenemos objetivos claros: transformar la matriz productiva, aumentando la transferencia de conocimiento apoyando a nuestras PYMES; agregar valor en los bienes industriales y servicios a través del desarrollo tecnológico y la innovación; generar empleo, complejizando nuestra estructura productiva y exportar conocimiento alcanzando de esa manera  una mayor soberanía científica y tecnológica para decidir con autonomía en todas las áreas estratégicas del país.

En el momento más difícil que nos tocó atravesar durante la pandemia, nuestros científicos inmediatamente se pusieron al servicio de las necesidades sanitarias: desarrollaron Kits rápidos de detección, anticuerpos policlonales, barbijos  y están trabajando en la vacuna nacional, por nombrar los más emblemáticos. Creo que todos y todas comprendimos que la vida misma depende del conocimiento e innovación que generamos, agradeciendo a nuestros científicos y sintiendo orgullo por su labor.

Tenemos que ser capaces como sociedad de sacar las agendas de ciencia y tecnología de la discusión partidaria con el objetivo de construir consensos en torno a políticas que permitan un verdadero desarrollo nacional.

Como decía el doctor Bernardo Houssay, ilustre Premio Nobel Argentino “Los países ricos lo son, porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia” mantiene su vigencia más que nunca.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UC – Rio Negro) presentó un proyecto que ley para incorporar la Dermatitis Atópica dentro de las prestaciones comprendidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) que garantice la cobertura integral y obligatoria por parte de todo el sistema de salud.

Además, propone que se realicen campañas para concientizar y visibilizar la realidad de quienes conviven con esta enfermedad. El PMO establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las Obras Sociales y Agentes del Seguro a toda la población beneficiaria, y hace poco, el Poder Ejecutivo reglamentó la modificación de la ley respecto a la incorporación del protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género.

Para este proyecto, presentado por García Larraburu, la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que aparece en la cara y el cuerpo. Se caracteriza porque las personas que la padecen sufren anomalías y lesiones en su piel. Se estima que 1 de cada 10 argentinos tienen Dermatitis Atópica (DA), una condición crónica y recurrente que provoca enrojecimiento, picazón e inflamación de la piel.

Entre el 5 y el 30 por ciento de las consultas efectuadas en Pediatría de Atención Primaria se deben a problemas dermatológicos y que alrededor del 10-15% de los pacientes atendidos en las consultas de Dermatología es menor de 16 años, siendo la dermatitis atópica el diagnóstico individual más frecuente, con una prevalencia de entre un 6 y un 15% (un 0,7-2,4% de la población general).

En tal sentido, la senadora García Larraburu aportó: “Es una problemática de salud porque muchos pacientes no logran el diagnóstico adecuado por confundir la Dermatitis Atópica con otro tipo de enfermedades y recurren a la automedicación para aliviar los síntomas”.

“Es una de las enfermedades dermatológicas más importantes en cuanto a la influencia psico-emocional, ya que balancea aspectos ambientales, genéticos y psicosociales. Aun así muchas veces es subdiagnosticada y considerada como una condición cosmética o superficial”, añadió.

Para finalizar, la senadora García Larraburu concluyó: “La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) considera que una de las mayores barreras de la Dermatitis Atópica es el subdiagnóstico por lo que se la subestima y estigmatiza. Por eso es tan necesaria la concientización y la visibilización para lograr un pronto diagnóstico y el acceso al tratamiento efectivo”.

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El diputado Roberto Mirabella y la senadora Silvia García Larraburu, presidentes de los Grupos de Amistad con India en sus respectivas cámaras, participaron de los festejos por el 77° de la independencia del país, que se realizaron en Buenos Aires.

En la embajada, los legisladores fueron recibidos por el embajador indio en Argentina, Dinesh Bhatia, acompañado por las secretarias de Cooperación Internacional e Integración Regional y de Gestión Federal de Santa Fe, Julieta de San Félix y Candelaria González del Pino.

“La provincia de Santa Fe tiene como principal socio estratégico y comercial a la República de la India, principalmente subproductos de soja. Casi la mitad de las exportaciones argentinas hacia India salen desde nuestra provincia”, remarcó Mirabella.

El santafesino sostuvo que “por este motivo es vital para nuestra provincia y para toda la Argentina afianzar nuestras relaciones, tanto en materia comercial como también en innovación y cooperación democrática”.

En esta línea, días atrás el gobernador Omar Perotti viajó a India para encabezar una misión comercial tecnológica, acompañado por representantes de universidades nacionales con sede en la provincia y las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. El objetivo de la comitiva fue impulsar desarrollos conjuntos en materia de inteligencia artificial y aplicaciones tecnológicas y consolidar el posicionamiento santafesino como líder en incubación de startups, biotecnología, agtech y otros sectores.

India es el cuarto socio comercial de Argentina y el cuarto destino de las exportaciones nacionales, con resultado de balanza comercial positiva de USD 2.900 millones promedio. Por su parte, el 42,80% de las exportaciones argentinas hacia India son santafesinas, las cuales en 2021 representaron cerca de USD 732 millones. Éstas se concentraron principalmente en aceite de soja, aunque en el último año se destaca también la incorporación del rubro maquinarias y aparatos eléctricos. En materia de importaciones, India ocupa el puesto número nueve en la economía santafesina gracias a la compra de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, entre otros.

Como suele suceder en los años electorales, en el Congreso ha disminuido la actividad legislativa. Más aún este año, en el que por no reunir el oficialismo mayoría en ninguna de las dos cámaras, la labor legislativa ha menguado sustancialmente. Sobre todo en el Senado.

Lo que no disminuye es la presentación de proyectos.

Así lo demuestra un trabajo realizado por parlamentario.com en ambas cámaras, contemplando las iniciativas presentadas en lo que va del período ordinario hasta el 30 de junio pasado.

Según ese análisis, dos diputados opositores comparten el primer lugar en cuanto a proyectos de ley, con 32 proyectos cada uno; en tanto que en el Senado, lidera una senadora rionegrina con 38.

Cámara baja

Veamos los tres rubros de Diputados, donde llevan la delantera los diputados Alberto Asseff y Graciela Camaño, como dijimos con 32  proyectos presentados cada uno, en tanto que completa el podio la oficialista catamarqueña Silvana Ginocchio, con 27 proyectos.

En el caso del diputado que integra el bloque Pro, viene prestándole especial atención a las reformas del Código Penal de la Nación, siendo el último que presentó en esa materia uno del 13 de junio que modifica el artículo 92 bis sobre Protección y Seguridad del Personal Médico, de la Salud y Docentes. También tiene otra reforma del Código Penal, para modificar un artículo prohibiendo ejercer cualquier actividad laboral a personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la  integridad sexual.

Asseff también ha presentado un proyecto de ley para excluir de la posibilidad de amnistía, indulto o conmutación de penas para casos de delitos cometidos contra la administración  pública, la seguridad de la Nación y la libertad nacional.

Veamos el caso de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien presentó todos sus proyectos de ley registrados en el primer cuatrimestre. Siendo el último para modificar la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental.

Camaño tiene también un proyecto que prohíbe la caza con perros; un nuevo régimen de publicidad oficial; y una gratificación anual complementaria para jubilados y pensionados (el haber jubilatorio número 14).

Como dijimos, tercera se ubica Silvana Ginocchio, autora de un proyecto para crear el Plan Nacional para la protección integral para infancias y adolescencias con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También impulsa la capacitación obligatoria en protección de los derechos humanos de las personas mayores  para personas que integren los tres poderes del Estado.

En materia de proyectos de declaración, no han sido tantos hasta ahora este año. La oficialista Eugenia Alianiello lidera en la materia junto con Romina del Plá, ambas con 13 proyectos.

En cuanto a proyectos de resolución, lidera este rubro la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri, con 43, cinco más que Gisela Marziotta (FdT).

El Senado

Decíamos que en materia de proyectos de ley -los más importantes- lideró en la primera mitad del año la rionegrina Silvina García Larraburu, con 38, seguida por la riojana Clara Vega, con 37. En tercer lugar quedó la neuquina Lucila Crexell, con 33 iniciativas.

García Larraburu, ha impulsado un proyecto para prohibir utilizar el síndrome de alienación parental y otros diagnósticos mentales o psiquiátricos no nomenclados. Es autora además de un proyecto para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos; y otro que crea un programa de educación en el uso de redes sociales para niños y adolescentes.

Por su parte, la senadora Clara Vega, entre sus 37 proyectos impulsa uno de financiamiento para la adquisición de maquinaria agrícola. Asimismo ha presentado un proyecto para promover el pago seguro con tarjetas de crédito y/o débito y/o de los datos de las tarjetas mediante el pago seguro para evitar delitos informáticos o el phishing.

Quien quedó en tercer lugar es Lucila Crexell, quien es autora de un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental contra la contaminación acústica; como así también uno para regular la transición de gobierno entre el presidente saliente y el entrante, garantizando que este último pueda recibir de su antecesor los datos e información necesarios sobre el estado general de la administración pública, como así también garantizar un traspaso ordenado de los atributos presidenciales.

En cuanto a proyectos de declaración, va en punta el oficialista chaqueño Antonio Rodas, con 117 proyectos, seguido por un comprovinciano radical, Víctor Zimmermann, con 99 proyectos, seguido de la fueguina María Eugenia Duré  y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, ambas con 60 proyectos.

Hay en el Senado proyectos de comunicación y en esa materia lidera el sanjuanino Roberto Basualdo, con 38, seguido por el salteño Sergio Leavy (23).

Por último, pocos son los proyectos de resolución que se presentan,

Figurando al frente Carolina Losada y Víctor Zimmermann, con 4.

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

Alberto Asseff	32 proyectos
Graciela Camaño	32 proyectos
Silvana Ginocchio	27 proyectos
Soledad Carrizo	24 proyectos
Graciela María Caselles	21 proyectos
Silvia Lospennato	21 proyectos
Ana Carla Carrizo	20 proyectos
Paula Oliveto	20 proyectos
María Lucila Masin	19 proyectos
Marcela Campagnoli	18 proyectos
Gisela Marziotta	18 proyectos
Rossana Chahla	17 proyectos
Graciela Ocaña	17 proyectos
Dina Rezinovsky	17 proyectos
Carlos Raúl Zapata	16 proyectos
Gustavo Bouhid	15 proyectos
Mónica Macha	15 proyectos
Francisco Sánchez	15 proyectos
Karina Banfi	14 proyectos
Hernán Pérez Araujo	14 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Declaración

Eugenia Alianiello	13 proyectos
Romina del Plá	13 proyectos
Mabel Caparrós	12 proyectos
María Lucila Masín	10 proyectos
Eduardo Toniolli	8 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyecto de Resolución

Victoria Morales Gorleri	43 proyectos
Gisela Marziotta	38 proyectos
Karina Bachey	25 proyectos
Diego Sartori	25 proyectos
Micaela Morán	23 proyectos
Silvana Ginocchio	21 proyectos
Silvia Lospennato	18 proyectos
Soledad Carrizo	16 proyectos
Susana Landriscini	16 proyectos
Alberto Asseff	15 proyectos
Graciela Ocaña	15 proyectos
Marcela Passo	15 proyectos
Ricardo López Murphy	14 proyectos
Carlos Ybrhain Ponce	14 proyectos
Carlos Raúl Zapata	13 proyectos
Graciela Camaño	12 proyectos
Enrique Estévez	12 proyectos
Florencia Klipauka Lewtak	12 proyectos
María Victoria Tejeda	12 proyectos
María Sotolano	11 proyectos
Estela Hernández	10 proyectos
Fernando Iglesias	10 proyectos
Hernán Pérez Araujo	10 proyectos
Margarita Stolbizer	10 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

CAMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

Silvina García Larraburu	38 proyectos
Clara Vega	37 proyectos
Lucila Crexell	33 proyectos
Anabel Fernández Sagasti	29 proyectos
Antonio Rodas	27 proyectos
Roberto Basualdo	21 proyectos
Gladys González	19 proyectos
Daniel Bensusán	18 proyectos
Silvia Giacoppo	16 proyectos
Pablo Daniel Blanco	14 proyectos
Sergio Leavy	11 proyectos
Julio César Martínez	10 proyectos
Juan Carlos Romero	10 proyectos
Silvia Sapag	10 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Declaración

Antonio Rodas	117 proyectos
Víctor Zimmermann	99 proyectos
María Eugenia Duré	60 proyectos
María Inés Pilatti Vergara	60 proyectos
Nora del Valle Giménez	54 proyectos
Sergio Leavy	53 proyectos
Silvina García Larraburu	47 proyectos
Clara Vega	37 proyectos
Ana María Ianni	26 proyectos
Juan Carlos Romero	21 proyectos
Cristina López Valverde	19 proyectos
Daniel Bensusán	18 proyectos
Pablo Daniel Blanco	16 proyectos
Adolfo Rodríguez Saá	14 proyectos
Marcelo Lewandowski	13 proyectos
Beatriz Avila	12 proyectos
Sandra Mendoza	12 proyectos
Stella Maris Olalla	12 proyectos
Julio César Martínez	11 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyecto de Comunicación

Roberto Basualdo	38 proyectos
Sergio Leavy	23 proyectos
Pablo Daniel Blanco	11 proyectos
Julio César Martínez	8 proyectos
Luis Alfredo Juez	6 proyectos
Ignacio Torres	6 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Resolución

Carolina Losada	4 proyectos
Víctor Zimmermann	4 proyectos
Lucila Crexell	3 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley que prohíbe utilizar el Síndrome de Alienación Parental (SAP), como así también otros diagnósticos mentales o psiquiátricos no nomenclados por los manuales internacionales oficiales, en las pericias judiciales.

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes informó que el SAP es un “falso síndrome” de alienación parental, que quiere decir que la palabra de los niños y niñas que son víctimas de maltrato y abuso intrafamiliar alinea su discurso con el de un adulto. Asimismo, la relatora especial sobre la Violencia hacia las Mujeres de Naciones Unidas hizo público un informe a mediados de mayo de 2023 que contiene “conclusiones demoledoras sobre la utilización de esta supuesta patología y las nefastas consecuencias que tiene sobre las mujeres y sus hijos cuando se denuncia violencia de género o violencia sexual hacia los menores por parte del padre”.

El informe afirma que muchos hombres violentos utilizan este supuesto síndrome para acusar a las madres de estar interfiriendo en los menores y para instalar la idea en los juzgados de que conceder la custodia a las madres no redunda en el interés superior del menor. El Síndrome de Alienación Parental no está aceptado por la OMS como trastorno mental. Es sólo una estrategia legal en los casos de custodia que tiene consecuencias terribles para los niños, advierte la senadora rionegrina.

“A pesar de haber sido refutado por la comunidad científica nacional e internacional, el Síndrome de Alienación Parental se emplea como estrategia para conseguir ante la Justicia una defensa exitosa en casos de abuso sexual intrafamiliar y en disputas por la custodia y el régimen de visitas. Su utilización provoca que no sean tenidas en cuenta las particularidades de cada caso de abuso sexual cometido contra los niños, niñas y adolescentes. Es importante destacar que el empleo de este falso síndrome refuerza asimetrías históricas, invisibiliza y debilita a las verdaderas víctimas vulnerables en nuestra sociedad: las niñas y los niños”, sostuvo García Larraburu.

La senadora de Unidad Ciudadana concluyó: “Para que la voz de las niñas, niños y adolescentes sea debidamente tenida en cuenta, resulta clave desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que actualmente inhiben la oportunidad de que sean escuchados y que puedan participar en todos los asuntos que los afecten”.