La senadora Silvina García Larraburu y la diputada Ayelén Spósito participaron del lanzamiento del Programa “Potenciar Empleo Verde”, en la municipalidad de Bariloche. El evento estuvo a cargo del secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico, y el coordinador del programa, Emilio Spataro. También estuvo presente la directora Nacional de Políticas contra la Discriminación, Ornella Infante; y virtualmente representantes de la agrupación Jóvenes x Bariloche y la Asociación de Recicladores Bariloche.

Los funcionarios explicaron que se busca impulsar iniciativas productivas adaptadas a prácticas sustentables y amigables con el ambiente, que generen condiciones de trabajo dignas, seguras y perdurables. De esta manera, los actores de la economía popular recibirán asistencia técnica y el acompañamiento del Estado en el desarrollo de sus proyectos, a fin de promover una articulación virtuosa entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental.

Las diferentes líneas del programa permitirán fortalecer la economía circular; colaborarán en la restauración de los ecosistemas; impulsarán la formación de cuerpos de guardas comunitarios en las Áreas Protegidas, así como los espacios tutelados por las organizaciones sociales y la sociedad civil. También brindarán incentivos para las tareas de reciclado, la agroecología y la ecomovilidad.

Emilio Pérsico argumentó que “el problema ambiental, es un problema de los sectores más vulnerables. La justicia social ambiental, significa cuidar a la madre tierra. En Bariloche hay mucha cultura de cuidar el bosque, el agua, es el legado de nuestros pueblos originarios. Este programa permitirá resolver los problemas de los más humildes, que son quienes viven cerca de los basurales, en las tierras más inundables, generando empleo sustentable y de calidad”.

García Larraburu resaltó el principio de la transición justa “la transformación hacia una economía ambiental y socialmente sustentable permitirá mejorar la calidad del empleo y crear nuevos puestos laborales. Estaremos incluyendo a los sectores más vulnerables en proyectos que beneficiarán al conjunto de la sociedad”.

“Sabemos que otro modelo productivo es posible, y los actores de la economía popular, aquellos hombres y mujeres del territorio, que habitan nuestros barrios, son los más interesados en modificar sus condiciones de vida, reducir la contaminación y producir alimentos saludables para su comunidad. Por este motivo, son los mejores aliados para motorizar una economía verde y socialmente justa”, concluyó.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado ratificó este jueves a sus autoridades. De este modo, continuará como presidenta la rionegrina Silvia García Larraburu (FdT); como vicepresidente, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR); y como secretaria, la neuquina Silvia Sapag (FdT).

Al comienzo del encuentro, realizado en la modalidad virtual, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, destacó que “esta es una comisión que ha trabajado mucho y tiene un rol muy importante. El desarrollo de los polos tecnológicos en distintas provincias es el futuro nuestro”.

Tras ser ratificada por sus pares, García Larraburu ponderó el trabajo realizado el año pasado y agradeció al equipo técnico del Senado. “De las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia es la posibilidad del trabajo en la virtualidad y el esfuerzo que hemos realizado”, dijo.

La legisladora repasó la labor del año pasado, con la visita incluso del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y afirmó que este año se convocarán “a todos los referentes del sector que a lo largo y ancho de nuestra patria están trabajando de una manera muy responsable y dando también la batalla contra este flagelo”.

La rionegrina valoró que “pese a la crisis económica y sanitaria del 2020, nuestros científicos y científicas fueron capaces de demostrar todo lo que pueden hacer, y sobre todo cuando tienen el acompañamiento del Estado”. En ese sentido, recordó la inversión de “más de 600 millones de pesos” para el área, en el contexto de pandemia, lo que permitió el desarrollo de unos 1.400 proyectos.

Por su parte, Zimmermann resaltó que “seguimos teniendo un enorme desafío que es encontrar los consensos para socializar la ciencia y tecnología en Argentina”. “Es una gran esperanza todo lo que tiene que ver con la comunidad científica”, añadió.

En el final del encuentro, los senadores pasaron a la firma un paquete de proyectos de declaración consensuados.

La preocupación por la pandemia

Durante el encuentro, la santacruceña María Belén Tapia consideró que “para que tengamos científicos y tengamos en el futuro jóvenes adultos que quieran trabajar en eso, necesitamos de la educación primaria, secundaria, de la educación formal”.

“En mi provincia la decisión de cerrar las escuelas, que tomó el presidente anoche, ya la gobernadora (Alicia Kirchner) anunció que no lo va a hacer, pero sólo el 10% de las escuelas están funcionando”, señaló la radical. Y pidió que “si está comprobado que las escuelas no son una fuente de contagio, lo pensemos, lo veamos, lo trabajemos seriamente, y así vamos a tener muchos científicos e ingenieros”.

Luego habló el jefe del Frente de Todos, José Mayans, quien subrayó que “el tema de la pandemia es realmente un tema muy duro y muy triste”. “Es un tema que tenemos que ponernos de acuerdo todos”, dijo el formoseño, que mencionó que en su provincia “tenemos casi 100 muertos ya”.

Al hacer referencia a las cifras a nivel nacional, el legislador opinó que “no se puede banalizar esto, es mucha gente que ha perdido la vida”. “Tenemos que ayudarnos entre todos, porque esto no va a mejorar”, pronosticó y llamó a convocar a la comisión especialistas que “nos ayuden o nos muestren una salida”.

García Larraburu opinó que “los dirigentes de todos los partidos políticos tenemos una gran responsabilidad. La verdad que cuando veo algunos referentes circulando por los medios de comunicación y petardeando permanentemente las medidas que toma nuestro Gobierno, que no las toma desde la unilateralidad sino desde el diálogo permanente con los expertos, yo digo, bueno, tratemos de ser responsables y ver también que debemos ser solidarios con nuestros médicos, enfermeros y terapistas que están dando la batalla desde hace más de un año y están agotados“.

“El virus está avanzando, las cepas mutan permanentemente y necesitamos tener medios y periodistas responsables, y dirigentes, por supuesto responsables, y que estén a la altura de las circunstancias”, sumó la presidenta de la comisión.

En tanto, el jujeño Mario Fiad lamentó que el presidente, en los anuncios de este miércoles por la noche, “tuvo una desafortunada frase, dijo que ‘el sistema de salud se había relajado’. Si hay alguien que ha sostenido la pandemia en desigualdad de condiciones ha sido el sistema y equipo de salud”.

Además, el titular de la Comisión de Salud reclamó por la demora de la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en ese ámbito, y le solicitó a sus pares del Frente de Todos que intermedien para que la visita se concrete.

Finalmente, la neuquina Silvia Sapag manifestó que “estamos viviendo tiempos de demasiada incertidumbre y demasiado temor”. “Nuestro presidente toma medidas ante una situación que es mucho más explosiva que el año pasado”, defendió.

Sobre la decisión de suspender las clases presenciales, la oficialista observó que “quizás en el colegio esté todo muy protocolizado para que no haya contagios, de todas formas vemos que hay contagios”, pero además implica “el encuentro de los chicos que es inevitable, el transporte, los padres que tienen que llevarlos, lo que hace que haya más afluencia en las calles”.

“Necesitamos del aporte de todos sin intereses políticos, porque la verdad está en juego la vida de la humanidad”, enfatizó la legisladora.

“Isla Victoria tiene el potencial de convertirse en un gran productor de plantas nativas, y contribuir activamente en la restauración de los bosques quemados de la región”, sostuvo la senadora nacional Silvina García Larraburu, luego de visitar la isla junto al director del Jardín Botánico, ingeniero forestal Adolfo Moretti, el intendente del parque nacional Nahuel Huapi, licenciado Horacio Paradela, y Matías Nuñez, jefe de guardaparques de Isla Victoria.  

En la recorrida por el área central y por el predio del Centro Forestal Ing. Agr. Alberto Suero, observaron el estado de la infraestructura actualmente operativa, el vivero con el invernadero botánico, viviendas, talleres y casas históricas con perspectivas de reparación y ampliación. También se reunieron con emprendedores turísticos y se interiorizaron sobre su situación en el último año.    

Paradela señaló que Isla Victoria es “un punto estratégico del turismo de norpatagonia”, y reseñó los principales logros institucionales. Uno de los aspectos a desarrollar durante el 2021 es la instalación de wifi gratuito en el área central.  

Se analizaron las problemáticas de gestión en la logística operativa de funcionamiento del Área Central, luego del recorte presupuestario que tuvo el Área Protegida durante la anterior administración, e influye en el control de la infraestructura lacustre y el ordenamiento de embarcaciones en el lago Nahuel Huapi.  

Sobre la posible recuperación de la histórica casa marrón como Sede del Jardín Botánico Moretti argumentó: “Es fundamental contar con una oficina técnica y alojamiento de viveristas, biólogos y personal del Centro Forestal debido a la característica insular del lugar y todo el trabajo de campo en la reproducción de biodiversidad de especies que son de valor especial incluyendo endemismos estrictos”.  

Recientemente la senadora presentó un proyecto que reconoce el trabajo desempeñado en el Jardín Botánico, con el objetivo de fortalecer las tareas de investigación, conservación y propagación de especies nativas de los bosques andino patagónicos, para la restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados.  

“Los últimos cambios ambientales develaron las consecuencias de la reducción de tierras forestales, siendo los bosques el soporte estructural de más del 80 % de la biodiversidad terrestre. En este escenario, la política de preservación de las áreas protegidas y el incentivo al desarrollo de Centros Forestales con bancos de semillas y viveros permite afrontar el desafío de conservar el valioso patrimonio natural de nuestro país”, concluyó García Larraburu. 

 Las senadoras Ana Maria Ianni (Frente de Todos-Santa Cruz) y Silvina García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro) presentaron un proyecto de ley con el propósito de declarar la emergencia turística en todo el territorio nacional. “La actividad fue la más perjudicada en 2020, y pese a la incipiente reactivación del verano, sabemos que la persistencia de la pandemia dificultará que termine de recuperarse en 2021”, argumentó la legisladora rionegrina.

Además, recordó que “en marzo del año pasado, y previendo las consecuencias de la crisis sanitaria, presenté un proyecto de ley que declaraba la emergencia. Luego de un intenso trabajo colectivo en la Comisión de Turismo, del que participaron los actores del sector, logramos consensuar y aprobar la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística. La normativa permitió aliviar la carga impositiva y fomentar el turismo interno. Gracias al programa PreViaje, más de 580.000 argentinos viajaron por el país. Ahora necesitamos incrementar la asistencia y seguir cuidando los puestos de trabajo”. 

El proyecto

La nueva iniciativa contempla medidas económicas, impositivas, tributarias, laborales, herramientas de incentivo, como así también programas que promuevan el turismo de cercanía. Por otra parte, establece la conformación de un Consejo de Emergencia, y la elaboración de un plan federal de reconstrucción del sector. 

El consejo sería coordinado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación con la participación de los ministerios con competencia en la materia y demás áreas descentralizadas, en conjunto con los integrantes del Consejo Federal de Turismo, los intendentes de municipios turísticos, los representantes de las comisiones de turismo de ambas cámaras del Congreso de la Nación, y todas las organizaciones del sector con representación nacional. “El carácter participativo y federal permitirá atender las necesidades puntuales de cada región”, resaltó la senadora García Larraburu.

La legisladora oficialista se refirió a su provincia: “En Río Negro las consecuencias económicas de la pandemia fueron muy severas y las pequeñas y medianas empresas ya no tienen recursos para afrontar otro año similar. Si algo nos enseñó la experiencia de 2020 es que debemos actuar con celeridad, con el fin de preservar una de las principales industrias que tiene el país en términos de generación de puestos de trabajo y divisas”.

La senadora nacional Silvina García Larraburu inició el año parlamentario presentando 29 proyectos de ley. Al respecto, señaló que “las iniciativas reflejan las necesidades del país, y la provincia de Río Negro en particular, en un contexto que sigue marcado por la pandemia y sus secuelas económicas y sociales”.   

En este sentido, 9 de ellos promueven el desarrollo de las economías regionales, la diversificación de la matriz productiva y la incorporación de valor agregado local a los bienes y servicios. “Entre ellos se destaca el Programa Nacional de Polos Agroalimentarios que también contribuirá a asegurar la soberanía alimentaria en el país”, detalló.  

Dentro de las iniciativas destinadas al sector turístico, sobresale el proyecto que establece las bases para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario. “Queremos revalorizar el patrimonio natural y cultural, como así también el respeto de las regiones, la identidad de los pueblos y la participación de ellos mismos en un proceso que tenga como punto de partida sus propias miradas y cosmovisiones”, argumentó. 

Otro bloque de 16 proyectos buscan dar respuesta a problemáticas laborales, previsionales, sociales y sanitarias, con una “clara visión de justicia social”. Entre ellos, se encuentra la modificación a la Ley de Contratos de Trabajo, con el propósito de prolongar las licencias por maternidad y paternidad; y la creación del Defensor de las Personas Mayores.  

A su vez, se presentó un proyecto de Ciencia y Tecnología y 2 destinados a la preservación ambiental. “En 2020 entendimos la importancia de asegurar nuestra soberanía científica, como así también de generar las bases de un modelo de desarrollo sustentable en armonía con nuestro entorno. Este año debemos continuar impulsando las iniciativas que permitan la transformación”, concluyó. 

Los senadores nacionales Jorge Taiana y Silvina García Larraburu celebraron el desarrollo del helicóptero no tripulado RUAS-160A, realizado por Cicaré S.A, Nicolas Marinelli e INVAP S.E. y presentaron un proyecto con el objeto de reconocer este logro de la industria nacional.  

El helicóptero introduce una nueva tecnología destinada al agro que brinda un mayor nivel de prestaciones, confiabilidad y seguridad en relación a otros sistemas aéreos no tripulados. Por sus características también puede utilizarse en misiones de búsqueda y salvamento, vigilancia de fronteras y mar, patrullaje, apoyo ante desastres naturales, entre otras. La innovación fue distinguida en la séptima edición del Premio Ternium Expoagro.  

“El nuevo vehículo es un logro importantísimo para la industria nacional, potencia las capacidades de nuestros investigadores, y nos posiciona en la vanguardia mundial en la generación de tecnología agraria”, sostuvieron Taiana y Larraburu en el proyecto presentado. 

La senadora Silvina García Larraburu gestiona ante el Gobierno nacional el envío de más dosis de vacunas Sputnik V a Rio Negro con el fin de asegurar, en una primera etapa, la inmunización del personal de la salud.  

En reuniones mantenidas con las autoridades sanitarias locales, centros de salud y actores del sistema sanitario, la senadora se interiorizó sobre el estado de la vacunación provincial, la necesidad de acelerar el ritmo e incrementar la llegada de dosis, en una de las provincias más comprometidas por el Covid 19.  

“Los trabajadores de la salud en nuestra provincia estuvieron entre los más expuestos del país. Más de 1.200 se contagiaron con el virus, esto evidencia las difíciles condiciones en las cuales les toca desarrollar su tarea. Con la llegada de la segunda dosis de la Sputnik V, 2.500 de ellos podrán completar la inmunización, pero necesitamos vacunar al resto de la población sanitaria. Es también fundamental que la provincia garantice el sistema de acceso, logística y distribución eficiente en todo el territorio”, argumentó Larraburu. 

La senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos) sufrió un fuerte escrache en su domicilio en Bariloche, Río Negro, luego de cambiar de postura y confirmar su voto a favor de la legalización del aborto.

En el frente de la casa de la senadora, manifestantes colocaron cruces rodeadas por baberos, y la postal se difundió en distintos medios patagónicos.

Al intervenir en la sesión, García Larraburu ratificó su acompañamiento al proyecto, a diferencia de 2018, cuando había votado en contra.

“Desde una fuerte base peronista, entiendo que debemos acompañar una ampliación de derechos. Estoy orgullosa de afirmar que hoy en la Argentina la mujer es política de Estado. Mi voto es por una mujer libre, que pueda actuar, que pueda decidir según su propia conciencia, sin que nadie nunca más le diga lo que tiene que hacer con su cuerpo. Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”, anunció.

“Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”. Con un discurso donde no pudo ocultar su emoción, la senadora Silvia García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro) confirmó que esta vez, a diferencia de 2018, acompañará el proyecto de legalización del aborto.

Conectada a la sesión desde su provincia, García Larraburu contó una historia en primera persona y señaló que “la maternidad siempre estuvo asociada, lamentablemente, a la condición de mujer”.

“Todas, en mayor o menos medida, fuimos víctimas de un sistema creado por y para hombres. Ahora lo vemos, le podemos nombre: esa normalidad es el patriarcado y ese proceso se llama deconstrucción”, observó.

La legisladora reconoció que “no es fácil deconstruirse” porque “tambalea las estructuras”.

“Estamos atravesando un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma lo lideran las luchas feministas y ambientales “, destacó.

Al referirse a su postura personal, expresó: “Aprendí que nada puede detener el avance de la historia, y la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”.

En ese sentido, recordó que “todas las leyes que ampliaron derechos en su momento fueron resistidas por algunos sectores”, y puso como ejemplos el voto femenino, el divorcio y el matrimonio igualitario.

“Como dirigente política tengo la obligación de cuestionarme, de analizarme, de involucrarme con los cambios de paradigma, con las luchas, con los anhelos de las nuevas generaciones, porque en definitiva, estamos legislando para el futuro”, manifestó García Larraburu.

Y agregó: “En este tiempo aprendí que más allá de mi postura personal o de mi sistema de creencias, estamos ante una problemática que requiere un abordaje de política pública”.

La senadora indicó que el proyecto de aborto legal enviado por el Poder Ejecutivo es una “propuesta integral, superadora, que dialoga con el Plan de los Mil Días, pensado para que ninguna mujer tenga que tomar la decisión de interrumpir su embarazo”.

Finalmente, afirmó: “Soy la misma senadora que en este tiempo decidió seguir escuchando a todas las partes, analizando diferentes situaciones, recibiendo testimonios, pero sobre todo con un profundo respeto al que piensa distinto”.

“Desde una fuerte base peronista, entiendo que debemos acompañar una ampliación de derechos. Estoy orgullosa de afirmar que hoy en la Argentina la mujer es política de Estado. Mi voto es por una mujer libre, que pueda actuar, que pueda decidir según su propia conciencia, sin que nadie nunca más le diga lo que tiene que hacer con su cuerpo. Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo”, concluyó.

Se confirmó finalmente que la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos) votará este martes a favor de la legalización del aborto, luego de haber rechazado el proyecto en 2018, cuando fue la única “celeste” del bloque Unidad Ciudadana.

La sospecha del cambio de postura de García Larraburu se encendió cuando la legisladora estampó su firma en el dictamen, el pasado 17 de diciembre.

Si bien la barilochense no hizo declaraciones, quien terminó por confirmar su voto afirmativo fue la jefa del bloque de legisladores provinciales del Frente de Todos, María Eugenia Martini, quien destacó  el “coraje” y la “convicción” de García Larraburu.

“Celebro y felicito la firme actitud de los senadores del Frente de Todos y su apoyo decidido a esta ley”, expresó Martini, y en particular destacó “la convicción de nuestros senadores provinciales, Martín Doñate y Silvina García Larraburu (quienes ya adelantaron sus votos positivos), coherentes con la legislación de avanzada que tiene Río Negro”.

“Es un tema urgente de salud pública, es justicia social, y es una reivindicación que ya lleva más de cien años de marchas y contramarchas en la Argentina”, expresó la legisladora provincial.

A su vez, Martini señaló que “el proyecto de despenalización del aborto es una decisión que requiere debate y también coraje, como lo exigieron las leyes de divorcio y de matrimonio igualitario”, y reconoció que “no son pocas las presiones”.

Con el voto favorable de García Larraburu, hay una leve ventaja “verde” de 34 votos sobre 33, aunque la diferencia podría ser aun mayor si se considera la probable ausencia de Carlos Menem, quien se encuentra internado, más la definición de los indecisos.

Por José Angel Di Mauro

Cuando a fin de año, que faltan apenas unos días, se hagan los balances de la actividad legislativa de este dramático 2020, seguro el tema del aborto será uno de los principales. Y ni qué decir si se aprueba, será un hecho histórico equiparable al divorcio, votado en ambas cámaras en tiempos de Raúl Alfonsín, con una polémica similar a la que despierta este tema, aunque seguramente con ánimos menos encendidos que un tema donde se habla de vida y muerte, que no es lo que sucedía en aquel debate definido en 1987 y que se plasmó en la Ley 23.515, promulgada el 12 de junio de ese año.

Si eso ocurre se sabrá nada menos que este martes 29 de diciembre. O mejor dicho, en la madrugada del miércoles 30, pues nada indica que en el Senado vaya a darse un debate exprés, como sí fue el tratamiento en comisión. Distinto a lo que sucedió en 2018, cuando el proyecto tuvo media sanción el 14 de junio y recién se votó el 9 de agosto venidero.

Encima el horario convocado para la sesión especial de este martes es el de las 16; infrecuente, pues la Cámara alta siempre sesiona a partir de las 14, y ameritaba en esta oportunidad que fuera convocada a sesionar más temprano. No fue así, garantía de que el debate se extenderá más allá de medianoche. Señal también de final abierto, podría interpretarse si nos ponemos finos con el análisis, pues si el oficialismo tuviera garantías de la aprobación de esa ley, no cabe duda de que la reunión se hubiera convocado para bien temprano, cuestión de tener el título resonante para las 10 de la noche. Detalles.

Como sea, el Gobierno parece convencido de que logrará la aprobación de esta norma que impulsa el Poder Ejecutivo. No hay razón para que exprese lo contrario, es parte del juego infundir esa confianza que amalgama votos propios, aunque siempre sin un triunfalismo que nadie se creería, pero que sirve también de paragolpes si la norma resulta rechazada.

Porque a priori, el panorama arranca inusualmente parejo. No es como en 2018, cuando con el correr de los días y las definiciones se iban anunciando, los votos se apilaban del lado celeste y se llegó finalmente a la sesión con la certeza de que la ley iba a ser rechazada. Hoy los números que tiene parlamentario.com hablan de un virtual empate en 33, con 5 indecisos que resolverán la suerte del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Pero antes de ver quiénes son esos “indefinidos” -término más acorde, pues a esta altura es casi seguro que no hay indecisos- debemos considerar un detalle no menor, casi clave: el estado de salud del expresidente Carlos Menem, a quien se contabiliza como un voto celeste, pero cuya internación y, sobre todo, la seriedad de su estado, hacen muy difícil que vaya a participar de la votación. Su hija Zulema ratificó que el senador riojano es un voto celeste y que mantiene las convicciones que durante su presidencia lo llevaron a instituir el Día del Niño por Nacer. Habrá que ver si termina emulando a la diputada nacional oficialista Blanca Osuna, que hasta dio un discurso favorable al proyecto desde la clínica entrerriana donde se encontraba internada, afectada de Covid-19. No daría un discurso en su caso, pero al menos votaría en contra. Difícil.

Así las cosas, quienes abogan por el rechazo al proyecto llegan al debate de este martes prácticamente resignando dos votos seguros. El de Menem, si no se repone para ese día, y el del tucumano José Alperovich, de licencia desde hace más de un año, mientras la justicia lo investiga por acusaciones de violación. Ambos votaron hace dos años en contra y fueron parte entonces de los 7 votos de diferencia que el rechazo le sacó a los verdes.

Entre los “indefinidos” hay dos entrerrianos: el oficialista Edgardo Kueider y la radical Stella Maris Olalla, que no eran senadores en 2018, razón por la cual no se cuenta con el antecedente de esa votación, ni abrieron la boca en público sobre este tema. Del primero había trascendido su convicción contraria a la aprobación del aborto, pero él nunca lo confirmó. Se cuenta en cambio con un dato saliente: firmó el dictamen del proyecto, aunque lo hizo en disidencia. Lo cual lo acercaría a votar positivo, pero no podría descartarse una abstención si no se aceptaran modificaciones.

En el caso de la senadora de Juntos por el Cambio, no firmó el dictamen, lo cual podría interpretarse como un rechazo, aunque también le serviría para estirar el suspenso.

Celeste por haber votado así en 2018 y muy convencida entonces, la rionegrina Silvina García Larraburu es otra de las indefinidas, aunque solo la mantenemos así porque no ha confirmado públicamente qué hará. Porque todo indica que esta senadora que se diferenció de sus pares kirchneristas hace dos años votando en contra, ahora habría reconsiderado su postura. Sin ir más lejos, firmó el dictamen del jueves. Es entonces casi casi un voto verde.

Otro que en 2018 votó en contra y hoy aparece indefinido es el salteño Sergio “Oso” Leavy. Como opositor, no tuvo dudas hace dos años, y por eso se lo mantuvo durante todo este tiempo del lado celeste. Sin embargo comenzó a crecer la sospecha de un cambio de postura a partir de la reunión que mantuvo hace dos jueves con Alberto Fernández en la Rosada y sobre todo sus dichos en una entrevista que le hicieron en su provincia, en la que se mostró absolutamente ambivalente. “Estamos debatiendo, no es una decisión tomada”, dijo sobre lo que hará el 29, tras contar que se había reunido con sectores celestes y verdes. El suyo entonces es un voto que puede ir para cualquier lado, como él mismo confiesa, pero da la sensación de que si llegado el momento se lo necesita para desnivelar a favor de la aprobación, el oficialismo podrá contar con él.

La quinta incógnita es una que tampoco se pudo definir en 2018: la neuquina Lucila Crexell. En esa oportunidad se abstuvo, y ante este debate mostró señales que la ponían más cerca de votar a favor que en contra, fundamentalmente a partir de que se mostró favorable a la despenalización. Sin embargo ponía reparos relacionados con las semanas hasta las cuales se podría realizar la interrupción del embarazo. Ella aceptaba hasta la semana 12, cuando el proyecto oficial señala la 14. Eso no cambió y entonces su postura tampoco habría mutado respecto de 2018. Hoy se la interpreta más del lado de la abstención y hasta el rechazo, que votando a favor.

Una radiografía rápida de los indecisos le daría entonces una luz de ventaja a la aprobación, sobre todo considerando la situación de Carlos Menem. Sin embargo ahí no hay que detenerse, sino echar un vistazo sobre los que aparecen como “definidos”. Porque nada está cerrado.

Se destaca el caso del rionegrino Alberto Weretilneck, quien expuso sus reparos el jueves, de cara a la firma del dictamen. Pidió modificaciones, asegurando que la ley así sería “inviable”. A priori, el oficialismo no aparece dispuesto a concederlas. Se sabe que desde la Rosada lo llamaron para pedirle reconsiderar su postura, garantizándole que sus reparos serían atendidos a la hora de la reglamentación. Pero son demasiado profundas las correcciones que promueve como para que pueda confiar convencido en esa promesa. Es un voto verde, pero insiste con los cambios y su postura atrajo la de otros senadores, como Kueider, que tomó esos argumentos para justificar su disidencia.

Otro senador que guarda silencio y que en 2018 votó a favor es el radical catamarqueño Oscar Castillo. Había trascendido que estaba analizando abstenerse, pero desde su entorno dijeron que mantenía la postura de hace dos años. Hoy no aparecen tan convincentes. Todo puede suceder a la hora de votar.

Similares versiones corrieron respecto de la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que votó a favor en 2018. El jueves no firmó el dictamen, aunque fuentes cercanas a la senadora del Pro aclararon que lo había hecho para evitar presiones. Vicepresidente del partido fundado por Mauricio Macri, asegura que el expresidente no les ha pedido que voten en contra para infringirle una derrota al Gobierno. Aclaran que lo que vaya a hacer lo anunciará directamente en el recinto, cuando le toque hablar, pues se anotará para hacerlo.

El debate de este martes promete ser acalorado, con final abierto y tensión creciente. Y nada puede descartarse, incluso una aprobación con modificaciones -que hoy el oficialismo rechaza, insistimos-, y su vuelta a Diputados para convalidarlas. Falta muy poco para evacuar todas las dudas.

La senadora Silvina García Larraburu está trabajando en un proyecto de ley con el objeto de resguardar la identidad de los datos cerebrales, frente al avance de la inteligencia artificial.

Los datos neuronales refieren a la información obtenida por la neurotecnología avanzada, sobre los patrones de actividades de las neuronas. Contienen una representación de la actividad psíquica, tanto consciente como subconsciente.

La legisladora rionegrina sostuvo: “Creemos que el desarrollo de las neurotecnologías debe estar acompañado de normativas que regulen el uso de la información y garanticen la privacidad mental de las personas”.

“En el campo de las neurociencias se vienen desplegando intensos debates deontológicos, con el fin de fijar los límites éticos de la profesión. Queremos acompañar este proceso y junto a la comunidad científica establecer la protección de un derecho de sexta generación: los neuroderechos”, concluyó.

Por José Angel Di Mauro

El viernes pasado concluyó formalmente todo el proceso previo relacionado con el debate definitivo del aborto legal en el Congreso, con la emisión del dictamen del proyecto denominado “de los Mil Días”. Ese que el presidente Alberto Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa en marzo, como acompañamiento y respaldo del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para adosarle un elemento nuevo y compensatorio a la iniciativa que se debatió por primera vez en 2018, por entonces sin suerte para quienes promueven la legalización de esa práctica.

Un día antes se había estampado el dictamen del proyecto principal que se pondrá en consideración el martes 29 de diciembre, y a partir de entonces verdes y celestes comenzaron a “velar armas” -si se permite el término- de cara al debate en donde todo será “a cara o cruz”, y aquí sí parece más certera la definición.

Pero ello no implica que las partes se desactiven hasta el día de la sesión. Muy por el contrario, con bajo perfil los contactos para definir las posiciones siguen a toda marcha, sin estridencias pero muy presentes para llegar al recinto con un “poroteo” más o menos definido.

Claramente no será como en 2018, cuando todo estaba resuelto en el Senado al comenzar a sonar el timbre llamando a sesionar. Todos sabían entonces que la diferencia a favor del rechazo era irreversible y solo faltaba resolver el número definitivo, que al final fue 38 a 31, con una abstención. Siete de diferencia, demasiado de cara a un nuevo debate dos años después.

Por eso nadie se animaba a imaginar una suerte distinta para este 2020, pero el hecho de que fuera el Poder Ejecutivo el que esta vez se pusiera al hombro esta iniciativa encendía ilusiones en el sector “verde”.

Sin embargo el anuncio del Gobierno respecto del envío de la iniciativa en noviembre pasado -cuando se habían cansado de aclarar que la crisis sanitaria por la pandemia había obligado a postergar la consideración de este proyecto para el año siguiente- sorprendió a propios y extraños. Sobre todo a los primeros: léase Senado, y más precisamente a su presidenta.

Es que, siempre la Cámara alta fue la pieza difícil para la aprobación del proyecto, como quedó claro hace dos años. Y en el transcurso de este tiempo solo hubo una renovación parlamentaria, muy poco para revertir una diferencia de siete votos, como la de 2018. El anuncio del envío del proyecto pareció una respuesta del Ejecutivo a la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Esa en la que habló de “funcionarios que no funcionan” y citó a figuras puntuales, sin dar nombres, claro está. Precisamente una de esas figuras, Vilma Ibarra, fue la encargada de anunciar el envío inminente del proyecto. Pareció un mensaje dirigido al Instituto Patria. Más precisamente a la titular del Senado, a la que no le debe haber resultado simpático que muchos comenzaran a referirse al tema como el “proyecto Vilma”.

Pero necesariamente la molestia, si la hubo, pasó por esos detalles, o porque el proyecto fuera presentado formalmente el mismo día en el que se debatía en Diputados el aporte solidario y extraordinario impulsado por Máximo Kirchner. Lo que más inquietud debe haber generado fue la obligación de salir a conseguir los votos en un cuerpo donde a priori no estaba el número para aprobar el proyecto. “Un Ejecutivo nunca debe lanzar un proyecto sin la certeza de contar con los votos en las dos cámaras”, dice una sentencia no escrita pero siempre presente en el Congreso de la Nación. Y sino que le pregunten a la propia Cristina Fernández, que en 2008 vio cómo su propio vicepresidente le propinaba una derrota histórica desempatando en contra.

En ese marco llamó la atención José Mayans, un celeste confeso y enfático, que salió a cuestionar la oportunidad en la que se anunciaba este debate, en plena crisis por el coronavirus. Está claro que para los que están en contra siempre será inoportuno este tratamiento, pero que así se expresara nada menos que el titular del bloque oficialista hizo pensar por lo menos que debió contar con la anuencia de CFK. Sino en su oposición, al menos en que no era tiempo de impulsar este debate.

A priori, los números para la aprobación del proyecto en el Senado no estaban. A favor del oficialismo debía considerarse, sí, el hecho de que muchos votos celestes son propios y tal vez reversibles, aunque ya se sabe que este es un tema que deja marcas y en consecuencia a nadie le gustaría terminar siendo señalado en sus distritos. Como sea, no es uno de esos proyectos en los que hay que explorar en la oposición para sumar voluntades, sino en el interior del propio Frente de Todos. Y esa ya es una garantía. Incómoda, pero garantía al fin.

El conteo en el Senado

Por eso es que siempre se pensó que el oficialismo necesita dar vuelta dos votos para asegurarse la aprobación. Y como aquí hemos dicho, se pensó en dos senadores propios, uno del norte y otro del sur, un hombre y una mujer, que en 2018 votaron en contra.

Hablamos del senador salteño Sergio “Oso” Leavy, quien como diputado en 2018 se pronunció en contra. Muy kirchnerista, desde el Frente de Todos de su provincia le pidieron que repensara su postura. Por el momento en los conteos se lo considera “celeste”, y así será hasta tanto él mismo no se pronuncie en contrario, pero no dejó de llamar la atención el raid que realizó la última semana en Buenos Aires, justo en días en los que el Senado no se reunió. Raid que incluyó dos ministros -Jorge Ferraresi y Roberto Salvarezza-, pero que concluyó nada menos que con el presidente Alberto Fernández el jueves. Encuentro que el propio senador se encargó de difundir, detallando los temas propios a su provincia de los que habló, que obviamente no incluían la cuestión del aborto. Obviamente, decimos, porque nadie puede imaginar que se vaya a confirmar algo semejante. Como tampoco es imaginable que siendo Leavy un senador, no haya hablado con el presidente sobre qué es lo que hará en el debate principal que se realizará en pocos días y en el que Alberto Fernández ha puesto tantas expectativas.

El otro voto, el del sur, corresponde a la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en 2018 se pronunció en contra. Esa vez llamó la atención pues toda la bancada que integraba y lideraba la propia Cristina Fernández de Kirchner votó a favor, y así se habían pronunciado el mismo día de la media sanción en la Cámara baja, difundiendo una foto en la que aparecían todos los integrantes del bloque, incluida García Larraburu. Se le objetó a la rionegrina haber cambiado de postura, pero en rigor la foto en cuestión era de archivo. En efecto, al final, García Larraburu anunció su decisión a través de un reportaje que concedió un domingo al periodista Gonzalo Aziz por radio Mitre. En el libro Gobernar en minoría, de quien esto escribe, su compañera de bancada María de los Angeles Sacnun la justificó: “Es absolutamente respetable la posición que tomó, y en ningún momento se pidió una actitud o una conducta corporativa”, señaló. Por su parte, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez -activa militante celeste- contó en ese mismo libro que “en su corazón tenía la certeza de que esa senadora estaba con ellos, porque en tiempos anteriores había presentado una cantidad de proyectos que ‘iban en el sentido de la vida’. Las celestes no la habían sondeado, porque en realidad ella no estaba concurriendo a las comisiones y hasta había pedido que la relevaran de la Comisión de Salud. ‘Hasta que en los últimos días, ya cuando buscábamos los votos más pequeños, su voto fue uno de los decisivos. Ella y Rozas fueron los votos más festejados por el grupo’, aseguró la tucumana”.

García Larraburu dio una señal clave el jueves pasado, al firmar el dictamen del proyecto del IVE. Lo cual llevó a parlamentario.com a excluirla en el conteo del sector “celeste”, pero para ponerla entre los “indefinidos”. Y así estará hasta que no haya un pronunciamiento concreto como el que tuvo en 2018. Es que firmar el dictamen es una señal concreta, pero no definitiva. Puede hacerse para habilitar el debate, más no garantiza necesariamente el voto. Es el caso del senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez, quien si bien es considerado a favor del proyecto, anticipó disidencias que, dijo, expresará durante el debate. Y para habilitarlo, firmó el dictamen.

Es lo que sucedió también con otro de los senadores indefinidos, el entrerriano Edgardo Kueider. Este senador oficialista es uno de los que todavía no se han pronunciado, aunque cerca suyo se lo anticipaba votando en contra. Hombre muy cercano al gobernador Gustavo Bordet, de quien fue ministro de Gobierno, Kueider se cuidó especialmente de no abrir la boca en un sentido u otro, pero el jueves firmó -como integrante de la Comisión de Justicia- el dictamen “en disidencia”. Lo cual no implica que vaya a votar a favor. Podría abstenerse, conforme expresa su disidencia. Se verá.

Hay otras dos mujeres que figuran entre los indefinidos. Y el hecho de que se haya incluido a la Banca de la Mujer en este debate en comisión permitió verificar el comportamiento de todas las senadoras, pues todas integran esa comisión. Una de esas senadoras indefinidas es la neuquina Lucila Crexell, la única que en 2018 se abstuvo en el debate. En la previa de esta discusión dio señales que muchos interpretaron favorables a la aprobación, pues se pronunció por  la despenalización, pero siempre mantuvo disidencias respecto de algunos artículos, particularmente en cuanto a las semanas de gestación. El tema es que al menos esa cuestión no fue tenida en cuenta, de ahí que nada garantice que vaya a cambiar la postura que expuso hace dos años. Y en la firma del dictamen mantuvo la incógnita, pues fue de las que no firmó.

La otra indefinida es la senadora entrerriana Stella Maris Olalla. Es de las que no estaba en el cuerpo en 2018, así que no registra antecedentes en este debate. Y no abrió la boca durante todo este tiempo. Olalla tampoco firmó el dictamen el jueves pasado.  ¿Tendrá en cuenta la encuesta de Synopsis sobre el tema, precisamente en la provincia de Entre Ríos, que se conoció este fin de semana? Allí un 62,1% se pronunció en contra, y solo un 27,3 lo  hizo a favor. De ese porcentaje, el 70,9 de las mujeres encuestadas se pronunciaron en contra. Miembro de la UCR, vale el detalle de que según ese sondeo el 79,5% de los entrerrianos votantes en 2019 de Mauricio Macri se manifestaron en contra de la legalización del aborto.

Si bien este es un debate transversal, propios y extraños reconocen que el Gobierno buscará sacar partido de una eventual aprobación. Por eso es que más de uno piense en si Juntos por el Cambio no debería proceder de manera tal de no propiciar la aprobación. Los verdes de esa bancada descartan enfáticamente que vaya a haber alguna movida en ese sentido. E incluso niegan que el expresidente Mauricio Macri haya llamado a votar en contra o abstenerse. “No lo hizo en 2018, no lo hará cuando ya no es presidente”, aseguró una fuente del Pro.

Pero lo cierto es que algunos sugieren atender las posturas de otros votos considerados verdes. Como el del catamarqueño Oscar Castillo. El radical votó a favor en 2018, pero ahora trascendió que pensaba abstenerse. Fuentes cercanas al senador dijeron no obstante a este medio que mantendría su postura original. El jueves no firmó el dictamen.

Otra que no firmó es la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado, que en 2018 votó a favor. Por entonces promovió modificaciones junto con sus pares cordobeses, pero al final terminó coordinando junto a sus pares María de los Angeles Sacnun y Pamela Verasay, que militaban abiertamente a favor. Según fuentes consultadas, la cordobesa no habría suscripto esta vez el dictamen para evitar presiones.

Un voto a favor que se daba por descartado es el del rionegrino Alberto Weretilneck, quien sin embargo el jueves propuso modificaciones, que a priori no fueron tenidas en cuenta. El senador advierte que la ley será “inviable” si  no tiene algunos cambios, pero el oficialismo considera  más inviable que el proyecto deba retornar a Diputados, por eso tratan de convencerlo de que vote a favor, y tenga confianza de que se atiendan esas prevenciones a la hora de la reglamentación.

Una promesa que se extenderá a todos los que tengan dudas, a la espera de garantizar el voto verde que finalmente imponga la ley antes de fin de año. Habrá que ver qué grado de confianza infunden.

La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó su balance de gestión 2020, con el propósito de transparentar su tarea y brindar información precisa de su trabajo como representante de la Provincia de Río Negro. 

El primer año de su segundo mandato en la Cámara alta estuvo signado por la emergencia generada a raíz de la pandemia por Covid-19. En este marco realizó 2.453 gestiones. Entre ellas, 250 trámites por repatriación de argentinos en el exterior; 587 orientaciones por beneficios del Poder Ejecutivo; y 564 por solicitudes de alimentos. Además, gestionó la incorporación al Programa ATP de más de 400 empresas rionegrinas; la asistencia a trabajadores temporarios, la radicación del laboratorio de testeos de Coronavirus en el Hospital Zonal Bariloche, y la resolución de los problemas de conectividad en diferentes barrios y parajes de la provincia, entre otras.  

Asimismo, señaló que se entregaron 9.130 barbijos solidarios; 77 pasajes, 30 Constituciones Nacionales, 21 distinciones, 10 becas, 3 subsidios y 1.045 artículos en concepto de donación.  

Los Talleres de Formación Laboral se adaptaron a la modalidad virtual. En las 127 capacitaciones participaron 1.923 personas: 740 del Valle, 707 de la Zona Andina; 208 de la Línea Sur y 190 de la Zona Atlántica 

La legisladora destaca que la actividad parlamentaria de la Cámara se duplicó en relación a 2019. En las 30 sesiones realizadas se aprobaron importantes iniciativas impulsadas por García Larraburu, como el Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística; la Ley de Alquileres; la Promoción de Carreras Estratégicas; la Historia Clínica Digital y la Ley de Cuidados Paliativos, entre otras. 

Además, señala que la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside realizó 7 reuniones de senadores, trabajó sobre 146 proyectos y dictaminó 108. Además, expusieron el ministro Roberto Salvarezza, el físico Conrado Varotto y las máximas autoridades de CONAE e INVAP.  

Este año la senadora presentó 181 proyectos y se realizaron más de 300 reuniones de trabajo legislativo. Entre las normativas de su autoría se destacan: la prórroga de la Emergencia Frutícola, la Emergencia Turística; la Promoción y Difusión del Trabajo a Distancia; la Suspensión de Pedidos de Quiebra; la Prohibición de Desalojos; la Creación de un Programa de Educación Emocional; la inclusión de los profesionales de INVAP al régimen previsional del Sistema Científico Nacional, entre otras.  

“En uno de los años más complejos de nuestra historia reciente, asumimos el compromiso de acompañar y sostener a cada rionegrina y rionegrino. Gracias por confiar en nosotros. Espero que el 2021 nos encuentre trabajando de manera colectiva por la Argentina que soñamos”, concluyó García Larraburu. 

“La solidaridad es el único camino posible en la post-pandemia. Es el remedio que posibilitará curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual”, sostuvo la senadora Silvina García Larraburu tras la aprobación del Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia.

Sobre la iniciativa argumentó: “Es una contribución que se pide por única vez a quienes tienen mayor capacidad tributaria. Son menos de 12 mil personas que representan el 0,02% de la población. El destino de los fondos tiene fines ya establecidos y prioritarios, como es la compra y fabricación de insumos médicos, principalmente vacunas; subsidios a Pymes; el financiamiento del Programa Progresar y el Fondo de Integración Socio Urbana que permitirá mejorar las condiciones de vida en los barrios populares. También lo recaudado posibilitará incrementar la producción de gas natural y que el servicio llegue a los hogares de millones de argentinos”.

La senadora recordó que “el Frente de Todos asumió en plena recesión económica, con un país quebrado, sin Ministerio de Salud, una deuda impagable y un Estado desfinanciado. Entre 2015 y 2019 los ingresos tributarios y de la seguridad social disminuyeron 3,1 puntos porcentuales del PBI, principalmente por la reducción de gravámenes en sectores de altos ingresos, que no se tradujeron en un incremento de la inversión”.

“En estos meses de pandemia el Estado Nacional hizo un enorme esfuerzo a fin de sostener a las familias más vulnerables, la producción y el empleo. El costo fiscal del paquete de ayuda a hogares y empresas representó el 4,9% del PBI; se invirtieron 213 mil millones en el ATP y 264 mil millones en el IFE. Estos programas se financiaron principalmente con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa el 48% de la recaudación y es el tributo que proporcionalmente más pagan los sectores de bajos ingresos. Por este motivo, el espíritu de la iniciativa es lograr una mejor justicia distributiva”, señaló.

Concluyó: “Les solicitamos a los más ricos un gesto de humanidad, de solidaridad.  Tenemos la oportunidad histórica de construir un nuevo pacto social, centrado en el bienestar y la dignidad de todos los hombres y mujeres”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, presidida por la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT), realizó este miércoles su última reunión del año, durante la que se pasaron a la firma un conjunto de proyectos de declaración.

García Larraburu destacó que este año se realizaron siete encuentros; se recibió la visita del ministro del área, Roberto Salvarezza, y de representantes de la CONAE e INVAP; además de haberse tratado 109 proyectos, 87 de ellos con dictamen.

“Tenemos en la ciencia y la tecnología uno de los ejes centrales para el desarrollo de nuestra patria”, sostuvo y abogó: “Espero que el año que viene, en otro contexto, podamos desarrollar todo el resto de la agenda que nos fue quedando”.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), agradeció a los asesores y a los senadores que “sin la voluntad, el esfuerzo y el aporte de ellos no sería posible el funcionamiento” de la comisión.

También, el chaqueño planteó que hay que discutir sobre “cómo socializamos la ciencia y la técnica y la tomamos como una herramienta de crecimiento, sobre todo para nuestras provincias del norte”.

Entre los que tomaron la palabra, la neuquina Silvia Sapag (FdT) reveló que le transmitió al jefe del bloque oficialista, José Mayans, el pedido para que “se incorpore al temario de extraordinarias un proyecto que pide al Gobierno nacional que determine los fondos necesarios para la construcción de un lanzador (de satélites) propio”.

La oficialista señaló que “se venía desarrollando y se discontinuó en los últimos cuatro años”, pero “en el Presupuesto del año que viene, el Ejecutivo ha determinado los montos necesarios para seguir con este desarrollo científico y tecnológico”. Sin embargo, resaltó que el proyecto prevé, además de los recursos, que esta cuestión “se convierta en una política de Estado y se le dé prioridad nacional”.

Los proyectos aprobados

La comisión pasó a la firma un proyecto expresando el beneplácito por la creación por parte de los científicos/as de la Universidad Nacional de San Luis, de una nueva metodología de reacción en cadena de polimerasa (PCR) denominada dúplex, permitiendo la confirmación del virus Covid-19 en menor tiempo.

También otro que declara de interés el trabajo desarrollado por científicos del equipo de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el CONICET, por el cual se logró neutralizar el SARS-CoV-2.

Además, se avaló un proyecto de adhesión al “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo”, celebrado el 10 de noviembre.

Las iniciativas incluyen un beneplácito por la distinción recibida por el científico José Manuel Estévez, investigador de la Fundación Instituto Leloir y del CONICET, por el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Bioteconológica con sede en Trieste, Italia; y un beneplácito por la distinción que recibió la científica Carmina Pérez Bertolli, premiada por la Asociación Física Argentina del premio Luis Masperi, por la mejor tesis de licenciatura de todo el país, en la edición 2020.

Otro proyecto manifiesta el reconocimiento al equipo “La NASA en el patio trasero”, integrado por Victoria Lomanto y Walter Wagner, de Rosario, provincia de Santa Fe, ganador de la instancia local en el Space Apps Challenge de la NASA.

El temario contempló un beneplácito por las científicas galardonadas con el Premio Nacional Loreal Unesco 2020 “por las mujeres en la ciencia”; otro de interés al trabajo del ingeniero Juan Carlos Almagro; y otra iniciativa que declara el interés de la trayectoria científica y académica, y el trabajo de investigación del doctor Juan Martín Maldacena, destacado físico argentino.

A partir de gestiones realizadas por la senadora Silvina García Larraburu, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) brindó este miércoles un subsidio por más de 500 mil pesos con el propósito de mejorar la conectividad y el acceso a internet en Ramos Mexía.

Por videoconferencia se realizó el acto de entrega de los Aportes No Reembolsables (ANR) a las provincias de Río Negro, Córdoba y Tucumán. Participaron las autoridades del organismo: el presidente Claudio Ambrosini; el director Gonzalo Quilodrán; el jefe de Gabinete, Ariel Martínez;  el director nacional de Fomento y Desarrollo, Pablo Urquiza; y representantes de las localidades beneficiadas.

Ambrosini indicó en ese marco que “si antes era importante la conectividad, ahora resulta imprescindible, y una de las funciones del ENACOM es igualar y construir ciudadanía”. A su vez, adelantó que en el próximo directorio se otorgarán 835 millones de pesos en ANR “duplicando los aportes otorgados durante la gestión de cambiemos”.

García Larraburu agradeció el compromiso de los funcionarios y el trabajo que vienen realizando en Río Negro. “Se está desarrollando una nueva normalidad y necesitamos llegar a través de estas herramientas a los lugares más recónditos del país. Donde el privado no va, porque prioriza la ecuación económica, está el Estado gestionando. Para nosotros donde hay una necesidad, nace un derecho”, sostuvo. “En tiempos de virtualidad, las mejoras en el servicio permitirán garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes de Ramos Mexía, como la comunicación de los vecinos y la posibilidad de remitir sus necesidades ante los organismos correspondientes. De esta manera, se estará reduciendo la brecha digital entre las grandes y pequeñas ciudades de Río Negro”, concluyó.

Conrado Varotto, fundador de INVAP (Investigación Aplicada) y exdirector de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) expuso este jueves ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, donde destacó el apoyo de todos los gobiernos a la actividad espacial y la consciencia en torno a la importancia de la ciencia.

En la reunión conducida por Silvia García Larraburu (Frente de Todos), Varotto -quien se retiró en 2018 y actualmente colabora como asesor ad honorem-, relató cómo llegó al país en 1951 desde Italia con la convicción de que Argentina era “un país de futuro y esperanza”.

“Hemos cometido errores y debemos corregirlos, pero no he perdido la visión de que la Argentina sea un país de futuro y esperanza”, expresó.

Con algunas anécdotas, Varotto repasó su trabajo en el área tecnológica a través de los años, y elogió al senador Jorge Taiana al considerar que en su gestión como canciller “siempre consideró a la actividad espacial como una herramienta de política exterior”.

Presente en la reunión virtual, Taiana le devolvió los elogios: “El desarrollo espacial por supuesto tenía que ver con el desarrollo nacional y Conrado Varotto tuvo una habilidad extraordinaria para lograr la colaboración de países y que Argentina pudiera tener un gran desarrollo espacial”.

El físico habló de la diferencia entre une “empresa de tecnología” y una “empresa de base tecnológica”, y señaló que “INVAP es una empresa de tecnología, que usa tecnología con lo que sea, no tiene límites”.

“Hay una convicción íntima de que la ciencia es muy importante para el desarrollo del país”, destacó, y puso como ejemplo que “todo el mundo está esperando que la ciencia saque la varita mágica con la vacuna” contra el Covid-19.

En tanto, manifestó: “No hay dudas de que desde el área gubernamental el apoyo está hace muchos años, pero tenemos que encontrar la forma de que el sistema financiero avance más rápido” en ayuda al sector.

En otro pasaje de su exposición, Varotto sostuvo que “el hecho de ser capaces de encarar grandes proyectos nacionales ha contribuido importantemente porque atrae a empresas de avanzada que son las que salvan al país”.

“En el área espacial siempre hemos tenido apoyo de todas las administraciones. Independientemente de las posibilidades de recursos en cada momento, los planes espaciales los hemos podido llevar adelante tal como estaba previsto y eso siempre fue continuo”, resaltó.

De la reunión virtual también participaron los miembros de la CONAE Raúl Kulichevsky, Daniel Rocca y Sandra Torrusio, así como Leo Comes, licenciado en Gestión Tecnológica.

Los científicos se refirieron a distintos proyectos encarados, como el Satélite Argentino Brasileño para Información del Mar (SABIA-Mar), una misión conjunta con Brasil “pensada para monitorear nuestro mar y nuestras costas”, que se concretaría en 2023.

Un proyecto que tiene como objetivo promocionar el ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país, recibió este jueves media sanción en el Senado. Ahora, será el turno de la Cámara de Diputados.

La votación resultó con 68 votos positivos y uno solo en contra, de la senadora riojana Clara Vega (interbloque Parlamentario Federal).

La rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos), autora de la iniciativa, destacó que el consenso del proyecto fue resultado de “un gran trabajo colectivo”. “En todos los momentos de crisis también se producen grandes oportunidades, y tenemos la posibilidad de pensar en nuevos paradigmas”, sostuvo.

La legisladora destacó que la nómina de estas carreras se actualizará cada dos años con el fin de que “refleje el dinamismo que tiene la realidad y el mundo científico”. Además, remarcó la importancia de que en la norma se democratiza “el acceso a una información que actualmente se encuentra de manera fragmentada”, en referencia a este tipo de estudios.

En su discurso, la oficialista recordó la creación de nuevas universidades durante el kirchnerismo (2003-2015) y consideró que “estas disciplinas son esenciales para el país”. “La formación de futuros profesionales debe contemplar todas las necesidades que tiene nuestro país. Un país que pueda desarrollarse integralmente, que sea sustentable y también un país inclusivo”, añadió.

En tanto, el chaqueño Víctor Zimmermann valoró que el debate en comisión fue “enriquecedor” y “se pudieron incorporar cuestiones muy interesantes” planteadas por la oposición. “Este es un ejemplo claro de cómo debemos trabajar para la recuperación económica y productiva del país”, expresó el radical.

Y agregó que “tenemos el desafío de socializar la ciencia y la técnica para que los beneficios de la innovación lleguen a todos los pueblos del interior y de nuestra patria”.

También desde Juntos por el Cambio, el senador macrista Estaban Bullrich ponderó “la actitud de la autora de la ley” y manifestó que esta norma “le da un marco de esperanza al futuro de los argentinos y argentinas” y “un marco de política de Estado, lo que me parece que es trascendental”.

La riojana Clara Vega, la única que votó en contra del proyecto, señaló que “no se trata solamente de ofrecer un incentivo para que los chicos hagan una determinada carrera, sino de definir el futuro del país, y esto tiene que ver con políticas de Estado”.

“No tengo una visión negativa sobre el proyecto”, dijo, pero consideró que sería mejor “sentarnos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Ciencia, las universidades y por qué no también con las empresas, que son las que demandan la mano de obra y las que nos van a ayudar a hacer ese país que todos soñamos” para pensar en una propuesta más global.

En ese sentido, la legisladora manifestó que la iniciativa “es un eslabón más de lo que sería un proyecto más ambicioso de país”. “No estoy convencida que este proyecto pueda llevar a la Argentina a tener las competencias que comandarán el mundo post-pandemia”, completó.

En qué consiste el proyecto

La iniciativa tiene por objeto “la promoción de las carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país”.

Asimismo, establece que “el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la autoridad de aplicación que establezca, publicará la nómina de carreras” consideradas en esta orientación, la cual deberá “ser actualizada cada dos años” y tendrá que confeccionarse “considerando la equidad federal y el criterio de regionalización Noroeste, Noreste, Cuyo, Centro y Patagonia”.

Esa lista se elaborará por un “Consejo Asesor”, integrado por el Consejo Federal de Educación; el Consejo de Rectores de Universidades Privadas; el Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior; el Consejo Interuniversitario Nacional; el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología; el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología; y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

También formarán parte el Ministerio de Desarrollo Productivo; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Además, estarán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación y Cultura de ambas cámaras del Congreso.

El proyecto dispone que el PEN “destinará una partida del Presupuesto anual para la promoción al ingreso de estas carreras”, y “dicha partida no podrá devengarse de las partidas” generales para las universidades.

Según el texto, se creará un “Registro Nacional de Becas de Educación Superior” y un “Programa de estímulo al ingreso a carreras estratégicas”, para los estudiantes del último año de la secundaria, quienes además deberán poder acceder a talleres de orientación vocacional e información sobre este tipo de estudios.

Las universidades o institutos que dicten estas carreras “deberán contar con espacios y contenidos de difusión gráfica y digital, donde conste toda información relevante, plan de estudios y becas existentes para el estudio de las mismas”.

En otro sentido, la iniciativa establece que las instituciones podrán deducir del impuesto a las Ganancias “la actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación, como asimismo la promoción de manuales culturales o, mediante los municipios, la subvención, el dictado o mantenimiento de cursos gratuitos” destinados al programa nacional de carreras estratégicas.

Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura; Ciencia y Tecnología; y Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó este miércoles con el dictamen favorable de un proyecto de ley para la promoción del ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país.

La iniciativa, impulsada por la rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos), fue consensuada con los aportes de distintos senadores, por lo cual se firmó con la unanimidad de todos los bloques.

Durante la reunión, el puntano Claudio Poggi (Avanzar San Luis-JxC) aseguró que es un proyecto que “entusiasma mucho”, ya que se trata de “legislar para el futuro y nuestras próximas generaciones”. Pero planteó que entre los objetivos del programa nacional que se crea, “no se habla de las becas”, con lo que se puede “correr el riesgo que la universidad defina qué carreras becar”.

Sin embargo, varios legisladores aclararon que las universidades estarán involucradas en la conformación de la nómina de este tipo de carreras, con lo cual “van a estar al tanto de cuáles son las carreras que se van a priorizar”, señaló la formoseña Teresa González (Frente de Todos).

En el mismo sentido, el mendocino Julio Cobos (UCR-JxC) explicó que hacer una aclaración en ese sentido podría interpretarse como “poner algún condicionamiento que pueda sonar contra la autonomía universitaria”. “Así que me parece que está bien definido así”, dijo.

A su turno, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) manifestó: “Comprendo lo que plantea Claudio Poggi. Pero va a parecer como que queremos usar solamente las becas para estas carreras, dejando las otras de lado”. Y consideró que en el proyecto “queda abierta esa posibilidad sin inhibir a que las universidades puedan tener su propia política de autonomía”.

En el debate, la puntana Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) destacó que se trata de “un proyecto completamente consensuado” y sostuvo que es “fundamental poder promover el desarrollo de estas carreras y poder incentivar a nuestros jóvenes”. “No podemos dejar de lado a otras carreras a las cuales también se le otorgan diferentes tipos de beca porque sería en algún punto un acto discriminatorio”, señaló.

Por su parte, el porteño Esteban Bullrich (Pro-JxC) advirtió que una modificación que no se aceptó tiene que ver con “la composición regional” contemplada. “La Ley de Educación Superior contempla siete y la redujimos a cinco. Eso puede atentar contra esa equidad federal que la ley propone”, añadió.

En el cierre, la sanjuanina Cristina López Valverde (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Educación, valoró que se recibieron “más de quince” cambios propuestos por diferentes legisladores y afirmó que “es un proyecto federal, un proyecto sumamente participativo, donde todos han podido expresarse”.

García Larraburu, elogiada por sus pares por su “apertura” para consensuar la iniciativa, celebró: “Sin dudas el proyecto que va a tener dictamen es un proyecto del conjunto, que es lo más importante, poder ser nosotros los generadores de oportunidades federales para los jóvenes, para los ciudadanos, con un trabajo en conjunto político, pero apartidario”.

Puntos centrales del proyecto

La iniciativa tiene por objeto “la promoción de las carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país”. Asimismo, establece que “el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la autoridad de aplicación que establezca, publicará la nómina de carreras” consideradas en esta orientación, la cual deberá “ser actualizada cada dos años”.

Esa lista se elaborará por un “Consejo Asesor”, integrado por el Consejo Federal de Educación; el Consejo de Rectores de Universidades Privadas; el Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior; el Consejo Interuniversitario Nacional; el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología; el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología; y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

También formarán parte el Ministerio de Desarrollo Productivo; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Además, estarán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación y Cultura de ambas cámaras del Congreso.

El proyecto dispone que el PEN “destinará una partida del Presupuesto anual para la promoción al ingreso de estas carreras”, y “dicha partida no podrá devengarse de las partidas” generales para las universidades.

Según el texto, se creará un “Registro Nacional de Becas de Educación Superior” y un “Programa de estímulo al ingreso a carreras estratégicas”, para los estudiantes del último año de la secundaria, quienes además deberán poder acceder a talleres de orientación vocacional e información sobre este tipo de estudios.

Las universidades o institutos que dicten estas carreras “deberán contar con espacios y contenidos de difusión gráfica y digital, donde conste toda información relevante, plan de estudios y becas existentes para el estudio de las mismas”.

En otro sentido, la iniciativa establece que las instituciones podrán deducir del impuesto a las Ganancias “la actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación, como asimismo la promoción de manuales culturales o, mediante los municipios, la subvención, el dictado o mantenimiento de cursos gratuitos” destinados al programa nacional de carreras estratégicas.

Las comisiones de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología, y Presupuesto y Hacienda realizaron este lunes un plenario en forma remota para dar tratamiento a un proyecto de ley presentado por la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu (FdT) sobre promoción del ingreso a las carreras estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

“La planificación a largo plazo en materia educativa es un aspecto central para lograr el desarrollo integral de un país”, subrayó Larraburu durante la reunión presidida por la titular de la Comisión de Educación y Cultura, senadora por San Juan Cristina López Valverde (FdT). “La idea de este proyecto es federalizar la educación y la matriz productiva en base a  la inserción de  las carreras”, resumió.

Asimismo, consideró que “esto es un incentivo para que las carreras consideradas estratégicas para el desarrollo de una Nación a nivel productivo y económico puedan tener mayor conocimiento” y “también reducir los niveles de desocupación y aumentar la cantidad de personal calificado a fin de ir cubriendo las necesidades que puede tener un país en materia productiva”.

Además, la autora del proyecto detalló que “la presente iniciativa busca destinar una parte relevante del sistema de becas del ministerio de Educación a la promoción de carreras estratégicas, de manera que puedan determinarse actualizaciones de la nómina de estas carreras, interacción de los profesionales de estas carreras con los estudiantes y también crear un registro para tomar razón de las becas que se ofrecen”.

“Esto a partir de acuerdos con las provincias” y de la “articulación con actores fundamentales de la educación”, agregó para luego calificar como “fundamental la llegada de esta oferta de becas a los estudiantes secundarios para incentivar la continuidad de los estudios de estas carreras” y destacar la importancia de “la realización de talleres vocacionales orientados que promuevan la nómina de carreras en donde los estudiantes podrán tener una inserción rápida en el mercado laboral”.

Luego de escuchar las consideraciones y propuestas de los legisladores, García Larraburu manifestó que “la idea es que podamos hacer un trabajo durante la tarde y mañana y podamos tener una propuesta consensuada con todos los valiosos aportes que han hecho los integrantes de la oposición y podamos tener esta semana un proyecto ya acordado y podamos estar tratándolo en la próxima sesión”. Por último, subrayó que el proyecto será reglamentado por el Poder Ejecutivo y que “en el caso de que podamos tener la sanción de esta ley, el Ejecutivo va a tener en cuenta a la oposición para integrar el Consejo Federal”.

Al concluir la reunión, la senadora López Valverde instó a “continuar trabajando intensamente para tener un dictamen favorable cuanto antes” y, en ese sentido, aclaró que “la sugerencia es que hasta hoy a las 18 todos hagan llegar a secretaría lo que crean que hay que incorporar lo más claramente posible”. “Nos juntaríamos el miércoles a las 11 de la mañana para tener la última lectura y podamos dictaminar”, concluyó.

La senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos) fue electa presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, que se constituyó este jueves de forma virtual y designó a Víctor Zimmermann (UCR) como vicepresidente y a Silvia Sapag (Frente de Todos) como secretaria.

“En la Argentina, la innovación científica y la tecnológica tienen un rol preponderante para producir el tan deseado desarrollo productivo de nuestra Nación y sentar las bases del crecimiento para lograr la justicia social de las generaciones futuras”, sostuvo García Larraburu, y agregó que “la ciencia y tecnología debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos”.

Para las próximas reuniones, además de tratar proyectos pendientes del año pasado, la comisión acordó convocar, entre otros, al ministro del área, Roberto Salvarezza; al presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, y a Conrado Varotto, quien fue fundador del INVAP y director ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La comisión quedó integrada por García Larraburu, Ana María Ianni, María Inés Pilatti Vergara, Edgardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola, Jorge Taiana, Eugenia Catalfamo, Beatriz Mirkin, Silvia Sapag, y Adolfo Rodríguez Saá por el Frente de Todos.

Por Juntos por el Cambio, participarán Alfredo De Angeli, Víctor Zimmermann, Mario Fiad, Belén Tapia, Esteban Bullrich y Stela Maris Olalla, y la comisión se completa con la neuquina Lucila Crexell.

El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.

Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).

Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.

Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos.

Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.

“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.

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Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro) apuntó que “socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.

La rionegrina Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.

En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo y Beatriz Mirkin, así como la misionera Magdalena Solari Quintana, plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.

Sociedades Simplificadas

En la reunión virtual de la Comisión de Legislación General también obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley del oficialista Oscar Parrilli que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

La iniciativa modifica una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri destinada a agilizar la conformación de empresas. El objetivo, explicó Parrilli, es “no permitir que un mecanismo de la promoción del capital emprendedor sea mal utilizado y tergiversada la voluntad del legislador”.

En el lapso de seis meses, las SAS que ya fueron creadas deberán ratificar su inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia) cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.

El neuquino advirtió que las empresas así constituidas “tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones”.

“Lo que ocurrió desde 2017 fue una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores”, expresó.

Además, aseguró que las SAS “se usaron con fines diferentes a los que decía la ley, como compra de inmuebles” y deslizó que “no sabemos si fueron para blanquear dinero porque grupos narcos habían constituido estas sociedades en la provincia de Santa Fe”.

Los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y pidieron una semana más para estudiarlo, alegando que las modificaciones anunciadas por Parrilli fueron dadas a conocer minutos antes del inicio de la videoconferencia.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Frente de Todos) anunció este miércoles que donará el 50% de su sueldo al Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, como contribución a la lucha contra el avance del coronavirus.

“Voy a continuar acompañando al presidente de la Nación y a los rionegrinos en esta difícil situación que vive el mundo, tras una emergencia sanitaria a la que debemos atacar unidos en solidaridad y compromiso”, sostuvo a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook.

La rionegrina detalló que su aporte será “mientras dure la etapa más crítica de la pandemia” y dijo que “es un granito de arena que se suma al esfuerzo de toda la ciudadanía”.

“Hoy necesitamos estar más unidos que nunca, es muy grande el esfuerzo que está haciendo la sociedad en su conjunto. Nuestro querido Hospital de Bariloche es el lugar que elegí y con el que estoy en contacto permanente para realizar diferentes gestiones. Allí es donde valientes profesionales de la salud y colaboradores, están escribiendo los acontecimientos decisivos de nuestra historia”, reveló.

Por último, la oficialista resaltó: “La adversidad ya ha tocado nuestras puertas en otros momentos, si bien hoy la situación se ha vuelto límite, pero estas pruebas nos hermanaron más que nunca y nos enseñaron que la fe, la entrega y el compromiso colectivo son el camino que nos permite renacer de las cenizas”.

Consecuencia inexorable de la cuarentena general decretada en todo el país, el empleo comenzó a tambalear y ya muchas empresas comenzaron a anunciar despidos como una situación inevitable. Ante ello, la senadora nacional rionegrina Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley prohibiendo directamente los despidos de personal.

La legisladora del Frente de Todos recordó que a raíz de la pandemia que se abate sobre el mundo en general y la Argentina en particular, el presidente Alberto Fernández emitió el decreto 297/2020 que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio. El mismo ha implicado la imposibilidad de poder trabajar para muchos argentinos.

“Por ello se han tomado una serie de recaudos económicos, financieros y sociales para paliar esta medida”, puntualizó García Larraburu.

En este marco es que la senadora kirchnerista quiere prohibir mientras dure la emergencia sanitaria declarada “despidos y reducciones salariales en el sector privado, bajo cualquier modalidad, Régimen de Trabajo Agrario y Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casa. Asimismo impulsa establecer consecuencias para las grandes empresas que despiden a más de 5% de su personal, bajo cualquier modalidad de trabajo.