Tailhade: “La declaración de Robles vino a confirmar lo bien que estamos haciendo en hacer el juicio político”

Así lo expresó el diputado K en relación a la presentación de la mano derecha del presidente de la Corte. Anticipó que pedirán al máximo tribunal que se lo autorice a “declarar sin reserva”.

Tras la esperada declaración de Silvio Robles ante la Comisión de Juicio Político, donde hubo muchas preguntas que se abstuvo de responder, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade enfatizó: “La declaración de Robles vino a confirmar lo bien que estamos haciendo en hacer el juicio político a la Corte, porque el máximo funcionario después de los jueces es este cachivache que se presentó a despreciar a los representantes del pueblo, a la investigación y a tomarnos el pelo. Y seguramente lo hizo en connivencia con (Horacio) Rosatti“.

“Es un testigo reticente claramente, una persona que no quiere declarar, que no quiere decir la verdad y no tiene ninguna justificación, es reticente y por lo tanto incurre en falso testimonio”, apuntó el legislador K sobre el testimonio del director de la vocalía del presidente de la Corte.

Pese a que desde el oficialismo consideran necesario “un careo con Héctor Marchi“, exadministrador de la Corte y hombre ligado a Ricardo Lorenzetti, el kirchnerista aclaró que a Robles no quieren “volver a llamarlo y que nos vuelva a decir las mismas cosas”. Por eso, pedirán al máximo tribunal que “le ordene declarar sin la reserva”.

Esto último es en alusión a uno de los dos instrumentos en los que se amparó el funcionario para no responder preguntas. Además de escudarse en el artículo 18 de la Constitución Nacional, para no declarar en contra de sí mismo, Robles también recurrió a un artículo del reglamento del Poder Judicial para mantener reserva.

“A Robles no lo podemos investigar, pero sí lo podemos obligar a declarar”, afirmó y sostuvo que en la reunión “ninguna pregunta estuvo mal formulada, eran todas muy sencillas, pero evidentemente eran preguntas que lo comprometían, por qué sino no se entiende que se negara a responder sistemáticamente”.

El oficialista dijo que buscarán conocer “si en la Corte hay conocimiento que un funcionario de máxima jerarquía está imputado en distintas investigaciones penales, si tienen conocimiento que hay causas contra él, y si se le iniciaron sumarios administrativos”.

“Robles no es el objetivo, el objetivo es saber si Rosatti, (Carlos) Rosenkrantz, (Juan Carlos) Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño”, subrayó en declaraciones a Radio 10.

También, Tailhade cuestionó que Robles “se amparó falsamente” en el artículo 18 de la Constitución “porque hoy no está imputado en ningún lado”. Y, sobre el artículo del reglamento del Poder Judicial, señaló que anteriormente “vinieron 23 funcionarios de la Corte a la comisión, la mayoría secretarios letrados, y todos declararon sin ningún tipo de problemas, nadie invocó a ese artículo”.

Robles se negó a responder, denunció que lo han “acusado falsamente” y que “intentaron construir una historia en base a calumnias”

El director de la vocalía del presidente de la Corte Suprema se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional al testificar ante la Comisión de Juicio Político en el marco de la causal coparticipación de CABA. El oficialismo lo acusó de ser “reticente” y pidieron que se informe a los superiores para que tomen las medidas disciplinarias correspondientes.

Gran expectativa había en torno a la presencia de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para que testificara ante la Comisión de Juicio Político de Diputados -presidida por la oficialista Carolina Gaillard– al retomar las reuniones por la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si el máximo tribunal deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

La de Robles, quien fue nombrado en numerosas ocasiones desde que se inició el proceso de Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, era la palabra esperada por el oficialismo que lo citó entre otras cosas para que testificara respecto a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que lo había visto presente , pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro.

Obviamente ese no fue único tema de interés por parte del kirchnerismo para indagarlo, ya que también lo interrogaron respecto de los famosos chats que mantuvo con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro -quien no compadeció este martes, pero pidió reprogramar su presencia-, los cuales la justicia desestimó. En algunas preguntas se colaron los temas sobre el fallo 2×1 e irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Previo a la ronda de preguntas, Robles afirmó que tiene una “relación funcional” con los magistrados y contó que a Rosatti lo conoce desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando “fue ministro de esa cartera bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo”.

“Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, expresó.

FOTO: HCDN

“Me han acusado falsamente”

En el inicio, el funcionario pidió autorización para leer un documento con el fin de hacer algunas aclaraciones. “Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, arrancó denunciando Robles.

“Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, apuntó.

Además, Robles señaló que “han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal figura en los fundamentos de este juicio político”.

“Sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que ya fue denunciada en una causa penal”, agregó y siguió: “Han dicho que en una SRL que participé antes de entrar a la Corte, que en la actualidad tiene el cuit inactivo y que no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte”.

En ese marco, Robles ratificó: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”, cerró.

El pedido de reticencia del oficialismo y el rechazo opositor

El oficialista Ramiro Gutiérrez planteó que ante la reticencia del testigo “se tomen las medidas correspondientes y se informe al superior jerárquico”, porque “nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar. En base a un comportamiento renuente que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo renuente”.

A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien manifestó que “el testigo no es un acusado, no es un investigado,bajo ningún punto de vista por parte de los integrantes de la comisión”.

Martínez le explicó a Robles que se lo había citadoen función del artículo 12 del reglamento interno de la comisión que establece “que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”, y le aclaró: “Por eso lo hemos convocado acá. Nosotros queremos su aporte para el esclarecimiento de la verdad para poner el foco en la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte”.

“Cada testigo tendrá sus subjetividades respecto de los miembros de la Corte, pero acá no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, ni estamos para tener ningún tipo de referencia de los testigos. Queremos saber la verdad y para eso lo citamos. Cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo lo pone en este lugar. Nadie de los que está acá tiene como objetivo al testigo que ha sido citado a declara que tiene que decir la verdad”, explayó Martínez.

De la vereda de enfrente, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) le planteó a Gaillard: “A tenor de lo que ha leído, el testigo ha jurado ser veraz. Si bien usted no es magistrada y pertenece a un espacio político usted tiene el deber de salvaguardar los derechos del testigo de no declarar contra sí mismo y a su honor. Y que por favor le ruego que no permita las preguntas de cargo a que tan aficionados son en su espacio político”.

En el mismo sentido se expresó el diputado Álvaro González (Pro) quien le dijo a Robles que “se sienta con la plena libertad de decir y hacer lo que crea conveniente sin que genere por parte del preconcepto que va a ser reticente. Diga lo que tenga que decir y se terminó”. También se sumó Pablo Tonelli, quien denunció que al testigo “se le ha hecho conocer una suerte de amenaza en orden a pedirle a la Corte que ejerza sus facultades de superintendencia si no responde a determinadas preguntas, algo que no tiene nada que ver”.

La ronda de preguntas

Fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau quien abrió este tramo de la reunión, pero previo a realizar las preguntas hizo una aclaración: “Acá no hay ninguna acusación al doctor Rosatti, solo se trata saber si ocurrieron distintas circunstancias que pueden llevar a una acusación, no se trata venir a victimizar al doctor Rosatti”.

“Es la primera vez que un testigo pretende elaborar las preguntas de quienes lo venimos a indagar. Eso es propio de cada diputado. Esto es un procedimiento que esta en la Constitución Nacional en el marco de las facultades que tiene con el reglamento que lo ordena la comisión”, sumó y cerró: “El testigo está como testigo no como imputado, por eso no se le aplica el artículo 18 de la Constitución Nacional, salvo que haya una circunstancia que el testigo pueda fundar en el hecho de auto incriminarse en una causa”.

Hechas esas aclaraciones, Moreau le preguntó desde cuándo conoce a Rosatti, a lo que Robles volvió a reiterar que es desde que trabajó como ministro en el Ministerio de Justicia en el 2004 en donde “era responsable de comunicaciones, inicialmente, después estuve acompañando en las distintas actividades que Rosatti indicaba”.

“Trabajé 15 años en el sector privado en distintos rubros en cargos gerenciales. Antes de estar con Rosatti, estuve casi un semestre en la Secretaría de Transporte de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, el titular era el ingeniero Ricardo Jaime. Luego de estar en el Ministerio de Justicia, fui convocado para estar en el de Economía a cargo de Felisa Miceli. Desde agosto de 2016 soy empleado judicial en la Corte Suprema”, relató Robles y afirmó que tiene título de periodista, no de abogado.

“¿Qué cargos y qué funciones tiene actualmente en la Corte?”, preguntó tajante Moreau, a lo que el funcionario contó: “Soy secretario no letrado en la vocalía del doctor Rosatti y el cargo que tengo es de director general”.

En una breve interrupción la diputada Mara Brawer le preguntó los motivos por cambio “de escalafón importante” de ser subsecretario de administración a director. “El cargo es subsecretario administrativo y el pase a director de la vocalía se realizó a través de una resolución firmada por los ministros de la Corte”, respondió y aclaró: “Yo no puedo evaluar la decisión de mis superiores”, y dijo desconocer “el contenido del expediente” respecto de los motivos de su traspaso.

A continuación, Moreau le pidió una descripción de sus actividades a diario a lo que Robles explicó que es secretario de Rosatti y que se encarga de las tareas de la superintendencia que Rosatti indica. “¿Usted se comunica con letrados de las otras vocalías para transmitir directivas del presidente de la Corte?”, consultó el oficialista, pero el funcionario solo respondió: “No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”.

Moreau insistió: “¿Usted se encarga de poner a la firma del doctor Rosatti los despachos?”, pero Robles reiteró: “Yo no manejo temas jurisdiccionales. El doctor es quien indica a todos sus colaboradores las decisiones que va a tomar, yo no le pongo nada a Rosatti”.

“¿Usted es el encargado de transmitir las directivas del doctor en relación a los expedientes que se tratan en las Secretarías judiciales de la Corte?”, interrumpió otra vez Brawer con una pregunta, pero el testigo insistió en que “no” maneja temas jurisdiccionales. Al respecto, la diputada le marcó que el doctor Gustavo Naveira secretario a cargo de la Secretaría N°7 de la Corte dijo que recibía directivas de expedientes del doctor Rosatti “directamente a través de Silvio Robles”. Pese a esa declaración, el testigo volvió a defenderse: “Yo no doy directivas, no manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”.

En un tono alterado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade interrumpió con la reformulación de las preguntas previas y cuestionó: “La pregunta no es si maneja o no temas jurisdiccionales, es si lleva instrucciones de Rosatti a algunas de las secretarías conozca o no temas jurídicos. ¿Lleva o no lleva temas? La pregunta es otra, no lo que él responde”.

Bajando la espuma, Gaillard procedió a explicarle a Robles: “Hay testigos que manifestaron que, para dirigirse al doctor Rosatti era a través suyo. La pregunta por eso es si usted da instrucciones en nombre de Rosatti a las distintas vocalías”. Inmediatamente le salió al cruce la diputada Mariana Stilman (CC-ARI): “No se le puede contrastar al testigo con declaraciones de otras personas. Se le puede repreguntar para que amplié, pero no se le puede decir que otra persona dijo tal cosa que se contrapone con lo que dice”.

Pese a eso, Robles retrucó: “Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”. “Es reticente, es reticente, se ampara para no responder”, comenzó a gritar Tailhade y lanzó: “Aparte está recontra mintiendo porque hace un ratito contestó y ahora no puede contestar”.

Tomando como base una nota periodística del diario Clarín, Moreau le preguntó si por el fallo 2×1 se reunió con el actual senador José Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, en una negativa a contestar Robles volvió a decir: “No manejo temas jurisdiccionales”. Moreau, disconforme con la respuesta volvió a repreguntar, ante lo que Robles dijo: “Desconozco absolutamente eso”.

“¿Conoce a Marcelo D’Alessandro?”, tiró de una Moreau, pero el testigo se negó a responder por si o por no y expresó: “Me remito a lo que dije al principio”. Ante ello, Gaillard le aclaró que “conocer o no a una persona no lo auto incrimina en algo”, pero Robles volvió a respaldarse: “Hay cuestiones que si están judicializadas y en atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”.

Le salió al cruce Germán Martínez quien le pidió que mencione las causas que están judicializadas que “lo llevan a invocar el artículo 18”. Pero la mano derecha de Rosatti planteó que no es abogado, sino que estaba en carácter de testigo y que “no está mi abogado que tramita las causas, no conozco los expedientes”. Ante la insistencia de Martínez, respondió: “Son las causas donde hubo denuncias la mayoría son públicas y que están en trámite, no recuerdo la carátula ni el número”.

Tailhade le planteó: “No existe hoy ninguna causa en trámite donde esté imputado el señor Robles. La única causa está cerrada”. En el mismo sentido y reiterando lo dicho al comienzo, Gutiérrez pidió que “se de curso a la pregunta que estaba en trámite para evaluar o no la reticencia del testigo y así informar a los superiores”.

Es manifiestamente reticente el testigo porque invoca falsamente el artículo 18”, expresó Moreau tras reiterar su pregunta y pidió que se notifique a las autoridades superiores de la actitud del testigo.

Sobre la causa de coparticipación, el oficialista remitió a una nota del diario Perfil en el que informaba de una reunión entre jueces federales y funcionarios del Poder Judicial, de los cuales dos llegaron juntos al lugar D’Alessandro y Robles, ante lo que el diputado le preguntó si eso fue así. Sin embargo, el testigo expresó: “En esa comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta”.

Por otro lado, Moreau indagó por las declaraciones que hizo el contador Héctor Marchi en el tema de las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial respecto de la reticencia que tuvo para firmar el informe 4 y la no circulación del mismo a la totalidad de los ministros.

“Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder”, apuntó Robles y sumó: “El contador Marchi relató distintas historias, con distintas acusaciones y luego fue a sede judicial”.

Al respecto, Moreau pidió que “ante las reiteras contradicciones” se vote un careo entre ambos para “clarificar la situación” respecto del informe 4 de las irregularidades de la OSPJN. También le consultó por la eliminación de la casilla de emails del presidente de la Corte que le pidió a Andrés Sacchi.  Brawer también le preguntó qué hizo con el informe 4, si lo circuló o se publicó dentro de algún sitio en la Corte como “se hizo con los demás informes”.

En ese contexto de negación por parte del testigo a responder, Martínez cuestionó que “hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte de Robles que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica”. “Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público”, disparó y sumó: “El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión”.

“Me siento hostigado, más cuando hay causas judicializadas. Tampoco entiendo por qué me preguntan sobre cosas que hice antes de trabajar en la Corte Suprema. Me siento hostigado por el diputado al decir que tengo que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia”, lanzó Robles.

Retomando el tema central sobre coparticipación, Moreau le preguntó si participó de la audiencia de conciliación que se realizó en el Salón Bermejo y que convocó la Corte en marzo de 2022, a lo que Robles afirmó: “Estuve un rato, no toda la audiencia. Estuve por indicación de Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Creo que es la que se refirió la licenciada Batakis que me marcó en un lugar que no recuerdo dónde estaba, tampoco recuerdo dónde estaba sentada ella. Había gente para asistir a los ministros de maestranza, había gente de otras vocalías y había colegas de otra vocalía que saludé”.

“Me sorprendió que Batakis me marcara en un pizarrón cuando yo ni recuerdo si estaba sentado o parado o en el lado que ella indica. Ni sé dónde estaba ella”, agregó y negó haber participado de otras audiencias de conciliación.

El diputado oficialista le preguntó por la inundación que hubo en el despacho, a lo que el funcionario contó: “Fue a fin de enero, un lunes nos enteramos porque nos avisaron antes de llegar que se había roto un caño en el piso séptimo y filtró hasta la planta baja de un costado del ala de Uruguay donde tenemos los escritorios. Hubo un mail que, después el área pertinente informó, sobre el nivel de desperfectos que tenían más que ver con mampostería, muebles, aire acondicionado, las computadoras y discos rígidos no se dañaron. Ahora, después de que dejaron secar las paredes y el piso, estamos de vuelta en el despacho”.

Juicio Político: profundizaron el debate sobre la coparticipación de la Ciudad

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados y la “presencia estelar” de Silvio Robles, analizaron la cautelar de la Corte Suprema que asignó un coeficiente de 2,95% a la Ciudad.

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados para este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja desarrolló su décimonovena reunión, en torno al proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para esta nueva reunión las mayores expectativas estuvieron centradas en la presencia de Silvio Robles, director general de la Vocalía del doctor Horacio Rosatti); como así también estuvieron Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) y el contador público Alejandro Otero.

Estuvo ausente en cambio Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que según informó en el inicio de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a las 20 del lunes que “por cuestiones personales” no iba a poder asistir y pedía reprogramar la audiencia.

En esas circunstancias aclaró que habían pedido también reprogramar la toma de una “huella de voz” por parte del Ministerio de Justicia de la Nación, cuestión que había sido prevista en la anterior reunión para chequear si es de D’Alessandro la voz que circuló en los audios difundidos por algunos medios, lo cual generó la reacción del diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que advirtió que “esa prueba es fruto de espionaje ilegal; no van a subsanar una prueba ilegal con una pericia. No estamos de acuerdo con la pericia”.

“Ya fue votada y aprobada”, le aclaró Carolina Gaillard, que previamente había señalado que se le informaría al propio testigo por si quería designar un perito.

Al cierre de la extensa jornada que se extendió por más de siete horas, el oficialismo aprobó solicitar a la Corte la prueba del acto de designación de Robles, pedir el relevo de obligación de reserva del artículo 8 del reglamento interno del Poder Judicial “resumiendo lo que ha ocurrido en la reunión” para volver a citar al director de la vocalía de Rosatti. También votaron realizar un careo entre las declaraciones de Héctor Marchi y Robles por las “reiteras contradicciones” entre ambos a fin de clarificar la situación sobre el informe 4 de irregularidades en la OSPJN.

Gaillard detalló que aún está pendiente la citación a Carlos Mahiques “por la fiesta de cumpleaños la que motiva la excusación y recusación que presenta el Gobierno en la Corte”. Además, propuso citar una audiencia de testigos expertos en el tema y “con eso estaríamos finalizando la investigación y armando el informe final sobre coparticipación”.

Transferencia presupuestaria y no coeficiente fijo

El primer testigo de la jornada fue el contador Alejandro Otero, director de Relaciones Institucionales AFIP, quien había expuesto en el Senado cuando se debatió en las comisiones lo que finalmente sería la Ley 27.606 que redujo los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y llevó a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

Consultado por el diputado Marcelo Casaretto sobre el proceso por el cual se arribó originalmente al 1,40% de coparticipación que recibía CABA a partir de 2003 y qué servicios cubría con ese porcentaje, Otero pidió atender el contexto en el cual fue fijado ese porcentaje: el de la salida de la crisis de 2001. “La Ciudad hasta ese momento recibía una suma fija de 157 millones de pesos y a posterior de la crisis, y en la medida que la economía se fue ordenando la recaudación nacional y de las provincias, la masa coparticipable comenzó a crecer. Cuando eso sucede se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la Ciudad”, explicó el funcionario de la AFIP, que agregó: “Las otras tienen coeficiente fijo, apropiaban una porción creciente de recursos, mientras que la Ciudad seguía con los 157 millones. En ese contexto, la ciudad avanzó en negociaciones para equiparar su situación con las provincias y obtener un coeficiente”.

El 1,40% finalmente se fijó tomando en cuenta lo que representaban los 157 millones en 1988, cuando se aprobó la Ley de Coparticipación y entró en vigencia la 26.588. Aclaró Otero que “se aspiraba a que la situación de la Ciudad fuera revisada en el contexto de la situación de la coparticipación en su conjunto”.

Consultado respecto del trámite que llevó, durante la gestión de Cambiemos, en enero de 2016, el porcentaje de 1,40 a 3,75%, como dispuso el decreto 194, y a qué servicios estaba destinado, Alejandro Otero señaló que “del decreto no surge cuál es el fundamento del incremento”. Ese comentario fue el que mantuvo a lo largo de toda su exposición. “Hay un decreto posterior, el 399, que establece dos cosas: primero, que el nuevo coeficiente no afectaba al Fondo Solidario; decía por otro lado que el incremento correspondía al servicio de seguridad. Ninguno de los dos decretos, ni ese, ni el 257 que corrige a la baja el coeficiente, menciona cifra alguna”.

Alejandro Otero fue el primer testigo de la jornada.

En otro pasaje, Otero recordó que en ocasión de presentarse en el Senado había dicho que hay dos regímenes que rigen las relaciones financieras entre las provincias y la Ciudad y los que permiten que los fondos lleguen a sus destinatarios. “En mi opinión, la transferencia de servicios debiera solventarse vía transferencia presupuestaria”, sostuvo, argumentando que si bien se insiste en que el coeficiente que recibió la Ciudad, tal como fue previsto, no afecta la distribución de la ciudad, no afecta la distribución secundaria, lo cual consideró “absolutamente cierto. Pero la Nación es una jurisdicción que no tiene un territorio propio. Los gastos que realiza repercuten sobre el territorio nacional”.

Así las cosas, consideró que “si bien no hay una afectación directa, sí en términos de federalismo argentino más amplio. (Porque) quedan menos recursos para que la Nación gaste en erogaciones con impacto en el resto de las provincias”.

“Cuando uno transfiere un servicio, eso tiene un valor; si uno transfiere esos recursos, esos recursos van a atender ese servicio; si uno lo hace vía coeficiente, si crece la coparticipación, o si baja, transfiere más o menos, generando un enriquecimiento sin causa”, explicó, justificando su opinión respecto de que la transferencia de recursos vaya acompañada vía transferencia presupuestaria”.

Otero consideró que a su juicio la sanción de la ley tuvo “varias virtudes. Vino a ordenar algo que había quedado mal ordenado. Por un lado, completó un proceso de transferencia de servicios a la Ciudad que se había acordado en un proceso a la Ciudad que se había acordado en un convenio aprobado por la Legislatura, pero nunca aprobado por el Congreso, y la Constitución demanda que así sea”.

“También ese proceso transparentó ese acuerdo. Hasta entonces no se conocía cuál era el costo de la prestación, por lo tanto enderezó la cuestión. Separó el coeficiente del financiamiento de los servicios que se transfieren; y estableció un régimen de transición.  Había un régimen que regía hasta que se aprobara la ley; a partir de que se aprobaba la ley, luego se preveía que se conviniera entre Ciudad y Nación cuál era el costo y cuales las formas de financiación”, planteó.

Agregó Otero que “la cautelar que aprobó la Corte pone en entredicho esas virtudes que le encuentro a la  norma y fija un coeficiente de 2,95%; ordena a la Nación que gire los fondos en función de ese coeficiente”.

El diputado Casaretto le preguntó s le parecía que esa cautelar distorsionaba el espíritu de la Ley de Coparticipación, a lo que Otero precisó que “hasta donde vi, no hay un cálculo de por qué ese es el coeficiente, como sí lo hay en el proyecto de ley y la ley. Si distorsiona, la propia cautelar lo dice; si altera la coparticipación secundaria, no, los recursos siguen saliendo de la porción de la Nación. Pero por lo que dije antes, sí: los recursos de Nación financian erogaciones que se gastan en conjunto de las provincias”.

¿Este porcentaje injustificado es una designación arbitraria?, le preguntó finalmente Casaretto, a lo que Otero respondió que “claramente no se conoce cuál es el cálculo y en tanto a ello, el fallo corresponde a la voluntad de quienes lo emitieron”.

A continuación, el diputado Juan Manuel López le preguntó cómo había tomado conocimiento del fallo de la Corte. “Por los medios”, respondió Otero, por lo que el diputado de la CC consideró que “no es un testigo, es un experto que nos está dando opinión. Tomó conocimiento por los medios como cualquiera. Si vamos a hacer una etapa de expertos, avísenos y hacemos una etapa de expertos”.

A continuación, López le preguntó si había sido funcionario del Gobierno de la Ciudad, a lo que Otero respondió que sí, que había sido director general de Rentas entre 2000 y 2006. “Cuando destituyen a Aníbal Ibarra”, observó López.

Audiencias conciliatorias y una nueva citación

El segundo testigo en declarar fue Alejandro Daniel Rodríguez, titular de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia desde febrero del 2019 hasta la actualidad, quien respondió más de 30 preguntas que le realizaron los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, por el oficialismo, y Álvaro González, por la oposición.

En un primer momento, Rodríguez fue consultado sobre la intervención de su Secretaría respecto a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia contra el Estado nacional, a lo que respondió que “había dos cautelares previas del año 2020 puestas en conocimiento por los ministros (de la Corte), pero la Secretaría de Juicios Originarios no tuvo intervención en la cautelar”.

Además, reveló que “hubo dos audiencias de conciliación entre mayo del 2021 y marzo del 2022, y una tercera que no se llegó a hacer porque las dos partes (Nación y Ciudad) no tenían intención de conciliar”. “Nuestro deber fue identificar y explicar que la Corte Suprema buscaba la mediación en el conflicto”, agregó.

Consultado por las personas presentes en las audiencias, Rodríguez mencionó: “Estaba el ministro de Economía de la Nación (Martín Guzmán en ese entonces), el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires (Gabriel Astarloa), algunos funcionarios porteños, colaboradores míos y yo”.

Tras ello, el titular de la Secretaría de Juicios Originarios remarcó que el máximo tribunal de justicia reiteró el pedido de una tercera instancia conciliadora que nunca llegó a realizarse. Del mismo modo, explicó que la Secretaría de Jurisprudencia, a cargo de Federico De Lorenzo, “es quien carga todo lo referido al expediente en el sistema de la Corte”.

También, desconoció si existió alguna secretaría que -fuera de la suya- que haya participado del dictamen de la Corte. “No conozco la circulación y no sé cómo se gestó el proyecto de resolución, pero el orden de las firmas está preestablecido. Primero el presidente de la Corte Rosatti, luego el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, tercero Juan Carlos Maqueda, por antigüedad, y cuarto Ricardo Lorenzetti”, amplió.

Alejandro Daniel Rodríguez confirmó que hubo audiencias de conciliación, pero fueron desestimadas por las dos partes.

Por otro lado, aseguró que el expediente de la Corte sobre fallo de la coparticipación federal “se encuentra en una computadora dentro de su Secretaría”, y afirmó que “se han efectuado algunas presentaciones desde las dos partes, pero no tiene movimientos ni decisiones desde el 21 de diciembre del 2022”.

El diputado Tailhade insistió en preguntar sobre alguna intervención de la Unidad de Análisis Económico respecto de los impactos económicos de la medida, pero Rodríguez aclaró que “nunca hubo ninguna intervención”. Asimismo, fue consultado sobre el tema (impactos económicos) y respondió que “es una apreciación que no me corresponde hacer”.

De este modo, el legislador pidió citar para la próxima reunión de Comisión de Juicio Político a Federico De Lorenzo, secretario de Jurisprudencia, y pedir el expediente a la Corte del fallo de la coparticipación federal, que al final de la declaración de Alejandro Rodríguez fue votado con resultado positivo.

De forma breve y directa, Leopoldo Moreau le consultó al secretario de Juicios Originarios respecto de la presencia de Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en alguna de las dos audiencias conciliadoras: “No lo recuerdo”, contestó Rodríguez.

Por ello, Rodríguez aclaró que “había muchas más personas de las que figuraban en el acta porque, en ese entonces, había restricciones sanitarias y tomamos medidas de distanciamiento”.

Del mismo modo, fue consultado por la presencia de Robles, Astarloa y Natalia Monayer (secretaria de la vocalía de Rosatti) en la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, a lo que Rodríguez respondió que “sí estaban presentes”, pero aclaró que “no conversé con ninguno de ellos y asistí a la cena de fin de año por camaradería, pero de saber que había tanta gente (más de 700 personas) no hubiese ido”.

En contraposición, el diputado Álvaro González consultó sobre los tiempos de tramitación de la demanda de CABA hasta las dos audiencias de conciliación y Rodríguez explicó: “la causa fue presentada en 2020, al año hubo una audiencia conciliadora en 2021, y al otro año, la segunda reunión. La tercera no llegó a realizarse”.

De esta manera, González enfatizó en que “los tiempos de la Corte fueron prudentes y no hubo ningún apuro”. “Desde que empezó este proceso en febrero, hay cierta creencia de que la Corte tuvo incidencia en los tiempos y vemos que no ha sido así”, aseveró.

Finalmente, la presidenta de la comisión despidió al secretario de Juicios Originarios, Alejandro Daniel Rodríguez, y dejó establecida la citación de Federico De Lorenzo, titular de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para la próxima reunión.

Por último, llegó el turno de la declaración tan esperada de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema. Tras casi seis horas de interrogatorio, el funcionario se negó a responder las preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el reglamento interno del Poder Judicial.

Por el contrario, leyó un documento en el que denunció que lo acusaron falsamente de distintos hechos y que “intentaron construir una historia en base a calumnias”. También que su familia recibió amenazas y cuestionó que lo “hostigaron” al realizarle algunas preguntas.

Con eje en la coparticipación de CABA, se reanudó el juicio político a los miembros de la Corte

En el marco de esa causa, continúa desde las 13.17 la investigación que se lleva adelante en la comisión que conduce la diputada Carolina Gaillard. De los cuatro testigos convocados, fueron confirmados tres, entre ellos Silvio Robles.

comision juicio politico 15 junio 2023

Con la presencia de tres de los cuatro testigos convocados para este martes, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja desarrolla su décimonovena reunión, en torno al proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta nueva audiencia contará con la participación de Silvio Robles (director General de la Vocalía del doctor Horacio Rosatti); Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) y el contador público Alejandro Otero.

No estará en cambio Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que pidió reprogramar su presencia para futuras reuniones.

Será la tercera reunión referida a la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

La gran expectativa obviamente está puesta en la presencia de Silvio Robles, teniendo en cuenta el especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

Del mismo modo, Robles será indagado en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

En su condición de secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema está convocado Alejandro Daniel Rodríguez, a quien le preguntarán sobre la ausencia de Robles en el acta redactada por él sobre esa reunión.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

La reunión de Juicio Político con la visita de Silvio Robles

La 19° reunión del proceso que se sigue contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, con los testimonios del asesor del ministro Horacio Rosatti en primer plano.

Expectativa por la reanudación del juicio político a los miembros de la Corte

En el marco de la causal “coparticipación”, continuará este martes la investigación que se lleva adelante en la comisión que conduce la diputada Carolina Gaillard. Hay cuatro testigos y uno de los más esperados confirmó su asistencia.

Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la decimonovena, desde que el 26 de enero se inició el proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

Según pudo saber parlamentario.com, está confirmada la presencia de Silvio Robles en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”de la Cámara de Diputados. No está confirmado en cambio que Marcelo D’Alessandro asista a la reunión.

Del mismo modo, Robles será indagado en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

Con dos platos fuertes, el martes se reanuda el juicio político a los miembros de la Corte

En el marco de la causal “coparticipación”, continuará el primer día de agosto la investigación que se lleva adelante en la comisión que conduce la diputada Carolina Gaillard.

comision juicio politico 15 junio 2023

Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la décimonovena, desde que el 26 de enero se inició el  proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Según informaron a parlamentario.com fuentes de la comisión, las citaciones salieron hace dos semanas, el pasado 12 de julio, y hasta el momento ninguno de los testigos confirmó su asistencia o eventual ausencia.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

También se indagará a Robles en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

Valdés: “Siempre hay un Mahiques para lo que un Macri guste mandar”

Así se refirió el diputado del FdT sobre el dictamen del fiscal general de la Ciudad por la candidatura de Jorge Macri.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió al dictamen del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, quien resolvió a favor de la candidatura a jefe de Gobierno porteño de Jorge Macri y dijo: “Siempre hay un Mahiques para lo que un Macri guste mandar”.

“Hay un precedente del Tribunal Superior de la Ciudad, sobre Adrián Pérez de la Coalición Cívica, que quiso ser candidato a jefe de Gobierno, era funcionario nacional por lo cual vivía en CABA durante la semana y los fines de semana en Azul; y el Tribunal no le aceptó su candidatura por no tener residencia habitual, permanente e inmediata durante los últimos cinco años anteriores a la elección”, recordó y cuestionó que “ahora Mahiques hace todo al revés, aunque la Constitución es la misma”.

“Las Constituciones están hechas para ser cumplidas. El partido judicial está inclinando la cancha a favor de los Macri”, lanzó el oficialista y criticó al máximo tribunal porque “Jorge Macri está habilitado para presentarse cuando claramente no corresponde y la Corte no se mete, aunque sí se metió en San Juan y en Tucumán. Juegan siempre para el mismo lado”.

A propósito de la Corte Suprema, el legislador habló sobre el avance del juicio político y, sobre la última reunión de la comisión, señaló que “la declaración de (Silvina) Batakis fue muy importante porque se vincula con el motivo por el que empezamos el juicio político a la Corte, que no fue el fallo de la coparticipación, sino la la información que obtuvimos de medios públicos sobre (Silvio) Robles, quien se vanagloriaba con Marcelo D’Alessandro sobre la salida del fallo, lo cual fue tan escandaloso que le costó el puesto al entonces ministro de Seguridad de (Horacio Rodríguez) Larreta“.

“Batakis era secretaria en el Ministerio del Interior y participó de las audiencias con las provincias. Le preguntamos si había estado Silvio Robles en esas reuniones, aunque no figuraba en las actas, y ella dijo que sí. ¿Por qué no figuró en el acta que labró la Corte de esa reunión?”, agregó durante una entrevista en el programa Desiguales de la TV Pública.

Además, el diputado del Frente de Todos añadió que “Rodríguez Larreta sacó a D’Alessandro no por Lago Escondido, sino por esos diálogos con Robles, donde quedó al descubierto la complicidad”. “Robles debe declarar en la comisión, y si no deberá intervenir la fuerza pública. No tiene ninguna causa en su contra, porque las hizo cerrar rápido”, completó.

Juicio Político: el oficialismo formalizó la citación a D’Alessandro y Robles por el tema de la coparticipación

El exministro de Seguridad y Justicia Porteña y la mano derecha del presidente de la Corte Suprema serán el plato fuerte la Comisión de Juicio Político cuando se reanude después del receso invernal el martes 1 de agosto.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, formalizó este miércoles la citación para que a la próxima reunión, que se realizará el martes 1 de agosto a las 13 tras el receso invernal, asistan Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, a fin de que testifiquen sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La fecha de la convocatoria a Robles y D’ Alessandro fue resuelta en el final de la reunión de este 11 de julio, para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional. Originalmente, la presencia de ambos estaba prevista para el 4 de julio, pero por cuestiones de agenda la citación se postergó.

En la nota suscripta por el subdirector a cargo Miguel López, también fueron citados para testificar Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema quien no pudo asistir a la reunión de este martes y pidió la reprogramación; y Alejandro Otero, Contador Público, Magister en Administración Pública.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

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El juicio político se reanuda después del receso con dos platos fuertes

La reunión quedó prevista el martes primero de agosto y tendrá citados a un exfuncionario de CABA y a la mano derecha del presidente de la Corte Suprema.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció que la próxima reunión se realizará el martes primero de agosto (después del receso) y tendrá como testigos citados nada menos que a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, y al exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, además del doctor Alejandro Rodríguez.

En el final de la reunión de este 11 de julio, la presidenta confirmó la citación para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

Tras una fuerte discusión, el FdT aprobó pedir a la AFIP más información sobre una sociedad de Silvio Robles

El oficialismo impuso su mayoría para librar un oficio al ente recaudador. Además, se incorporó como testigo a la jueza federal Martina Forns.

Tras una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición, el Frente de Todos impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político y aprobó este miércoles una ampliación de prueba que consiste en solicitarle a la AFIP información fiscal sobre MoRo Media, una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez. 

Al plantear el tema, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) recordó que en marzo pasado ya se habían librado oficios a la IGJ y AFIP, pero que ahora se requeriría más información, relacionada a “las declaraciones juradas; todos los pagos realizados a la AFIP, todo tipo de información sobre operaciones, plazos fijos, participaciones societarias, cuentas bancarias, depósitos, embarcaciones. Y me faltó departamento en Miami”. 

También, el kirchnerista dijo querer conocer las fiscalizaciones de la AFIP con relación a la sociedad; si se registraron trabajadores en relación de dependencia y que se remita la totalidad de facturas emitidas por esta S.R.L.

“Una de las hipótesis que llevamos adelante es el tráfico de sentencias en la Corte, en el fallo del 2×1, en el de la mal llamada coparticipación y en el del Consejo de la Magistratura”, apuntó Tailhade y aseveró: “Necesitamos saber si a través de esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico”. Y, agregó, que hay que investigar si “se pudo haber entregado dinero a distintas personas que resultaban importantes para el objetivo final que representaban los fallos”. 

En medio de las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que existe una disposición de la AFIP, la 98/2009, que establece “una serie de excepciones al levantamiento del secreto fiscal, donde faculta a la presidenta de esta Cámara de Diputados a requerir este levantamiento”. 

Según reveló la entrerriana, se consultó a la Dirección de Legales de la Cámara baja si era posible “requerir a la AFIP la información o no” y en un dictamen jurídico se respondió que “la comisión tiene facultades para requerirlo”. “Puede ser que después esa información tenga carácter reservado y pueda ser solamente consultada por quienes integramos esta comisión”, aclaró. 

Además, se incorporó como testigo a la jueza federal de San Martín Martina Forns, por “el fallecimiento de su marido en plena pandemia, abandonado por la obra social” del Poder Judicial. 

“Ella también forma parte de la denuncia que hizo la Asociación Americana de Juristas contra los miembros de la Corte” por “misoginia y destrato contra la jueza en el marco de actuaciones por los tarifazos”, añadió el legislador. 

CFK cuestionó el fallo que cerró la causa de Silvio Robles

La vicepresidenta Cristina Kirchner le adjudicó la responsabilidad al juez Stornelli y remarcó que la Causa del Memorándum con Irán se inició por “una escucha ilegal”.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó este viernes que el juez Sebastián Ramos haya rechazado la denuncia contra Silvio Robles, asesor de la Corte Suprema, implicado en una serie de conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, previo al fallo de la coparticipación.

“La mafia mediática-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, así tituló CFK, quien se expresó indignada tras el cierre de la causa contra Robles por considerar ilegal a la obtención de los chats.

En tal tema, la exjefa de Estado recordó: “En el año 2016 en Comodoro Py los Camaristas de Casación (Gustavo) Hornos y (Mariano) Borinsky reabrieron la causa Memorándum con Irán, que había sido sobreseída… ¡2 veces! Lo fundamentaron en ‘una escucha ilegal’, metieron preso a (Carlos) Zannini y le prohibieron a (Héctor) Timerman tratarse de un cáncer en EE. UU.”.

Además, agregó: “Después de la legalización de la escucha, (Mauricio) Macri -que era presidente- felicitó públicamente a Hornos y Borinsky y criticó a la otra camarista, Ana María Figueroa, que había votado en minoría contra esa decisión”.

Desde un hilo de Twitter, la vicepresidenta afirmó que la relación entre Robles y D’Alessandro era para “arreglar fallos de la Corte a través de chats diciendo que no podía ser imputado de delito porque la denuncia se apoyaba en ‘una escucha ilegal”.

Asimismo, CFK ironizó: “Por si alguien faltaba en este verdadero escándalo, el fiscal que intervino fue… (Carlos) ¡Stornelli! procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ‘Operación Puf’, donde buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate”, en alusión a la causa judicial que investiga si existió una organización bajo el control de agentes de inteligencia durante el final del Gobierno de Macri.

De tal manera, Cristina Kirchner siguió con las críticas al juez Stornelli: “Para salvar al ladero de (Horacio) Rosatti -presidente de la Corte-, cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa. Solo con mafia mediática-judicial puede haber tanta impunidad”.

En el cierre, la vicepresidenta cerró con un cuestionamiento: “¿Qué hará ahora la Cámara de Casación con la causa Memorándum con Irán?”.

Siete horas más tarde se acordó de sumar que el abogado que hizo la denuncia “contra” Silvio Robles en Comodoro Py “para armar la maniobra del Juez Ramos y Stornelli fue Gastón Marano, defensor de Gabriel Carrizo, detenido por su participación en el atentado contra mi vida”, y preguntó: “¿Hasta dónde llegará todo esto?”.

Moreau criticó el fallo que cerró la causa contra Silvio Robles, vocero de Rosatti

El diputado kirchnerista tildó a los jueces como una “banda mafiosa” y comparó el caso con la causa del memorándum de entendimiento con Irán que fue reabierta y la causa “Puf-Puf” que se “apoyaron en escuchas ilegales”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) cuestionó el fallo del juez federal Sebastián Ramos quien cerró la causa contra el secretario del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Silvio Robles, por la violación a los derechos civiles, entre ellos el de la intimidad que supone hacer una denuncia en base a chats obtenidos ilegalmente.

“El fallo de Sergio Ramos deja en evidencia que estamos frente a una Justicia a la carta e independientemente del juez Ramos lo que está claro es que hay una asociación ilícita que negocia fallos”, expresó Moreau en declaraciones radiales y sumó: “Ellos negociaron dos sentencias, coparticipación y Consejo de la Magistratura”.

Al respecto, el diputado opinó que “la Justicia argentina está obturada” y que este tipo de fallos “demuestra que la Justicia independiente no existe en nuestro país”. En ese sentido, manifestó que “hay que hacer como hizo Lula (da Silva), recurrir a la Justicia internacional”.

El oficialista continuó sus críticas a través de su cuenta de Twitter: “JUSTICIA A LA CARTA: En un fallo inusitadamente veloz, el Juez Ramos, dictaminó respecto a la denuncia contra Silvio Robles, ladero de Horacio Rosatti, que no podía ser imputado de ningún delito porque la denuncia se apoyaba en una ‘escucha ilegal’”.

“Es más el juez calificó a esta metodología como propia de la dictadura militar. Hasta aquí todo luce como un fallo razonablemente opinable, pero a la vez también confirma que en Argentina para Comodoro Py hay dos códigos de procedimiento y dos códigos penales”, planteó Moreau.

En esa línea, detalló: “Uno que se aplica en la persecución contra el movimiento popular y otro que se aplica a favor del macrismo y de la banda mafiosa que los representa en los tribunales”, y recordó la causa del memorándum de entendimiento con Irán -en la que esta implicada Cristina Kirchner– “estaba cerrada y fue reabierta precisamente por la utilización de una escucha ilegal que fue avalada por distintas instancias desde Bonadío hasta los Camaristas Hornos y Borinsky. Esta reapertura implicó que Carlos Zannini estuviera ilegalmente preso más de 3 meses”.

“Lo que es peor aún, llevar a la muerte a Héctor Timerman. Como si fuera una trágica parodia la defensa de Robles se apoya en el único voto que rechazó esa ilegalidad, pero quedó en minoría, que fue el de la Dra. Ana Figueroa”, sumó a las críticas.

También recordó “otro paso de este minué desfachatado y vergonzante lo dio en esta causa el Fiscal Stornelli, que adujo que no acusaba porque la prueba era ‘ilegal’. Recordemos que esa ilegalidad él la usó en su propia defensa cuando se presentó en Comodoro Py a acusar al diputado Eduardo Valdés en lo que se conoce como la causa puf puf, apoyándose en escuchas ilegales que clandestinamente le hizo llegar la AFI de Macri, Arribas y Majdalani cuyas transcripciones habían sido obtenidas de escuchas en el penal de Ezeiza entre presos políticos y sus abogados”.

En ese marco, preguntó: “¿Que harán ahora en Comodoro Py con este fallo? ¿Alguien procesará a Hornos y Borinsky por haber utilizado herramientas que se parangonan con las que usó la dictadura militar?”.

“¿Alguien abrirá una causa para castigar a los que llevaron a la muerte a Timerman y a una prisión arbitraria a Zannini? ¿El Procurador Casal le aplicará una dura sanción a Stornelli por su doble estándar?”, remató Moreau.

El juez Ramos cerró la causa contra Robles, abierta a raíz de los chats hackeados con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente con pedido de licencia.

En el fallo escribió que la protección de los derechos humanos “sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar como se encuentra acreditado en los diversos precedentes sometidos a juicio desde el inicio de la causa n°13/84, en las que se comprobaron testimonios arrancados bajo tortura, secuestro de personas e incluso de sus hijos, su desaparición y todo otro tipo de atropello que no encuentra asidero alguno”, entre otras medidas ilegales.

“Recomponer, en base a los flagelos sufridos a lo largo de la historia el estado constitucional de derecho, llevó y lleva en la actualidad un arduo trabajo, que involucra a la sociedad en su conjunto, de la cual forman parte tanto los funcionarios públicos como aquellos que sobre todo se dedican al derecho, motivo por el que es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal”, agregó el magistrado.

En consecuencia, “no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, explicó el juez Ramos en su fallo.

Valdés: “Las conversaciones entre D’Alessandro y Robles es un pase de factura entre la oposición”

Así lo relacionó el diputado del FdT quien, sostuvo que el fallo de la coparticipación generó “un acompañamiento lógico” de los gobernadores al pedido de juicio político contra la Corte.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) atribuyó a las conversaciones filtradas entre Silvio Robles, hombre cercano a la Corte Suprema, y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a una interna de la oposición: “Es un pase de factura entre ellos (JxC). Es la rebelión de los policías de la Ciudad que formaron el grupo Super Mario Bros (así se haría llamar el grupo de agentes que actualmente es investigado por espionaje ilegal durante el 2015 – 2019)”.

Además, sostuvo que, el grupo de inteligencia, “llevó a cabo tareas de espionaje a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno (Horacio) Rodríguez Larreta, al diputado Diego Santilli y a los miembros de la Corte, Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti, por orden del expresidente Mauricio Macri, y los exfuncionarios Gustavo Arribas y Silvia Majdalani”.

En declaraciones a Radio Perfil, el diputado agregó: “Después los dejaron pegados diciendo que eran cuentapropistas” y “los funcionarios que los mandaron luego fueron sobreseídos y todos los espías procesados”, en alusión a los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de espionaje ilegal durante el Gobierno macrista.

“En la declaración jurada de bienes de D´Alessandro aparece que recibió un crédito del juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, que fue quien allanó a los ‘Super Mario Bros’, y sacó de sus teléfonos todo el espionaje ilegal que mandaron a hacer Macri, Majdalani, Arribas”, señaló.

Asimismo, expresó: “Cuando a uno lo acusan y es honesto, lo primero que debe hacer es poner su teléfono a disposición de la Justicia. Es lo que deberían hacer Robles y D´Alessandro, y esto terminaría rápido”.

Del mismo modo, Valdés explicó que las filtraciones son parte de la interna opositora: “Todo lo que estamos viendo es una pelea entre los sectores de Juntos por el Cambio. No le pueden echar la culpa al Frente de Todos. Yo estoy en la Comisión Bicameral de Inteligencia, y hubo que ver la furia con la que los agentes de inteligencia fueron a declarar”, aseguró.

Respecto del pedido de juicio político a la Corte de parte del Ejecutivo y los mandatarios provinciales, Valdés señaló: “El presidente presentó el pedido de juicio político junto a la mayoría de los gobernadores oficialistas”, y añadió: “La forma en que salió el fallo de la coparticipación, sin consultar a un solo gobernador, genera este pedido con toda lógica”.

Además, manifestó: “Hay que sumar como Robles, léase Rosatti, le daba instrucciones a D´Alessandro, ministro de Larreta, de cómo debía comportarse el bloque opositor la semana siguiente a su diálogo, cosa que sucedió exactamente de esa manera”.

Para finalizar, se refirió a las posibilidades del oficialismo en 2023: “Estamos gobernando y nuestro futuro se define en la calidad de vida de la gente, si hacemos bien las cosas nos va a ir muy bien. Tenemos que seguir el camino de la recuperación económica”.

Senadores del FdT denunciaron “el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia”

A través de un durísimo comunicado basado en nuevos chats revelados en las últimas horas, hablan de “caos institucional” y lo adjudican si vueltas al presidente de la Corte Suprema.

“El caos institucional tiene nombre y apellido: Horacio Rosatti”, es el título del comunicado difundido por el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos, que agrega leña al fuego de las pasiones que involucran al oficialismo y la oposición. Una relación que se tensó aun más a partir de lo que se ha denunciado como la causa Lago Escondido.

En ese marco trascendieron este jueves chats que para los senadores oficialistas “dejan al descubierto los perniciosos vínculos, ‘asesoramiento’ y el arreglo de fallos entre Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia y actual presidente del Consejo de la Magistratura y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro”. Ante ello, el interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos manifestó “su más profunda indignación y repudio” ante lo que es para ellos decididamente “el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina”.

“Estamos frente la absoluta evidencia que este caos institucional al que han sometido a las instituciones de nuestro país en los últimos tiempos tiene nombre y apellido: Horacio Rosatti”, afirman los senadores, para quienes la Argentina y sus instituciones “están tocando fondo”.

Señala la bancada del FdT que en una publicación del diario Perfil se detallan ¡las conversaciones mantenidas y el ‘asesoramiento’ al ministro de Seguridad porteño y a Juntos para el Cambio por parte Silvio Robles, funcionario judicial, vocero y mano derecha del doble presidente de la Corte y Consejo de la Magistratura, Horacio Rosattim para arrebatarle de manera ilegal una banca en el Consejo de la Magistratura al bloque Unidad Ciudadana en favor de Juntos para el Cambio”.

En esas conversaciones aparecería también un intercambio de links en los que Robles confirmaría que Rosatti continuará al frente del caso sobre la disputa de fondos entre la Ciudad Buenos Aires y la Nación. “En la misma charla no sólo se pone en evidencia el vínculo de absoluta confianza y familiaridad sino que además se le pone nombre al fallo que saldría pocos días después como ‘el fallo Robles’ en favor del jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta”, señalan los senadores oficialistas.

Para ellos, “la impunidad, la promiscuidad y la intromisión inconstitucional en los poderes del Estado, le han puesto una pistola en la cabeza a la democracia argentina. Ya no solo comparten equipos de fútbol en la casa de Mauricio Macri, fiestas de cumpleaños, viajes ocultos de placer, sino que ahora es el propio presidente de la Corte a través de su vocero que asesora y les allana el camino para favorecer con sus fallos a los representantes de la hoy oposición”.

El comunicado difundido por los senadores continúa diciendo que “los niveles de putrefacción y destrucción de la justicia federal quedan al descubierto cada vez más. No sólo por muchos de sus decisiones que chocan de bruces con la Constitución Nacional y el estado de derecho sino además por las conductas delictivas con las que están actuando jueces, fiscales, empresarios, funcionarios de la ciudad y, ahora, el vocero y representante del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que están a la luz pública en estos últimas horas”.

El interbloque del Frente de Todos adelantó que impulsarán denuncias penales ante la posible comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de funcionario público, mal desempeño, tráfico de influencias, entre otros, a los funcionarios involucrados.

También, habiendo quedado para ellos probado que el

“asesoramiento y sugerencias” efectuadas por parte del vocero de Rosatti a JxC para cumplir con el objetivo de favorecer y forzar el destino de la representación de la banca del Consejo de la Magistratura en favor del senador Luis Juez y Humberto Schiavonne del bloque Pro y, habiéndose cumplido por parte de estos senadores, cada uno de los pasos indicados por ese funcionario judicial, evaluarán en las próximas horas “la responsabilidad de ambos senadores en el marco de este escándalo que no tiene parangón en la historia reciente de nuestras instituciones”.

Al mismo tiempo, exigieron la renuncia inmediata del ministro de Seguridad de la CABA, Marcelo D’Alessandro.

El oficialismo ahora denuncia vinculaciones entre Larreta y Rosatti

En una nueva escalada de la causa Lago Escondido, el Frente de Todos ahora hace hincapié en una serie de chats que establecerían un puente entre colaboradores del jefe de Gobierno y el presidente de la Corte.

En las últimas horas, empezaron a circular en las redes sociales nuevos chats que, a juicio del Frente de Todos, revelarían “el entramado mafioso y delictivo que venimos desde nuestro bloque denunciando hace tiempo”. Así lo expresó este jueves el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, quien sumó al contenido de los mensajes conocidos hasta ahora un intercambio de chats entre Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta) y Silvio Robles, a quien definió como “el más estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia”.

Según Martínez, en ese intercambio entre D’Alessandro y Robles “se evidencia el innegable vínculo entre Larreta y Rosatti en lo que respecta a dos temas institucionales de máxima relevancia en los últimos 45 días. Por un lado, la conformación del Consejo de la Magistratura, paralizado desde que Rosatti intervino el organismo, como denunciamos oportunamente. Y por el otro, el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia respecto a los fondos para la Ciudad de Buenos Aires”.

A través de un comunicado, el presidente del bloque Frente de Todos de la Cámara baja establece dos conclusiones: por un lado, a su juicio “Robles-Rosatti le daban letra jurídica y política sobre el Consejo de la Magistratura para que D’Alessandro-Larreta se lo reenvíen (‘lo muevan’) entre medios de comunicación afines y dirigentes políticos de su espacio, como si esos argumentos ‘fueran suyos’”; y por el otro, “Rosatti (a través de Robles) escribió el fallo a favor de Larreta, y se lo hizo saber a través de D’Alessandro”.

“No puede haber otra interpretación posible. La promiscuidad de los intercambios entre D’Alessandro y Robles reflejan la podredumbre existente en los vínculos entre Larreta y Rosatti, afirmó Germán Martínez.

Para él, estos datos le dan la razón a sus denuncias. En ese contexto, dice, el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura (diciembre 2021) “estuvo coordinado entre las máximas autoridades del Poder Judicial y las más altas referencias de Juntos por el Cambio. Y el fallo de la Corte sobre los fondos para la ciudad de Buenos Aires (diciembre 2022) fue redactado por Rosatti para beneficiar a Larreta”.

En ese marco anticipó que “van a intentar ocultar estos mensajes para que este entramado mafioso no salga a la luz. Para eso recurrirán a todo su poder de fuego y extorsión. Si es necesario, apretarán a quien tengan que apretar”.

“Nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, siempre nos indicó que había que terminar con ‘los sótanos de la democracia’. Y nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner nos convocó recientemente a construir una ‘Argentina y democracia sin mafias’”, recordó el diputado santafesino, que remató: “Más que nunca, tenemos que caminar en este sentido”.