El legislador de Republicanos Unidos, a través de la Fundación Apolo, presentó ante la Justicia un escrito mediante el cual buscará investigar el funcionamiento de ese sistema por supuesta operatoria ilícita en el movimiento de importaciones.
El diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, a través de la Fundación Apolo, le pidió a la Justicia que se investigue el desempeño tanto de la Secretaría de Comercio de la Nación, como de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y también del Banco Central, por el manejo del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en el que se advirtieron supuestas irregularidades vinculadas a la autorización de importaciones.
El texto recientemente presentado también lleva la firma de José Magioncalda, otro de los representantes de la mencionada fundación, y cuenta con el patrocinio legal del abogado Juan Fazio.
En el escrito se solicita que se libre oficio al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación en la que consten los procedimientos correspondientes al sistema. Y también pide la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre afirmaciones vertidas contra el ex secretario de Comercio, Matías Tombolini, durante el debate presidencial.
Además, manifiesta que “se libre oficio a la Secretaría de Comercio, al BCRA y a la AFIP, a fin de que remitan toda documentación que obre en su poder, en la que conste todo el procedimiento a seguir en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y de dónde surjan cuáles son los funcionarios habilitados en el sistema para dar por concluidas las distintas etapas del mismo, hasta la autorización de importación, inclusive”.
“La supuesta operatoria ilícita cuya investigación se solicita, importaría un gravísimo daño en la economía argentina, y una enorme lesión en la confianza en las instituciones, de la que debieran gozar los ciudadanos. Por esa razón, es que resulta de suma importancia que el Poder Judicial investigue los hechos aquí denunciados”, agrega el documento.
Cabe destacar que por diversos medios se difundió la existencia de posibles situaciones ilícitas, vinculadas a la autorización de importaciones, que apuntan a la Secretaría de Comercio de la Nación, que en su momento era conducida por Tombolini. Incluso, la denuncia menciona una afirmación de la ex candidata a presidente de Juntos, Patricia Bullrich, durante el debate presidencial en el cual le recriminó al ex ministro de Economía, Sergio Massa, tener “un Tongolini en tu Gobierno”, haciendo un juego de palabras con el apellido de Tombolini y un “tongo” (que en lunfardo significa trampa). Ante esto, se solicita también la citación de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que declare sobre esas manifestaciones vertidas.
Asimismo, es preciso señalar que las autorizaciones de las importaciones se encontraban hasta hoy atadas a un procedimiento denominado SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) en el que intervienen la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Comercio y el Banco Central de la República Argentina. En este sentido, no fueron pocos los emprendedores y empresarios Pyme que denunciaron anónimamente ante medios y en redes sociales, irregularidades en estas operaciones.
Ante reiteradas afirmaciones como estas, la Fundación Apolo sentenció: “en el caso que nos ocupa, la operatoria ilícita descripta, importa la recepción de dádivas a cambio de hacer, es decir, a cambio de acelerar autorizaciones de importación y, previo a ello, la implementación de un oscuro sistema de importaciones donde prima la arbitrariedad”.
Con Graciela Ocaña a la cabeza, un grupo de diputados presentaron un proyecto para solicitarle al ministro de Economía que brinde detalles sobre los hechos denunciados sobre el SIRA por procedimientos ilegales.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Graciela Ocaña (Pro), presentaron un proyecto de resolución a fin de solicitarle al ministro de Economía, Sergio Massa, que informe sobre “la escandalosa” venta de Certificados SIRA (Sistema de Importación de la República Argentina) y las denuncias efectuadas por el Ministerio a su cargo a raíz de estos hechos.
Como primer aspecto, piden que el ministro acompañe los datos de las causas que se radicaron sobre la venta de Certificados SIRA en consideración de la respuesta que brindó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la presentación de su informe ante la Cámara baja el 29 de marzo.
También pide que se indique si se han abierto Sumarios Administrativos para investigar dentro del Ministerio de Económica y secretaria de Comercio, los hechos denunciados; que se adjunte información sobre la cantidad de trámites SIRA aprobados y no aprobados a partir del 12 de octubre de 2022, fecha que entró en vigencia el sistema de acuerdo a una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Además, exige los antecedentes profesionales del actual Subsecretario de Política y Gestión Comercial, German Cervantes; y sobre la inclusión de María Magdalena Stroman en la Subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno en el Ministerio de Economía.
Ocaña fundamenta que a través de los medios de comunicación “diversos empresarios habrían reconocido que se les ha ofrecido el pago de sumas de dinero –es decir, sobornos- para poder acceder a estos beneficios de agilizar los trámites para lograr permisos de importación que salteen el cepo cambiario”.
“Desde que se instaló Sistema SIRA, han corrido rumores de pagos porcentuales de hasta el 20% del costo del ingreso de mercaderías del exterior, a un valor del dólar blue. La situación es preocupante y parecería que uno de los más afectados por las denuncias sería el Secretario de Comercio, Matías Tombolini”, planteó.
Son cofirmantes del proyecto los diputados Fernando Iglesias, Lidia Ascárate, Jorge Vara, Laura Carolina Castets, Juan Martín, Ana Clara Romero, Soher El Sukaria, Gerardo Cipolini, Pablo Torello, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, Carlos Zapata.
1634-D-2023La iniciativa es impulsada por el radical Juan Martín, quien pide un informe del ministro de Economía, convencido de que la situación “pone en jaque la actividad económica de varios sectores”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Juan Martín, presentaron un proyecto a través del cual exigen que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio den cuenta del impacto de los retrasos de los permisos para habilitar importaciones. “Esta situación pone en jaque la actividad económica de varios sectores y, por lo tanto, el empleo. “Son los resultados de improvisar permanentemente, poniendo parches por todos lados, sin un plan económico consistente”, afirmó Juan Martín.
Cuando se implementó el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), el secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo que el mecanismo serviría para “terminar con la joda” de los que especulan con dólares destinados a la importación. En los hechos, el sistema genera una serie de demoras a miles de empresas se ven imposibilitadas de producir porque no pueden acceder a los dólares para importar insumos básicos. La situación pone en jaque el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo.
Frente a este grave cuadro, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes destinado al Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio para que se indique “qué medidas piensa implementar el gobierno ante la falta de insumos para evitar un freno en la producción, que generará un impacto negativo para la economía, mayor al que ya viene atravesando”. La iniciativa de Juan Martín es acompañada por 27 pares del interbloque.
“El reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), se proponía aumentar el control del comercio exterior y mejorar los plazos de pago. Sin embargo, el último relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), expone que más de un 80% de las empresas indicó que los plazos de aprobación de las solicitudes con el nuevo sistema son más largos que con el sistema anterior”, apunta el diputado del radicalismo santafesino.
“En su momento se dijo que el sistema serviría para terminar con la joda de los que aprovechaban los permisos para especular con los dólares. Lo que nosotros nos preguntamos es qué va a hacer el gobierno con los cientos de empresarios, que son mayoría y no están en ninguna joda, buscan producir y hoy se ven gravemente afectados”, señala el legislador.
En ese sentido, Juan Martín cita el informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) de enero de este año, en base a una encuesta a más de 200 micro, pequeñas y medianas empresas importadoras de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, bienes de consumo y piezas para bienes de capital, que reveló que, “en los últimos 2 meses, del total de empresas, el 76% indicó que solo se le aprobaron menos del 25% de las SIRA solicitadas y que ante la imposibilidad de importar, el 93% redujo su nivel de inventario y ventas; el 61% manifestó que no consigue financiación de proveedores del exterior; en tanto que el 85% de las empresas no tuvo ningún contacto con la Secretaría de Comercio Interior a la fecha”.
En la iniciativa, el diputado destaca algunas situaciones puntuales que sirven como muestra de lo que sucede: falta agua oxigenada, cloruro de calcio, ácido fosfórico, claves para diferentes cadenas de valor a lo largo y a lo ancho del país. “De nuestra recorrida por los parques industriales de la provincia de Santa Fe, hemos podido conocer de primera mano la dificultad que atraviesan quienes requieren insumos químicos”, agregó el diputado radical.
La falta de cloruro de calcio para la industria láctea derivaría en yogures y quesos con menos calidad y problemas de higiene en todos los procesos. La escasez de agua oxigenada, afecta a la industria alimenticia en general y frigorífica en particular. De este último producto, sólo 40 % de lo que consume el país se produce en la Argentina, en una planta de Río Segundo en Córdoba, que está paralizada por un problema laboral.
Otro sector muy afectado, que se encuentra en una situación límite es el del caucho y afines, el 87,9% dice tener dificultades para garantizar el abastecimiento de insumos clave para la producción y 57,5% está con riesgo de parada de planta por falta de insumos para producir.
“Como queda claro, la falta de insumos genera un impacto negativo para la economía, precisamente con estancamiento y recesión, y agrega problemas a los que ya venimos atravesando. A su vez, escala la inflación, porque las industrias, las empresas siguen afrontando los costos fijos, para producir menos, porque no cuentan con los insumos. Termina siendo un tiro en el pie”, concluye el diputado.
El pedido de informes del diputado Juan Martín es acompañado por sus pares Lidia Ascárate, Pedro Galimberti, Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda, Lisandro Nieri, Manuel Aguirre, Mario Barletta, Gabriela Lena, Germana Figueroa Casas, María Eugenia Vidal, Soledad Carrizo, Pablo Torello, Danya Tavella, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, Karina Bachey, Marcela Antola, Mariana Stilman, Carolina Castets, Carla Carrizo, Aníbal Tortoriello, Pamela Verassay, Dolores Martínez, Marcela Campagnoli, Virginia Cornejo y Alberto Assef.
