Osuna rechazó una posible intención de reemplazar la Ley de Educación

Trascendió que el Gobierno tiene confeccionado un proyecto de ley que buscaría reemplazar a la Ley de Educación Nacional con supuesta participación de sectores privados. La diputada de Unión por la Patria señaló que la propuesta “define un retroceso histórico en materia educativa”.

Mientras el Congreso entra en el último letargo previo al recambio parlamentario del 4 de diciembre, la diputada nacional Blanca Osuna rechazó de lleno un presunto reemplazo a la Ley de Educación Nacional. Según trascendió en las últimas horas, el Gobierno nacional tendría planeado enviar al Poder Legislativo un texto que implementaría modificaciones que habilitarían la intervención del sector privado en el sistema educativo.

Para la vicepresidenta de la Comisión de Educación, esta nueva iniciativa conocida “a través de canales extraoficiales”, tiene como propósito “la intención de eliminar una normativa que ha sido producto de intensos debates, materia de múltiples aportes y resultado de un intenso proceso participativo”. Le atribuye la responsabilidad al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

En diálogo con este medio, la legisladora de Unión por la Patria mencionó que este boceto de proyecto de ley que estaría siendo pulido en Balcarce 50 habría contado con la influencia de del empresario Paolo Rocca, CEO de Techint. En un primer momento, Osuna acusa al Ejecutivo Nacional de buscar reemplazar por completo a la Ley 26.206 - Ley de Educación Nacional-.

De todos modos, la diputada entrerriana le exige al Gobierno nacional que aclare la situación y pide que sea el propio Torrendell quien brinde las aclaraciones pertinentes sobre la autenticidad, el origen y el alcance de este documento, el cual “circula de manera desordenada y sin transparencia”, agregó.

Versiones periodísticas habían adelantado que además de las reformas laboral, tributaria y penal era factible que haya más proyectos de ley para el trabajo en sesiones extraordinarias. Luego, el presidente Javier Milei lo confirmó en un foro empresario. Desde la Cámara de Diputados, Osuna reaccionó: “La envergadura y trascendencia del tema nos exige ratificar una firme posición de defensa de la educación pública y de las responsabilidades del Estado en su garantía”.

Según lo que la diputada nacional de Unión por la Patria recibió como adelanto, el texto que propone el gobierno libertario “define un retroceso histórico en materia educativa”, y enumeró que “reduce a la mínima expresión el rol del Estado, fragmenta el sistema, habilita modalidades de desescolarización, debilita la formación y el trabajo docente, y vuelve a colocar a la educación bajo lógicas privadas, confesionales y de mercado”.

“Se desarma el sentido de un Sistema Educativo Nacional y se abandona la responsabilidad absoluta del Estado de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad”, enfatizó Blanca Osuna, quien agregó que “como diputada nacional y educadora, considero que la pretensión de una reforma de esta magnitud presagia una grave amenaza y trastoca conquistas, profundizando aún más la miseria educativa”.

De confirmarse la confección de este proyecto, llegará a integren al Congreso de la Nación en el temario de sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal que el Gobierno nacional presentará después del recambio legislativo en las dos cámaras.

Austin propone un “Pacto Educativo Intergeneracional” para superar la crisis

La diputada radical enfatizó que se necesita de una "estrategia para los próximos 10 años". La iniciativa busca incrementar el presupuesto para el área y declarar la emergencia educativa, entre otros puntos.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) presentó este lunes en la Cámara baja un proyecto de ley para crear un “Pacto Educativo Intergeneracional”, con metas a largo plazo para "superar la crisis que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país a partir del impacto que produjo la pandemia de Covid-19 y el cierre de las escuelas".

La propuesta fue elaborada bajo el convencimiento de que “la tragedia educativa que enfrenta la Argentina no se resuelve con parches, sino con una estrategia para los próximos diez años que contemple la participación de todos los actores del Sistema Educativo Nacional”, señaló la legisladora.

“Además de la propuesta del ministro (Nicolás) Trotta, necesitamos un compromiso sostenido para la recuperación de los aprendizajes no sólo de cara a la finalización del actual ciclo lectivo y el comienzo del 2022, sino con una estrategia de largo plazo. La evidencia muestra que el impacto provocado por la pandemia y el cese de la presencialidad va a producir un deterioro significativo en años de aprendizaje de toda una generación”, remarcó la radical, exsecretaria de Educación de la Ciudad de Córdoba.

La iniciativa, que fue acompañada por sus pares de Juntos Por el Cambio, declara la emergencia educativa en todos los niveles y modalidades desde 2022 a 2030 inclusive y pide considerar a la educación como actividad esencial.

Una de las bases del Pacto Educativo Intergeneracional es el aumento de la inversión en el área hasta alcanzar, en 2030, el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) adicional a lo ya establecido en la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

“Así como en su momento la Ley de Financiamiento Educativo permitió a la Argentina llegar al 6 por ciento del PBI, en el contexto de la emergencia debemos destinar al menos un punto adicional del PBI a estas metas específicas orientadas a mitigar el impacto del Covid-19 sobre el sistema educativo”, explicó la diputada.

Entre estas metas se encuentran la ampliación de la presencia escolar a través de la extensión del calendario, llevándolo de manera gradual a los niveles de otros países del mundo y la región, con 195 y 200 días efectivos de clases, y también el cumplimiento de la modalidad de jornada extendida en escuelas públicas de todo el país. De esta manera, se busca “mitigar la pérdida de aprendizajes y reforzar la calidad educativa”, a fin de contrarrestar el impacto de la pandemia y las medidas de restricción de la presencialidad.

“Debemos trabajar sobre estrategias de largo plazo que efectivamente aumenten la presencia escolar de manera significativa a partir del cumplimiento de metas que tengan que ver con la jornada extendida y con ampliar el calendario escolar para que la Argentina pueda dar un paso adelante y, al menos, poder estar en niveles similares de países de la región”, consideró la cordobesa.

El proyecto busca además garantizar la inclusión de todos los niños y niñas de tres y cuatro años en el Nivel Inicial, priorizando en lo inmediato a los sectores más vulnerables; identificar a la población en edad escolar que se encuentre en riesgo de abandono o que haya abandonado el sistema educativo e instrumentar medidas para su acompañamiento; promover programas para jóvenes para acceder al empleo; incrementar las becas para la finalización de la Secundaria; promover la formación de docentes y equipos de apoyo para la innovación educativa; y fortalecer la inclusión digital para facilitar la escolarización no presencial.

Para ello, se propone la implementación de una evaluación inicial para contar con información precisa sobre el estado del sistema educativo en todo el país y, además, propone instancias de consulta y participación con todos los actores involucrados, incluyendo a las familias y a los niños, niñas y adolescentes, para consolidar el cumplimiento de estas metas.

“El Pacto Educativo Intergeneracional tiene que ser un esfuerzo de la comunidad en su conjunto con metas claras del Estado Nacional en términos de inversión. No alcanza con seguir pensando en parches de corto plazo, sino que debemos reconocer que nos encontramos ante una catástrofe generacional que demanda acciones de remediación para los próximos diez años”, subrayó Austin.

Con el mismo objetivo, la dirigente radical viene trabajando en una iniciativa titulada “Construir Futuro”, que convoca a la formación de una red de voluntarios y voluntarias de distintas edades y profesiones en Córdoba que quieran brindar acompañamiento educativo y ayudar a que los niños, niñas y adolescentes puedan terminar la escuela.

“No sólo hay que dar esta discusión en el Congreso sino también en el contexto en que vivimos, tejiendo redes en todo el territorio y favoreciendo la articulación con actores del sistema educativo para fomentar el acompañamiento escolar. Ante la actual crisis debe abrirse el juego para el diseño de medidas de contención y respuestas que refuercen el compromiso con la educación en lo inmediato, pero sin perder de vista el mediano y el largo plazo”, completó.

Entre los cofirmantes se encuentran sus pares Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Victoria Morales Gorleri, José Riccardo, Marcela Campagnoli, Josefina Mendoza, Adriana Ruarte, Albor Cantard, Lidia Ascárate, Hernán Berisso, Hugo Romero, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Ximena García, Fabio Quetglas, Claudia Najul, José Cano, Carla Carrizo, Luis Juez, Mario Arce, Sebastián Salvador, Ezequiel Fernández Langan, Karina Banfi, Federico Zamarbide, Camila Crescimbeni, Gisela Scaglia, Gonzalo Del Cerro, Gustavo Menna, Alicia Terada, Héctor Stefani, Carmen Polledo, Diego Mestre, Silvia Lospennato, Facundo Suárez Lastra, Jorge Enríquez, Alberto Asseff y Leonor Martínez Villada.

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