Impulsan el Régimen Previsional Argentino (REPA), un proyecto integral para unificar el fragmentado sistema jubilatorio del país, adaptarlo al envejecimiento poblacional y garantizar sostenibilidad mediante aportes solidarios, con énfasis en equidad para trabajadores dependientes, autónomos y prestaciones por vejez, invalidez y fallecimiento.
La diputada nacional María Eugenia Vidal impulsa el Régimen Previsional Argentino (REPA), un ambicioso proyecto de ley que busca unificar los sistemas jubilatorios del país, garantizar equidad y sostenibilidad financiera, y adaptarse al envejecimiento poblacional y las transformaciones del mercado laboral.
La iniciativa, presentada junto a las diputadas del Pro María Sotolano, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas y Karina Bachey, propone un sistema de reparto solidario que cubra las contingencias de vejez, invalidez y muerte, con reglas claras para trabajadores dependientes, autónomos y cotizantes voluntarios.
Argentina enfrenta un desafío estructural en su sistema previsional, caracterizado por una fragmentación institucional que genera inequidades, ineficiencias y problemas de sostenibilidad. Según los fundamentos del proyecto, el país cuenta con más de 200 regímenes previsionales diferentes entre los ámbitos nacional, provincial y municipal, lo que resulta en disparidades significativas.
Mientras el 60% de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se jubilan bajo reglas generales y absorben el 45% del gasto previsional, el 40% restante, acogido a regímenes especiales, representa el 55% del gasto total. Esta asimetría, sumada al envejecimiento poblacional y la informalidad laboral, pone en riesgo la viabilidad del sistema.
El proyecto de ley presentado por la diputada María Eugenia Vidal busca abordar estas problemáticas mediante la creación del Régimen Previsional Argentino (REPA), un sistema de reparto de alcance nacional y carácter solidario que unifique criterios para trabajadores dependientes, autónomos y cotizantes voluntarios.
La iniciativa responde a las transformaciones demográficas y económicas globales, como la disminución de la tasa de fecundidad (de 3,2 nacidos vivos por mujer en 1950 a 1,5 en 2022) y el aumento de la esperanza de vida (de 61,3 años en 1950 a 75,8 en 2022), que incrementan la presión sobre los sistemas previsionales.
Principales características del REPA
El proyecto establece un sistema de reparto basado en aportes y contribuciones, con reglas claras para su financiamiento y la asignación de prestaciones. A continuación, se detallan sus puntos clave:
El REPA abarca a todas las personas mayores de 18 años, ya sean trabajadores en relación de dependencia, autónomos o cotizantes voluntarios. Incluye a empleados públicos (excepto personal militar y de seguridad), trabajadores del sector privado y autónomos que ejerzan actividades como la dirección de empresas, profesiones universitarias o actividades lucrativas. Los empleadores y trabajadores deben realizar aportes obligatorios del 11% y 16% respectivamente, sobre las remuneraciones o rentas, depositados en el Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).
Los profesionales extranjeros contratados por un máximo de cuatro años pueden quedar exentos si están amparados por sistemas previsionales de sus países de origen, aunque pueden optar por cotizar voluntariamente. Además, el proyecto permite la adhesión de provincias y municipios al REPA mediante convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, buscando integrar regímenes previsionales fragmentados.
El REPA establece dos tipos de prestaciones principales.
✔️ Prestación Básica: dirigida a cubrir la contingencia de vejez o invalidez, requiere, para vejez, ser residente permanente (10 años para extranjeros), tener 65 años (hombres) o 60 años (mujeres), no percibir otros beneficios ni ingresos por actividades laborales.
✔️ Para invalidez: acreditar una incapacidad del 66% o más, ser menor de la edad mínima de jubilación y cesar en actividades laborales.
Su monto inicial equivale al Haber Mínimo Garantizado de la Ley 24.241.
✔️ Prestación Proporcional: vinculada a los aportes realizados, se calcula actualizando los aportes con un índice mixto (Índice del Nivel General de las Remuneraciones hasta 1995 y RIPTE posteriormente) y dividiendo el resultado por un factor actuarial basado en la esperanza de vida. Para invalidez, se incluyen aportes proyectados hasta la edad mínima de jubilación.
El proyecto introduce mecanismos para incentivar aportes y prolongar la vida laboral.
✔️ Jubilación Postergada: quienes se jubilen después de la edad mínima recibirán un complemento del 3,5% por cada año cotizado adicional, integrable a la Prestación Proporcional o como pago único si se posterga cinco años o más.
✔️ Períodos Especiales de Cotización: se reconocen años de aportes por hijos nacidos vivos (1 año por hijo), adopciones (2 años por menor adoptado) y períodos de excedencia o desempleo, con bases de cálculo ajustadas al salario mínimo o la última remuneración.
La determinación de la invalidez se realiza mediante comisiones médicas integradas por cinco profesionales designados por concurso, con dictámenes revisables cada tres años.
Las pensiones por fallecimiento se otorgan a viudos, convivientes e hijos, con duraciones variables según la edad (vitalicia para mayores de 60/65 años, temporal para menores). El monto se calcula como un porcentaje de la Prestación de Referencia del causante, con un máximo del 100% distribuido entre los beneficiarios.
Los haberes se ajustan por inflación (IPCN) cuando esta acumula un 5% y anualmente en marzo, combinando la variación del IPCN con el 50% del aumento del RIPTE. El haber mínimo equivale a la Prestación Básica, y el máximo es tres veces el RIPTE.
Las deducciones por deudas no pueden superar el 20% del haber mensual, y los créditos otorgados a beneficiarios tienen un costo financiero limitado al 5% por encima de la tasa del Banco Nación.
El proyecto encomienda al Poder Ejecutivo negociar convenios para integrar los regímenes provinciales al REPA, con reglas de transición según la edad de los afiliados al momento de la integración. Esto busca reducir las disparidades entre sistemas nacionales y provinciales, donde los segundos suelen tener tasas de sustitución más altas (hasta 82%) y edades de jubilación más bajas, generando déficits significativos.
Fundamentos y contexto
El proyecto responde a la necesidad de adaptar el sistema previsional a las tendencias demográficas y económicas. La reducción de la tasa de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida han elevado la relación de adultos mayores por cada 100 personas en edad activa (de 7,5 en 1950 a 20,8 en 2020, proyectada a 64,6 en 2080).
Además, el “bono demográfico” argentino se agotará hacia fines de la década de 2030, lo que incrementará la presión sobre la población activa para sostener a los jubilados.
El sistema actual, con un déficit equivalente al 2,5% del PBI en 2023 (incluyendo moratorias), enfrenta problemas de equidad: los regímenes especiales y provinciales otorgan beneficios más generosos, financiados con transferencias tributarias regresivas que afectan otras prioridades, como la inversión en educación o infraestructura.
En provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, los subsidios a regímenes previsionales representan entre el 3,5% y el 7,8% del gasto provincial, equivaliendo a millones de pesos por beneficiario al año.
Vidal propone un sistema de cuatro pilares: un pilar no contributivo (similar a la PUAM), un pilar contributivo basado en aportes acumulados, y dos pilares voluntarios (colectivo e individual) sin garantía estatal. La movilidad de los haberes debe seguir la inflación y una parte del aumento salarial, mientras que las edades de jubilación se ajustarán gradualmente según las tablas de mortalidad del INDEC, manteniendo estable el período de percepción de beneficios.
Impacto y desafíos
La reforma busca reducir inequidades, mejorar la eficiencia y garantizar la sostenibilidad frente al envejecimiento poblacional. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos.
Consenso Político: Las reformas previsionales suelen generar conflictos sociales y políticos, especialmente en un contexto de fragmentación institucional y alta litigiosidad.
Transición Gradual: El proyecto respeta los derechos adquiridos de los actuales jubilados y propone una transición progresiva para quienes están cerca de la edad de jubilación, pero su implementación requiere acuerdos con provincias y municipios.
Formalización Laboral: Con menos del 50% de la PEA cotizando al sistema previsional, la informalidad laboral sigue siendo un obstáculo para el financiamiento contributivo.
Conclusión
El proyecto de María Eugenia Vidal representa un esfuerzo ambicioso por modernizar y unificar el sistema previsional argentino, alineándolo con las realidades demográficas y económicas del siglo XXI. Al proponer un sistema de reparto solidario, con reglas claras y equitativas, el REPA busca garantizar la sostenibilidad financiera y reducir las disparidades entre regímenes.
Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de construir consensos políticos y sociales, así como de abordar los desafíos estructurales del mercado laboral argentino. La discusión parlamentaria será clave para definir el futuro de la protección social en el país.
4956-D-2025Tras la aprobación en el Senado de la ley que otorga un aumento del 7,2% y un bono móvil de $110.000 a jubilados, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la medida tendrá un costo fiscal de hasta 0,79% del PBI anualizado. También se prevén compensaciones para cajas provinciales y una mejora real del poder adquisitivo de hasta el 16%.
A una semana de la aprobación en el Senado de la ley que brinda un aumento para los jubilados, se conoció este jueves el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal de la medida.
La ley sancionada prevé un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones, incorporándolo al haber mensual y una ayuda económica previsional (bono) de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable.
Según informa la OPC, el costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,20 del PIB) para lo que queda del año y asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.
En lo que respecta al aumento del bono a $110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38% del PIB)
Además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38% del PIB).
La Oficina de Presupuesto del Congreso precisó también que sin la nueva norma, los haberes con bono perderían 1,1% del poder de compra este año y el resto tendría una recomposición real de 3,6%. Con las nuevas pautas, los primeros mejorarían su poder de compra en 16% y el resto en 11%.
Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.
La diputada de UP arremetió contra la libertaria tras discutir con residentes del Hospital Garrahan y decir que la canasta básica para 4 personas es de $360 mil: “Tienen una disociación en su cabeza respecto de lo que cuesta vivir en Argentina”.
En el inicio del debate por el sistema previsional en la sesión de Diputados de este miércoles, la diputada de UP Julia Strada arremetió contra la libertaria Juliana Santillán tras afirmar que la canasta básica para 4 personas es de $360 mil en medio de la discusión por la situación de los residentes en el Hospital Garrahan.
“Anoche en la señal de noticias TN vi a una diputada del bloque oficialista decirle a una residente del Garrahan que con 360 mil pesos se podía vivir y que se deje de quejar de su salario porque duplicaba la canasta básica”, contextualizó Strada y sumó: “Es mi obligación como diputada traer estos datos porque me asusta la distancia que tienen algunos integrantes de esta Cámara de lo que le pasa a nuestro pueblo. La disociación que tienen en su cabeza respecto de lo que cuesta vivir en Argentina”.
La diputada de UP recordó que “en abril de 2023 un residente cobraba 209 mil pesos y la canasta básica total estaba 203 mil, era una canasta. No era un gran sueldo porque la salud siempre tiene esta deuda. Hoy 794 mil pesos ganan un residente y 1.110.000 es la canasta básica total es del 0,72%, es una vergüenza lo que ocurrió anoche”.
Juliana Santillán dio la nota el martes por la noche con su debate con residentes del Garrahan en TN.
“Cómo no van a querer dar quórum LLA, el Pro, la UCR, si estamos discutiendo jubilaciones que son de 360 mil pesos. Anoche hubo una diputada libertaria que dijo que con 360 mil pesos se puede vivir y saben qué pasa, no se puede vivir con eso en el país. Un jubilado de la mínima a junio está en 304 y tienen el bono congelado en 70 mil pesos hace un año”, apuntó.
Así, explicó que son 12 artículos los del dictamen de UP, el primero es otorgar un incremento excepcional y de emergencia a todas las jubilaciones del 7,2%, una ayuda económica previsional por un monto máximo de 115 mil pesos. “Esos son los 79 mil pesos que hace un año Caputo tiene congelados, solo estamos tomando como referencia la inflación. Así un jubilado pasaría a cobrar la mínima alrededor de 430 mil pesos y ningún jubilado se va a hacer rico con este valor, es un piso muy pequeño de dignidad”, precisó Strada.
“En un contexto donde las jubilaciones están perdiendo, la oficina del Congreso dice que el bono es 0,3% del PBI o sea la mínima perdió 15 puntos con Milei y, si lo comparamos con Cristina hace 15 años, perdieron 32 puntos las jubilaciones. Te dicen que no se puede gastar 0,3% del PBI par aun bono, pero tampoco quieren moratoria, nunca le quisieron dar aumento a jubilados, no les interesa. Es sencillo el dictamen”, cerró.
En los planes de los bloques opositores hay una idea de llevar a cabo dos sesiones para abordar, también, la definición de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, la declaración de emergencia en discapacidad y varios emplazamientos vinculados a universidades y retenciones al agro.
En el marco de otro miércoles con tensión e incidentes en las afueras del Palacio Legislativo, y en el cual debía haberse desarrollado la sesión de interpelación a ministros del Poder Ejecutivo por el caso $LIBRA, la oposición decidió ir al recinto con, por ahora, los dictámenes sobre la modificación al sistema de ingreso de las personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años que exige la ley vigente. La fecha acordada entre las bancadas impulsoras del tema es el próximo miércoles 21 de mayo.
Este martes, el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda pasó a la firma más de una docena de despachos: los de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que insisten con la extensión por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo; y los de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el radicalismo y un sector del Pro, que buscan eliminar el requisito de los 30 años y la creación de una prestación que se basa en agregar una suma proporcional por años de aporte. También hay uno del oficialismo y aliados que propone la creación de una comisión para la elaboración de una reforma previsional.
Ya para entonces con la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires definida, los referentes de cada bloque en materia previsional se van a reunir el próximo lunes 19 de mayo para hacer un intento de volver a acercar los dictámenes. Según pudo saber parlamentario.com, la principal diferencia radica en la aceptación o no de la prórroga de la moratoria que propone el bloque que conduce Germán Martínez.
En principio, los diputados que oficiarán como delegados en el encuentro para deliberar sobre la redacción del texto de esta reforma previsional serán: Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Ricardo Herrera, por UP; Nicolás Massot y Alejandra Torres, del bloque Encuentro Federal; Danya Tavela o Marcela Coli por Democracia para Siempre; y por la Coalición Cívica lo hará el jefe de bancada, Juan Manuel López.
El otro tema que la oposición tiene decidido incorporar al temario para la sesión prevista en la semana próxima será la designación de las autoridades de la comisión investigadora del caso $LIBRA tras el empate de la reunión del 30 de abril. La postura de la oposición será la de llevar la resolución de la presidencia de dicha comisión a una votación nominal en el recinto.
En la única reunión llevada a cabo, el flanco del oficialismo y los aliados propuso al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe de bancada libertaria; por el flanco de la oposición, la elegida fue la diputada massista Sabrina Selva.
Si bien trascendió que la estrategia del oficialismo es plantear que la definición de la titularidad de una comisión no puede ser definida en el recinto, la oposición esgrimirá que las decisiones tomadas por el pleno del Cuerpo en sesión “tienen mayor peso" que, incluso, las decisiones del propio presidente de la Cámara de Diputados. Se sabe que esta discusión llevará mucho tiempo y que el oficialismo planteará que para avanzar sobre esa cuestión se necesitan los 2/3.
Así las cosas, los bloques que pidan esta sesión van a ocupar parte del tiempo de sus exposiciones en repudiar la ausencia de los ministros Luis Caputo, Economía, y Mariano Cúneo Libarona, Justicia, en la sesión informativa de interpelación que había sido aprobada para este miércoles 14 de mayo y que quedó sin efecto. Las criticas apuntarán contra el titular del Cuerpo, Martín Menem.
Sin elecciones en el medio, la oposición planea, también, pedir una segunda sesión con fecha tentativa para el miércoles 28 de mayo, en la cual pondría en el temario el dictamen que exige la declaración de la emergencia en discapacidad, dictaminado a fines de abril.
Es muy factible que en esa segunda cita en el recinto de la Cámara de Diputados se busque emplazar a comisiones para el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y, eventualmente, la iniciativa sobre las retenciones al sector agropecuario.
Una alta fuente legislativa confirmó a este medio que el primer pedido de sesión no será hasta el lunes próximo, a fin de esperar a que transcurran las elecciones porteñas para conocer con certeza el escenario a corto plazo, especulando con la posibilidad de que un sector del Pro pueda acompañar la reforma previsional el 21 en el recinto.
Los diputados comenzarán dentro de dos semanas a debatir en torno a una gran cantidad de proyectos que contemplan un amplio temario relacionado a los jubilados y pensionados. Esa es la pulseada que se avecina entre la oposición y el oficialismo.
Es el debate que viene, para la primera parte de este período ordinario, en un Congreso que en cualquier momento entrará en “modo electoral” y ralentizará al máximo su actividad. Lo que viene tiene que ver con la cuestión jubilatoria, un tema que ya el año pasado trajo complicaciones para el Gobierno, que terminó saldando la situación con un veto.
Ahora el debate no irá por el mismo lado, sino que tendrá que ver con un hecho clave que acaba de registrarse: la caída de la moratoria previsional. Un tema impuesto durante los gobiernos kirchneristas, que permitió a millones de personas que no habían aportado los años suficientes jubilarse. Ya la oposición más dura realizó un intento para llevar el tema al recinto, cuando al final de la tarde del miércoles pasado, con posterioridad al debate del DNU de acuerdo con el Fondo Monetario, trató de realizar una sesión que terminó siendo en minoría. Pero el dato saliente es que esa tarde reunieron 124 diputados: estuvieron a 5 de conseguirlo, lo que anticipa que más temprano que tarde eso sucederá.
La postura del Gobierno es bien conocida y se verificó este fin de semana largo, cuando los funcionarios consultados aclararon que no se renovaría la moratoria previsional. Chocolate por la noticia: ya en la Ley de Bases el Gobierno había esbozado su previsible rechazo a la continuidad de este beneficio. En el texto original de la ley más importante aprobada por el Congreso en tiempos de Javier Milei proponía la eliminación de la moratoria previsional y su reemplazo por un nuevo sistema de prestación proporcional para quienes cumplan 65 años y no cuenten con el requisito mínimo de aportes de 30 años.
El título que contenía la reforma fue aprobado en su primer paso por la Cámara de Diputados, pero el Senado lo eliminó, y como Diputados no insistió, ese capítulo quedó fuera del texto definitivo.
De ahí que una vez que el tiempo se ocupó de hacer caer la norma, no hay intenciones del Gobierno por reflotar el tema.
La oposición intentará ordenar ahora el debate y canalizarlo originalmente por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que ya convocó a una reunión el próximo 9 de abril, a partir de las 10 de la mañana en la Sala 6 del Anexo A. Para ese día se ha previsto el debate de un listado de proyectos variopinto, como se advierte a partir de la convocatoria formalizada por la presidenta de la comisión, la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning. Son una treintena de iniciativas de todos los sectores, incluido el oficialismo.
Los proyectos se dividen así, considerando la procedencia de sus autores:
UCR: Roxana Reyes, Gabriela Brouwer de Koning, Pedro Galimberti, Karina Banfi y Carla Carrizo.
UP: Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi, Gisela Marziotta y Andrea Freites.
Izquierda: Vanina Biasi, Nicolás del Caño y Myriam Bregman.
Encuentro Federal: Alejandra Torres.
Innovación Federal: Agustín Domingo y Pamela Calletti.
Coalición Cívica: Marcela Campagnoli.
Pro: Martín Maquieyra, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Damián Arabia y Silvana Giudici.
La Libertad Avanza: Alvaro Martínez, Carlos Zapata y César Treffinger.
Creo: Paula Omodeo.
Democracia para Siempre: Manuel Aguirre.
MID: Eduardo Falcone y Oscar Zago.
Hay de todo en ese temario de proyectos. Desde la prórroga de la moratoria a la eliminación de asignaciones universales; la eliminación de jubilaciones de privilegio a la pérdida del beneficio para condenados por mal desempeño de sus funciones.
La idea de la oposición es avanzar con un texto común, a sabiendas de que la otra comisión a la que tienen giro estos proyectos, Presupuesto y Hacienda, no abrirá sus puertas para este tema por deseo propio. Habrá que emplazarla y eso es lo que harán. Después, será el turno de los intentos para debatirlo en el recinto, pero para eso falta todavía un buen camino que recién está empezando.
Consideró ese debate como “una cosa de sentido común”, por cuanto la esperanza de vida aumenta y en consecuencia es necesario hacer el sistema previsional “sustentable”.
Si bien no ofreció alternativas por el tema de los haberes jubilatorios, Javier Milei se refirió puntualmente a esa cuestión aceptando que la fórmula vigente “requiere ser modificada de manera urgente”. Y en el punto 8 de lo que propone sea conocido como el Pacto de Mayo, postuló “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación”.
Sobre el tema fue consultado este sábado el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, José Luis Espert, quien fue más allá al advertir sobre la necesidad de aumentar la edad jubilatoria. “Sin duda que hay que aumentarla, es una cosa de sentido común”, señaló el legislador aliado del Gobierno a través de Radio Mitre. “¿Por qué hay que aumentarla? -continuó-. Porque si la esperanza de vida aumenta, quiere decir que uno vive cada vez más, entonces, ¿cómo hacemos para hacer sustentable un sistema previsional donde la gente vive cada vez más? Tiene que aportar un poco más y por lo tanto se jubila más tarde”.
Si bien aclaró más tarde a través de Radio Rivadavia que no tenía datos de cómo sería una reforma del sistema previsional, insistió en que el mismo está “quebrado” y atribuyó esa situación a “los dementes de Néstor y Cristina Kirchner, que jubilaron a 4 millones de personas sin todos los aportes".
Precisamente Milei en su discurso del viernes habló de “un sector previsional privado, que cuesta cada día menos ingresos en proporción a sus gastos. Y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron su responsabilidad”.
Espert habló de la necesidad de contar con “un solo régimen para todos”, en lugar de “decenas de cajas donde cada cual se jubila cuando quiere”. Recordó que en algunas actividades está reglado que haya sistemas previsionales especiales según los cuales se establece una edad mínima de retiro anticipada, exigiéndose en consecuencia “una menor cantidad de años de aportes”, mientras que los haberes son más altos.
“La libertad, la libertad. OK, está todo bien, pero después no nos quejemos si los jubilados cobran miserias. Acá la prioridad es que los jubilados no cobren miserias”, resumió Espert.
El senador radical lanzó fuertes críticas a la Ley 24.241 porque “pide por un lado tener 30 años de aportes, es una exigencia extremadamente alta”.
Al cierre de la lista de oradores en la sesión de este jueves donde se debate el proyecto de ley de plan de pago de deuda previsional, el senador nacional Martín Lousteau (UCR – CABA) se refirió a las jubilaciones de privilegio como una de las “mayores desigualdades del sistema previsional”.
En su alocución, Lousteau señaló: “Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva tres décadas de problemas. Esa Ley es la 24.241. El problema que tiene es que pide un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio”.
“Pide por un lado tener 30 años de aportes, es una exigencia extremadamente alta, se puso en el año 93’. Es un requisito tan estricto que es inclusive superior a las prácticas actuales de los países de la OCDE que tienen otra situación macroeconómica y otra situación del mercado laboral”, criticó.
En ese sentido, preguntó: “¿Cuál es el problema de ese doble requisito? que mucha gente en un mercado laboral inestable y en una economía muy inestable en la Argentina hizo aportes, pero no aportó los 30 años. De hecho, el proyecto tiene un universo al cual apunta tiene solo 7 años de aporte, pero capaz hay gente que aportó 10, 15 o 20 años y con la Ley 24.241 se quedan afuera o les toca la PUAM, pero no se le reconoce nada de los esfuerzos que hizo en su vida haciendo aportes”.
“Esa barbaridad lleva 30 años sin corregirse de manera estructural. Es la misma ley que creó otra barbaridad de las AFJP. El sistema de capitalización, particularmente para un país desigual y con vaivenes económicos, lo único que hace es reproducir y agravar las desigualdades del mercado laboral y replicarlas a la edad pasiva. Es un sistema que amplifica desigualdades”, apuntó el radical.
En tanto le enrostró al oficialismo que la ley vigente fue votada por ellos y siguió: “No solo que la votaron, sino que hacen alusiones personales como hicieron con a presidenta del Pro, les recuerdo que acá hay un miembro de la bancada oficialista que defendió publica y en la sesión la creación de las AFJP de manera pública, en los medios, informó de por qué era bueno la creación”.
“Más que medidas puntuales, parecen concepciones de la sociedad, de la economía, concepciones políticas contradictorias una con la otra. Cuando uno toca cosas tan estructurales como el sistema previsional por cuestiones coyunturales uno cae en las creaciones de las AFJP”, sumó.
En tanto, resaltó que “el problema de que no se iba a llegar a los 30 años ya se sabía de ante mano porque la ley es del 93’ y en el 95’ ya hubo una moratoria para que se pudieran acreditar o comprar años de aportes previos al año y eso sigue hoy abierto y vigente. Cuando hicieron la ley se pensaron que era una bonanza para siempre”.
“Seguimos teniendo que resolver esa inequidad de los que hacen aportes, pero después tiene la PUAM. Esta es una de las tantas desigualdades que tiene el sistema que esta balcanizado, descalibrado, que tiene un montón de desigualdades distintas como gente que en igual situación es tratado distinta y gente que en distinta situación es tratada igual. Un ejemplo perfecto de eso son las jubilaciones de privilegio”, disparó Lousteau.
Y recordó que hace dos años presentaron un proyecto de derogación de las jubilaciones de privilegio que obviamente “no se trata”. “La mayor injusticia que tiene el sistema previsional es que hay gente que después de trabajar 30 años o alcanzar la edad jubilatoria no se puede jubilar, no tiene el derecho y esta claro que lo debe tener y no solo por un tema de solidaridad, sino por un tema de justicia”, señaló.
“Tiene que haber una solución a eso, pero la manera de resolver eso es estructuralmente. Si no se corrige de forma estructural lo corregimos con parches permanentes que después, porque no sirven, necesitan otros parches. Hicimos más de una docena de moratorias antes y después de la ley”, consideró.
Y cerró: “Seguimos alimentando un sistema deficitario, desordenado, e impredecible para quienes aportan o se quieren jubilar, y hay reglas distintas para distintos grupos todo el tiempo, es la fuente de mayor inequidad que podemos tener en el principal gasto social que tiene cualquier Estado”.
Los legisladores oficialistas presentaron este viernes el proyecto de ley durante una conferencia de prensa. Aseguraron que la iniciativa tiene un 0,02% de costo fiscal y que contribuiría a "fortalecer el sistema previsional". También habrá un plan para quienes estén a 10 años de cumplir la edad para jubilarse.
Senadores del interbloque Frente de Todos presentaron este viernes un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, puedan cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes.
Durante una conferencia de prensa, que se realizó en el Salón Illia de la Cámara alta, los legisladores oficialistas aseguraron que la iniciativa representa un 0,02% de costo fiscal y que, además, contribuiría a "fortalecer el sistema previsional", a través de una moratoria especial que también habrá para mujeres y varones que estén a 10 años de cumplir los 60 y 65 años, respectivamente.
En el arranque de la conferencia, el jefe de la bancada, José Mayans, recordó el fin de las AFJP en 2008, cuando "la mínima era de 700 pesos" y "300 era lo que las AFJP le daban a los jubilados y el Estado tenía que poner más de 400 pesos para alcanzar la mínima". Sobre las distintas moratorias que se impulsaron durante los años del gobierno kirchnerista, destacó que se incorporaron a "casi 3.600.000 argentinos que estaban fueran del sistema".
"Estamos convencidos que a este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", sostuvo y enfatizó que "a mayor justicia social, mayor paz social", por eso "el Estado no se puede hacer el distraído".
Atajándose a consultas sobre si el proyecto fue consultado con el Gobierno o el ministro de Economía, Martín Guzmán, el formoseño remarcó que con la propuesta "no hay intención de confrontar con nadie, ni de arruinarle la vida a nadie", sino que se trata de "tener gestos solidarios y políticas que realmente busquen la dignidad humana". "Por supuesto es perfectible, acá nadie es dueño de la verdad y se puede mejorar", añadió.
Luego, la vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, indicó que las personas que este año y el año que viene cumplirán 60 o 65 años "han atravesado bastas crisis socioeconómicas y de mercado laboral", también "la última dictadura cívico militar; la hiperinflación del '89; y los picos de desocupación de los '90 y 2001", con lo cual "se hace muy dificultoso que puedan cumplir con el requisito de los 30 años de aportes para poder jubilarse".
La mendocina explicó que a partir de julio, cuando venza la moratoria dispuesta por la Ley 26.970 de 2014, solamente "podrían jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones".
Al reivindicar a los gobiernos K, la camporista recordó que entre 2003 y 2015 "llegamos al 95% de la cobertura en materia previsional" y en 2015, antes de entregar el gobierno, "la jubilación mínima era, en términos reales, la más alta de América Latina".
"Estamos a las puertas de tomar nuevamente una decisión muy importante para que puedan jubilarse los argentinos y las argentinas que cumplen 65 y 60 años en los próximos dos años", sumó y, en ese sentido, dijo que el proyecto "tiene que ver con una preocupación urgente que son estas 500 mil personas que este año no van a poder jubilarse".
Al ser consultada sobre si el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía, la senadora respondió: "La inclusión previsional es un compromiso que tomó este Gobierno, es parte de la agenda del Gobierno y del interbloque del Frente de Todos. Presentamos este proyecto en el Senado para que lo discutamos entre todos y todas".
"Claramente que los números los hemos consultado con la ANSeS, pero es una iniciativa del interbloque del Frente de Todos", aclaró. Y, sobre el impacto fiscal, señaló que "casi tiene un mínimo costo fiscal, es del 0,02%; es casi nulo".
A su turno, el senador Mariano Recalde, que explicó los detalles técnicos del proyecto, destacó que se trata de "permitirle a los trabajadores y trabajadoras poder regularizar su situación" y "poder ponerse al día con esos aportes que no pudieron cumplir, muchas veces por trabajar en la informalidad, muchas veces por tener períodos donde no pudieron trabajar".
"Este proyecto no tiene impacto en los jubilados que hoy están percibiendo su haber", afirmó el porteño y explicó que "el sistema previsional se robustece y mejora, y tiene más posibilidades de atender las jubilaciones si hay un país, un contexto con pleno empleo, con salarios con buen poder adquisitivo y con una tasa de empleo no registrado baja".
En esa línea, defendió que "esos son tres factores económicos que nuestro proyecto político desde el primer día apuntala y trata de fortalecer" pero "en el medio aparecen dificultades, como pandemias, guerras y deudas externas, problemas que condicionan el objetivo político que tiene nuestro Gobierno".
De acuerdo a la propuesta, las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores y trabajadoras podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.
Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023. "Es importante destacar que muchas de estas personas no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones y barreras que las mismas han acumulado a partir de 2016", indicaron en un comunicado.
Los senadores del Frente de Todos consideraron que "es una medida que recupera el valor de solidaridad intergeneracional y de previsión del sistema jubilatorio generando oportunidades para que, de manera anticipada, las personas tomen un rol activo para poder torcer positivamente un destino que, de otro modo, las deja en riesgo de atravesar situaciones de mayor vulnerabilidad en la vejez. Este proyecto, además de resolver la situación jubilatoria de una enorme cantidad de trabajadores, fortalecerá la solvencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA)".
Proy.-Ley-Plan-de-Pago-de-Deuda-Previsional.-Rev.-06-05-2022Tras la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Municipales y Comunales; y de Empleo, Previsión y Seguridad Social, se decidió la incorporación del personal de las comunas a la obra social del IOSPER.
Finalmente se llevó a cabo la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Municipales y Comunales de Empleo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja entrerriana, presididas por los diputados Leonardo Silva y Juan Manuel Huss respectivamente.
La reunión, que se realizó desde plataforma digital, contó con la integración de las diputadas y diputados Silvia Moreno, Uriel Brupbacher, José Kramer, Diego Lara, Juan Navarro, Jorge Satto, Julián Maneiro, Mariana Farfán, Eduardo Solari y Manuel Troncoso, quienes analizaron los proyectos de ley Expediente 24086 y Expediente 24049, de autoría de los diputados Navarro y Maneiro.
En un extenso análisis los legisladores hicieron aportes a los proyectos que considera la particularidad surgida luego de la creación de las comunas en la provincia a partir de la Ley 10.644 sancionada en 2019, que estableció la autonomía municipal a las comunas, centros de población de entre 400 y 1.500 habitantes, que les permite discutir sus propias normas, establecer sus propias fuentes de ingresos, elegir a sus autoridades, entre otras potestades.
El espíritu de las normas debatidas en las comisiones tiene como objetivo fundamental modificar el artículo 48º de la Ley de Régimen Comunal para permitir la incorporación del personal de las comunas a la obra social del IOSPER, al sistema de la Caja de Jubilaciones y a los beneficios de la Ley 3.011 de Seguro de Vida Solidario.
En sus fundamentos los proyectos señalan la necesidad de afiliar al personal de las comunas al Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos, en los términos del decreto Ley 5.326, Ley 5.840 y sus modificatorias, y explicita que “corresponde incorporar a la nómina de afiliados al personal político que integra el Departamento Ejecutivo y Consejo Comunal garantizando igualdad ante la ley”.
Si bien estos proyectos no invalidan la necesidad a futuro de revisar las leyes orgánicas tanto de la Caja de Jubilaciones y del IOSPER, los proyectos de manera unificada se basan en que la normativa del gobierno provincial concibe y expresamente declara a la Comuna en una persona jurídica eminentemente pública, con autonomía política, administrativa, económica y financiera (art. 4º de la Ley 10.644).
“Dada, la estrecha similitud de comuna y municipio, es razonable asimilar ambas en los términos de la Ley de Creación del IOSPER, la Caja de Jubilaciones y la Ley 3.011 y consecuentemente, corresponde incluir en el ámbito de sus afiliados a sus dependientes tal y como legalmente corresponde con las y los empleados de los municipios y demás reparticiones del Estado previstos conforme imperio del artículo 3º de la Ley 5.326 donde se establece el estatuto de la obra social”.
En este sentido diputados manifestaron que “la reciente creación de las comunas en Entre Ríos por la Constitución Provincial implica una necesaria adaptación de una parte de la legislación provincial a esta nueva figura, principalmente en su reconocimiento como gobierno local con amplias funciones y facultades”.