Si bien no ofreció alternativas por el tema de los haberes jubilatorios, Javier Milei se refirió puntualmente a esa cuestión aceptando que la fórmula vigente “requiere ser modificada de manera urgente”. Y en el punto 8 de lo que propone sea conocido como el Pacto de Mayo, postuló “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación”.

Sobre el tema fue consultado este sábado el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, José Luis Espert, quien fue más allá al advertir sobre la necesidad de aumentar la edad jubilatoria. “Sin duda que hay que aumentarla, es una cosa de sentido común”, señaló el legislador aliado del Gobierno a través de Radio Mitre. “¿Por qué hay que aumentarla? -continuó-. Porque si la esperanza de vida aumenta, quiere decir que uno vive cada vez más, entonces, ¿cómo hacemos para hacer sustentable un sistema previsional donde la gente vive cada vez más? Tiene que aportar un poco más y por lo tanto se jubila más tarde”.

Si bien aclaró más tarde a través de Radio Rivadavia que no tenía datos de cómo sería una reforma del sistema previsional, insistió en que el mismo está “quebrado” y atribuyó esa situación a “los dementes de Néstor y Cristina Kirchner, que jubilaron a 4 millones de personas sin todos los aportes".

Precisamente Milei en su discurso del viernes habló de “un sector previsional privado, que cuesta cada día menos ingresos en proporción a sus gastos. Y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron su responsabilidad”.

Espert habló de la necesidad de contar con “un solo régimen para todos”, en lugar de “decenas de cajas donde cada cual se jubila cuando quiere”. Recordó que en algunas actividades está reglado que haya sistemas previsionales especiales según los cuales se establece una edad mínima de retiro anticipada, exigiéndose en consecuencia “una menor cantidad de años de aportes”, mientras que los haberes son más altos.

“La libertad, la libertad. OK, está todo bien, pero después no nos quejemos si los jubilados cobran miserias. Acá la prioridad es que los jubilados no cobren miserias”, resumió Espert.

Al cierre de la lista de oradores en la sesión de este jueves donde se debate el proyecto de ley de plan de pago de deuda previsional, el senador nacional Martín Lousteau (UCR – CABA) se refirió a las jubilaciones de privilegio como una de las “mayores desigualdades del sistema previsional”.

En su alocución, Lousteau señaló: “Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva tres décadas de problemas. Esa Ley es la 24.241. El problema que tiene es que pide un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio”.

“Pide por un lado tener 30 años de aportes, es una exigencia extremadamente alta, se puso en el año 93’. Es un requisito tan estricto que es inclusive superior a las prácticas actuales de los países de la OCDE que tienen otra situación macroeconómica y otra situación del mercado laboral”, criticó.

En ese sentido, preguntó: “¿Cuál es el problema de ese doble requisito? que mucha gente en un mercado laboral inestable y en una economía muy inestable en la Argentina hizo aportes, pero no aportó los 30 años. De hecho, el proyecto tiene un universo al cual apunta tiene solo 7 años de aporte, pero capaz hay gente que aportó 10, 15 o 20 años y con la Ley 24.241 se quedan afuera o les toca la PUAM, pero no se le reconoce nada de los esfuerzos que hizo en su vida haciendo aportes”.

“Esa barbaridad lleva 30 años sin corregirse de manera estructural. Es la misma ley que creó otra barbaridad de las AFJP. El sistema de capitalización, particularmente para un país desigual y con vaivenes económicos, lo único que hace es reproducir y agravar las desigualdades del mercado laboral y replicarlas a la edad pasiva. Es un sistema que amplifica desigualdades”, apuntó el radical.

En tanto le enrostró al oficialismo que la ley vigente fue votada por ellos y siguió: “No solo que la votaron, sino que hacen alusiones personales como hicieron con a presidenta del Pro, les recuerdo que acá hay un miembro de la bancada oficialista que defendió publica y en la sesión la creación de las AFJP de manera pública, en los medios, informó de por qué era bueno la creación”.

“Más que medidas puntuales, parecen concepciones de la sociedad, de la economía, concepciones políticas contradictorias una con la otra. Cuando uno toca cosas tan estructurales como el sistema previsional por cuestiones coyunturales uno cae en las creaciones de las AFJP”, sumó.

En tanto, resaltó que “el problema de que no se iba a llegar a los 30 años ya se sabía de ante mano porque la ley es del 93’ y en el 95’ ya hubo una moratoria para que se pudieran acreditar o comprar años de aportes previos al año y eso sigue hoy abierto y vigente. Cuando hicieron la ley se pensaron que era una bonanza para siempre”.

“Seguimos teniendo que resolver esa inequidad de los que hacen aportes, pero después tiene la PUAM. Esta es una de las tantas desigualdades que tiene el sistema que esta balcanizado, descalibrado, que tiene un montón de desigualdades distintas como gente que en igual situación es tratado distinta y gente que en distinta situación es tratada igual. Un ejemplo perfecto de eso son las jubilaciones de privilegio”, disparó Lousteau.

Y recordó que hace dos años presentaron un proyecto de derogación de las jubilaciones de privilegio que obviamente “no se trata”. “La mayor injusticia que tiene el sistema previsional es que hay gente que después de trabajar 30 años o alcanzar la edad jubilatoria no se puede jubilar, no tiene el derecho y esta claro que lo debe tener y no solo por un tema de solidaridad, sino por un tema de justicia”, señaló.

“Tiene que haber una solución a eso, pero la manera de resolver eso es estructuralmente. Si no se corrige de forma estructural lo corregimos con parches permanentes que después, porque no sirven, necesitan otros parches. Hicimos más de una docena de moratorias antes y después de la ley”, consideró.

Y cerró: “Seguimos alimentando un sistema deficitario, desordenado, e impredecible para quienes aportan o se quieren jubilar, y hay reglas distintas para distintos grupos todo el tiempo, es la fuente de mayor inequidad que podemos tener en el principal gasto social que tiene cualquier Estado”.

Senadores del interbloque Frente de Todos presentaron este viernes un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, puedan cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes.

Durante una conferencia de prensa, que se realizó en el Salón Illia de la Cámara alta, los legisladores oficialistas aseguraron que la iniciativa representa un 0,02% de costo fiscal y que, además, contribuiría a "fortalecer el sistema previsional", a través de una moratoria especial que también habrá para mujeres y varones que estén a 10 años de cumplir los 60 y 65 años, respectivamente.

En el arranque de la conferencia, el jefe de la bancada, José Mayans, recordó el fin de las AFJP en 2008, cuando "la mínima era de 700 pesos" y "300 era lo que las AFJP le daban a los jubilados y el Estado tenía que poner más de 400 pesos para alcanzar la mínima". Sobre las distintas moratorias que se impulsaron durante los años del gobierno kirchnerista, destacó que se incorporaron a "casi 3.600.000 argentinos que estaban fueran del sistema".

"Estamos convencidos que a este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", sostuvo y enfatizó que "a mayor justicia social, mayor paz social", por eso "el Estado no se puede hacer el distraído".

Atajándose a consultas sobre si el proyecto fue consultado con el Gobierno o el ministro de Economía, Martín Guzmán, el formoseño remarcó que con la propuesta "no hay intención de confrontar con nadie, ni de arruinarle la vida a nadie", sino que se trata de "tener gestos solidarios y políticas que realmente busquen la dignidad humana". "Por supuesto es perfectible, acá nadie es dueño de la verdad y se puede mejorar", añadió.

Luego, la vicejefa del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, indicó que las personas que este año y el año que viene cumplirán 60 o 65 años "han atravesado bastas crisis socioeconómicas y de mercado laboral", también "la última dictadura cívico militar; la hiperinflación del '89; y los picos de desocupación de los '90 y 2001", con lo cual "se hace muy dificultoso que puedan cumplir con el requisito de los 30 años de aportes para poder jubilarse".

La mendocina explicó que a partir de julio, cuando venza la moratoria dispuesta por la Ley 26.970 de 2014, solamente "podrían jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones".

Al reivindicar a los gobiernos K, la camporista recordó que entre 2003 y 2015 "llegamos al 95% de la cobertura en materia previsional" y en 2015, antes de entregar el gobierno, "la jubilación mínima era, en términos reales, la más alta de América Latina".

"Estamos a las puertas de tomar nuevamente una decisión muy importante para que puedan jubilarse los argentinos y las argentinas que cumplen 65 y 60 años en los próximos dos años", sumó y, en ese sentido, dijo que el proyecto "tiene que ver con una preocupación urgente que son estas 500 mil personas que este año no van a poder jubilarse".

Al ser consultada sobre si el proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía, la senadora respondió: "La inclusión previsional es un compromiso que tomó este Gobierno, es parte de la agenda del Gobierno y del interbloque del Frente de Todos. Presentamos este proyecto en el Senado para que lo discutamos entre todos y todas".

"Claramente que los números los hemos consultado con la ANSeS, pero es una iniciativa del interbloque del Frente de Todos", aclaró. Y, sobre el impacto fiscal, señaló que "casi tiene un mínimo costo fiscal, es del 0,02%; es casi nulo".

A su turno, el senador Mariano Recalde, que explicó los detalles técnicos del proyecto, destacó que se trata de "permitirle a los trabajadores y trabajadoras poder regularizar su situación" y "poder ponerse al día con esos aportes que no pudieron cumplir, muchas veces por trabajar en la informalidad, muchas veces por tener períodos donde no pudieron trabajar".

"Este proyecto no tiene impacto en los jubilados que hoy están percibiendo su haber", afirmó el porteño y explicó que "el sistema previsional se robustece y mejora, y tiene más posibilidades de atender las jubilaciones si hay un país, un contexto con pleno empleo, con salarios con buen poder adquisitivo y con una tasa de empleo no registrado baja".

En esa línea, defendió que "esos son tres factores económicos que nuestro proyecto político desde el primer día apuntala y trata de fortalecer" pero "en el medio aparecen dificultades, como pandemias, guerras y deudas externas, problemas que condicionan el objetivo político que tiene nuestro Gobierno".

De acuerdo a la propuesta, las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores y trabajadoras podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.

Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023. "Es importante destacar que muchas de estas personas no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones y barreras que las mismas han acumulado a partir de 2016", indicaron en un comunicado.

Los senadores del Frente de Todos consideraron que "es una medida que recupera el valor de solidaridad intergeneracional y de previsión del sistema jubilatorio generando oportunidades para que, de manera anticipada, las personas tomen un rol activo para poder torcer positivamente un destino que, de otro modo, las deja en riesgo de atravesar situaciones de mayor vulnerabilidad en la vejez. Este proyecto, además de resolver la situación jubilatoria de una enorme cantidad de trabajadores, fortalecerá la solvencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA)".

Proy.-Ley-Plan-de-Pago-de-Deuda-Previsional.-Rev.-06-05-2022

Finalmente se llevó a cabo la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Municipales y Comunales de Empleo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja entrerriana, presididas por los diputados Leonardo Silva y Juan Manuel Huss respectivamente. 

La reunión, que se realizó desde plataforma digital, contó con la integración de las diputadas y diputados Silvia Moreno, Uriel Brupbacher, José Kramer, Diego Lara, Juan Navarro, Jorge Satto, Julián Maneiro, Mariana Farfán, Eduardo Solari y Manuel Troncoso, quienes analizaron los proyectos de ley Expediente 24086 y Expediente 24049, de autoría de los diputados Navarro y Maneiro. 

En un extenso análisis los legisladores hicieron aportes a los proyectos que considera la particularidad surgida luego de la creación de las comunas en la provincia a partir de la Ley 10.644 sancionada en 2019, que estableció la autonomía municipal a las comunas, centros de población de entre 400 y 1.500 habitantes, que les permite discutir sus propias normas, establecer sus propias fuentes de ingresos, elegir a sus autoridades, entre otras potestades.

El espíritu de las normas debatidas en las comisiones tiene como objetivo fundamental modificar el artículo 48º de la Ley de Régimen Comunal para permitir la incorporación del personal de las comunas a la obra social del IOSPER, al sistema de la Caja de Jubilaciones y a los beneficios de la Ley 3.011 de Seguro de Vida Solidario.

En sus fundamentos los proyectos señalan la necesidad de afiliar al personal de las comunas al Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos, en los términos del decreto Ley 5.326, Ley 5.840 y sus modificatorias, y explicita que “corresponde incorporar a la nómina de afiliados al personal político que integra el Departamento Ejecutivo y Consejo Comunal garantizando igualdad ante la ley”.

Si bien estos proyectos no invalidan la necesidad a futuro de revisar las leyes orgánicas tanto de la Caja de Jubilaciones y del IOSPER, los proyectos de manera unificada se basan en que la normativa del gobierno provincial concibe y expresamente declara a la Comuna en una persona jurídica eminentemente pública, con autonomía política, administrativa, económica y financiera (art. 4º de la Ley 10.644).  

“Dada, la estrecha similitud de comuna y municipio, es razonable asimilar ambas en los términos de la Ley de Creación del IOSPER, la Caja de Jubilaciones y la Ley 3.011 y consecuentemente, corresponde incluir en el ámbito de sus afiliados a sus dependientes tal y como legalmente corresponde con las y los empleados de los municipios y demás reparticiones del Estado previstos conforme imperio del artículo 3º de la Ley 5.326 donde se establece el estatuto de la obra social”.

En este sentido diputados manifestaron que “la reciente creación de las comunas en Entre Ríos por la Constitución Provincial implica una necesaria adaptación de una parte de la legislación provincial a esta nueva figura, principalmente en su reconocimiento como gobierno local con amplias funciones y facultades”.