El fiscal de Resistencia acusa a la diputada radical de haber firmado un convenio con sobreprecios cuando era secretaria de Asuntos Municipales de la gestión de Cambiemos.
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió el envío a juicio oral y público de la diputada nacional Aída Ayala (UCR), quien es acusada de haber firmado un convenio con sobreprecios con un municipio de Chaco para la compra de herramientas y maquinarias.
Según reveló el portal Infobae, Sabadini pidió el envío a juicio de Ayala y otros tres acusados, todos procesados por supuesto fraude a la administración pública, y ahora la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, deberá resolver sobre el planteo.
De acuerdo con la acusación, Ayala firmó en 2016 –cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri- un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos.
En el convenio, informó el portal citado, la compra con sobreprecios fue direccionada a una empresa que ya había sido favorecida, “Service Hogar”, mediante la intervención de dos exfuncionarios de Ayala en Resistencia, Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte.
El fiscal Sabadini consideró que Ayala “omitió deliberadamente todo tipo de control de precios de las herramientas y maquinarias adquiridas, continuando el trámite normal y aprobando posteriormente la rendición de cuentas”.
En el fallo citado por el mencionado portal, Sabadini agregó que se gastaron “casi un millón de pesos, siendo que ha podido comprobarse que la adquisición de tales elementos se podría haber realizado por mucho menos que lo que se abonó finalmente”.
En 2018, la jueza Niremperger pidió el desafuero de Ayala en otra causa, donde la diputada está procesada por presunto lavado de dinero y otros delitos por haber beneficiado a la empresa “PIMP S.A.” con la recolección de residuos en Resistencia durante su gestión como intendenta.
Si bien Ayala hizo su descargo en Diputados, el pedido de desafuero nunca avanzó y finalmente quedó sin efecto en 2019 cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó el pedido de detención.
La Legislatura porteña rechazó -durante la sesión ordinaria de este jueves- un pedido para que el jefe de Gabinete se presente ante la Comisión de Salud para brindar información sobre la adquisición de esos insumos médicos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, el oficialismo porteño bloqueó un proyecto de resolución que había impulsado el diputado del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, a través del cual buscaba interpelar al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, por las compras de barbijos -por tres mil pesos la unidad- a la empresa Green Salud y el alquiler del hotel BA Central a través de la empresa administradora Midas Hotel Management.
La medida obtuvo 22 votos positivos de los bloques Frente de Todos, GEN, FIT, PTS, PO, Consenso Federal y AyL; y 37 negativos de los bloques Vamos Juntos, UCR-Ev y Partido Socialista.
En el texto rechazado sobre tablas, el trotskista explicaba que “la compra de barbijos y el alquiler del hotel revelaron, no solamente, irregularidades por sobreprecios sino un entramado de relaciones entre empresarios y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad para la adjudicación de compras y contrataciones que deben ser esclarecidas”.
“Las renuncias del subsecretario de Administración de Salud, Nicolás Montovio y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Gonzalo Robredo no subsanan la situación: son hechos graves de los que se debe llegar al fondo de la cuestión”, indicaba y reclamaba que “el jefe de Gabinete se presente ante la Legislatura para esclarecer los hechos, las posibles responsabilidades de funcionarios en los delitos de cohecho y tráfico de influencias; la oposición debe pronunciarse sobre este punto”.
El pedido de informes por los sobreprecios
Si bien la Casa rechazó el pedido de citación para el funcionario, aprobó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad brinde precisiones acerca de la compra de barbijos a tres mil pesos la unidad a la empresa Green Salud. La medida había sido impulsada por los legisladores del Frente de Todos (FdT), PO, Frente de Izquierda (FIT), GEN y Consenso Federal (CF).
De esta manera, los legisladores exigieron -entre otras cuestiones- que den información sobre las licitaciones y compras directas que el Gobierno de la Ciudad realizó, en las que participó la empresa Green Salud; así como también el detalle de los criterios utilizados para la adquisición del material sanitario con sobreprecios; y, las características técnicas de los barbijos 3M adquiridos.
Al respecto de la medida, Sergio Abrevaya (GEN) manifestó que “este ha sido un tema polémico, queremos que venga Felipe Miguel a dar explicaciones” e indicó que “en este tiempo que le hemos dado grandes poderes al Poder Ejecutivo, necesitamos saber cómo se están invirtiendo los recursos”.
Asimismo Myriam Bregman (PTS) consideró que “es escandaloso lo que ocurrió con los barbijos, su precio y que encima estén vacíos. Es un gran momento para poner la mirada en las contrataciones del Estado, todo el tiempo aparecen causas y en este contexto de pandemia, que se estén haciendo negocios con los barbijos es ofensivo” y remarcó que “necesitamos que vengan a dar las explicaciones y que se investigue a los responsables de que esto suceda”.
En tanto el trotskista Gabriel Solano (PO) afirmó que “acá hay que investigar a los funcionarios, necesitamos saber porque compraron barbijos con sobreprecios y vencidos; si alguien usaba esos barbijos se podía contagiar” y aseveró que “ante tanta inoperancia, la crisis nos obliga a tener mayor control”.
En tanto el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, explicó que “desde ya nosotros no estamos ocultando nada, por eso estamos votando afirmativamente el pedido de informes sobre los barbijos. El Ejecutivo deberá dar las explicaciones pertinentes y se han apartado del cargo a algunos funcionarios” y adelantó que “el jefe de Gabinete ha venido a esta casa a dar explicaciones, este año adelantará su presentación y lo hará el 1 de junio”.
Más allá del anuncio presidencial de que se frenó la operación, diputados de JxC reclaman explicaciones información precisa y detallada respecto a los procedimientos que han dado lugar a las contrataciones referidas
Legisladoras nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional información respecto a determinadas contrataciones de emergencia que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de las medidas adoptadas por el Covid-19. “Notamos que en muchos casos superan los precios de comercialización”, señalaron.
El pedido, presentado a través de un proyecto de resolución por las diputadas Mercedes Joury, María Luján Rey, Adriana Cáceres y Victoria Morales Gorleri, apunta directamente a irregularidad en los precios.
Como ya se sabe, mediante la emergencia pública sanitaria establecida y en el marco de la pandemia por COVID-19, el Gobierno nacional fue facultado para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
En ese contexto, el Ministerio de Desarrollo Social ha promovido la compra de ciertos productos, con el fin de abastecer de manera inmediata las urgencias producidas como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado. “Hemos advertido que los precios a los que se han adjudicado las contrataciones exceden los precios máximos minoristas establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo”, sostuvo la diputada Mercedes Joury.
A modo de ejemplo, mencionó que en la página web habilitada por el gobierno (https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/), “el paquete de fideos de sémola de 500 gramos tiene un precio máximo de $54, mientras que en las mencionadas contrataciones se aprueba la compra del mismo producto por precios desde $84 a $85,76”.
“Pedimos al Poder Ejecutivo que remita información precisa y detallada respecto a los procedimientos que han dado lugar a las contrataciones referidas. El único objetivo de este pedido es el de resguardar los recursos estatales”, expresó por su parte María Luján Rey.
El duro diagnóstico de la diputada Graciela Ocaña por el pago de 270 millones de pesos de más en concepto de alimentos.
La diputada nacional Graciela Ocaña advirtió que el Gobierno pagó 270 millones de pesos por demás en la compra de bienes para atender la emergencia provocada por la pandemia del Coronavirus.
En ese sentido, Ocaña advirtió que “ya sea por incompetencia o por los retornos que podrían explicar estos absurdos procesos de compra, el Gobierno actual demuestra tener un manejo dudoso de los procesos administrativos y más preocupante es que esto pase en medio de una pandemia global dejando en ridículo al presidente Fernández”.
La legisladora nacional señaló que “el Gobierno por un lado establece una política de control de precios en los mercados de cercanía, mientras que por el otro, tiene un ministro de Desarrollo Social que compra productos básicos destinados a comedores y merenderos pagando sobreprecios”.
A través de un pedido de informes al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, Ocaña dijo que “el Estado abonó más de 270 millones de pesos que podría haberse ahorrado, en un contexto en el que ese dinero resulta vital para adquirir otros insumos críticos que precisa el sistema sanitario, como es el caso, por ejemplo, de los reactivos”.
“Si sumamos el total de las 7 licitaciones, llegamos a la suma de $737.548.400. Si el ministro Arroyo hubiese exigido a los proveedores que le ofertaran precios enmarcados dentro del acuerdo de Precios Cuidados, se hubiera ahorrado un total de $276.338.400”, indicó en la presentación.
La diputada alertó que “el propio Estado aconseja a la ciudadanía que denuncie el abuso de precios, pero cuando debe realizar compras con el dinero de todos los argentinos permite estos abusos” y agregó que “resulta extraño que el mismo Estado compre a valores significativamente más altos, teniendo una capacidad de compra mayor que cualquier ciudadano”.
Al respecto, apuntó que “esta situación nos hace concluir que si el propio Estado no puede hacer valer sus precios máximos, los ciudadanos comunes están en una situación de completa indefensión y vulnerabilidad”.
En el escrito, la legisladora nacional de Juntos por el Cambio indica que entre las empresas que resultaron adjudicatarias, se encuentran casos llamativos de contratación como es el caso “de la empresa Forain S.A., ya que la misma figura inscripta en la categoría de ‘Actividades de servicios administrativos y de apoyo’ teniendo como actividad principal el ‘Servicio de limpieza general de edificios”.
Ocaña agregó también que “llama la atención cómo esta empresa pueda ser proveedora del Estado en esta crisis sanitaria y social, porque nada tiene que ver su actividad con la solicitada en los procesos de compra por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.
Asimismo, sostuvo en la presentación que “hemos verificado que la empresa Sol Ganadera S.R.L., registra impagos sus aportes patronales como empleador. Resulta incomprensible que una entidad que incumple con sus obligaciones con el propio Estado pueda ser favorecida en este caso”.
Además expresó que “hemos verificado que los precios que se pagaron están hasta un 37 por ciento por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría”.
En tanto, añadió a modo de ejemplo que “el kilo de azúcar marca “La muñeca” se ha comprado a 75 pesos cuando el precio máximo fijado es de 56 pesos de la marca “Chango” o “Domino”, existiendo en el mercado precios aún más bajos que el precio máximo como el azúcar marca “Dominó” a 50 pesos”.
