Más de 24 entidades que representan a 650.000 pymes, bancos, bolsas y fintech advierten sobre el impacto del artículo 10 del proyecto de ley previsional. Temen que la modificación desfinancie al sistema y afecte el empleo y la producción.
Una red transversal de cámaras empresarias, entidades financieras, mercados de valores y asociaciones gremiales salió en bloque a respaldar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), ante la preocupación por los efectos del artículo 10 incluido en el proyecto de ley de Jubilaciones y Pensiones aprobado el 10 de julio en el Congreso.
El texto, que modifica el tratamiento fiscal de los aportes al sistema, fue cuestionado por al menos 24 instituciones de peso que agrupan a más de 3.700 cámaras empresarias con representación de 650.000 pequeñas y medianas empresas (PyMEs), 30 bancos públicos y privados, las principales bolsas del país y más de 300 firmas fintech.
Desde CAME hasta la UIA, pasando por el Banco Nación, BYMA, las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba, y la Cámara Argentina Fintech, todas las organizaciones coincidieron en señalar que la medida amenaza con “desarticular” un esquema que desde hace casi tres décadas facilita el acceso al crédito de miles de empresas.
“El sostenimiento y fortalecimiento del régimen de SGR es esencial para impulsar el desarrollo económico, sostener el trabajo argentino y dinamizar las economías locales”, advirtió FECOBA. Para la UIA, “por cada peso que sacara un socio protector de las SGR, habría casi tres pesos menos de aval para que una Pyme pueda financiarse”. CAME, por su parte, calificó al cambio impositivo como “un golpe a uno de los instrumentos más inclusivos y federales del financiamiento productivo”.
El impacto sería severo: las SGR actualmente avalan uno de cada tres préstamos PyME, y garantizan el 35% del stock de financiamiento bancario destinado al sector. Más del 70% de sus certificados de garantía se otorgan a micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales están excluidas del crédito tradicional. El volumen total respaldado asciende a $3,8 billones, equivalente al 0,5% del PBI.
En su conjunto, las PyMEs beneficiarias del sistema generan más de 510.000 empleos y exportan por más de USD 1.500 millones anuales. Solo en el mercado de capitales, las SGR respaldan el 40% de los cheques de pago diferido.
“El artículo 10, tal como fue aprobado, implica en los hechos desarticular el sistema”, alertó Pablo Pereyra, vicepresidente de CASFOG, entidad que nuclea a todas las SGR del país. “Desde que se conoció la propuesta, el acompañamiento unánime de todos los sectores demuestra el consenso que existe sobre la importancia de este instrumento para la producción nacional”.
La modificación fue impulsada con el argumento de reducir el “costo fiscal”, estimado en apenas el 0,027% del PBI. Sin embargo, sus críticos afirman que se trata de un gasto ficticio, ya que las SGR no reciben recursos del Estado y su efecto en la recaudación es positivo gracias al estímulo a la inversión, el empleo y la formalización del crédito.
Frente al posible avance del artículo en el Senado, las entidades firmantes pidieron revisar el punto para evitar un retroceso en el financiamiento PyME. Advirtieron que la eliminación de incentivos fiscales desincentivaría el ingreso de socios protectores, clave para sostener la operatoria del sistema.
“Estamos ante un esquema público-privado probado y eficiente. Desmantelarlo no solo afectará a las PyMEs, sino a toda la cadena productiva nacional”, concluyeron desde el sector.