A través del decreto de necesidad y urgencia 553/24, el Gobierno nacional extendió el plazo para que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformen en sociedades anónimas, medida que se había dispuesto por medio del mega DNU 70/23.

La medida prorroga por 180 días el tiempo que estaba previsto en el artículo 51 del DNU 70/23, por el cual el Poder Ejecutivo modificó más de 300 leyes. Se trata del decreto que fue rechazado en el Senado, pero continúa vigente, pues no fue tratado todavía en la Cámara de Diputados.

En los considerandos del DNU 553/24, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno argumentó que durante el primer período de 180 días, “se ha tomado conocimiento del grave estado administrativo de las referidas organizaciones, las que, en su gran mayoría, no contaban con un análisis actualizado de su situación patrimonial y, en ciertos casos, con los instrumentos societarios actualizados inscriptos ante el Registro Público de Comercio correspondiente”.

“Con el fin de dar un adecuado cumplimiento a lo previsto en el artículo 48 del Decreto N° 70/23, resulta necesario contar con el tiempo suficiente para concretar lo previsto en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias”, se agregó.

Y, al justificar el uso de DNU, se sostuvo en los fundamentos que “independientemente de los esfuerzos por adecuar las estructuras societarias, la gravedad de la situación descripta torna insuficiente el plazo previsto en el artículo 51 del Decreto N° 70/23”.

La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó una iniciativa que propone la modificación de las Leyes 19.550 y 20.705, con el objetivo de lograr un mayor ingreso de las mujeres en las Sociedades del Estado y en las Sociedades Anónimas con participación estatal.

Mediante este proyecto de ley, la correntina sigue en su línea de trabajo sobre propuestas orientadas en la defensa y la educación hacia la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.

El texto prevé “establecer que ningún género pueda superar los 2/3 de los integrantes de los directorios”, explicó la legisladora macrista, que agregó: “Queremos que la ley tenga un plazo de vigencia de 15 años, para que la medida sea transitoria y en ese tiempo produzca el cambio cultural que busca la sociedad y se logre la inclusión de las mujeres en los cargos directivos; y luego se siga haciendo, pero ya no por obligación legal, sino por un cambio de mentalidad social”.

En los fundamentos de la iniciativa, Brambilla indicó que “en los últimos años la sociedad a nivel global, y especialmente la sociedad argentina, han empezado un cambio sociocultural que busca garantizar el acceso a la mujer a los espacios que por tanto tiempo le ha sido negado. Por ello, organismos internacionales, Estados y actores sociales han promovido e instrumentado recomendaciones, convenios y políticas específicas a fin de generar conciencia e impulsar mecanismos tendientes a derribar los obstáculos y las barreras existentes en las relaciones de género”.

Y señaló que “actualmente más del 90% de los cargos directivos de las sociedades del Estado son ocupados por varones, y por mujeres en un 10% aproximadamente. La desigualdad en el acceso a los cargos directivos es evidente agregando que ninguna de todas ellas está presidida por una mujer”.