En el marco del XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial en Mercedes, la legisladora bonaerense por el Frente Renovador e integrante del bloque oficialista de UP Sofía Vannelli expuso sobre las distintas reformas legislativas actuales del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, junto a más de 500 referentes judiciales.

En dicho ámbito, la legisladora señaló: "repasamos las iniciativas en tratamiento de legisladores de distintas extracciones políticas que buscan optimizar los concursos, repensar las instancias de evaluación de postulantes, garantizar la paridad de género y dotar de mayor transparencia y dinamismo al proceso de selección de magistrados en la provincia”.

En esa línea, agregó: “Es fundamental fomentar estos espacios de intercambio y seguir construyendo herramientas legislativas que fortalezcan nuestra justicia”.

Al profundizar sobre el debate parlamentario y la labor de la Suprema Corte bonaerense, en momentos donde el Ministerio de Justicia anunciaba que se prepara el envío de 200 pliegos de funcionarios judiciales al Senado, Vannelli se refirió a la designación de los integrantes del máximo tribunal bonaerense y advirtió: "Considerando que pasó tanto tiempo y que no se impulsó ninguna gestión, sería más conveniente que la terna la eleve el próximo gobernador o gobernadora".

En esa misma línea, agregó que "Axel Kicillof ya está concluyendo su segundo mandato".

En cuanto a la situación del Consejo de la Magistratura, la legisladora del Frente Renovador indicó que "hoy contamos con un panorama general de nueve proyectos de ley activos en ambas cámaras, de distintas extracciones políticas, agrupables en cuatro ejes temáticos esenciales: la evaluación y ritmo de convocatorias, la composición estamental, el funcionamiento de suplentes, y la paridad”.

Además, remarcó que “en materia de exámenes, atravesamos la tensión central entre la mora del Consejo, que registra 360 vacantes frente a 17.040 exámenes tomados, que a pesar de los grandes esfuerzos realizados en la labor del actual Consejo pareciera no registrar la misma sinergia por parte del Gobernador en el envío al Senado de todas las designaciones trabajadas que incluyen fiscalías, defensorías, primera y segunda instancia, y superan ampliamente el número anunciado”.

Señaló que “conviven iniciativas como el proyecto que reintroduce la evaluación oral videofilmada con Escuela Judicial previa, y propuestas que consolidan el examen escrito anónimo e incorporan un perfil psicológico-psiquiátrico obligatorio".

Por otro lado, la diputada Vannelli, que también tuvo su tránsito por el Senado provincial, explicó que existen propuestas controversiales para reducir de 18 a 15 los integrantes del Consejo, con el objetivo de evitar el predominio del estamento político sobre los técnicos.

A su vez, destacó que, entre otros, se destaca un “proyecto que establece causales taxativas de reemplazo para impedir la participación simultánea de titulares y suplentes, de modo que estos últimos intervengan únicamente en caso de sustitución”.

Finalmente, en relación con los derechos de género y el fortalecimiento de la transparencia, la legisladora bonaerense declaró que  en relación "a la paridad y compensación, destacamos iniciativas originadas en el Senado que establecen un Consejo con paridad obligatoria de 18 miembros disponiendo que las vacantes se cubran exclusivamente con mujeres hasta alcanzarla, así como la fijación de un piso de compensación equitativo”.

Y para termina la actual diputada que integra el bloque de UP consideró que “resulta clave avanzar en atribuciones institucionales entendiendo que no se discute si reformar el Consejo, sino cómo equilibrarlo, mejorar su eficiencia operativa y ampliar las garantías del proceso de selección dentro del marco constitucional”.

Tras el desarrollo de una reunión en la Cámara de Diputados donde diputados, jueces y especialistas analizaron cómo la deuda cotidiana afecta a miles de hogares, la diputada de UP Sofía Vannelli difundió el proyecto de ley presentado.

La legisladora provincial presentó un proyecto para modificar la Ley de Consumidores con el objetivo de “proteger y ayudar a las familias que están sobreendeudadas”.

Luego, en diálogo con la Radio Pública de la provincia, por AM 1270, comentó que la iniciativa plantea dos vías y detalló “una instancia administrativa, para los consumidores que tuvieron situaciones de persecución extrajudicial, como llamados fuera de horario y hostigamiento en el trabajo”.

En segunda instancia, desde el plano jurídico “les permitiría plantear el cese de esos hostigamientos y empezar a enfrentar a esos acreedores crediticios y regularizar la situación; hemos visto situaciones trágicas de gente agobiada por esta realidad que ha perdido la vida”.

Seguido, la diputada que integra el bloque de UP agregó que “la mora es muy alta, representa el 76% de los casos y la gente se endeuda a futuro”.

Además, sostuvo que se están cobrando “tasas usurarias” y los “estudios jurídicos empiezan a hostigar a las familias”. En ese marco “lo que buscamos es ordenar esos pasivos, pero con reglas claras”, especificó.

Vannelli insistió “queremos que los costos financieros queden recontra claros, que sea un consentimiento informado, que el capital y los intereses estén detallados, que se interprete cuál es el mínimo vital que esa familia necesita para poder sostenerse y la afectación que tiene ese crédito en su vida”.

“Los medios digitales esconden la letra chica generando un enriquecimiento exorbitante”, continuó, “y eso tiene que ver con un modelo nacional que promueve Javier Milei que desreguló los topes y quitó la participación del Estado, permitiendo la proliferación de las billeteras virtuales”.

Por último, la diputada Vannelli desestimó la posibilidad de que el proyecto sea tratado este jueves en Diputados y consideró que “debe tener un trabajo en comisión porque realmente es un tema muy profundo y necesita consensos”.

La diputada provincial de Unión por la Patria Sofía Vannelli presentó un proyecto de Ley para crear la Agencia de Administración de Bienes del Estado con el objetivo de centralizar la información, administración y control de los inmuebles y bienes muebles registrables que integran el patrimonio provincial.

La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes del Estado, que deberá concentrar la información sobre las propiedades provinciales, su ubicación, condiciones de uso y destino.

Según explicó Vannelli en los fundamentos, el proyecto busca contribuir a una “mejor administración, inventario, registración y defensa de los bienes del Estado Provincial”.

En ese sentido, la legisladora cuestionó la actual dispersión normativa y administrativa “existe una importante cantidad de inmuebles subutilizados en distintas jurisdicciones, lo que dificulta una gestión integral del patrimonio estatal”.

La dispersión de la información sobre los bienes estatales puede contribuir a que sean “mal administrados, usurpados, desviados de sus fines o simplemente ignorados” agregó.

La Agencia funcionaría como organismo descentralizado dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, con autarquía económica financiera y personería jurídica propia.

Entre sus funciones se encontrarían la coordinación de la actividad inmobiliaria provincial, la fiscalización de los inmuebles asignados a organismos públicos y la intervención en operaciones de adquisición, enajenación, locación, asignación o transferencia de uso.

Además, al crearse en ente autárquico podría conceder el uso precario y gratuito de propiedades estatales sin destino útil a organismos públicos o instituciones privadas legalmente constituidas para el desarrollo de actividades de interés general.

La propuesta también establece un servicio de auditoría de bienes inmuebles, encargado de relevar el estado de mantenimiento, ocupación, custodia y conservación de las propiedades provinciales.

El proyecto también prevé que los ingresos obtenidos por la venta, locación o transferencia de uso de los inmuebles se distribuyan en un 70% para la jurisdicción que tenga la custodia efectiva del bien y en un 30% para el Tesoro provincial.

Organizado por la senadora de UP Sofía Vanelli en colaboración con el diputado de UP Juan Martín Malpeli, el panel contó con la participación de ambos legisladores más la del biotecnólogo Gerónimo Batista Bucher y el empresario Martín Jersonsky, fundador y gerente general de Ecofactory.

Los plásticos de un solo uso son productos diseñados para ser utilizados una sola vez y luego ser desechados o reciclados, como bolsas, envases de comida o botellas.

Los residuos que generan representan un problema que requiere un abordaje urgente y, en ese sentido, la senadora Vanelli instó a reinstalar el tema en la agenda legislativa.

"Esto ojalá llegue a generar la atención política que necesitamos para que se consolide en una ley”, dijo la senadora massista mientras agregó que “hay que abrazar estas iniciativas, aunque parezcan al principio difíciles de transitar”.

E insistió que “hay que animarse a poner las buenas experiencias en valor y entender también cuando son los momentos para empujarlas".

Según la legisladora es la experiencia de ambos invitados las que permiten ser optimistas al respecto, al señalar que "en Argentina estamos en condiciones de hacer (esta transformación) a escala", aseguró.

Es que tanto la labor de Batista Bucher, un biotecnólogo de la Universidad de San Martín impulsor de la iniciativa #argentinanodescarta y creador de Sorui -unas máquinas que generan vasos biodegrables a partir de algas-; como la de Jersonsky, dueño de una pyme que fabrica bolsas compostables de bioplástico, permiten vislumbrar soluciones posibles a un problema que no sólo tiene un impacto en el ambiente sino también en la salud de las personas.

Ambos especialistas aportaron datos sobre el volumen e impacto de la utilización de estos productos, analizaron aspectos de la legislación vigente y plantearon líneas de acción posibles.

Si bien en la provincia existe actualmente una ley que prohíbe las bolsas plásticas, los participantes señalaron más allá de la importancia de su sanción, problemas en su reglamentación y falta de una actualización acorde a los avances tecnológicos, entre los que se encuentran sus propios desarrollos.

En ese sentido fue el diputado Malpeli quien señaló que, si bien se presentaron numerosas iniciativas de diputados de diversos bloques en los últimos años "lamentablemente la mayoría ni siquiera obtuvo dictamen de la primera comisión, en general de Ambiente".

Ponderó por eso el aporte de los invitados "y espero que estas caras de preocupados con las que quedamos tras escucharlos se puedan transformar en trabajo, por eso es importante que podamos conversar sobre este problema, para en primer lugar entenderlo porque si no es muy difícil abordarlo, transmitirlo y más aún convertirnos en militantes de una causa. Queda claro que es primordial una ley provincial que busque equilibrios y logre que todos los municipios estén en sintonía", concluyó.