Es dolorosa la situación de aquellos familiares que se encuentran a miles de kilómetros de sus seres queridos que están en una instancia terminal y, además de tener que emprender viajes que duran días enteros, tengan que lidiar con la burocracia y la falta de empatía.

Solange Musse tenía 35 años y un cáncer terminal. Estaba junto a su mamá en Córdoba por el tratamiento que realizaba. Su papá Pablo solicitó todos los permisos para viajar desde Neuquén, se realizó un test y emprendió viaje. Y en Córdoba no lo dejaron entrar. No le permitieron darle un último abrazo a su hija que, días después, falleció.

Hoy Victoria, quien vive en Tierra del Fuego, está solicitando por onceava vez que la dejen entrar a San Luis para despedirse de su papá que está en una instancia terminal de un cáncer.

Por eso, presenté un proyecto en el que los diputados solicitamos al Poder Ejecutivo la creación de un protocolo sanitario y humanitario para autorizar a aquellos familiares consanguíneos y cónyuges de pacientes terminales el poder tener una despedida digna de sus seres queridos. Asimismo, se pide a los gobernadores autorizar el ingreso a sus provincias por cuestiones de salud familiar.

Que no se repita la historia.

Por José Angel Di Mauro

El país se vio conmovido por el caso de Solange Musse, la joven enferma de cáncer que murió el viernes en Córdoba sin poder ver a su padre, al que habían hecho volver a Neuquén luego de que en un control sanitario de Huinca Renancó resultaron “dudosos” dos controles rápidos de Covid-19.

Pero ese caso que tuvo tamaña repercusión, no es una excepción. Por el contrario, los casos se multiplican a lo largo y ancho del país, y no porque no trasciendan públicamente son menos dramáticos e incomprensibles. Este cronista supo de la odisea de una persona de 90 años que vivía en San Clemente de Tuyú. El hombre podía valerse solo y cuando comenzó la cuarentena, con su familia -que vive en el AMBA- coincidieron en que sería mejor que se quedara allá. El problema fue cuando comenzó a tener dolores estomacales y en el hospital de esa localidad del Partido de la Costa le encomendaron unos estudios que debía hacerse en Mar de Ajó: cuando intentó salir de San Clemente la policía no se lo permitió. Ni esa vez, ni cuando se dañó su audífono y necesitaba ir a Mar de Ajó para arreglarlo. Así es que desde marzo estuvo casi sin atención médica y sin audífono, con una sordera muy profunda. No obstante los pedidos de su familia, prefirió quedarse allí. Y como en esa zona hay muy pocos casos de coronavirus, coincidieron en que podía ser lo mejor.

Cuando la situación se agravó, el hombre volvió al hospital y le dieron cinco órdenes médicas, mas nuevamente no lo dejaron salir de San Clemente; al no aguantar más pidió a su familia que lo fueran a buscar. Viajó entonces un hijo, munido de todos los permisos necesarios. Pero al llegar al control policial de Lavalle, no le permitieron entrar al Partido de la Costa. Tras varias horas de discusiones, llamados telefónicos desde Buenos Aires y una febril búsqueda de contactos, consiguieron que alguien lograra conseguirle “un permiso de una hora” para ir a buscar al anciano, cargarlo en el auto y abandonar esa localidad. Esto sucedió hace dos semanas. Al llegar a Buenos Aires, los estudios que finalmente le hicieron determinaron que tiene un cáncer muy avanzado y lo más probable es que deje este mundo antes de que concluya la cuarentena, que como se ve existe, aunque el Presidente haya proclamado hace diez días que ya no está vigente.

Contra esa cuarentena se revelaron muchos de los que salieron a protestar el #17A. La movilización tuvo tal envergadura que llevó a los sectores más duros de Juntos por el Cambio a tratar de “tibios” a los que no se jueguen en estas circunstancias. Un error de quienes si tan solo pensaran en que hasta hace pocos meses tenían responsabilidades ejecutivas, serían más cautos con los que siguen teniéndolas y deben hacer un equilibrio extremo en tiempos de pandemia.

Primó la cordura en el zoom realizado el martes 18, en el que se lo vio muy activo el expresidente Mauricio Macri desde Suiza, mientras que Horacio Rodríguez Larreta se retiró enseguida, argumentando actividades impostergables. Los moderados impusieron la decisión de no emitir ningún comunicado refiriéndose a la movilización del día anterior. Macri se pronunció directamente a través de un breve tuit en el que se manifestó orgulloso de quienes salieron a decirle “basta al miedo y al atropello”. Elisa Carrió, que no participa de esas reuniones, volvió a demostrar que es más sensata de lo que muchos piensan. Advirtió que nadie debía “arrogarse o sacar ventaja” de la movilización. Luego mandó un mensaje a la conducción del espacio, al pedir no “radicalizarse”, pues hacerlo será ser “funcional a la radicalización de Cristina”.

De buena relación con ambos extremos, en este caso el “duro” Mauricio Macri y el “moderado” Rodríguez Larreta, Lilita hace gala de sus dotes de estratega cuando las papas queman.

En el oficialismo, en tanto, la reacción fue más dura de lo esperada. Comenzando por el Presidente, que desafiante advirtió “a los que gritan” que no los van “a doblegar”. Y fue más lejos al afirmar que “los que gritan suelen no tener razón”, arrogándose para sí mismo “la verdad”. Peor fue la reacción bonaerense. Con el jefe de Gabinete Carlos Bianco, que tildó a la marcha como “antiperonista, irresponsable y temeraria”, usando términos tales como “neonazis, antivacunas, libertarios, terraplanistas” y hasta se mofó de Luis Brandoni al que se refirió como “gente que termina su carrera política abrazada a un flota-flota”. Su jefe Axel Kicillof no fue más moderado al calificar a la movilización como “aluvión psiquiátrico”. Es un verdadero problema que esté prevaleciendo el discurso duro a ambos lados de la grieta.

Como dijo el viernes el senador Martín Lousteau: “Está pasando que la parte más moderada (del oficialismo y la oposición) está perdiendo de manera acelerada la discusión interna con la parte más radicalizada”.

Los que quieran buscarle argumentos a la movilización del 17A tal vez debieran mirar los datos oficiales que hablan de una pérdida de 390.000 empleos, según el Ministerio de Trabajo, aun con doble indemnización… O las 18.000 empresas que cerraron, según la AFIP, desde que estalló la pandemia.

Pero la protesta fue también contra la reforma judicial, que avanza aceleradamente en el Senado. Tal cual lo previsto por el oficialismo, el proyecto llegará al recinto este jueves al cabo de audiencias en las que nadie podrá negar que todos los sectores pudieron expresarse. Como sea, el Senado es un territorio gobernado por el kirchnerismo en el que no corre ningún riesgo, aunque sigue penando por no contar con los 2/3. Por eso, como la sesión de esta semana será allí un mero trámite con resultado cantado -41 votos a favor y 29 en contra, recuerden este anticipo-, toda la expectativa está puesta en lo que vaya a ocurrir en Diputados, donde hay final abierto.

Las luces de alarma comenzaron a encenderse en el oficialismo cuando los tres diputados que responden a Roberto Lavagna anticiparon que votarían en contra, y se pusieron en rojo cuando los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti (4) se plegaron a esa movida. Fue la razón por la que el dictamen que el miércoles por la noche pasó a la firma no pudo ser visto sino hasta 24 horas después. Se especuló -con total certeza- que en el interin el gobierno buscó convencer a gobernadores pensando en sus diputados para el debate que viene. Pero al conocerse el texto, la primera reacción adversa se fijó en la alusión a los poderes “mediáticos”, incluida en una cláusula a pedido del senador Oscar Parrilli como prevención exigida a los magistrados. Resultó curioso, porque la senadora María de los Angeles Sacnun, que condujo el debate en el Senado, había minimizado días atrás tal posibilidad, en diálogo con periodistas entre los que estaba quien esto escribe.

Cayó muy mal en el gobierno ese artículo que se llevó toda la atención mediática a partir de conocerse. Nada menos deseado para un Alberto Fernández que tantas expectativas depositó siempre en esa reforma, y varias fuentes hablaron de “enojo” por ese ¿imprevisto? agregado. Aunque hay quienes dudan, como el jurista Roberto Gargarella, que el viernes dio por sentado que la “cláusula Parrilli” no es más que “un cazabobos” para atraer la atención, que llegado el momento será eliminado para hacer aparecer al gobierno cediendo algo. Suena razonable.

El gobierno eligió el Senado para hacer entrar la ley convencido de que allí tendría el camino asfaltado para pulir la reforma sin riesgos. El problema para el Frente de Todos es que según la regla no escrita de que lo que sale de esa Cámara y con el visto bueno de Cristina no se cambia, le resta absolutamente poder de negociación a Sergio Massa.

En Diputados necesita sumar 11 votos a los que ya tiene asegurados; debe conseguirlos en el interbloque Federal (11 miembros), y Unidad Federal para el Desarrollo (8). En el primero ya 9 diputados anticiparon que no votarán la reforma judicial, y en el otro hay por lo menos una diputada que anunció lo mismo. Tal vez adelantándose a una situación indeseada, el presidente de este último interbloque, José Luis Ramón, advirtió que no quiere “una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”, cosa que sabe que no podrá hacer pues lo que llega del Senado no se cambia, como hemos dicho.

Desde el entorno de Massa aclaran que “no hay apuro” para la reforma. Más le vale: hoy por hoy, los números le son adversos. ¿Y si la regla es deliberadamente modificada esta vez y se habilitan “cambios cosméticos” en la Cámara baja de modo tal de atender los reparos, sin modificar el tono de la ley?

Habrá que ver si Cristina da el visto bueno. Por lo pronto, la vice terminó la semana con una sonrisa: en lugar de Sergio Lanciani, echado de la Secretaría de Energía donde nunca logró hacer pie, asumirá el diputado Darío Martínez, un kirchnerista de paladar negro. Otro más y van…