La diputada de la UCR explicó que, en el proyecto presentado, “establecemos la esencialidad de la actividad con una gradualidad de los conflictos en caso de huelgas y paros, sin perjudicar ni poner en riesgo el derecho a la educación”.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) defendió la propuesta del radicalismo en función del proyecto de ley con la reforma laboral que le acercaron al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y afirmó que “es imperiosa” la modificación en la legislación del trabajo.
En esa línea, explicó por Radio Si 911.FM que los temas centrales son “la reducción de la carga fiscal, sobre todo a nuevos emprendimientos que tengan cinco trabajadores, y a que termine la industria del juicio”. “No se tocan las indemnizaciones, siguen vigentes según la Ley de Contrato de trabajo”, remarcó.
También, se refirió al fondo de desempleo, y remarcó que “lo hacemos optativo, con acuerdo de partes y convenio colectivo”.
El jueves pasado el AMBA tuvo un paro de transporte general y la cordobesa lo catalogó como “una locura que afecta derechos esenciales”. Además, se refirió al tema educativo: “Establecemos la esencialidad de la actividad con una gradualidad de los conflictos en caso de huelgas y paros, sin perjudicar ni poner en riesgo el derecho a la educación”.
Por otro lado, opinó de la labor en el Congreso y relató que “están todos con mucha predisposición en el radicalismo” frente al tratamiento de la nueva Ley de Bases y el DNU “porque el consenso es diferente al de la ley anterior”.
Sin embargo, habló de lo que ocurrió en la reunión de Comisión de Juicio Político y señaló que fue “una desprolijidad propia de gente que no tiene experiencia y que no está conforme con las formas que tiene el Gobierno”.
“Perdimos cuatro meses cuando hay una amplia mayoría que quiere ayudarlos y no lo dejaron. Estamos viendo indicadores económicos positivos, pero detrás de eso hay una recesión tremenda”, cerró.
A través de un proyecto de ley, la diputada de la UCR busca establecer que los empleadores obtengan como beneficio la quita del 100% del total de una contribución patronal repartida en 6 periodos.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) reflotó este lunes un proyecto de ley que propone el impulso del empleo registrado a través de un abordaje integral dirigido a medidas fiscales de alivio para los empleadores que cumplan en tiempo y forma.
El texto propone “acompañar y motivar a aquellos contribuyentes que aun atravesando una fuerte crisis económica han mantenido relaciones laborales registradas”. Este es un proyecto que ya había sido presentado por la legisladora radical, pero perdió estado parlamentario.
Esta iniciativa tiene similitudes con las propuestas del Poder Ejecutivo las cuales se verán plasmadas en la nueva ley Bases que será presentada en la Cámara de Diputados en el corto plazo. “Esto refleja una importante coincidencia y entendimiento sobre la cuestión, que debe ser aprovechado y potenciado a través de acuerdos comunes”, consideró Carrizo.
El proyecto está integrado por 17 artículos que comprenden un planteo sobre disposiciones para la regularización de relaciones de trabajo y la creación de un sistema de alivio fiscal para contribuyentes cumplidores.
El incentivo propuesto representa la reducción del 100% de una contribución patronal mensual por cada relación de trabajo correctamente registrada y sin deuda, cada empleador obtendrá como beneficio la quita del 100% del total de una contribución patronal repartida en 6 periodos.
Un punto central es reconocer que no todas las realidades laborales del país responden a una misma matriz, y deben contemplarse en su integralidad, pero con sus diferencias, para obtener un resultado exitoso.
Finalmente, el proyecto busca asegurar el financiamiento sustentable de esta propuesta, autorizando al jefe de Gabinete de ministros a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios para generar asignaciones específicas para este plan de regularización, sin afectar el desarrollo de programas presupuestarios hoy vigentes.
Tras el anuncio del presidente Javier Milei, la diputada radical volvió a presentar dos iniciativas que limitan las reelecciones a dos períodos consecutivos de 4 años cada uno.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) ratificó este lunes los proyectos de ley que viene presentando desde el 2018 -perdieron estado parlamentario- respecto a la democratización en sindicatos y obras sociales con el fin de “promover la alternancia en los órganos de dirección y administración, y un régimen de transparencia y prevención de la corrupción”.
En línea con uno de los textos que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció en la Asamblea Legislativa dentro del paquete de leyes que enviará en el corto plazo al Congreso, la legisladora radical propone “limitar la reelección indefinida, estableciendo un límite de 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno”.
En el caso de la iniciativa del Poder Ejecutivo, el jefe de Estado anticipó que propondría “una sola reelección”. “Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral”, había anunciado Milei.
El texto de Carrizo obligará a las asociaciones sindicales “a modificar sus estatutos en cumplimiento de esta ley en el plazo de un año de promulgada la presente”, y agregó que “se considerará que inician su segundo periodo consecutivo aquellas autoridades sindicales que pretendan renovar su cargo en las primeras elecciones luego de entrada en vigencia esta ley”
Respecto a las obras sociales sindicales, Carrizo propuso “establecer la incompatibilidad para el ejercicio simultaneo de cargos electivos en obras sociales y sindicatos, lo que hoy constituye uno de los principales incentivos para la corrupción y la generación de ilícitos dentro de estas entidades”.
0137-D-2024Soledad Carrizo consideró “actitudes nefastas” la actitud de Javier Milei de postear críticas contra los diputados llamándolos por ejemplo “traidores”.
Una de las diputadas más activas durante las negociaciones con el Gobierno por la ley de Bases fue la radical Soledad Carrizó, quien reclamó del Gobierno una “autocrítica” del proyecto, ya que “no es todo o nada”, sino que es necesario el debate y la discusión de los representantes dentro del Congreso.
“Somos 34 diputados (radicales) que representamos a diferentes gobernadores y provincias, y las conversaciones y acuerdos con el Gobierno conducían a un posible acuerdo fiscal”, precisó la diputada cordobesa, que aclaró que la necesidad del cambio que necesitan los argentinos tiene que “pasar por el filtro de la institucionalidad que es el Congreso de la Nación”
Además, criticó los posteos del presidente Milei, haciendo referencia a “diputados traidores” y expresó: “Son actitudes nefastas en este momento de la democracia. Los diputados votan de acuerdo a sus convicciones. Estas descalificaciones no conducen a generar clima de diálogo”.
Por otra parte, describió el rol de su bloque en la discusión: “El radicalismo siempre se ha caracterizado por no tener un pensamiento uniforme” y expresó que siempre fueron transparentes con el Ejecutivo y pidieron “que se separe lo urgente de lo accesorio”, para que sepan “con quiénes cuentan y con quienes no”.
Por último, en el programa de radio Mañana SI (Lunes a Viernes por radiosi.com.ar) pidió que el presidente “se ponga a trabajar para ver cómo baja la inflación, porque el tiempo pasa y la gente necesita soluciones”.
La iniciativa fue presentada por la radical Soledad Carrizo tras las denuncias por irregularidades y el proceso judicial a cargo del fiscal Marijuan donde más de 160 mil beneficiarios carecen de las condiciones para acceder al beneficio.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) presentó un proyecto bajo el expediente 4972-D-2023 por el cual solicita que el Gobierno nacional brinde informes sobre las denuncias de irregularidades en la asignación y gestión de control de beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.
“Los débiles mecanismos de control y prevención aplicados en la gestión de programas sociales por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social provocaron reiteradas denuncias, muchas de las cuales tomaron estado público y motivaron procesos judiciales que hoy se encuentran en trámite”, argumentó y explicó que “se destaca por su gravedad el que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan, vinculado a aproximadamente 160.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que carecen de las condiciones para recibir los beneficios”.
Carrizo pide que se informe si existe alguna comunicación oficial que surja de la investigación que al respecto instruye el fiscal Guillermo Marijuan, y cuáles son los mecanismos de control y auditoria que utiliza el Ministerio de Capital Humano para asegurar el correcto otorgamiento y asignación de planes y programas sociales, y en particular sobre el Programa “Potenciar Trabajo”.
Con la misma línea y argumentación, la legisladora cordobesa Ariela Szpanin realizó un pedido en la Legislatura de Córdoba exigiendo a la Gobernación provincial que informe si ha detectado irregularidades o incompatibilidades respecto al otorgamiento y gestión de este Programa Nacional en la provincia y si existen sistemas informáticos entre organismos del estado nacional y las jurisdicciones provinciales, que permitan el entrecruzamiento de datos.
“El avance de esta causa a cargo del fiscal Marijuan ha permitido develar la existencia de una gran cantidad de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que tienen la condición de empleados públicos en distintas provincias. Una gran cantidad de proyectos presentados sobre el tema no fueron tratados, por eso creemos que es necesario conocer con detalle cómo las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano están abordando la situación”, concluyó Carrizo.
Luego de la confirmación del vocero presidencial sobre ese recorte, Soledad Carrizo y Karina Banfi reflotaron sus iniciativas que proponen un mecanismo para evitar la discrecionalidad.
Luego que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara este martes que el presidente Javier Milei decidió la suspensión por un año de pauta oficial a los medios de comunicación, diputadas de la UCR recordaron que hay proyectos presentados sobre el tema.
“La pauta oficial debe ser regulada para evitar la discrecionalidad y el clientelismo mediático”, aseguró la cordobesa Soledad Carrizo, quien sumó que “hace tiempo” insiste sobre “la necesidad de una ley que regule la contratación de los servicios de publicidad oficial”. “Requerimos criterios objetivos de distribución y transparencia en las asignaciones. Estos aspectos son los que impulso a través del proyecto de ley que presenté en @DiputadosAR”, señaló.
Por su parte, la bonaerense Karina Banfi escribió en su perfil de la red social X: “Soy autora de un proyecto para regular la pauta oficial ya que lamentablemente se ha usado como herramienta de disciplinamiento a la prensa. Mi proyecto está en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de prensa”.
Con características similares, uno de los proyectos plantea que “la publicidad oficial será objetiva e imparcial en todas sus formas de expresión, contenido, emisión, cualquiera sea la modalidad de comunicación por la que se efectúe, asegurando el carácter educativo, informativo y de interés público como finalidad”.
Ambos contemplan la creación de un Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial; la planificación de anunciantes y una evaluación anual. Asimismo, uno de los artículos del texto de Banfi prohíbe “toda asignación y concentración discrecional de la publicidad oficial”. A su vez, “las contrataciones deberán realizarse mediante licitaciones públicas” y “no se permitirá la contratación directa de medios ni de agencias de publicidad”.
Sobre el tema también dejó un mensaje en sus redes la macrista Silvia Lospennato, que en referencia a Milei, observó: “De los tres dones que pidió, sabiduría, templanza y coraje, esta decisión sin dudas pone a prueba el tercero”.
Incluso, horas antes del anuncio en Casa Rosada, la flamante diputada Silvana Giudici (Pro) presentó como uno de sus primeros proyectos uno sobre publicidad oficial.
“Creo en que la libertad de expresión y el acceso pleno a la información pública se basan en un correcto vínculo entre el Estado y los medios de comunicación por eso re-presenté el proyecto de publicidad oficial porque es imprescindible transparentar la asignación de pauta oficial”, afirmó.
Solicitan información detallada al Gobierno, considerando el pronto cambio de autoridades y finalización de esta gestión, para evaluar los objetivos y metas cumplidas.
La diputada Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) presentó un proyecto por el cual solicita que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a los programas de Promoción y Gestión del Cambio Climático y de Desarrollo Sostenible, especificando actividades, proyectos realizados y pendientes, indicando si se han efectuado modificaciones de metas u objetivos.
“A pocos días de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, teniendo en cuenta que Argentina se comprometió a no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2030, resulta necesario conocer cuáles han sido las metas alcanzadas con el presupuesto ejecutado, aquellas aún pendientes y si se estima una subejecución presupuestaria y sus causas”, explicó Carrizo.
A través de este pedido de informes, se solicitó información detallada al Gobierno, considerando el pronto cambio de autoridades y finalización de esta gestión, para evaluar los objetivos y metas cumplidas.
“Conocer la ejecución del Presupuesto para aquellos planes, programas y proyectos destinados a cumplimentar los compromisos internacionales tomados por Argentina, es de suma relevancia, estimando que, en términos nominales, el presupuesto asignado para todo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se encuentra desfasado por los datos de inflación interanual”, advirtió Carrizo.
La diputada de JxC explicó el proyecto de traspaso presidencial que presentó para evitar que “las transiciones sean novelizadas” y “evitar lo que pasó en 2015”.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) señaló este miércoles: “No creo que Juntos por el Cambio haya terminado, pero sí estamos en un proceso de boxes”.
Además, expresó que “en el radicalismo los dirigentes que han llevado la estrategia nacional han fracasado y, por lo tanto, hay que hacer un recambio, un ‘reseteo’ de nuestro partido”
En diálogo con Radio Sí, Carrizo explicó que “hoy Juntos por el Cambio tiene un poder político muy importante con sus 10 gobernadores”, y agregó que “viene una reconfiguración en el Congreso” para el espacio opositor.
Además, se refirió al proyecto de ley que presentó para dar protocolos a las transiciones presidenciales: “Este proyecto lo vengo presentando desde 2019, desde el traspaso que no fue en 2015 entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri”.
“No podemos vivir en Argentina una transición novelizada. Es importante que se regule esto para que el que va a asumir sepa que va a tener un camino allanado y claro”, concluyó la diputada radical.
Más detalles sobre su propuesta
A través de un comunicado, la radical consideró que “es crucial brindar certezas en momentos de cambio. El diálogo es esencial para una transición de gobierno transparente y ordenada, por eso celebro que Alberto Fernández y Javier Milei hayan escuchado el reclamo de los argentinos por un cambio responsable”.
“El proyecto -continuó Carrizo- tiene por objeto regular el proceso de transición y el traspaso de atributos presidenciales entre el presidente en mandato y el presidente proclamado, y demás autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Es una ley con la vocación de generar las reglas procedimentales necesarias para asegurar un proceso de transición de gobierno ordenada, transparente y dotada de previsibilidad para todos los actores involucrados. Lo que intenta la iniciativa es evitar que las alternancias de fórmulas presidenciales correspondiente a frentes electorales opositores produzcan afectaciones a futuras gestiones, comprometiendo un inicio eficiente de gestión gubernamental”.
En tal sentido, se propone contar con un marco reglamentario que permita al gobierno saliente generar un informe de gestión que posibilite a la ciudadanía conocer con claridad el detalle de su labor y fortalecer la transparencia institucional. Además, institucionalizar los procesos de transición y alternancia democrática ordenados y pacíficos como reglas y no simplemente cómo prácticas y crear espacios de diálogo y cooperación transversal incluso entre frentes electorales contrarios.
Para el gobierno entrante, por otra parte, simplifica el proceso de relevamiento y búsqueda de información, permite publicitar a la ciudadanía el verdadero estado y condiciones en que inicia su gestión y facilita una correcta evaluación de medidas y formulación de políticas públicas.
Mediante esta iniciativa, se propone la creación de una comisión integrada por un total de 10 miembros, 5 de los cuales son designados por el presidente aún en mandato y 5 representantes del presidente proclamado, a cargo de un coordinador general también designado por el presidente en mandato; todos ellos sin recibir remuneración por su función.
Como cuestión final, se deja a salvo posibles interpretaciones que pudieran acontecer ante reelecciones de un mismo mandatario, estableciendo de forma expresa que tanto el informe de transición cuanto la integración de la comisión y su labor se realizarán igualmente aunque un presidente sea reelegido para ofrecer difusión y conocimiento público del estado de la administración al momento del vencimiento del periodo presidencial.
“La propuesta no sólo constituye un mecanismo de modernización democrática institucional, sino que persigue también el propósito de revertir la desconfianza ciudadana y la afectación sobre la propia administración pública, ofreciendo las herramientas necesarias para prevenir desencuentros políticos que atenten contra el Estado”, finalizó la legisladora cordobesa.
La diputada cordobesa Soledad Carrizo presentó un proyecto expresando preocupación por la resolución que dicto la Secretaría de Energía de la Nación tras el faltante de combustibles y apuntó: “La agenda ambiental solo estuvo presente en los discursos de esta gestión”.
La decisión del Gobierno nacional de habilitar la venta de gasoil de menor calidad en los surtidores tras la falta de combustibles en todo el país hace una semana atrás, generó la preocupación de la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba).
“A pocos días de que Argentina participe de la COP para negociar soluciones al Cambio Climático, la Secretaría de Energía de la Nación permite el uso de combustible más contaminante, incumpliendo todos los compromisos que ha adoptado para mitigar el Cambio Climático y el daño ambiental”, cuestionó en redes la cordobesa.
Por ese motivo, presentó un proyecto de resolución manifestando su preocupación de que “la agenda ambiental solo haya estado presente en los discursos de esta gestión. De acciones reales mejor ni hablar”.
En la iniciativa, cuestiona la autorización, de manera transitoria hasta el 31 de diciembre, “la comercialización de gasoil grado dos en todo el territorio nacional que cuente con las debidas especificaciones de contenido máximo de azufre requeridas para las zonas de baja densidad” y alerta que “permiten el expendio de combustibles con un mayor contenido de elementos contaminantes en grandes ciudades”.
En ese sentido, señala que se contradice con la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional que Argentina ha adoptado en 2020 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
La diputada radical recordó que desde el 2022 impulsa un proyecto para la regulación laboral de los trabajadores del rubro. “Desde el Ejecutivo se presentan mejoras para estos trabajadores a modo de slogans de campaña”, criticó.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) cuestionó el video de campaña que subió a sus redes el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa (UP), junto a trabajadores de delivery’s y la radical le recordó un proyecto de su autoría que presentó hace un año que propone mejoras laborales para esos trabajadores.
En el video que el tigrense publicó, escribió: “Conversamos con trabajadores de delivery sobre nuestras propuestas para protegerlos y mejorar sus condiciones de trabajo”. Al respecto, Carrizo expresó: “Se presentan mejoras para estos trabajadores a modo de slogans de campaña, con total carencia del trabajo y fundamentos legislativos necesarios para la formulación de una política pública”.
Así, recordó que su iniciativa consta de “un exhaustivo estatuto que contempla las normativas necesarias para que los trabajadores/as del rubro puedan tener previsibilidad, seguro social, condiciones y elementos de trabajo, así como todas las variantes que se presentan en la vinculación laboral entre las partes”.
“El rápido crecimiento de estas nuevas formas de organización empresarial y la amplia oferta laboral interesada en incorporarse ha desbordado todas las previsiones legales o normativas que el derecho laboral argentino conocía: carecemos de una regulación que contemple equilibradamente estos proyectos laborales y al resguardo a sus trabajadores. Así, buscando generar certidumbre y seguridad para trabajadores y empleadores, desde marzo de 2022 impulsamos este proyecto dirigido a conciliar las nuevas realidades laborales”, afirmó diputada Carrizo.
Y señaló que “con distintas variantes, la vinculación laboral entre las partes continúa bajo un esquema de independencia y autonomía, con ausencia de mecanismos protectorios básicos como seguro, salario mínimo, licencias y descansos para los trabajadores”.
Así, explicó que su iniciativa contempla “el abanico legal entre la empresa, el trabajador contratado y el estado nacional: jornada laboral, remuneración, vacaciones, licencias, régimen de seguridad social, derechos y obligaciones de las partes, condiciones y elementos de trabajo, etc.”.
Es por sus declaraciones sobre sobre los subsidios del transporte público de pasajeros. “La gravedad de estas declaraciones no solo anida en el temor que pretende infundir”, advirtió Soledad Carrizo.
A través de un proyecto de resolución, la diputada radical cordobesa Soledad Carrizo solicitó expresar el repudio al ministro de Transporte de Nación, Diego Alberto Giuliano, por sus declaraciones públicas sobre los subsidios del transporte público de pasajeros.
“Las mismas constituyen un acto intimidatorio y condicionante del libre ejercicio de derecho al sufragio en democracia”, expresó Carrizo al fundamentar su presentación.
En ocasión de una entrevista radial realizada al ministro de Transporte de la Nación, Diego Alberto Giuliano, éste se refirió públicamente a la medida anunciada oficialmente para la “renuncia voluntaria” a los subsidios al transporte, para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y que se podrá gestionar a través de la web argentina.gob.ar/SUBE.
En este sentido, la legisladora cordobesa expresó que “de las extensas declaraciones ofrecidas, se destacan por su especial gravedad las que vinculan intencionalmente esta medida con la libre decisión electoral de la ciudadanía en instancias de las próximas elecciones nacionales”, a lo que agregó, “la gravedad de estas declaraciones no sólo anida en el temor que pretende infundir, condicionando la libertad electoral de la ciudadanía, sino en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen como autoridad del gobierno nacional”.
“El contenido de estas declaraciones debe enmarcarse en un reiterado proceso intimidatorio que distintas autoridades del gobierno nacional vienen haciendo públicamente, buscando condicionar el libre ejercicio del sufragio, y debilitando el estado de derecho y la confianza en las instituciones mediante una apropiación electoral y oportunista de la gestión pública y el patrimonio del estado”, amplió.
Para la diputada radical, lejos del correcto desempeño de sus funciones, la conducta de este ministro “sólo busca deslegitimar a otros candidatos y condicionar la libre decisión electoral de la ciudadanía a través del miedo”. “Este comportamiento es una muestra más del abuso de poder y el incumplimiento de sus deberes de funcionario a través una clara apropiación de la gestión pública para fines electorales, de una medida que se realiza sin ningún tipo de diagnóstico y/o evaluación económica y de impacto social para la población, lo cual demuestra la falta criterio e irresponsabilidad del funcionario”, argumentó la diputada nacional.
“Esta actitud no solo deshonra su función como autoridad nacional, sino que profundizan desconfianza ciudadana en las instituciones, en un contexto de grave crisis económica y social que encuentra a más del 40% de los argentinos bajo la línea de la pobreza y que la irresponsabilidad de los funcionarios de esta gestión ha provocado”, concluyó.
El pedido fue presentado por la diputada radical Soledad Carrizo, quien consideró que la decisión administrativa requiere de “una mayor y exhaustiva explicación”.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un pedido de informes sobre el proceso licitatorio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la compra de frazadas por un total de $1.069 millones, a un precio por unidad que “excede entre un 147 y un 177% el valor de mercado de estos insumos y sin una necesidad clara sobre la adquisición de tales bienes”, señaló.
El 4 de septiembre pasado se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de frazadas, destinadas a la atención de los sectores socialmente vulnerables, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social del citado Ministerio.
“Según un informe de investigación, la compra de estos insumos fue realizada a un precio exorbitante con respecto al valor de mercado. Aún si se sumara el costo financiero de 60 días corridos de pago, los valores quedan muy por encima de lo que se encuentra en un comercio minorista”, apuntó la cordobesa.
La legisladora sostuvo que “la contratación y compra pública son componentes cruciales en la prestación de servicios públicos, el buen gobierno y una economía sostenible. Las compras deben ser realizadas de forma transparente y la información debe ser pública para que cada ciudadano o ciudadana pueda tener acceso libremente”.
La opositora también instó a que aclaren los argumentos planteados por la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, acerca de esta compra. “A través de su cuenta oficial abre un nuevo y mayor universo de incertidumbre vinculado a expresiones imprecisas e infundadas desde las cuales se pretende justificar el proceso de adquisición realizado, expresiones tales como ‘condiciones INTI exigidas por el Estado nacional’, ‘stock flotante’, ‘eventos climáticos previstos por el Ministerio’, y ‘necesidades y demandas del Ministerio’ ameritan una mayor y exhaustiva explicación por parte de las autoridades para su compresión, y que puedan presentarse como justificativos válidos para el precio, la cantidad y la época en que esta adquisición se ha llevado adelante”, aseveró.
La ministra Tolosa Paz habló de “opereta”
En una extensa publicación en su perfil de X, en la que adjunta el comunicado del Ministerio que conduce, la ministra Victoria Tolosa Paz salió al cruce de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y aseguró que la información se trata de una “opereta”.
“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adjudicó la compra de frazadas por debajo del precio testigo de Sindicatura General de la Nación (SIGEN) luego de haber celebrado un procedimiento de Licitación Pública, transparente, concurrente y difundido por los canales exigidos por las normas en vigencia”, se afirma en el comunicado.
El proyecto fue presentado por la diputada radical Soledad Carrizo, quien alertó que otros organismos del Estado también han sufrido hackeos en el último tiempo.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-JxC) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre el ciberataque sufrido por los servidores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), lo que afectó temporalmente el servicio de PAMI. El proyecto se suma al reclamo que, por la misma cuestión, realizó Graciela Ocaña (Pro-JxC).
En la solicitud, la radical reclama que se informe en qué ha consistido el ciberataque o virus informático denunciado, cuáles han sido los daños sufridos en el sistema, y si ha existido algún tipo de requerimiento económico como modo de extorsión.
También, entre las consultas, la legisladora busca conocer si ha existido filtración o algún tipo de afectación sobre datos personales de usuarios y pacientes, y cuál ha sido el plan de contingencia y mitigación ante el ataque. Finalmente, pide que se detalle si se han detectado previamente otros intentos de hackeos o ataques a los sistemas informáticos del PAMI.
“Dado que la página oficial y los servicios se encuentran aún afectados y que la información ofrecida es reducida, solicitamos a las autoridades competentes a informar sobre estos hechos de público conocimiento, con especial atención ante la existencia de posibles organizaciones criminales internacionales que estén participando”, explicó la cordobesa.
Además, enfatizó que “el sector público que administra información asociada con la salud viene acumulando inconvenientes informáticos, incluido el Ministerio de Salud de la Nación”. “También el INTA, la Superintendencia de Seguros de la Nación y hasta el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas vieron vulnerados sus sistemas de seguridad”, alertó.
A raíz de la situación que se desató en el Cerro Uritorco, la diputada radical quiere conocer qué articulación hay entre Nación y la provincia.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe cuáles son las acciones conjuntas entre la provincia de Córdoba y el Estado nacional, en el combate de los focos de incendios que se encuentran activos en la zona del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, a unos 100 kilómetros de la capital cordobesa.
La radical instó al Gobierno nacional a presentar un informe sobre el accionar del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para la prevención y el combate de los incendios, detallando los recursos puestos a disposición de las autoridades locales.
La legisladora solicitó que se informe si existe articulación entre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGER), detallando cuáles son las acciones y estrategias articuladas entre la provincia y estas entidades para la prevención, evaluación de peligro y alerta temprana de incendios en el territorio llevadas adelante en el año 2023.
“Frente al extremo riesgo, y la insuficiente información disponible sobre las acciones conjuntas desarrolladas entre la provincia de Córdoba y el Estado nacional, consideramos fundamental que las autoridades competentes informen, de manera urgente, las estrategias de abordaje conjunto que llevan adelante y su articulación, específicamente sobre los recursos, materiales utilizados y puestos a disposición”, explicó la diputada.
Numerosos focos de incendios se encuentran activos en el ala suroeste del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Noventa brigadistas se encuentran combatiendo el incendio forestal de considerables dimensiones, lo que motivó a que se autoevacuen 200 personas por el humo a pesar de que “no hay riesgo latente para las viviendas”, según informaron fuentes provinciales.
La diputada radical recordó la media sanción del proyecto para profesionalizar a los acompañantes terapéuticos y explicó las razones de la “imagen negativa” de los dirigentes.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) habló este lunes sobre sus preferencias dentro de la interna de Juntos por el Cambio y remarcó que apoyará la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich.
“Hace tiempo acompaño a Patricia y la conozco de las comisiones en Diputados (Bullrich fue diputada nacional del 2007 al 2015). Es una mujer que está decidida y con la que hemos articulado muchísimas cuestiones cuando fui intendenta de Quilino y ella ministra de Seguridad”, expresó.
Entrevistada en R770, la diputada radical sostuvo que “el espacio de JxC debía ser comandado por fórmulas mixtas entre el Pro y la UCR”. “No podemos especular”, agregó y manifestó que “el orden, la lucha contra las mafias y el narcotráfico” son algunas cuestiones en las que Bullrich haría hincapié.
Por otro lado, Carrizo se mostró agradecida por la media sanción del proyecto de la profesionalización del acompañante terapéutico, del cual ella fue autora. “Más de 13 provincias ya tienen su propia ley provincial y necesitamos una ley que regule presupuestos mínimos apelando al federalismo”, agregó.
“Logramos consensuar después de tanto tiempo porque el acompañamiento terapéutico ha tomado relevancia increíble en los últimos años, ya que un protagonista forma parte de un equipo multidisciplinario y trabajan en discapacidad y adicciones”, explicó.
Asimismo, detalló que “las prepagas u obras sociales no cubren la prestación y esta ley viene a jerarquizar esta profesión”. Además, sostuvo que “viene a generar seguridad en el paciente que toma el servicio”, pero “muchos profesionales surgen de cursos cortos o terciarios”.
En tal sentido, añadió: “Este proyecto establece que en el curso de cinco años puedan regular sus conocimientos”. “Es importante lograr una currícula de parte del Poder Ejecutivo porque existen más de 50.000 profesionales en la Argentina”, enfatizó.
Por último, fue consultada por “la imagen negativa” de los dirigentes políticos (tanto del oficialismo como de la oposición) y expresó que “es parte del karma que estamos llevando por parte de 40 años de democracia de no poder resolverles los problemas a la gente”. “Algo está fallando, hay malestar y enojo y es hora de ocuparnos de la agenda urgente”, concluyó.
El proyecto fue elaborado en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría tras denunciar las condiciones de trabajo con “altas cargas laborales, inestabilidad en los empleos, baja remuneración”.
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación reclamando la apertura urgente de una mesa de diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación.
La iniciativa fue impulsada por la diputada cordobesa Soledad Carrizo tras lo expuesto por la Sociedad Argentina de Pediatría en su “Mensaje a las y los Pediatras, y a toda la Comunidad”, difundido por su Comisión Directiva el pasado 25 de mayo, en el cual denunciaron su condiciones de trabajo inaceptables, alta carga laboral, inestabilidad en los empleos, falta de estímulo para el crecimiento, situaciones de violencia, baja remuneración, necesidad del pluriempleo para llegar a fin de mes y falta de oportunidades para actualizarse en la profesión.
“A esta problemática estructural se suma el acelerado brote estacionario de afecciones respiratorias en niños, con un lamentable resultado de guardias y salas de espera repletas de pacientes que no pueden ser tratados ni diagnosticados con la celeridad y certeza médica necesaria, creando un círculo de contagios que profundiza la problemática epidemiológica”, fundamentó.
Carrizo, integrante de la Comisión de Salud Pública y Acción Social de Diputados, expresó: “Somos Conscientes de la grave problemática estructural que atraviesan las infancias en Argentina, y las consecuencias que esto traerá para su futuro desarrollo, manifestamos nuestra preocupación por la situación descripta por la Sociedad Argentina de Pediatría en su ‘Mensaje a las y los Pediatras, y a toda la Comunidad’, y hacemos eco de su interpelación a las autoridades competentes para una urgente convocatoria a una mesa de dialogo que recepte esta problemática que logre ofrecer a los profesionales de salud herramientas para fortalecer su capacidad de respuesta”.
El encuentro se realizó en el hotel Panorama de la ciudad cordobesa en donde la precandidata a presidenta Patricia Bullrich recibió el apoyo de los principales referentes radicales de la provincia.
La Junta Promotora Radical presidida por Hugo Madonna, Soledad Carrizo, Luis Picat Antonio Rins y Oscar Aguad, realizó este martes en el hotel Panorama de la ciudad de Córdoba un encuentro entre los principales referentes de las UCR provincial y el armador político de Patricia Bullrich, Damián Arabia.
Allí Arabia expresó: “Me pone contento ver tantos correligionarios, o somos el cambio o no somos nada. El cambio con Patricia tiene características esenciales, que es lo que necesita argentina. Ella tiene la firmeza acerca de cuál es el rumbo y cómo queremos ir. Vemos en Patricia una mujer con mucha fuerza para sacar la argentina adelante, una mujer con mirada federal, preocupada por problemas esenciales como la inseguridad y la producción”.
A su turno, la diputada nacional Soledad Carrizo afirmó: “Tenemos que plantear una coalición de gobierno que logre evolucionar, en la cual el federalismo y la territorialidad del radicalismo estén comprometidos con una argentina diferente, que supere las discusiones actuales”.
Refiriéndose a la precandidata a presidente sostuvo: “Nos convoca la decisión y la fuerza de Patricia. Necesitamos un equipo casa por casa, es nuestra oportunidad de crear una argentina diferente y Córdoba es uno de los lugares más importante para lograrlo”.
El proyecto de la diputada Soledad Carrizo pide saber si el Ministerio de Educación cuenta con un registro de brecha digital y sobre el grado de cumplimiento de políticas presupuestarias.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) presentó un proyecto solicitando informes al Poder Ejecutivo sobre acciones vinculadas al plan Conectar Igualdad, precisamente pide saber respecto del grado de cumplimiento de políticas presupuestarias en materia de educación.
“A 3 años de la pandemia, la normalidad para la educación sigue siendo una utopía. Las metas presupuestarias y objetivos para acortar la brecha digital siguen siendo una promesa. El Plan conectar igualdad con recortes y con apenas la mitad de su ejecución durante las 2022 y 16.864 escuelas siguen sin conexión a internet”, planteó en su cuenta de Twitter.
En esa línea, manifestó que “frente a un sistema educativo ya deteriorado, con casi 8 millones de niños y niñas en situación de pobreza, la falta de políticas reales solo reproduce la desigualdad”.
El proyecto, solicita que se informe si el Ministerio de Educación dispone de un registro oficial indicativo de brecha digital o tecnológica vinculada al acceso a internet y disponibilidad de recursos tecnológicos como computadoras en escuelas de gestión pública. También pide saber si existe un organismo o dependencia encargada de recepcionar requerimientos de recursos tecnológicos de escuelas de gestión pública.
Por otro lado, plantea: “Informe el grado de cumplimiento de las políticas presupuestarias de la jurisdicción Educación, más precisamente indicando cuáles han sido y cómo se han aplicado las estrategias pedagógicas a través de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación impulsando los repositproios digitales, plataformas y aulas virtuales, en conjunto con la adquisición de equipamientos informáticos; cuáles han sido los resultados alcanzados en la implementación del Sistema Integral de Información Digital Educativa, unificando y consolidando la información para los usuarios a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplimentando con las previsiones de la Ley N° 27.489 y proveyendo información agregada, oportuna y relevante para la planificación, el seguimiento y monitorio de las líneas de trabajo sustantivas que se desarrollan en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, preservando en todos los casos los datos personales”.
Además, exige saber si se ha cumplido con la meta -conforme a los indicadores presupuestarios- de Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Digital Educativa, proyectada a 11.000.000 de alumnos, indicando el grado de cumplimiento de la meta y solicita que, encado de incumplimiento, detallen las razones.
“Informe el grado de cumplimiento de las metas propuestas para el ejercicio 2022 por la autoridad de aplicación del Plan Conectar Igualdad, detallando cantidad de computadoras entregadas a cada estudiante y docente, e indicando los criterios de distribución y asignación del recurso tecnológico”, agrega en otro artículo.
Y cierra: “Informe si se han presentado requerimientos informativos o pedidos de informes de acceso a la información publica ante el Ministerio de Educación de la Nación vinculando al cumplimento del plan igualdad, ejecución y subejecución presupuestaria de metas de educación digital y brecha digital en colegios de gestión pública”.
Son cofirmantes los diputados Karina Banfi, Margarita Stolbizer, Gabriela Lena, Alejandro Cacace, Marilú Quiroz, Marcela Campagnoli, Carlos Zapata, Marcela Antola, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Pamela Verasay, Roxana Reyes y Jorge Vara.
Diputados radicales buscan conocer el por qué de la medida de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Los diputados nacionales de la UCR Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la desafectación de un predio del INTA en la localidad de Hurlingham.
Los legisladores buscan conocer el detrás de la Resolución 95/2023 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y que se precise “el uso, utilización o explotación que el inmueble ha tenido” desde que se encuentra a cargo del INTA.
También que se informe “justificadamente por qué a criterio” de la Agencia “el inmueble identificado se encuentra alcanzado por algunos de los criterios que le facultan a desafectar”.
Los radicales solicitan, a su vez, que se conozca si “esta desafectación del inmueble obstaculiza, afecta o modifica la finalidad, actividades o programas en ejecución o por desarrollarse sobre este espacio territorial”.
Y, finalmente, si se han realizado estudios de suelo, factibilidad, accesibilidad, conectividad, servicios y seguridad, e impacto ambiental, justificando y avalando la viabilidad del proyecto de “Desarrollo Urbanístico”.
“El INTA es un organismo de vanguardia en Argentina, líder del escenario tecnológico agropecuario, alimentario y agroindustrial”, sostuvieron en los argumentos los legisladores de Juntos por el Cambio.
En ese sentido, señalaron que “por la importancia que este organismo representa para el sector agropecuario y para el desarrollo tecnológico de la actividad en nuestro país, resulta especialmente llamativo la existencia de un espacio territorial perteneciente a su jurisdicción que manifieste falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, y que como consecuencia de ello pueda ser desafectado provocando la disminución de un espacio que hoy es propio y apto para el desarrollo de sus funciones institucionales, a favor del Fondo Fiduciario Público denominado PRO.CRE.AR”.
“Aun conscientes de la grave y creciente problemática habitacional en nuestro país, incrementada por deficientes políticas públicas de esta gestión, resulta necesario analizar adecuadamente la afectación que esta reducción de espacio territorial del INTA pueda generar para el cumplimiento de sus fines, y más aún, por qué las autoridades de este organismo no han presentado objeciones a esta reducción de espacio de trabajo”, agregaron.
Soledad Carrizo sonaba fuerte para acompañar a Luis Juez, pero finalmente el partido centenario nominó al titular de la UCR provincial.
Les sigue costando a los partidos políticos avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Es algo muy declamado, pero muy poco concretado a la hora de los cierres de listas. Como el que operó en la provincia de Córdoba este fin de semana.
Allí el oficialismo cordobés propuso una fórmula mixta, de un candidato a gobernador varón y una mujer vice. Pero en Juntos por el Cambio, si bien sonaba fuerte el nombre de la diputada nacional Soledad Carrizo, al final el elegido fue el propio presidente del partido provincial, Marcos Carazzo.
La diputada radical opinó del tema a través de las redes sociales, donde no hizo referencias puntuales, pero… a buen entendedor…
Soledad Carrizo agradeció a “una de las personas que durante estos días mostraron su apoyo. Colectivo de mujeres y diversidad, dirigentes del interior y la capital, jóvenes, militantes e independientes. Ese incondicional apoyo es entender a la política como un proceso de transformación, real, y no simplemente discursivo”.
“Una sociedad y una militancia cansada de las asimetrías y de la desigualdad que ya nos han llevado a múltiples derrotas y una nula representación de los verdaderos reclamos debe terminar”, advirtió la diputada, que considera firmemente que “”no hay representación sin igualdad, sin transversalidad, sin escuchar los problemas y las necesidades de la gente. Las y los dirigentes debemos ser fieles a nuestras palabras, con hechos, con actos y no solo con expresiones ante los micrófonos”.
Agregó Soledad Carrizo que “nuestro compromiso, y la misión de la alianza ha sido desde su inicio ofrecer una propuesta de cambios fundada en valores éticos, morales y republicanos que no pueden ser depuestos por la avaricia personal”.
A continuación, hizo un reclamo puntual: “Como militante primero, como dirigenta del radicalismo y de Juntos por el Cambio hago un llamado a la autocrítica. Llamo a repensar nuestras acciones en relación a esos ideales y valores que buscamos transmitir a la sociedad”.
“Hoy reafirmo mi compromiso y convoco a quienes me han acompañado, pero también a quiénes no lo han hecho. Los invito a trabajar para alcanzar los consensos, representar a la sociedad, y generar propuestas superadoras a los problemas actuales”, expresó la diputada nacional, que concluyó reclamando estar “más unidos y fortalecidos para luchar por la verdadera transformación política y social. Voy a intensificar mi trabajo, por cada una y uno de ustedes. Aún queda mucho camino por andar juntos. Pero juntos en serio”.
La norma es impulsada a través de iniciativas presentadas por Soledad Carrizo, Daniel Gollan y Virginia Cornejo. El evento se realizó en el Salón Blanco de la Cámara.
Organizado por la diputada Soledad Carrizo, en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados se realizó el encuentro “Acompañamiento terapéutico: debates para una ley nacional”. Fue una jornada de debate sobre los avances legislativos para la regulación profesional del ejercicio del acompañamiento terapéutico, y un diagnóstico sobre la situación del acompañamiento terapéutico, sus problemáticas, desafíos y poniendo en relieve la necesidad de la pronta sanción de una ley nacional que regule su actividad.
Los presentadores del evento fueron los autores de los proyectos: los diputados Soledad Carrizo y Daniel Gollan. Estuvo ausente Virginia Cornejo (también autora de otro proyecto), y acompañó el diputado Luis Di Giacomo. Participaron entidades de profesionales, redes y asociaciones de acompañantes terapéuticos de todo el país.
Soledad Carrizo abrió el encuentro planteando que “el acompañante terapéutico hoy es un actor protagónico del abordaje multidisciplinario e integral de la salud, que debe reconocerse en el marco de los nuevos paradigmas de intervención, conforme la ley de salud mental, con incumbencias y competencias propias”.
Acerca del encuentro afirmó que “esta jornada, este espacio de encuentro fue pensando por y para ustedes, los acompañantes terapéuticos, y la idea era mostrar los avances que se han logrado después de mucho tiempo de trabajo, y poner en resalto la unidad que hay sobre el tema”.
Con respecto a la situación formal actual, señaló que “hay 13 provincias que ya tienen una regulación para la práctica de acompañamiento terapéutico, algunas ya reglamentadas. El desafío es lograr una ley nacional que respalde las distintas normativas provinciales y las diferentes instancias legales en las que se encuentra esta disciplina según su jurisdicción”.
Con relación a sus colegas legisladores, Carrizo admitió que “hoy no tenemos criterios dispares, son pocas o prácticamente ninguna las diferencias, y desde aquel primer proyecto del año 2016 hemos avanzado en mejoras, cambios y readecuaciones en la redacción que recepten las propuestas y consideraciones para lograr la mejor redacción posible”.
“Desde mi lugar, reitero el compromiso de impulsar su pronto tratamiento y ser un puente entre ustedes y la Cámara de Diputados para lograr la ley que tanto necesitan”, cerró la diputada cordobesa.
Por su parte, el licenciado Gustavo Rossi, coordinador de la Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de Acompañantes Terapéuticos, planteó que “los legisladores deben tener en cuenta que el acompañamiento terapéutico pertenece al campo de confluencia de prácticas y saberes relativos al padecimiento psíquico” además “se viene trabajando en la necesidad de integración de lo que refiere a salud con educación con trabajo con justicia, para entender ese padecimiento psíquico en un contexto comunitario”.
Mariela Balmaceda, presidenta Asociación de Acompañantes Terapéuticos Unidos para Acompañarte de Río Negro expresó: “Intentamos poner en foco el achicamiento de la distancia entre el usuario y la prestación médica” (…)”Apoyamos fundamentalmente estar en el registro de profesionales de la salud y la creación de la figura de acompañante terapéutico en la Agencia Nacional de Discapacidad y poder categorizar dentro del escalafón del estado, para poder considerarnos como profesionales de la salud”.
A su turno, Lucas Barrios, presidente de CATER (Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos) planteó que “hemos llegado a un punto de profesionalidad por la que tenemos la posibilidad de formalizar nuestro desarrollo, debemos pensar en una ley nacional que promueva instancias de formación en las universidades de todo el país”.
Brian Banszczyk, presidente Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina consideró “muy importante poder traducir el marco teórico de nuestra disciplina a una técnica legislativa, el acompañante terapéutico está cada vez más convocado para las distintas instancias de padecimiento del usuario, que son muy diversas” (…) “Es necesario que el usuario tenga la tranquilidad de que está trabajando con alguien que tiene la capacitación correspondiente”.
El proyecto es encabezado por la radical Soledad Carrizo y acompañado por una docena de legisladores de la oposición. “La misma autoridad responsable de la crisis de inseguridad que hoy atravesamos es la misma que siembra el temor”, apuntó Carrizo.
Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Soledad Carrizo, presentaron un proyecto repudiando las declaraciones del ministro de Seguridad de la nación, Aníbal Fernández, contra la principal bancada opositora.
El texto cita textual los dichos del funcionario: “Lo que se puede ver es quiénes van a competir contra quiénes. Vemos un grupo de gente que tienen cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar, y lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser Gobierno”.
Al respecto, Carrizo retrucó: “La misma autoridad responsable de la crisis de inseguridad que hoy atravesamos es la misma que siembra el temor”.
El proyecto es acompañado por los diputados nacionales Karina Banfi, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Juan Martín, Marcela Campagnoli, Ingrid Jetter, Ricardo Buryaile, Marcela Coli, Germana Figueroa Casas, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Gustavo Bouhid.
La diputada nacional Soledad Carrizo advirtió que la paridad “sigue siendo en muchas formas simbólica o formal”, y se necesita una efectiva equidad.
En un encuentro que convocó a representantes de toda la provincia, las mujeres radicales de Córdoba manifestaron la necesidad de una paridad real en la conformación de los espacios de trabajo y liderazgo dentro de Juntos por el Cambio.
El Manifiesto apunta al “empoderamiento de mujeres lideresas y candidatas para lograr un protagonismo real en la construcción colectiva y potenciar la integración a través de una perspectiva de género”.
Allí, especialmente invitada, participó la diputada nacional Soledad Carrizo, quien junto al resto de las participantes manifestaron que las mujeres radicales, “abogamos por el protagonismo real paritario en las constituciones de las mesas de Juntos por el Cambio”.
“Estamos convencidas de que tenemos la responsabilidad de potenciar a más mujeres lideresas y candidatas a lo ancho y a lo largo de Córdoba y la República Argentina”, agregó la legisladora que está en la danza de nombres para acompañar en la fórmula al senador Luis Juez.
La cordobesa resaltó: “El camino es juntas y son las alianzas estratégicas y las acciones mancomunadas las que nos permiten diseñar acciones de presente y futuro con una mirada de perspectiva de género”.
“Necesitamos paridad real porque por ahora sigue siendo en muchas formas simbólica o formal, y para modificar este escenario se requiere integrarnos desde las fórmulas y que el 50% se aplique en forma efectiva en todos los espacios”, afirmó.
Carrizo señaló que “las mujeres estamos impulsando un cambio de estructuras; es el momento en el que nuestro partido ponga a prueba los acuerdos y la escucha activa que necesitamos para interpretar a la sociedad”.
“Nuestro objetivo es aportar a la pluralidad de voces y a la diversidad de miradas en cada una de las instituciones y ámbitos de la vida política, con la convicción de que esto redunda en la construcción de una sociedad más democrática, diversa e igualitaria”, continuó.
Y concluyó: “Las políticas públicas e institucionales que diseñemos, generemos y desarrollemos deben estar dirigidas a pensar y cuidar lo que realmente importa. Definitivamente debemos ser parte para construir, transformar y gobernar”.
La radical Soledad Carrizo puso un manto de sospecha por las relaciones de Argentina con Rusia y se preguntó si este hecho “estaba acordado entre Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin”.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Soledad Carrizo, presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo sobre la investigación del ingreso de embarazadas rusas a Argentina.
“Frente al ingreso de mujeres rusas embarazadas a nuestro país, y la posible vinculación con organizaciones criminales que promueven las tramitaciones de la ciudanía argentina, exigimos respuestas inmediatas y no solo justificativos oficiales que dejan incertidumbre”, señaló Carrizo.
La cordobesa dijo que se busca “conocer en detalle esta situación y las medidas que el Gobierno está adoptando para prevenir nuevos ingresos irregulares de migrantes”.
“La gestión de Alberto Fernández se ha destacado en la relación colaborativa-estratégica con la Federación de Rusia”, advirtió la radical y añadió: “Esta grave situación reclama diálogo oficial y un abordaje multilateral para prevenir el crimen organizado que afecta nuestra soberanía e intereses nacionales”.
Sobre esto último, la legisladora amplió que “muchas son las sospechas que nos traen los casos de las mujeres rusas que vienen a parir a nuestro país, por eso le preguntamos al Ejecutivo qué ocurre con estas mujeres, si hubo denuncias y si algún organismo estatal conocía esta situación o si el ingreso de estas mujeres estaba acordado entre Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin“.
En la solicitud se consulta “si se han adoptado medidas de acción conjuntas entre las autoridades de migraciones y las autoridades a cargo de resolver las solicitudes de obtención de ciudadanía argentina, por naturalización (consulado argentino en el exterior o RENAPER), o por opción (tribunales federales) frente a los hechos de público conocimiento”.
También si existen denuncias iniciadas en Argentina (ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas competentes) por parte de personas de nacionalidad rusa sobre la existencia de organizaciones criminales que participan del proceso migratorio e involucran promesa de obtención de ciudadanía o documentación oficial argentina.
Asimismo se requiere información desde los centros de salud de gestión pública o privada; cuáles son las medidas que se prevén para evitar la continuidad de estas prácticas; si se ha requerido oficialmente a las autoridades de la Federación Rusa intervención en esta situación; y si se ha informado oficialmente desde las autoridades de otro país sobre el desarrollo de estas prácticas que involucran organizaciones criminales que promueven migraciones a la República Argentina.
Con el acompañamiento de varios diputados de JxC, el pedido de informes busca que se clarifiquen “las decisiones carentes de datos técnicos tomadas por el Poder Ejecutivo”.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) presentó este martes un pedido de informes para clarificar que ocurrió con “la subejecución y desvío presupuestario en el área de discapacidad en el 2022”, así también como la situación actual de las obligaciones de pago a prestadores de servicios por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Además, expresó: “Queremos saber qué hicieron con las partidas que no se devengaron en el año 2022, donde fueron reasignadas y cómo se están ejecutando las partidas presupuestarias este año, ya que tenemos conocimiento que hay demoras en la ejecución al día de hoy”.
Del mismo modo, agregó: “En el área de salud referida a discapacidad, se están tomando decisiones con una carencia de datos técnicos que nunca fueron explicitados por el poder ejecutivo, generando una pauperización de los programas de servicios para personas con discapacidad y de los propios trabajadores, prestadores de servicios”.
7116-D-2022Acompañaron la iniciativa los diputados nacionales: Juan Carlos Polini (UCR – Chaco); Ximena García (UCR – Santa Fe); Gerardo Cipolini (UCR – Chaco); Roberto Sánchez (UCR – Tucumán); Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos); Juan Martín (UCR – Santa Fe); Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA); Manuel Aguirre (UCR – Corrientes); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal – Buenos Aires); Pablo Torello (Pro – Buenos Aires); Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba); Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI – CABA); y el jefe de bloque radical Mario Negri.
Tras el anuncio del Ministerio de Salud que dejó sin efecto las recetas virtuales, la diputada radical sostuvo que la falta de reglamentación de la ley “generó una disparidad en los criterios de aplicación”.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) presentó un pedido de reglamentación de la Ley 27.553 de Recetas Electrónicas y Digitales -promulgada en agosto de 2020- que permite la utilización de plataformas de teleasistencia en salud, en todo el territorio nacional, habilitando también que la prescripción y dispensación de medicamentos puedan ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales.
Además, la diputada integrante de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja cuestionó que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, haya dejado sin efecto la posibilidad de presentar la foto de la receta de papel enviada por correo o mensajería, habilitada en marzo de 2020, a través de varias resoluciones en consonancia con el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio.
“Esta decisión del Ministerio de Salud ha provocado un desamparo de miles pacientes con tratamientos crónicos o agudos en tanto evitaban su comparecencia personal a los centros de salud u hospitales para que les sean renovadas las recetas de medicamentos crónicos o cualquier otro medicamento de consumo habitual”, planteó Carrizo.
En tal sentido, la diputada radical explicó: “La Ley 27.553 le asignó a la autoridad de aplicación las tareas de desarrollar y/o adecuar los sistemas electrónicos existentes y regular su implementación para utilizar recetas electrónicas o digitales, y plataformas de teleasistencia en salud, y trabajar coordinadamente con las autoridades jurisdiccionales determinando los plazos necesarios para alcanzar la digitalización total en prescripción y dispensación de medicamentos, y regular el uso de plataformas de tele asistencia en salud”.
Del mismo modo, Carrizo sostuvo que, la falta de reglamentación de la iniciativa, “ha provocado una disparidad en sus criterios de aplicación y en la posibilidad de prescindir de este marco reglamentario que actualmente se ha derogado”.
En el cierre, la diputada afirmó que “esta ley debería garantizar que las recetas puedan ser otorgadas en formatos electrónicos o digitales, y no ha logrado su propósito por su ausencia reglamentaria”.
6819-D-2022Ante el sostenido aumento de casos de Covid en el país, la diputada Soledad Carrizo requiere información sobre la disponibilidad de las nuevas vacunas de amplio espectro.
Ante el sostenido aumento de casos de Covid-19, la diputada nacional Soledad Carrizo presentó un pedido de informes sobre la disponibilidad de vacunas de segunda generación en la Argentina, que ya se están suministrando en diversos países.
Según el recuento oficial, esta semana los casos llegaron a un total de 12.609 confirmados, un número casi cuatro veces superior al de la semana pasada, en que la cantidad de positivos ascendió a 3.323. Se ha registrado un aumento de casos en 23 de las 24 jurisdicciones del país y el 89% de los mismos se registran en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires.
En este contexto, Carrizo requirió información respecto a la disponibilidad de vacunas bivalentes o de segunda generación para aplicación en el territorio de la República Argentina, y si existen gestiones en curso, negociaciones o acuerdos comerciales en estudio o suscriptos, u ofrecimiento de laboratorios productores de vacunas bivalentes o de segunda generación para su adquisición y distribución en la República Argentina.
Además, solicita que se informe si se han elaborado o se encuentran en planificación ante las autoridades competentes en materia de inmunización y medicamentos estrategias concertadas para el estudio, aprobación, distribución y aplicación a la población argentina de estas vacunas.
Carrizo señala que es necesario poner en resalto que a nivel mundial ya se encuentran en aplicación este tipo de vacunas bivalentes contra el coronavirus, que “amplían su espectro protector a través de dos tipos de antígenos a la vez, es decir, con una mayor y más amplia cobertura”.
“Los beneficios de este tipo de vacunas frente a las que se encuentran en aplicación en nuestro país, reclama una pronta implementación para atacar preventivamente una posible suba sostenida en un contexto de gran movimiento turístico durante los meses de verano”, apuntó la legisladora radical.
“Considerando la amplia difusión que está teniendo esta vacuna por distintos medios de comunicación y la falta de un pronunciamiento e información oficial del tema nos conducen a presentar este pedido de informes, exhortando a las autoridades nacionales a brindar detalles sobre su aplicación en nuestro país”, concluyó.
Acompañan el reclamo los diputados Manuel Ignacio Aguirre, Karina Banfi, Rubén Manzi, Victor Hugo Romero, Lidia Inés Ascarate, Margarita Stolbizer, Gabriela Lena, Gustavo Alfredo Bouhid, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Marcela Ines Coli, Mariana Stilman, Maximiliano Ferraro y Miguel Ángel Bazze.
Soledad Carrizo solicita que se informe sobre las irregularidades en la asignación de planes sociales.
Ante las irregularidades detectadas en el programa de planes sociales implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social, la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba) citó a la titular de esa cartera, María Victoria Tolosa Paz, al recinto legislativo de la Nación para que dé cuenta de las incompatibilidades expuestas en el reciente informe de la AFIP.
La diputada Carrizo insta a la titular de la cartera de Desarrollo Social a que informe verbalmente sobre las irregularidades en la asignación y gestión de control de planes sociales a cargo de ese ministerio, para explicar cuáles son las medidas que ha adoptado Desarrollo Social sobre los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo en los que se han detectado estas incompatibilidades y detalle los mecanismos de control y auditoría institucional que utiliza para asegurar el otorgamiento y recepción de estos planes sociales.
A través de un informe de la AFIP, se detectaron que más de 250 mil beneficiarios de planes sociales compraron dólares y declararon Bienes Personales, más de 35 mil realizaron compras de divisas extranjeras, además se registraron alrededor de 2800 titulares fallecidos que continuaban recibiendo la asistencia. Ante ello, la diputada alertó sobre “un verdadero desfalco al erario público, que debe ser subsanado inmediatamente e investigar cuales son los mecanismos por los cuales se permiten estás estafas a la ciudadanía, así como judicializar a quienes se benefician en la intermediación de estas asignaciones fraudulentas”.
Pedido-Inteperlacion-Ministra-Tolosa-Paz-1Soledad Carrizo es autora junto a Alfredo Cornejo de un proyecto para que en las primarias no se elijan fórmulas “cerradas”.
La diputada radical Soledad Carrizo alertó contra la intención oficial de frenar las PASO, y cargó contra los gobernadores que impulsan esta movida y buscan convencer en ese sentido al presidente de la Nación. Y comenzó con un gobernador que no es del oficialismo, el de su provincia, Juan Schiaretti.
“La verdad que es una contradicción y una hipocresía de parte del gobernador decir que no tiene nada que ver con el Frente de Todos, cuando le van a dar los votos para inclinar la cancha y cambiar las reglas de juego en un momento donde la Argentina necesita mayor previsibilidad, mayores reglas claras”, se quejó la diputada radical en declaraciones periodísticas.
Carrizo marcó como “una contradicción” la de “muchos gobernadores que se muestran institucionales, republicanistas, como por ejemplo también el gobernador de San Juan, que no solamente suspendió las PASO, sino que incorporó la Ley de Lemas”. Citó también el caso de San Luis, y habló de “un retroceso claro que con tal de defender su porción de poder son capaces de cualquier cosa”.
Y alertó que “de ninguna manera vamos a aceptar esto: vamos a estar pendientes para que la ciudadanía vea quién se sienta a dar las discusiones”, enfatizó.
La diputada Soledad Carrizo es autora junto al hoy senador Alfredo Cornejo de un proyecto que busca modificar las PASO, pero manteniéndolas. Permitiendo eso sí que las coaliciones sólo diriman la categoría presidente y que el ganador pueda elegir su vice entre sus competidores.
El proyecto,presentado en diciembre 2021,impulsa la modificación del texto del artículo 19 de la ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley 26.571), que pasaría a reglamentar que se exceptúa el candidato a cargo de vicepresidente de la Nación para el caso de agrupaciones políticas y alianzas que presenten varias listas, quien deberá ser seleccionado luego de las elecciones primarias y dentro de los plazos establecidos por esta ley para los comicios generales.
Ambos congresistas entienden que el vicepresidente debe ser seleccionado únicamente de entre el universo de precandidatos que participaron como integrantes de alguna de las listas internas de dicha alianza o agrupación, cualquiera sea la categoría en que lo haya hecho.Esto amplía el margen de acuerdos y participación, no limitando la posibilidad de selección solo entre quienes lo han hecho como precandidatos a presidentes de las listas internas.
Sostienen que la potestad de seleccionar el vicepresidente no es una atribución personal exclusiva del precandidato presidencial ganador proclamado, sino que la decisión se elabora en un marco de acuerdo reglamentario más amplio; evitando concentrar poderes exorbitantes de tipo personales en esta persona.
Con tal fin, se propone la redacción del artículo 44 bis de la ley de referencia:
Artículo 44 bis: Las agrupaciones políticas o alianzas que participen en las primarias con más de una lista oficializada de precandidato a presidente deberán presentar su fórmula solo con precandidato a presidente. Una vez proclamado según el artículo 44, la selección del candidato al cargo de vicepresidente de la Nación para la elección general debe ser comunicada por el candidato a presidente a la junta electoral de la agrupación política en un plazo de 72 horas desde la proclamación. Conforme lo establezcan los acuerdos electorales de cada agrupación política, podrán ser seleccionados para candidato a vicepresidente de la Nación en los comicios generales únicamente quienes hubieran participado en las elecciones primarias como precandidato en cualquier categoría de alguna de las listas que integran dicha agrupación política o alianza partidaria”.
4446-D-2021Las comisiones de Discapacidad, y Acción Social y Salud Pública avalaron las iniciativas que contaron con consenso unánime, y quedaron listas para su tratamiento en el recinto.
En reunión de Comisión Conjunta, Discapacidad, y Acción Social y Salud Pública dictaminaron favorablemente sobre los proyectos de Protección Integral de las Personas Discapacitadas – Ley 22.431-, modificación del artículo 3, sobre el Certificado de Discapacidad; y el proyecto por el cual se garantiza la contención y acompañamiento de las personas que reciban un diagnóstico de Trisonimia 21 / Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.
Al comienzo del debate, la diputada por Evolución Radical Carla Carrizo celebró los acuerdos alcanzados en comisión respecto al proyeco de modificación del Certificado de Discapacidad: “En un momento donde todo el mundo está descalificando a la dirigencia política, creo que la Comisión de Salud, como la de Discapacidad son dos comisiones donde tenemos una estrategia incisiva para lograr cosas inter-partidarias, y eso generalmente es una excelente noticia. Y este es un caso, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Sobre la iniciativa señaló que “es sobre todo es un proyecto que atraviesa todas las provincias y muchísimas familias argentinas, es intergeneracional, familias que están atravesadas por una vida más difícil, que es convivir y llevar una vida con personas con discapacidad. La clave para vivir mejor es el Certificado Único de Discapacidad, y ha sido un aprendizaje cómo hacerlo mejor”.
En el mismo sentido, se manifestó la vicepresidenta 2° de la Comisión de Discapacidad, la diputada Graciela Caselles, quien sostuvo que el proyecto es “un paso más en la historia de la evolución de la discapacidad. De haber sido ocultados, o personas que eran condenadas a la mendicidad, y demás, que ahora los distintos actores políticos nos pongamos de acuerdo, sobre todo en haber escuchado una realidad tan difícil que viven las familias a la hora de encontrar derechos”.
Seguidamente, la diputada del Pro Victoria Morales Gorlieri también celebró haber llegado a este dictamen: “Las complejidades las vimos en las distintas organizaciones que vinieron al Congreso, y fue muy importante también el dialogo que hubo entre las distintas fuerzas políticas que integramos la Comisión para llegar a hoy. Todos, sin banderas partidarias, estábamos con la convicción de encontrar una solución a este problema, y se ve reflejado en este dictamen”, manifestó.
Respecto a la renovación automática del CUD, señaló que “estamos incorporando el paradigma de la convención, que hace tanto tiempo que como país la hemos firmado, y que aún tenemos grandes deudas pendientes. La discapacidad es un fenómeno dinámico, y así debemos verlo. Creo que estamos dando un paso muy importante, y me sumo al pedido de poner el dictamen en el Congreso cuanto antes”, concluyó.
A su turno, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés se manifestó en el mismo sentido: “Me parece que es un día muy importante para nosotros que estamos resolviendo esta situación. Ojalá las cámaras de televisión registren que el Parlamento trabaja sobre estas cuestiones que son muy importantes en la sociedad. Se calcula que en la Argentina hay 5 millones 400 mil personas con discapacidad y solo tenemos 1 millon 300 con CUD, algo está pasando que no logran acceder”.
“El CUD es la posibilidad de tener derechos, que todos puedan acceder es el comenzar a tener derechos. Lo que tenemos que hacer es que junto a lo que estamos resolviendo, es que también fortalezcamos el presupuesto para las personas con discapacidad. Que el acuerdo político, junto a este CUD, sea que en las políticas para discapacidad haya proactividad, haya la posibilidad de que esto y la garantía de los derechos que significan el CUD puedan plasmarse”, agregó.
La diputada por el Frente de Todos Paola Vessvessian acompañó el pedido de Valdés, y consideró que el tema del presupuesto es clave: “Si esta ley no la acompañamos con una mirada de territorialidad y de accesibilidad se nos va a hacer muy complicado, porque a veces queda en las grandes ciudades y no podemos llegar al interior del interior o a lo profundo de lo profundo de nuestro país. Por eso es importante la capacitación continua y permanente de quienes forman parte de las Juntos Medicas, porque a veces está el desconocimiento para llegar realmente al diagnóstico que habilite el CUD”.
En el mismo sentido se manifestó la diputada, también oficialista Lucila Masin, quien celebró la nueva redacción del proyecto, y resaltó que “solamente con la modificación de esta ley no alcanza, si no también tenemos que pensar de qué manera podemos generar mejor accesibilidad comunicacional y difusión del alcance del CUD porque eso implica definitivamente mejorar las prestaciones y derechos de las personas con discapacidad”.
Respecto al proyecto de Diagnóstico y Pronóstico Humanizado, Soledad Carrizo señaló la urgencia de su tratamiento: “Es una ausencia de nuestra legislación que otros países, incluso vecinos, lo tienen y que es urgente que en la Argentina avance. Es regular esta relación entre los profesionales y los pacientes. Muchos acá son médicos, seguramente han tenido algún momento donde las malas noticias son difíciles de manifestarlas y de preparar a esa familia que va a recibirla. Como profesional tal vez no estén preparados tampoco, y esto es lo que el proyecto tiende a arreglar”.
En este sentido, celebró la posibilidad de que esto avance, y que “venga con media sanción por unanimidad en el Senado. Entiendo la necesidad y la urgencia de que Argentina avance con esta legislación, de no poner ninguna modificación”.
“Quería manifestar la alegría de saber que en estas comisiones hemos hecho un esfuerzo claramente de primero encontrar los puntos de encuentro, y dejemos atrás las discusiones. Porque hay mucha sociedad civil que nos está mirando que está necesitando esta reglamentación”, concluyó.
Finalmente, el diputado por la Coalición Cívica Rubén Manzi consideró que más que lo punitorio habría que revisar los procesos de formación de profesionales: “Creo que esto es una tarea, de plantear los contenidos de formativos que tienen nuestras facultades del Gobierno actual, del que viene, y probablemente del otro. Tenemos que revisar nuestra formación”.
Diputados de Juntos por el Cambio la emprendieron contra Martín Soria por haber expresado en una entrevista su deseo de “destituir” a integrantes de la Corte Suprema.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio impulsó un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.
La medida es impulsada por “mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, haciendo operativa su responsabilidad ante las graves expresiones vertidas en ejercicio de su función”.
El disparador de este procedimiento son las expresiones del funcionario durante una entrevista expresó: “Hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”.
Ante ello, la diputada nacional radical Soledad Carrizo planteó que “sin perjuicio de la claridad de estas expresiones, se vuelve necesario interpretarlas en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen”.
Así las cosas, Carrizo advirtió que “el ministro de Justicia de la Nación ha puesto de resalto su deseo de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en una pretensión ideológica personalista”.
“En resumidas cuentas, atacar y derribar a las autoridades constitucionales de un poder del Estado sin más justificativo que una vocación sediciosa, antidemocrática, antirrepublicana y groseramente desequilibrante del estado constitucional derecho”, plantea el pedido de juicio político.
En los fundamentos se añade que estas expresiones “no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el estado de derecho, sino que se vuelven aún más graves en relación a su responsabilidad como autoridad nacional, y el evidente mal desempeño que trae aparejado, con más la posible configuración de una conducta delictual tipificada en nuestro código penal como delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de la Nación”.
El pedido de juicio político es acompañado por los diputados radicales Karina Banfi, Marcos Carasso, Juan Martín, Martín Arjol, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Ximena García, Jorge Vara, Miguel Nanni, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Gustavo Bouhid y Fernando Carbajal, y Gerardo Milman por el Pro.
La ley de prevención vigente se aprobó en 2015 y tardó 6 años en ser reglamentada. En Argentina, los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años. Proponen que el 10 de septiembre sea una fecha de concientización.
Por José Angel Di Mauro
El 10 de septiembre de cada año se conmemora el “Día Internacional de la Prevención del Suicidio”, instaurado en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que en abril de este año, la diputada nacional Dina Rezinovsky propuso declarar esa fecha como “Día Nacional de la Prevención del Suicidio”.
La propia diputada del Pro destaca en su iniciativa que en la Argentina el suicidio es la segunda causa de muerte en la adolescencia después de las lesiones de tránsito. Allí puntualiza que un relevamiento de datos muestra que hubo un aumento de las tasas en las últimas décadas en el país entre los adolescentes de 15 a 19 años.
Por eso sostiene Rezinovsky que “esta fecha es un día especial para poder desarrollar diversas acciones para concientizar sobre el tema, entendiendo que la prevención es posible en la mayoría de los casos de suicidio”.
Representante de la Ciudad de Buenos Aires, esta diputada presentó en la misma época una serie de proyectos relacionados con el mismo tema, como una propuesta para crear una Campaña Nacional de Prevención y Concientización del Suicidio, cuyo objetivo es garantizar la concientización sobre el suicidio para su prevención.
También ha impulsado un proyecto para crear una línea telefónica gratuita con alcance nacional de tres dígitos para la atención de consultas relativas a riesgo suicida, trastornos de depresión y ansiedad, y que esté disponible las 24 horas todos los días del año.
En el Senado hay también iniciativas relacionadas con el tema suicidios, como la del chaqueño oficialista Antonio Rodas, quien propone adherir al Día Internacional para la Prevención del Suicidio que, como dijimos, se conmemora este 10 de septiembre, bajo el lema “crear esperanza a través de la acción”.
La diputada Claudia Gabriela Márquez (Córdoba Federal) impulsa por su parte una ley general de la Salud y del Código Civil de Salud. En esa ambiciosa iniciativa dedica un título a la prevención del suicidio. En el mismo establece, en el artículo 38, que “la autoridad de aplicación debe coordinar su accionar con las áreas y organismos competentes con incumbencia en la materia, con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Allí propone la capacitación de los recursos humanos en salud y educación para la detección de las personas en situación de riesgo a través de una formación sistemática y permanente; la elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer nivel de atención de salud y de los de emergencia hospitalaria, y un protocolo de coordinación entre los servicios de salud, la línea telefónica de emergencia y otros ámbitos comunitarios intervinientes, entre otros temas.
El diputado radical correntino Manuel Aguirre ha presentado también un proyecto que apunta a los suicidios. Fue en agosto pasado, cuando propuso implementar una protección electrónica en los puentes, para prevenir suicidios.
La propuesta prevé que todos los proyectos ejecutivos de obras públicas cuenten para su aprobación con medidas de prevención de suicidios, por medio de sensores electrónicos o que cumplan ese objetivo.
En los fundamentos de su iniciativa, el legislador correntino señala que el suicidio como un evento premeditado es el modelo imperante en la valoración del fenómeno suicida. “Sin embargo, existe creciente evidencia de que muchas veces el suicidio se desarrolla con mínima planificación”. A esto se denomina “suicidio impulsivo”, término que ya había empleado el sociólogo, pedagogo y filósofo francés Emile Durkheim allá por 1897.
Aunque no existe una definición estandarizada, se incluye como suicidio impulsivo a aquellos en los que entre la ideación y la ejecución del acto median pocos minutos a pocas horas (no hay base empírica para estos puntos de corte). La mayoría de estudios encuentra que los suicidios impulsivos constituyen más de la mitad de todos los intentos de suicidio.
Aguirre pone el ejemplo del Golden Gate, el puente con mayor número de suicidios en el mundo, en cuyo caso los estudios costo/beneficio y las evidencias de estudios de prevención en lugares semejantes han llevado a que este año se instalen finalmente mallas protectoras a los costados del puente. Lo más importante, destaca el legislador correntino, es que luego de las medidas de prevención, los suicidios no se incrementaron en áreas cercanas como podría pensarse: que al cercar un puente, el suicida en potencia reemplazará la alternativa bloqueada por otra, por lo que supuestamente resultaría inútil esa forma de prevención. Inclusive en un seguimiento a los suicidas frustrados del Golden Gate, se halló que posteriormente no más de 10% conseguían el suicidio.
“La frase ‘el suicida está dispuesto a morir’ representa esta creencia estigmatizante pues en realidad la gran mayoría de suicidas se halla ambivalente entre la vida y la muerte, si logran superar la crisis pueden recuperar su deseo de vivir”, destaca el autor del proyecto para instalar elementos de protección en los puentes.
La diputada sanjuanina Susana Laciar (Producción y Trabajo) presentó en agosto pasado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas a la problemática del suicidio. Quiere saber la diputada de JxC datos estadísticos discriminados por franja etaria; capacitación en los recursos humanos de salud y educación para la detección de las personas en situación de riesgo, a través de una formación sistemática y permanente; planificaciones estratégicas y registros con información estadísticas de los intentos de suicidios y suicidios cometidos, entre otros temas.
La Ley de Prevención del Suicidio lleva el número 27.130 y data del año 2015. Su objetivo es declarar de interés nacional en todo el territorio de la República Argentina la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas del suicidio.
Se estableció en tal norma la obligatoriedad de diseño y acción de diversos planteos en procura de reducir la tasa de mortalidad por suicidio.
Atento a ello es que la diputada Laciar señala que con las estadísticas oficiales vistas nos muestran indicadores que, más allá de algunas variaciones, arrojan un promedio en la última década de 3.177 muertes por suicidio al año, de los cuales más del 50% corresponden a adolescentes y jóvenes de hasta 34 años. “Hoy por hoy, en la Argentina, los suicidios constituyen la principal causa de muerte de personas de entre 15 y 24 años, ubicándose en segundo lugar los siniestros viales”, destaca la legisladora sanjuanina, tal cual indica también Dina Rezinovsky.
Su proyecto precisa que a nivel internacional, la tasa de suicidio en nuestro país se ubica en 8,4 por cada 100 mil habitantes, indicador que prácticamente se mantuvo constante durante la última década. La tasa se encuentra por debajo del promedio mundial (9,1), pero por encima del indicador correspondiente a América Latina y el Caribe (6,19). Esto surge de un estudio elaborado por el Banco Mundial que abarcó casi 200 naciones.
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2019 murieron por esta causa 454 argentinos de entre 10 y 19 años.
La diputada María Eugenia Vidal también se ha ocupado del tema en un pedido de informes presentado en junio pasado sobre diversas cuestiones relacionadas con la salud mental. Allí pide conocer, entre otros ítems relacionados con la salud mental un informe detallado sobre la manera como se prevé fortalecer en las provincias la implementación de la ley de prevención del suicidio.
En mayo de 2021, la entonces diputada entrerriana Mayda Cresto propuso para modificar el Código Penal de la Nación, incorporando el artículo 83 bis sobre “instigación al suicidio de una mujer”. Allí establece que “quien instigare a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco (5) a siete (7) años”.
Cabe recordar que el Código Penal reprime el delito de instigación al suicidio con prisión de uno a cuatro años, “si el suicidio se hubiese tentado o consumado”.
En este caso la exdiputada entrerriana señala puntualmente los casos de instigación a la mujer teniendo en cuenta que en el ámbito de la violencia de género el suicidio configura un camino de salida falso para las mujeres que sufren violencia machista. El 80% de la población femenina maltratada ha pensado en suicidarse, mientras que un 64% de ellas lo ha intentado, según estudios internacionales de la materia.
También quieren introducir modificaciones al Código Penal en cuanto a instigación al suicidio dos diputadas radicales: Soledad Carrizo (Córdoba) y Roxana Reyes (Santa Cruz), según las cuales el artículo 83 debería quedar redactado de la siguiente manera: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado. El mínimo de la pena se elevará a cinco (5) años y el máximo a 8 (ocho): 1) cuando la víctima sea menor de edad; 2) cuando la víctima sea una persona gestante; 3) cuando la víctima sea mayor de setenta (70) años de edad”.
Como hemos dicho, la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio fue aprobada en 2015. Sin embargo tardó años en reglamentarse, al punto tal que en marzo de 2021 la diputada mendocina Claudia Najul (UCR) presentó un proyecto solicitándole al Poder Ejecutivo Nacional proceder a “reglamentar de forma inmediata” esa norma, “por haber transcurrido hasta el momento 67 meses de haberse vencido el plazo legal para hacerlo”.
Seis meses después, el 9 de septiembre de 2021 el Gobierno de Alberto Fernández reglamentó finalmente esa norma. Pasaron así seis años desde su sanción, en abril de 2015.
Entre sus objetivos, la ley establece “el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio; el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población; el desarrollo de los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos y la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación”.
En lo que a asistencia se refiere, la norma dispone que “quien padeció ideaciones y/o conductas suicidas tiene derecho a ser atendido en el marco de las políticas de salud; debiendo priorizarse la asistencia de los niños, las niñas y adolescentes, destacando que la atención, en todos los casos, deberá ser a través de un equipo interdisciplinario, conformado en los términos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657”.
Además, indica que las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, así como todos aquellos agentes que brinden servicios médicos, asistenciales a sus afiliados y afiliadas, independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas que hayan realizado un intento de suicidio y a sus familias, así como a las familias de quienes hayan consumado el acto de suicidio; debiendo estas prestaciones comprender la detección, el seguimiento y el tratamiento de acuerdo a lo establecido por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud.
Según datos de 2019 aportados por la OMS, cada año cerca de 800.000 personas mueren por suicidio, siendo la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años; estimándose que por cada adulto que se suicidó, hay otras 20 personas que lo intentaron.
En tanto, estadísticas de UNICEF, publicadas también en 2019, señalan que en Argentina los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años, cifra que ascendió a 12,7 cada 100.000 adolescentes entre los 15 y los 19 años.
Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que sostener algunos mitos como que “hablar del tema incrementa el riesgo” o que “los niños no se suicidan”, dificulta la prevención de estos episodios.
“El suicidio no se comprende en sí mismo como una entidad psicopatológica ni se circunscribe a un padecimiento mental; se entiende como un fenómeno multicausal en el que interactúan factores del orden individual, familiar, social y comunitario”, afirma Nora Poggione, médica pediatra, miembro del Comité de Estudios Permanentes del Adolescente (CEPA) de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
Encabezados por los radicales Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile, los legisladores presentaron un proyecto en el que solicitan información al Ejecutivo sobre la demora en los pagos de las prestaciones.
En medio de los reclamos que trabajadores de la salud realizaron en distintos puntos del país, incluso frente a la Casa Rosada, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes sobre la situación presupuestaria en el sector de la discapacidad.
En la solicitud, encabezada por la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y el formoseño Ricardo Buryaile (UCR), reclaman que el Gobierno informe “si existe demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a las personas con discapacidad, y en cuyo caso, cuál es la situación de la demora y su causa”.
También, si “existen actualmente reclamos o requerimientos en trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud o demás autoridades a cargo del sistema de prestación de atención integral a favor de las personas con discapacidad, por parte de prestadores de servicios de salud vinculados a retrasos en los pagos de las prestaciones para pacientes con discapacidad”.
Asimismo, solicitan conocer “el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos de las prestaciones de servicios de salud para personas con discapacidad correspondientes al mes de junio 2022 por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud”.
En los argumentos, los autores explicaron que “según la Ley 24.901, de sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones”.
“La irregularidad de los pagos perjudica tanto a los trabajadores prestadores de servicios de salud como a los beneficiarios de las mismas por la suspensión de sus tratamientos, personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al encontrarse con diversas barreras, ven impedida su participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, señalaron.
El proyecto fue acompañado con las firmas de Gabriela Lena, Víctor Hugo Romero, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Karina Banfi, Pedro Galimberti, María Victoria Tejeda, Pamela Verasay, Dina Rezinovsky, Roxana Reyes, Miguel Bazze, Mercedes Joury, Lidia Ascárate, Marcos Carasso, Leonor Martínez Villada, Virginia Cornejo, Gustavo Bouhid y Marcela Coli.
La dimisión del funcionario se dio en el marco de las denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, cuya investigación se amplió a otros 13 casos.
Tras la renuncia del ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, en el marco de las denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, cuya investigación se amplió a otros 13 casos, diputados cordobeses de la oposición exigieron que “se conozca la verdad” de lo sucedido.
El diputado nacional y jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, expresó a través de su cuenta de Twitter: “La Renuncia del ministro de Salud Cardozo comienza a mostrar las responsabilidades políticas y por otra parte queda claro que nuestras manifestaciones no eran desproporcionadas y menos demagógicas”, y exigió: “Recién comienza la búsqueda de la verdad, Córdoba debe conocerla”.
En el mismo sentido se pronunció el titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, quien consideró que “la salud de Córdoba necesita reformas de fondo. La salida de Cardozo era imprescindible desde un primer momento frente a los acontecimientos que son de público conocimiento”, y señaló: “Que la justicia siga trabajando, tiene todo nuestro respaldo para una investigación objetiva”.
“Las familias merecen que se sepa la verdad y se haga justicia por el daño irreparable que se les ha hecho, y los cordobeses que no se repita nunca más una tragedia de esta gravedad”, sostuvo.
También se manifestó por la misma red social la diputada Soledad Carrizo (UCR): “La renuncia del ministro Cardozo dan fe de la crisis que atraviesa el sistema sanitario Pcial. Desde médicos truchos, un padre que no pudo despedirse de su hija, a muertes de bebés en serie en el Neonatal”, y le exigió al gobernador Juan Schiaretti que se haga “cargo de la responsabilidad que le toca”.
La cordobesa Soledad Carrizo lo hizo basada en declaraciones que el ministro de Justicia tuvo para con los miembros de la Corte Suprema.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó este jueves un proyecto de resolución que promueve el juicio político contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.
La solicitud de la cordobesa se fundamenta en declaraciones que el funcionario expresó en una entrevista radial, cuando dijo: “Hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”.
En los fundamentos, la legisladora de Juntos por el Cambio señaló que “sin perjuicio de la claridad de estas expresiones se vuelve necesario interpretarlas en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen al ministro. Soria dejó en evidencia su deseo de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en una pretensión ideológica personalista”.
Y criticó su forma de “atacar” e intentar “derribar a las autoridades constitucionales de un poder del Estado sin más justificativo que una vocación sediciosa, antidemocrática, antirrepublicana y groseramente desequilibrante del estado constitucional de derecho”.
Para Carrizo, “estas expresiones no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el Estado de derecho, sino que se vuelven aún más graves en relación a su responsabilidad como autoridad nacional, y el evidente mal desempeño que trae aparejado, con más la posible configuración de una conducta delictual tipificada en nuestro Código Penal como delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de la Nación”.
“La hostilidad y apatía que reiteradamente ha mostrado contra el orden y las autoridades constituidas no solo deshonran a la investidura que reviste como autoridad nacional, sino que colaboran con un contexto de permanente deseo de monopolizar el poder público persiguiendo intereses personales autocráticos”, completó la diputada.
El proyecto fue acompañado por sus pares Karina Banfi, Marcos Carasso, Juan Martín, Martín Arjol, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Ximena García, Jorge Vara, Miguel Nanni, Pedro Galimberti, Gerardo Cipolini, Gustavo Bouhid, Fernando Carbajal, Gerardo Milman, Lisandro Nieri, Carlos Zapata, Lidia Ascárate, Margarita Stolbizer, Mario Barletta, Roxana Reyes, Ana Clara Romero, Graciela Ocaña, María Sotolano, Waldo Wolff, Gabriela Lena, Alberto Asseff, Jorge Rizzotti y Miguel Bazze.
El proyecto busca modificar la actual Ley 27.541. “Desde el Congreso Nacional debemos ampliar las herramientas de protección y promoción, limitando los condicionamientos e interferencias que puedan afectar sus posibilidades de perfeccionamiento deportivo”, explicó.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba) presentó un proyecto para modificar la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, en el que reglamenta el Impuesto País, proponiendo que se excluyan los gastos asociados a la participación de atletas argentinos en representación oficial en competencias federativas, confederativas, y eventos multideportivos incluidos torneos preolímpicos clasificatorios realizados en el exterior.
“Presenté este proyecto convencida de la importancia de promover y acompañar el desarrollo deportivo de los atletas argentinos, eliminando aquellos obstáculos que condicionan y desincentivan su crecimiento profesional por razones económicas”, explicó Carrizo.
En ese sentido, aseguró que “desde el Congreso Nacional debemos ampliar aún más las herramientas de protección y promoción, limitando al mínimo posible los condicionamientos e interferencias que puedan afectar sus posibilidades de perfeccionamiento deportivo”.
“Esta reducida enumeración de operaciones no alcanzadas contrasta, no libera ni deja afuera, a un amplio universo de personas para quienes su aplicación redunda en una verdadera afectación para el desarrollo de sus actividades, llegando en muchos casos a funcionar como un desincentivo o disuasión para su continuidad, especialmente el caso de los atletas argentinos en representación oficial de nuestro país”, argumentó la diputada radical.
Y añadió: “Los deportistas y atletas de alto rendimiento de nuestro país han sido un grupo especialmente afectado, no sólo por el sinnúmero de dificultades que han tenido para la continuidad de su práctica y entrenamiento ante la pandemia, sino por lo sensible que es su actividad a las oscilaciones económicas, tan comunes en Argentina”.
“Para muchos atletas participantes el impuesto país se ha presentado no solo como un obstáculo sino como un desincentivo, restringiendo sus posibilidades de participar y debiendo incrementar los esfuerzos para conseguir patrocinadores y financiamiento especial”, subrayó Carrizo y sumó: “Esta situación pone en evidencia la imperiosa necesidad de ampliar en favor de los deportistas las actividades no alcanzadas por el impuesto país, conscientes de la importancia estratégica de promover del desarrollo deportivo, especialmente para personas con discapacidad”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, resalta que “desde el año 2019, con la sanción de la Ley 27.541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, se estableció en nuestro país el denominado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, o PAIS, conformado mediante un porcentaje adicional del 30% (8% para servicios digitales) aplicado sobre el importe total de distintas operaciones que involucran el pago en dólares en el exterior, efectivizado al momento de realizar la transacción”.
Además, detalla que “este impuesto, fundado en criterios de equidad y distribución social y solidaria de cargas, actúa en la práctica como un componente que encarece e incrementa el valor de bienes y servicios que se comercializan en moneda extranjera, haciendo aún más dificultoso su acceso en una economía caracterizada por su volatilidad y la inferioridad de cambio de su moneda”.
“Al amplio espectro de actividades enumeradas en el artículo 35 de dicha ley que constituyen el hecho imponible, le sigue un reducido universo de sujetos y actividades que por su importancia quedan fuera de su alcance, tales como los gastos para prestaciones de salud, la compra de medicamentos, adquisición de libros, utilización de plataformas educativas, gastos asociados a proyectos de investigación y adquisición de materiales de equipamiento destinado a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población”, argumenta.
En la fundamentación del proyecto también destaca que “un sinnúmero de deportistas vieron afectadas sus posibilidades de participar en eventos deportivos por la devaluación de nuestra moneda y el alto costo que implica viajar al exterior, cuestión esta última adicionalmente afectada por medidas del gobierno nacional que tienden a restringir aún más estas posibilidades tal como el impuesto PAIS, el régimen de percepción de ganancia anticipada sobre la compra de moneda extranjera (Resolución General 4815/2020), la eliminación del financiamiento del costo de la compra de pasajes mediante tarjetas de crédito, la restricción para la adquisición de dólares en el mercado oficial, entre otras tantas medidas”.
“Entre este universo de deportistas afectados, un caso de particular resonancia ha sido la del Comité de atletas argentinos participantes del Campeonato Mundial de Atletismo Adaptado, exclusivo para deportistas con Síndrome de Down, desarrollado en la ciudad de Nymburk, República Checa entre los días 19 al 26 de junio de este 2022, para quienes esta carga impositiva ha sido especialmente desventajosa para su participación”, cierra el texto.
Acompañan la iniciativa sus pares Karina Banfi, Margarita Stolbizer, Gabriela Lena, Ana Romero, Marcela Campagnoli, Juan Martin, Ximena García, Laura Machado, Dina Rezinovsky, Julio Cobos, Hugo Romero, Mario Barletta, Camila Crescimbeni, Adriana Ruarte, Marcela Coli, Alfredo Bouhid, Leonor Martínez Villada, Lidia Ascarate, Lisando Nieri, Pamela Verasay y Roberto Sánchez, Virginia Cornejo, Fernando Carbajal, Ingrid Jetter, Carlos Raúl Zapata, Pedro Jorge Galimberti, Miguel Ángel Bazze, Laura Carolina Castets, María Solano, Ricardo Buryaile y Aníbal Tortoriello
A partir de las novedades que se conocieron el fin de semana, radicales quieren que el Gobierno brinde información sobre ese emprendimiento y obras complementarias.
Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Soledad Carrizo, solicitaron que el Gobierno Nacional informe sobre la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner y obras complementarias a dicho emprendimiento.
Además pidieron, entre otros ítems, saber cuándo, a través de qué medios oficiales y en qué consistió, la solicitud efectuada por Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IESA) a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero, para que indicara que empresas podían cumplir con los requisitos técnicos de los pliegos de contratación y cuál fue su respuesta.
“Nos preocupa que se haya cometido un delito de corrupción en el proceso de licitación del Gasoducto. Tras conocerse el chat donde se brindaba información en off, que involucran a funcionarios y autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo e IEASA desbordan desacuerdos de naturaleza política y se traducen en acciones delictivas y de gravedad institucional que no pueden ser resueltos con la renuncia de un ministro”, advirtió Carrizo.
Agregó: “La respuesta de IEASA fue vaga y ambigua, sin precisiones, pretendiendo desacreditar las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de contratación de proveedores para adquisición de caños y válvulas para la construcción del gasoducto”.
“IEASA solo emitió ese comunicado más en términos políticos que para asegurar la transparencia, información y control de las obras a su cargo en el marco de los procesos licitatorios que lleva adelante. Pone en evidencia la preocupante situación política e institucional que atraviesa la gestión de Alberto Fernández”, destacó Carrizo, Secretaria Parlamentaria del Bloque UCR.
“Estos reiterados y desprolijos cruces mediáticos entre autoridades del estado nacional, no pueden contrarrestar ni invisibilizar la gravedad de los hechos delictuales involucrados en la gestión de IEASA”, remarcó Carrizo y añadió que “resulta preocupante la falta de precisiones técnicas y ejecutivas destinadas a promover la claridad y la transparencia de la gestión, siendo la obra de construcción del gasoducto para satisfacer el crecimiento de la demanda interna industrial, mejorar la calidad de vida de la población y permitir el acceso de más usuarios al servicio”.
Acompañan este proyecto los diputados de la UCR Lidia Ascárate, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti, Jorge Vara, Karina Banfi, Lisandro Nieri, Juan Polini, Marcela Coli, Hugo Romero, Ximena García, Juan Martín, Manuel Aguirre, Gabriela Lena, Roberto Sánchez, Miguel Bazze y Pedro Galimberti.
La diputada radical Soledad Carrizo presentó una iniciativa para que el Estado garantice la prevención y asistencia a las especies tras los incendios forestales.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de ley que impulsa la modificación de la Ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego, con el fin de incorporar la protección de la fauna silvestre.
Entre uno de los cambios, la iniciativa de la legisladora cordobesa modifica el texto del artículo 4, que pasaría a incluir la protección a la fauna silvestre, según la definición de la Ley de Conservación de la Fauna; e impulsa el desarrollo del “Programa de Protección de la Fauna Silvestre”, que deberá garantizar la atención preventiva, asistencia primaria y cuidados post eventos, destinados a la reinserción de la fauna silvestre afectada por los incendios forestales en Argentina.
Asimismo, se regula solventar todas las acciones necesarias para la atención preventiva, asistencia primaria y cuidados de la fauna silvestre afectada por los incendios.
“Los incendios del 2022 han afectado a tantas hectáreas que se han superado ampliamente los números en todo el año 2021 y, lamentablemente, la fauna silvestre es la principal víctima de los incendios en el Parque Nacional Iberá”, explicó la secretaria parlamentaria de la bancada radical.
En esa línea, mencionó que “según los científicos, aunque algunas especies logran sobrevivir al impacto directo del fuego, las consecuencias son muchas y diversas, entre ellas, la falta de acceso a la comida, los altos niveles de estrés y los problemas de convivencia entre especies hacinadas en un mismo hábitat”.
“El impacto más notorio sobre la fauna se presenta en la pérdida de su hábitat y nichos ecológicos, reduciendo la diversidad y su abundancia relativa, con un efecto prolongado en el tiempo luego del fuego”, resaltó.
Y concluyó: “El Estado es el único ausente en materia de protección de la fauna ante estos sucesos, por ello es imprescindible una legislación que tienda a cambiar esta situación”.
El proyecto cuenta con las firmas de sus pares Juan Martín, Martín Arjol, Sebastián Salvador, Gabriela Lena, Víctor Hugo Romero, Ximena García, Roberto Sánchez, Miguel Nanni, Lidia Ascárate, Marcela Coli, Pamela Verasay, Francisco Monti, Miguel Bazze y Lisandro Nieri.
El proyecto fue presentado por la diputada radical Soledad Carrizo, luego del encuentro de la justicia federal en Rosario.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) solicitó al Poder Ejecutivo un pedido informes sobre la situación del Servicio Penitenciario Federal.
Puntualmente, la radical pidió que se informe sobre cuáles son las acciones y medidas de prevención para atender el “despliegue del fenómeno narcocriminal desde el interior de establecimientos penitenciarios” y las actividades delictivas desarrolladas con la participación de internos alojados en cárceles federales del país.
Además, la cordobesa solicitó en el proyecto de resolución que se explique si se han implementado acciones de trabajo conjuntas o colaborativas entre la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) para la implementación de medidas de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de análisis institucional sobre el fenómeno de la Narcocriminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios.
El pedido incluye preguntas sobre si existe un relevamiento oficial de datos e información elaborado por el Servicio Penitenciario Federal sobre actividad delictiva desarrollada desde el interior de establecimientos penitenciarios federales y el detalle sobre cuáles han sido los objetivos estratégicos y medidas de acción para la prevención de esas actividades delictivas desde el inicio de la interventora María Laura Garrigós de Rébori.
Carrizo explicó que su pedido está basado en las conclusiones del Encuentro Nacional de la Justicia Federal, “El juzgamiento del narcotráfico”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), tras el cual también desde la Coalición Cívica reclamaron interpelar a Garrigós de Rébori.
“Los expositores, y en particular los miembros del máximo tribunal de nuestro país, refirieron a la preocupante situación que atraviesa nuestro país por el incremento de la actividad delictiva vinculada al narcotráfico”, señaló la secretaria parlamentaria del bloque radical.
En ese sentido, consideró que “la interventora debe informar qué ha hecho durante su gestión y que hará frente a la gravedad de esta situación”. “Pareciera que todo lo que toca el kirchnerismo se destruye, hoy es el Servicio Penitenciario, ayer fue el INDEC”, criticó.
El pedido de informes fue acompañado por sus pares Mario Negri, Lidia Ascárate, Juan Martín, Pedro Galimberti, Gabriela Lena, Francisco Monti, Gerardo Milman, Mario Barletta, Carlos Raúl Zapata, Fernando Carbajal, Marcos Carasso, Sebastián Salvador, Ximena García y Víctor Hugo Romero.
La iniciativa fue presentada por la cordobesa radical Soledad Carrizo, quien además resaltó que la Ley de Alquileres “ha mostrado profundas insuficiencias”.
Con el acompañamiento de varios diputados de Juntos por el Cambio, la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto a través del cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a la Cámara de Diputados sobre la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social.
Puntualmente, la iniciativa pide información sobre el estado de implementación del programa en cuestión, indicando cantidad de beneficiarios alcanzados y acciones que actualmente se están ejecutando. Además, que se informe detalladamente cuáles son las acciones y medidas que el Estado Nacional lleva adelante para asegurar el cumplimiento de las medidas del mencionado programa. También, se solicitan datos acerca de si existen requerimientos o peticiones administrativas o causas judiciales dirigidas al organismo rector mediante las cuales se ha solicitado el cumplimiento y aplicación de las medidas de implementación y si existe un relevamiento de datos oficiales sobre la cantidad de personas destinatarias del mismo.
Finalmente, el proyecto requiere datos acerca de si existen acuerdos o convenios de entendimiento y colaboración suscriptos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos derivados de la relación.
Tras el encuentro que se realizó este jueves entre legisladores de Juntos por el Cambio y diversos sectores involucrados en la Ley de Alquileres, Carrizo consideró que la norma, proyectada como una herramienta protectoria para el creciente universo de locatarios en el país, “ha mostrado profundas insuficiencias y problemática derivadas de su aplicación en un contexto de imprevisión económica para las partes contratantes”.
“Desde su sanción, la utilidad de esta ley ha sido puesta en debate por los efectos indirectos que ha traído aparejado, provocando como consecuencia una suba de precios en los contratos, una disminución de la oferta de inmuebles disponibles para alquiler y una migración hacia su venta, con más el incumplimiento de varios puntos de la ley que han quedado virtualmente desnaturalizados”, agregó la legisladora cordobesa.
Y explicó que “a esta problemática habitacional de naturaleza estructural, se suman especiales condiciones de vulnerabilidad de determinados sectores poblacionales que sufren aún más el deficiente acceso a la vivienda propia y la inestabilidad de la economía argentina, y que los impulsa a concertar acuerdos de alquileres precarios, informales e inseguros”.
“Dadas las dificultades para acceder a información oficial sobre este tema, y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de rigor en materia habitacional, solicitamos a través de este proyecto, se expida con claridad y el mayor detalle posible para conocer los resultados alcanzados y valorar la necesidad de una reforma normativa que contemple la problemática referenciada”, finalizó.
El proyecto fue acompañado por sus pares Hugo Romero, Ximena García, Rodrigo De Loredo, Mariana Stilman, Lidia Ascárate, Leonor Martínez Villada, Graciela Ocaña, Gabriela Lena y Rubén Manzi.
La diputada radical expresó su preocupación a través de las redes sociales y precisó que “en lo que va del 2022 hubo más de 25 focos de incendios en 12 provincias”. En ese marco, señaló al Estado nacional porque “es indiferente ante esta problemática”.
Los incendios forestales continúan afectando varias provincias del país, respecto de lo cual se pronunció la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR -Córdoba) en su cuenta de Twitter en donde expresó su preocupación porque “en el 2022 ya hubo más de 25 focos de incendios” y apuntó contra el Estado, ya que “es indiferente a esta problemática y deja a voluntad de organizaciones civiles las acciones tendientes”, mientras el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se encuentra de viaje por Barbados.
“En nuestra Argentina se siguen quemando miles de hectáreas por incendios forestales. En lo que va del 2022 ya hubo más de 25 focos de #incendios distribuidos en 12 provincias argentinas”, precisó la legisladora cordobesa.
En tanto, manifestó: “Es nuestra preocupación, y esperamos que la Cámara también se expida, respecto a la falta de acciones y estrategias de abordaje dentro del Sistema Federal de Manejo del Fuego para la atención preventiva, asistencia primaria y cuidado por estos incendios”.
“Además, frente a los antecedentes de nuestro país, nos encontramos con que, en la propia planificación operativa, se omita la referencia a la atención de fauna silvestre y acciones de abordaje para su recuperación y reinserción en el marco de los incendios”, cuestionó Carrizo.
Por último, criticó: “Esto lleva a invisibilizar la biodiversidad afectada en los incendios, siendo indiferente el Estado Nacional a esta problemática y dejando a voluntad de organizaciones civiles las acciones tendientes a su atención”.
Reclaman detallar si existen acciones o programas a cargo del Estado Nacional para promover su difusión entre las asociaciones que nuclean a las agencias y prestadores en el país.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba) presentó un pedido de informes, para que el Gobierno detalle cuáles son las acciones y estrategias de control que el Estado nacional lleva adelante para asegurar el cumplimiento del artículo 3 de la Ley Nacional 25.643 de Turismo Accesible. La iniciativa está referida a la obligación de las agencias de viaje de informar sobre las condiciones de accesibilidad para la planificación de programas y viajes turísticos.
El Gobierno deberá detallar si existen acciones o programas a cargo del Estado Nacional, y cuáles son, para promover su difusión entre las asociaciones que nuclean a las agencias y prestadores en el país. La legisladora solicita que se indique el estado de implementación de los símbolos de accesibilidad que emite la Secretaría de Turismo de la Nación anualmente, como así́ también que informe si dentro del programa Previaje existe algún sistema de promoción o difusión dirigida al turismo accesible o las personas con discapacidad, y si hay relevamientos de datos sobre la cantidad de personas con discapacidad que hayan participado del programa pre viaje para aplicarlo en alojamientos accesibles y en qué provincias han adherido o implementado los objetivos de la ley mediante planes de adecuación institucional locales.
Carrizo pidió́ además que se informe si los alojamientos que integran el programa de turismo social temporada 2021/2022, más específicamente la Unidad Turística Embalse y la Unidad Turística Chapadmalal cumplen las directrices de accesibilidad para alojamientos turísticos, y la cantidad de plazas para alojamiento de personas con discapacidad que tienen disponible.
“Lo que buscamos es recabar información oficial sobre el desarrollo del turismo accesible en Argentina, solicitando al Poder Ejecutivo información detallada sobre las condiciones que hoy ofrece el sector turístico nacional para las personas con discapacidad, y con ello las acciones oficiales que se están llevando adelante desde el gobierno nacional para abordar el tema”, explicó Carrizo.
“En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, informando que el 10,2% de la población de la Argentina tiene algún tipo de discapacidad. En términos absolutos, se corresponde con una estimación de 3.571.983 personas”, agregó. “El reto es lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones. No se trata únicamente de tener un hotel accesible, sino de la experiencia del viaje en su conjunto: planificación, la información turística, los transportes públicos o privados, el alojamiento, las actividades turísticas y de ocio, los restaurantes. Este amplio universo nos interpela a profundizar las tareas protectorias, de integración y promoción del pleno goce de sus derechos en condición de igualdad, trabajando para eliminar todas las barreras y obstáculos que puedan afectarlo”, concluyó la legisladora cordobesa.
La cordobesa Soledad Carrizo presentó una solicitud en la que reclama además datos sobre los costos de otros actos impulsados por el oficialismo.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de resolución, a través del cual reclama que el Gobierno nacional “informe de los gastos que lleva realizados para la organización de actos y movilizaciones” y las actividades programadas para este viernes en Plaza de Mayo, donde el oficialismo convocó a festejar los 38 años de democracia.
En el pedido, realizado en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, la legisladora radical solicitó que se indique “quiénes organizaron estas actividades y quiénes fueron responsables de la contratación de los servicios de logística, armado de escenario sonido, seguridad”, entre otros.
También, la cordobesa exigió saber “el detalle del costo total de la realización de dichos actos y del proyectado para el día 10/12/2021, indicando las empresas contratadas en cada acto como prestadoras de servicios, cuáles fueron los servicios contratados y los montos que se les abonaron en cada caso”.
Además, la opositora pidió que se informe si el Estado Nacional, a través de cualquiera de sus ministerios o unidades, “ha intervenido en la organización del acto y la contratación de servicios para su realización”.
Al explicar su iniciativa, Carrizo advirtió que “el tenor proselitista o político partidario de estos encuentros es indiferente a los efectos de conocer en detalle la información relativa a su organización, responsables a cargo y costos, dado que en todos estos han intervenido activamente autoridades públicas en ejercicio de función, haciendo referencia en todos estos encuentros a su propia gestión”.
“La convocatoria, participación y apoyo explícito a todos estos actos, donde podemos ver desfilar a funcionarios, legisladores y el mismísimo Alberto Fernández, no deja de llamarnos la atención, pero es nuestra obligación informarnos sobre los costos de los mismos. Queremos transparencia en todo lo público, porque así no los pide la ciudadanía”, subrayó la diputada de Juntos por el Cambio.
Y agregó que “ya que existen dificultades para acceder a información oficial sobre este tema, y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de control de rigor, quiero que el Poder Ejecutivo, sea claro y diga cuánto se gastó, se gasta y se gastará para las fiestas de su sector político usando la plata de todos los argentinos”.
Se da en el marco de los hechos de violencia que se sucedieron en el municipio de la provincia respecto de lo cual consideraron que “se está atentando contra las instituciones y autoridades públicas y afectando la seguridad de toda la ciudadanía”.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba), presentó un proyecto de resolución con el objetivo que la Cámara de Diputados exprese su preocupación y repudio por los actos de protesta violenta perpetrados en contra de las instituciones y autoridades públicas de la municipalidad de La Rioja por medio de amenazas, uso de la fuerza física y destrucción de bienes públicos.
“En la ciudad de La Rioja se está atentando contra las instituciones y autoridades públicas y afectando la seguridad de toda la ciudadanía”, subrayó Carrizo al fundamentar su iniciativa.
En ese sentido, el texto precisa: “Desde hace ya varios meses las autoridades del municipio a través de su intendenta, Inés Brizuela y Doria, vienen denunciando campañas violentas de protesta y extorsión contra la propia ciudadanía, como la suspensión y bloqueo del servicio de recolección de residuos y acumulación de basura, con grave riesgo para la salud de toda la población, actos patoteriles contra la seguridad del municipio, y reiterados intentos de ingreso contra la fuerza a dependencias municipales”.
“La protesta y la libertad de expresión son pilares fundacionales del Estado de derecho constitucional y democrático, pero su ejercicio no debe transformarse en una herramienta y un justificativo desde el cual atentar contra la seguridad pública y las instituciones”, advirtió la diputada radical y añadió que: “La democracia es, precisamente, un régimen político que buscar asegurar la resolución pacífica de tensiones sociales, promoviendo la participación activa de la propia ciudadanía en los asuntos públicos, y que entiende a la discusión pública como una forma de enriquecer el debate sobre los temas de agenda”.
Por último, señaló que “esta situación se enmarca en un escenario de conflictividad sistemática y creciente en el municipio de La Rioja provocada por manifestantes contra las autoridades locales, que la propia intendenta ha denunciado públicamente exhortando la intervención del Estado nacional frente a una indiferencia del Gobierno provincial”.
Acompañan la iniciativa: Facundo Suárez Lastra, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Lorena Matzen, Josefina Mendoza, Gerardo Cipolini, Gustavo Menna, Mario Arce, Roxana Reyes, Luis Pastori, Gonzalo Del Cerro, Martin Grande, Claudia Najul, Lidia Ascarate, Jorge vara, Diego Mestre, Gabriela Lena, Mario Negri, Fabio Quetglas, Alejandro Cacace, José Ricardo, Julieta Marcolli, Ximena García, Carla Carrizo, Hugo Romero y Dolores Martínez.
La legisladora radical apuntó en su cuenta de Twitter contra el “Plan Platita” impulsado por el oficialismo para revertir los resultados electorales de cara a las generales.
El Gobierno nacional tiene los ojos puestos en los comicios de noviembre y, para evitar una nueva derrota en las urnas, recurrió a utilizar el gasto público para beneficiar con trasferencias discrecionales y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los distritos de su misma rama política, pero puntualmente a las provincias donde se eligen senadores. Por ese motivo, la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) denunció esta medida a través de su red social de Twitter: “La desesperación electoral a simple vista marca una agenda nacional sin rumbo”.
“PLAN PLATITA. Pretender vulnerar la voluntad popular mediante dádivas, es un insulto a nuestros 38 años de democracia. Amerita que tengamos una legislación que condene estas prácticas”, cuestionó la legisladora radical en su cuenta de Twitter.
En ese sentido, agregó: “La discriminación kirchnerista a la orden del día: el gobernador Axel Kicillof recibió solo la semana pasada $6.245 millones, más del 30 % de los ATN repartidos la semana anterior”, y lo diferenció de lo que recibió Córdoba porque “se le giraron $1.170 millones en ATN y otros $2288 millones en transferencias destinadas a las provincias”.
“La desesperación electoral a simple vista marca una agenda nacional sin rumbo. El gobierno no encuentra forma de ganar sin hacer trampa”, remarcó Carrizo.
Diputados de Juntos por el Cambio pidieron al Gobierno nacional implementar medidas para garantizar la seguridad de quienes van en bicicleta.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Soledad Carrizo, en colaboración con la ONG Respeta al Ciclista que impulsa la iniciativa, presentaron un proyecto para modificar la Ley de Tránsito 24.449 y piden que el Gobierno nacional implemente medidas que garanticen la seguridad de los ciclistas.
En el proyecto se solicita la ampliación de las redes existentes o construcción de nuevas ciclovías o sendas para la circulación de bicicletas en jurisdicciones locales e interjurisdiccionales; instalación de carteles de señalización en vías, caminos o rutas que integren ciclistas y otros automotores, que incluyan la advertencia de sobrepaso seguro con 1.50m de distancia adyacente a bicicletas en circulación, entre otras.
La iniciativa además, visibiliza ejes que se deben abordar para garantizar la seguridad de los ciclistas, acompañar como política de estado el crecimiento de su uso y explotar sus beneficios.
“Resume reclamos de los usuarios de bicicletas ante la inseguridad y contradicción de las que son víctimas: Por un lado, la promoción del estado nacional de la movilidad sustentable y por otro, la ausencia de medidas concretas y efectivas para garantizarlas”, explicó Carrizo.
Por otra parte, se informó que para sumarse a la movida se puede firmar el petitorio de Change.org respetaalciclista.com.ar.
Un proyecto de varios diputados de Juntos por el Cambio exige que el Ejecutivo disponga de medidas necesarias para que los usuarios con discapacidad visual tengan acceso a todos los servicios financieros.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la cordobesa Soledad Carrizo, presentaron este lunes un proyecto de resolución a través del cuál solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que disponga las medidas necesarias para garantizar a los usuarios con discapacidad visual la accesibilidad a todos los servicios financieros de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web.
En este sentido, Carrizo afirmó: “Esta iniciativa surge del convencimiento de la existencia de impedimentos para un ejercicio libre, igualitario y plenamente accesible de actividades cotidianas que atentan contra la autonomía e independencia de las personas con algún tipo de discapacidad”.
“Nos motiva la necesidad de asegurar la efectiva vigencia de los derechos de las personas con discapacidad y por ello debemos trabajar para eliminar todas aquellas barreras comunicacionales, arquitectónicas y socio-culturales a las que están expuestas diariamente”, agregó.
El proyecto contempla el pedido para la habilitación de operaciones seguras de transferencias y pagos de servicios por terminales de cajeros automáticos y plataforma de servicios web, la señalización indicativa de la ubicación de los cajeros automáticos habilitados para usuarios con discapacidad visual y su estado de funcionamiento dentro de las casas operativas. Además, condiciones de ingreso, movimiento y egreso seguro para el adecuado uso de terminales de cajeros automáticos y accesibilidad al medio físico.
Por otra parte y de manera complementaria, la iniciativa establece la capacitación de personal para asistir de forma virtual, telefónica o presencial a usuarios con discapacidad visual en el adecuado uso de los servicios financieros disponibles y campañas informativas y de capacitación a usuarios y clientes con discapacidad visual sobre las distintas formas, medios, operatorias habilitadas y utilización segura de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web para servicios financieros.
En este sentido, la legisladora cordobesa aseguró que para lograr ello, “el camino es visibilizar la problemática a la que diariamente se enfrentan las personas con discapacidad, generando una agenda legislativa propia que recepte su reclamo y lo transforme en políticas públicas concretas y efectivas”.
“Por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que disponga de la readecuación del marco regulatorio existente o dictado de nuevas medidas dirigidas al universo de usuarios de servicios financieros con discapacidad visual; esto es, todas aquellas personas que reclaman un acceso irrestricto a la operatoria de plataformas web y terminales de cajeros automáticos”, finalizó.
Acompañan con su firma los diputados Lorena Matzen, Gabriela Lena, Joseì Riccardo, Gustavo Menna, Mario Arce, Ximena Garciìa, Brenda Austin, Aida Ayala, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Jorge Enriquez, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.
Legisladora opositora coincidió con Juan Schiaretti. Destacan la importancia de las clases presenciales. Una legisladora de Juntos por el Cambio propuso que los alumnos inicien las clases 2022 el próximo 3 de enero.
La diputada cordobesa Soledad Carrizo (Juntos por el Cambio) destacó este lunes que los alumnos de esa provincia volvieron a las clases presenciales al terminar el receso invernal en el marco de la pandemia de coronavirus, que provoca el corte clases en las aulas para evitar la circulación y frenar la ola de contagios que se dio en la seguna ola.
En su cuenta de Twitter, Carrizo publicó: “Hoy vuelven los más pequeños a las aulas. La educación como derecho, el aprendizaje como herramienta, la socialización y solidaridad como bandera”.
“Siempre la Educación debe ser prioritaria. El presente de nuestros hijos e hijas lo requiere, el futuro de nuestro país lo necesita”, remarcó.
En el mismo sentido, el gobernador justicialista Juan Schiaretti expresó su posición respecto al regreso a las aulas: “Es un salto en la calidad de vida para los domicilios y la posibilidad de producir, y también para nuestros niños y jóvenes cuando se educan”.
“Esto es clave porque la educación en Córdoba tiene una atención especial, es el nuevo nombre de la justicia social en el Siglo XXI”, apuntó.
Semana atrás, la diputada corodesa Soher El Sukaria protestó por la falta de clases presenciales y presentó un proyecto de ley para que las clases del ciclo lectivo 2022 comiencen el lunes 3 de enero “debido a la falta de presencialidad que padecieron nuestros niños a lo largo y ancho del país”.
·
“¿Cuál es el futuro posible para esta generación de niños, niñas y jóvenes si la mitad de ellos se encuentra en la pobreza y -por si fuera poco- les quitamos el único instrumento real que tienen para salir de ella: la educación? (5/6)”, se preguntó la legisladora cordobesa.
La iniciativa de la diputada Soledad Carrizo permitiría regular las relaciones entre grupo familiar y empresa, un acuerdo entre miembros que definen alcance, límites y forma de relaciones internas.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR Córdoba) presentó un proyecto de ley para modificar el Código Civil e inscribir acuerdos para incorporar la empresa familiar al sistema, a través de un reconocimiento normativo, asegurando la posibilidad de la inscripción de dichos acuerdos.
“En nuestro país, con excepción del Chaco, no existe una regulación jurídica que permita la inscripción de este tipo de acuerdos, por eso es prioritario trabajar en políticas concretas dirigidas a la promoción del sector productivo nacional con una perspectiva transversal y federal”, explicó la diputada.
Destacó que “el desarrollo económico del país reclama acciones concretas dirigidas a la promoción del sector productivo nacional; que ofrezca a todas las formas empresariales nuevas herramientas que fortalezcan su capacidad y permitan contrarrestar los efectos nocivos de la imprevisión y la pandemia”.
“La herramienta que propongo permitirá la regulación de relaciones entre grupo familiar y empresa, un acuerdo entre miembros que definen alcance, límites y forma de relaciones internas; como código de conducta personal y familiar frente a la empresa, para preservar patrimonio y armonía familiar, evitando conflictos en las relaciones”, dijo Carrizo.
“Trabajé por la visibilización y reconocimiento de las empresas familiares, en un contexto de debilitamiento que llevó a la desaparición de más de 40.000 Pymes en todo el país. Desde ese lugar busqué llevar a la agenda del Congreso, la situación que atraviesan las empresas familiares en Argentina, mayoritariamente Pymes, que carecen de reconocimiento como entidad empresarial especial”, concluyó la legisladora.
Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Hugo Romero, Jorge Enriquez, Diego Mestre, Alicia Terada, Carla Carrizo, Hernán Berisso, Facundo Suarez Lastra, Fabio Quetglas, Dolores Martíne, Gustavo Menna, Brenda Austin y Atilio Benedetti.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para asegurar esa condición.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR Córdoba) presentó un proyecto de ley, para modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, regulatorio del instituto de la adopción en el país; para asegurar la gratuidad de todas las instancias administrativas y judiciales que conlleva el proceso de adopción.
Carrizo explicó que “tanto las instancias judiciales como los procedimientos administrativos que deben atravesar los postulantes traen aparejados costos que pueden convertirse en un obstáculo que los desincentive, e incluso afectar su economía doméstica. Replicando antecedentes normativos vigentes en nuestro país que promueven la gratuidad, amparados en razón de la desprotección y desequilibrio de las partes, consideramos necesario eliminar todo costo vinculado al proceso de adopción para sus postulantes”.
En las instancias judiciales los adoptantes deben sufragar honorarios de profesionales y tasas de acceso a la justicia ordinaria. Dichos costos varían en cada jurisdicción conforme la administración de la justicia local y los códigos arancelarios provinciales para abogados, a los que debe adicionarse el pago de sellados y tasas varias para inscripción de la sentencia de adopción definitiva. El proyecto consta de 6 artículos que buscan garantizar la gratuidad de todo el proceso de adopción en cada una de sus etapas, administrativa y judicial, y una propuesta de adhesión para la coordinación federal con las provincias sobre los aranceles profesionales de los letrados matriculados en cada jurisdicción.
También invita a la adhesión de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colaborando con la gratuidad de una cuestión que no es de competencia regulatoria del Congreso. Siendo todo lo atiente a la regulación del ejercicio de las profesiones una materia reservada por las provincias, y delegadas por estas en los colegios profesionales locales, no resulta posible para este órgano legislativo nacional legislar sobre ello.
“Se intenta garantizar el acceso a cualquier postulante, removiendo cualquier obstáculo de índole económico que podría dificultar el acceso a este tipo de proceso, considerando la importancia de su promoción, entendiendo que el deseo de los postulantes y la necesidad de niños, niñas y adolescentes de integrarse a un seno familiar para su protección y desarrollo, no debe verse obstaculizado o desmotivado por sus costos económicos”, concluyó Carrizo.
Acompañan con sus firmas esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Albor Cantard, Lorena Matzen, Hernán Berisso, Omar de Marchi, Federico Zamarbide, Martín Berhongaray, Claudia Najul, Miguel Bazze, Gabriela Lena, Karina Banfi, Carla Carrizo, Lidia Ascárate y Ximena García.
Alexandre Roig, quien asumió en reemplazo del fallecido Mario Cafiero, expuso ante la Comisión de Cooperativas, Mutuales y ONGs. Habló de la necesidad de simplificar trámites y de contar con mayores recursos.
El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig, sostuvo este martes que “el cooperativismo y mutualismo pueden estar al servicio de una política donde el trabajo y la producción están en el centro de nuestra voluntad”.
Roig, quien asumió en el organismo hace dos meses debido a la muerte de Mario Cafiero en septiembre pasado, expuso ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados, que preside Soledad Carrizo (UCR).
“Venimos a profundizar la política iniciada por Cafiero, que tuvo como primer eje llevar el INAES de Desarrollo Social a Desarrollo Productivo, lo que expresa la voluntad productivista de nuestro gobierno y que sea una herramienta al servicio de la producción y el trabajo”, explicó.
En ese sentido, Roig marcó como uno de los ejes la “rejerarquización del INAES como institución dentro del Estado”, al hablar de “un problema importante de estructura” a nivel del personal y de recursos.
En materia jurídica, se refirió a la necesidad de simplificar la matriculación de las cooperativas y mutuales, que “hoy en día es un trámite que puede llevar hasta tres años”. “Constituir una cooperativa o mutual tiene que formar parte de un derecho a la producción y al trabajo”, dijo.
Por otra parte, en cuanto a los recursos, explicó que cuentan con un fondo constituido por aportes contributivos del sistema cooperativo y mutual, que actualmente es de 1.500 millones de pesos. “Para garantizar la demanda de inversión productiva del sector, es ampliamente insuficiente”, lamentó.
Roig estimó que el sector de la economía social abarca cerca del 10% del PBI, pero calculó que ese número podría ser mayor, ya que todavía no cuentan con estadísticas certeras.
Asimismo, resaltó que “el sector cooperativo y mutual es una de las grandes herramientas para atravesar crisis, entre otras razones porque el capital social privilegia siempre lo común”, y puso como ejemplo el Banco Credicoop, que “fue el que mejor atravesó la crisis de 2001”.
“Vamos a trabajar desde el INAES en que el cooperativismo y el mutualismo ocupen un lugar central en los imaginarios argentinos, porque ya ocupa un lugar central en la vida productiva y social”, aseguró, tras señalar que en la referencia a lo público y lo privado muchas veces se omite la tercera dimensión, la de la economía social.
Al momento de las preguntas, la diputada Lorena Matzen (UCR) propuso descentralizar el otorgamiento de las matrículas, a lo que Roig coincidió: “Apoyaremos todas las medidas que favorezcan la simplificación y la implementación rápida del proceso de matrículas”.
A su vez, Nicolás Del Caño advirtió que hoy las fábricas recuperadas afectadas por la pandemia “no cuentan con ningún acompañamiento para poder producir”. “Sería importante que el INAES busque alternativas”, consideró.
El titular del organismo informó que en ese sentido trabajan en una propuesta para generar un “fondo de desendeudamiento que permita reescalonar las deudas que surjan de la crisis” derivada de la emergencia sanitaria.
Por su parte, el oficialista Eduardo Fernández -proveniente de APYME- planteó que “las pequeñas empresas, los productores y el cooperativismo necesitan potenciar entre ellos sus habilidades y haberes para concretar proyectos de producción, pero a veces no encuentran el ámbito adecuado”.
Roig respondió que “gran parte de la realidad de las pymes se condice con la realdad del cooperativismo y el mutualismo. Hay un hilo conductor, que son una serie de demandas vinculadas a la inversión y al crédito”.
“Vamos a generar todos los dispositivos institucionales para generar un sistema que permita complementarse con el sistema bancario y que podamos cubrir el conjunto de necesidades crediticias del sector productivo”, puntualizó.
En otro orden, ante un planteo de Paola Vessvessian (Frente de Todos) el funcionario adelantó que se busca “el fortalecimiento de proveedurías y cooperativas del consumo, porque estamos seguros de que puede ser un gran mecanismo de distribución con un sistema de precios más transparentes y baratos”.
En respuesta a otra consulta de Juan Carlos Alderete (Frente de Todos), Roig informó que se está trabajando con la Secretaría de Innovación Pública, el ENACOM y ARSAT para “tener un programa de conectividad en el cual participen las cooperativas”.
Cerca del final, Carlos Heller, diputado y presidente del Banco Credicoop, pidió hacer “un gran esfuerzo por no ver a las cooperativas como una herramienta para solucionar pequeñas cosas, como la rueda de auxilio del capitalismo para hacerse cargo de las empresas fracasadas y proteger el trabajo de esas empresas”.
“No digo que eso esté mal, pero no nos quedemos en eso. Veamos al cooperativismo como una de las grandes herramientas que pueden sacar al país y al mundo de esta crisis absurda a la que nos ha llevado un sistema de concentración de la riqueza”, analizó Heller.
La legisladora nacional Soledad Carrizo solicitó al PEN que incluya como prioritarios para la vacunación a encargados de fundaciones solidarias que desempeñen un rol estratégico en la comunidad, asistiendo a adultos mayores, personas con discapacidad o infancia.
La diputada nacional radical Soledad Carrizo solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional incluya como prioritarios para la vacunación Covid 19 a encargados de asociaciones, fundaciones, ONG, y toda otra forma de organización asociativa solidaria que desempeñen un rol estratégico en la comunidad, prestando servicios de asistencia o colaboración a adultos mayores, personas con discapacidad e infancia.
“El objetivo es que puedan ser vacunados con prioridad, los encargados de asociaciones y organizaciones estratégicas de la sociedad civil por su función social y en este grupo, particularmente los dedicados a asistencia de ancianidad y vejez, infancia y desarrollo social debido a la vinculación que tienen diariamente con gran cantidad de personas a su cargo. Estos son los miembros integrantes y autoridades a cargo de distintas formas asociativas que en Argentina integran el tercer sector y que llevan adelante servicios sociales”, manifestó al respecto la legisladora cordobesa.
“La propuesta radica en un requerimiento dirigido a ampliar el espectro de sujetos prioritarios, solicitando la inclusión de estos actores para que con acuerdo de las provincias se disponga las medidas necesarias para su pronta vacunación. Estamos convencidos de la importancia de definir un plan de vacunación que atienda a las verdaderas necesidades del país en el lento proceso de recuperación y normalización de las actividades que atravesamos”, concluyó Carrizo.
La legisladora nacional Soledad Carrizo presentó un proyecto por el que pide que el Ejecutivo informe sobre las prestaciones médicas para pacientes del PAMI que necesitaran tratamientos de diálisis y hemodiálisis.
La diputada nacional radical Soledad Carrizo presentó un proyecto por el que pide que el Ejecutivo nacional informe sobre las prestaciones médicas para pacientes del PAMI que necesitaran tratamientos de diálisis y hemodiálisis.
“El oficialismo impidió el tratamiento de mi proyecto en sesión y bloqueó la posibilidad de que los pacientes y prestadores pudieran conocer el verdadero alcance de esta situación”, agregó.
La legisladora cordobesa reclamó, que PAMI – INSSJP Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, “normalice la situación”, y permita los tratamientos de diálisis a nuevos pacientes, aunque las asociaciones no obtuvieron respuestas a los pedidos de actualización de los valores de las prestaciones.
Carrizo quiere conocer “la cantidad de pacientes afiliados al PAMI – INSSJP que reciben actualmente prestaciones de diálisis y hemodiálisis en el país y el valor del módulo abonado por a los prestadores por prácticas de diálisis y hemodiálisis”.
Además, “si desde marzo de 2020 a noviembre de 2020 hubo algún incremento en el valor del módulo abonado por PAMI – INSSJP a los prestadores por prácticas de diálisis y hemodiálisis, si existen actualmente reclamos o requerimientos en trámite por parte de prestadores médicos, laboratorios o centros de atención médica denunciando falta de insumos para la adecuada prestación del servicio, incremento de costos y dificultades de acceso de compra de los mismos”.
“La falta de diálogo e inmediatez en las respuestas entre los afectados y PAMI-INSSJP, así como la imposibilidad de suspender las prácticas de pacientes crónicos genera un profundo desfasaje económico y financiero no cubierto por la obra social, que conlleva como consecuencia la imposibilidad de continuar prestando el servicio a nuevos pacientes”, afirmó Carrizo.
La legisladora nacional radical señaló la necesidad de que los sufragios sean más accesibles para electores con discapacidad visual. Además, se expresó respecto al escándalo en Diputados, y su perspectiva sobre las sesiones virtuales.
La diputada nacional Soledad Carrizo señaló la importancia de que los sufragios nacionales de 2021 cuenten con mayor accesibilidad para electores con discapacidad visual. Además, se expresó respecto al escándalo en Diputados, y su perspectiva sobre las sesiones virtuales.
En diálogo con el programa radial “Edición Calificada”, la legisladora radical detalló el proyecto de su autoría que pretende establecer herramientas que aseguren la mayor accesibilidad posible para electores con discapacidad visual en los sufragios nacionales. “Esperemos que sea sancionado por unanimidad ya que es el cumplimiento definitivo de nuevos paradigmas que tienen las personas con discapacidad en los tratados que tiene Argentina con rango constitucional”, destacó al respecto.
Sobre lo sucedido en la Cámara baja en torno al diputado Juan Emilio Ameri manifestó: “Hemos vivido una situación muy difícil, indecorosa y de una falta de respeto hacia los argentinos y a todos los colegas en el Congreso Nacional”. Y remarcó: “Celebro la resolución rápida e inmediata, donde no hubo dudas, y hubo acompañamiento unánime, independientemente de que creo que la sanción más fuerte era la expulsión por inhabilidad moral, pero sabemos que el acto de renuncia está contemplado en la ley y era nuestra obligación aceptarla y que la comisión se expida”.
Respecto al debate de sesiones virtuales o presenciales, sostuvo que “ya nos manifestamos para sesionar en forma presencial, evidentemente el ritmo del país nos va a ir poniendo en temas donde no siempre vamos a encontrar coincidencias y tenemos que dar el debate como corresponden y sin tener las limitaciones que un sistema virtual lo tiene”.
Y adelantó que seguramente en el mes de octubre habrá sesiones presenciales, en particular para tratar temas como el Presupuesto Nacional y el proyecto de aporte a las grandes fortunas. “Vamos a rechazar el impuesto a los ricos, tenemos un dictamen propio en minoría así que vienen temas que la sociedad tiene que escuchar claramente cuáles son las posturas y que el Congreso vuelva a tener ese eco de voces. No se puede trabajar en artículos económicos sin tener una detallada cuestión”.
Carrizo es autora del proyecto que propone modificar la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571, y el Código Electoral Nacional Ley No 19.945 (T.O. Decreto N° 2135), buscando generar herramientas que “aseguren la mayor accesibilidad posible para electores con discapacidad visual”.
Como remarcó la legisladora cordobesa este derecho a nivel nacional no lo tenemos garantizado todavía y a nivel provincial solo 4 distritos tienen boleta única de papel. “Hubo una acordada de la Corte en el año 2011 donde se exhortó a las provincias y Nación la posibilidad de que se llevara a cabo. Y pretendemos con este proyecto que sea una obligación y que sea aprobada por unanimidad”.
Y así darles la posibilidad, desde las elecciones nacionales del año, que viene “a aproximadamente un millón de personas que tienen una disminución visual. Es una cuestión muy necesaria para terminar de romper estas barreras”.
En la primera de tres jornadas, la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs escuchó a representantes del tercer sector, que plantearon las dificultades que atraviesan.
La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados, presidida por Soledad Carrizo (UCR), realizó este martes la primera de tres jornadas para analizar el rol del tercer sector en la recuperación de la economía tras la pandemia del Covid-19.
“La idea es pensar en la post pandemia, ir preparándonos como sector, cada uno en el rol que le corresponde. Ver cómo hemos atravesado estos más de cuatro meses de cuarentena y cómo adelantarnos en los desafíos que nos va a implicar la salida de la pandemia”, explicó Carrizo.
La legisladora señaló que “en el mundo va a haber una retracción económica de al menos un 4%, y en nuestro país eso se va a profundizar, con una perspectiva, en el mejor de los escenarios, de una caída del 8%”.
“La economía social no es ajena a esto, sino que la situación golpeó fuertemente a cooperativas, mutuales y ONGs, sector que genera unos 300.000 puestos de trabajo en nuestro país”, resaltó la cordobesa.
Al comienzo de las exposiciones, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, informó que hace aproximadamente un mes difundieron un “Acuerdo para alentar la inversión productiva”, que se enmarca en el contexto del arreglo de la deuda externa “que por suerte fue exitoso, pero igualmente todavía no vamos a tener una integración al mundo a través de la inversión y del acercamiento de otros países”.
“El planteo que hacemos es la federalización de la economía, y la economía solidaria puede cumplir un rol esencial por su territorialidad. Igualmente, si no revisamos la faz impositiva va a ser muy difícil. Si en nuestro sector, de 100 pesos, 60 se los lleva el Estado, va a ser muy difícil”, señaló.
Edgardo Form, vicepresidente de Cooperar, explicó que se está trabajando en una “red nacional de municipios cooperativos, para potenciar la presencia del sector en el escenario post pandemia”.
Especificó que “es una articulación entre cooperativas y autoridades municipales para potenciar la capacidad de las cooperativas de brindar servicios, manteniendo la actividad específica del municipio y de las entidades cooperativas, bajo el denominador común del aporte al desarrollo local”.
Form consideró que “uno de los aportes del cooperativismo debería ser la generación de puestos de trabajo decentes”, y además resaltó que las cooperativas deberían estar exentas del impuesto a los Ingresos Brutos.
En tanto, destacó el traslado del INAES a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, “porque participar en el área del Ministerio de Desarrollo Social es darle a las cooperativas un carácter asistencialista, mientras que nosotros siempre hemos sostenido que las nuestras son empresas de carácter solidario”.
Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos (ConArCoop), dijo que en estos meses de aislamiento “pudimos reconvertir algunos sectores, lo que permitió seguir adelante y en muchos casos pudimos dar respuestas a diferentes estamentos del Estado, como las cooperativas de textiles para la producción de barbijos o camisolines”.
Asimismo, destacó como positivo haber sido reconocidos por el Ministerio de Trabajo como “trabajadores autogestionados”, generando una igualación con trabajadores en relación de dependencia.
A continuación, Julio Delgado, presidente de la cooperativa de comunicación Copegraf, remarcó las dificultades que tienen las unidades productivas cooperativas para acceder a programas de asistencia del Estado y “así incentivar su trabajo y poder crecer”, y también criticó la distribución de pauta publicitaria nacional, “que cae a medida que te alejás del Área Metropolitana”.
También expusieron Jorge Mazina, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo René Salamanca; y el diputado oficialista Carlos Heller, en carácter de presidente del Banco Credicoop, que cuenta con 2.926 cooperativas asociadas.
La iniciativa consensuada crea una Red de Voluntariado Nacional para brindar asistencia en distintos ámbitos. Obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG.
La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados, presidida por Soledad Carrizo (UCR), dio dictamen este martes a un proyecto de ley que crea una Red de Voluntariado Nacional en el marco del aislamiento social.
Se unificaron dos iniciativas de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la diputada Camila Crescimbeni.
El objetivo es armar una red de voluntarios para disponer de personas en los distintos ámbitos en donde se necesite asistencia en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia.
Según el proyecto consensuado, esto comprende el voluntariado social, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, comunitario y de cuidado, entre otros aspectos.
“Esta iniciativa busca modificar la Ley 25.855 de voluntariado social argentino, sancionada en 2003, promoviendo su ampliación y permitiendo la visibilidad de un muchas de actividades que hoy se desarrollan en nuestro país”, explicó Carrizo.
La radical indicó que “la idea central es vincular esta ley en atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conectando la acción voluntaria a nivel comunitario, potenciando a las personas y garantizando la inclusión y la igualdad de todos los participantes”.
“Creemos como aporte central que la participación de estas actividades sea valorada tanto en el sector público como el privado, y que los voluntarios tengan previsibilidad de sus derechos y conozcan el alcance de su compromiso, así como asegurada su protección durante el desarrollo de estas tareas”, señaló la titular de la comisión.
Por último, concluyó: “La crisis de la pandemia nos ha abierto una oportunidad para revisar esta ley y repensarla como un espacio desde donde generar participación sin discriminación de ningún tipo”.
Pedido de informes de la oposición sobre la condonación de una multa millonaria al gremio.
Al conocer la noticia de que el Ejecutivo Nacional consideró de “total nulidad” la millonaria sanción de $810 millones, que se le había impuesto al gremio de Camioneros por no haber acatado en dos oportunidades la conciliación obligatoria en un conflicto, la diputada nacional Soledad Carrizo presentó un proyecto por el que pidió al Gobierno que informe sobre la condonación de dicha multa.
La legisladora cordobesa expresó su indignación por lo que consideró “una clara muestra de impunidad con la que se maneja el Gobierno y algunos amigos del poder. A los privados le pedimos que paguen los impuestos, se le demora la ayuda del Estado e imponemos miles de requisitos para poder acceder a la misma y a un gremio le condonamos una multa millonaria que le fue impuesta por transgredir la ley, a eso le llamo yo impunidad con la que se manejan algunos que evidentemente se llevan las instituciones por delante”.
“El Ministerio de Trabajo tiene que velar por los trabajadores y que se cumpla con la ley, cosa que evidentemente no ocurrió en esta oportunidad, todo lo contrario. Los elogios que el presidente hizo en su momento al dirigente camionero Hugo Moyano no fueron gratis, claro que como siempre ocurre el costo lo debemos asumir los ciudadanos que somos responsables y cumplimos con la ley”, agregó Carrizo.
Acompañan la iniciativa Federico Zamarbide, Graciela Ocaña, Claudia Najul, Lidia Ascárate, Ximena García, Adriana Ruarte, Dolores Martínez, Estela Regidor, Diego Mestre, Julio Sahad, Gonzalo Del Cerro, Hernán Berisso, Gerardo Cipolini.
Desde la oposición piden que el Gobierno brinde información sobre las medidas adoptadas en el sentido anticipado por diversos personeros oficiales.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR Córdoba) presentó un proyecto por el que solicita saber si desde el Poder Ejecutivo Nacional y/o entidades descentralizadas se están desarrollando medidas o planes de acción para la regulación de redes sociales, plataformas, portales de internet y contenidos. Y de ser así, conocer “el criterio para identificar una noticia poco confiable, maliciosa o falsa o noticia que aumentan el pánico, alimentan la angustia o promuevan conductas incorrectas”.
Además, la diputada cordobesa quiere saber si “desde el Gobierno y/u órganos descentralizados se han efectuado denuncias judiciales o se están llevando a cabo procesos de investigaciones sobre noticias falsas para su sanción”.
“Entendemos que la información errónea, inverosímil, imprecisa, vaga o maliciosamente construida, produce un estado de confusión que termina por afectar su sana discreción y reproduce incorrecta información sin embargo sostenemos, que no cualquier acción o medida tendiente a regular el tema está justificada”, concluyó Carrizo.
Acompañan esta iniciativa los diputados Marcela Campagnoli, Dolores Martínez, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Facundo Suárez Lastra, Waldo Wolff, Gustavo Menna, Atilio Benedetti, Lorena Matzen, Claudia Najul, Gerardo Cipolin y Aída Ayala.
La legisladora nacional Soledad Carrizo solicitó incluir a todos los beneficiarios de la modalidad de renta vitalicia sin componente público, que perciban menos de $10.000, al ingreso familiar de emergencia (IFE).
“Pese a todas las medidas dispuestas, el impacto económico continúa afectando a los sectores más vulnerables, por tal solicito al Poder Ejecutivo Nacional, disponga incluir a todos los beneficiarios de la modalidad de renta vitalicia sin componente público, que perciban menos de $10.000, al ingreso familiar de emergencia (IFE); aportando la diferencia en defecto que existieren entre su beneficio como rentista y el monto del IFE”, pidió la diputada nacional por la UCR Soledad Carrizo.
Explicó que se refiere “a los beneficiarios de la modalidad de renta vitalicia sin componente público establecidas por el art. 101 de la Ley 24.241, que han sido expresamente excluidas del alcance del beneficio IFE dictado mediante decreto 310/2020. Dicha exclusión resulta de su artículo 2 inciso c. iv) al decir: No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Destacó que “las rentas vitalicias fueron creadas por la Ley 24.241, como uno de los mecanismos para que los afiliados que cumplan los requisitos para la jubilación ordinaria y los beneficiarios declarados inválidos mediante dictamen definitivo de invalidez, puedan disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual a fin de acceder a su respectiva jubilación o retiro por invalidez, según corresponda en el marco del sistema creado por dicha ley”.
“Gran cantidad de estos beneficiarios no solo no alcanzan el haber mínimo, sino que un número considerable ni siquiera llega al monto de $10.000 que ha sido dispuesto por el Ingreso familiar de emergencia. Por lo que, conscientes del esfuerzo que el Estado nacional está llevando adelante para acompañar y asistir a todos los afectados por esa crisis, pero resaltando el grave perjuicio que los propios rentistas vienen sufriendo injustamente desde hace ya varios años, consideramos necesario atender de forma urgente a este sector con una medida concreta como la aquí́ propuesta”, concluyó Carrizo.
Ante la necesidad de que el Parlamento funcione, la diputad Soledad Carrizo propone modernizar el funcionamiento de la Cámara baja.
La diputada nacional Soledad Carrizo propuso incorporar expresamente al reglamento de la Cámara de Diputados una reglamentación que incorpore expresamente la posibilidad de continuar el trabajo legislativo a distancia.
“La expansión del virus Covid-19 ha causado un múltiple impacto en el desarrollo de nuestra vida y las medidas como el aislamiento social preventivo y obligatorio conllevan a la limitación de las actividades diarias de todos los ciudadanos, condicionado también el funcionamiento de nuestras instituciones. Como legisladores nos hemos visto frente a una situación que desborda las previsiones reglamentarias que la Cámara de Diputados tiene para funcionar, llevándonos a reflexionar sobre la necesidad de implementar nuevas herramientas para cumplir con nuestra función”, expresó Carrizo respecto de la iniciativa propuesta a través de la cual impulsa de readecuación reglamentaria.
“La propuesta tiene por objetivo incorporar herramientas tecnológicas que modernicen el funcionamiento de la Cámara; permitiendo el desarrollo normal del proceso de formación y sanción de leyes: presentar proyectos, debatir dentro de los bloques, trabajar en comisiones, dictaminar, pedir y recibir informes, controlar y sobre todo, sesionar para sancionar nuevas leyes”, amplió la legisladora cordobesa.
Carrizo recordó que “nuestra Constitución no tiene una referencia específica sobre el lugar en el cual debemos legislar y sancionar las leyes, que nos impida hacerlo fuera del recinto al que estamos acostumbrados”, y agregó que “sin embargo, el reglamento de funcionamiento de nuestra cámara, lo obstaculiza al no contemplar mecanismos alternativos al trabajo presencial, esto es, no ofrece una respuesta ante situaciones como la que estamos transitando, terminado por bloquear el funcionamiento del propio Congreso”.
El lamentable desarrollo del virus Covid-19 ha dejado en evidencia la necesidad de repensar el funcionamiento de nuestras instituciones hacia el futuro, identificando las debilidades que hoy muestran ante esta situación, buscando desde allí nuevas y mejores propuestas para implementar.
A través de una iniciativa, la diputada radical Soledad Carrizo sugiere instalar cajeros móviles y atención telefónica permanente, entre otras disposiciones.
Como consecuencia del desborde ocurrido el viernes en las entidades bancarias, la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) presentó un proyecto a través del cual propone algunas medidas para que el Gobierno y los bancos evitan el conglomerado de personas.
La iniciativa propuesta contempla, el funcionamiento de terminales de cajeros automáticos para extracción de dinero móviles, descentralizadas en los principales centros urbanos y ciudades del país y la atención telefónica permanente para evacuar dudas y consultas sobre la utilización de medios virtuales y electrónicos de pago y cobro. Además, la programación y formulación de cronogramas de cobro segmentado por grupos, extendiendo horarios de atención, como así también el control de prevención de circulación conforme al decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio decreto 297/2020 y su prórroga aislamiento social preventivo y obligatorio decreto 325/2020.
“Existe una gran preocupación por las imágenes que recorrieron el país y envuelven a los grupos más vulnerables frente a esta pandemia. Es por eso, que presenté este proyecto, al que acompañaron con su firma más de veinte diputados colegas de bancada, a través del cual propongo medidas para que el Gobierno y los bancos evitan el conglomerado de personas”, explicó la legisladora cordobesa.
“La falta de previsión, coordinación y herramientas concretas conducen a que fracasen todas las medidas adoptadas hasta hoy para debilitar el crecimiento de la pandemia y el Estado, en coordinación con los bancos públicos y privados, tiene que brindárselas a quienes realmente lo necesitan. Se debe enseñar, guiar y acompañar para el uso de medios de pago y transacciones virtuales, asistencia e ingreso a los bancos, todo esto ayudaría a evitar la congestión”, expresó la diputada nacional tras las imágenes que recorrieron el país a través de las cuales se pudo ver a miles de personas agolpadas en los bancos.
Atenta a que el viernes fue el primer día de cobro, para Carrizo “es urgente tomar medidas para los próximos días y meses, sino todo el esfuerzo de los últimos 15 días habrá sido en vano y la prevención será solo una expresión de deseo al ver al grupo más vulnerable desprotegido y sin resguardo”.
“Luego de quince días de iniciado el proceso de aislamiento, es esencial repensar una coordinación y coherencia entre todas las actividades diarias, buscando prevenir a futuro nuevas contingencias como la acontecida el día de hoy. El trabajo planificado y concertado entre todos los actores del sistema resulta central para poder cumplir con éxito las medidas de prevención dispuestas”, finalizó Soledad Carrizo.
El proyecto lleva también la firma de los diputados nacionales Hugo Romero, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Gerardo Cipolini, Mario Arce, Brenda Austin, Diego Mestre, Sebastián Salvador, Ximena García, Claudia Najul, Albor Cantard, Gonzalo Del Cerro, Estela Regidor y José Riccardo.
