El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff se refirió a la Ley de sustentabilidad de la deuda, y señaló: “Votamos en general a favor porque en esta materia porque no hay partidismos posibles, los intereses del país son superiores y están por encima de todo”.

Asseff explicó además que “tenemos algunas disidencias, pero fundamentalmente creemos que hay que cancelar la deuda externa argentina en forma sustentable -es decir- simultáneamente al crecimiento del país para poder estar en condiciones de cancelar deuda”.

Por otra parte, el titular del Partido UNIR consideró que “prorrogar los plazos está bien, pero si no aprovechamos esas prorrogas para realizar una política que conduzca a la prosperidad y nos saque de este rumbo de pobreza, estaríamos desaprovechando una oportunidad”. 

“Ojalá el Gobierno lo entienda, nosotros estamos para poner el hombro y estamos dispuestos”, cerró el legislador. 

Por 234 votos positivos, 2 negativos y una abstención, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto que establece que el Congreso deberá aprobar los eventuales acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como cualquier endeudamiento externo que supere el límite fijado en el Presupuesto Nacional.

En su primera sesión del año, la Cámara baja aprobó la iniciativa -impulsada por el Poder Ejecutivo- que tenía media sanción del Senado, con lo cual se convirtió en ley.

Los votos negativos fueron de los diputados de la izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, mientras que el oficialista Juan Carlos Alderete se abstuvo.

En la votación en particular, Juntos por el Cambio pidió modificaciones al texto, pero el oficialismo no aceptó, con lo cual la bancada opositora votó en contra de los artículos 1 y 3.

La norma indica que la ley de Presupuesto de cada ejercicio “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, reza el texto.

También dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

Según la redacción propuesta por el Frente de Todos en el Senado, “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.

El debate

Abrió el debate el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien consideró que este proyecto “va a marcar un hito en la historia legislativa del país en lo que tiene que ver con la historia del endeudamiento público”.

“Estamos dando un gran paso para fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de los planes de estabilización macroeconómica de plazos, que exceden un período de gobierno, y sean efectivamente políticas de Estado”, sostuvo.

Compartió el tiempo con el miembro informante la oficialista Fernanda Vallejos, quien ponderó que la ley “retoma la manda constitucional en lo referente a las facultades de este Congreso en relación con el manejo de la deuda, y apunta esencialmente a los títulos públicos en moneda extranjera regidos por ley extranjera, y también refiere al Fondo Monetario Internacional, a los programas de financiamiento, a la ampliación de créditos ya otorgados por ese organismo y a la necesidad de que sean aprobados por una ley de Congreso”.

En su discurso, la titular de la Comisión de Finanzas aseveró que si esta ley hubiera estado vigente en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri recurrió al FMI, “ese proceso no hubiera avanzado, debería haber atravesado el tratamiento parlamentario y hubiese sido aprobado o desechado”.

Por su parte, el pampeano Ariel Rauschenberger dijo que “este proyecto busca evitar repetir la historia”. “Venimos a este recinto a decir nunca más al sobreendeudamiento irresponsable, nunca más al sobreendeudamiento para fugar divisas, nunca más al sobreendeudamiento que hipoteca el desarrollo y condena a la miseria a millones de argentinos, y que compromete varias generaciones”, resaltó.

El legislador del Frente de Todos diferenció que “no es lo mismo endeudarse, que desendeudarse; no es lo mismo endeudarse en pesos que endeudarse en dólares; no es lo mismo endeudarse bajo jurisdicción extranjera o las normas de nuestro país; no es lo mismo endeudarse para financiar fuga de capitales y gastos corrientes que endeudarse para desarrollar la capacidad productiva de nuestro país”.

También desde el oficialismo, el porteño Itaí Hagman aseguró que el proyecto “es muy relevante” y se está debatiendo “en el marco de una crisis de deuda” que comenzó durante el gobierno anterior y hoy “se está intentando resolver”. “Aún con una buena negociación con el FMI, el proceso va a llevar muchos años”, aclaró y señaló que esta es una situación “recurrente de la historia argentina en los últimos 45 años”.

En su discurso, el legislador observó que el sobreendeudamiento más las políticas de fuga de capitales son “fuente de los desequilibrios macroeconómicos”. “Si cada 10 o 15 años Argentina choca contra estas crisis, por supuesto no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo”, expresó.

Desde Juntos por el Cambio, el macrista Luciano Laspina remarcó que la iniciativa “devuelve facultades que son propias del Congreso en materia de arreglo de la deuda pública y por eso no podemos oponernos a nada que le dé a este Congreso más facultades para poder opinar y de alguna forma limitar el accionar del Poder Ejecutivo”.

No obstante, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda apuntó que el que redactó la ley “seguramente no se tomó el trabajo de leer la Ley de Administración Financiera”, porque el artículo 1ro. del texto se refiere a lo mismo que el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, pero “no lo deroga ni lo modifica”. “Vamos a salir con dos leyes que se contradicen entre sí, dos leyes que van a reglar lo mismo”, advirtió.

A su turno, el radical Luis Pastori explicó los reparos de Juntos por el Cambio al artículo 3ro. de la iniciativa por considerarlo “innecesario, confuso y que se contrapone” con el artículo 56 de la Ley de Administración Financiera, en el cual “claramente está prohibido tomar deuda pública, hacer uso del crédito, para financiar gastos operativos de funcionamiento”, sea la deuda “interna o externa”.

Sin embargo, el proyecto, por una incorporación que hizo el Frente de Todos en el Senado, “se refiere únicamente a la deuda bajo moneda extranjera y bajo legislación extranjera” para la prohibición de gastos corrientes, indicó el misionero. En ese sentido, el legislador opinó que “se introduce un problema que puede ser grave y puede generar situaciones muy conflictivas para adelante” porque “en vez de ser un avance, significaría un claro retroceso en materia de destino del uso del crédito público”.

Desde el Interbloque Federal, el bonaerense Jorge Sarghini afirmó su apoyo a la iniciativa y consideró que “esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos” y se debate “por una necesidad coyuntural”.

En tanto, el cordobés Paulo Cassinerio lo calificó como “más que oportuno” y destacó que “fortalecer el rol del Congreso es clave para tener un mayor control del endeudamiento” externo, el cual debe ser “consecuente con la capacidad de la economía nacional, que sea sustentable, que brinde certezas y que pueda contribuir a evitar futuras crisis de deudas”.

Para el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el mendocino José Luis Ramón, “los verdaderos consensos se logran en el Congreso” porque allí es “donde los consensos pueden ser verdaderos y duraderos y no que cada cuatro años tengamos que estar debatiendo cómo se reestructura la deuda”, manifestó en referencia al rol del Parlamento a partir de esta ley.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño anunció su rechazo a la iniciativa que “no establece ningún límite al stock de deuda en relación al PBI” y “tampoco se estipula ningún ítem al pago de servicios de la deuda en el total del gasto público de lo que se presupuesta cada año”. “Es un proyecto que es una verdadera impostura”, argumentó y añadió que estima “la posibilidad de que el Congreso actúe como una verdadera escribanía”.

En tanto, su par Juan Carlos Giordano dijo que se trata de “una ley a pedido del Fondo Monetario Internacional” que traerá “más sometimiento, más entrega, ajuste y dependencia para el país y los trabajadores”. Y se expresó en contra de “pagar una deuda totalmente usurera”, cuando ese dinero debería usarse “para combatir los males sociales de la pandemia, del hambre y la pobreza”.

El diputado Luciano Laspina (Pro) sostuvo este jueves durante la sesión en la Cámara baja que “no se puede entender la emisión de deuda de Mauricio Macri si uno no repasa los muertos en el placard que le dejaron”. Además, propuso empezar a “discutir el límite a la emisión del Banco Central para que nos saque de esta inflación de 4% mensual y creciente que tenemos los argentinos”.

Durante el debate del proyecto de sostenibilidad de la deuda pública, el macrista dijo que la iniciativa “devuelve facultades que son propias del Congreso en materia de arreglo de la deuda pública y por eso no podemos oponernos a nada que le dé a este Congreso más facultades para poder opinar y de alguna forma limitar el accionar del Poder Ejecutivo”.

No obstante, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda consideró que el que redactó la ley ” seguramente no se tomó el trabajo de leer la Ley de Administración Financiera”, porque el artículo 1ro. del texto se refiere a lo mismo que el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, pero “no lo deroga ni lo modifica”. “Vamos a salir con dos leyes que se contradicen entre sí, dos leyes que van a reglar lo mismo”, advirtió.

Por otra parte, el santafesino consideró que “la ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar jurisdicción en materia de endeudamiento, que hasta ahora era un debate no saldado”, pero “respecto al FMI, la redacción del proyecto es un tanto ambigua”.

“Nosotros interpretamos que se refiere a la autorización para tomar el endeudamiento, pero no necesariamente a refrendar el acuerdo que se firme, porque eso es una negociación que es prorrogativa del Poder Ejecutivo en la cual el Congreso de la Nación no forma parte”, aclaró.

Luego, Laspina observó que “la deuda es hija del déficit y esa deuda puede ser en dólares, en pesos, como está emitiendo de manera abundante este año el ministro Guzmán”.

Entonces, el opositor manifestó que “no se puede entender el proceso estanflacionario en el que está Argentina sin entender antes el proceso de vaciamiento que hizo el kirchnerismo del Banco Central de la República Argentina durante los años que le tocó administrar”.

En esa línea, el diputado del Pro aseguró que el expresidente Mauricio Macri heredó “reservas negativas, una brecha cambiaria gigante que hubo que salir para que no explotara aún más el balance de ese Banco Central”.

“No es posible entender por qué los jubilados ganan miseria sin entender que el kirchnerismo vació el Fondo de Garantía de Sustentabilidad” para “financiar el déficit descontrolado que le dejó el presidente Macri”, lanzó.

Y continuó: “No se puede entender la deuda de la gestión de Cambiemos sin entender que el kirchnerismo dejó 8 puntos de déficit fiscal consolidado, que hubo que reducir con sangre, sudor y lágrimas, y que le costó la reelección al gobierno de Macri”.

“No se puede entender la emisión de deuda de Mauricio Macri si uno no repasa los muertos en el placard que le dejaron”, enfatizó.

Para la diputada Fernanda Vallejos, el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública “forma parte de una agenda que para la Argentina resulta central”. Al exponer en el recinto, completando el papel de miembro informante que compartió con Carlos Heller, la legisladora kirchnerista destacó “dos elementos nodales en el proyecto”. Por un lado, dijo, retoma la manda constitucional en lo referente a las facultades de este Congreso en relación con el manejo de la deuda, y apunta esencialmente a los títulos públicos en moneda extranjera regidos por ley extranjera, y también refiere al Fondo Monetario Internacional, a los programas de financiamiento, a la ampliación de créditos ya otorgados por ese organismo y a la necesidad de que sean aprobados por una ley de Congreso”.

El segundo objetivo, agregó, “tiene que ver con los fondos que se obtienen por este endeudamiento, que no van a poder ser utilizados para gastos primarios corrientes”.

La presidenta de la Comisión de Finanzas destacó que la Argentina se encuentra llevando adelante “negociaciones vinculadas a la deuda insostenible que recibió este Gobierno”, y reiteró luego que “bastaron cuatro años para revertir drásticamente el proceso de desendeudamiento que habíamos construido” durante la gestión kirchnerista.

Vallejos señaló que entre fines de 2015 y comienzos de 2018, “en apenas dos años se les pagó a los fondos buitre más de lo que pedían, inaugurando el tercer ciclo de sobreendeudamiento en nuestro país, y después se avanzó en un proceso vertiginoso de endeudamiento privado que sumó la friolera de 100 mil millones de dólares”.

“Tan verginigoso resultó ese proceso que el camino hacia la insolvencia del país se recorrió en apenas dos años, agotando el acceso a créditos privados”, describió la diputada oficialista. Recordó que luego el anterior Gobierno decidió recurrir nuevamente al FMI, por cuanto era imposible sostener ese programa sin acceso al endeudamiento externo.

Tras asegurar que esa decisión tomada por el presidente Mauricio Macri ella la sintió como “uno de los momentos más amargos”, advirtió que el acuerdo “se hizo sin el consentimiento de este Congreso, omitiendo la manda constitucional. Fue una decisión unilateral del Ejecutivo”.

“Si en aquel momento hubiéramos contado con esta ley, ese proceso no hubiera avanzado, debería haber atravesado el tratamiento parlamentario y hubiese sido aprobado o desechado”.

Tras hablar de una “fuga de capitales de más de 88 mil millones de dólares”, destacó la importancia del “énfasis que pone este proyecto en limitar el destino de los fondos que se obtienen cuando se endeuda al país”.

Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara baja, Carlos Heller y Fernanda Vallejos, respectivamente, compartieron este jueves el tiempo correspondiente al miembro informante en el debate del proyecto de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también aprobar los futuros acuerdos con el FMI.

En su intervención, Heller consideró que este proyecto “va a marcar un hito en la historia legislativa del país en lo que tiene que ver con la historia del endeudamiento público”, y lo consideró asimismo “un gran paso para afianzar la institucionalidad”.

El legislador kirchnerista destacó los esfuerzos realizados para acordar con los bonistas, que a su juicio logró plenamente los objetivos. Y reprochó que “a esta altura muchos parece que se olvidan de lo que sucedió y tratan de restarle importante a ese proceso de reestructuración altamente auspicioso”.

“Esta reestructuración de la deuda pública nacional generará un ahorro de 42 mil millones de dólares en los desembolsos previstos para 2020 y 2024, que ayudan a generar las condiciones de saneamiento para las finanzas públicas y brindan una plataforma de crecimiento con inclusión social, sobre todo para cuando podamos dar por superados los efectos de la pandemia”.

Al referirse luego a la deuda con el Fondo Monetario, la calificó como “impagable”. “Supera los 45 mil millones y debería empezar a pagarse en septiembre de 2021”, precisó, agregando que “no hay que perder de vista que según el acuerdo vigente, Argentina debería desembolsar 40.900 millones de dólares de capital y 3.065 millones de intereses hasta 2023”.

“No tiene sentido preguntarnos de dónde deberían salir esos recursos”, dijo, pero consideró que ello sirve para demostrar “la manera desacertada e inconveniente como se llevó esa negociación”.

Heller puntualizó que la propuesta oficial consiste en no pagarle al Fondo Monetario hasta 2025, de modo tal de “despejar el frente interno, para esos recursos volcarlos en un programa de recuperación, desarrollo y crecimiento”.

En ese marco valoró que el proyecto puesto en consideración establece que el Congreso no solo aprobará un acuerdo con un organismo internacional, sino también un plan rector para varios años, que dará certezas. Además, la ley de presupuesto de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera respecto al monto total de las emisiones de títulos públicos para este ejercicio.

Lo que denominó como el tercer objetivo de ese proyecto es que “estas financiaciones en moneda extranjera no sean utilizadas para financiar gastos primarios corrientes, salvo catástrofes, epidemias e inundaciones, como establece la ley.

Y sobre el final, salió al cruce de un cuestionamiento de la oposición referido al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, preguntándose “cuánta parte de la enorme deuda neta incurrida entre 2016 y 2018 ha sido dedicada a la inversión. Eso es insignificante, dijo, “por eso me parece que es adecuada la propuesta de este proyecto. No nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos, o para gastos que no sean de capital. Esto también hace a la sostenibilidad del endeudamiento público. Por eso estamos dando un gran paso para fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de los planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno sean efectivamente políticas de Estado”.

Una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas marcó este miércoles el inicio del trabajo legislativo en la Cámara de Diputados. Y fue para tratar un proyecto de singular importancia como es el de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y en el cual oficialismo y oposición están de acuerdo. Lo cual se vio reflejado en la firma del dictamen del proyecto que se debatirá este jueves en el recinto.

Cabe considerar que en el caso de los diputados de Juntos por el Cambio,  votaron “con reservas” en el artículo 3ro. el proyecto.

Dicha iniciativa establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también deban aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro se desarrolló a partir de las 13.30 de manera semipresencial, con numerosos integrantes de ambas comisiones de cuerpo presente en la sala de reuniones, pero todos conectados por VPN. De hecho, los presidentes de ambas comisiones, Carlos Heller (Presupuesto) y Fernanda Vallejos (Finanzas), estuvieron conectados de manera remota. Esta última fue la primera en tomar la palabra, que anunció la obvia intención de dictaminar esa iniciativa de modo tal de dejarla habilitada para debatirla este jueves en el recinto.

“No tengo dudas que para todos y todas es muy importante (el  proyecto de sostenibilidad de la deuda), porque implica la participación del Congreso de la Nación en decisiones que son estratégicas y vitales y que comprometen el futuro del país”, precisó.

A su turno, Carlos Heller destacó que se trata de un proyecto con media sanción del Senado, que en esa Cámara no tuvo votos en contra, “lo cual es una importante señal en esos temas estratégicos del país”, y destacó a continuación el éxito de las negociaciones de la deuda, e hizo mención a lo que se está tratando actualmente con el Fondo Monetario. En ese marco destacó “la decisión de que debe ser el Congreso el que avale todas estas tratativas y que no pueda haber endeudamiento para gastos corrientes, esas cosas que trae este proyecto me parece que son muy saldables”, enfatizó.

Desde Consenso Federal, el diputado y economista Jorge Sarghini anticipó el apoyo de su bancada a la iniciativa, apuntando que ellos veían “con buenos ojos este proyecto”, aunque se quejó porque no hubiera sido tratado nunca un proyecto propio presentado en febrero del año pasado, que apuntaba a ordenar el tema de la deuda y darle sustentabilidad y que “no fue tenido en cuenta”.

“No se trata de defender un proyecto en particular”, aclaró Sarghini, quien destacó que entre otras cosas esa iniciativa “limita mucho más el uso del endeudamiento externo”, y si bien adelantó su apoyo, confesó que le quedaba “el sabor con gusto a poco”.

Desde Juntos por el Cambio intervino luego el radical misionero Luis Pastori, quien si bien aclaró que los fundamentos del interbloque serían brindados por el diputado del Pro Luciano Laspina, él haría unas consideraciones personales respecto del artículo 3°, que habla de la emisión de títulos públicos y programas de financiamiento, referidos a los gastos primarios corrientes. “Me parece que este artículo en vez de mejorar y ampliar conceptos, los restringe y genera algunas dudas”, señaló en referencia al artículo 56 de la Ley de Administración Financiera. Por lo tanto, señaló, “podríamos estar modificando este artículo y acá lo estaríamos limitando, lo que implicaría un retroceso evidente. Como no queda claro, podríamos estar aprobando algo que significaría un retroceso en ese sentido”.

Si bien luego Laspina abundó en las observaciones técnicas al proyecto puesto en consideración, las reservas de Pastori fueron las citadas por JxC a la hora de la emisión del dictamen.

A su turno, el diputado Luciano Laspina expresó el apoyo de su sector “porque el proyecto devuelve facultades al Congreso, o intenta aclarar la forma en la cual el Congreso delega en el Poder Ejecutivo el manejo de la deuda en cada ejercicio”. Sin embargo, aclaró, el proyecto “tiene a nuestro juicio severos errores técnicos y de técnica legislativa, porque lo que hace de alguna manera genera superposiciones con la Ley de Administración Financiera”.

“Es llamativo que el proyecto no haga referencia al artículo 60 de la Ley 24.156, que es lo que estamos reformando”, precisó, agregando que ese artículo es reformado a partir del proyecto que se convertiría en ley este jueves. “Desde el punto de vista de la técnica legislativa vamos a quedar con dos artículos que dicen más o menos lo mismo. Con lo cual, es muy pobre desde el punto de vista de la técnica legislativa”, estimó.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto se refirió luego a la prórroga de jurisdicción. Dijo que “el espíritu del oficialismo es intentar limitar no la emisión de moneda extranjera, sino más bien la prórroga de jurisdicción, la emisión de deuda en moneda extranjera en jurisdicciones internacionales. Me parece que a eso apunta el proyecto y que habría que haberlo establecido de manera más taxativa”, detalló.

Sobre el final, señaló que “deberíamos aclarar, si alguna vez queremos recuperar el crédito externo, es que obviamente los compromisos se cumplen y que ese porcentaje (de endeudamiento) que tiene que autorizar el Congreso excluye a los vencimientos de deuda comprometidos por la Nación; en todo caso, si se decide no cumplir, habrá una ley que lo diga, es el caso del default, que hasta ahora nunca se ha hecho por ley”.

A continuación, se refirió al acuerdo con el FMI, y con relación a las críticas durante la gestión anterior respecto de que el acuerdo con el Fondo esa vez no fue al Congreso, Laspina señaló que “el autor de este proyecto no leyó el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, sino lo hubiese citado al menos. Esto está delegado: no hay ningún acuerdo con el Fondo que haya pasado por el Congreso, y esto inicia una nueva tradición. Me parece bien, lo que no queda claro es si se refiere a la aprobación del crédito o a refrendar el acuerdo que implica el acuerdo con el FMI, que son dos cosas distintas”.

“Con todas esas observaciones técnicas, acompañamos, más allá de que diferimos muchísimo en cuanto a cómo está redactado y puede generar ruidos a futuro”, concluyó.

Desde Unidad Federal para el Desarrollo, el presidente de ese interbloque, José Luis Ramón, hizo algunas consideraciones políticas y celebró el hecho de que “en el Congreso estamos recuperando un rol”, y luego le dio la razón a Laspina: “Técnicamente este es un sistema legislativo que ha ido a contramano de entender un país serio, por eso ningún default pasó por el Congreso”.

El último en intervenir fue el oficialista Itai Hagman, quien reconoció que este proyecto se da en un contexto de crisis de endeudamiento que la Argentina pasó varias veces en las últimas décadas. “Este proyecto es una de las iniciativas para cumplir con uno de los mandatos electorales de 2019, que era no solo resolver el problema de la deuda,, sino también construir lo que el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía han denominado un ‘nunca más a los endeudamientos y sobreendeudamientos en la República Argentina’”.

Luego hizo referencia a que “bajar el peso de la deuda en moneda extranjera en su  producto le llevó al país más de una década, y el proceso para revertirlo fue mucho más corto”. Por eso, agregó, “necesitamos instrumentos para evitar que cualquier Gobierno de cualquier signo político pueda hacerlo otra vez”.

Con relación a la gestión anterior, Hagman señaló que el principal argumento era la tasa de interés, y “por privilegiar una tasa aparentemente más atractiva, se llevó a la Argentina a una situación insostenible”.

No pudo ser en enero, como habían especulado las autoridades de la Cámara baja originalmente, pero será entonces esta semana. El recinto de Diputados reabrirá sus puertas luego de que el bloque del Frente de Todos solicitara este lunes convocar a sesionar este jueves a partir del mediodía para tratar una serie de proyectos incluidos por el Poder Ejecutivo en el temario de extraordinarias.

Entre ellos, el más saliente es el proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que ya cuenta con media sanción del Senado, y establece que será el Congreso el que deba autorizar endeudamientos en caso de que los mismos superen los límites del Presupuesto, como así también deban aprobar los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Otros temas incluidos en el temario solicitado por el bloque conducido por Máximo Kirchner es el proyecto que otorga por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, como así también un proyecto tendiente a implementar un régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas realizadas en territorio argentino. Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo sobre el cual hablaron durante este verano el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, durante un encuentro que mantuvieron en el Congreso.

Por último, también figura en la lista una declaración de interés nacional del proyecto de ley de Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, un tema que había quedado pendiente de las últimas sesiones del año pasado.

La solicitud para sesionar lleva las firmas, de Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Cristina Alvarez Rodríguez, Carlos Heller, Claudia Bernazza, Rosa Muñoz, Alcira Figueroa, Germán Martínez, Walter Correa y Héctor Fernández. A las 10 será la reunión de Labor Parlamentaria.

La última sesión de la Cámara baja se realizó el pasado 29 de diciembre, oportunidad en la cual se sancionó con fuerza de ley la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.