La defensora general de la Nación pidió vacunar contra el Covid “a los presos de mayor edad”

Stella Maris Martínez participó de una reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, donde brindó un detallado informe de gestión sobre la actuación en 2020.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, brindó este lunes un detallado informe de gestión ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y en ese marco pidió vacunar contra el Covid-19 “a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”.

“Afortunadamente, gracias a la gestión de (Martín) Soria, se han conseguido dosis para vacunar a los penitenciarios que están en contacto con los presos. El paso siguiente y lo que estamos pidiendo es que se pueda vacunar a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”, afirmó Martínez al responder una pregunta de la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) sobre el ejercicio de la defensa en pandemia.

La funcionaria explicó que “el problema no es que el defensor se contagie, sino que el defensor contagie a las personas privadas de su libertad y eso, que hasta ahora no ha ocurrido, puede convertirse, si pasa, en un problema gravísimo”.

En tanto, recordó que cuando comenzó la pandemia insistió ante la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Laura Garrigós de Rébori, en que se les permitiera a los defendidos utilizar celular -limitando las llamadas a una determinada nómina de personas-, pero la respuesta fue negativa por el riesgo de los secuestros virtuales.

De todos modos, aclaró que a pesar de las restricciones sanitarias “no hay problemas de comunicación” entre detenidos y defensores, ya que entre otras cosas “se habilitó el correo electrónico”.

Por otra parte, ante una consulta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez sobre los delitos que aumentaron en la pandemia, expresó: “Nuestra percepción es que durante la primera parte de la pandemia disminuyeron mucho os delitos en general. Lo que sí aumentó claramente son los casos de violencia intrafamiliar: violencia de género, pero también violencia de los padres sobre los hijos, y de los hijos y jóvenes sobre ancianos”.

Informe de gestión 2020

Al inicio de su exposición, Martínez precisó que la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2020 “alcanzó el 100%, es decir, se gastó todo el presupuesto contemplado”, que era de 10.082.774.801 pesos.

“Además de las dificultades relacionadas con la pandemia, al no contar con una ley de presupuesto 2020 sino con una prórroga, significó una pérdida equivalente al 50% de los recursos operativos del Ministerio Público de la Defensa”, informó, y agregó que desde agosto lograron un incremento de 58 millones de pesos que sirvió para iniciar el proceso de renovación tecnológica.

La defensora indicó que se invirtieron 3.000.000 de pesos en gastos relacionados a la prevención del Covid-19, y detalló cuáles fueron los bienes y servicios adquiridos y los inmuebles con los que cuenta la Defensoría, que desde 2005 -cuando comenzó su gestión- totalizan 33. Por otra parte, hizo énfasis en la falta de servidores necesarios para almacenar las audiencias para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.

Foto: Comunicación Senado

En cuanto al presupuesto para este año, puntualizó que fueron asignados 13.756.136.844 pesos. “Si bien no satisface todas las necesidades reales del organismo, subsanó el déficit generado en 2020”, ponderó.

Martínez informó que en 2020 se produjeron siete renuncias y ceses y 18 juramentos de nuevos magistrados. La planta de la Defensoría al 6 de abril, dijo, es de 2.784 agentes, incluyendo contratos, interinatos y funcionarios y empleados de licencia sin goce de haberes, sumados a 12 personas con contratos de locación de servicios.

Del total de empleados, añadió, 1.856 son abogados -es decir, más de la mitad-, y las mujeres constituyen el 58%, aunque solo ocupan el 37% de los cargos de magistrados. “De cada 10 ternas que se elevan, en ocho hay mujeres; sin embargo solo se designa un 30% de mujeres”, lamentó.

Por otra parte, apuntó que del total de Defensorías habilitadas, hay 43 sin magistrado titular. “Esta situación es crítica en provincias como Santiago del Estero, donde no hay ningún magistrado: las tres dependencias están a cargo de funcionarios”, advirtió.

Martínez también informó que entre 2020 y lo que va 2021 el Poder Ejecutivo remitió 20 pliegos al Senado y todos obtuvieron acuerdo. Si bien destacó que la mitad fueron mujeres, sostuvo que “si queremos revertir la situación que existe en algunas jurisdicciones del interior donde no hay paridad, no basta con mantener la paridad en las remisiones”, sino que se debe aumentar la proporción.

Foto: Comunicación Senado

En otro pasaje de su exposición, precisó que en el fuero civil la Defensoría intervino en 285.922 casos, y en el fuero penal, 297.937 casos, lo que hace a un total de 583.859 casos en 2020.

Luego recordó su participación en el debate sobre la reforma judicial en el Senado, ocasión en la que sostuvo que “el escaso número de defensorías oficiales que se prevé crear generará un obstáculo para el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio”. Para el tratamiento de la reforma del Ministerio Público, aclaró, no fue convocada.

La defensora también repasó la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy y resaltó que se pusieron en funcionamiento cinco Defensorías de Víctimas.

Al término de la reunión de comisión, se leyeron notas presentadas por legisladores y las respuestas recibidas.

La defensora general de la Nación expondrá ante legisladores

Será en la Bicameral Permanente de Control del Ministerio Público, que se reunirá este lunes a partir de las 15.

bicameral ministerio publico donate marzo 2021

Vuelve a reunirse este lunes la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que preside el senador kirchnerista Martín Doñate, con una presencia que sin dudas dará mucha tela para cortar: la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

La reunión se realizará de manera virtual, a partir de las 15 de este lunes.

La citada funcionaria realizó días pasados una presentación ante el Consejo de la Magistratura en la que pidió iniciar el proceso de remoción de dos jueces: Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, por “mal desempeño”. Integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8, en el mes de septiembre del año pasado ordenaron investigar a una joven que se practicó un aborto de un embarazo que era producto de un abuso sexual. Ella procedió en el marco de lo que establece el artículo 86 del Código Penal y los lineamientos de la Corte Suprema establecidos en el fallo F.A.L. de 2012.

Para Stella Maris Martínez, los citados jueces incurrieron en “prácticas revictimizantes, constitutivas de un trato cruel, inhumano y degradante, además de discriminatorio”, por cuanto en un juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hermana durante al menos una década, tras emitir el fallo hicieron un apartado en el que impulsaron la investigación de la víctima, que había contado el aborto que se había practicado, con el fin de investigar la comisión del delito de “homicidio” u “homicidio prenatal” por parte de ella.

Los jueces equipararon entonces la interrupción legal del embarazo con los crímenes cometidos por el imputado, y calificaron de “sicarios”, “asesinos a sueldo” a los profesionales que llevaron adelante la ILE.

Stella Maris Martínez advirtió que el sistema acusatorio no se podrá aplicar con la reforma judicial

La defensora general de la Nación advirtió que el proyecto “tiene algunos problemas” y pidió “adecuar los números” de juzgados, fiscalías y defensorías que se crean.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.

Así se expresó la funcionaria al abrir este martes la ronda de exposiciones en el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.

“Tengo la profunda convicción de que la reforma al sistema federal debe hacerse, es muy necesaria y muy urgente”, afirmó Martínez, pero señaló que la propuesta oficial “es un modelo antiguo”.

“Entiendo que la aplicación pura y dura del sistema acusatorio hubiera implicado disolver juzgados federales, disolver cámaras y crear colegios de jueces, y por un problema de oportunidad no puede hacerse”, indicó, aunque consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica el sistema acusatorio.

“Me parece que habría que adecuar los números. Por ejemplo, en Chubut hay un 53% de fiscales, un 31% de defensores y solo un 16% de jueces; toda vez que los jueces son jueces de garantías, no de instrucción, y por ende tienen menos trabajo”, explicó.

Foto: Comunicación Senado

La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió.

En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.

En cuanto a la creación de “94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías” en el interior del país, sostuvo que “esta proporción el sistema no la va a tolerar”. “Hay que volver a mirar el mapa; no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”, enumeró.

Ante una consulta de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Martínez consideró que “no es un incremento presupuestario mayúsculo” el que habrá que ejecutar para implementar la ley, y agregó que “es una inversión que merece ser hecha”.

En el caso de la Defensoría General, describió que “ediliciamente se necesitan recursos”, aunque “de empleados no tanto”, y de cara a la implementación del sistema acusatorio, dijo que requieren “un incremento y una mejora en la infraestructura informática”.