Reclaman que el Poder Ejecutivo detalle el costo, financiamiento, condiciones contractuales y alcances estratégicos de la adquisición acordada con Estados Unidos. También información sobre el impacto presupuestario de la operación.
La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo información detallada sobre la compra de 235 vehículos blindados 8x8 Stryker acordada entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de los Estados Unidos. La iniciativa quedó registrada bajo el expediente 4204-D-2026 y será girada a las comisiones de Defensa Nacional y Presupuesto y Hacienda.
El pedido de informes está dirigido al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete, y reclama precisiones sobre el contrato suscripto el 21 de agosto de 2026 mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) para incorporar los vehículos al Ejército Argentino.
Entre los principales puntos, la legisladora reclama que se informe el monto total de la operación, desagregado por vehículos, variantes, repuestos, capacitación y soporte técnico, además de las razones por las cuales el Gobierno no difundió públicamente el costo total de la compra al anunciar el acuerdo. También solicita una copia íntegra del documento firmado con Estados Unidos y sus anexos técnicos y financieros.
La iniciativa pide conocer las condiciones económicas de la adquisición, incluyendo tasas de interés, plazos de pago, moneda utilizada y eventuales descuentos. Asimismo, consulta cuál será la fuente de financiamiento de la operación, si involucra endeudamiento externo y cuál será su impacto sobre las reservas internacionales y las cuentas públicas.
Otro de los aspectos planteados por Roxana Monzón se refiere al concepto de “interoperabilidad” con las Fuerzas Armadas estadounidenses mencionado por el Ministerio de Defensa al anunciar la compra. La diputada solicita precisiones sobre si ello implica estandarización de sistemas de comunicación, logística, mantenimiento o entrenamiento, o eventuales compromisos que puedan afectar la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas argentinas.
El proyecto también requiere información sobre el destino de los vehículos, las unidades militares que los recibirán, el cronograma de entrega y los estudios técnicos que respaldaron la decisión de incorporar 235 nuevas unidades. Además, pregunta si se evaluaron alternativas de menor costo o de producción nacional antes de avanzar con la compra.
En los fundamentos, la legisladora señala que el primer lote de ocho vehículos Stryker recibido por la Argentina tuvo un costo informado de 20 millones de dólares, y sostiene que, de mantenerse valores similares, la nueva adquisición podría representar una erogación superior a los 587 millones de dólares. No obstante, remarca que el monto oficial de la operación aún no fue difundido por el Gobierno.
Asimismo, vincula la compra con otras incorporaciones de equipamiento militar realizadas o proyectadas por la actual administración, como los aviones F-16 y las negociaciones por helicópteros Black Hawk, y plantea la necesidad de que el Congreso conozca el alcance financiero y estratégico de esas decisiones.
Finalmente, el proyecto incorpora cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, al comparar el desembolso previsto para la adquisición de material militar con partidas sociales y programas que, según expone la diputada, atraviesan restricciones presupuestarias. En ese contexto, reclama que el Poder Ejecutivo brinde información completa para que el Congreso pueda evaluar el impacto y la conveniencia de la operación.