El Senado sancionó la norma que garantiza una reparación económica extraordinaria a hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de los submarinistas. Fue por votación unánime.
Por votación unánime, el Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto para otorgar un beneficio económico extraordinario, por única vez, a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.
La iniciativa fue aprobada con 53 votos afirmativos y, una vez que sea promulgada, los familiares de los submarinistas tendrán 365 días para reclamar el beneficio, que se calcula en alrededor de 7.000.000 de pesos y que será entregado a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes, según corresponda.
En rigor, la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100; la misma fórmula utilizada en otras leyes reparatorias, como en el caso AMIA.
La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Nancy González (Frente de Todos) enfatizó que más allá de esta ley de reparación económica, “el Gobierno nacional quiere llegar a la verdad” con respecto a la desaparición del submarino.
“Una verdad que merece saber todo el pueblo argentino -continuó-, porque son 44 compatriotas que durante mucho tiempo no fueron buscados y luego fueron buscados de manera irregular”.
González destacó que “el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa”, que será la autoridad de aplicación de la ley, “han estado trabajando incansablemente en apoyo de los familiares y en respeto de los compatriotas cuya desaparición hoy no sabemos cómo fue”.
Desde Juntos por el Cambio, la jujeña Silvia Giacoppo coincidió en que “otorgar este beneficio es reparar, en parte, el dolor de estas familias que han perdido a estos seres queridos. No les podemos devolver la vida, pero con esta ley sí estamos reparando en algo el daño moral y el dolor de estas familias”.
De todos modos, pidió revisar las responsabilidades en el hundimiento del ARA San Juan: “Yo también quiero que se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente y la búsqueda”.
La radical recordó en ese sentido la frase “pato al agua”, proferida en 2011 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que “por 30 años ese submarino iba a tener una vida útil”, algo que no se cumplió.
La santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) advirtió que “los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, nuestros héroes, eran entonces ninguneados permanentemente. Pero el pueblo no olvida y comenzó en todos los puntos de nuestro país a rendirles homenaje. El pueblo no olvida y quiere saber la verdad”.
Por su parte, Julio Cobos (UCR) manifestó que “esta reparación económica no compensa el dolor de los familiares ni la pérdida de 44 vidas, pero es la manera de asistir de la mejor forma posible asumiendo la responsabilidad”.
El rionegrino Alberto Weretilneck, en tanto, sostuvo que “este proyecto bajo ningún punto de vista tiene el espíritu de ser una ley de punto final. Que nadie sienta que el Congreso quiere cerrar esta historia. Comparto la demanda de los familiares de todas las víctimas del ARA San Juan: verdad y justicia”.
Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti dijo que “una de las formas de reparar es decir la verdad de lo que sucedió” y cargó las tintas contra la gestión de Mauricio Macri por el manejo de la tragedia.
Fernández Sagasti habló de “mentiras y manoseos que en virtud de proteger a un ministro político central del gobierno de Macri se hicieron durante esa época”, en alusión al entonces titular de la cartera de Defensa, Oscar Aguad.
La senadora advirtió que lo sucedido “fue la mayor tragedia naval en tiempos de paz que vivió la Argentina”, pese a lo cual pasaron “16 días” desde la desaparición del submarino hasta que el ministro Aguad “hiciera la primera comunicación al pueblo argentino”.
Además, recordó el intenso trabajo de investigación realizado desde el Congreso a través de la bicameral creada con ese fin, la cual ella misma integró. De esa comisión surgió un informe final que fue suscrito por oficialismo y oposición, pero hubo diferencias en el apartado vinculado a las responsabilidades políticas.
Fernández Sagasti precisó que ya en ese entonces, los familiares de los submarinistas “tenían la sospecha de que estaban interviniendo sus teléfonos”, y al plantearlo ante el propio Aguad, el funcionario respondió que “si era cierto, los acompañaría a hacer la denuncia penal”.
“Hace unos meses nos enteramos de que eso fue verdad, que no solo se montó un espionaje ilegal a amigos y empresarios sino también a los familiares que estaban buscando justicia”, confirmó la legisladora.
Agregó también que “la primera semana de diciembre de 2017 el gobierno ya sabía dónde había sido la implosión del ARA San Juan y que por la magnitud de la implosión no había posibilidad de vida. Sabían ese dato y nunca se lo dijeron a los familiares”.
Por esos motivos, denunció una “falta de empatía del gobierno de Macri con los familiares de 43 héroes y una heroína”.
Para cobrar el dinero, los familiares deberán renunciar a todo derecho indemnizatorio por daños y perjuicios, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
El proyecto aprobado indica que el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier otra acción judicial en trámite en reclamo de daños y perjuicios.
También se establece que en los casos donde los familiares ya hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.
“Este beneficio económico que el Estado Nacional les está otorgando no es obligatorio. Pueden acceder o no, y seguir con la causa civil si es que están”, aclaró la senadora González.
La reparación económica estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.
La iniciativa recibió dictamen en un plenario de comisiones del Senado y quedó a un paso de ser ley. El monto a otorgar ronda los 7.000.000 de pesos.
El proyecto de ley que busca otorgar un beneficio económico extraordinario a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque la fecha aún no está definida.
La iniciativa, que cuenta con aprobación unánime de la Cámara de Diputados, recibió amplio respaldo en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Nancy González y Carlos Caserio, respectivamente.
“Estoy satisfecha de que el Gobierno y el Ministerio de Defensa hayan impulsado esta reparación para las familias que han sufrido una pérdida tremenda. Por más que votemos esta reparación económica no vamos a quitarle el dolor a las familias, pero el Gobierno está reconociendo las situaciones graves que tuvieron que atravesar”, destacó González.
Además, recordó que el presidente Alberto Fernández dispuso el ascenso post mortem al grado inmediato superior de los 44 tripulantes del submarino, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 y hallado un año después en el Océano Atlántico.
Caserio coincidió en que “todos tenemos claro que esta terrible tragedia no se cubre con un acto administrativo”, pero “esta ley busca una solución para los familiares”.
El proyecto del Ejecutivo obtuvo un fuerte apoyo de la oposición, aunque desde el Pro Ernesto Martínez preguntó si fue acordado con los beneficiarios. “El Estado quiere cerrar un capítulo y es correcto, pero ¿los familiares tienen la anuencia para esta idea?”, consultó.
Si bien desde el oficialismo no hubo una respuesta concreta, González aclaró que “en la ley está expresado que aquel familiar que no quiera adherir a este beneficio, tiene todo el derecho de no hacerlo”.
El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó que se trata de “un acto básico resarcitorio por parte del Gobierno” y que “viene con un acompañamiento importante de Diputados”.
Asimismo, adelantó que, si hay acuerdo, el proyecto se votará en la próxima sesión junto con el Consenso Fiscal y pliegos de embajadores.
El beneficio económico extraordinario será entregado por única vez y los beneficiarios serán los hijos -por partes iguales-, progenitores -también por partes iguales-, cónyuges o convivientes.
La indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100.
“El monto exacto no lo tenemos, pero ronda los 7.000.000 de pesos”, señaló la senadora González, e informó que los familiares tendrán 365 días desde la promulgación de la ley para reclamar el beneficio. “Se pretende que sea un trámite rápido”, dijo.
Por otra parte, para cobrar el beneficio los familiares deberán renunciar “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”, y a la vez el resarcimiento “será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”.
Asimismo, “el otorgamiento del beneficio es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias a causa del hecho”.
También se establece que en los casos donde los familiares hayan percibido una indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial, podrán cobrar la diferencia, aunque si la indemnización fue mayor no tendrán derecho al beneficio.
La indemnización estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.
Diputados de Juntos por el Cambio advirtieron que “no se he hecho nada” desde el hundimiento del ARA San Juan, hace tres años.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Alberto Asseff presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Defensa para conocer “las previsiones, programas, planes y presupuestos en el corto, mediano y largo plazo a fin de recuperar las capacidades de la Armada Argentina en materia de defensa y control submarino de la plataforma continental”.
“Sabemos que han pasado ya más de tres años del lamentable y luctuoso hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 17 de noviembre de 2017, y no hemos notado que nuestro país haya reaccionado para subsanar las falencias profundas que lo ocasionaron”, advirtieron los diputados en los fundamentos del proyecto.
En ese sentido, mencionaron la “falta de presupuesto adecuado, motivación y reequipamiento, salvo deslindar responsabilidades a fin de preservar a las autoridades civiles, responsables de la desatención y ausencia del Estado Nacional”.
“No hace falta ser un especialista en materia de defensa nacional para darse cuenta del profundo y continuo deterioro que ha sufrido la flota de submarinos de la Armada Argentina, no sólo en los materiales, sino en la cantidad y calidad del personal. Situación que se ha ido agravando permanentemente por la falta absoluta de motivación, reducción y casi nula actividad operativa, aceptación del doble empleo para paliar los bajos salarios, y la falta de reconocimiento a la labor muchas veces riesgosa”, describieron.
El proyecto fue acompañado por los diputados Gerardo Cipolini, Alicia Terada, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Aída Ayala, David Schlereth, Jorge Vara, Jorge Enriquez, Ignacio Torres, Julio Sahad, Héctor Stefani, Lidia Ascárate, Hernán Berisso y Gustavo Hein.
Este domingo se cumplirá un nuevo aniversario del hundimiento del submarino, donde viajaban 44 tripulantes. El periodista Gustavo Oulego recupera con lujo de detalles la historia de la exploración por el Océano Atlántico.
“Solo faltaban la chomba conmemorativa que le había regalado tras participar de la regata Buenos Aires-Río de Janeiro como parte del equipo de vela de la Escuela de Oficiales de la Armada; otra remera más, también regalo de su hijo; una bandera que recordaba a los 44 héroes, y esa foto plastificada de Alejandro que lo había acompañado durante el acampe en Plaza de Mayo”.
Así arranca “La búsqueda del ARA San Juan” (Editorial Galerna), el libro del periodista y productor Gustavo Oulego que relata con lujo de detalles el trabajo para encontrar el submarino desaparecido en el Mar Argentino hace casi tres años, el 15 de noviembre de 2017, con 44 tripulantes a bordo.
A lo largo de casi 280 páginas, Oulego recoge el testimonio de Luis Tagliapietra -padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra- y lo utiliza como hilo conductor de la narración, que contiene información precisa de la búsqueda y la lucha de los familiares luego de que el Gobierno argentino desistiera de hallar la nave.
“El primer acercamiento con la idea del libro fue cuando escuché en la radio una entrevista a Luis, que recién había llegado de Ciudad del Cabo, donde había terminado la misión de búsqueda. Lo escuché contando todo lo que había atravesado durante esos 90 días, todo lo que había vivido, y a partir de esas situaciones tan fuertes emocionalmente, tan dramáticas, situaciones límites, me pareció que era una historia que debía ser contada, sobre todo porque era el primer paso para conocer la verdad y pedir justicia por los tripulantes”, explica Oulego.
El libro está basado en unas veinte conversaciones con Tagliapietra, que fue abogado querellante en la causa y uno de los cuatro únicos familiares que participaron de la misión como veedores. No hubo ninguna charla -recuerda Oulego- donde Luis no se quebrara al evocar lo ocurrido.
“El relato tiene dos carriles: por un lado, la misión profesional de un grupo de especialistas en rescatar barcos hundidos; y por otro lado, la vivencia de un hombre que cumplía dos roles, el de un padre buscando a su hijo y el de un familiar velando por la misión, representando a las 43 familias restantes”, señala el autor.
El objetivo que se propuso fue “mostrar cómo en una misión que para algunos puede ser un trabajo cotidiano -subirse a un barco y buscar un barco hundido o cualquier otra cosa hundida en el mar-, estos profesionales se vieron haciendo su trabajo diario acompañados esta vez por personas que buscaban a sus seres queridos. Se encontraron con esa situación inédita y muy fuerte emocionalmente de estar trabajando para encontrar respuestas”.
En el momento del hallazgo del Seabed Constructor, la nave de la empresa Ocean Infinity, Oulego relata: “Primero se vieron pedazos de chapa. Eran desperdicios, pedazos muy chicos. El ROV siguió avanzando y se vio un mástil. Después apareció la hélice con la línea de eje. Más adelante la torpedera. Y por último la vela”.
“Sí, la identificación es positiva”, les informaron a los familiares. Entre abrazos, cuenta el libro, Tagliapietra solo podía repetir una cosa: “Los encontramos, la puta madre, los encontramos”.
La comisión presidida por Leopoldo Moreau se reunió este lunes en forma reservada por la denuncia presentada por la interventora de la AFI. Recibirán a abogados querellantes.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, inició un sumario de investigación por el presunto espionaje ilegal hacia familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan durante la gestión anterior.
La bicameral se reunió este lunes en forma reservada, con algunos de sus integrantes en forma presencial y otros vía teleconferencia, y acordaron designar una subcomisión encargada de instruir el sumario de investigación.
“La semana que inicia pondremos en marcha la investigación”, anunció Moreau desde el Salón de Pasos Perdidos, e informó que recibirán el testimonio de los abogados que representan a la querella.
En diálogo con el canal C5N, el diputado afirmó que días atrás fueron notificados de la denuncia que presentó la interventora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, en Mar del Plata, “que es de donde salió toda la actividad de inteligencia ilegal”.
Además, el viernes pasado, Moreau se reunió con una de las abogadas que representan a los familiares, y que también sumó elementos para la investigación.
“Vamos a avanzar rápidamente porque este es un hecho moralmente perverso. Es uno de los temas de espionaje ilegal que más compromete al expresidente (Mauricio) Macri, porque esos informes estaban dirigidos directamente a él”, advirtió el legislador del Frente de Todos.
Sostuvo que “cada vez que Macri tenía alguna vinculación con el tema ARA San Juan, cuando recibía a los familiares, cuando iba a jugar al golf al club que está sobre la Base Naval de Mar del Plata, o cuando fue a Chapadmalal, la AFI le hacía un informe”.
“El usuario de esos informes era el presidente. Hay fotos de los familiares, seguimiento a los familiares, y de paso hicieron inteligencia ilegal sobre partidos políticos y organizaciones en Mar del Plata. Eso está definitivamente probado”, aseguró.
Por último, señaló que ahora “hay que analizar si tuvo algún grado de participación la Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa”, algo que todavía “está bajo análisis”.
La iniciativa instituye el 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la Inclaudicable Reivindicación y Defensa del Mar Argentino”. También se aprobó el “Día de la Visibilidad Lésbica”.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió dictamen unánime este lunes sobre un proyecto para instituir el 15 de noviembre de cada año como “Día nacional de la Inclaudicable Reivindicación y Defensa del Mar Argentino”, en conmemoración del naufragio del submarino ARA San Juan.
La iniciativa fue presentada por Graciela Camaño (Consenso Federal) y, si bien había otros proyectos para que declarar el 15 de noviembre como feriado nacional y día no laborable, finalmente los bloques acordaron que sea un día hábil.
Camaño destacó que el proyecto tiene “un componente de mucha carga emocional” y busca “consolidar y mantener viva la memoria colectiva de la sociedad, reafirmando la importancia de la custodia y la vigilancia de la soberanía de nuestro mar, y honrar la memoria de los 44 tripulantes”.
“El 15 de noviembre de 2017, cuando por la madrugada nos enteramos de la desaparición, en el Atlántico Sur, del ARA San Juan, todos sufrimos una enorme conmoción”, recordó Camaño.
La legisladora resaltó que “en Diputados tuvimos la enorme capacidad de dimensionar la magnitud de la tragedia y prontamente logramos los acuerdos necesarios para conformar una comisión bicameral de investigación y seguimiento de la tragedia de los 44 tripulantes”.
Camaño señaló que la comisión funcionó “de forma increíblemente metodológica y disciplinada” y además asumió un trabajo de “contención” de los familiares, que “encontraron en el ámbito del Congreso un lugar donde pudieron interrogar como pudieron a todos los funcionarios de las Fuerzas y del Ejecutivo”.
La comisión también dictaminó dos proyectos de Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal) para declarar beneplácito por el Día Mundial de la Justicia Social, celebrado el 20 de febrero; y expresar reconocimiento a la trayectoria política de Nélida de Miguel, que el 10 de mayo pasado cumplió cien años.
Por otra parte, avanzó un proyecto de Gabriela Estévez (Frente de Todos) para instituir el 7 de marzo de cada año como “Día de la Visibilidad Lésbica” en conmemoración de la muerte de Natalia “Pepa” Gaitán, quien “fue fusilada por el padrastro de su novia por ser lesbiana”, en el año 2010 en la provincia de Córdoba.
Por último, recibió dictamen una propuesta de Carla Carrizo (UCR-Evolución) para declarar al mes de mayo de cada año como el mes del Síndrome de Williams, un trastorno genético del desarrollo que afecta distintas capacidades.
Según el proyecto, se eligió el mes de mayo para “alinear internacionalmente a la Argentina con entidades y países que han sido pioneros en estos aspectos” y promueven actividades de difusión y concientización sobre el Síndrome de Williams.
