Luego de anunciar un principio de acuerdo con las modificaciones pedidas por los bloques aliados, el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía y Legislación General se quedó sin dictaminar el proyecto de ley de Súper RIGI y la reunión volvió a pasar a un nuevo cuarto intermedio. Siete senadores aliados estuvieron ausentes y el despacho quedó lejos de las 26 rúbricas necesarias.

Entre los vocales ausentes estuvieron Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo de Provincias Unidas; Andrea Cristina del Pro; el bonaerense Maximiliano Abad; y la neuquina Julieta Corroza. Tampoco estuvieron en este plenario el radical Flavio Fama y la tucumana Beatriz Ávila, quienes sí habían estado presentes media hora antes en el debate del RIIR.

Según supo parlamentario.com, desde el Pro, un sector del radicalismo y Provincias Unidas exigieron un nuevo cambio en el dictamen: La incorporación de la obligación de compra de insumos a proveedores locales, incluso, cuando el producto nacional sea hasta un 15% más costoso que el importado.

El segundo pedido de modificaciones a la media sanción del Súper RIGI es el agregado para promover el desarrollo de proveedores locales en bienes tranzables. Hasta el martes pasado, el oficialismo cedió al pedido del 20% mínimo, pero ahora los aliados exigen el 40%, según constató este medio.

Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza, encabezó las conversaciones con los jefes de bloques aliados, quienes le comunicaron la nueva exigencia para acompañar. Finalmente, Martín Goërling Lara -una de las autoridades del plenario- y Victoria Huala del Pro decidieron no firmar este despacho; mientras que los radicales se dividieron.

El encuentro plenario entre Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión Nacional y Legislación General apenas duró 45 minutos y la mayoría de los vocales oficialistas pidió la palabra para ganar tiempo. Sin embargo, La Libertad Avanza solamente logró cosechar 20 rúbricas, pero quedó lejos de las 26 necesarias para avanzar con el despacho de comisiones.

Apenas comenzado el encuentro la preocupación se hizo notar en los rostros del oficialismo y fue cuando Agustín Monteverde, titular de Presupuesto, confirmó la incorporación de una de las modificaciones que adelantó parlamentario.com: La obligación de que las empresas que instalen un data center construyan sus propias subestaciones eléctricas para mitigar el riesgo de interrupciones.

Con un encuentro inicial para trazar el plan de debate, tres reuniones informativas con expositores y el plenario de este miércoles, el Súper RIGI pasó a un cuarto intermedio y será puesto a consideración por sexta vez.

Sin el acompañamiento de los aliados, el oficialismo en la Cámara alta no pudo firmar el Súper RIGI y se diluye el plan para llevarlo al recinto el próximo jueves 10 de septiembre. En el oficialismo confían en resolverlo la próxima semana, pero los aliados se endurecen con los pedidos.

Tras cuatro extensas reuniones informativas, las comisiones de Presupuesto, Economía y Legislación General se reúnen este miércoles desde las 13 en el Salón Azul para intentar cerarr el dictamen del Súper RIGI. La redacción final tendrá al menos dos cambios con respecto a la media sanción, por lo que el proyecto deberá volver a la cámara de origen antes de ser sancionado.

Sin una mayoría propia, La Libertad Avanza debió conceder espacio a los pedidos de los bloques aliados -el Pro y la Unión Cívica Radical- para llevar a cabo una quinta reunión donde el objetivo es la firma del dictamen. En caso de prosperar, fuentes del oficialismo revelaron a este medio que hay muchas chances de llevarlo al recinto el próximo jueves 10 de septiembre.

De no haber problemas logísticos, el oficialismo contará con las 25 firmas necesarias para rubricar el despacho este miércoles en la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión Nacional y Legislación General.

Respecto al contenido del dictamen, la presidencia del bloque oficialista dio lugar al pedido de las provincias para obligar a que las empresas que accedan al Súper RIGI con intención de instalar un data center (edificio dedicado a albergar infraestructura tecnológica, como servidores, sistemas de almacenamiento y redes de comunicaciones) construyan sus propias subestaciones eléctricas para mitigar el riesgo de interrupciones.

El segundo punto a modificar es la incorporación para promover el desarrollo e integración de proveedores locales a las "nuevas industrias" que integrarán el Súper RIGI.

Los otros puntos del proyecto 

El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala y propone establecer un monto mínimo de 1.000 millones de dólares por proyecto. Adempas, fija el compromiso de cumplir en los dos primeros años de adhesión una inversión mínima en activos computables que iguale o supere el 20% (U$S200 millones).

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones para obtener adhesiones, se incorporó en comisiones entre los “objetivos prioritarios” del Súper RIGI, el incentivo del “desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina”.

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas “nuevas actividades económicas”, ello se realizará “conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en” la reglamentación, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, “mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga”.

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. “El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal”, establece.

Como uno de los cambios principales, se prevé un “plan de desarrollo de proveedores locales” que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se dispone la creación de un “Registro Público de Proyectos del Súper RIGI”, que deberá ser de “carácter público y de acceso libre”, bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

Tras una sesión en la que logró aprobar un paquete importante de designaciones judiciales, el oficialismo en el Senado intentará esta semana avanzar con el dictamen del proyecto de "Súper RIGI", promovido por el Gobierno, que sufriría cambios en su redacción, lo que, de aprobarse posteriormente en el recinto, debería volver a la Cámara de Diputados.

Ese es uno de los principales temas que se abordarán este miércoles, día en que hay programada una seguidilla de comisiones, que incluyen además el tratamiento de iniciativas promovidas por bloques dialoguistas.

La jornada del miércoles arrancará a las 11, en el Salón Azul, con un plenario de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales, que analizará el proyecto que busca crear un "Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes" (RIIR). Se trata de la segunda reunión convocada para tal fin.

La propuesta es parte de la "apertura de agenda" que La Libertad Avanza encaró para afianzar el respaldo de los aliados a sus proyectos.

En este caso, se trata de una iniciativa impulsada por el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, que apunta a otorgar beneficios fiscales a medianas empresas que realicen inversiones productivas por un monto mínimo de 12 millones de dólares durante los dos primeros años de vigencia del régimen.

Dos horas después, a las 13, fue convocado el plenario de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, para debatir el "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias", más conocido como "Súper RIGI", que impulsa el Gobierno.

Será el quinto encuentro, luego de cuatro reuniones informativas, de las cuales se desprendió la posibilidad casi segura de que la redacción sufrirá cambios, a pedido de los aliados. LLA tenía la intención de dictaminar la semana pasada, pero finalmente ese trámite se daría este miércoles.

La iniciativa -con media sanción- apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, por unos 30 años, a inversiones por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares en industrias "del futuro" o todavía no desarrolladas en el país.

Si bien durante el debate en Diputados se incorporó un "plan de desarrollo de proveedores locales", que establece la obligatoriedad de un 20% de la inversión para contrataciones de servicios o bienes en el país, una de las modificaciones pedidas por la oposición es la de "perfeccionar" este capítulo.

En la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina, pidió que se aclare que ese porcentaje "sea exclusivamente para bienes producidos en el país" porque "hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente".

En la misma línea, el director institucional de Sidersa, Pablo Cattoni, dijo en el plenario que "una enmienda podría ser la introducción de requisitos adicionales que permitan el desarrollo productivo local. Por ejemplo, que todas las iniciativas incorporen un 20% de contenido nacional en bienes transables sin computar en el cupo a la obra civil, que naturalmente termina dándose en la Argentina".

Otro de los cambios tendría que ver con establecer condiciones en el caso de proyectos que demanden un altísimo uso de energía, como la instalación de centros de datos, por ejemplo, otra cuestión que fue advertida por especialistas que expusieron el pasado 19 de agosto.

El día miércoles la agenda continuará a las 15, con un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, donde se tratarán el acuerdo de transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores del ámbito nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y el Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, celebrados ambos el 3 de julio pasado.

Finalmente, a las 17, las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda -también reunidas en el Salón Azul- llevarán adelante la tercera reunión sobre presupuestos mínimos de protección ambiental aplicable a un marco regulatorio de los mercados de carbono, promovido por aliadas como la salteña Flavia Royón y la misionera Sonia Rojas Decut.

Por otro lado, a las 16, en el Salón Illia, la Comisión de Educación y Cultura abordará proyectos sobre educación emocional, declaración de héroe nacional a Estanislao López, y declaratorias de monumentos, bienes, lugares históricos, patrimonio inmaterial, conmemoraciones y fiestas nacionales.

El Senado continuó este miércoles con el análisis del proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, durante una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General.

Se trató de la cuarta jornada de debate sobre la iniciativa, que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes proyectos de inversión. En encuentros anteriores habían expuesto funcionarios del Ministerio de Economía y especialistas en cuestiones ambientales, mientras que esta vez fue el turno de representantes de sectores directamente involucrados en el desarrollo de inversiones productivas.

Uno de los principales expositores fue Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, quien destacó el impacto que, a su juicio, tuvo el RIGI vigente sobre la actividad. Entre los aspectos que consideró más relevantes mencionó la mejora de la competitividad tributaria frente a países que compiten por las mismas inversiones, la posibilidad de un acceso más flexible a divisas y la opción de recurrir a tribunales internacionales para la resolución de controversias.

También participó Pablo Cattoni, director institucional de Sidersa, la única empresa industrial que hasta el momento obtuvo aprobación dentro del régimen actual. El ejecutivo se refirió al proyecto de construcción de una planta siderúrgica en San Nicolás, que demandará una inversión estimada en 300 millones de dólares, y afirmó que la herramienta permite impulsar proyectos de gran escala apoyándose en una cadena de proveedores mayoritariamente nacionales.

Desde la Unión Industrial Argentina, Diego Leal planteó la necesidad de introducir modificaciones al proyecto para fortalecer la participación de la industria local. En particular, propuso que la porción de inversiones destinada a bienes y servicios sea cubierta exclusivamente con producción nacional, con el objetivo de potenciar el desarrollo de proveedores argentinos.

Por su parte, Carlos Ormachea, titular de la Cámara de Explotación y Producción de Hidrocarburos, sostuvo que el régimen vigente facilitó la concreción de inversiones que posiblemente no se habrían realizado en otras condiciones y aceleró la ejecución de proyectos que se encontraban en carpeta.

En la misma línea se expresó Esteban Gramblicka, asesor legal de la Cámara Argentina de Energía, quien consideró que el RIGI fue determinante para la toma de decisiones de inversión en el sector energético. Además, afirmó que las condiciones actuales permiten proyectar a la Argentina como un futuro exportador de energía, tanto para abastecer mercados regionales como para impulsar desarrollos vinculados al gas natural licuado.

Tras las exposiciones y las consultas de los senadores, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (LLA), dispuso un nuevo cuarto intermedio para continuar con el análisis de la iniciativa en una próxima reunión. El debate busca reunir aportes de distintos sectores antes de avanzar con el tratamiento legislativo del denominado “Súper RIGI”.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomaron el debate del Súper RIGI en el Senado. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, nuevamente volvió a estar ausente en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Los aliados tienen intención de acompañar, pero le pedirán modificaciones a La Libertad Avanza para firmar el dictamen.

Fuentes consultadas por parlamentario.com revelaron que hay un plan para que el despacho quede rubricado el próximo miércoles 26 de agosto cuando esta plenaria concluya con las exposiciones de invitados. Sin embargo, los bloques aliados han dejado trascender que van a insistir con pedidos de modificación.

Según supo este medio, los aliados han exigido incoroporar una cláusula que aporte un mecanismo que fortalezca la capacidad decisoria de las provincias. A pesar de que el debate lo moderan Nadia Márquez, titular de Legislación General, y Agustín Monteverde, de Presupuesto y Hacienda, los vocales aliados buscan acercar posiciones con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. 

La voz de los expositores

El primer expositor de la jornada fue el director de economía de Fundar, Guido Zack, quien se presentó al afirmar que “Argentina necesita inversiones y las inversiones necesitan reglas claras”, luego desplegó una serie de críticas al cepo cambiario -por ende, a los gobiernos kirchneristas-, pero advirtió: “No es lo mismo dar garantías, que dar concesiones ilimitadas sin pedir nada a cambio”.

Sobre la media sanción del Súper RIGI, hizo énfasis en los cambios introducidos durante el debate en la Cámara baja. Sin embargo, consideró que, en materia de protección ambiental, “hay cláusulas de escape que pueden no ser efectivas”. Para cerrar, pidió por un artículo que establezca la creación de un registro público de evaluadores ambientales y sugirió que haya mejoras en la redacción vinculada a la protección ambiental de la explotación de los recursos naturales.

Integrante del gabinete de Axel Kicillof, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, dejó clara su postura en contra del Súper RIGI y observó negativamente la definición de “objeto indefinido”. “El artículo 4 no define qué es una actividad económica y queda a disposición del Poder Ejecutivo Nacional vía reglamentación”. Además, aseveró que este régimen brindará “beneficios fiscales sin evidencia de necesidad”.

Con una connotación negativa sobre el Súper RIGI, se dirigió a los vocales del plenario y lanzó: “No deberían dictaminar esto sin modificaciones sustanciales”. Y a partir de las críticas apreciadas en el debate, enumeró que este nuevo régimen “renuncia a la soberanía jurídica, cero exigencia de desarrollo productivo local y “prohíbe al Estado a comprar insumos nacionales, ni la participación de universidades”.

A su turno, la directora de Relaciones Institucionales de Ceppas y exdirectora de Registro Nacional de Tierras, Florencia Gómez, invocó el Acuerdo de Escazú -tratado ambiental que otorga garantías de acceso a la información pública de protección ambiental- y explicó: “La falta de definición de actividad económica y cuáles son los proyectos, le impiden a la ciudadanía de conocer el impacto ambiental”.

Antes de generar la respuesta de Márquez, la expositora advirtió que “se está por legislar de aquí al 2076”, y aseveró: “Buscan convertir a la Argentina guarida normativa porque son las provincias y municipios quienes van a lidiar con los problemas ambientales”. “No sabemos de qué van los proyectos, ni los impactos acumulativos esto amerita una evaluación ambiental estratégica”, reiteró Florencia Gómez.

Nadia Márquez, en su rol de titular de la Comisión de Legislación General, tomó la palabra y confrontó a la oposición -y a los expositores que disertaron en contra del Súper RIGI: “En vez de dar argumentos, se vienen a plantear puros fantasmas”. Luego, agregó: “Dijeron que ‘cuidado Vaca Muerta’, pero hace muchos años los neuquinos entendimos que se pueden explotar los recursos naturales y cuidar el medio ambiente”.

Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan, se refirió a las cuestiones ambientales esgrimidas durante este miércoles y cargó que “en un informe de evaluación ambiental, el emprendedor propone una gestión ambiental y es la autoridad quien evalúa y aprueba, o no, el proyecto”. “Esa autorización se llama declaración de impacto ambiental”, definió.

Destacó que la gestión en San Juan ha “elevado” la vara de control de exigencia y reveló que su distrito contiene más de 230 proyectos de exploración. “En dos años y medio se han realizado 203 evaluaciones de impacto ambiental solo para actividad minera y la Policía Minera ha hecho 640 inspecciones en proyectos mineros que incluye a las grandes inversiones”, cargó el funcionario del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.

También participaron del debate en el Salón Azul del Palacio Legislativo Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la ONG Géneras; Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; y Luciana Ghiotto, directora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet.

 

El reciente anuncio de Argentina LNG con YPF y las grandes empresas es una oportunidad histórica. Vaca Muerta nos pone frente a la posibilidad de dejar de ser un país mendigo de dólares y pasar a ser exportador de energía al mundo por 20 años.

Pero una oportunidad histórica también es un riesgo histórico. Porque ya sabemos cómo termina la película cuando le decimos "vengan, inviertan" a las multinacionales sin poner condiciones: se llevan el recurso, dejan migajas, y el pueblo se queda mirando de afuera.

Por eso es bienvenido el RIGI y el Super RIGI si se cumplen ciertas pautas necesarias que hoy no se ven que haya intención de trabajarlas. Estas deben ser patuas generales que para los casos concretos deben ser acuerdos que beneficien al país. Si queremos que el petróleo, el gas y el GNL sirvan para defender la mano de obra nacional y construir un verdadero desarrollo, entonces no solo es relato, sino que debemos hacer acciones concretas. 

Lo que no hay que hacer: convertir al RIGI en un negocio sin argentinos

El peor error sería firmar un RIGI que solo garantice "seguridad jurídica" para la empresa y cero obligaciones para el país.

No hay que permitir que vengan 20.000 trabajadores en construcción y que el 70% sean extranjeros con viandas importadas. No hay que permitir que la planta de licuefacción la operen técnicos de afuera porque "acá no hay".

Lo que hay que hacer es que el RIGI contenga cláusulas de trabajo argentino. Capacitación obligatoria desde el día uno. Centros de formación en Neuquén, Río Negro y en los puertos. Que cada soldador, cada electricista, cada ingeniero sea argentino. Si el Estado pone el gas, la tierra y el mar, las empresas beneficiadas ponen las condiciones para asegurar el trabajo para nuestra gente.

El empleo de calidad no se mendiga. Se exige. 8.000 puestos permanentes en operación tienen que ser con convenio, con carrera, y con prioridad para los argentinos de las provincias productoras y de todo el país.

Lo que no hay que hacer: exportar materia prima bruta y regalar el valor agregado

No hay que caer en la trampa de ser solo "un caño al mar". Vender gas licuado crudo y aplaudir.

Si solo exportamos GNL, estamos exportando BTU. Energía sin transformar. Lo mismo que hicimos con la soja.

Lo que hay que hacer: Super RIGI con compre nacional obligatorio. Que los caños sean de empresas nacionales, que las válvulas se hagan en Santa Fe, que la logística sea de empresas argentinas, que los barcos de apoyo salgan de astilleros argentinos.

Y sobre todo: gas barato para la industria argentina. Antes de exportar todo, asegurémonos petroquímica, fertilizantes, acero, vidrio, cerámica. Con gas a USD 3 el millón de BTU podemos reindustrializar el país. Con gas a precio de exportación, matamos a nuestras pymes.

El RIGI tiene que decir: "Podés exportar, pero primero abastecé el mercado interno y comprá acá". Si no, somos colonia. Que palabra que parece antigua, pero que tan cerca de la realidad la tenemos sino hacemos las cosas bien.

Lo que no hay que hacer: que los dólares del GNL se fuguen o se gasten en correr la inflación

Van a entrar miles de millones de dólares. Si esos dólares van directo a pagar deuda, a importar lujo, o a la bicicleta financiera, en 4 años no queda nada.

Lo que hay que hacer: Ley de Fondo Soberano. Un porcentaje fijo de regalías + retenciones + ganancias del GNL va a un fondo a 20 años. Intocable para gasto corriente, para los políticos y para la política como así para el gobierno de turno.

¿Para qué? Para rutas fluviales, vías férreas que saquen la producción. Para puertos. Para escuelas técnicas. Para salud. Para sostener el sistema previsional frente a la longevidad. Para que cuando el gas se acabe, nos quede un país de pie.

Noruega hizo eso con el petróleo. Hoy tiene 1.7 billones de dólares y los noruegos viven mejor. Nosotros hicimos lo contrario con la soja y el petróleo de los 90. Ya sabemos cómo termina.

Lo que no hay que hacer: entregar el mar y los puertos sin soberanía

Argentina LNG necesita puerto. Necesita barcos. Necesita logística. El error sería dar todo eso en concesión por 30 años a una empresa extranjera.

Lo que hay que hacer: Protagonismo del Estado y de las empresas nacionales en el puerto, en el pilotaje, en los remolcadores, en la marina mercante. Que el GNL salga por Bahía Blanca, por San Antonio, por puertos argentinos con bandera argentina.

El mar debe ser parte del proyecto. Si dejamos que todo sea "offshore" con bandera de Panamá u otro alternativo, perdemos control, perdemos trabajo y perdemos soberanía.

Lo que no hay que hacer: usar el RIGI para bajar impuestos y quedarnos sin nada

El RIGI da beneficios impositivos. Perfecto para que inviertan. Pero no puede ser una exención total.

No hay que hacer un RIGI donde la empresa no paga retenciones, no paga ganancias, no paga nada por 30 años. Eso es regalar el recurso.

Lo que hay que hacer: Beneficios sí, pero con contraprestación. Menos impuestos a cambio de más trabajo argentino, más compre nacional, más inversión en comunidades. Y que las regalías para Neuquén y Río Negro se coparticipen también para infraestructura nacional. Porque el gas es de todos.

La conclusión

El petróleo, el gas y el GNL no son el problema. El problema es qué hacemos con ellos, como los gestionamos como país.

Si usamos el RIGI y el Super RIGI para hacer un enclave, vamos a tener 4 años de euforia que le servirá al gobierno de turno y 20 años de frustración. Vamos a tener dólares que no vemos, trabajo que no es nuestro, y un país igual de pobre o peor de pobre una vez acabado el recurso.

Si usamos el RIGI con inteligencia, con patriotismo, sin interés electoral y con condiciones, podemos hacer 3 cosas a la vez:

Generar 8.000 empleos permanentes y de calidad con mayoría de argentinos;

Que entren al país unos 10.000 millones de dólares por año para estabilizar la economía;

Industrializar con gas barato y, financiar el desarrollo con un Fondo Soberano.

Esa es la diferencia entre ser colonia energética o ser potencia energética.

Hay que apoyar la inversión, si es nacional mejor; pero hay 4 banderas que no se deben negociar: TRABAJO ARGENTINO, COMPRE ARGENTINO, DÓLARES PARA EL DESARROLLO Y SOBERANÍA EN EL MAR.

Vaca Muerta es de los argentinos. El futuro no se exporta en bruto. Se fabrica acá. No se impromisa, se enseña.

MAR Y TIERRA. TODO ADENTRO.

 

Traboulsi es abogado, diplomado en relaciones internacionales, fundador y presidente Fundación Argentina Azul y Agrupación no partidaria Argentina Azul. www.fundacionargentinaazulo.org www.agrupacionargentinaazul.com [email protected]

Sin sesiones a la vista, el Senado continuará con las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos. También continuará el tratamiento por la nueva Ley de Sociedades y el Súper RIGI. Por su parte, la Cámara de Diputados estará abocada a la conformación de Grupos de Amistad Parlamentaria y a reuniones de agenda de la oposición.

A mitad de esta semana, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo había convocado a un encuentro para el próximo miércoles 19 de agosto a las 9.30. Llamaba la atención que no fuera informado el temario y finalmente la convocatoria quedó suspendida.

La Bicameral que sí se reunirá el próximo miércoles es la de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación que recibirá desde las 11 al defensor general de la Nación, Julián Langevin, quien informará la situación de cara a la implementación de la Ley Penal Juvenil que entrará en vigencia el mes que viene.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas que preside el santafesino Pablo Farías se reunirá el martes a las 12.00 para recibir a empresarios que darán a conocer la situación del Mercado de Abasto y del desarrollo del comercio en las distintas regiones del país.

El mismo día, pero a las 15.00, la Comisión de Obras Públicas que preside Martín Aveiro de Unión por la Patria se reunirá para recibir la exposición de quienes abordarán los distintos proyectos presentados con motivo de las recientes publicaciones e investigaciones periodísticas sobre el fondo fiduciario Sysvial.

El miércoles a las 10, la Comisión de Economía, a cargo de Julia Strada, recibirá a a referentes del sector nuclear. Completa la agenda de la oposición, la reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales que tiene a Aldo Leiva como titular y que invitó al embajador estadounidense Peter Lamelas a fin de continuar con el tratamiento sobre la Cooperativa provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF).

La única reunión convocada por el oficialismo es la de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, para recibir el miércoles a las 11.30 al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien va a exponer sobre el proyecto de ampliación de la competencia provincial en materia de estupefacientes.

Durante la semana próxima se conformarán tres Grupos de Amistad Parlamentaria: Por la visita del Papa León XIV con la Santa Sede, el martes a las 12.30; con la República de Corea del Sur, el miércoles a las 15; y con Nigeria el jueves a las 11.00.

El Senado, por su parte, continuará con las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos que les tomará examen a 14 aspirantes a jueces el martes de las 11.00 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta.

La agenda culminará el miércoles con la reunión plenaria de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Desarrollo y Hacienda que debatirá la creación de marcos regulatorios al mercado voluntario de carbono a las 10. Luego, Ley de Sociedades continuará su tratamiento a las 11.30 y Súper RIGI a las 16.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General del Senado se reunieron en un plenario informativo para continuar el tratamiento del Súper RIGI. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Azul, donde funcionarios del área de Minería y Producción adelantaron que este nuevo régimen busca beneficiar a proyectos que “no han sido identificados, pero que buscan la industrialización de los recursos naturales”.

Antes de pasarle el micrófono al secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González Casartelli, el bloque Justicialista propuso al puntano Fernando Salino como vicepresidente de Presupuesto y Hacienda. Ante una chicana de Martín Soria, Agustín Monteverde anunció que Carlos Guberman, secretario de Hacienda, expondrá en la próxima reunión.

Según supo parlamentario.com, la jornada del próximo miércoles 19 de agosto estára abocada a la exposición de nuevos invitados. Con este escenario y sin limitaciones en el calendario, la firma del despacho recién podría llevarse a cabo en una reunión que sería convocada para el 26 de agosto.

En sintonía con lo expuesto el pasado 3 de junio en el Anexo de la Cámara baja, González Casartelli destacó los resultados del RIGI, al que le adjudicó un total de “43 proyectos -entre aprobados y en revisión- con una inversión total de 150.000 millones de dólares y la creación de 200.000 puestos de trabajo”. Y sobre el texto de este temario, analizó que “Argentina está en un momento donde necesita mantener el ritmo de inversiones para retomar la senda de crecimiento”.

Pero también comparó ambos regímenes y desarrolló: “A diferencia del RIGI, el Súper RIGI busca crear las condiciones para proyectos que no están en el mapa, es decir proyectos que no conocemos que tienen por objetivo la industrialización de los recursos naturales”. Luego, añadió que “el plazo es de 5 años más 1 de prórroga”, y explicó que esto se debe a que “son proyectos de maduración mucho más lenta, por eso requieren un plazo sustancial más largo”.

Después de remarcar los cambios que introdujeron los bloques aliados en el tratamiento en Diputados, advirtió que “serán motivo de causal de rechazo, aquellos proyectos con impacto negativo como el aprovisionamiento de agua o energía en zona de influencia”. Por último, detalló que este nuevo régimen propone “un umbral de inversiones de 1.000 millones de dólares, derechos de exportación cero desde el primer año y una alícuota de Ganancias del 15%”.

El primer senador opositor en realizar preguntas fue Jorge Capitanich, quien, entre varios cuestionamientos, fue directo a las “nuevas actividades económicas”. La respuesta vino de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción: “Buscamos industrializar recursos naturales que no estén operando en el país y que Argentina pase a formar parte de proyectos que no estarían sin este tipo de regímenes”.

Sobre el registro de nuevas actividades, agregó que “es un punto relativamente sencillo de ver porque está cubierto en el código de AFIP (ARCA)”. También destacó el espíritu del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones porque, según su observación, “sin esto, no entramos en, por ejemplo, refinación de cobre y se complementa con el tejido productivo de la Argentina”. “Esto nos ayuda a subir un escalón más en materia de inversiones”, destacó.

Por el lado de La Libertad Avanza, participaron Bruno Olivera Lucero, Ezequiel Atauche, Carmen Álvarez Rivero y Patricia Bullrich, quienes observaron positivamente la implementación y vigencia del RIGI.

Soria reclamó la presencia de Guberman

A dos horas de comenzada la exposición de los funcionarios, tomó la palabra el senador rionegrino Martín Soria, uno de los representantes más férreo del bloque Justicialista cuando al Senado vienen representantes del Palacio de Hacienda. Antes de consultar sobre el Súper RIGI, calificó al ministro Luis Caputo como “endeudador serial” y consideró como “hábil” a Guberman por haberse ausentado.

“Pensamos que iba a venir el secretario de Hacienda porque administra los fondos, ingresos y gastos del Ministerio de Economía”, inició Soria, quien, luego, fue al hueso contra el Gobierno nacional: “En las últimas 48 horas el pueblo ha sido testigo de una confesión del vocero presidencial Adrián Ravier que confesó públicamente que están efectuando en el Ministerio de Economía un desvío de fondos”.

Y cargó: “Me refiero al ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos), ese que se cobra cada vez que un argentino carga nafta, y que el presidente Javier Milei dijo que se cortaba un brazo si aumentaba un impuesto y ya lo aumentó 30 veces”. Dirigido a González y a Lavigne, agregó: “Ustedes me pueden afirmar o desmentir las declaraciones del vocero sobre el desvío de fondos, que en el derecho penal se llama malversación de fondos, no para reparar rutas, si no para garantizar un supuesto equilibrio fiscal en encajes en entidades financieras”.

Asistidos por Agustín Monteverde que reiteró que Guberman expondrá ante el Senado el próximo miércoles, Daniel González Casasrtelli evitó la polémica y respondió: “No tenemos nada que contestar”. Sin embargo, Soria se tomó unos segundos para lanzar un último comentario e ironizó: “Le pasó el fardo al secretario de Hacienda”.

Funcionarios del Ministerio de Economía expondrán sobre el proyecto de ley Súper RIGI ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General del Senado. La reunión se realizará este miércoles desde las 16, en el Salón Azul.

De acuerdo a la citación, estarán presentes Daniel González Casartelli, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción; y Daniela Ramos, subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento.

La iniciativa impulsada por el Gobierno ya cuenta con media sanción de Diputados y tiene como objeto replicar un esquema similar a lo que fue el RIGI de la Ley Bases -apuntado a energía, hidrocarburos y minería-, pero destinado específicamente a nuevas industrias que todavía no están desarrolladas en el país, con eje sobre sectores tecnológicos (inteligencia artificial) y productivos.

De esta manera, con el fin de atraer grandes inversiones, en el proyecto se prevén beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, por unos 30 años.

Los proyectos que ingresen a este régimen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares. A su vez, tendrá que ejecutarse al menos el 20% de inversión dentro de los primeros dos años. Los titulares adherirán al régimen a través de los llamados "Vehículos de Proyecto Único" (VPU).

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias (alícuota del 15%), amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones realizadas durante el debate en la Cámara baja, se incorporó entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI, el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina"; se depositó en el PEN la facultad de definir las "nuevas actividades económicas"; se estableció un "plan de desarrollo de proveedores locales" y la creación de un registro públicos de los proyectos del Súper RIGI.

Con la atención puesta en la sesión del jueves, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional y Legislación General se reunieron en plenario para dar comienzo al debate del Súper RIGI. Los integrantes del bloque Justicialista pidieron la presencia de funcionarios de la subsecretaría de Ambiente y el senador rionegrino Martín Soria pidió por los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

En los primeros minutos, el titular de Presupuesto, Agustín Monteverde, presentó los puntos centrales del texto enviado por el Poder Ejecutivo que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 24 de junio pasado. En su intervención, el senador libertario reiteró que el Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país.

Asimismo, remarcó que el texto apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo; y explicó que entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Por último, explicó que este nuevo régimen exige un piso de inversiones que supere los 1.000 millones de dólares por proyecto, a diferencia de los 200 millones del primer RIGI aprobado junto a la Ley de Bases en junio del 2024. Antes de cederle el micrófono a la oposición antició que las reuniones informativas continuarán el próximo miécoles 12 de agosto a las 15.

La palabra de la oposición

El primero en pedir la palabra fue el senador chaqueño Jorge Capitanich, quien exigió la presencia de un funcionario de la subsecretaría de Ambiente para detallar los alcances de la norma en tratamiento. Por su parte, el senador puntano Fernando Salino pidió que algún integrante del Gabinete venga al Senado para que brinde “los resultados del RIGI, provincia por provincia y proyecto por proyecto”.

La breve reunión plenaria culminó con la intervención de Martín Soria, quien llamó “mi amigo destruczenegger” al ministro de Desregulación y Transformación del Estado e, irónico, agregó que “viene de tener un éxito rutilante en las últimas 48 horas”, en alusión a la eliminación del capítulo III de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y al decreto 690/26 que desregula la actividad portuaria. “Que se cursen las invitaciones también al ministro de Economía”, concluyó.

El Senado tratará este miércoles en comisiones el proyecto de Súper RIGI, en el marco de un plenario de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General: dos son presididas por La Libertad Avanza y una por un aliado del Pro. La reunión será a partir de las 15.30, en el Salón Azul.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el 24 de junio con 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones.

En una reversión más ambiciosa del RIGI original -creado por la Ley Bases-, el Gobierno busca sancionar el Súper RIGI, que tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La propuesta apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, por unos 30 años.

Los proyectos que ingresen a este régimen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares. A su vez, tendrá que ejecutarse al menos el 20% de inversión dentro de los primeros dos años. Los titulares adherirán al régimen a través de los llamados "Vehículos de Proyecto Único" (VPU).

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias (alícuota del 15%), amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones realizadas durante el debate en la Cámara baja, se incorporó entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI, el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina".

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas "nuevas actividades económicas", ello se realizará "conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en la reglamentación", es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, "mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga".

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. "El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal", establece.

Como uno de los cambios principales al texto original enviado por el Gobierno, se prevé un "plan de desarrollo de proveedores locales" que "deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".

También se dispone la creación de un "Registro Público de Proyectos del Súper RIGI", que deberá ser de "carácter público y de acceso libre", bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

El Senado tratará en comisiones el proyecto de Súper RIGI el próximo miércoles 5 de agosto, en el marco de un plenario de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General, todas comisiones presididas por el oficialismo. Será a partir de las 15.30, en el Salón Azul.

Tras el receso invernal, La Libertad Avanza en la Cámara alta se apresta a meter el acelerador con iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, las cuales en su mayoría ingresaron por esa cámara. En el caso del Súper RIGI, la iniciativa viene en revisión ya que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el 24 de junio con 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones.

En una reversión más ambiciosa del RIGI original -creado por la Ley Bases-, el Gobierno busca sancionar el Súper RIGI, que tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, por unos 30 años.

Los proyectos que ingresen a este régimen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares. A su vez, tendrá que ejecutarse al menos el 20% de inversión dentro de los primeros dos años. Los titulares adherirán al régimen a través de los llamados "Vehículos de Proyecto Único" (VPU).

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias (alícuota del 15%), amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones realizadas durante el debate en la Cámara baja, se incorporó entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI, el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina".

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas "nuevas actividades económicas", ello se realizará "conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en la reglamentación", es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, "mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga".

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. "El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal", establece.

Como uno de los cambios principales al texto original enviado por el Gobierno, se prevé un "plan de desarrollo de proveedores locales" que "deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".

También se dispone la creación de un "Registro Público de Proyectos del Súper RIGI", que deberá ser de "carácter público y de acceso libre", bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

La presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, mantuvo un fuerte cruce en las redes sociales con el legislador de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) Leandro Santoro, luego de que esté criticara las prioridades de la gestión del Presidente Javier Milei.

Todo comenzó cuando el diputado por el peronismo enumero en su cuenta de X -ex Twitter- algunos de los temas de agenda del Gobierno Nacional. "Agenda del Gobierno para los próximos días. ¿En que te beneficia a vos? Inocencia fiscal: Perdón fiscal a los Ricos. Super Rigi: Baja de impuestos a Super Ricos. Limitación Zona Fria: Suba del Gas a gente común. Ley de Tierras: Venta sin limite de tierras a extranjeros", escribió Santoro.

Atenta a estos dichos, Ramírez salió a responderle "uno por uno" los puntos que mencionó. Tan es así que en el caso de inocencia fiscal, la libertaria sostuvo que "el proyecto es para cualquiera que tiene ahorro. El kirchnerismo rompió la relación entre el contribuyente y el Estado. Cualquier PyME, por más chica que sea, se vio forzada a manejar plata en negro los últimos 15 años para sobrevivir. A cualquier ahorrista le convino ahorrar afuera del sistema. No lo hicieron por gusto, lo hicieron porque la inflación te llevaba al dólar y el cepo te llevaba al blue. O sea: fueron ustedes. Ahora hay que permitirle a la gente usar ese ahorro de una vez".

Mientras que en relación al súper RIGI, expresó que lo que se busca es que "el Estado cobre el 15% de impuesto a las ganancias sobre los proyectos que superan los 1.000 millones de inversión (el piso de inversión del súper RIGI) es más que el 40% de 0, que es lo que pretenden ustedes. Ya se está viendo que va a traer inversiones gigantes: la primera que quiere sumarse es la inversión nuclear más importante del siglo. Estas inversiones van a generar miles de empleos directos y agrandar la escala de la economía, lo que permite crear más trabajo en otros sectores" e indicó que "la prueba de que estos regímenes funcionan es que en 30 años, Argentina no tuvo un solo proyecto nuevo de cobre a gran escala y, gracias al RIGI, en solo dos años aparecieron más de diez proyectos mineros por decenas de miles de millones de dólares, varios de ellos de cobre".

En cuanto a la limitación de Zonas Frías, Ramírez aseveró que "el Régimen de Zonas Frías Ampliado protege a los ricos de las zonas que se agregaron en 2021. Nosotros vamos a modificarlo para que solo se aplique el subsidio de zonas frías a los hogares que lo necesitan. Tu gobierno, en cambio, se la pasó subsidiándole la calefacción de la pileta a las casas de country y nos llevó a una crisis energética".

Finalmente, en relación a la Ley de Tierras, la diputada afirmó que "hay decenas de empresas de afuera que quieren invertir en nuestro país y no pueden porque sus inversiones tienen determinada escala que la ley vigente no permite. Son inversiones en economías regionales, en la industria láctea, en la industria forestal. Todos sectores que generan trabajo y que el interior necesita que se desarrollen. ¿Preferís que no vengan? Además, otro capítulo del proyecto es que los desalojos vayan por vía sumarísima y que el damnificado al que le okupan el departamento pueda cautelar para recuperar el inmueble inmediatamente en vez de esperar años. ¿Estás en desacuerdo con eso?".

"Seguí tocando la guitarra con Alberto Fernández", cerró letal.

 

 

El Congreso se apresta a iniciar luego de un nuevo fin de semana XL su última semana de actividad antes del receso invernal. Un receso que sí pesa obviamente en la actividad legislativa, a diferencia del Mundial, como ya hemos dicho y repetido: salvo los días en que juega Argentina, la agenda legislativa no se modifica por el torneo ecuménico.

Lo cierto es que la Cámara baja ya dio todo lo que podía y tenía que dar en este semestre y la mayor atención queda en el Senado, donde vienen remoloneando con una sesión que cada semana se anuncia, mas no termina confirmándose. Lo cual no implica que esta semana vaya a pasar igual: no será así; según todas las fuentes consultadas, esta semana sí o sí habrá sesión en la Cámara alta, para tratar finalmente el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Ese proyecto defendido en persona en las comisiones por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene tal importancia para el Gobierno que en su primera inauguración de sesiones ordinarias, al anunciar sus diez políticas de Estado, Javier Milei lo citó en primer lugar. Ya varias veces fue postergado el tratamiento en el recinto de este tema que tiene dictamen desde el 20 de mayo pasado, por razones diversas: fundamentalmente el ruido político que generó el caso Adorni y, sobre todo, resistencias de aliados que no garantizaban la aprobación del texto.

Pese a lo expresado, no es este tema una cuestión que el Gobierno necesite sí o sí ver aprobada. Sí sucede con otro de los temas que serán abordados, los pliegos judiciales, entre los cuales figura el del juez Víctor Pesino, cuya gestión como integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo el Gobierno quiere extender por 5 años. Sucede que el magistrado cumplirá el próximo 27 de julio 75 años y si para entonces no tiene aprobada la extensión de su mandato, deberá dejar definitivamente su despacho, pues así lo establece la Constitución nacional. Más allá de que el citado magistrado haya presentado un amparo para evitar ese “deadline”.

Pesino fue, junto a la jueza María Dora González, quien suspendió los efectos de una cautelar que mantenía frenados más de 80 artículos de la reforma laboral, con lo que permitió su aplicación mientras continúa la discusión judicial de fondo.

Por eso es que se descuenta que habrá sesión esta semana, más precisamente el jueves 16, como se acordó en Labor Parlamentaria el miércoles último. Ese mismo día se estableció que habrá otra sesión allí el 6 de agosto, con temas tales como Hojarasca -que ya cuenta con media sanción de Diputados-, acuerdos internacionales, el proyecto sobre falsas denuncias y, si llega a tener dictamen, la reforma de la Ley de Salud Mental.

La reforma electoral

En ese cronograma pactado no figura todavía una de las principales obsesiones del Gobierno: la reforma política, que incluye la supresión de las PASO. Lo cual no implica que el tema no siga siendo objeto de intensas negociaciones.

En rigor, según confió a parlamentario.com una alta fuente legislativa, sobre la reforma electoral “en todos los capítulos hay un acuerdo tácito”, mas no en lo que tiene que ver con “la selección previa de los candidatos”. Esto es, la eliminación de las PASO. “Todavía eso no tiene una mayoría clara”, admitió la fuente consultada.

Como venimos diciendo, la UCR y el Pro se oponen a la eliminación de las primarias, como así también a las colectoras. Y sin los votos de esos espacios, la eliminación de las elecciones primarias no sale. Según cálculos oficiales, la modificación del régimen de Zonas Frías le permitiría al Gobierno un ahorro restimado de $272.000 millones anuales, al reducir el alcance de los subsidios al gas y focalizarlos en los hogares de menores ingresos.

Como sea, seguirán las negociaciones que se dan de manera paralela entre Casa Rosada, con los gobernadores, y con Patricia Bullrich buscando votos en el Senado. Esta última semana gobernadores peronistas como el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz ratificaron su rechazo a las PASO, pero las mayores resistencias están entre los sectores más afines con el Gobierno.

Así y todo, en el oficialismo le han puesto fecha al debate: en el recinto: será en septiembre. Hasta entonces se trabajará a destajo en la búsqueda de las adhesiones necesarias para esta iniciativa que necesita mayorías absolutas para ser aprobada.

Otro tema que sigue “frío”

En tren de citar cuestiones que se van agolpando en el Senado, otra media sanción que continúa sin ser abordada ni siquiera en comisiones, es el proyecto que modifica Zonas Frías. Y no lo tratan porque los votos no están para completar su recorrido legislativo.

El tema “sigue frío”, confesó una fuente libertaria. Lo cierto es que los radicales -que en el Senado representan con sus diez miembros un porcentaje indispensable-, siguen poniendo reparos. En rigor, de esa bancada no la quieren votar los mendocinos, ni el bonaerense Maximiliano Abad.

Otro tema que todavía no comenzó a ser tratado ni en comisión es el proyecto de Súper RIGI. Pero acá no es que no estén los votos: lo que no está es el proyecto, que todavía no fue girado al Senado desde Diputados, donde tuvo media sanción. La presidenta del bloque oficialista confesó que no sabía las razones del retraso. Otro tema que quedará para el segundo semestre.

Historias para salir un poco del Mundial de Fútbol: De qué hablamos y no hablamos, de tanto hablar de la cadena de valor, en especial en la prometedora nueva ola de la minería argentina.

En los años ’80/’90, los móviles, nuestros amos, eran un ejercicio del futuro y la IA, la sigla de cualquier cosa. Poco se hablaba de China, Putin era sólo materia de sovietólogos,  Europa salía de la Guerra Fría y las grandes consultoras gurúes de las bolsas marcaban el compás de la transnacionalización.

En la España de Felipe reinaban otras monarquías junto a la Borbón.  En unas pocas calles de Madrid se apiñaban las 5 top five: Coopers & Lybrand, Price Waterhouse, Deloitte & Touche, KPMG. Y sobre todo Arthur Andersen, reina absoluta de auditorías y consultorías estratégicas desde el bufete Garrigues. Hasta que cayó como un piano por el fraude de US$ 74.000 millones (unos US$ 140.000 de hoy) del bróker energético Enron y su “contabilidad creativa” que arruinó a miles de empresas e inversores.

Hay un hilo retórico que vincula a aquel mundo ibérico con estos en tiempos argentinos del RIGI, Super RIGI, el  super boom Vaca Muerta y la segunda ola de la minería que promete no menos que US$ 30.000 M de exportaciones en 15 años, dentro del universo RIGI, todavía en plena expansión que promete superar los  US$ 200.000 M de inversión. Ese hilo  no es otra cosa  que el revival de la Cadena de Valor, un hit del primer menemismo que hoy es furor, título, subtítulo o epígrafe de todo brief o discurso que se precie de tal.

Alguien escribió en Harvard Business Review (HBR), la revista biblia de hace 40 y picos,  que la cadena de valor era nieta de Peter Drucker (1909-2005), “el Padre del Management” y de la planificación estratégica de empresas. Pero el progenitor del giro fue un discípulo suyo, Michael Porter, otro harvardiano, quien la resumió en 1985 como “el objetivo de maximizar el valor entregado al cliente minimizando los costos”.

Ni Porter ni Drucker fueron premios Nobel, como pretendían sus fans, pero Mike trazó rumbos de discusión sobre las cadenas de suministros, como editor de HBR en sus más de 70 artículos para el cut&paste.

Sin webinars ni redes cyber, todos querían escuchar en los foros inspirados en el gran negocio de la época. Después del capitalismo popular de la Thatcher, en la Europa del Este y en Latinoamérica las privatizaciones eran receta magistral para enfrentar la hiperinflación, el déficit fiscal y las deudas externas al son de los tambores de democratizar la popular y abatir el gasto público.

La cadena de valor estaba en el decálogo de Arthur Andersen, los “Arturos”, cuya franquicia de Andersen pertenecía al Estudio Pistrelli Díaz (que luego se fusionaría con Ernst&Young). La consultora, tras el default de prestigio de Enron fue absorbida por Deloitte y su management sufrió la abducción de otras consultoras.

Pero hay legados familiares en el mundo del consulting, como  el sistema de madurado American Productivity & Quality Center (APQC) destinado a evitar que “empresas inteligentes cometan errores tontos”. Algo tan humano que sigue ocurriendo y que se atribuye, por ejemplo, a la pérdida de memoria organizacional por las altas rotaciones.

A medida que gasta su millaje este viaje libertario de Javier Milei pululan  los parangones con el menemismo. Y los contrastes y afinidades en políticas y cultura empresarial.

La Ley Bases fue impulsada por aquel joven Federico Sturzenegger que supo ser espada de Pepe Estenssoro en la privatización de YPF está cumpliendo utopías de achicar la raviolera de las estructuras del Estado. Cada tanto, como no hay ventanillas únicas para los reclamos en la mentada cadena de valor, recibe a empresarios de las pymes proveedoras de la minería que se han encontrado con la letra chica del RIGI.

Tienen que competir con los chinos, peruanos, chilenos, etc, mejorando la competitividad. Y no poner barreras con compres y empleos locales, les ha dicho el factotum del pensamiento libertario. “Nosotros les pedimos que nos saquen cargas impositivas”, dijo tras un café con foto el líder proveedor de San Juan, Juan Pablo Delgado. “Ustedes pídanle al gobernador y los intendentes que les bajen impuestos provinciales y tasas”, como en un mensaje de padres divorciados a sus hijos.

Como en la Reforma del Estado de los '90,  los RIGI, la reciente reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras, reconocen sus usinas en el consulting, en los estudios jurídicos y  en los tanques de ideas de los capitales transnacionales dispuestos a commoditización de la economía argentina. Y como en los '90 afloran las tensiones entre la industria argentina, ahora desnuda de protección arancelaria.

Han pasado 35 años del comienzo de las privatizaciones en las que España y sus Arturos  dejaron al Estado Nacional unos US$ 18.000 entre 1990 y 1998. Desde 1999 en adelante, Repsol pagó casi lo mismo por hacerse de casi toda YPF. Como decíamos, todo hay que multiplicarlo por dos para llevarlo a valores de hoy.

Entonces, junto con las operadoras de las ex empresas públicas llegaron numerosas contratistas, españolas sobre todo, que traían novedades de management y tecnológicas. Y muchos deseos de aprender de la primera incursión a esa escala que se extendería a la región con Alberto Fujimori, Fernando Collor de Mello y otros.

En la Argentina, invirtieron en el rally los grandes holdings y familias top de la época apostaron fuerte en compras de activos de Estados Unidos, Italia, Francia, Chile y Canadá.

El reciente caso del campamento chino-santafecino de Vicuña, ha avivado otras discusiones por afuera de los constructores de módulos.

Para unos resultan innovadoras, para otros anacrónicas, sobre si el RIGI y su 20% de compras locales traerá un derrame de trabajo en la cadena de valor y demanda inédita de recursos humanos, en particular en la minería.

En un reciente panel, de la senadora salteña Flavia Royón y del abogado y ex funcionario minero Juan Biset, se volvió a hablar de “economías  de enclave”, aquella vieja categoría de Raúl Prebisch la época del desarrollismo y la CEPAL.  La Argentina teórica suele ser el mito del eterno retorno que describía Mircea Eliada, la permanencia de lo primitivo.

Sturzenegger, días antes del café con los suppliers cuyanos, reiteró en la Embajada de Canadá su augurio de que a Catamarca llegarán 1.000.000 de personas, a San Juan 800.000 y a Neuquén 1.500.000.  Mientras, el intendente de Añelo dice, por favor que no radique más gente aquí que estamos detonados. Bienvenidos a bordo y abróchense los cinturones que vamos a despegar, en caso de turbulencias caerán mascarillas...

Continuará, claro que sí.

 

* Daniel Bosque es director de CLUBminero.

Al cabo de una extensa sesión de Diputados, el oficialismo consiguió con el respaldo de sus aliados aprobar la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, también llamado “Súper RIGI”. El proyecto tuvo media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. La aprobación en general se consiguió poco antes de las 23.30.

En el marco de un intenso debate que tuvo fuertes cruces entre oficialismo y la oposición, la Cámara baja dio luz verde a un proyecto que busca establecer un régimen de grandes inversiones apuntado a empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, a partir de un esquema con beneficios impositivos por 30 años.

Antes de la votación, el miembro informante del oficialismo anunció que se había introducido en el dictamen una modificación del inciso D del artículo 113 del dictamen general, que quedó de esta manera: “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no aplicarán nuevas regalías ni nuevos cánones administrativos, como así tampoco aumentarán las regalías o cánones vigentes”.

Como suele suceder cuando de proyectos del Ejecutivo se trata, estuvo en los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La oposición comenzó a cantar al verla: “¿Y Adorni dónde está?”.

La nueva versión del RIGI, creado originalmente por la Ley Bases, obtuvo el respaldo del oficialismo, los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).

El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo.

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones para obtener adhesiones, se incorporó en comisiones entre los “objetivos prioritarios” del Súper RIGI, el incentivo del “desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina”.

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas “nuevas actividades económicas”, ello se realizará “conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en” la reglamentación, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, “mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga”.

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. “El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal”, establece.

Como uno de los cambios principales, se prevé un “plan de desarrollo de proveedores locales” que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se dispone la creación de un “Registro Público de Proyectos del Súper RIGI”, que deberá ser de “carácter público y de acceso libre”, bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

Así fue el debate

Para presentar el dictamen de mayoría, nuevamente estuvo Bertie Benegas Lynch, quien dio mínimos detalles de la iniciativa y utilizó la intervención para confrontar contra la oposición. “Es un incentivo a las grandes inversiones de nuevas industrias ¿quién puede estar en contra de esto? son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica, cuatro conceptos que los países civilizados ya lo tienen incorporado y por les va como les va”.

“En los últimos cien años, ni les digo en los últimos veinte hemos acelerado contra la pared y hemos transformado a la Argentina en ‘cavernicolandia’”, ironizó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luego, se dirigió al principal bloque opositor y cargó: “Ustedes vienen acá, se ponen el trajecito de expropiadores y legislan sobre el patrimonio de otros”.

Después, relató que “en los últimos veinte años, un dólar cruzaba la frontera y ya se escuchaba el motor V8 de la aspiradora fiscal de cada uno de ustedes y todos los políticos tradicionales de los tres niveles que se le tiraba encima al dólar”. Defendió este nuevo marco legislativo y explicó que “venimos de ser cavernícolas y necesitamos hacer una ley para proteger el derecho de propiedad porque hemos ahuyentado las inversiones y porque no se combate el capital”.

En representación del dictamen de minoría estuvo Mario Manrique, quien mantuvo una actitud contestataria en la intervención y le contestó a Benegas Lynch: “Cuando habla de la palita en el campo, no sabe de qué habla”. Después, añadió: “Terminen con ese chamuyo de que la Argentina está fuera del contexto internacional”.

Si bien fue interrumpido en más de una oportunidad, el titular de SMATA consideró que “este proyecto, no es una ley, es un negociado entre particulares para estampar la firma como si fuéramos escribanos”. Y siguió: “Esto es parte de un plan macabro para entregar a la República Argentina y este proyecto está encadenado con la Ley de Glaciares, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Ley Laboral”.

En su alocución el diputado Miguel Ángel Pichetto sostuvo que el fin del proyecto de Súper RIGI “es bastante loable”, pero planteó que “lo hace a costa de concentrar los incentivos en sectores de capital intensivo sin compensación alguna para los sectores de trabajo intensivo. No hay ninguna mirada a los sectores de comercio, industriales, no incentiva la construcción, fundamentalmente en esos sectores que están sufriendo este modelo económico. No hay ningún tipo de mirada ni compensación”.

Pichetto recordó que en la reunión de comisión se incorporó que “quienes tengan el beneficio del Súper RIGI que son exenciones de carácter impositiva que también condiciona la política impositiva de provincias y municipios cuyo tema lo torna inconstitucional al proyecto porque no puede haber intromisión ni obligación para que las provincias fijen una determinada alícuota en ingresos brutos o municipios se subordinen a un marco de reglamentación de esta ley”.

“Hay que terminar con este sistema de regímenes especiales que benefician a determinadas provincias porque hay que ir a un régimen de carácter general y federal contemplando un equilibrio las distintas actividades económicas del país”, cuestionó y cerró: “No me parece una buena ley. Argentina es el último país de inversiones extranjeras porque el Gobierno no ofrece la confianza necesaria por eso voy a votar en contra”.

Desde el bloque MID, el diputado Eduardo Falcone agradeció al oficialismo por aceptar modificaciones que fueron sugeridas que son la inclusión de la cláusula del 20% mínimo de desarrollo de proveedores locales y un incentivo para la inversión en investigación y desarrollo que es el cómputo doble que el Gobierno lo planteó como un incentivo que va a tener impacto local.

“Este régimen es fundamental para incentivar y acelerar inversiones de más de mil millones de dólares, pero coincido en que faltan otras cosas en la Argentina que pueden complementar esto, pero será materia de otra cuestión y de pedirle al Gobierno que tome nota de lo que pasa. El RIGI está impulsando inversiones de sectores que generan dólares, pero poco empleo y otras regiones están decreciendo como la construcción”, sugirió y aclaró: “No significa que el régimen sea malo, solo hay que complementarlo con otras políticas.

Del bloque opositor, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz cargó contra Benegas Lynch y deslizó: “Quiere hacernos creer que con este proyecto la Argentina deja de ser cavernícola y la Argentina necesita un régimen de inversiones, pero uno (por el Súper RIGI) que no condene”. Para completar la crítica al texto del Gobierno nacional, añadió que “la discusión de fondo es que no hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo”.

En contra de la postura de La Libertad Avanza, la legisladora bonaerense señaló: “Ustedes miran la historia argentina en pequeñas fotografías segmentadas en una mirada ideológica que piensa en el Estado sin casi rol, cuando el Estado tiene un rol protagónico a la hora de generar el desarrollo nacional”. Llamó “nefasto” al Súper RIGI, y cerró con una serie de cuestionamientos que sintetizó con la frase “nadie les pide bajar la tasa de ganancias por los próximos 30 años”, entre varias críticas más.

En su intervención, Pablo Juliano (Provincias Unidas) ironizó sobre la sesión caída del miércoles para pedir la moción de censura a Manuel Adorni: “Que bueno que a 24 horas de la sesión de ayer hoy sobren ganas, sobre puntualidad y quórum para congelarle 30 años de impuestos a corporaciones que todavía no pudieron ni ponerle nombre ni apellido”.

“Todavía no conocemos los efectos del RIGI porque en la antesala de ello, hubo anuncios que rondaron casi los 80 mil millones de dólares, 124 mil en otros. ¿Pero hasta hoy cuánto entró? 762 millones, una miseria. Hay un abismo entre la promesa y la realidad que rápidamente salieron a generar este Súper RIGI”, criticó y cuestionó: “Creen que porque saquen esta ley las inversiones van a llegar. Esto es un traje a medida”.

“Le dan estabilidad económica a los grandes capitales e incertidumbre total a millones de argentinos que no saben si van a poder pagar el alquiler, abrir la persiana del negocio o comer mañana”, expresó durante el debate la diputada nacional Roxana Monzón, quien también puso foco en la delicada situación de los jubilados y jubiladas “que no saben si va a poder comprar los tres remedios que necesitan para no abandonar el corazón o el riñón”.

La ley no busca a su juicio promover el desarrollo nacional ni fortalecer a las PyMEs. Por el contrario, sostuvo que “es un régimen de excepción construido para un grupo reducido de grandes corporaciones que recibirán privilegios que ningún comerciante, ninguna industria nacional y ningún trabajador argentino tendrá. Desde que gobierna Javier Milei, cerraron 26.500 empresas, de las cuales el 98% son pymes, ese es el marco en el que se decidió asegurar durante 30 años estabilidad tributaria, beneficios impositivos y ventajas cambiarias para quienes menos necesitan la protección del Estado”.

Por el lado del oficialismo, el mendocino Luis Petri planteó que “se trata de dar cumplimiento con ese contrato electoral que firmó el Presidente con todos los argentinos que buscaba volver a ser grande a la Argentina, sacarla del siglo de decadencia a la cual fue sumergida, retomar el sendero de crecimiento y, para hacerlo, había que atarse a la Constitución”.

“Este proyecto no penaliza la inversión, el capital. Viene a retomar el sendero de crecimiento. Es hora de ganar la batalla de la inversión, del crecimiento y desarrollo de la cual viene la generación de empleo”, destacó y criticó al kirchnerismo porque “proponen un camino que prohíbe el ingreso de capital al país y se lo penalizaba con el cepo, controles de precios, default”.

Petri afirmó que “estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial, a la era de la inteligencia, hay cartas firmadas por más de 25 mil millones de dólares para venir a invertir y reclaman instrumentos como estos. Esta ley no reparte plata, repara confianza. Es una ley donde ponemos reglas. Tenemos una oportunidad histórica de tener inversiones”.

Luego de agradecer el homenaje por el fallecimiento de su padre, el porteño Martín Lousteau consideró que el proyecto es “el eslabón de algo más grande y ahí radica el peligro que entraña”, y cuestionó que “prorrogamos jurisdicciones y le damos a los potenciales inversores tres alternativas, se les baja el impuesto a las ganancias del 35 al 15%, se les baja el impuesto de distribución del 10 al 3,5%, se bajan las contribuciones patronales del 26 al 10%, las provincias se comprometen a bajar ingresos brutos al 0,5%”.

“Si el Estado incumple hay prórroga de jurisdicción, perdemos soberanía, pero si el privado incumple hay muy poco para hacer. Es fácil asumir compromisos e intentar tener los beneficios y después ver si la situación del país da o no para hacer la inversión”, alertó.

Lousteau señaló que el artículo 4 del proyecto habla a “actividad genuinamente nueva”, pero no se aclara a qué se refiere eso y reflexionó: “Estamos votando un régimen inédito, el más generoso con renuncia de soberanía, con la pérdida fiscal monumental y no sabemos quién pretendemos que vengan”.

“Las empresas lo van a defender porque hay beneficios adicionales para ellas, pero en el Congreso debemos discutir el costo, si realmente conviene el régimen y también la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque el RIMI que es para pequeñas y medianas empresas no se acerca ni de casualidad. Este costo fiscal lo pagan las provincias, todas, pero no todas tendrán proyectos que se sumen a este Súper RIGI”, apuntó.

Lousteau cerró: “Claro que necesitamos inversión, pero si miramos todo este derrotero, vemos que hay una discusión donde hay dos categorías de socios, unos que tienen beneficios y otros que se van quedando en el camino. Cuando se vota de esta manera, se dan pasos irreversibles”.

Para el diputado Agustín Rossi, la propuesta debatida es “un traje a medida para los nuevos amigos del presidente Milei, que son las empresas de Inteligencia Artificial”. Pero además advirtió que una hora atrás, apareció una cosa nueva, al anunciar el canciller Quirno que la Argentina se iba integrar a Pax Silica, una coalicióin de países que encabeza Estados Unidos desde 2025, destinada a fundar o articular políticas económicas que garanticen silicio para distintas actividades.

“Esto que anuncia recién el canciller también nos empieza a dar un panorama distinto del mundo”, planteó el diputado santafesino, quien piensa que el mundo ya no irá en la ruta del petróleo, “sino también va a empezar a organizarse en torno a como es el circuito de todo lo que son los elementos necesarios para desarrollar semiconductores, chips e Inteligencia Artificial, y la Argentina está de vuelta atrapada con los Estados Unidos”.

En otro pasaje señaló que el presidente mostró el rumbo que busca en un artículo que publicó en el Financial Times el 4 de junio, titulada “la Argentina invita a la IA a liberarse”. Allí señalaba Milei que nuestro país no va a p poner regulaciones para la Inteligencia Artificial. “Como corresponde, el presidente está a contramano del mundo; el mundo está poniendo regulaciones, Estados Unidos lo hace; la Unión Europea tiene regulaciones mucho más estrictas de hace mucho tiempo”.

Para el diputado Agustín Rossi, la propuesta debatida es “un traje a medida para los nuevos amigos del presidente Milei, que son las empresas de Inteligencia Artificial”. Pero además advirtió que una hora atrás, apareció una cosa nueva, al anunciar el canciller Quirno que la Argentina se iba integrar a Pax Silica, una coalicióin de países que encabeza Estados Unidos desde 2025, destinada a fundar o articular políticas económicas que garanticen silicio para distintas actividades.

“Esto que anuncia recién el canciller también nos empieza a dar un panorama distinto del mundo”, planteó el diputado santafesino, quien piensa que el mundo ya no irá en la ruta del petróleo, “sino también va a empezar a organizarse en torno a como es el circuito de todo lo que son los elementos necesarios para desarrollar semiconductores, chips e Inteligencia Artificial, y la Argentina está de vuelta atrapada con los Estados Unidos”.

En otro pasaje señaló que el presidente mostró el rumbo que busca en un artículo que publicó en el Financial Times el 4 de junio, titulada “la Argentina invita a la IA a liberarse”. Allí señalaba Milei que nuestro país no va a p poner regulaciones para la Inteligencia Artificial. “Como corresponde, el presidente está a contramano del mundo; el mundo está poniendo regulaciones, Estados Unidos lo hace; la Unión Europea tiene regulaciones mucho más estrictas de hace mucho tiempo”.

Sobre el final, la diputada de LLA Silvana Giudici refutó los discursos contrarios a lo que ha sido el RIGI, señalando por ejemplo que de los 19 proyectos incluidos en ese régimen se generó un total de 9.319 empleos. ¿Por qué rechazan el Súper RIGI?, se preguntó, recalcando que es “porque o entienden nada”.

Recordó que este proyecto tiene un piso de mil millones de dólares de inversión, y aclaró que “no hay ninguna posibilidad de corporación nacional que pueda tener este volumen de inversión”. Y esto sucede ahora, continuó, “porque Argentina se abre al mundo, y lo que está haciendo con este proyecto es competir con las mejores y más poderosas potencias del mundo”.

El cierre estuvo a cargo del cordobés Gabriel Bornoroni quien destacó el tratamiento del proyecto porque “durante décadas la Argentina peleó para poder estar en el mapa, donde se invirtiera, donde se generen puestos de trabajo, pero con los gobiernos anteriores principalmente el kirchnerista, lo único que generaban eran argentinos débiles que dependiera de los gerentes de la pobreza”.

“Vamos a una Argentina donde el trabajo dignifica, donde las empresas vengan al país a invertir y por eso le generamos las reglas claras y condiciones para que se mantengan en el tiempo. El RIGI empezó como una posibilidad de la inversión y ahora tenemos 40 empresas cuyas inversiones se aprobaron con 140 mil millones de dólares. Vamos a respetar todas las inversiones que vengan al país”, expresó y remató: “Esta ley beneficia los puestos de trabajo de los argentinos, dignifica a la ciudadanía y nos lleva a una Argentina potencia”.

El padre del diputado Martín Lousteau, Guillermo Lousteau Heguy, falleció este miércoles a los 91 años, generando muestras de pesar entre legisladores de todo el arco político en la Cámara baja.

La noticia la reveló en el recinto su par Mariela Coletta, promediando la tarde, anunciando que más tarde llegaría el legislador radical y daría su discurso sobre el Súper RIGI, cuyo debate todavía no se había iniciado.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, le dijo entonces que cuando estuviera presente el diputado harían un minuto de silencio. Así sucedió a las 21.10, cuando Martín Lousteau se presentó. Su presencia fue especialmente valorada por sus pares en un momento personal tan delicado.

Al ingresar al recinto, diputados de distintas bancadas se acercaron a expresarle sus condolencias y brindarle su acompañamiento frente a la pérdida. El gesto se replicó a lo largo de la sesión, en un clima de respeto y solidaridad.

Tal cual lo había anticipado el presidente del Cuerpo, se hizo entonces el homenaje en el recinto.

La jornada quedó así atravesada por el duelo del legislador, en medio de uno de los debates centrales de la agenda parlamentaria. Más tarde Lousteau sumaría su mensaje.

Tras el debate y sanción del acuerdo con holdouts, la Cámara de Diputados comenzó con el debate del proyecto de ley del “Súper RIGI”, impulsado por el Gobierno, y que el oficialismo espera aprobar con el apoyo de sus aliados.

Se trata de una iniciativa que busca establecer un régimen de grandes inversiones apuntado a empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, a partir de un esquema con beneficios impositivos por 30 años, con similitudes al RIGI original creado por la Ley Bases, que fundamentalmente está destinado a hidrocarburos, energía y minería.

El Súper RIGI tiene como objetivo atraer inversiones de gran escala y para ello el requisito de inversión por proyecto tendrá un monto mínimo de 1.000 millones de dólares. A su vez, deberá ejecutarse al menos el 20% del proyecto dentro de los primeros dos años desde la adhesión y aprobación y se operará a través de “Vehículos de Proyecto Único” (VPU).

En tanto, entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones realizadas a la redacción original, se incorporó en comisiones entre los “objetivos prioritarios” del Súper RIGI, el incentivo del “desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina”.

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas “nuevas actividades económicas”, ello se realizará “conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en la reglamentación”, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, “mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga”.

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. “El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal”, establece.

Como uno de los cambios principales, se prevé un “plan de desarrollo de proveedores locales” que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se dispone la creación de un “Registro Público de Proyectos del Súper RIGI”, que deberá ser de “carácter público y de acceso libre”, bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

La palabra en el recinto 

Para presentar el dictamen de mayoría, nuevamente estuvo Bertie Benegas Lynch, quien dio mínimos detalles de la iniciativa y utilizó la intervención para confrontar contra la oposición. “Es un incentivo a las grandes inversiones de nuevas industrias ¿quién puede estar en contra de esto? son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica, cuatro conceptos que los países civilizados ya lo tienen incorporado y por les va como les va”.

“En los últimos cien años, ni les digo en los últimos veinte hemos acelerado contra la pared y hemos transformado a la Argentina en ‘cavernicolandia’”, ironizó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Luego, se dirigió al principal bloque opositor y cargó: “Ustedes vienen acá, se ponen el trajecito de expropiadores y legislan sobre el patrimonio de otros”.

Después, relató que “en los últimos veinte años, un dólar cruzaba la frontera y ya se escuchaba el motor V8 de la aspiradora fiscal de cada uno de ustedes y todos los políticos tradicionales de los tres niveles que se le tiraba encima al dólar”. Defendió este nuevo marco legislativo y explicó que “venimos de ser cavernícolas y necesitamos hacer una ley para proteger el derecho de propiedad porque hemos ahuyentado las inversiones y porque no se combate el capital”.

En representación del dictamen de minoría estuvo Mario Manrique, quien mantuvo una actitud contestaria en la intervención y le contestó a Benegas Lynch: “Cuando habla de la palita en el campo, no sabe de qué habla”. Después, añadió: “Terminen con ese chamuyo de que la Argentina está fuera del contexto internacional”.

Si bien fue interrumpido en más de una oportunidad, el titular de SMATA consideró que “este proyecto, no es una ley, es un negociado entre particulares para estampar la firma como si fuéramos escribanos”. Y siguió: “Esto es parte de un plan macabro para entregar a la República Argentina y este proyecto está encadenado con la Ley de Glaciares, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la Ley Laboral”.

En su alocución el diputado Miguel Ángel Pichetto sostuvo que el fin del proyecto de Súper RIGI “es bastante loable”, pero planteó que “lo hace a costa de concentrar los incentivos en sectores de capital intensivo sin compensación alguna para los sectores de trabajo intensivo. No hay ninguna mirada a los sectores de comercio, industriales, no incentiva la construcción, fundamentalmente en esos sectores que están sufriendo este modelo económico. No hay ningún tipo de mirada ni compensación”.

Pichetto recordó que en la reunión de comisión se incorporó que “quienes tengan el beneficio del Súper RIGI que son exenciones de carácter impositiva que también condiciona la política impositiva de provincias y municipios cuyo tema lo torna inconstitucional al proyecto porque no puede haber intromisión ni obligación para que las provincias fijen una determinada alícuota en ingresos brutos o municipios se subordinen a un marco de reglamentación de esta ley”.

“Hay que terminar con este sistema de regímenes especiales que benefician a determinadas provincias porque hay que ir a un régimen de carácter general y federal contemplando un equilibrio las distintas actividades económicas del país”, cuestionó y cerró: “No me parece una buena ley. Argentina es el último país de inversiones extranjeras porque el Gobierno no ofrece la confianza necesaria por eso voy a votar en contra”.

Desde el bloque MID, el diputado Eduardo Falcone agradeció al oficialismo por aceptar modificaciones que fueron sugeridas que son la inclusión de la cláusula del 20% mínimo de desarrollo de proveedores locales y un incentivo para la inversión en investigación y desarrollo que es el cómputo doble que el Gobierno lo planteó como un incentivo que va a tener impacto local.

“Este régimen es fundamental para incentivar y acelerar inversiones de más de mil millones de dólares, pero coincido en que faltan otras cosas en la Argentina que pueden complementar esto, pero será materia de otra cuestión y de pedirle al Gobierno que tome nota de lo que pasa. El RIGI está impulsando inversiones de sectores que generan dólares, pero poco empleo y otras regiones están decreciendo como la construcción”, sugirió y aclaró: “No significa que el régimen sea malo, solo hay que complementarlo con otras políticas.

Del bloque opositor, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz cargó contra Benegas Lynch y deslizó: “Quiere hacernos creer que con este proyecto la Argentina deja de ser cavernícola y la Argentina necesita un régimen de inversiones, pero uno (por el Súper RIGI) que no condene”. Para completar la crítica al texto del Gobierno nacional, añadió que “la discusión de fondo es que no hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo”.

En contra de la postura de La Libertad Avanza, la legisladora bonaerense señaló: “Ustedes miran la historia argentina en pequeñas fotografías segmentadas en una mirada ideológica que piensa en el Estado sin casi rol, cuando el Estado tiene un rol protagónico a la hora de generar el desarrollo nacional”. Llamó “nefasto” al Súper RIGI, y cerró con una serie de cuestionamientos que sintetizó con la frase “nadie les pide bajar la tasa de ganancias por los próximos 30 años”, entre varias críticas más.

En su intervención, Pablo Juliano (Provincias Unidas) ironizó sobre la sesión caída del miércoles para pedir la moción de censura a Manuel Adorni: “Que bueno que a 24 horas de la sesión de ayer hoy sobren ganas, sobre puntualidad y quórum para congelarle 30 años de impuestos a corporaciones que todavía no pudieron ni ponerle nombre ni apellido”.

“Todavía no conocemos los efectos del RIGI porque en la antesala de ello, hubo anuncios que rondaron casi los 80 mil millones de dólares, 124 mil en otros. ¿Pero hasta hoy cuánto entró? 762 millones, una miseria. Hay un abismo entre la promesa y la realidad que rápidamente salieron a generar este Súper RIGI”, criticó y cuestionó: “Creen que porque saquen esta ley las inversiones van a llegar. Esto es un traje a medida”.

Por el lado del oficialismo, el mendocino Luis Petri planteó que “se trata de dar cumplimiento con ese contrato electoral que firmó el Presidente con todos los argentinos que buscaba volver a ser grande a la Argentina, sacarla del siglo de decadencia a la cual fue sumergida, retomar el sendero de crecimiento y, para hacerlo, había que atarse a la Constitución”.

“Este proyecto no penaliza la inversión, el capital. Viene a retomar el sendero de crecimiento. Es hora de ganar la batalla de la inversión, del crecimiento y desarrollo de la cual viene la generación de empleo”, destacó y criticó al kirchnerismo porque “proponen un camino que prohíbe el ingreso de capital al país y se lo penalizaba con el cepo, controles de precios, default”.

Petri afirmó que “estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial, a la era de la inteligencia, hay cartas firmadas por más de 25 mil millones de dólares para venir a invertir y reclaman instrumentos como estos. Esta ley no reparte plata, repara confianza. Es una ley donde ponemos reglas. Tenemos una oportunidad histórica de tener inversiones”.

Luego de agradecer el homenaje por el fallecimiento de su padre, el porteño Martín Lousteau consideró que el proyecto es “el eslabón de algo más grande y ahí radica el peligro que entraña”, y cuestionó que “prorrogamos jurisdicciones y le damos a los potenciales inversores tres alternativas, se les baja el impuesto a las ganancias del 35 al 15%, se les baja el impuesto de distribución del 10 al 3,5%, se bajan las contribuciones patronales del 26 al 10%, las provincias se comprometen a bajar ingresos brutos al 0,5%”.

“Si el Estado incumple hay prórroga de jurisdicción, perdemos soberanía, pero si el privado incumple hay muy poco para hacer. Es fácil asumir compromisos e intentar tener los beneficios y después ver si la situación del país da o no para hacer la inversión”, alertó.

Lousteau señaló que el artículo 4 del proyecto habla a “actividad genuinamente nueva”, pero no se aclara a qué se refiere eso y reflexionó: “Estamos votando un régimen inédito, el más generoso con renuncia de soberanía, con la pérdida fiscal monumental y no sabemos quién pretendemos que vengan”.

“Las empresas lo van a defender porque hay beneficios adicionales para ellas, pero en el Congreso debemos discutir el costo, si realmente conviene el régimen y también la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque el RIMI que es para pequeñas y medianas empresas no se acerca ni de casualidad. Este costo fiscal lo pagan las provincias, todas, pero no todas tendrán proyectos que se sumen a este Súper RIGI”, apuntó.

Lousteau cerró: “Claro que necesitamos inversión, pero si miramos todo este derrotero, vemos que hay una discusión donde hay dos categorías de socios, unos que tienen beneficios y otros que se van quedando en el camino. Cuando se vota de esta manera, se dan pasos irreversibles”.

Para el diputado Agustín Rossi, la propuesta debatida es “un traje a medida para los nuevos amigos del presidente Milei, que son las empresas de Inteligencia Artificial”. Pero además advirtió que una hora atrás, apareció una cosa nueva, al anunciar el canciller Quirno que la Argentina se iba integrar a Pax Silica, una coalicióin de países que encabeza Estados Unidos desde 2025, destinada a fundar o articular políticas económicas que garanticen silicio para distintas actividades.

“Esto que anuncia recién el canciller también nos empieza a dar un panorama distinto del mundo”, planteó el diputado santafesino, quien piensa que el mundo ya no irá en la ruta del petróleo, “sino también va a empezar a organizarse en torno a como es el circuito de todo lo que son los elementos necesarios para desarrollar semiconductores, chips e Inteligencia Artificial, y la Argentina está de vuelta atrapada con los Estados Unidos”.

En otro pasaje señaló que el presidente mostró el rumbo que busca en un artículo que publicó en el Financial Times el 4 de junio, titulada “la Argentina invita a la IA a liberarse”. Allí señalaba Milei que nuestro país no va a p poner regulaciones para la Inteligencia Artificial. “Como corresponde, el presidente está a contramano del mundo; el mundo está poniendo regulaciones, Estados Unidos lo hace; la Unión Europea tiene regulaciones mucho más estrictas de hace mucho tiempo”.

El cierre estuvo a cargo del cordobés Gabriel Bornoroni quien destacó el tratamiento del proyecto porque “durante décadas la Argentina peleó para poder estar en el mapa, donde se invirtiera, donde se generen puestos de trabajo, pero con los gobiernos anteriores principalmente el kirchnerista, lo único que generaban eran argentinos débiles que dependiera de los gerentes de la pobreza”.

“Vamos a una Argentina donde el trabajo dignifica, donde las empresas vengan al país a invertir y por eso le generamos las reglas claras y condiciones para que se mantengan en el tiempo. El RIGI empezó como una posibilidad de la inversión y ahora tenemos 40 empresas cuyas inversiones se aprobaron con 140 mil millones de dólares. Vamos a respetar todas las inversiones que vengan al país”, expresó y remató: “Esta ley beneficia los puestos de trabajo de los argentinos, dignifica a la ciudadanía y nos lleva a una Argentina potencia”.

NOTICIA EN DESARROLLO

La Cámara de Diputados inició este miércoles a las 12.26, con la presencia de 129 legisladores sentados en sus bancas, su cuarta sesión del período ordinario (una de ellas fue informativa), con la intención de alejarse del “monotema” que representa la situación del jefe de Gabinete y meterse de lleno en la agenda propia, que incluye en esta oportunidad un proyecto que le interesa sobremanera al oficialismo y forma parte del paquete de normas del Poder Ejecutivo enviado en este período ordinario.

Hablamos del Súper RIGI, pero también está el acuerdo con los holdouts, que tiene que salir sí o sí este miércoles, ya que debe ser formalizada su aprobación antes del 30 de junio. Asimismo estará el tratamiento de cuatro tratados internacionales.

El quórum se alcanzó con tranquilidad, pero sobre el filo del tiempo establecido por Martín Menem de media hora para alcanzar el número para sesionar. Contribuyeron al quórum los diputados del oficialismo, el Pro, la UCR, el MID, el santacruceño José Luis Garrido, Karina Banfi, el bloque Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Elijo Catamarca y cinco diputados de Innovación Federal (entre los que no estaban los misioneros).

Se prevé una sesión de entre 10 y 12 horas, en la que finalmente se dispuso que se le acepte la renuncia al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y asuma su reemplazante, Martín Matzkin.

Hubo además 15 cuestiones de privilegio, 5 homenajes y se esperan pedidos de apartamiento de reglamento para retomar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, planteándose un encendido debate en torno a cuestiones reglamentarias referidas a la interpelación y moción de censura contra ese funcionario.

Yendo al debate, en primer lugar se debatió un acuerdo para evitar la doble imposición con Francia; un acuerdo sobre pesca ilegal celebrado en Roma en 2009; un convenio de seguridad social con Suiza; y otro con San Marino.

A continuación, fue el turno de los acuerdos de conciliación celebrados entre la Argentina y Branbridge Ltd, y otro con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. La votación resultó con 138 votos afirmativos, 98 negativos y 0 abstenciones.

Este proyecto cuenta con la media sanción del Senado desde el jueves 5 de junio pasado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos mencionados. Estos bonistas comenzaron sus demandas en el 2001, pero nunca ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre (holdouts).

Por último, se debate la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, “Súper RIGI”.

El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo.

Entre los beneficios impositivos que establece este proyecto se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

A la hora del dictamen se introdujeron las modificaciones para obtener adhesiones, incorporándose entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina".

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas "nuevas actividades económicas", ello se realizará "conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en" la reglamentación, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, "mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga".

Un día después de la fallida sesión pedida por la oposición para debatir una serie de proyectos relacionados con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la Cámara de Diputados vuelve a reunirse este miércoles para debatir esta vez proyectos impulsados por el oficialismo, uno de los cuales tiene un tiempo perentorio para ser aprobado.

La sesión tendrá lugar en el marco de una semana marcada por la polémica por el caso Adorni, que llevó a la oposición en ambas cámaras a buscar impulsar la interpelación del jefe de Gabinete y una eventual moción de censura en su contra. Días en los que el oficialismo logró sortear la encerrona -al menos en la Cámara baja- abriendo las puertas de las comisiones en las que deberán emitir dictamen sobre los proyectos que apuntan contra el funcionario y así no solo evitó que dialoguistas dieran quórum en la sesión de este martes, por un lado, y salvó la realización de la sesión de este miércoles, que para el fin de semana último se daba como probablemente caída.

Es que el oficialismo no quería habilitar el recinto si existía el riesgo de que la oposición le arrebatara un emplazamiento que acelerara los tiempos contra Manuel Adorni.

Se prevé una sesión de entre 10 y 12 horas, en la que finalmente se dispuso que se le acepte la renuncia al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y asuma su reemplazante, Martín Matzkin.

Habrá además 15 cuestiones de privilegio, 5 homenajes y se esperan pedidos de apartamiento de reglamento para retomar la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, planteándose un encendido debate en torno a cuestiones reglamentarias referidas a la interpelación y moción de censura contra ese funcionario.

Tres ejes centrales

Yendo al debate, en primer lugar se debatirá un acuerdo para evitar la doble imposición con Francia; un acuerdo sobre pesca ilegal celebrado en Roma en 2009; un convenio de seguridad social con Suiza; y otro con San Marino.

A continuación, será el turno de los acuerdos de conciliación celebrados entre la Argentina y Branbridge Ltd, y otro con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. Este es el tema que desvela al oficialismo, dado que el acuerdo debe estar aprobado para antes de fin de mes, luego de dos suspensiones que ya tuvo.

Este proyecto cuenta con la media sanción del Senado desde el jueves 5 de junio pasado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos mencionados. Estos bonistas comenzaron sus demandas en el 2001, pero nunca ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre (holdouts).

Por último, debatirán la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, “Súper RIGI”.

El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo.

Entre los beneficios impositivos que establece este proyecto se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

A la hora del dictamen se introdujeron las modificaciones para obtener adhesiones, incorporándose entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina".

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas "nuevas actividades económicas", ello se realizará "conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en" la reglamentación, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, "mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga".

Un arranque agitado

Más allá de este temario impulsado desde el Gobierno, no se descarta que el inicio de la reunión tenga fuertes contrapuntos consecuencia de lo sucedido esta semana en la que el oficialismo logró arruinar los planes de la oposición. Así las cosas, se espera que la oposición introduzca en el inicio de esta sesión el tema del jefe de Gabinete, sobre quien pesan fuertes acusaciones por el crecimiento de su patrimonio y la confesión que ha hecho de haber mentido y evadido.

Cuando todo indicaba que la sesión que se esperaba pediría el oficialismo en Diputados esta semana finalmente no se concretaría, este lunes al mediodía la misma fue confirmada. Minutos antes de que la Scaloneta saliera a la cancha a disputar su segundo cotejo en este Mundial, se despejaron las dudas cuando La Libertad Avanza mostró sus cartas.

Fue al cabo de una serie de novedades que se fueron dando por la mañana: primero, la oficialización de la sesión pedida por la oposición hace más de diez días para tratar los proyectos contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esa cita es para las 14 de este martes 23. Pero inmediatamente después el oficialismo hizo su jugada a dos bandas: para desactivar la sesión de la oposición, y a la vez permitir realizar la sesión del 24 impulsada por el oficialismo. Fue al convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar a partir de las 15 del martes 30 todos los expedientes previstos para la sesión pedida por la oposición. Una sesión para la cual la oposición sabía que no tendría los 2/3 para habilitar el debate sobre tablas, por lo que terminaría emplazando. Ahora no van a emplazar para algo que está convocado. Al menos no lo harán los diputados del Pro y la UCR.

Fue en realidad el corolario de un trabajo realizado por el oficialismo y los diputados dialoguistas durante todo el fin de semana. Y que tiene como fin no solo dejar sin efecto a la sesión de este martes, que descuentan ya no tendrá quórum porque los dialoguistas no se sumarán.

Además, gana tiempo el oficialismo, ya que descomprime la relación con los aliados, y les da tiempo de paso con la resolución del tema Adorni, ya que este martes la Comisión de Asuntos Constitucionales “empezará” el debate de la interpelación, lo cual implica que no será un tratamiento exprés, como hubiera implicado un emplazamiento “con dictamen”.

“Para nosotros bueno porque la primer sesión de comisión será informativa. Así que luego se requerirá otros plazos para llegar al eventual dictamen”, expresó una fuente oficialista consultada por parlamentario.com.

La sesión de este miércoles

Saldada la situación, el oficialismo podrá abrir las puertas del recinto de Diputados este miércoles, dado que ya no tendrá la amenaza de pedidos de emplazamientos.

Por eso el bloque LLA pidió sesionar este miércoles a las 12 con un temario que incluirá tratados internacionales, en primer lugar; luego lo más urgente: los acuerdos de conciliación con Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund, para saldar las deudas que restan con holdouts.

Y por último, la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, también conocido como “Súper RIGI”.

Con cambios a la redacción original y el apoyo de sus aliados, La Libertad Avanza se alzó este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen del proyecto de ley de "Súper RIGI", que busca establecer un régimen de grandes inversiones apuntado a empresas tecnológicas y de inteligencia artificial, a partir de un esquema con beneficios impositivos por 30 años.

La nueva versión del RIGI, creado originalmente por la Ley Bases, obtuvo despacho de mayoría con 61 firmas durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además del oficialismo, apoyaron el proyecto los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).

El Súper RIGI tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo.

Entre los beneficios impositivos se encuentran rebajas en impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, créditos fiscales para IVA, exenciones en derechos de exportación e importación, alícuotas especiales en contribuciones patronales y quita de impuestos locales, entre otros.

Entre las modificaciones para obtener adhesiones, se incorporó entre los "objetivos prioritarios" del Súper RIGI, el incentivo del "desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas o tecnológicas que contribuyan al crecimiento y consolidación de Nuevas Industrias en la República Argentina".

En tanto, sobre la definición y acreditación de esas "nuevas actividades económicas", ello se realizará "conforme a los criterios objetivos y parámetros mensurables que se establezcan en" la reglamentación, es decir, lo deja en manos del Poder Ejecutivo.

Sobre el plazo para presentar la solicitud de adhesión al Súper RIGI, que será de 5 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la ley, el PEN podrá prorrogar dicho plazo, por única vez, por un período adicional de hasta un año, a computarse desde el vencimiento del plazo establecido, "mediante decreto fundado en una evaluación previa sobre el desempeño del régimen, que deberá ser publicada en forma simultánea con el decreto que disponga la prórroga".

Por otra parte, a los efectos del cumplimiento del monto mínimo de inversión, las inversiones realizadas en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto, se computarán por el doble de su valor. Mientras que la ponderación no podrá representar más del 20% del monto mínimo de inversión. "El excedente de inversión en investigación y desarrollo por sobre dicho límite se computará por su valor nominal", establece.

Como uno de los cambios principales, se prevé un "plan de desarrollo de proveedores locales" que "deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes, de servicios y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad".

También se dispone la creación de un "Registro Público de Proyectos del Súper RIGI", que deberá ser de "carácter público y de acceso libre", bajo la órbita de la autoridad de aplicación.

Durante el debate, en primer lugar, desde el Pro, la diputada Daiana Fernández Molero sostuvo: "Esta nos parece una muy buena ley, especialmente en el contexto y las necesidades que tiene la Argentina, que necesita normalidad". Y consideró, en esa línea, que el RIGI y el Súper RIGI son "una forma de adelantar esa normalidad".

Al destacar que se buscó "blindar de críticas y hacer más fuerte" la ley, la aliada del oficialismo valoró las modificaciones que se incorporaron -propuestas desde su espacio- y enumeró "el criterio de nueva actividad, la creación del registro público de proyectos y la evaluación antes de prorrogar". Más adelante, aclaró que "esto no es lo mismo (que el régimen fiscal) de Tierra del Fuego, no tiene nada que ver; este régimen se defiende solo, así que mientras más luz le podamos aportar, mejor".

En contra del proyecto oficialista, el diputado de Unión por la Patria Mario "Paco" Manrique opinó: "Más que un proyecto de ley, como está redactado y más allá de las modificaciones, parece un contrato de locación o un contrato entre particulares. Un contrato entre grandes corporaciones del mundo tecnológico que quieren comprar una estancia y el patrón la quiere vender a precio vil".

"Cualquier régimen de promoción industrial tiene beneficios y obligaciones", apuntó, y señaló que éstas últimas, para los inversores, "se expresan en beneficios para la Nación, como desarrollo, empleo, reinversiones". Sin embargo, "todas cuestiones en el proyecto de ley no existen", resaltó. Y agregó que la iniciativa "choca con la Constitución Nacional en no menos de 10 artículos", al tiempo que "desequilibra y es injusto con la industria argentina".

Aliado de La Libertad Avanza, el diputado del MID Eduardo Falcone reveló que él pidió por dos cambios: uno, que la baja de la tasa de impuestos estuviera condicionada a la inversión en investigación y desarrollo; y, segundo, "que se incluyera una cláusula que exige, entre los requisitos, que el plan de negocios tiene que incluir un compromiso, una inversión en proveedores locales de al menos el 20% del total del proyecto". "El Gobierno aceptó el segundo pedido", afirmó, mientras que el otro de manera parcial también fue incluido, dijo.

Luego, remarcó que el Súper RIGI "no es exclusivamente para inversores extranjeros. Ojalá haya inversores nacionales que también confíen en nuestro país". "Lo que acá importa es que se inviertan miles de millones de dólares en nuestro país lo más rápido posible", agregó.

En contraposición, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, enfatizó que "hay 75 mil empleos perdidos en la industria y ustedes están queriendo dictaminar un proyecto sobre industrias potenciales que no sabemos cuáles son". Sobre el proyecto, aseguró que "afectan las autonomías de las provincias como lo afectaron en el RIGI original, porque se mete con los tributos provinciales y municipales también".

Además, cuestionó que "hay una delegación enorme de facultades en el Poder Ejecutivo. ¡Le están dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo!".

El santafesino también se refirió al costo fiscal y advirtió que las desgravaciones de impuestos para las nuevas inversiones van a tener incidencia en futuros presupuestos. Al tiempo que puso como ejemplo que cumplir con el presupuesto universitario votado por el Congreso "son 1.400 millones de dólares al año, mientras que la desgravación en un año del RIGI supera a la guita que necesitaríamos para garantizar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario".

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño observó que "este régimen exclusivo de privilegios contradice un poco el discurso de libertad del propio Gobierno". Al hablar de los "enormes beneficios" fiscales que tendrán quienes se adhieran, alertó que la reducción de contribuciones patronales implica "el desfinanciamiento del sistema previsional".

Mientras que más adelante, denunció: "Palantir, una de las empresas que se beneficiaría con este régimen, está vinculada al sistema de inteligencia norteamericano que tiene que ver con el ICE, que reprime a las personas inmigrantes; también lo han utilizado en Israel contra el pueblo palestino en el genocidio en Gaza, lo han utilizado en la guerra de Irán. Este régimen especial es para que las empresas de Peter Thiel vinculadas al aparato militar norteamericano puedan desarrollar todo eso. ¿Eso es lo que necesita la Argentina? ¿Eso es lo que necesitan los jubilados, trabajadores y el pueblo que se está muriendo de hambre?".

Integrante de la Comisión de Ciencia, Adriana Serquis analizó que "las palabras ciencia y científicos no aparecen en el proyecto", mientras que hay "una única referencia en el articulado a tecnología y tecnológico". "No hay ningún artículo que fije cláusulas o contraprestaciones como hacen los países desarrollados, ni siquiera nada sobre la cadena de valor o la transferencia de tecnologías", cuestionó.

En este sentido, la legisladora de UP añadió que "a diferencia de otros países, en este proyecto no hay ningún condicionamiento y tampoco hay condiciones ambientales", cuando "sabemos el consumo exagerado de energía que necesitan las empresas de inteligencia artificial y data center".

Mientras el jefe de Gabinete continúa en el centro de la escena, La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados reúne a dos plenarios de comisión para pasar a la firma el proyecto de Súper RIGI y el Acuerdo de Conciliación con los Holdouts. Este último tiene media sanción de la Cámara alta y debe sancionarse antes del 30 de junio.

Este miércoles 17 de junio desde las 12.00, las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a la de Justicia buscarán dictaminar el expediente de Renegociación con  Bainbridge ltd. y Attestor Value Master Fund. Previo al pase de firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía.

Este proyecto cuenta con la media sanción del Senado desde el jueves 5 de junio pasado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos mencionados. Estos bonistas comenzaron sus demandas en el 2001, pero nunca ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre (holdouts).

El Súper RIGI también busca el dictamen

Después de dos jornadas informativas con exposiciones de funcionarios, en la primera, e invitados del sector empresarial, en la segunda, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se reunirá desde las 15 para rubricar el despacho del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, presentado como Súper RIGI.

A diferencia de la Ley Lobby, el oficialismo cuenta con el aval de los aliados y la oposición dialoguista desde que el texto ingresó por Mesa de Entradas. De todos modos, algunos representantes provinciales sugirieron una serie de modificaciones en la redacción de algunos artículos y desde el oficialismo concedieron a los pedidos.

A grandes rasgos, el proyecto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.

Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años.  Este último punto es el apuntado a modificar por los bloques aliados y dialoguistas.

Si bien la oposición pidió el recinto para emplazar los proyectos de interpelación y moción de censura contra Manuel Adorni para el martes 23, La Libertad Avanza hará lo mismo para tener una sesión especial el miércoles 24 de junio. El temario, a priori, estará conformado solo con estos dos proyectos.

En el marco del debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley del denominado “Súper RIGI”, el diputado nacional Eduardo Falcone (Movimiento de Integración y Desarrollo) presentó una propuesta para introducir modificaciones orientadas a reforzar el impacto del régimen en el desarrollo estratégico del país.

La iniciativa plantea que las empresas que accedan a los beneficios fiscales previstos en el régimen puedan reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 20% o incluso al 15%, siempre y cuando destinen parte de sus inversiones a actividades vinculadas con la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D), así como a la formación de capital humano.

Entre los destinos previstos para esos aportes se incluyen convenios con universidades y organismos científicos, el financiamiento de las Becas Manuel Belgrano —orientadas a carreras estratégicas— y programas de fortalecimiento de proveedores locales, con el fin de generar encadenamientos productivos.

“El MID le pide cambios al oficialismo: propone que la baja del Impuesto a las Ganancias al 15% esté condicionada a que la empresa invierta en I+D local y aporte para financiar Becas Belgrano”, sostuvo Falcone, quien remarcó la importancia de impulsar políticas que promuevan el acceso, avance y finalización de estudios de pregrado y grado en áreas clave para el desarrollo nacional.

Desde el espacio desarrollista argumentan que el esquema actual del “Súper RIGI” debe complementarse con incentivos que aseguren un impacto más amplio sobre la economía real, en particular en materia de innovación, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos calificados.

En ese sentido, la propuesta busca que las grandes inversiones no solo generen actividad económica y empleo, sino que también contribuyan al fortalecimiento del sistema científico-tecnológico y a la mejora de la competitividad de la industria local.

El planteo se suma a las distintas iniciativas y cuestionamientos que se vienen expresando durante el tratamiento del proyecto en comisión, donde diferentes sectores políticos analizan posibles cambios para equilibrar los beneficios a la inversión con mecanismos que garanticen un desarrollo más integral.

Se desarrolló este miércoles en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados la segunda jornada de debate del proyecto que establece un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, más conocido como “Súper RIGI”, en el marco de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Presidido por el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, la reunión arrancó pasadas las 11 de la mañana, con preguntas del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, respecto de la hoja de ruta que tendría el debate de ese tema, si la oposición podría sugerir invitados, y cuestionó que los invitados previstos para este miércoles tuvieran que ver con el RIGI y no con nuevas empresas, como es lo que plantea el “Súper RIGI”.

En efecto, los invitados fueron el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea; y el asesor Legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

Benegas Lynch aclaró respecto del planteo de Martínez que sí estaban abiertos a sugerencias de invitados para nuevos encuentros y aclaró que hablarían de la experiencia del RIGI porque resultaría importante para ver cómo adaptar la situación al régimen que se pretende implementar a partir de la aprobación de esta nueva norma. Y lamentó también que no se hubiera aprovechado más en ese caso la visita de la semana pasada de Daniel González, titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería.

La experiencia del RIGI en el oil & gas

El primero de los invitados fue Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, quien agradeció inicialmente la posibilidad de brindar la visión de la industria del oil & gas que una herramienta como el RIGI puede tener y tiene sobre las posibilidades de desarrollo del sector.

Al respecto hizo referencia a un trabajo que hicieron hace tres años con la Cámara que él preside, para presentarles a las distintas fuerzas políticas que iban a competir en las presidenciales de 2023. La idea del sector era “poder clarificar lo que nosotros veíamos como oportunidad para la Argentina”, considerando como tal la experiencia de Vaca Muerta, claramente el proyecto con potencial más importante para el país. “Y además de compartir con todos los que eventualmente iban a tener la oportunidad de conducir el país en la siguiente administración, también poner en claro cuáles eran las condiciones que se necesitaban para que eso se transformara en una oportunidad concreta”, señaló Ormachea.

El empresario precisó que por entonces planteaban tres condiciones necesarias para lo que venía: reglas claras que les permitieran jugar con precios del mercado; libertad para exportar; y tener una carga impositiva parecida a nuestros competidores. “Y cuando hablo de eso tomo a Vaca Muerta como un proyecto de exportación”, remarcó el titular de la Cámara de Hidrocarburos, que hizo referencia a la existencia de reservas petroleras para más de cien años de consumo doméstico, aclarando que “no tiene sentido utilizar eso solo para asegurar el consumo doméstico”.

“No tiene sentido práctico -insistió-; y hasta es muy probable que dentro de algunos años otras fuentes puedan reemplazar el uso de combustibles fósiles, entonces nos vamos a quedar sin poder utilizar el recurso del cual disponemos”.

Ormachea aclaró que ese era un punto de partida para establecer las condiciones para que ese potencial se transforme en realidad. “A partir de que entendemos que (Vaca Muerta) es un proyecto de exportación, tenemos que pensar cómo competimos en ese mercado. Para hacerlo tenemos que ser tan buenos como los otros. Tenemos un recurso que es tan bueno o mejor: el recurso físico, que está debajo de la superficie”.

En cambio agregó que hay cuestiones en las que estamos en peor situación: “Esta es una industria muy capital/intensiva. Hay que hacer toda la inversión antes de empezar a producir, y ahí no estábamos bien, y aunque hemos mejorado bastante, todavía no estamos bien”, planteó el empresario, para remarcar a continuación que “si pensamos que esto puede ser un motor importante en el desarrollo de la economía del país, sería bueno que haya muchos jugadores interesados”.

Ormachea resaltó la importancia que tuvo la aprobación de la Ley Bases, “con dos de sus capítulos que pegan directamente en nuestra actividad y han hecho una contribución importante para crear esas condiciones que hacían falta. En el capítulo que modifica la Ley de Hidrocarburos, avanzó en dos de los puntos que había mencionado como importantes: el mercado será quien definirá esencialmente los precioso con los que va a funcionar la economía de los proyectos de oil & gas y se dice que no va a haber trabas para vender sus productos al exterior”, señaló. Y agregó que en el capítulo del RIGI “se avanza sobre algunos puntos impositivos que ponían un sobrecosto diferencial cuando miramos cual es la situación que tienen nuestros competidores en el resto del mundo”.

Cuando uno mira la realidad 3 años después, continuó el empresario, “y ve que muchos de los proyectos que veíamos como posibles están en marcha, muchos otros que ni siquiera estaban en la mesa en ese momento están en las preliminares para conseguir las condiciones de inversión, claramente la respuesta del sector a la posibilidad que se abrió con la Ley Bases y su capítulo RIGI, ha sido muy positiva, contundente, y evidencia el impacto y el resultado positivo de la regulación”.

“Para este sector, que es muy ‘capital intensivo’, este tipo de normas bajan los riesgos y permiten que muchos proyectos que eventualmente estaban en la cola se adelanten y que muchos otros que eventualmente nunca hubieran llegado porque hubieran quedado fuera, están saliendo adelante -remarcó-. Este régimen ayuda claramente a la competitividad del sector”.

Ante una pregunta del diputado de UP Itai Hagman, respecto de cómo se puede estar seguros de que lo que se haga con esos regímenes especiales vaya a derramar en otras actividades, Ormachea señaló que el impacto del RIGI está asociado a la viabilización de un proyecto. “En algunos casos lo que permite o induce es un adelantamiento en el tiempo de cosas que eventualmente podrían ocurrir más adelante”, señaló el empresario, que aclaró que “en Argentina la industria del oil & gas tiene una cadena de valor muy importante. En América Latina tiene una cadena de valor local integrada completa con las compañías operadoras. Probablemente no sea el caso de los países a los que hacía referencia el diputado”, señaló, a propósito de la comparación que Hagman había hecho con países africanos. En la Argentina, “si un proyecto va adelante, automáticamente impacta en la cadena de valor. No ocurre solo en Neuquén, porque la cadena de valor está integrada con muchos otros sectores que producen. Si el proyecto ocurre, todo eso se moviliza”.

Y ante la consulta de si no podía suceder que un régimen de incentivo para un sector reasigne recursos que podrían estar asignados a otra actividad, el empresario señaló que “nosotros hacemos lo que sabemos, invertimos en petróleo, no vamos a invertir en cadena de supermercados, por más que pueda ser un buen negocio. En general, buscamos proyectos en una actividad y buscamos ejecutarlos en eso”.

Por su parte, Esteban Gramblicka, asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, destacó que el RIGI “es un régimen que le ha permitido a las empresas del sector tomar decisiones de inversión por montos realmente enormes”. “De no existir el RIGI, las inversiones no se hubieran concretado en el país o de haberse realizado hubieran sido en otra dimensión y plazo”, afirmó.

“Las empresas necesitan contar con reglas claras, estabilidad regulatoria y fiscal, y un marco que reduzca el costo de financiamiento. El RIGI actúa en este marco como un puente de competitividad frente al riesgo país”, ponderó y defendió que “el plazo de estabilidad previsto responde al marco de gran escala y el horizonte temporal de las inversiones que se requieren”.

El sector minero, favorecido por el RIGI

Avanzada la reunión, expuso Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, quién se refirió a “cómo el RIGI cambió la percepción de los inversores para invertir en Argentina”. “Argentina tiene una ley de inversiones mineras que es una muy buena ley”, señaló, sobre la norma sancionada en 1993 que “se cumplió a raja tabla hasta 2007”.

“Lamentablemente en 2007, por una decisión administrativa, se le incrementó la carga impositiva a proyectos que se habían estabilizado sin pagos de derechos de exportación”, recordó y comparó: “El primer gran punto que establece el RIGI es la posibilidad que tienen los inversores de litigar en el exterior, cuestión a la que no pudieron acceder todos aquellos que fueron perjudicados por el incumplimiento de la ley de inversiones mineras”.

Cacciola destacó que “todo el menú que ha traído el RIGI ha hecho que Argentina esté en materia minera de nuevo en el foco de la decisión de inversiones”. Al mencionar varios proyectos que se adhirieron al régimen, insistió con que “el RIGI ha cambiado la percepción por realidad en materia minera, las inversiones están llegando”, y agregó que la reforma de la Ley de Glaciares “permite que las inversiones se aceleren”.

“En minería se han presentado 15 proyectos, uno solo fue rechazado, 10 ya están aprobados y el monto total de inversiones es de 10.370 millones de dólares. Quedan 4 pendientes que son los más grandes y afortunadamente en los próximos 45 o 60 días van a ser aprobados y representan una inversión superior a los 32.000 millones de dólares, totalizando hasta ahora 42.592 millones de dólares”, precisó.

En su intervención, el presidente de la CAEM aseguró que “lo que tenemos que hacer es tratar de aunar esfuerzos entre las provincias que tienen minería y las que tienen industria para que podamos avanzar en un sistema mucho más competitivo y ofrecer mayor cantidad de servicios y bienes”.

En el cierre, desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici remarcó que “el ‘Súper RIGI’ es para poner en el radar de las inversiones a la Argentina; es cero el costo fiscal, porque no existe. Estamos presentando un proyecto para exploración de tierras raras e incorporarlo en el Código Minero”. “¿Quieren preguntarse cómo va a ser la Argentina del futuro? Miren esas provincias (Catamarca, San Juan, Neuquén). Así es como soñamos la Argentina del futuro”.

En paralelo al tratamiento de la Ley de Lobby y con la Sala del Anexo C llena, la Cámara de Diputados dio inicio al debate del Súper RIGI en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La apertura contó con la presencia de dos funcionarios de la órbita del Ministerio de Economía.

El órgano legislativo que preside Martín Yeza (Ciencia y Teconología) culminó el proceso de designación de autoridades que tenía pendientes a las representantes de Unión Por la Patria: Luana Volnovich quedó en la vicepresidencia 2°; Adriana Serquis, en la secretaría 2°; y Luciana Potenza, en la 4°.

El primer tramo de la exposición del nuevo proyecto con beneficios impositivo estuvo a cargo de Daniel González, titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, quien reiteró que esta iniciativa “va a capturar proyectos que hoy no existen en la Argentina”. Cuando estaba destacando los resultados del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en la Ley Bases) fue interrumpido por Carlos Castagneto de Unión por la Patria, quien le pidió que hable de la orden del día.

La mayoría de las preguntas fueron del peronismo a través de Agustín Rossi, Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Kelly Olmos. Del lado de Provincias Unidas estuvo Martín Lousteau y por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño.

El grueso fuerte de diputadas nacionales de la oposición se retiró mucho antes del final del encuentro porque participaron de la marcha del Ni Una Menos que ocurría en las afueras del Palacio Legislativo.

Por su parte, La Libertad Avanza aspira a que el proyecto de ley de creación de un régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, abreviado como Súper RIGI sea dictaminado la próxima semana y llevado al recinto entre el 17 y el 24 de junio. Fuentes revelaron a parlamentario.com que hay posibilidad de mínimas modificaciones, pero el consenso es general.

La palabra del secretario de Coordinación de EyM

Ante la mirada atenta de la oposición, el secretario de Coordinación de Energía y Minería afirmó que este proyecto es “la evolución del sumamente exitoso RIGI”, y agregó que es “el siguiente paso de la Argentina que incluye el aprovechamiento de estructuras que fueron movilizadas por el Régimen”. Sin embargo, advirtió que el Gobierno busca que se “capturen proyectos que hoy no existen en la Argentina y no tiene impacto de corto plazo”.

A diferencia del Título VII de la Ley Bases, esta iniciativa propone un plazo de cinco años en vez de dos, pero repite la posibilidad de prorrogarlo por uno más. Otras diferenciaciones explicadas por el funcionario que responde a Luis Caputo fueron sobre el carácter más restrictivo; que no permite ampliación y solo aplica a industrias nuevas; y el umbral mínimo de inversión es de 100 millones de dólares, entre otras.

En diferentes oportunidades, González aclaró que este nuevo sistema de beneficios “no es para infraestructura y recursos naturales”, pero dejó en claro aumentan los beneficios con la propuesta de fijar la alícuota en 15% del Impuesto a las Ganancias. En tal sentido, sintetizó que el Súper RIGI “tiene una exención desde el día 1 a los derechos de exportación donde mantenemos la estabilidad fiscal y regulatoria a 30 años”.

También se tomó unos minutos para destacar al primer RIGI, sancionado dentro de la Ley de Bases en junio del 2024: “Tenemos entre 50 y 60 proyectos antes de la finalización, las inversiones contemplan los U$S 138.000.000.000, se han generado 179.000 empleos, existe un potencial exportador de U$S 41.000.000.000 por año y todos son en el área de recursos naturales”. Además, consideró que permitió el desarrollo del litio y de Vaca Muerta.

Cabe recordar que el mapa del RIGI se reparte entre las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe. Los proyectos son de infraestructura petrolera, gasífera, energía renovable, puertos y minería de litio, cobre, oro y plata. Esto fue mencionado en diferentes momentos por el funcionario de Hacienda.

Con un tono irónico, el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, solamente tomó la palabra para responderle al exsenador radical: “entre Neuquén y Río Negro se generaron 50 empleos por cada molécula gas y petróleo”. De todas maneras, cometió el furcio de nombrar “PyMEs” en vez de “empresas”, y la oposición lo cruzó. Cerró al reiterar que desde el Gobierno “estamos buscando generar actividad”.

La jornada de este miércoles estará consignada al inicio de los debates de la Ley Lobby y el Súper RIGI convocadas a las 14 y 15, respectivamente. Ambas reuniones contarán con la presencia de funcionarios de los Ministerios de Economía y del Interior.

El primer tema a poner en consideración será la Ley de Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, conocida como Ley Lobby, abordada por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La reunión será meramente informativa y contará con la presencia de funcionarios que responde a Diego Santiilli.

En segunda instancia, Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva comenzará el deabte del Súper RIGI. Está confirmada la exposición de Pablo Lavigne, secretario de Coordinacion Productiva, y de Daniel González, titular de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería.

La Libertad Avanza, con Martín Menem a la cabeza, recibió a los integrantes de Fuerza del Cambio e Innovación Federal para adelantar la presentación del proyecto. De hecho, Daniel González brindó una exposición informal, donde el Pro y el radicalismo presentaron dudas.

Además del presidente de la Cámara de Diputados, estuvieron el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni junto a Nicolás Mayoraz; Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza del Pro; Pamela Verasay y Lisandro Nieri de la Unión Cívica Radical; Oscar Zago del MID; el santacruceño José Luis Garrido; Karina Banfi; y el misionero Alberto Arrúa de Innovación Federal.

El régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias ha causado un mayor consenso y tiene chances de estar listo para una sesión especial que, en principio, sería el miércoles 24 de junio junto al Acuerdo de Conciliación con los Holdouts que el oficialismo cree que será aprobado en el Senado este jueves. De todas maneras, hay referentes aliados que piden que el recinto se abra el miércoles 17 o el jueves 18.

En cuánto a la Ley Lobby, el tema podría llevar un poco más de tiempo y es muy factible que su tratamiento en el recinto quede para después del Mundial y el receso invernal. Fuentes presentes en la reunión adelantaron a este medio que el oficialismo se mostró flexible en virtud de dar lugar a las sugerencias de los aliados.

La diputada nacional Luciana Potenza (Unión por la Patria) se refirió este martes al proyecto de régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias como "el Súper RIGI migajero de Milei y Caputo".

"El proyecto que se empieza a tratar esta semana en el Congreso pretende que vengan inversiones extranjeras del sector tecnológico. ¿Cómo? Bajando del mástil la bandera Argentina", advirtió.

La opositora consideró que en esta iniciativa "se ve con claridad el desprecio y la discriminación del gobierno libertario por las pequeñas y medianas empresas argentinas, que en este contexto están tratando de SOBREVIVIR, las que aún sobreviven… Ya cerraron más de 22.000 empresas desde que asumió Milei".

Sobre los detalles, observó que "no se exige un piso de contratación de trabajo argentino, y si llegaran a hacerlo, solo pagan un 10% de contribuciones patronales, la mitad de lo que hoy paga una PyME (y siguen desfinanciando las jubilaciones)".

También, Potenza mencionó que las empresas que adhieran pagarán "menos de la mitad que las empresas argentinas" en cuanto a impuesto a las Ganancias, y "no van a pagar derechos de exportación ni importación".

"Las leyes y los jueces locales no intervienen, si hay conflicto van a tribunales internacionales", apuntó y cuestionó además que "no hay transferencia tecnológica ni obligación de dejar capacidad instalada en nuestro país".

En el cierre, la opositora completó: "¿Las provincias? Ponen el suelo, los recursos naturales, las rutas e infraestructura, pero no pueden cobrar un solo peso por ese uso".

Después del envío de cuatro proyectos de ley, la Cámara de Diputados convocó al plenario de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para abordar el Súper RIGI. Según trascendió en los pasillos del Congreso, este texto es el único que podría encontrar despacho antes del receso mundialista.

La cita entre las tres comisiones se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de junio a las 15 en el Anexo C. El encuentro será moderado por Bertie Benegas Lynch, titular de Presupuesto y cabecera de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, junto al santacruceño José Luis Garrido, a cargo de Industria, y de Martín Yeza del Pro, quien preside la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva.

A pocos días del Mundial 2026, se prevé que las actividades legislativas empiecen un letargo que hilvane, también, el mes de julio, utilizado para el receso invernal. Sin embargo, una fuente del oficialismo reveló a este medio que al Súper RIGI, particularmente, buscarán llevarlo al recinto a mediados de junio cuando obligadamente se ponga en debate el Acuerdo de Conciliación con los holdouts que aún no se trató en el recinto del Senado, pero que tiene como fecha límite el próximo 30 de junio.

Los puntos centrales del proyecto impositivo

La propuesta se presenta como una evolución del actual RIGI aprobado con la Ley 27.742, aunque con un alcance más acotado: estará dirigido exclusivamente a “actividades económicas genuinamente nuevas en el país, con un impacto transformador en la estructura productiva nacional”.

El texto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.

Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años.  También prevé exenciones de derechos de importación y exportación, junto con un esquema de certificados de crédito fiscal para el IVA.

En materia cambiaria, el régimen habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones y elimina la obligación de liquidar dólares vinculados a financiamiento o aportes de capital.  A esto se suma una estabilidad normativa —tributaria, aduanera, previsional y cambiaria— por un plazo de 30 años desde la adhesión.

El proyecto también contempla incentivos laborales, como una alícuota única del 10% en contribuciones patronales para nuevos empleos generados por los proyectos.

Otro punto central del esquema es la exigencia de adhesión por parte de provincias, la Ciudad de Buenos Aires y, eventualmente, municipios. El Gobierno plantea que el éxito del régimen depende de un compromiso coordinado de todas las jurisdicciones para garantizar “condiciones tributarias razonables, estabilidad regulatoria y estándares de desarrollo acordes a las mejores prácticas internacionales”.

En su mensaje al Congreso, el Ejecutivo subrayó que el país necesita “emitir una señal institucional inequívoca hacia los inversores” y sostuvo que la iniciativa busca posicionar a la Argentina “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”.

Asimismo, defendió el enfoque promercado del proyecto al señalar que “su lógica no es la de favorecer al capital en abstracto, sino la de vincular los incentivos que se otorgan con resultados tangibles para las comunidades donde los proyectos se radican: empleo genuino y sostenido, transferencia de tecnología y desarrollo de cadenas productivas locales”.

El “Súper RIGI” forma parte del paquete de iniciativas anunciado el viernes pasado (cuatro, junto con la ley de lobby, Etiquetado Frontal y ludopatía) y quedará ahora bajo análisis de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una de las principales apuestas económicas de su agenda legislativa, con el objetivo de atraer inversiones en sectores considerados clave para el desarrollo de largo plazo.

El diputado nacional Guillermo Michel advirtió que al "Súper RIGI" lo "van a costear los jubilados". Asimismo, opinó que "el Gobierno no quiere aplicar un programa económico, quiere imponer un modelo social".

El legislador de Unión por la Patria enumeró los beneficios impositivos previstos en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que busca atraer proyectos desde los mil millones de dólares en sectores poco desarrollados o todavía inexistentes en Argentina.

En tal sentido, el massista detalló que se prevé una baja de la alícuota de impuesto a las Ganancias al 15% (artículo 33 del texto); derechos de exportación 0% desde el inicio del proyecto; y que las exportaciones realizadas por el Vehículo de Proyecto Único (VPU) adherido al Súper RIGI se encontrarán totalmente exentas de derechos de exportación (artículo 53).

Asimismo, a través de un posteo en sus redes sociales, el exdirector de Aduanas mencionó la baja de contribuciones patronales. "Las nuevas relaciones laborales que se den de alta en el Súper RIGI tributarán una única alícuota del 10%, correspondiente a las contribuciones patronales. Hoy las contribuciones son del 18% al 20,4% (artículo 56)", precisó.

También, la iniciativa del PEN promueve la estabilidad fiscal y baja de impuestos provinciales y municipales (si las jurisdicciones adhieren). "Las provincias, CABA y los municipios (en cada caso) no aplicarán a las actividades realizadas por los VPU adheridos al Súper RIGI una alícuota superior al 0,50% en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos, no aplicarán el Impuesto de Sellos, no aplicarán regalías ni ningún canon administrativo vigentes o futuros (artículo 112)", agregó.

A continuación, el diputado analizó que "el gasto tributario del Súper RIGI, además de pagarlo las provincias, los municipios y el Tesoro Nacional, lo van a costear los jubilados, por la baja de alícuotas de contribuciones con destino específico al Sistema de Seguridad Social".

"Se mantiene la prórroga de jurisdicción, con lo cual cualquier controversia -a elección del VPU- se resolverá aplicando: el Reglamento de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje; el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (a excepción de las Reglas de Procedimiento Abreviado); o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). EN ARGENTINA, CERO", explicó.

A su vez, señaló que "el fisco argentino se reservó una única herramienta para defender su potestad tributaria: los incentivos tributarios en materia del impuesto a las Ganancias (alícuota del 7% o 3,5% para dividendos de inversores en el exterior u otros beneficios) no producirán efectos en la medida en que su aplicación pudiera generar una transferencia de ingresos fiscales a jurisdicciones extranjeras por aplicación de un impuesto mínimo global que el 2do Pilar del Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 promueven. Hasta que eso no ocurra, el fisco argentino está atado de manos para modificar el marco tributario del Súper RIGI".

"Claramente el Gobierno no quiere aplicar un programa económico, quiere imponer un modelo social. Y lo hace de manera sofisticada. Con leyes, garantías e inmunidades y prerrogativas legales que requerirán de mucha pericia en un futuro gobierno", advirtió.

Los proyectos de ley enviados recientemente por el Gobierno a la Cámara de Diputados fueron girados este miércoles a sus respectivas comisiones, trámite formal a cargo de la Presidencia. Por su parte, los que ingresaron por el Senado todavía aguardan ese trámite formal.

Una de las dos iniciativas que empezarán por la Cámara baja es la que propone el “Súper RIGI”, un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, que busca atraer inversiones de sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país.

La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, inspirado en el RIGI original creado por la Ley Bases.

En Diputados, este proyecto se tratará en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch; Industria, presidida por un aliado del oficialismo, el santacruceño José Luis Garrido; y en Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo la conducción de Martín Yeza, del Pro.

Por su parte, el proyecto sobre régimen integral de “gestión de intereses”, más conocido como “Ley Lobby”, tiene el objetivo de transparentar y registrar las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos en la toma de decisiones.

Esta propuesta tendrá como protagonistas a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.

Hasta este miércoles por la tarde, los dos proyectos que ingresaron por el Senado todavía no tenían giro a comisiones.

En lo que respecta a la “Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar en Línea”, la media sanción de Diputados de noviembre de 2024 fue enviada por entonces a las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado. En la cámara de origen el trámite había sido aún más complejo, con cinco comisiones: Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.

En ese momento, la comisión cabecera en la Cámara alta la encabezaba la peronista Lucía Corpacci, que tras varios reclamos logró realizar reuniones informativas con las otras dos comisiones, pero nunca se dictaminó. Tras la renovación parlamentaria, estas tres comisiones están en manos de La Libertad Avanza, con Ivanna Arrascaeta en Salud; Nadia Márquez en Legislación General; y Gonzalo Guzmán Coraita en Justicia y Asuntos Penales.

De esta manera, el oficialismo manejará los tiempos de debate sobre este tema, en el cual el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo solo ataca el juego online ilegal y es más flexible con la publicidad habilitada para plataformas legales.

En cuanto a la propuesta para derogar la Ley 27.642, de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como de Etiquetado Frontal de Alimentos, el proyecto que había dado origen precisamente a esa norma nació en el Senado, con el consenso sobre iniciativas presentadas por los mendocinos Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos –exsenador-.

Durante 2020, año marcado por la pandemia y el trabajo remoto, el tema se discutió y posteriormente dictaminó en las comisiones de Salud e Industria y Comercio. La de Salud, como se señaló, está en manos de LLA, mientras que la segunda todavía es de las pocas que no está constituida en la Cámara alta.

Con el envío de cuatro iniciativas en simultáneo, el Gobierno puso en marcha una agenda legislativa amplia que combina desregulación, nuevos marcos regulatorios y políticas públicas de alcance transversal. El paquete incluye la creación de un régimen general para transparentar la gestión de intereses -conocido como lobby-; un esquema reforzado de incentivos para inversiones tecnológicas y productivas de gran escala; una ley integral para prevenir la ludopatía y regular el juego online, y la derogación de la norma de etiquetado frontal de alimentos.

Se trata de proyectos con lógicas distintas, pero atravesados por una misma orientación: redefinir el rol del Estado en la regulación económica, la salud pública y el vínculo entre lo público y lo privado.

Derogación de la Ley de Etiquetado Frontal

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (N° 27.642), que estableció el sistema de etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas. La iniciativa se fundamenta en la evaluación de su implementación, que -según el mensaje- evidenció limitaciones técnicas, regulatorias, económicas y de eficacia para cumplir sus objetivos.

Puntos principales del proyecto

1. Derogación total de la ley vigente

• ● Se propone dejar sin efecto íntegramente la Ley 27.642.
• ● La medida entraría en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial.

2. Cuestionamientos al modelo de etiquetado

• ● No existe un sistema único internacional de etiquetado frontal, sino diversos enfoques en revisión permanente.
• ● El modelo adoptado (basado en parámetros de la OPS) presenta problemas al aplicar criterios generales a alimentos muy distintos.
• ● No considera adecuadamente factores como densidad nutricional, porciones o rol del alimento en la dieta.

3. Riesgo de información simplificada o confusa

• ● El esquema puede equiparar alimentos nutricionalmente diferentes, reduciendo la calidad de la información.
• ● Puede inducir interpretaciones erróneas o simplificadas en los consumidores.

4. Problemas técnicos y metodológicos

• ● El sistema de cálculo basado en porcentajes del aporte energético genera resultados inconsistentes en algunos casos.
• ● La lógica binaria de advertencias no refleja mejoras parciales en la composición de los productos.

5. Superposición regulatoria

• ● Ya existe un sistema obligatorio de información nutricional en el Código Alimentario y normas del Mercosur.
• ● La coexistencia con el etiquetado frontal genera redundancias y complejidad regulatoria.

6. Impacto en la actividad económica

• ● Las restricciones en publicidad, envases y promoción afectan actividades comerciales lícitas.
• ● La norma implica costos elevados de implementación, especialmente para pymes.
• ● Podría favorecer la concentración del mercado en empresas más grandes.

7. Falta de flexibilidad normativa

• ● La ley incorpora parámetros técnicos rígidos que dificultan su actualización.
• ● Tiene escasa capacidad de adaptarse a avances científicos o cambios en políticas nutricionales.

8. Problemas de armonización regional

• ● Genera asimetrías dentro del Mercosur y obliga a esquemas de rotulado diferentes para cada mercado.

9. Implementación desigual en el federalismo

• ● Aspectos como entornos escolares dependen de provincias y CABA, con distintos niveles de aplicación.

10. Cambio de enfoque en política alimentaria

• ● Se propone pasar a estrategias más integrales basadas en educación nutricional.
• ● Se busca evitar clasificaciones binarias de alimentos y promover equilibrio y diversidad.

11. Mantenimiento de la información nutricional

• ● No se elimina la obligación de informar composición nutricional en los envases.
• ● Siguen vigentes normas de protección al consumidor y contra la publicidad engañosa.

12. Objetivo final del proyecto

• ● Establecer un sistema más flexible, preciso y adaptable a la evidencia científica.
• ● Compatibilizar salud pública, información al consumidor y desarrollo productivo.

Proyecto integral contra la ludopatía y las apuestas online ilegales

El proyecto establece un marco integral para la prevención, abordaje y tratamiento de la ludopatía, con foco especial en el crecimiento de las apuestas online. La iniciativa surge ante la expansión acelerada de plataformas digitales de juego -particularmente entre menores- y busca combinar medidas de salud pública, regulación del mercado y combate a la oferta ilegal.

Puntos principales del proyecto

1. Enfoque integral de la problemática

• ● Define la ludopatía y el juego problemático como una cuestión de salud pública.
• ● Incluye no solo casos de adicción severa, sino también conductas de riesgo con impactos económicos, sociales y familiares.

2. Crecimiento del juego online y preocupación por menores

• ● Advierte un aumento sostenido del acceso a apuestas, especialmente en entornos digitales.
• ● Cita datos de Sedronar: más de una cuarta parte de estudiantes secundarios apostó dinero en el último año.
• ● Señala la alta exposición de niños y adolescentes como principal foco de riesgo.

3. Prohibición para menores de edad

• ● Se prohíbe el acceso y uso de juegos de azar online por parte de menores.
• ● Se exige a operadores y sistemas implementar mecanismos de verificación de edad.

4. Combate al juego ilegal online

• ● Se apunta a erradicar plataformas no autorizadas.
• ● Se prevén herramientas como:
  • 📌 bloqueo de dominios
  • 📌 restricción de medios de pago
  • 📌 coordinación entre organismos estatales

5. Penalización de actividades ilegales

• ● Se establecen penas de prisión:
  • 📌 de 3 a 6 años para quienes operen juego sin autorización
  • 📌 de 2 a 4 años para quienes faciliten su funcionamiento (finanzas, tecnología, publicidad)

6. Regulación de publicidad y promoción

• ● Prohibición total de publicidad de plataformas ilegales.
• ● Restricciones para la publicidad de operadores legales:
  • 📌 no dirigida a menores
  • 📌 no asociar juego con éxito o solución económica
  • 📌 no vincularlo con alcohol o tabaco

7. Responsabilidad de medios y plataformas

• ● Medios, redes y agencias deben verificar que la publicidad corresponda a operadores autorizados.
• ● Deben cesar de inmediato la difusión de ofertas ilegales.

8. Intervención de organismos del Estado

ENACOM

• ● Debe impedir la difusión de sitios ilegales y su publicidad.

Banco Central

• ● Prohíbe pagos a plataformas no autorizadas.
• ● Impide transferencias desde cuentas de menores hacia apuestas.

CNV

• ● Restringe operaciones con cripto y activos virtuales vinculados a juego ilegal.

NIC Argentina

• ● Puede bloquear o dar de baja dominios denunciados.

9. Políticas de prevención y educación

• ● Campañas de concientización masiva.
• ● Producción de estadísticas e información epidemiológica.
• ● Capacitación en escuelas, organismos públicos y sociedad civil.

10. Rol de Sedronar y Ministerio de Salud

• ● Se consolida a Sedronar como organismo rector.
• ● Debe coordinar políticas de prevención, asistencia e investigación a nivel federal.

11. Coordinación federal

• ● Respeta que las provincias regulan el juego.
• ● Promueve mecanismos de cooperación entre Nación, provincias y CABA.

12. Objetivo general

• ● Fortalecer la capacidad del Estado para prevenir la ludopatía.
• ● Proteger especialmente a menores y grupos vulnerables.
• ● Combatir el juego ilegal y ordenar el ecosistema digital de apuestas.

Super RIGI

El “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias” (“Súper RIGI”) tiene el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos aún no desarrollados en el país. La iniciativa apunta a ofrecer beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, junto con garantías de estabilidad a largo plazo, para posicionar a la Argentina en industrias de frontera como inteligencia artificial, biotecnología o infraestructura digital.

Puntos principales del proyecto

1. Creación de un régimen especial para “nuevas industrias”

• ● Se crea el Súper RIGI como esquema de incentivos para inversiones en actividades económicas inexistentes o incipientes en el país.
• ● Apunta a industrias con impacto transformador en la estructura productiva.

2. Objetivos estratégicos

• ● Atraer grandes inversiones y generar empleo.
• ● Incrementar exportaciones y desarrollo económico.
• ● Insertar al país en cadenas globales de valor.

3. Diferencia con el RIGI vigente

• ● Se presenta como un régimen “superador” y autónomo del RIGI ya aprobado.
• ● Solo alcanza a proyectos genuinamente nuevos, no ampliaciones de actividades existentes.

4. Requisitos de inversión

• ● Monto mínimo: USD 1.000 millones por proyecto.
• ● Debe ejecutarse al menos el 20% dentro de los primeros 2 años.
• ● Se operará a través de “Vehículos de Proyecto Único” (VPU).

5. Incentivos tributarios clave

• ● Impuesto a las Ganancias reducido al 15%.
• ● Dividendos con alícuotas bajas (7% o 3,5% según plazos).
• ● Amortización acelerada de inversiones.
• ● Posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.
• ● Créditos fiscales para IVA.

6. Beneficios aduaneros

• ● Exención de derechos de importación para bienes de inversión.
• ● Exención de derechos de exportación.
• ● Libre importación y exportación sin restricciones económicas.

7. Incentivos laborales

• ● Alícuota única del 10% en contribuciones patronales para nuevos empleos.

8. Régimen cambiario especial

• ● Libre disponibilidad progresiva de divisas por exportaciones (hasta 100% en 3 años).
• ● No obligación de liquidar divisas por inversiones o financiamiento.
• ● Acceso amplio al mercado de cambios para pagos, utilidades y deuda.

9. Estabilidad normativa y garantías

• ● Estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por 30 años.
• ● Protección contra cambios de reglas más gravosos.
• ● Garantía de no confiscatoriedad y libre disponibilidad de producción.

10. Seguridad jurídica reforzada

• ● Posibilidad de arbitraje internacional para resolver conflictos.
• ● Considera las inversiones como protegidas por tratados internacionales.

11. Rol de provincias y municipios

• ● El régimen requiere adhesión de provincias, CABA y municipios.
• ● Las jurisdicciones deben limitar impuestos locales:
  • 📌 tope de Ingresos Brutos (0,5%)
  • 📌 eliminación de sellos
  • 📌 prohibición de nuevos gravámenes

12. Condición federal coordinada

• ● Busca evitar que cargas locales anulen los beneficios nacionales.
• ● Promueve un esquema de cooperación fiscal entre Nación y provincias.

13. Control y sanciones

• ● El cumplimiento es monitoreado por la autoridad de aplicación.
• ● Prevén sanciones por incumplimientos, incluyendo pérdida de beneficios.

Síntesis final

• ● El “Súper RIGI” plantea un régimen excepcional para atraer inversiones de muy gran escala en sectores nuevos.
• ● Ofrece beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios amplios, con fuerte estabilidad jurídica.
• ● Apunta a transformar la matriz productiva, pero exige compromiso coordinado de Nación y provincias.

Ley de Lobby

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para crear un régimen integral de “gestión de intereses”, con el objetivo de transparentar y registrar las interacciones entre actores privados y funcionarios públicos en la toma de decisiones. La iniciativa busca ordenar una actividad considerada legítima -el lobby- mediante reglas de publicidad, trazabilidad e igualdad de acceso, fortaleciendo el control ciudadano y la calidad institucional.

Puntos principales del proyecto

1. Regulación integral del lobby

• ● Define la “gestión de intereses” como cualquier actividad destinada a influir en decisiones públicas.
• ● Establece reglas para su ejercicio en el Poder Ejecutivo y el Congreso.

2. Principio general: transparencia y publicidad

• ● Busca garantizar que todas las interacciones entre privados y funcionarios sean visibles y registrables.
• ● Apunta a evitar privilegios y asimetrías en el acceso a decisiones públicas.

3. Creación del Registro de Gestores de Intereses

• ● Se crea un registro público, gratuito y digital.
• ● Toda persona o empresa que quiera hacer lobby deberá estar previamente inscripta.
• ● Sin inscripción no se podrán mantener contactos con funcionarios.

4. Información obligatoria de los lobistas

• ● Deben declarar:
  • 📌 identidad
  • 📌 clientes o representados
  • 📌 beneficiarios finales
  • 📌 temas sobre los que actúan
• ● Deben reportar actividades en informes trimestrales.

5. Registro de contactos con funcionarios

• ● Se crean registros públicos donde se documentarán todas las reuniones o contactos.
• ● Deben incluir:
  • 📌 fecha, lugar y participantes
  • 📌 tema tratado
  • 📌 intereses representados

6. Obligaciones de los funcionarios

• ● Funcionarios, legisladores y asesores deben registrar todo contacto vinculados a lobby.
• ● Incluye reuniones formales, informales o espontáneas.

7. Plazos de registración y acceso público

• ● Los contactos deben cargarse dentro de los 5 días hábiles.
• ● La información será pública y accesible online.

8. Regulación de intereses extranjeros

• ● Obliga a declarar cuando el lobby se realiza en nombre de gobiernos o actores extranjeros.
• ● Prevén controles adicionales por razones de seguridad o interés público.

9. Actividades excluidas

• ● No se consideran lobby:
  • 📌 actividades académicas o periodísticas
  • 📌 audiencias públicas regladas
  • 📌 el derecho individual de peticionar

10. Incompatibilidades y “puerta giratoria”

• ● Funcionarios no pueden actuar como lobistas.
• ● Exfuncionarios tienen una prohibición de 2 años para hacer lobby en áreas donde actuaron.

11. Autoridad de aplicación y control

• ● Se designan organismos en el Ejecutivo y el Congreso para administrar registros y fiscalizar.
• ● Tienen facultades para investigar, requerir información y sancionar.

12. Régimen de sanciones administrativas

• ● Incluye:
  • 📌 apercibimientos
  • 📌 multas (hasta 500 salarios mínimos)
  • 📌 suspensión o inhabilitación como lobista

13. Sanciones penales

• ● Se crean delitos específicos:
  • 📌 lobby sin registro (pena de prisión)
  • 📌 ocultamiento o falsedad de información
  • 📌 lobby extranjero clandestino

14. Responsabilidad de funcionarios

• ● El incumplimiento de registro por parte de funcionarios se considera falta grave o mal desempeño.

Síntesis final

• ● El proyecto institucionaliza y regula el lobby, sin prohibirlo.
• ● Introduce un sistema obligatorio de registro de actores y reuniones.
• ● Refuerza transparencia, control público y trazabilidad de las decisiones.
• ● Apunta a reducir la opacidad y ordenar la influencia privada sobre el Estado.

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como “Súper RIGI”, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en sectores que hoy no tienen desarrollo o se encuentran en fase experimental en la Argentina.

La iniciativa, formalizada mediante el mensaje N° 181/2026 y enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apunta a crear “un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa” destinado a captar capitales para industrias estratégicas.

Según fundamentó el Ejecutivo, el proyecto busca revertir un escenario caracterizado por “décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva, restricciones cambiarias y un marco regulatorio que desincentivó sistemáticamente la radicación de grandes inversiones”.  En ese sentido, advierte que esa situación dejó al país “al margen de las cadenas globales de valor en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital”.

La propuesta se presenta como una evolución del actual RIGI aprobado con la Ley 27.742, aunque con un alcance más acotado: estará dirigido exclusivamente a “actividades económicas genuinamente nuevas en el país, con un impacto transformador en la estructura productiva nacional”.

El texto establece que podrán acceder al régimen proyectos con una inversión mínima de 1.000 millones de dólares, con la obligación de ejecutar al menos el 20% en los primeros dos años. Además, las iniciativas deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados exclusivamente para cada emprendimiento.

Entre los principales beneficios contempla una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos luego de cuatro años.  También prevé exenciones de derechos de importación y exportación, junto con un esquema de certificados de crédito fiscal para el IVA.

En materia cambiaria, el régimen habilita la libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones y elimina la obligación de liquidar dólares vinculados a financiamiento o aportes de capital.  A esto se suma una estabilidad normativa —tributaria, aduanera, previsional y cambiaria— por un plazo de 30 años desde la adhesión.

El proyecto también contempla incentivos laborales, como una alícuota única del 10% en contribuciones patronales para nuevos empleos generados por los proyectos.

Otro punto central del esquema es la exigencia de adhesión por parte de provincias, la Ciudad de Buenos Aires y, eventualmente, municipios. El Gobierno plantea que el éxito del régimen depende de un compromiso coordinado de todas las jurisdicciones para garantizar “condiciones tributarias razonables, estabilidad regulatoria y estándares de desarrollo acordes a las mejores prácticas internacionales”.

En su mensaje al Congreso, el Ejecutivo subrayó que el país necesita “emitir una señal institucional inequívoca hacia los inversores” y sostuvo que la iniciativa busca posicionar a la Argentina “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”.

Asimismo, defendió el enfoque promercado del proyecto al señalar que “su lógica no es la de favorecer al capital en abstracto, sino la de vincular los incentivos que se otorgan con resultados tangibles para las comunidades donde los proyectos se radican: empleo genuino y sostenido, transferencia de tecnología y desarrollo de cadenas productivas locales”.

El “Súper RIGI” forma parte del paquete de iniciativas anunciado el viernes pasado (cuatro, junto con la ley de lobby, Etiquetado Frontal y ludopatía) y quedará ahora bajo análisis de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una de las principales apuestas económicas de su agenda legislativa, con el objetivo de atraer inversiones en sectores considerados clave para el desarrollo de largo plazo.

Después de semanas intensas por la situación del exvocero presidencial, el Gobierno nacional busca consolidar el dominio de la agenda parlamentaria con el anuncio de nuevos proyectos de ley. Se prevé que ingresen este viernes a última hora, los proyectos de  Ley de Ludopatía, el Súper RIGI, Lobby y la modificación a Etiquetado Frontal.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentó el anuncio a través de su cuenta de X. Cabe recordar que aún están pendientes de aprobación en el Senado Hojarasca y modificaciones a Régimen de Zona Fría -con media sanción de Diputados-; las reformas a Ley de Salud Mental y Discapacidad, en informativas; y la Reforma Electoral, aún trabada, sin consensos y con apenas una reunión de comisión hasta el momento.

Fuentes del oficialismo confirmaron a parlamentario.com que los textos sobre Ludopatía y Etiquetado Frontal van a ingresar por la Cámara de Senadores; mientras que Lobby y Súper RIGI lo harán por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados.

En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley:

- Ley de Ludopatía
- Super RIGI
- Ley de Lobby
- Etiquetado Frontal

Dios bendiga a la República Argentina.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

En relación al primer texto, continúa con estado parlamentario el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regularización de los juegos de azar y apuestas en línea impulsado por Mónica Frade de la Coalición Cívica. El texto cuenta con media sanción desde el 27 de noviembre del 2024, pero se caerá si no es tratado antes del 30 de noviembre.

Los legisladores de la Coalición Cívica han criticado a las autoridades del Senado en más de una oportunidad por no haber activado el debate en la cámara revisora. Apenas ingresó, fue girado a las comisiones de Salud, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

Minutos después del anuncio, el propio Adorni adelantó que el nuevo texto es "para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad".

Con relación al Etiquetado Frontal, trascendió desde los pasillos de Casa Rosada que la idea del Gobierno nacional es la derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable sancionada en 2021. Posteriormente, en la misma redacción, adaptar un reglamento técnico regional unificado para armonizar el etiquetado nutricional frontal entre los países del Mercosur.

En ese sentido, el jefe de Gabinete adelantó que se va a derogar la ley actual, suprimir los octógonos, eliminar las restricciones al uso de personajes infantiles y avanzar hacia un sistema de información nutricional más preciso, adaptable y técnicamente consistente.

Sobre la regulación de gestión de intereses en la administración pública, actividad conocida como "lobby", el Poder Ejecutivo enviará una redacción similar a las que enviaron en los últimos dos años Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer.

El principal objeto del texto será la fijación de los principios, las bases y las reglas para garantizar la publicidad y transparencia de la gestión de intereses desarrollada en el ámbito de la Administración Pública.

Según el jefe de Gabinete, este proyecto busca "ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quién".

Estos son los cambios que introducirá, de ser sancionado, el nuevo paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación:

- Ley de Ludopatía, para combatir a las plataformas ilegales de apuestas online en pos de reforzar la protección de los menores de edad.

- Súper RIGI, para…

— Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

Finalmente, el "Súper RIGI", anunciado por Javier Milei mientras viajaba a los Estados Unidos, tratará sobre un régimen aún más flexible y agresivo en incentivos, orientado a sectores que hoy no existen en la matriz productiva argentina, como nuevas industrias tecnológicas, energías de frontera o actividades vinculadas a la economía del conocimiento más avanzada.

En ese sentido, el anuncio apunta a ampliar el alcance del RIGI original y profundizar su lógica: menos impuestos, más estabilidad y mayor libertad para el capital, a cambio de inversión, empleo y crecimiento.

"Incentivar proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas en el país", fue la introducción que dio el Gobierno nacional a través del nuevo tuit de Adorni.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el "Súper RIGI", anunciado por el presidente Javier Milei, "englobará todos esos sectores que hoy no existen en Argentina".

Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada este viernes, el funcionario mencionó que "Argentina fue en las últimas décadas un país que incurrió en un exceso de gasto que derivó siempre en un enorme déficit fiscal", lo que produjo "una economía cada vez menos competitiva e ineficiente".

"Nuestra tarea fue poner la casa en orden", expresó y habló del objetivo planteado sobre "atraer inversiones". En tal sentido, apuntó que el RIGI creado mediante la Ley Bases dio "garantía institucional y mejores condiciones impositivas".

Sobre los resultados del mismo, Caputo subrayó que "en las próximas semanas vamos a estar llegando a pedidos de inversión, a través de este régimen, que se van a acercar a los 140 mil millones de dólares".

Luego, reveló que Daniel Cristian, secretario de Coordinación de Energía y Minería, le acercó la propuesta del "Súper RIGI" que "implique más beneficios impositivos para lograr la industrialización de nuestros recursos". "Englobará todos esos sectores que hoy no existen en Argentina", manifestó y mencionó el refinamiento y laminado de cobre, las baterías de litio, las fábricas de autos eléctricos, la producción de paneles solares y turbinas eólicas, entre otros.

"Es un esquema que no apunta al corto plazo, se van a beneficiar todos los gobiernos", valoró y aseguró que "va a generar una gran cantidad de empleo".

En otro tramo explicó que no estará apuntado solo a minería e hidrocarburos, como el RIGI original, sino "al agro, pesca, forestación".

"Muchas de estas industrias tienen márgenes muy bajos y nosotros competimos contra países que nos llevan muchas décadas de ventajas en términos de lo que es instituciones y composición impositiva", dijo.

Al brindar algunos detalles, el titular de la cartera económica puntualizó: "El RIGI original tenía una tasa de impuesto a las Ganancias del 25%, este va a tener una tasa del 15%. El proceso de amortización es más acelerada en el Súper RIGI: 60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero".

También habló de "0 de aranceles de exportación" y que las provincias que adhieran no podrán cobrar "Ingresos Brutos del más de 0,5%" ni tasas municipales.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mencionó que será "un nuevo régimen de inversión con mayores ventajas que el RIGI original y que se aplicará a sectores que nunca han existido en la República Argentina".

"Hasta el momento se aprobaron 13 proyectos que generarán trabajo e inversiones por un total de 28 mil millones de dólares", precisó sobre el actual RIGI, con proyectos que "beneficiarán a las provincias de Mendoza, Río Negro, Salta, Catamarca, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires".

Se estima que el actual RIGI "producirá inversiones en la economía anual por más de 94.900 millones de dólares". "Muy pronto se sumará un proyecto de Chevron en Vaca Muerta por otros 10 mil millones de dólares", reveló y agregó: "Estamos seguros que este nuevo régimen traerá otra avalancha de inversiones".

En momentos en que necesita recuperar la centralidad para su gobierno, el presidente Javier Milei publicó este jueves un posteo en la red social X destinado a generar fuere impacto. “ANUNCIO EN PUERTA”, proclamó con mayúsculas.

Y continuó: “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”.

El anuncio, formulado con referencias bélicas y consignas habituales del mandatario, busca relanzar la agenda económica del Gobierno y recuperar centralidad política. Dicho sea de paso, el B2 Spirit es un bombardero estratégico furtivo (stealth) de origen estadounidense, considerado uno de los aviones militares más avanzados y costosos del mundo.

El Presidente anunció que “estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

“De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, resaltó el mandatario camino a Buenos Aires, procedente de los Estados Unidos.

El Presidente concluyó con el ya clásico y trumpista “MAGA” (Make Argentina Great Again), más el más habitual “VLLC!” (Viva la libertad carajo).

Qué es el RIGI

El RIGI es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un esquema creado por el Gobierno argentino en 2024 para atraer proyectos de inversión de gran escala, especialmente de largo plazo y alto impacto productivo, mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

El objetivo central del RIGI es dar previsibilidad y reglas estables a inversiones que requieren muchos años para madurar, en un país con antecedentes de cambios frecuentes en impuestos, regulaciones y acceso a divisas. El régimen está pensado para grandes proyectos, con un umbral mínimo de inversión elevado (del orden de los 200 millones de dólares, según la ley aprobada), tanto de capital nacional como extranjero.

Los sectores incluidos en el RIGI original son principalmente:

• ● Energía (especialmente petróleo, gas y energías renovables).
• ● Minería.
• ● Industria forestal.
• ● Infraestructura.
• ● Industria manufacturera orientada a la exportación.

¿Qué sería un “Súper RIGI”?

Cuando Javier Milei habla de un “Súper RIGI”, sugiere un régimen aún más flexible y agresivo en incentivos, orientado a sectores que hoy no existen en la matriz productiva argentina, como nuevas industrias tecnológicas, energías de frontera o actividades vinculadas a la economía del conocimiento más avanzada.

En ese sentido, el anuncio apunta a ampliar el alcance del RIGI original y profundizar su lógica: menos impuestos, más estabilidad y mayor libertad para el capital, a cambio de inversión, empleo y crecimiento.