Mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal, resurgen tensiones clásicas como la puja dólar-tasa y los dilemas de la microeconomía. Entre internas políticas, señales contradictorias y desafíos sociales, la gestión de Milei navega un escenario complejo con más preguntas que certezas.
Después de mucho tiempo volvimos a hablar de algo que, se suponía, era cosa del pasado, ahora que tenemos superávit fiscal: el clásico dólar vs. tasas. Las segundas suben para que nos olvidemos que existe el primero. ¿Y cuándo suben las dos al mismo tiempo? ¡Qué lío! Más de un ministro de Economía se fue cuando no le encontraba la vuelta al intríngulis. ¿Por eso esta semana el presidente se sacó una foto con “el Coloso”? El retrato tuvo un detalle que pasó de largo: un libro microeconomía entre ambos, como si el Javo estuviese tomando nota de una materia que parece no importarle. Muy curioso porque cuando recibió a la Mesa de Enlace le dijo a la presidenta de la Federación Agraria Argentina que la microeconomía “no es mi modelo” (gracias a María Herminia Grande por señalar este detalle en su columna semanal).
Lo cierto es que -mientras todo eso sucedía y la semana cerraba con el dólar más cerca del techo de la banda que del piso- el Gobierno festejaba un nuevo superávit fiscal, cumpliendo cómodamente la meta a esta altura del año. Un par de detalles para destacar: 1) las AUH estuvieron por encima de la inflación, de modo de poder calmar las demandas de la base social, y 2) subieron las transferencias corrientes a las provincias de modo de desactivar un poco el conflicto con los gobernadores (parece que no lo logran). Así, el Ministerio de Economía trata de responder a las críticas que se la hacen respecto al costo social del ajuste.
Al lado positivo se debe agregar el incremento del superávit del comercio exterior (veremos qué pasa en el segundo semestre con menos oxígeno desde el campo) y alguna compra de divisas por parte del tesoro. Por la faceta negativa hay que anotar: 1) junio fue récord de pasajeros al exterior; 2) Vaca Muerta está lenta: hay operadoras y empresas de servicio que están haciendo retención de tareas; hay despidos y gente que está parada sin tareas porque la actividad bajó mucho; y 3) crece la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos de corto plazo. Una de cal y otra de arena. Como la vida misma.
El Gobierno se concentró esta semana en el cierre de listas en provincia de Buenos Aires, después de haber exigido la rendición incondicional de Pro. Hace 3 meses, en la columna “Liberación o dependencia” afirmamos que el tan mentado “triángulo de hierro” ya no era tal, sino una vara con dos polos fuertes, separados del tercer elemento. La definición de candidaturas va camino de mostrar plenamente dicha sentencia. El joven maravilla viene profesando no complicar la vida a los gobernadores dialoguistas, evitando confrontaciones que podrían aguar el TMAP en la segunda parte del mandato. Eso significaba no presentar listas de LLA en las provincias donde había elección adelantada. Como se vio, “Madame Robespierre” se está imponiendo claramente en ese debate estratégico. El mismo delata una sustantiva diferencia conceptual.
Para armar una tortilla hay que romper algunos huevos. Pues, si se quiere tener partido nacional con presencia territorial -porque nadie puede asegurar que el fenómeno 2023 se repita sistemáticamente vía redes- hay que tener militancia local propia. Si no, se depende de los socios, que en política son siempre circunstanciales. Porque ¿quién hace campaña local y quién fiscaliza? La tropa además quiere crecer y ganar poder, si no, se va a buscar el botín a otra parte. Ergo, debe poder competir por cosas “insignificantes” como concejos deliberantes y legislaturas provinciales, siempre y cuando uno quiera que el proyecto sea una “realidad efectiva” (diría la Marcha Peronista). Además, porque hace falta que los socios sientan una eventual amenaza. Eso es realpolitik. El resto son fantasías digitales.
Claro, depende con el grado de brutalidad con que se haga la tarea. A veces hace falta motosierra y a veces bisturí con anestesia. El desapego de ciertos intendentes amarillos de la supremacía violeta, ¿es veleidad, tironeo clásico de poder y/o mirada fina? Obsérvese que los “autonomistas” son casi todos del interior bonaerense, en donde existe un creciente público de sectores medios que preferiría mandarle un mensaje de advertencia al león libertario, sin ubicarse en una posición de obstáculo acérrimo (kirchnerismo). Ahí pueden pescar Manes y Talerico en octubre (¿o el 7 de septiembre también?). Los jefes comunales, muchas veces, son quienes mejor tienen el pulso de la calle. Cuando el río suena… El problema se presenta si la vorágine “Boca – River” de la política argentina, fomentada por los dos grandes clubes, se puede llevar puesto al mejor intencionado que quiso defender su ciudadela. ¿Será una elección de abajo para arriba? Dudoso. El peronismo, por su lado, está curando heridas graves con curitas. Si pierde, los apósitos volarán por el aire.
Ultimo acto del vodevil argentino: “Pobre jamoncito” vs. “Bichacruel”. Más allá de las declaraciones hirientes de la vicepresidenta, su mayor arma es el voto de desempate en el Senado, el cual ejerció a favor del Gobierno para que se apruebe la Ley Bases. No tiene diputados, ni senadores, ni funcionarios, y solo posee un partido en formación. ¿Por qué tanta inquina? 1) A alguien hay que culpar de la “Cancha Rayada” que fue la sesión de la Cámara alta del jueves 10 de julio; pero 2) las actitudes de Villarruel de identificarse con sectores golpeados -los jubilados- y marcar su personalidad diferenciada de su compañero de fórmula, la están ayudando en la opinión pública para renacer de las cenizas cual Ave Fénix. Esto lo hemos podido comprobar en diversos segmentos electorales esta semana pasada en grupos focales. Entonces, ¿le están teniendo miedo? ¿Empezaron a tomar conciencia del desgaste que viene sufriendo el Gobierno desde el discurso de Davos para acá?
Las vacaciones de invierno no solo deberán atravesar el frío de estación, sino también la baja temperatura de los bolsillos. Un sabiondo muy lúcido de la política argentina, ya retirado, le aconseja al Gobierno: “El 27 de octubre tiene que reemplazar la motosierra por la hormigonera”.
Argumentando que la Ley de Movilidad Previsional conspira contra el equilibrio fiscal, el presidente reaccionó enfáticamente contra el Congreso. Desde IDESA sostienen que con la cabeza más fría, Milei se daría cuenta que la ley, al consolidar la licuación de las jubilaciones sufrida desde el 2017, es una oportunidad inédita para darle sostenibilidad al superávit fiscal.
La ley fue aprobada por dos tercios en ambas cámaras.
En marzo del 2024 el Gobierno modificó, mediante el decreto de necesidad de urgencia (DNU) 274/24, la fórmula de movilidad previsional. Se estipuló que a partir de abril los haberes previsionales se ajustarán mensualmente según la tasa de inflación de 2 meses atrás. Esto significa que las jubilaciones no recuperarán más la perdida en términos reales sufridas desde el 2017 hasta el 2023 que fue del orden del 35%. Además, para el mes de enero 2024, el DNU fijó un ajuste de 12,5% cuando la inflación de ese mes fue de 20,6%.
El Congreso –con votos de la oposición y de los aliados al Gobierno– sancionó una ley respetando la nueva fórmula de movilidad de la administración Milei, pero estipulando que todas las jubilaciones deben ajustarse en el faltante para llegar al 20,6% de enero, esto es, un 7,2%. Además, estableció que el haber mínimo tendrá una garantía equivalente a la Canasta Básica Total (CBT) adulto equivalente y que una vez al año las jubilaciones se ajustarán por el 50% de lo que haya crecido el salario real, si creció. El presidente Javier Milei se enojó y dijo que vetará esta ley porque atenta contra el equilibrio fiscal.
¿La ley atenta contra el equilibrio fiscal? En base a datos de la Secretaría de Seguridad Social, IDESA realiza las siguientes estimaciones:
El aumento del 7,2% de todas las jubilaciones implica un aumento del gasto previsional del orden del 0,32% del PBI.
La garantía de la Canasta Básica Total implica un aumento de aproximadamente 0,08% del PBI.
El Gobierno está otorgando discrecionalmente un bono de $70.000 a los que reciben los haberes más bajos que representa un gasto de aproximadamente 0,7% del PBI.
Estos datos muestran que la aplicación de la ley sancionada en el Congreso representa un aumento de gasto previsional de alrededor de 0,4% del PBI. En paralelo el gobierno viene pagando discrecionalmente el bono con un costo de aproximadamente 0,7% del PBI. Esto implica que, rediseñando el bono, se puede compensar los aumentos que fija la ley. Es decir, es posible aplicar la ley sin causar un impacto desequilibrante en las cuentas públicas.
El haber mínimo actual es de $225 mil y el bono es de $70 mil totalizando $295 mil. El bono se otorga de manera indiscriminada a todos los jubilados y pensionados, contributivos y no contributivos, que cobran menos de $295 mil. Hay muchos jubilados y pensionados que reciben el bono teniendo otras fuentes de ingresos, sean previsionales, laborales, familiares o provenientes de rentas de activos. Estos jubilados y pensionados no viven solo de la jubilación o pensión mínima. Esto da la oportunidad de ahorrar recursos aumentando la equidad. Para esto, hay que focalizar el bono en aquellos beneficiarios adultos mayores que tienen como única fuente de ingreso el haber previsional y dejar de pagarlo a los beneficiarios que no se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En el corto plazo, con una adecuada instrumentación, la ley puede ser neutral para las cuentas públicas. Lo más importante es que en el largo plazo la ley tiene impactos muy positivos en favor de la sostenibilidad del equilibrio fiscal. En primer lugar, porque la fórmula convalidada por ley es más robusta jurídicamente que la precariedad que subyace en un DNU. En segundo lugar, porque se convalida la licuación de gasto previsional que se produjo entre los años 2017 y 2023. Es una baja estructural de más de un tercio en el gasto previsional que contribuye decisivamente al ordenamiento de las cuentas públicas.
IDESA considera muy meritorio que el Gobierno haya adoptado como meta no negociable el equilibrio fiscal. También que se imponga al Congreso la regla de que los proyectos deben contemplar su financiamiento. Este énfasis probablemente explique la inmediata y enfática reacción negativa del presidente contra la ley del Congreso. Sin embargo, con una evaluación más objetiva aparecen sólidas evidencias respecto a la conveniencia de promulgar la ley. No solo porque en el corto plazo se puede evitar el aumento del gasto público con una correcta instrumentación, sino también porque para el largo plazo permite salir de la precariedad jurídica del DNU y consolidar una baja estructural del gasto previsional. Según el estudio de IDESA, es un paso imprescindible para cumplir con las metas previstas en el Acta de Mayo de reducir el gasto público total al 25% del PBI y garantizar un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo.