Tras garantizar el no tratamiento del tema este jueves, el jefe de los diputados de JxC advirtió que “si el Gobierno prefiere el camino de la confrontación institucional va a chocar de frente”
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, descartó el tratamiento del proyecto de emergencia Covid por cuanto el oficialismo debería contar con los 2/3 para habilitar el debate. “La ley de superpoderes no está en el plan de labor de la sesión de hoy, pese a que tuvo esta mañana dictamen de mayoría del oficialismo. Esa mayoría de firmas en el despacho no expresa una mayoría en el recinto”, explicó Mario Negri minutos antes del inicio de la sesión de la Cámara de Diputados.
El diputado cordobés explicó que “si el kirchnerismo quisiera incorporar este proyecto a la sesión precisa una mayoría agravada de tres cuartos, lo cual se le torna imposible ya que JxC rechaza esta iniciativa”.
Para el diputado radical, “el Gobierno está equivocado, persiste en un camino de confrontación institucional y va a chocar de frente. Este es un proyecto que es el resultado del fallo de la Corte Suprema, le están respondiendo al Máximo Tribunal. La Constitución prohíbe delegar facultades y además, el Congreso no podría, aunque quisiera, delegar facultades propias de las Provincias. El fallo de la Corte le recordó esto al Gobierno, sería inconstitucional la ley si finalmente se aprueba”.
“El Gobierno nacional debería buscar un acuerdo federal, no pedir más facultades. El Gobierno tiene la emergencia sanitaria desde diciembre de 2019 y sacó un centenar de decretos de necesidad y urgencia y de delegación legislativa. Debe escuchar más, debe abrirse más frente al enorme problema que estamos atravesando. Estamos llegando a 85.000 muertos y 4 millones de contagiados”, sostuvo Negri, que concluyó diciendo que “si elige el camino de la confrontación lo que obtendrá es un semillero de planteos de inconstitucionalidad, cuando la Corte Suprema ya dijo de qué manera debe actuar”.
Así lo expresó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez en relación al proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso.
El abogado y doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez reflexionó sobre el proyecto de ley de delegación de facultades especiales al presidente Alberto Fernández para administrar la pandemia del coronavirus en base a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios que el Ejecutivo envió al Senado este lunes. El experto aseguró que la iniciativa “no otorga al presidente ninguna clase de ‘superpoderes'”.
“El proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo no otorga al presidente ninguna clase de ‘superpoderes’ ni viola el art. 29 de la Constitución argentina“, publicó Domínguez en su cuenta de Twitter. Se refiere al artículo que prohíbe la concesión al Ejecutivo nacional de facultades extraordinarias o la suma del poder público.
A modo de ejemplo, el abogado apeló a las bases y el mecanismo de delegación del proyecto de las leyes 25.344 (2000-De la Rúa) y 25.561 (2002-Duhalde). Ambas, leyes de emergencia. Por un lado, la Ley de Emergencia Económica y Financiera y, por el otro, la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.
“El mecanismo de delegación previsto solo habilita al presidente a tomar en situaciones de alto riesgo o de alarma medidas restrictivas adicionales a las previstas por la ley, siempre y cuando, cumpla con ciertos requisitos”, argumentó Domínguez.
El doctor en Derecho explicó esos requisitos: “El primero es que debe realizar una consulta previa con el Jefe de Gobierno y los gobernadores según corresponda. El segundo es que la medida sea proporcionada. El tercero es que intervenga la autoridad sanitaria nacional fundamentando la razonabilidad de la medida. El cuarto es que la medida dure solo 21 días corridos“.
Agregó que “también se faculta al presidente a morigerar las restricciones legales en atención a la evolución del riesgo epidemiológico y sanitario en situaciones de alto riesgo o de alarma”.
Para el constitucionalista, “el proyecto cumple con las exigencias argumentales establecidas recientemente por la CSJN en el caso “GCBA” en términos de respecto por la autonomía, concertación federal concurrente, proporcionalidad y premisas científicas”.
El legislador del GEN Sergio Abrevaya repudió el pedido del presidente, Alberto Fernández, y aseguró que “ahora pide superpoderes para repetir la mala experiencia” en el manejo de la crisis sanitaria, económica y social producida por el Covid 19.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, enviara al Congreso un proyecto para que le deleguen facultades especiales para administrar la pandemia del coronavirus en base a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, el diputado del GEN Sergio Abrevaya criticó con dureza la iniciativa y advirtió que “pide superpoderes para repetir la mala experiencia”.
En ese sentido, el legislador manifestó que “es una locura darle al Ejecutivo Nacional superpoderes inconstitucionales. Las provincias ya saben manejarse con el virus más que la Nación y son las que tienen herramientas para decidir ejecutar políticas en salud, educación, aperturas y cierres de comercios o circulación” y remarcó que “en 14 meses de pandemia el Ejecutivo demostró que tiene menos razones para intervenir, es bastante ineficiente y prolonga cuarentenas inexplicablemente”.
Asimismo indicó que “los picos de casos del virus mostraron que las políticas que intenta tomar Alberto Fernández son equivocadas, como sucedió con la presencialidad en CABA, que no colapsó y hoy registra baja de contagios. Mejor que se ocupe de comprar vacunas que no hay siquiera segundas dosis para ya vacunados”.
“El Gobierno fundió y enloqueció a medio país con la cuarentena más larga del mundo, fracasó en la compra de vacunas, defendió a sus vacunados VIP, llegando a la misma cantidad de muertos que quiso evitar. Ahora pide superpoderes para repetir la mala experiencia”, sentenció Abrevaya.
Representantes de la principal oposición se mostraron renuentes a votar más facultades para el presidente, quien contestó desde Europa.
Ante la llegada del proyecto oficial que brindará facultades especiales al Congreso en tiempos de pandemia, desde la oposición se han puesto en guardia.
El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, adelantó en ese sentido que “no vamos a votar superpoderes para el presidente”. El legislador cordobés remarcó que “desde que asumió gobierna con leyes de emergencia, facultades delegadas y a puro DNU. Los resultados están a la vista: pésima gestión de la pandemia y de la economía”.
“La emergencia no está por encima de la Constitución Nacional, concluyó el legislador cordobés.
Consultado por Infobae respecto del rechazo anticipado desde la oposición, el presidente Alberto Fernández respondió desde Europa: “Antes de oponerse, que primero lean la ley”.
La de Negri no fue la única voz opositora que adelantó su rechazo a más poderes para el presidente. “La estrategia sanitaria del Gobierno falló a pesar de tener el poder necesario. No le vamos a otorgar más poder a Alberto Fernández. Lo que sí necesita es una gestión clara consiguiendo las vacunas para todos los argentinos”, expresó el también radical Alfredo Cornejo.
Otro diputado mendocino, Luis Petri, advirtió que “todo lo que suponga superpoderes o delegación de facultades no lo vamos a votar. Lo que el Gobierno no obtuvo en la Corte para avanzar contra el federalismo no debería lograrlo en el Congreso. La Corte fijo los límites del Gobierno y las facultades que retienen las provincias”.
Agregó Petri que “desde el DNU 297 que dispuso el ASPO, el Gobierno dictó 22 DNU sin acudir al Congreso, órgano natural para la reglamentación de los derechos. Ahora frente a provincias y CABA que se oponen al cierre de escuelas, busca en el Congreso el cheque en blanco que lo habilite a imponerlo”, y concluyó: “Un presidente desapoderado en un Gobierno con Superpoderes. Un presidente que no preside en Gobierno que declaró la emergencia cuando asumió, restableció los superpoderes, gobernó por decreto toda la pandemia y hoy se acuerda del Congreso por los límites que le impuso la Corte”.
El diputado del Pro dialogó con parlamentario.com sobre el anuncio hecho por Alberto Fernández respecto de un proyecto de ley para tener más facultades a la hora de tomar medidas en pandemia.
Hombre de consulta adecuado a la hora de analizar desde el Congreso la constitucionalidad de las leyes, el diputado nacional Pablo Tonelli fue entrevistado por este medio para analizar el anuncio de Alberto Fernández respecto del envío de un proyecto de ley para contar con más facultades en el marco de esta crisis sanitaria.
– ¿Qué opina respecto del proyecto de ley que va a mandar el presidente para tener facultades especiales en esta emergencia y qué posibilidades le ve de prosperar en el Congreso?
– Mucho no puedo decir, porque no dio detalles el presidente. Tal vez esté pensando en algo como las facultades esas que le concedimos en diciembre de 2019… Pero esta vez va a ser más difícil, porque no es lo mismo otorgarle facultades especiales a un presidente que está iniciando su mandato, que a un presidente que va por la mitad del mandato y que ha demostrado reiteradamente una ineficacia mayúscula… Y encima, una discriminación muy evidente en perjuicio de la Ciudad de Buenos Aires. De modo que las posibilidades de que, nosotros al menos, votemos favorablemente una ley de superpoderes son mucho menores.
– ¿Habilitaría por ejemplo al presidente a cosas del tipo de corregir lo que dice la Ley de Vacunas y que habría obturado el acuerdo con Pfizer, como se ha dicho?
– No veo modo de que esa ley lo faculte al presidente a corregir la Ley de Vacunas… En todo caso la Ley de Vacunas la podríamos corregir nosotros directamente en el Congreso. Nosotros se lo hemos ofrecido al Gobierno hace ya un mes y medio, o dos.
– Si el proyecto, que todavía no conocemos, concede facultades especiales al presidente y a los gobernadores, ¿no puede resultar que lo que el presidente decida vaya a ser revertido por un gobernador?
– No, no veo posible que los gobernadores reviertan o modifiquen algo resuelto por el presidente. Pero todo esto es muy teórico, tenemos que esperar el proyecto de ley, hay que conocer la redacción de ese proyecto, y ahí vendrá la oportunidad de opinar de manera certera y apropiada.
Así se refirió a la facultad que se le otorgó por decreto para reasignar partidas de forma discrecional. Reveló cuáles fueron algunos de los destinos de esos fondos.
Al encabezar su primera sesión informativa ante el Senado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió la facultad que se le otorgó en el DNU 457/20 para reasignar partidas presupuestarias a discreción en el marco de la pandemia del Covid-19.
“Estamos asignando los recursos necesarios para que nuestra gente no muera”, afirmó Cafiero ante las críticas de la oposición, y aclaró que se trata de “una situación extraordinaria, con medidas extraordinarias, en momentos de una pandemia”.
Además, precisó cuál fue el destino de esos fondos: “La asignación de recursos fue en 9.000 millones de pesos para los medicamentos del PAMI; para la creación del FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) y subsidiar los créditos a tasa cero en 800 millones de pesos; y para financiar los proyectos de investigación del CONICET que dieron como resultado los tres tests rápidos de detección”.
También explicó que se reasignaron recursos que estaban destinados a gastos reservados de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia).
“A veces esto suena a arbitrariedades, pero tengamos en cuenta cuáles son los resultados y adónde fueron a parar esos recursos”, aseveró Cafiero.
Con mayoría, el oficialismo en la Cámara alta aprobó el decreto que la semana pasada, sin éxito, la oposición trató de rechazar en Diputados. Fue por 42 votos positivos y ninguno en contra.
Por Melisa Jofré
Con mayoría en el Senado, el Frente de Todos avaló el Decreto de Necesidad y Urgencia 457/2020, por el cual se facultó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto -en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19- sin control parlamentario.
Luego que el grueso de la oposición -el interbloque Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal- abandonaran la sesión de este jueves, el oficialismo aprobó el decreto con el acompañamiento de la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. La votación resultó así con 42 votos a favor y ninguno en contra.
De esta manera, con el aval de una de las dos cámaras del Congreso, el decreto que la semana pasada la oposición intentó, sin éxito, rechazar en Diputados, quedó ratificado.
En contra de la medida, el jefe del Interbloque Federal, Juan Carlos Romero, aseguró que es “poco serio para el país” porque “vamos en un ida y vuelta” con la Ley de Administración Financiera que, durante el menemismo, “le devolvió al Congreso las facultades de modificar el Presupuesto”.
“En 2006 el gobierno de Néstor Kirchner le da todas las facultades de modificación, lo que llamamos ‘superpoderes’, al jefe de Gabinete de Ministros, que obviamente es parte del Poder Ejecutivo”, recordó y señaló que en 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, se volvió a “poner limitaciones, estableciendo un límite de 7,5% para 2017 y 5% para 2018”.
Por eso, el legislador enfatizó que “hoy, con este DNU, volvemos a la época donde se podía hacer cualquier cosa con el Presupuesto y las partidas; volvemos a una libertad absoluta. Esto me parece una medida de pésima administración”.
Por el oficialismo, chubutense Mario Pais aclaró que “no son facultades extraordinarias ni ‘superpoderes’ del jefe de Gabinete”, sino que se trata de “la asignación de partidas en el marco de decisiones políticas legítimas del Poder Ejecutivo” ante la emergencia sanitaria.
“No tenemos Presupuesto porque faltan algunas variables, esencialmente la reestructuración de la deuda externa, porque sino vamos a hacer otro Presupuesto mentiroso, y nuestra vocación es desarrollar un Presupuesto que nos permita políticas de Estado en función de la realidad, no de la mentira, como nos tocó vivir en años anteriores, donde votábamos un Presupuesto y horas después se modificaban las variables”, señaló.
A su turno, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, cuestionó que “utilizaron como argumento la pandemia cuando la propia Ley de Administración Financiera contempla situaciones de fuerza mayor” para reasignar partidas. “En materia económica andamos a los tumbos”, expresó y se quejó por la falta de un Presupuesto.
Por su parte, el cordobés Carlos Caserio cargó contra la gestión anterior, al afirmar que “dijeron que iban a gastar en publicidad 2.020 millones de pesos, y gastaron 4.050 millones”. “Nosotros no estamos pidiendo facultades para aumentar los gastos en publicidad, ni para aumentar los gastos de personal, ni para contratar consultoras como hizo el gobierno anterior”, dijo.
El legislador del Frente de Todos sostuvo: “Puede quedarse tranquila la oposición, pero mucho más pueden quedarse tranquilos los argentinos, nuestro gobierno no va a hacer nada de eso”. Además, el titular de la Comisión de Presupuesto remarcó que las facultades al jefe de Gabinete son “para compensar gastos que nos permitan aumentar los recursos destinados a enfrentar la pandemia”.
En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck criticó la actitud de Juntos por el Cambio de abandonar el debate y defendió el DNU 457/2020 -que modificó el Presupuesto prorrogado-. “Partimos de un Presupuesto que es una verdadera falacia, una gran mentira”, lanzó.
El exgobernador respaldó al Gobierno por no enviar un proyecto de Presupuesto, “porque estamos esperando la renegociación de la deuda externa” y “sería muy poco serio” discutir una ley de leyes sin ese paso previo.
“Este DNU, que se lo ataca por los ‘superpoderes’, en realidad lo que significa es el instrumento económico-financiero que tuvo que llevar adelante el presidente Alberto Fernández para atender a la pandemia”, añadió.
A través del artículo 4 del DNU 457/20 se eliminó el límite al jefe de Gabinete del 5% establecido en la Ley de Administración Financiera para reestructurar partidas del Presupuesto sin aval del Congreso. En los fundamentos, el Ejecutivo argumentó la decisión “con el fin de dotar de flexibilidad al Presupuesto” para “la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” por Covid-19.
La decisión se conoció horas después de que fracasara, en la Cámara de Diputados, la sesión especial pedida por Juntos por el Cambio para derogar el DNU que amplió las facultades al jefe de Gabinete.
Tras varias idas y vueltas e insistentes reclamos de la oposición, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, puso fecha a su presentación ante el Congreso: será el miércoles 17 de junio en el Senado, donde encabezará la primera sesión informativa desde que asumió el cargo.
La decisión se conoció horas después de que fracasara, en la Cámara de Diputados, la sesión especial pedida por Juntos por el Cambio para derogar el DNU 457/20, que precisamente le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete en el marco de la pandemia.
Lo cierto es que, tras el paso de numerosos ministros del Gobierno por reuniones de comisión informativas, ahora será el turno de Cafiero, quien se presentará primero ante el Senado ya que su antecesor, Marcos Peña, asistió por última vez a la Cámara de Diputados.
Si bien la sesión informativa será virtual, es probable que Cafiero asista al recinto para exponer desde allí, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de las autoridades de la Cámara alta, según informaron fuentes oficiales.
La subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, especificó que el próximo 3 de junio a las 18 se recibirán las preguntas de los senadores para elaborar el informe escrito, previo a la sesión informativa, como establece el procedimiento de rutina.
Cabe recordar que el 1ro. de abril, Cafiero remitió al Senado la nota formal poniéndose a disposición del Cuerpo para cumplir con el mandato constitucional de informar a las Cámaras sobre la marcha del Gobierno.
“La realización de la sesión informativa especial fue demorada debido a la pandemia del Covid-19, que obligó al Congreso a modificar su funcionamiento para implementar las sesiones de manera remota o mixta”, señaló en un comunicado la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados todavía no hay fecha prevista para la sesión informativa, aunque ya inició el proceso de elaboración de preguntas escritas para remitir al funcionario.
El interbloque opositor no alcanzó el número necesario para debatir la derogación del artículo 4 del decreto que facultó a Santiago Cafiero para reasignar partidas presupuestarias sin control del Congreso. Quiénes fueron los legisladores de otros bloques que se sumaron a la primera sesión remota en minoría de la historia.
A pesar de la ayuda de un puñado de legisladores de otros bloques, el interbloque Juntos por el Cambio no logró este jueves el quórum en la Cámara de Diputados para llevar adelante una sesión especial en la que buscaba derogar el artículo 4 del DNU 457/20, por el cual se facultó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto sin control parlamentario.
A las 10.49, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, dio por fracasada la reunión con 124 presentes, tanto de manera virtual como presencial -con algunos legisladores dentro del recinto-. De esta forma, a la bancada opositora le faltaron 5 para los 129 diputados que requiere el quórum reglamentario. Se inició así la primera sesión remota en minoría de la historia.
Juntos por el Cambio tuvo asistencia perfecta, con 116 integrantes, y contó con el acompañamiento de Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Enrique Estévez y Luis Contigiani, del Interbloque Federal; José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
Además de los 119 ausentes del Frente de Todos, no dieron quórum siete miembros del Interbloque Federal; siete del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; y la neuquina Alma Sapag, de Movimiento Popular Neuquino.
El temario de la sesión incluía cinco proyectos de ley para derogar el DNU, de los cuales uno correspondía justamente al mendocino José Luis Ramón, y otro a Graciela Camaño.
El pasado 11 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 457/20, a través del cual se eliminó el límite al jefe de Gabinete del 5% establecido en la Ley de Administración Financiera para reestructurar partidas del Presupuesto sin aval del Congreso.
En los fundamentos, el Gobierno argumentó la decisión “con el fin de dotar de flexibilidad al Presupuesto” para “la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” por Covid-19.
El debate en minoría
Desde su casa, el primer orador de las manifestaciones en minoría fue el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien señaló que el artículo 4 del DNU 457/20 “viola el sistema de división de poderes” al establecerse que “el jefe de Gabinete puede disponer la totalidad del Presupuesto nacional”.
“Puede reestructurar la totalidad del Presupuesto”, enfatizó y, aunque dijo que confía en que “esto no va a ocurrir”, consideró que podría suceder que el funcionario eliminara todas las partidas de un sector determinado, y eso “es algo que le está vedado al presidente de la Nación”.
El macrista resaltó que “alterar el sistema de reparto de poderes que establece la Constitución nacional está reñido con el espíritu de la Constitución Nacional. Esta es la razón esencial por la cual nos oponemos e impugnamos ese artículo”. “Esta reforma no solo es inconstitucional, además era absolutamente innecesaria”, añadió.
En ese sentido, el legislador sostuvo que “la solución” estaba en el artículo 39 de la Ley de Administración Financiera, a partir del cual “no hay necesidad de cometer la exorbitancia, la exageración, el disparate que implica alterar sustancialmente nuestro sistema institucional, (porque) el sistema tiene previstas las soluciones”.
A su turno, su compañero de bloque Waldo Wolff lamentó tener “la mitad del recinto vacío”, pero además de cuestionar al oficialismo cargó también contra los legisladores Beatriz Ávila, Antonio Carambia y Pablo Ansaloni, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. “Tres diputados que fueron votados por nuestro espacio político y hoy están jugando desde otro espacio de manera particular; siempre aprovecho para mandarles saludos”, lanzó.
Muy crítico de los últimos movimientos de dirigentes kirchneristas en relación a materia judicial, el legislador expresó: “Dicen que este es el socialismo del siglo XXI, yo creo que se parece más al feudalismo del siglo XVII”.
En tanto, el radical Gustavo Menna cuestionó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al afirmar que es “un funcionario al que prácticamente no le conocemos la voz” y que “se ha caracterizado en estos seis de gobierno” por no haber cumplido con el mandato constitucional de presentarse ante las cámaras del Congreso.
Para el chubutense, el decreto se firmó en un “marco de absoluto desprecio por la constitucionalidad” y “lo que se busca es concentrar el poder“. Por eso, pidió “insistir en el tratamiento” y “no permitir la claudicación”.
Enfático, el mendocino Luis Petri remarcó que “lo que viene sucediendo” desde diciembre pasado es una “formidable concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo Nacional, en manos del presidente de la Nación”. El radical no solo criticó que el Gobierno “se negó a tratar el Presupuesto Nacional” y logró la sanción de una ley con amplias facultades -como fue la Ley de Solidaridad Social-, sino que con este DNU “termina de coronarse”.
“A partir de este decreto nos está enviado el telegrama de retiro voluntario (al Congreso)”, subrayó y continuó: “Está claro que, con tanta concentración del poder, el rol del Congreso ha pasado a ser secundario, periférico, prácticamente de entretenimiento con sesiones telemáticas”. Finalmente, irónico, expresó: “Es tal la acumulación de poder que tiene el Poder Ejecutivo que hasta (Juan Manuel de) Rosas se pondría colorado”.
Desde la Coalición Cívica, la porteña Paula Oliveto Lago hizo hincapié en la función de control que tiene el Poder Legislativo y la oposición, y alertó: “Con esto corremos el riesgo que una sola persona defina a dónde va la plata de nuestros impuestos”. “Es peligroso que una persona ni siquiera votada pueda decidir a qué gobierno beneficia y a cuál no beneficia”, agregó.
“Parecería que un grupo de diputados es cómplice a que se le quiera extender el certificado de defunción al Poder Legislativo y al Poder Judicial”, se quejó el macrista Jorge Enríquez, que además dijo que “la pandemia no puede poner en cuarentena al Congreso y tampoco a la Constitución”.
Por el Intebloque Federal, el socialista Enrique Estévez aseguró: “Nosotros vamos a defender, en base a nuestra coherencia, las facultades del Congreso Nacional gobierne quien gobierne, y vamos a participar de instancias como estas convoque quien convoque”. “Estamos convencidos que necesitamos tener un rol activo del Congreso, no solo en esta situación excepcional”, continuó.
No obstante, le pidió a Juntos por el Cambio que “sean responsables y coherentes” al recordar la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, y criticó al oficialismo y a ese sector de la oposición por la “patética grieta a la que nos quieren someter” que “le hace mal al país”.
En la misma línea, su comprovinciano Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) afirmó que el DNU 457/20 “va contra las competencias indelegables” del Poder Legislativo, pero disparó: “No se olviden que delegaron facultades extraordinarias vía endeudamiento y una fuga de capitales que hoy estamos pagando”.
El santafesino afirmó que el decreto “merece ser derogado” pero pidió “coherencia y humildad” a Juntos por el Cambio. “Y al oficialismo le digo, no hay posibilidad de desarrollo y de justicia social si también perdemos la coherencia de hacerlo con república y a partir de más república”, completó.
Autor de uno de los proyectos incluidos en el temario, pero el único de su espacio en dar quórum, José Luis Ramón mencionó que la reforma constitucional de 1994 dio “la posibilidad de que el presidente en una situación muy especial pudiera dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia, y eso no solo es un abuso del presidente y del jefe de Gabinete (actual), sino del anterior gobierno y del anterior”.
Al recordar que desde su espacio están “tratando de tener una oposición que sea proactiva y adecuada a la emergencia que estamos viviendo”, el mendocino dijo que presentó la iniciativa para derogar esta medida porque “tenemos que recuperar las facultades que la república en nuestra Constitución nos da como legisladores. Yo no quiero estar pintado acá”.
El diputado del FIT Nicolás Del Caño habló de “una gran hipocresía” al recordarle también a Juntos por el Cambio la designación de jueces por decreto y la deuda con el FMI, que “no pasó por el Congreso”. Y, cargando contra el Frente de Todos y la principal bancada opositora, cuestionó que ambos “se negaron a debatir el impuesto a las grandes fortunas” y “no quieren tratar temas y proyectos que se tratan de terminar con rebajas salariales”.
“Se rasgan las vestiduras por la reasignación de partidas cuando en realidad han gobernado a decretazo limpio y han endeudado el país”, reclamó también por la izquierda la legisladora Romina Del Plá. “Unos y otros defienden el mismo régimen de funcionamiento”, expresó.
En el cierre, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, manifestó: “Hoy dejaron sin quórum la democracia”. El macrista resaltó que con este decreto se le sacó al Congreso “uno de los principales derechos y facultades que tiene” que es controlar y defender “que cada peso que se paga en impuesto, que ingresa a las arcas del Estado, sepamos a dónde va y en qué se gasta”.
“Esta falta de equilibrio hace, sin duda, que este Congreso y que el Estado democrático quede rengo”, añadió y cuestionó que “hace seis meses que no tenemos la hoja de ruta de nuestro país”, en referencia a la falta de un Presupuesto.
También cargando contra el resto de los diputados opositores que se ausentaron, Ritondo señaló que “tendría que haber 138 diputados que ingresamos a esta cámara como oposición”. “A ellos les digo que construyamos el equilibrio y que defiendan a los votantes, porque no hay nada peor que defraudar al pueblo”, sentenció.
El último orador fue el jefe del interbloque JxC, Mario Negri, quien destacó que en la Bicameral de Trámite Legislativo acompañaron los decretos vinculados a la pandemia de Covid-19, pero “estamos sentados acá por el pecado de gula, el exceso, la idea de que se puede entrar de rondon en nombre de la emergencia a quedarme con las facultades y manejar la plata de todos los argentinos discrecionalmente”.
“La emergencia no puede confundirse con panedmia, y la pandemia no puede vivir con emergencia”, enfatizó el cordobés, que reflexionó que “lo mejor que podemos hacer a la lucha contra la pandemia es que tengamos instituciones funcionando en plenitud”. “Si un estado de excepción se convierte en emergencia permanente es un peligro para la democracia”, concluyó.
Le faltaron 5 diputados a la oposición para avanzar con la sesión pedida para tratar de dar de baja el DNU 457/2020. Todos los nombres.
Cuando ya habían pasado 49 minutos de la hora original prevista para la sesión especial pedida por Juntos por el Cambio para tratar de derogar el decreto que otorga facultades especiales al jefe de Gabinete de Ministros para reasignar recursos, le faltaban 5 diputados a la oposición para alcanzar el quórum.
124 diputados asistieron a esa sesión virtual que no alcanzó el número necesario para avanzar en ese objetivo. Para ello el interbloque Juntos por el Cambio tuvo asistencia perfecta: 116 miembros, con los 53 del Pro, 46 de la UCR, los 14 de la Coalición Cívica, uno de Producción y Trabajo y otro más de Acción Federal.
Por el interbloque Federal asistieron solo 4 de sus 11 miembros: Graciela Camaño y Jorge Sarghini; el socialista Enrique Estévez y Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social). Por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de 8 integrantes, solo estuvo su presidente, el mendocino José Luis Ramón; mientras que por la izquierda asistieron Nicolás del Caño y Romina del Plá.
Además del oficialismo en su conjunto, se ausentaron los 4 diputados de Córdoba Federal, Paulo Leonardo Cassinerio, Carlos Mario Gutiérrez, Claudia Gabriela Márquez y Alejandra María Vigo; Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal); y Eduardo Bucca y Andrés Zottos (Justicialista). Esto es, de los 11 diputados que tiene el interbloque Federal, faltaron 7.
Por el interbloque Unidad y Equidad Federal para el Desarrollo solo se presentó uno de sus 8 miembros, ausentándose Pablo Miguel Ansaloni y Antonio José Carambia (Unidad y Equidad Federal); Flavia Morales, Diego Horacio Sartori y Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero); Beatriz Luisa Avila (Partido por la Justicia Social), y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro).
Pese a la ayuda de un puñado de legisladores otros bloques, la bancada opositora no logró reunir el quórum necesario de 129 presentes. Se desarrollan expresiones en minoría.
Pese a la ayuda de un puñado de diputados de otros bloques, el interbloque Juntos por el Cambio no logró dar comienzo a una sesión especial en la que tenía como objetivo avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 457/20, el cual amplió las facultades del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto sin control parlamentario.
La reunión se dio por fracasada a las 10.49, con 124 presentes, tanto de manera virtual como presencial -con algunos legisladores dentro del recinto-. De esta forma, a la bancada opositora le faltaron 5 para los 129 diputados que se necesitan para el quórum reglamentario. Desde ese momento se desarrollan las manifestaciones en minoría.
Juntos por el Cambio tuvo asistencia perfecta, con 116, y lo acompañaron Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Enrique Estévez y Luis Contigiani, del Interbloque Federal; José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, por el Frente de Izquierda.
A las 10.34, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, le recordó al jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, que estaban “cinco minutos pasados” del tiempo de espera, a lo que el radical pidió 10 minutos más. “Tengo todo el tiempo del mundo para usted diputado Negri”, respondió Massa con risa socarrona.
“Es probable que nos cueste llegar a los 129, somos conscientes de eso, pero sabemos lo que significa nuestra responsabilidad política y otros bloques también”, expresó el legislador y le solicitó que los “acompañe” durante las expresiones en minoría.
El temario de la sesión incluía cinco proyectos de ley para derogar el DNU, de los cuales uno pertenece al jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, y otro a Graciela Camaño, del Interbloque Federal.
El pasado 11 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 457/20, a través del cual se eliminó el límite del 5% establecido en la Ley de Administración Financiera para reestructurar partidas del Presupuesto sin aval del Congreso.
En los fundamentos, el Gobierno argumentó la decisión “con el fin de dotar de flexibilidad al Presupuesto” para “la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria” por Covid-19.
Como anticipó parlamentario.com, el interbloque de Negri pidió sesionar este jueves a las 10 para derogar el decreto 457/20. Lo hizo sin acompañamiento de otros bloques.
Sin acompañamiento de otros bloques, Juntos por el Cambio formalizó el pedido de sesión especial en la Cámara de Diputados para este jueves a las 10, con el objetivo de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto sin control parlamentario.
El pedido, anticipado por parlamentario.com, fue firmado por los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Brenda Austin, Silvia Lospennato, Álvaro González, Carlos Fernández, Martín Maquieyra, Álvaro De Lamadrid, Ricardo Buryaile, Juan Manuel López y Waldo Wolff.
En el temario de la sesión fueron incluidos cinco proyectos de ley para derogar el DNU, de los cuales uno pertenece al jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, y otro a Graciela Camaño, del Interbloque Federal.
Después de haber sido objeto de críticas en la última sesión por no apoyar el tratamiento del DNU sobre tablas, Ramón informó a parlamentario.com que personalmente dará quórum, pero habrá libertad de acción en su bancada.
Los proyectos restantes fueron presentados por Negri, Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Fernando Iglesias (Pro), y todos confluyen en el mismo fin: anular el decreto que, por otra parte, cuenta con dictamen de validez de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde el Frente de Todos tiene mayoría.
Para abrir la sesión, que será conducida por Sergio Massa, Juntos por el Cambio necesita reunir 129 presentes, ya sea en forma presencial o virtual. La bancada de la oposición tiene 116 y sumará, en principio, a los dos representantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina del Plá, además de Ramón.
Pero no será suficiente: por eso apuntan a sumar más integrantes de Unidad Federal para el Desarrollo -que tiene ocho en total- y del Interbloque Federal de Eduardo “Bali” Bucca –con once-. Desde ya, el oficialismo no participará, como así tampoco lo haría Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
A través del DNU 457/20, dictado por el presidente Alberto Fernández el 10 de mayo, se eliminó el tope del 5% establecido en la Ley de Administración Financiera para reestructurar partidas del Presupuesto sin aval del Congreso, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Tal como había anunciado Cristian Ritondo la semana pasada, el interbloque pedirá una sesión especial. Por ahora, no reunieron firmas de otras fuerzas de la oposición.
La sesión de la semana pasada en la Cámara de Diputados tuvo un pasaje caliente cuando el oficialismo bloqueó el tratamiento del DNU que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete. Pero el interbloque de Juntos por el Cambio quiere revancha y en las próximas horas pedirá una sesión especial para debatir el decreto este jueves a las 10.
Según supo parlamentario.com, la bancada presidida por Mario Negri formalizará en las próximas horas el pedido ante el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien deberá presidir la sesión. Por ahora, no hubo firmas de diputados de otros bloques de la oposición, que serán la llave para alcanzar el quórum.
El jueves pasado, el diputado radical Gustavo Menna pidió una moción para tratar sobre tablas el DNU 457/50, que según la oposición restableció los “superpoderes” para reasignar partidas presupuestarias sin aval parlamentario. Juntos por el Cambio perdió la votación -se necesitaba mayoría especial- y cargó las tintas contra José Luis Ramón, quien acompañó al oficialismo a pesar de haber presentado un proyecto para derogar el decreto.
Tras ser expuesto en las redes sociales, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo se defendió. “Desde el bloque no vamos de la nariz de ninguna decisión de otro partido, bloque e interbloque”, aclaró en el recinto, y agregó: “Pareciera que hay veces que las cosas se tienen que hacer vía Twitter, pero las cosas se dicen en la cara y como corresponde, en este recinto”.
Fue entonces cuando Cristian Ritondo, titular del bloque Pro, le contestó a Ramón y lo desafió: “Esperemos que nos acompañe en la sesión especial. No queremos llevarlo de las narices: solo queremos que lo que dijo acá, lo que dijo en Labor Parlamentaria, lo que dijo en su proyecto, lo cumpla. No lo vamos a llevar de las narices, pero vengan con nosotros a la sesión especial así derogamos el DNU”.
Juntos por el Cambio no podrá alcanzar el quórum por si solo, pues tiene 116 diputados, es decir, le faltan 13. El interbloque de Ramón tiene ocho y la decisión que adopte será clave, al igual que la del Interbloque Federal, que preside Eduardo “Bali” Bucca y que tiene diez miembros.
En este último caso podría haber una fisura, ya que Graciela Camaño, a contramano de su bancada, votó a favor de tratar el DNU la semana pasada y ahora podría aportar al quórum. Los diputados restantes son los dos del Frente de Izquierda -Nicolás Del Caño y Romina Del Plá-, que aportarían presencia, y Alma Sapag, más alineada al oficialismo.
Cabe recordar que el DNU en cuestión cuenta con dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el Frente de Todos tiene mayoría. Para que quede anulado definitivamente debe ser rechazado en ambas Cámaras, algo muy difícil si se tiene en cuenta la superioridad del oficialismo en el Senado.
La fuerte réplica del diputado José Luis Ramón a las críticas del bloque más grande de la oposición que cuestionó su postura en la última sesión al fallar el intento tratar el DNU que dio facultades especiales al jefe de Gabinete.
Por José Luis Ramón
Considerando la catarata de mentiras publicadas en los medios afines a Juntos por el Cambio (JxC) me siento en la necesidad imperiosa de dar a conocer mi posición y desenmascarar a los supuestos defensores de la República.
El número de mi proyecto es el 1956-D-2020, bajo el título: “Derogación de delegación de facultades al Jefe de Gabinete de Ministros”, y específicamente propone, valga la redundancia, la derogación del artículo 4 del DNU 457/2020.
El jueves en la Honorable Cámara de Diputados, no voté en contra de mi proyecto sino que voté a favor de que pueda ser tratado como corresponde. ¿Por qué planteo esto? El jueves, se me acusó de traidor. Si, leyeron bien, JxC salió en las redes (porque de frente no te critica nadie) a decir que había votado en contra de un proyecto que yo mismo presenté.
Vale destacar que no hubo proyecto unificado con JxC, porque a diferencia de lo que aparentan ninguno de sus legisladores está dispuesto a sentarse a debatir con otros opositores, esto a pesar de la circulación de una foto trucha con firmas de ese bloque apoyando mi proyecto. ¡Por favor! Busquen en mesa de entrada de la Cámara, o en la misma web quienes firmaron adhesiones a mi proyecto y cuándo, ahí verán la verdad.
El hecho puntual, es que tal proyecto no sería tratado en la sesión ordinaria del 21 de mayo, y que para ser tratado sobre tablas (por fuera de lo ya establecido en el orden del día), se debía contar con 2/3 de los votos de la Cámara. El frente que hasta hace 5 meses era oficialismo, sabía perfectamente que no se lograría conseguir esa cantidad de votos positivos e igual quiso imponer su tratamiento.
Acá viene la parte numérica de la situación. Somos 257 diputados, lo que corresponde es que para que ese proyecto se trate sobre tablas requiero la votación afirmativa de 172 legisladores. JxC tiene 116, Unidad Federal para el Desarrollo (interbloque que presido) tiene 8, el Interbloque Federal a cargo de Bucca tiene 11, los interbloques del Frente de Izquierda tienen uno cada uno, y el Movimiento Popular Neuquino tiene otra legisladora.
El Frente de Todos tiene 119, y ante el pedido de JxC de tratar mi proyecto, el Presidente de la Cámara dijo que su bloque no votaría a favor, por lo que no había forma de que nos dieran los números para votar en ese momento mi proyecto de Ley. En cambio, si logro que mi proyecto, pase por comisión y tenga dictamen (que es el recorrido normal de un proyecto), sólo necesito la mitad más uno de los votos afirmativos (129) para poder hacer Ley el proyecto.
¿Qué pasó entonces? Sucedió la tramoya más aberrante por la que después usted ciudadano/a, descree de toda la política y de todos los políticos en general. Armaron un show mediático para instalar que yo había votado en contra de un proyecto propio que no se trató y que era imposible de tratarse bajo las condiciones del marco regulatorio de la Cámara de Diputados, todo porque tuve el detalle de propiciarle a Alfredo Cornejo, titular de la Unión Cívica Radical, algunas palabras certeras sobre su persona política y sus modos de hacer política en Mendoza.
Mientras Cornejo, que es también Diputado Nacional, se quedaba callado frente a las verdades que puse sobre la mesa, respecto de su persecución al Senador Marcelo Romano y sus manejos por lo menos dudosos en obras como Portezuelo del Viento, orquestó por atrás un armado para obligarme a perder mi proyecto, o poder hacer este bleff del Diputado Traicionero.
Pues bien, Señoras y Señores, este ciudadano, abogado y Diputado Nacional no traicionó ni su proyecto, ni sus ideas, ni a sus votantes. En defensa de un compañero de militancia como lo es Marcelo Romano, armaron un acting para defenestrarme porque no soportan que se les diga la verdad sobre Alfredo Cornejo en la cara.
Mi interbloque no se va a dejar ni chicanear, ni ningunear, ni apurar por ninguno de los grandes frentes porque ya hemos dejado más que en claro que nuestra posición es ser una oposición constructiva. No vamos a permitir que nos quieran apurar y menos por defender a alguien que bien puede defenderse solo, y que está con sus prácticas echando por suelo toda relación político-partidaria con los valores republicanos, democráticos y de respeto que supo tener su partido.
Mi proyecto sigue en pie, y será tratado como y cuando corresponde a ser tratado un proyecto de semejante importancia, porque no caduco en mis ideas pero al contrario de otros, soy respetuoso y hago política constructiva, ni persecutoria, ni dictatorial ni destructiva.
Ellos, Junto por el Cambio, quieren seguir aparentando diálogo y cordialidad, pero solo llaman a la chicana y la pelea berreta y orquestada. No propician ninguna charla, con nadie que no sea ellos mismos, y están dispuesto a enterrar las bases democráticas y las formas leales de hacer y construir política en pos de quedarse con un poder que los habilitará a llenar sus arcas en desmedro de la ciudadanía argentina.
El mendocino, que había criticado el decreto de los “superpoderes”, votó en contra de tratarlo sobre tablas este jueves. La discusión terminó con un final inesperado.
El diputado José Luis Ramón, titular de Unidad Federal para el Desarrollo, se convirtió en protagonista de la sesión de este jueves cuando aportó, junto a otros bloques, los votos para bloquear el tratamiento del polémico DNU 457/20, después de haberlo criticado en duros términos la semana pasada.
Sucedió cuando el diputado Gustavo Menna (UCR) pidió un apartamiento del reglamento para darle tratamiento sobre tablas al DNU que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas presupuestarias sin el aval del Congreso.
A la hora de la votación, el Frente de Todos contó con ayuda de la bancada de Ramón y del Interbloque Federal de Eduardo “Bali” Bucca -con la excepción de Graciela Camaño-, y de esa forma el oficialismo impidió que se reuniera la mayoría especial necesaria para aprobar la moción.
Tras la derrota, el jefe de Juntos por el Cambio, Mario Negri, escrachó por Twitter a los diputados de la oposición que acompañaron al oficialismo, y en particular cargó contra Ramón, al demostrar que el propio mendocino había presentado un proyecto para derogar el DNU.
Rápidamente, los diputados de Juntos por el Cambio imitaron a Negri e inundaron sus redes sociales con mensajes contra Ramón, y tras la aprobación del proyecto de ley de educación a distancia, la discusión por el DNU se reanudó en la sesión.
El primero en advertir sobre la actitud de Negri no fue Ramón, sino Jorge Sarghini, de Consenso Federal. “Nunca imaginé tener que hacer esto a esta altura, pero no puedo dejar pasar que un miembro de este cuerpo tenga la reprochable actitud de escrachar a diputados a través de esa forma”, denunció el bonaerense.
Conectado en forma remota, Sarghini advirtió que desde Juntos por el Cambio “se faltó a la verdad” diciendo que el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo “han votado a favor del DNU”.
“Eso es absolutamente falso. Hemos votado en contra del apartamiento del reglamento porque entendíamos que no era la forma de tratar el tema, aunque estuviéramos de acuerdo en la cuestión de fondo”, aclaró el diputado, e insistió: “El escrache que ha hecho por Twitter un diputado nos ha agraviado”.
Sarghini le dio el pie a Ramón, que también pidió la palabra y nombró con nombre y apellido a Negri y Fernando Iglesias (Pro), “quienes gentilmente a través de las redes sociales han manifestado cuál es la idea del voto de Unidad Federal para el Desarrollo”.
“Desde el bloque no vamos de la nariz de ninguna decisión de otro partido, bloque e interbloque”, se defendió Ramón, y desató gritos de ironía de los diputados de Juntos por el Cambio que estaban en el recinto, a algunas bancas de distancia.
Ramón prosiguió: “Lo que se estaba votando tiene que ver con si se iba a tratar un proyecto o no, y votamos en contra. Pareciera que hay veces que las cosas se tienen que hacer vía Twitter, pero las cosas se dicen en la cara y como corresponde, en este recinto”.
En ese clima tenso intervino Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro, quien le contestó a Ramón: “Me parece muy bien. Esperemos que nos acompañe en la sesión especial. No queremos llevarlo de las narices: solo queremos que lo que dijo acá, lo que dijo en Labor Parlamentaria, lo que dijo en su proyecto, lo cumpla”.
“No lo vamos a llevar de las narices, pero vengan con nosotros a la sesión especial así derogamos el DNU”, desafió Ritondo, para dar por terminada la discusión.
El diputado Gustavo Menna, de la UCR, pidió que el DNU 457/20 fuera incorporado al temario de la sesión, pero la moción no reunió la mayoría necesaria.
Por Carolina Ramos
El Frente de Todos logró bloquear este jueves en la Cámara de Diputados, con ayuda de dos bloques de la oposición, un pedido de Juntos por el Cambio para incorporar al temario de la sesión el DNU 457/20, que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas presupuestarias sin aval parlamentario.
El diputado radical Gustavo Menna, integrante de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, pidió un apartamiento del reglamento para poder tratar sobre tablas el polémico decreto, que en la comisión recibió dictamen a favor.
Menna pidió que la moción fuera votada de manera nominal -no a mano alzada-, pero el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, aclaró que la moción necesitaba tres cuartos de los votos y que el Frente de Todos estaba en condiciones numéricas de bloquear el pedido.
En ese contexto, Massa propuso, “para ahorrar el procedimiento de logueo y VPN de cada diputado”, que fueran los jefes de bloque quienes anunciaran el voto de sus diputados, pero ante un pedido de Eduardo “Bali” Bucca, y para evitar dudas, aceptó realizar la votación nominal, que demoró varios minutos.
El resultado fue el esperado: no se logró la mayoría necesaria, ya que hubo 118 votos afirmativos -de Juntos por el Cambio- y 127 negativos, provenientes del oficialismo y de los interbloques liderados por Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
La postura de Ramón llamó la atención, pues en la sesión de la semana pasada fue uno de los diputados que rechazó el DNU de los “superpoderes”. Lo mismo hizo en aquella oportunidad Graciela Camaño, que esta vez se diferenció de Bucca y votó a favor de tratar el decreto.
El DNU 457/20 eliminó el tope del 5% que establecía la Ley de Administración Financiera en su artículo 37 para transferir recursos presupuestarios de una partida a otra sin aval del Congreso.
Menna planteó que “este DNU avasalla las competencias de este Parlamento” porque “se reimplantan los denominados ‘superpoderes’ poniendo en cuestión una atribución del Congreso, tal vez la más importante, que es aprobar la ‘ley de leyes’”.
“Este decreto le delega al jefe de Gabinete, un funcionario que ni siquiera es electo, la función de trastocar el destino de las partidas y la asignación de recursos públicos”, advirtió el chubutense.
Para el radical, esta decisión “nos retrotrae a un pasado que habíamos dejado de lado en 2016”, y además “en un escenario agravado” porque la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre ya había delegado competencias propias del Congreso al jefe de Gabinete.
“No podemos permitir que el 100% del Presupuesto pueda ser alterado por la decisión de un funcionario que además no ha rendido cuentas” ante el Congreso, señaló Menna en alusión a la ausencia de Santiago Cafiero en el recinto para brindar su informe de gestión.
Juntos por el Cambio cargó contra el DNU 457/20, que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias.
Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, que centró sus críticas en el supuesto otorgamiento de “superpoderes” al jefe de Gabinete, el Frente de Todos logró dar dictamen favorable este lunes a seis Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculados a la pandemia del Covid-19.
Los decretos fueron avalados en una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Marcos Cleri (Frente de Todos) desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, con la participación del resto de los integrantes en forma remota.
El decreto más discutido fue el 457/20, que eliminó el tope del 5% establecido en 2016 en la Ley de Administración Financiera para que el jefe de Gabinete pueda reasignar partidas presupuestarias sin control del Congreso.
Adelantándose a los cuestionamientos de la oposición, el senador oficialista Pablo González aclaró que “solo se está modificando la atribución del jefe de Gabinete para los decretos que se corresponden con la atención de la pandemia, no con la generalidad del Presupuesto Nacional”.
Además, el santacruceño recordó que el Presupuesto presentado por la gestión de Cambiemos en septiembre de 2019, para entrar en vigencia el presente año, fue “un Presupuesto cartográfico” que contenía “variables económicas que ya cuando fueron presentadas no tenían nada que ver con la realidad fáctica que estaba viviendo el país”.
Por ejemplo, mencionó que ese Presupuesto establecía “una inflación de entre el 34% y el 44%, un aumento de los ingresos del 47,3%, un aumento del gasto del 35,9% y superávit primario”. Por eso, remarcó la necesidad de elaborar un nuevo Presupuesto “que tenga que ver con la realidad” y que esté supeditado al resultado de las negociaciones del Gobierno con los acreedores externos.
Sin embargo, el diputado Pablo Tonelli (Pro) advirtió que “es de toda evidencia que como no hay un límite, el jefe de Gabinete puede reestructurar todo el Presupuesto. Lo podría hacer con el fundamento de atender la pandemia, la situación sanitaria, pero lo cierto es que al no tener límites, puede reestructurar la totalidad del Presupuesto”.
“Esta atribución es notoriamente inconstitucional, porque viola de forma evidente el principio de división de poderes, el principio de reserva legal del Congreso, y además las normas de la Constitución referidas a la sustancia y al trámite del Presupuesto”, alertó el representante de Juntos por el Cambio.
Asimismo, consideró que “el Poder Ejecutivo no puede efectuar una delegación de semejante magnitud en el jefe de Gabinete”. “Las delegaciones están prohibidas por el artículo 76 de la Constitución, que solo las admite en casos muy especiales. Es el Congreso el que debe efectuar esa delegación”, señaló.
Tonelli sentenció: “Estamos terminando el quinto mes del año y el Gobierno sigue sin enviar el proyecto de ley de Presupuesto al Congreso. Si no les gusta el vigente, que fue prorrogado, que manden otro. No lo hacen porque esto es muy cómodo para el Ejecutivo. Pero no es republicano”.
Por su parte, Luis Naidenoff, jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, enfatizó que “el Congreso está ajeno a todo tipo de control: no tenemos Presupuesto, tenemos un Presupuesto prorrogado, y estamos ante una reestructuración muy amplia. Todas las medidas que se tomaron en los últimos 50 días tienen que ver con la pandemia, y no sabemos cuánto tiempo podrá durar. Si nosotros otorgamos estas facultades discrecionales, hay un temor fundado, que tiene que ver con la lógica discrecional con que se han manejado los recursos públicos en la Argentina”.
Al cerrar el debate sobre el polémico DNU, la senadora y vicepresidenta del bloque oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció “una puesta en escena de una oposición que está desesperada por tratar de poner en la discusión pública otros ejes, que no tienen que ver con lo que nos tiene en vilo a todos los argentinos, que es salir lo mejor parados posibles de esta pandemia”.
Los primeros decretos abordados en la reunión fueron los dos que prorrogaron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el primero (408/20) hasta el 10 de mayo, y el segundo (459/20) hasta el 24 de mayo.
El diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos) destacó que “esta medida extrema ha dado resultados innegables”, y precisó que en Argentina, “en base a este aislamiento tan precoz y duro, hay un total de ocho muertos por cada millón de habitantes”, mientras que en Brasil hay 77 muertos por cada millón de habitantes, y en Perú, 85 cada millón de habitantes.
“Esto demuestra a las claras la oportunidad y el buen tino de estas medidas. El aislamiento es la única herramienta que tiene el mundo para combatir este virus”, insistió el legislador tucumano, y recordó que ya son “más de 319.000 las personas fallecidas en el mundo” por el coronavirus.
Si bien Juntos por el Cambio acompañó ambos decretos, el radical Gustavo Menna consideró que las excepciones a las medidas de aislamiento no debieron estar en cabeza de los gobernadores, sino de los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El decreto es una intromisión indebida del Estado federal en las autonomías provinciales”, opinó.
En cuanto al DNU 409/20, que extendió la prohibición del ingreso al país de extranjeros no residentes, el diputado Yedlin destacó la “importancia crucial” de esa medida, mientras que el senador Guillermo Snopek elogió el trabajo de la Cancillería con las personas varadas, y aclaró que las dificultades en las repatriaciones se debieron a “la falta de vuelos y de coordinación con otros países”.
En este punto, los radicales Menna y Luis Petri se mostraron muy críticos. “Han pasado 60 días en que muchos argentinos no pueden ingresar al país. A esta altura es incomprensible y desproporcionado que se encuentren argentinos varados en el exterior y que no tengan fecha de repatriación”, denunció el mendocino.
El senador Daniel Lovera (Frente de Todos) fue el encargado de defender el decreto 425/20, que prorrogó la suspensión del cierre de cuentas bancarias, la inhabilitación de clientes y la aplicación de multas ante un cheque rechazado por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales.
Este decreto también prohibió negar créditos bancarios a empleadores con deudas previsionales. Según Lovera, todas estas medidas demuestran “la imperiosa necesidad de dar oportuna respuesta de todos los agentes económicos afectados por la pandemia”.
El pampeano también justificó el DNU 426/20, que estableció la prórroga de la prohibición de corte de servicios por falta de pago, puntualmente los de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. Lovera recordó que el ENACOM emitió un informe técnico donde manifestó la necesidad de extender esa medida.
En este caso, Juntos por el Cambio acompañó con su firma, pero se abstuvo de firmar dictamen sobre el decreto 425, al considerar que “no es un DNU ni tampoco un decreto delegado” y por lo tanto no correspondía que fuera analizado por la bicameral.
La Bicameral de Trámite Legislativo se reunirá este lunes para analizar una serie de decretos, que incluyen el polémico que es cuestionado por la oposición por brindar “superpoderes” a Santiago Cafiero.
Dispuesto a cumplir esta vez con los plazos que establece la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo busca que el Parlamento analice rápidamente los DNU firmados recientemente. Por eso es que luego de que la semana pasada el Senado aprobara en su primera sesión virtual de la historia una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia, este mismo lunes procura el tratamiento de otros suscriptos por el presidente Alberto Fernández. Incluido el polémico que da poderes especiales al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias.
De tal manera se descuenta que esta vez no prevalecerá la relativa armonía que primó durante el debate anterior en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el camporista Marcos Cleri. Se trata del proyecto 457/2020, del 15 de mayo, mediante el cual se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020.
La reunión será por supuesto por videoconferencia, y está prevista para este lunes a partir de las 17.
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Los otros decretos que se analizarán son el 425/2020, que comunica el dictado del Decreto N° 425 del 30 de abril de 2020, por el cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto N°312/20 (Cierre de cuentas bancarias); también el Decreto Nº 426 /2020, por el cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020 la vigencia de la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 2º del Decreto 311, sobre obligación de las empresas de Telefonía móvil o Internet de mantener un servicio reducido para usuarios del sistema prepago aunque no hayan realizado la recarga correspondiente.
Por último, está el Decreto Nº 459/2020, que prorroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto Nº 297 /20 que fuera prorrogado por los decretos 325 /20, 355 /20 y 408 /20. Asimismo, prorroga, por el mismo plazo, la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la entrada en vigencia del Decreto Nº 297 /20, hasta el día de la fecha.
Desde Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo hubo críticas a la medida y reproches al jefe de Gabinete por no presentarse ante el Congreso.
En la primera sesión telemática de la Cámara de Diputados, la oposición aprovechó para ir a la carga contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 457/20, que le otorgó nuevas facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), Graciela Camaño (Interbloque Federal), Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) exigieron derogar el decreto y le reprocharon a Cafiero que, desde que asumió, no haya ido nunca al Congreso a brindar su informe de gestión como establece la Constitución Nacional.
“No se puede gobernar a espaldas del Congreso. Por eso pedimos que Cafiero se presente en la Cámara de Diputados y de explicaciones sobre estos nuevos ‘súperpoderes’”, arrancó el mendocino Ramón desde su banca, y sostuvo que “el Congreso es la base fundamental para el proyecto de país que queramos impulsar”.
Desde su domicilio, Camaño cuestionó que el decreto haya sido firmado “dos días antes de que nos diéramos la posibilidad de sesionar” y le habló directamente al presidente de la Cámara, Sergio Massa: “Usted y yo fuimos artífices de que el gobierno anterior dejara de tener este tipo de excentricidades con el Presupuesto y se pusiera límites”.
Por su parte, en el recinto, Ritondo coincidió en que “el desafío en este Congreso es empezar a dar soluciones y mensajes claros de qué Argentina queremos”.
“Queremos ser una oposición respetuosa, que colabore, pero que nunca calle las cosas que nos parecen mal. El tapabocas sirve para que no nos contagiemos, sirve para la prevención, no para callarnos”, graficó el jefe del bloque Pro, al criticar la firma del DNU “a horas de que el Parlamento pueda funcionar”.
Asimismo, Ritondo advirtió que “el jefe de Gabinete tiene que estar presente” ya que “estamos en mayo y no ha venido” a exponer frente a los legisladores.
El último en referirse al tema fue Ferraro, quien habló de la pandemia como “un terreno cada vez más fértil para el autoritarismo” por parte del Poder Ejecutivo. “La pandemia no habilita la suma del poder público, la vocación constante por la concentración de poder y atropello de facultades de este Poder Legislativo”, alertó.
“Oficialismo y oposición tenemos una responsabilidad ética inexcusable de cumplir con nuestro mandato y poder dar respuesta a la actual coyuntura”, aseveró el “lilito”.
El oficialista Leonardo Grosso intentó cerrar la discusión y retrucó: “No se trata de ‘superpoderes’. Empecemos a evaluar los ‘superproblemas’ y la ‘supercrisis’ que nos dejó el macrismo en la Argentina”.
“Nuevamente el Poder Ejecutivo Nacional decide el destino de todas las personas bajo jurisdicción argentina pasando por encima al Congreso”, se quejó el legislador mendocino.
Ya había expresado su rechazo de manera personal a través de un comunicado el martes, pero ahora José Luis Ramón dio un paso más al presentar un proyecto de ley para derogar directamente el DNU 457/2020. Ese que faculta al jefe de Gabinete a hacer modificaciones de partidas en el presupuesto nacional por un año.
El proyecto es bien sencillo, trae un solo artículo en el que pide derogar el punto 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia en cuestión, y luego explica que se refiere a la potestad otorgada al jefe de Gabinete a repartir los fondos del presupuesto por todo el año en curso “sin límite alguno y de modo completamente discrecional, tomando letra muerta el Presupuesto, la norma de más trascendencia en la vida institucional de nuestra Nación”.
Para el legislador mendocino, “nuevamente el Poder Ejecutivo Nacional decide el destino de todas las personas bajo jurisdicción argentina pasando por encima al Congreso de la Nación, y sin la participación de los diputados y senadores que representan al pueblo en su máxima expresión democrática”.
Tras hacer hincapié en la ausencia de un presupuesto, habiendo transcurrido ya casi la mitad del año, Ramón señala que el Congreso de la Nación “ha sido privado de una de sus funciones principales: la distribución de fondos públicos, los cuales no pueden quedar a la absoluta discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional”.
El diputado mendocino remarca que “los roles de cada poder en nuestra República tienen que ser defendidos y respetados. No se puede aceptar que ninguna emergencia rompa nuestras instituciones, porque es justamente en estos momentos, en donde más las necesitamos funcionando”.
En una conferencia de prensa brindada en el Salón de Pasos Perdidos, con barbijos y distancia social entre la decena de diputados que participaron en la misma, cuestionaron duramente el decreto 457, expresaron sus reparos por la aplicación CuidAR y hablaron de la polémica desatada por los test chinos.
En el marco de una conferencia de prensa brindada por un grupo de integrantes del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja, los jefes de las bancadas que la integran reclamaron el urgente retiro del Decreto de Necesidad y Urgencia que otorgó mayores facultades para la distribución de partidas presupuestarias al jefe de Gabinete, denunciando que con ello el Poder Ejecutivo está “debilitando definitivamente la democracia”, al dejar “vacío” al Parlamento argentino.
El jefe del interbloque, Mario Negri, expresó de entrada su sorpresa por el DNU 457/20, aplicado “sin ningún tipo de necesidad”, dijo, y con el cual el Gobierno regresa a lo que regía entre 2006 y 2016, y que a su juicio representó “un enorme retraso democrático de las facultades del Congreso”.
En aquella oportunidad, recordó, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó la Ley de Administración Financiera en su artículo 37, dándole al jefe de Gabinete “el poder omnímodo de poder distribuir las partidas discrecionalmente por el cien por ciento del monto del presupuesto”.
“Las consecuencias las vimos con los años, con falta de control y corrupción”, sostuvo, remarcando que en 2016 el Gobierno de Cambiemos decidió autolimitarse, modificando nuevamente la Ley de Administración Financiera, autorizando que solamente el 7,5% de los montos de las partidas pudiesen ser modificados por el jefe de Gabinete, sin pasar el 15% del monto total de esa afectación en cada una de las partidas. “Y nos autolimitamos para 2018 a reducir el gasto y dar más control al Congreso: el 5%”, señaló.
Negri recordó que el año pasado el Gobierno hizo sancionar una ley ómnibus que incluía 9 emergencias, y volvió a modificar la Ley de Administración Financiera, pidiendo nuevamente una prerrogativa para disponer del 7,5% del gasto. Se quejó entonces que luego de la colaboración brindada por la oposición en el marco de la pandemia, “nos encontramos con el DNU 450 que borra ilegal e inconstitucionalmente -porque esa facultad delegada aún no ha vencido-, y vuelve a darle facultad al jefe de Gabinete para que discrecionalmente disponga del 100% de fondos del Congreso”.
Negri recordó la disposición exteriorizada por Juntos por el Cambio para apoyar los DNU firmados por el Poder Ejecutivo en el marco de esta pandemia, al punto tal que “íbamos a acompañar” este miércoles su aprobación este miércoles en el Senado. “No entendemos cuál es la razón de esa enorme tentación por volver a un pasado absolutamente negativo, que restringe la democracia, la división de poderes y que concentra de nuevo el poder en el Ejecutivo”, cuestionó, pidiendo entonces la derogación de los artículos que componen el DNU en cuestión. “Vamos a votar el rechazo, pero quisiéramos que el Gobierno recapacite, que dé marcha atrás”, demandó.
En cuanto a los dichos del jefe de Gabinete, que este miércoles señaló que “necesitan un Estado inteligente y rápido en la pandemia”, Negri dijo que “nos parece absurda esa explicación: un Estado inteligente no presupone anular las instituciones, y menos aún los controles, menos el Congreso y el servicio de Justicia”.
“Podrían tranquilamente venir al Congreso a pedir las ampliaciones que necesitan”, aclaró Negri, que reclamó a continuación por la falta de Presupuesto. “Estamos a ciegas -se quejó-. Es decir que con el cuento de que faltaba saber qué pasaba con la deuda, el Gobierno no mandó ningún presupuesto. No sabemos lo que entra, cómo se gasta, adónde van los subsidios… No le estamos pidiendo un presupuesto certero, que no pueda ser modificado, pero un cálculo mínimo de recursos y gastos”.
“Queremos llamar la atención, porque es cierto que estamos en un estado de excepción, y que la sociedad ha resignado libertades ambulatorias, pero de ninguna manera la emergencia sanitaria justifica la emergencia institucional, menos aún la concentración de poderes”, sostuvo el presidente de JxC, para advertir luego: “Máxime cuando los antecedentes que conocemos de esto son negativos, frustrantes, y recuerden lo que fue durante diez años. Cuando vienen en nombre del estado de necesidad a buscar emergencias que convierten en permanentes, lo que estamos haciendo es debilitar definitivamente la democracia y el libre juego de las instituciones”.
En ese marco, dijo, “le reclamamos al Gobierno que retire ese DNU en forma urgente, que recupere el diálogo institucional, que estamos predispuestos, si la necesidad así lo demanda, a acompañar, previa justificación, y que el jefe de Gabinete venga al Congreso a cumplir con el mandato constitucional a hacer su informe. Máxime con lo que acaba de firmar para tomarse estas atribuciones en nombre del Parlamento argentino, al cual dejan vacío”.
A continuación, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, le apuntó a la aplicación CuidAR, señalando que ese tema y el DNU cuestionado representan “avances contra el sistema democrático que la pandemia no justifica”.
“Nosotros entendemos que utilizar el tapa boca es para que no nos contagiemos, pero no para callarnos”, aclaró.
Luego señaló que “no entendemos por qué una aplicación de estas características, que tiene en su composición muchos elementos que cuando yo era ministro, para solicitarlas en un secuestro extorsivo los tenía que pedir a un fiscal… Y hoy esa aplicación no solamente tiene geolocalización, sino también una cantidad de datos personales que no sabemos quién va a controlar, quién la va a tener, para qué la van a utilizar, qué van a hacer con todos esos datos terminada la pandemia…”.
Recordó cuando desde el kirchnerismo cuestionaban lo que el Gobierno de Cambiemos podría llegar a hacer con la base del ANSeS, que es pública, y ahora esta APP plantea respecto de quiénes pueden utilizar esa base, “otros organismos del Estado”. “¿Quién, para qué, qué van a hacer?”, se preguntó, solicitando “un control por parte de auditores externos al Gobierno que permita quedarnos tranquilos que estos datos van a ser utilizados para la pandemia y ningún tema más, y que una vez terminada la pandemia se van a destruir”.
“En este Parlamento, desde el interbloque Juntos por el Cambio, vamos a estar alertas con todos estos temas, porque la pandemia no es menos democracia, menos instituciones”, aclaró.
Luego fue el turno de Maximiliano Ferraro, quien resaltó la actitud “prudente y responsable” expresada por Juntos por el Cambio, y expresó su preocupación por lo que definió como “un DNU peligroso, que avasalla al Poder Legislativo de nuestro país y que de alguna manera es la suma del poder público para el jefe de Gabinete”.
“Los argentinos ya hemos vivido y aprendido de lo que sucedió en nuestro país cuando se otorgaron plenos poderes”, sostuvo.
Fue el turno luego de la titular del partido Confianza Pública, Graciela Ocaña, quien puso la lupa sobre el tema de los materiales comprados a China, a partir de la información que da cuenta de la ineficacia de los test rápidos adquiridos. Recordó que muchos países han encontrado dificultades con los mismos, y por eso reclamó información sobre la fiabilidad de ese material donado por una empresa privada. “Esto no es en contra de nadie”, aclaró, señalando que “es información que creemos que debe ser pública, porque hablamos de la salud de todos los argentinos”.
El jefe de Gabinete rechazó en las redes sociales las críticas de la oposición, aclarando cuáles son las partidas que puede transferir específicamente en lo que define como “momentos extraordinarios”.
Luego de que la oposición en su conjunto saliera a protestar duramente contra el DNU 457/2020, interpretando que significa el regreso de los superpoderes para el jefe de Gabinete de Ministros pueda modificar el Presupuesto “a su antojo”, el propio Santiago Cafiero salió a rechazar tal cosa.
Lo hizo a través de una serie de mensajes en Twitter, donde aclaró que en realidad se le otorgaron “facultades para transferir dinero de una partida a otra únicamente cuando estas modificaciones estén relacionadas con la emergencia sanitaria y para destinar los fondos reservados de la AFI a políticas nutricionales, educativas y de salud”.
A través de una extensa cadena de tuits, el jefe de Gabinete recordó que el 10 de diciembre el Gobierno asumió “en emergencia económica y social”. Aclaró que “no lo decimos nosotros; tres de cuatro años de caída en la actividad, más de un 300% de inflación acumulada, endeudamiento más acelerado de la historia y más de un tercio de la población en la pobreza”.
“También lo dijo el Congreso, que votó la Ley de Emergencia Alimentaria y la de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Hasta el Gobierno anterior lo reconoció, al decretar default de la deuda pública y enviar un proyecto para restaurar su sostenibilidad (Mensaje 174/2019)”, apuntó Cafiero.
En línea con las críticas que viene incrementando la administración de Alberto Fernández los últimos días, el jefe de Gabinete señaló que “el Gobierno de Macri no sólo nos dejó una crisis de deuda, alta inflación y niveles crecientes de pobreza: nos dejó sin presupuesto. El Presupuesto 2020 enviado por el gobierno anterior no reflejaba la situación económica y social. Suponían que la economía iba a crecer con un ajuste fiscal enorme para así afrontar todos los pagos de la deuda que ellos mismos habían reconocido insostenibles y habían reperfilado”.
Agregó entonces que “para que el país pudiera seguir funcionando tuvimos que prorrogar el Presupuesto del año 2019. En un contexto de alta inflación, esto suponía de manera inevitable una ampliación presupuestaria. De lo contrario, el gobierno no hubiera podido funcionar más allá de la mitad del 2020”.
El hilo de tuits del jefe de Gabinete señala que todo eso fue “antes del Covid”, y puntualiza entonces, en lenguaje inclusivo, que “para contener los efectos de la pandemia el gobierno dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y las y los argentinos se quedaron en su casa. Para cuidarse y para cuidar a todes”.
Señala Cafiero que “Desde una mirada integral, tomamos medidas para proteger la salud, fortaleciendo políticas de cuidado y reforzando el sistema sanitario. Y para proteger la economía y el ingreso de las familias”. En ese sentido señala el Ingreso Familiar de Emergencia, préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos, la postergación o reducción de las cargas patronales y el salario complementario para pagar en forma directa los salarios de las y los trabajadores del sector privado.
Agrega que también se pagaron bonos especiales a sectores más vulnerables: AUH, AUE, jubilados de la mínima, personas con discapacidad. En reconocimiento a quienes enfrentan la crisis sanitaria en primera fila, trabajadores de salud, seguridad y FF.AA, se diseñaron pagos extraordinarios.
“En el entendimiento de que el impacto económico adverso también afectaba a las provincias, elaboramos un plan de asistencia de $120.000 millones. Son los y las gobernadoras, los que están más cerca de las necesidades de la gente, queremos asistirlos y cooperar con ellos”, puntualiza el jefe de Gabinete, aclarando que si bien el listado de políticas aplicadas en este contexto es más amplio, “este resumen es suficiente para entender el extraordinario esfuerzo presupuestario realizado en los últimos 60 días”.
Detalla Cafiero que “el costo fiscal del paquete de protección económica y social asciende, hasta el momento, a unos $380.000 millones, equivalente a casi un 1.5% del PIB. Para poder continuar con las políticas de asistencia era necesario ampliar el Presupuesto…y eso hicimos”.
“En el mismo DNU se me otorgaron facultades para transferir dinero de una partida a otra únicamente cuando estas modificaciones estén relacionadas con la emergencia sanitaria y para destinar los fondos reservados de la AFI a políticas nutricionales, educativas y de salud”, puntualiza el jefe de Gabinete, para concluir: “No se trata de ‘superpoderes’. En momentos extraordinarios, necesitamos un Estado activo y flexible para poder proteger a todas y todos los que habitan este territorio”.
Integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales recordaron que la atribución de establecer el presupuesto anual de gastos y el cálculo de recursos, como así también la de asignar el destino de las erogaciones es una competencia del Congreso, conforme lo dispone el art. 75 inc. 8 de la Constitución.
“El DNU 457 trastoca el programa constitucional al transferir esa atribución al jefe de Gabinete de Ministros. Si la ley de presupuesto establece la finalidad de las partidas pero luego el Jefe de Gabinete reestructura sin límites el destino de las mismas, este último termina apropiándose de una competencia del Poder Legislativo. Con el agravante de que la delegación recae en un funcionario que ni siquiera es de carácter electivo. La ley de presupuesto pasa a ser una norma vacía de contenido”. Este párrafo corresponde al comunicado difundido este martes por los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del interbloque Juntos por el Cambio en referencia a los poderes especiales otorgados por el presidente a Santiago Cafiero a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Los diputados remarcaron que “los superpoderes constituyen una práctica anómala e irregular que como tantas otras fueron ‘normalizándose’ en la práctica, al incluirse en las leyes de presupuesto esa delegación. Los superpoderes fueron institucionalizados durante el gobierno de Néstor Kirchner. El jefe de Gabinete quedó autorizado a disponer las reestructuraciones presupuestarias que a su arbitrio fueran necesarias, sin ningún tipo de limitación”.
“Esta anomalía se corrigió en 2016 con la modificación de la Ley de Administración Financiera, acotando la atribución del jefe de Gabinete a límites razonables, para afrontar las situaciones excepcionales que se presentan durante la ejecución presupuestaria. De esta forma, quedó establecido que el jefe de Gabinete solo podría efectuar reestructuraciones hasta el 7,5% del total del presupuesto durante 2017, y solo hasta el 5% desde 2018 en adelante”, puntualizaron a través de un comunicado en el que afirman que “el Poder Ejecutivo nos devuelve a los superpoderes en toda su plenitud. El art. 6° del decreto habilita a que el jefe de Gabinete reestructure las partidas durante todo 2020 sin ningún tipo de límite. Y si bien lo enmarca en la finalidad de la pandemia, constituye un criterio absolutamente subjetivo, indefinido e insuficiente para acotar tan exorbitante potestad”.
Recuerdan los legisladores que los DNU están previstos para que el Presidente emita disposiciones de contenido legislativo como excepción, cuando la urgencia hace imposible seguir el trámite ordinario para aprobar las leyes. “Pero de ninguna manera pueden ser empleados para alterar la distribución de competencias que dispone la Constitución ya que ello equivaldría a reformarla”, aclaran, para agregar luego: “Con el agravante de que todo ello se suscita en un escenario de “suspensión de las actividades” de las Cámaras y consecuente superabundancia de DNU, carencia de ley de presupuesto para 2020 e incumplimiento del jefe de Gabinete en asistir a rendir el informe mensual ante las Cámaras que le impone el art. 101 de la Constitución”.
Así las cosas, consideran que “el Gobierno reedita las prácticas kirchneristas: discrecionalidad y arbitrariedad para decidir la inversión presupuestaria, falta de control en la ejecución del presupuesto, falta de transparencia y concentración de las decisiones en un grupo reducido de funcionarios”. Todo ello –añaden- “posibilitó y dio lugar a la cartelización de la obra pública, los sobreprecios, las obras que se pagaban pero ni siquiera se iniciaban, y un esquema inédito de corrupción sistémica”.
Los diputados de Juntos por el Cambio afirman que “Cambiemos terminó con los superpoderes en 2016 porque para combatir la corrupción había que terminar con las herramientas que la facilitan. No podemos volver al mismo esquema, el DNU 457 debe ser inmediatamente derogado”.
Así lo hizo el interbloque Federal, que aclaró que “nada impide poder debatir democráticamente un proyecto de tamaña relevancia”.
“La delegación de facultades al jefe de Gabinete de Ministros que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia 457/2020 es una cuestión inherente al Congreso y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo debió seguir para este tema el trámite ordinario previsto en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, afirmaron este martes los diputados integrantes de los bloques Consenso Federal, Socialista y Justicialista, a través de un comunicado.
Los diputados agregaron que consideran necesario “continuar y fortalecer las políticas de apoyo a las familias y a las empresas que el gobierno, aunque no siempre con eficacia, está ejecutando. No obstante, aun teniendo en cuenta el actual estado de excepción, resulta imprescindible otorgar la máxima fortaleza institucional y política a estas trascendentes decisiones”.
Asimismo, señalaron que “en los últimos días se ha llegado a un consenso mayoritario respecto a la posibilidad de que el Congreso sesione de manera telemática, por lo tanto nada impide poder debatir democráticamente un proyecto de tamaña relevancia, orientado a mitigar el impacto negativo de la pandemia en el funcionamiento de la economía y la sociedad”.
Sobre el final del comunicado, recordaron que “no dudamos en acompañar la política sanitaria del gobierno”, aclarando que tampoco dudan “en defender en toda circunstancia el pleno funcionamiento de las instituciones”.
Es a través de un proyecto de ley presentado por Mario Negri, que cuestiona el DNU por el cual Santiago Cafiero puede modificar sin ningún tipo de límites el Presupuesto. Para Negri, la pandemia no justifica una “emergencia institucional”.
“Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar los artículos 4 y 6 del DNU 457/2020, ya que los mismos significan el regreso de los superpoderes del jefe de Gabinete de Ministros para modificar el Presupuesto a su antojo. Me acompañaron los diputados Gustavo Menna y Alfredo Cornejo”, anunció este martes por la tarde el presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.
El jefe del principal bloque opositor de la Cámara baja recordó que “en 2006 el kirchnerismo instauró los superpoderes para el jefe de Gabinete, que entonces era el actual presidente de la Nación. Se trastocó así el programa constitucional que asigna el rol de trazar las partidas presupuestarias al Congreso”.
El diputado radical agregó: “En 2016 Cambiemos logró modificar esta situación cuando el Congreso fijó un tope del 5% del total del Presupuesto para hacer reasignaciones. Lamentablemente el Gobierno nacional decidió ahora volver a 2006. Con este DNU, el jefe de Gabinete de Ministros no tiene limitaciones para modificar el Presupuesto nacional”.
“La pandemia no es justificativo válido para que la emergencia sanitaria sea continuada por una emergencia institucional. No se puede vaciar al Congreso de potestades. Por eso pedimos la derogación de los superpoderes que dispuso el DNU 457/2020”, concluyó Negri.
