Desde el oficialismo aseguran que buscarán aprobar la reforma previsional del BAPRO

Así lo adelantó la diputada del FdT Susana González y dijo que “resolvieron poner el proyecto en el recinto porque en febrero pierde estado parlamentario”.

En diálogo con la radio pública de la provincia la legisladora que forma parte de la alianza de gobierno sostuvo que la Suprema Corte “está haciendo un esfuerzo en juntar a las partes para llegar a un acuerdo” y que le Legislatura sancione una nueva ley que reemplace la norma sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, que “se aprobó sobre tablas y sin ningún tipo de discusión en el recinto”.

La legisladora explicó que “tras analizar 5 mil cautelares, la Corte determinó que la legislación 15.008 es inconstitucional” y, por lo tanto, “ha preservado la determinación del haber (de los trabajadores del Banco Provincia) y ha atesorado la movilidad de los aumentos como venían teniéndolos antes de la sanción de esa norma”.

En ese marco, explicó que “el Gobernador envió el proyecto hace un año” y destacó que la propuesta “pasó por 4 comisiones, y se incorporaron modificaciones del oficialismo y de la oposición. Logramos los dictámenes de mayoría, pero hace 5 meses que no la podemos ingresar al recinto porque no tiene acuerdo en Labor Parlamentaria”.

Por lo tanto, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia adelantó que desde el FdT “resolvimos poner el proyecto mañana (miércoles 16 de noviembre) en el recinto, porque en febrero pierde estado parlamentario. Si no lo votan, que queden expuestos desde Juntos por el Cambio” debido a que “la Corte resolverá la cuestión de fondo y la ley (impulsada por Vidal) quedará más enterrada que cuando nació”.

La legisladora aclaró que “el problema es que, si no sale la ley consensuada, la banca pública quedará en una situación endeble y la Provincia tendrá que salir al rescate”, lo que “afectará al Presupuesto provincial tras la deuda que dejó Vidal”.

Respecto de las posibilidades de que la iniciativa prospere en la Legislatura, González dijo que desde el PRO ya anunciaron que rechazarán la propuesta, mientras que cree que el radicalismo tampoco la votará pese a que “incorporaron modificaciones” a la propuesta inicial. Sin embargo, recordó que “en un Zoom, Mauricio Macri les dijo que la ley no se votaba y a partir de ahí cambiaron su actitud”.

Movieron el pedido de juicio político al procurador General Conte Grand

En votación dividida se aprobó dictamen para constituir la Comisión Investigadora por el juicio político al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense puso en tratamiento el pedido de juicio político al procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, por “mal desempeño en ejercicio de sus funciones” y por dictamen de mayoría recomendó que se constituya la Comisión Investigadora que evaluará si procede o no la acusación ante el Senado bonaerense.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia solo se expidió para indicar la “recomendación” para la conformación de la Comisión Investigadora, este expediente después necesita el dictamen de otras dos comisiones -DDHH y Legislación- para luego estar en condiciones de ser llevado al recinto y por mayoría simple, procedería o no a su constitución, que tendrá a cargo la investigación y la posible o no acusación ante el Senado por el mal desempeño en sus funciones del Procurador “siempre respetando el principio de inocencia y el debido proceso”, según informó la diputado oficialistas y activa impulsora del proceso, Susana González.

De esta manera, de acuerdo a lo normado por la Constitución de la provincia de Buenos Aires – artículo 73 inciso 2, 176 y 182 y el artículo 2 de la Ley 4434 de Juicio Político-, se conformará en la Cámara baja una Comisión Investigadora integrada por 5 miembros que deberán verificar la documentación que se aporte, formular las pruebas y reunir testimonios, en el marco del pedido de juicio político al Procurador Julio Conte Grand por “mal desempeño de sus funciones”.

Vale recordar que el pedido de juicio político fue presentado el pasado 4 de enero de 2022, por la totalidad de los diputados del Frente de Todos debido a su presunta participación en la mesa judicial integrada por exfuncionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal con el fin de espiar y armar causas judiciales contra sindicalistas.

La vicepresidenta del bloque del FdT, Susana González, detalló que los tres hechos que se denuncian son “La pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al expresidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense –Bases AMBA- y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.

Así, con 8 votos a favor y 7 en contra se aprobó el dictamen de mayoría para que proceda el juicio político al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand y se constituya la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados bonaerense.

La reforma de la Caja del Bapro obtiene despacho de mayoría en Comisión de Previsión

Dos diputadas de la UCR se abstuvieron en la votación y el FdT y aliados dieron un paso importante para el proyecto de ley pueda ser tratado en el recinto.

El proyecto del gobierno de Axel Kicillof para derogar una reforma al régimen previsional de los trabajadores del Banco Provincia sancionada en 2017 durante el gobierno de Cambiemos obtuvo despacho favorable de la comisión de Previsión y Seguridad Social y quedó a un paso de ingresar al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense.

El debate al interior de la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside el chivilcoyano Fabio Britos podría recalentar una interna en el bloque opositor de Juntos que se viene acentuando desde el voto dividido que ocasionó la pasada discusión por la ley de reelecciones indefinidas y la resiente votación del acuerdo de Federico Thea para ser presidente del Tribunal de Cuentas.

El texto de reforma de reforma jubilatoria del Bapro, que volvió a sufrir cambios por parte del oficialismo, dejó expuestas las distintas posturas dentro del Pro y el radicalismo.

A propuesta de la diputada del Frente de Todos, Susana González, el proyecto dictaminado por la comisión de Previsión y Seguridad Social establece el haber jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia en un 70% y 75% según las tareas que el afiliado acredite en la caja, calculado sobre la base del mejor cargo durante cinco años.

Entre las principales diferencias con el recorte del 82% móvil al 70% que realizó la última modificación realizada con el auspicio de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

También se destaca que el haber de las jubilaciones del Bapro dejará de regir en base a las últimas 120 remuneraciones mensuales y que baja de 65 a 60 la edad jubilatoria de las mujeres. Lo que representaría una importante ventaja para las y los trabajadores.

El proyecto original de reforma del Bapro ingresado por el Poder Ejecutivo fijaba que el “haber mensual inicial de las prestaciones será el equivalente al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones mensuales percibidas durante el período de ciento veinte meses inmediatamente anteriores a la cesación del servicio”.

Durante la votación del proyecto de modificación del régimen previsional de los trabajadores del Bapro dejó una pequeña muestra de cómo avanzaran las cosas eventualmente en el recinto.

Mientras la vicepresidenta de la comisión, la marplatense del PRO Johanna Panebianco votó en contra y dejó manifiesto su rechazo, sus pares del radicalismo optaron por abstenerse. Por lo que el oficialismo al aliado vecinalista logró su cometido de darle el primer visto bueno a la iniciativa.

No se trata de un dato menor, dado que con el dictamen de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados bonaerense, el oficialismo podría aprobar el proyecto de reforma jubilatoria del Bapro con mayoría simple; es decir con la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes en el recinto.

“Habrá que ver como juega la oposición, hoy ellos se abstuvieron y con eso se puede lograr la media sanción. La abstención de las dos diputadas radicales no quiere decir que los demás hagan lo mismo”, deslizó la diputada Susana González, minutos después del despacho favorable.

Lejos del dramatismo de la votación dividida, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social Fabio Britos, titular del monobloque 17 de noviembre, resaltó que “se dio dictamen favorable al proyecto que estaba consensuado y que no pudimos tratar por cuestiones políticas”.

“Es un avance por lo que ocasionaba la reforma de Vidal desde el punto de vista jurídico con la catarata de juicios con dictamen favorable para los perjudicados”, detalló.

“Ahora resuelve la Corte y es la que pide una solución desde lo legislativo. Con la sanción de este nuevo proyecto quedaría zanjada esta discusión que está en la Justicia”, completó el diputado Britos. 

De la vereda opuesta, la vicepresidenta de la comisión Panebianco advirtió que “hubo conversaciones anteriores de manera informal para lograr un texto de unidad, pero lo que ingreso a la comisión es un texto de derogación que vuelve para atrás todo”. “El texto borra todas esas reformas y nosotros no podemos avalarlo por una responsabilidad fiscal y social”, enfatizó.

La reforma al régimen previsional de los trabajadores del Banco Provincia aprobada en la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados bonaerense establece el haber jubilatorio de los trabajadores en un 70% y 75% según las tareas que el afiliado acredite en la caja, calculado sobre la base del mejor cargo durante cinco años.

“El haber mensual de la jubilación ordinaria establecido en el inciso b) del artículo 24 será el equivalente al setenta (70) por ciento de la remuneración mensual asignada al cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado la persona afiliada”, explicita el articulado 43.

Asimismo, el mismo artículo aclara que “cuando la totalidad de los servicios que acredite sea en tareas de afiliación a la caja, será equivalente al setenta y cinco (75%) de la remuneración asignada a dicho cargo”.

En tanto, con los cambios introducidos por la diputada del Frente de Todos, Susana González se estableció que “en todos los casos se requerirá haber cumplido en el cargo un período mínimo de cinco (5) años”.

Entre otras consideraciones del texto, en el inciso 26 se precisa que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria la persona afiliada que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta (60) años de edad en el caso de las mujeres y sesenta y cinco (65) años de edad en el caso de los hombres”.

Responsabilizan al Procurador de la Corte por el riesgo sanitario en las cárceles bonaerenses

“Si se producen más muertes o una infección generalizada el único responsable se llama Julio Conte Grand” dijo la diputada del FdT Susana Gonzalez.

La diputada provincial de la alianza del gobierno consideró al Procurador General de la Corte Julio Conte Grand como “el único responsable” por la crítica situación de hacinamiento que atraviesan las cárceles bonaerenses en el contexto de aislamiento para evitar el contagio masivo de coronavirus.

“Si esto sigue en escalada, si se producen más muertes o una infección generalizada de coronavirus dentro de las unidades carcelarias hay un único responsable con nombre y apellido: se llama Julio Conte Grand” aseveró la diputada bonaerense, Susana Gonzalez.

La legisladora manifestó que “lo veníamos advirtiendo, esta situación va a ir en creyendo” dijo en momentos en que presos de distintas cárceles de la provincia realizan huelgas de hambre y “cuasi motines” en reclamo de que se agilicen los trámites para que les otorguen beneficios ante la posibilidad de la pandemia ingrese a un penal y ponga en riesgo la unidad carcelaria.

Sostuvo que la resolución dispuesta por el Tribunal de Casación bonaerense a cargo del juez Víctor Violini, que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por los 19 defensores oficiales para que se conceda el arresto domiciliario a los detenidos por delitos leves “no se trataba de excarcelaciones, ni morigeraciones para todos y todas”.

La resolución responde a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para “contener o disminuir las consecuencias ante esta situación de hacinamiento y dirigida a personas mayores de sesenta años, con enfermedades graves, mujeres embarazadas o con hijos dentro de las unidades carcelarias” dijo la diputada al considerar que “el ingreso del virus provocaría un contagio masivo”.

“Entendemos que si están en una cárcel tienen que cumplir su pena ante la sociedad por el delito que cometieron” sostuvo Gonzalez, aunque explicó que “lo que hoy están paradas son las medidas de atenuación accesibles legalmente a quienes están en condiciones de salir por delitos menores, no hablamos de un narcotraficante o un homicida; un violador o un femicida” remarcó.

Para la diputada, “la grave crisis de las cárceles bonaerenses se puso de manifiesto tras darse a conocer el primer caso de coronavirus positivo, que provocó una gran escalada de motines, incluso llegando a un fallecido”.

Gonzalez, manifestó que el Procurador General de la Corte bonaerense “públicamente se manifiesta de acuerdo, aunque bajo cuerda instruye a los fiscales para que apelen y desoye la voz de la Corte Suprema”.

La legisladora, que además integra la mesa Institucional dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, remarcó “sabemos que su vocación de ultra derecha no le permite dilucidar entre el perdón o el arrepentimiento. Entiende que debe actuar bajo la ley del talión, y la lleva adelante en el ejercicio de su profesión”.

“Se trata de quien los medios muestran como un señor sensato, responsable y sensible, aunque bajo sus tules negros aprieta y amenaza a fiscales y jueces”, dijo al referirse al Procurador.

Ante ello, aseguró que “después de haber escuchado de la voz del propio Conte Grand que aquellos que pedían morigeración de las penas eran ‘miserias humanas’ y que la medida extraordinaria ‘era un desvío´ ha quedado en evidencia que juega por debajo y por arriba de la Mesa Institucional de Diálogo”.

Estos dichos, se trata de un audio difundido donde presuntamente el Procurador General de la Corte en el marco de una teleconferencia con defensores y fiscales, criticó que se avance en planteos de morigeración de la pena de encierro, más allá de los casos que conforman el universo de riesgo frente a la pandemia de Covid-19.