Bandejas con tazas de café y más café ingresaron durante toda la jornada de este miércoles al despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde las negociaciones por la ley de Bases entre el oficialismo y los bloques dialoguistas parecieron empantanarse, pero al final del día se destrabaron y se acordó ir al plenario de comisiones este jueves para dictaminar. 

A las 11.30 está previsto que en la Comisión de Legislación General asuma como presidente el libertario Santiago Santurio, quien reemplazará al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza tras el desplazamiento de Oscar Zago. Cuarenta y cinco minutos más tarde arrancará el plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para tratar la ley de Bases. Mientras que a las 16 será el turno de Presupuesto por el paquete fiscal. 

Numerosas expresiones en minoría se sucedían dentro del recinto, en la sesión caída que había pedido Unión por la Patria, cuando Martín Menem abandonó el estrado y se encargó de encabezar en su oficina las conversaciones entre funcionarios y diputados por el proyecto que ambiciona hace tiempo el Gobierno y que fracasó en febrero pasado. 

El diálogo entre las partes, que días atrás se dio en Casa Rosada, se trasladó esta semana ya al Congreso, donde se analizó la letra chica de la renovada ley ómnibus. Este miércoles, hubo trabas por la reforma laboral que la UCR propuso incorporar y por el capítulo de impuestos internos al tabaco. 

La inclusión de unos 60 artículos sobre “modernización” del trabajo no contó con la anuencia de otro bloque dialoguista, el que lidera Miguel Pichetto. Fue el experimentado legislador quien salió a quejarse este miércoles por la mañana de que se hayan sumado cuestiones que “no estuvieron en el diálogo” con el Ejecutivo e incluso apuntó contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero. 

Durante la tarde, desde la UCR llegaron a advertir: “No va a salir la ley de Bases si no está la reforma laboral. Es un compromiso que el Gobierno asumió con nosotros desde el primer minuto”. “Nosotros sabemos que si lo sacan (del proyecto), el tema no sale más”, agregó un diputado del espacio. 

Además de los gobernadores -preocupados más por la cuestión fiscal-, quienes dijeron que “si la reforma laboral es un obstáculo, que se trate más tarde”, hubo también diputados de la oposición “friendly” que sugirieron al oficialismo no avanzar con tantos cambios porque “no pasa en el Senado”. 

Sí desde Hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto, estaban a favor de tres puntos de la reforma laboral: la eliminación de multas por trabajo en negro, la extensión a ocho meses del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. Son cambios en los que había coincidencia con el Pro y la UCR. 

Tras horas de negociaciones, desde el Gobierno acercaron una contrapropuesta a los jefes de bloques, que la analizarán en sus respectivas reuniones antes del plenario. Contendría los temas en los que todos estarían de acuerdo. 

Al culminar la cumbre en el despacho de Menem, pasadas las 19 de este miércoles, desde la UCR le bajaron el tono al asunto: “El radicalismo está para dictaminar, no está entorpeciendo”. La misma fuente afirmó que “en general” este sector estaría a favor de la nueva redacción de reforma laboral, tema que desde ese bloque se pujó por sumar al proyecto. 

Otro de los puntos que este miércoles generó tensión en las conversaciones fue el del porcentaje de impuestos internos al tabaco, algo que se pronostica no tendrá acuerdo total, sino más bien disidencias. Mientras la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (donde salteños y misioneros están especialmente plantados en el tema) irán con una propuesta, el Pro y el oficialismo tendrán otra. 

El día anterior, el diálogo había avanzado de manera más fluida, al cerrarse cuestiones relacionadas a la reforma administrativa, fondos fiduciarios, la eliminación de un artículo que otorgaba amplias facultades al Ejecutivo, la creación de una prestación previsional proporcional a los años de aporte -ante la eliminación de la moratoria jubilatoria- y cambios en el capítulo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sobre este último punto, la oposición más dura alertará por el informe del GAFI a la UIF sobre cómo este nuevo régimen podría favorecer al lavado de dinero. 

Citacion y Temario RC LG-PyH-AC 25-04-24 DipLG

El Gobierno afirma que la ley sobre impuestos al tabaco, que genera una gran polémica, irá separada de la Ley de Bases para que los “lobbistas no interfieran” en la misma.

“Nuestra idea es que la ley del tabaco vaya aparte para que los lobbistas que uno puede suponer que haya entre los diferentes sectores no interfieran, que no intenten hacer sus negocios”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni.

El vocero presidencial, en su habitual conferencia de prensa diaria, señaló ante la consulta de parlamentario.com que el propósito es que “sea una discusión pura y sin interferencia de nadie”.

De ese modo, Adorni subrayó que quieren que la ley del tabaco sea analizada y escrita sólo por los “interesados en términos parlamentarios de interferir”.

“La idea del Gobierno es evitar cualquier tipo de lobby y de intromisión de quienes no les corresponde interferir en este tipo de cuestiones tan relevantes como es una ley en el Congreso”, reafirmó.

La decisión del Gobierno de eliminar del proyecto de Ley Bases el apartado relacionado con los impuestos sobre las tabacaleras generó polémica en la industria y repercusiones en la Casa Rosada y el Congreso.

En el proyecto original de la ley de Bases se aumentaban los impuestos internos al tabaco del 70% al 73% y suprimían el gravamen mínimo a los cigarrillos. Pero el Gobierno retiró sorpresivamente de la ley el artículo que igualaba impositivamente a la tabacalera Sarandí con el resto de la industria.

Y ahora, Adorni anticipa que se impulsará a través de otro proyecto de ley.

En un martes cargado de actividad legislativa, tuvo lugar una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por la santafecina Mónica Fein, en la que comenzaron a debatir el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco – CMCT / OMS -, adoptado en la ciudad de Ginebra – Confederación Suiza – el 21 de mayo de 2003”. También pasaron a la firma el dictamen del proyecto sobre el Régimen Nacional para el Ejercicio Profesional de la instrumentación quirúrgica.

Al encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, fue invitado a exponer el doctor   Sebastián Laspiur, consultor de Factores de Riesgo y Enfermedades No Transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud (OPS/PMS) en Argentina.

Al respecto, Fein adelantó que no se emitiría dictamen el día de la fecha porque lo tratarán en una reunión conjunta con la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el Convenio Marco de la OMS por el Control del Tabaco. “Argentina firma en el 2003 este convenio y no fue ratificado por este Congreso tanto el Ministerio de Salud como otros actores han planteado la necesidad de ratificarlo”, planteó Fein.

A continuación, Laspiur se mostró esperanzado porque “ha entrado, después de muchos años, el Convenio Marco del Control del Tabaco a esta cámara y lo vemos con mucho entusiasmo y optimismo”.

Al respecto, explicó que el Convenio Marco es el primer tratado internacional de salud pública de carácter vinculante y que fue suscripto por la mayoría de las nacionales del mundo. “Este convenio cambió la historia en cuanto a la salud pública y al tabaco”, resaltó y agregó que ya tiene una vigencia de más de 20 años y “ha cambiado la historia en el mundo”.

Respecto del objetivo del Convenio, el especialista precisó que “es proteger a las generaciones presentes y futuras de los daños que ocasiona el consumo de tabaco y la exposición del humo de tabaco ajeno. También contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”.

“Además de ser el primer tratado de salud pública internacional vinculante, fue realizado bajo el auspicio y asesoramiento técnico de la OMS, de las cuales la OPS es la oficina regional para la OMS y es una respuesta mundial a la epidemia global de tabaco. No fue una epidemia de un solo país, sino que es algo global desde sus inicios”, indicó.

A su vez, contó que el Convenio plantea un abordaje integral porque “no se dedica solo a un tema, sino que aborda de forma integral la problemática para luchar contra ella y contiene medidas basadas en la evidencia que han demostrado ser efectivas que se fueron construyendo con muchos estudios hasta que se plasmó en este tratado internacional”.

“Más del 90% de la población mundial está cubierto por el Convenio Marco para el control del tabaco y se ha tenido una lucha muy eficaz a partir del desarrollo y la implementación del Convenio. Muy pocos países como Argentina o Estados Unidos no están insertos”, precisó y destacó que Argentina tiene una ley que “aplica muchas recomendaciones del Convenio, pero no se suscribió al marco”.

Laspiur recordó que Argentina en el 2003 fue uno de los primeros países en firmar el Tratado Internacional, pero al ser un paquete normativo requiere la ratificación del Congreso algo que “nunca fue posible, entró hace pocos meses y estamos expectantes”.

En esa línea, enumeró las consecuencias del tabaco a nivel global tales como que es un factor de riesgo común a las principales ENT, en el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco (de 15 años o más), 24 millones de adolescentes (de 13 a 15 años), el tabaco mata a 8 millones de personas cada año en el mundo, mata a 1 millo de personas cada año en la Región de las Américas, el costo económico del tabaquismo en las Américas es de US$626.000 millones cada año.

Según los datos que aportó, en Argentina cada año se mueren 57 mil personas a causa del tabaco, 24% de la población adulta fuma y se estima que se destinan alrededor del 12% del gasto total sanitario a contrarrestar el consumo del tabaco. Además, uno de cada 5 jóvenes de 13 a 15 años consume tabaco y alertó: “Argentina está segundo en la región de las Américas de los países con mayor prevalencia 24% del consumo de tabaco”.

“Eso no es solo un tratado de salud, sino que es global de todo que involucra a los gobiernos en su conjunto porque, además de los gastos médicos está la falta de productividad, el dinero que se podía destinar a atender otras enfermedades, es decir, los gastos indirectos que genera en el sistema y en la productividad de los países el consumo del tabaco”, manifestó el doctor.

Así, precisó que el Convenio Marco es un Tratado Internacional que consta de 38 artículos en los cuales hay disposiciones generales, medidas para reducir la demanda de tabaco, para reducir la oferta, aspectos legales y capítulos de cooperación internacional y reporte de información entre países.

Entre las obligaciones generales, establece que “cada país genere una unidad de control y que cree un Comité Multisectorial porque involucra economía, salud, comercio exterior, la implementación de este tratado genera y requiere una respuesta multisectorial coordinada”. En tanto, ponderó que “al ser vinculante cuando uno ratifica el Convenio Marco el Gobierno entero forma parte del mismo y tiene que rendir cuentas al órgano que coordina a nivel global dentro de naciones unidas”.

Para Laspiur, un Convenio Marco es importante porque “hay muchas competencias que escapan a los Ministerios de Salud como el tema de impuestos, lucha contra el contrabando, licencias de importación y exportación, educación en las escuelas, relaciones internacionales y temas judiciales”.  

Además, indicó que el artículo 5.3 de las Obligaciones Generales que tiene que tener cada país establece la necesidad de luchar contra la industria del tabaco y evitar interferencias de ésta que “manufactura, publicita y empaca, no contra los productores. La industria intervino en todos los países en los procesos legislativos, exageran el beneficio económico que tienen los países sobre esta industria, manipula la opinión pública, utiliza grupos de fachada de opinión, desacredita la evidencia científica, intimida a los países con litigios como Uruguay para que retrocedan con sus políticas”.

Sobre el artículo 6 explicó que plantea un aumento de los impuestos para reducir el consumo en jóvenes y en poblaciones menores de bajos ingresos. También destacó la protección del ambiente al 100% libre de humo, las advertencias sanitarias al frente de los envases que se requiere que esté en el 100% del envase y que tenga un etiquetado neutro donde la marca no esté expresada, sino en una fuente establecida y pequeña.

El artículo 13 del Convenio prohíbe de forma absoluta la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco o cualquier característica y el artículo 14 establece un tratamiento para aquellos que son dependientes a la nicotina.

Entre las medidas para la reducción de la demanda, se encuentran el comercio ilícito que “no solo es transfronterizo, sino también interno. También aumenta la accesibilidad de la población al tabaco y daña la salud las economías al evadir impuestos”.

Laspiur también comentó que el Convenio brinda un apoyo a las actividades económicamente viables regionales. Los productores de tabaco que tienen que ver con apoyo internacional a las alternativas y a la reconversión y a las condiciones de trabajo de los pequeños productores”.

“Desde el 2000 el mundo fumaba desde un 50% ahora un 35%, cada época es un componente duro de mover, pero está funcionando, hay una reducción notable. Esto es un promedio global. Hay países que hicieron las cosas mejor que otros que tuvieron drásticas reducciones con grandes beneficios en salud”, informó.

Respecto de Argentina, entre el 200º y el 2019 el consumo de tabaco disminuyó, pero volvió a crecer a partir del 2020. “A partir del 2011 cuando se aprobó la Ley Argentina de Control de Tabaco empezó a reducirse el consumo, pero después de 2016 se amesetó la reducción y en pandemia comenzó a aumentar el consumo. La ley es eficaz, pero se necesita fortalecer las políticas regulatorias para seguir reduciendo y dar una lucha efectiva contra el control del Tabaco”, alertó.

Sobre la normativa del país, cuestionó que “se permite la publicidad en sitios de venta y la exhibición del producto y publicidad directa. Son debilidades que, ratificando el Convenio, se tienen que acomodar porque fortalece la protección al consumidor”.

La Ley 26.687 de regulación de publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con tabaco fue aprobada en 2011 promueve espacios 100% libres de humo, regula el etiquetado de cigarrillos, pero no incluye todos los productos de tabaco.

Promediando su disertación, Laspiur enumeró los motivos por los cuales el país necesita ratificar el Convenio: “Por jerarquía constitucional del tratado, para establecer políticas efectivas. Para cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos que establecen la obligación de garantizar el nivel más alto de salud posible. Para alcanzar las metas de la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Para garantizar la transparencia de la relación con la industria. Para combatir eficazmente el contrabando de productos de tabaco, para obtener la asistencia y apoyo necesario para avanzar en la diversificación de cultivos de tabaco, para poder consensuar con los países vecinos políticas de restricción de publicidad y para participar en las decisiones de políticas globales para enfrentar el tabaquismo”.

El Gobierno envió al Congreso el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud para su ratificación el 16 de mayo de este año. El acuerdo cuenta con la adhesión de 182 países y tiene como objetivo lograr una respuesta eficaz a la globalización de la epidemia del tabaquismo, a la vez que reafirma el derecho de todas las personas a lograr el máximo nivel de salud posible.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública, a cargo de la diputada Mónica Fein, se reunirá el próximo martes 22 de agosto a las 14 a fin de debatir sobre el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.

El encuentro, que se llevará a cabo en la Sala 3 del 2° piso del Anexo “A”, contará con la presencia y disertación del doctor Sebastián Laspiur, consultor de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud en Argentina quien dará su opinión especializada sobre el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco – CMCT / OMS -, adoptado en la ciudad de Ginebra – Confederación Suiza – el 21 de mayo de 2003”.

Además, los diputados debatirán sobre dos proyectos -uno del oficialismo y otro de la oposición. que tienen por objeto la regulación y el control del ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica en todas sus modalidades, ámbitos y niveles del sistema de salud.

La diputada nacional Carolina Moisés (FdT) solicitó este viernes al Ministerio de Salud de la Nación la derogación de la Resolución 565/2023, por la que se prohíbe la importación, distribución, comercialización, publicidad y cualquier modalidad de promoción y patrocinio en todo el territorio argentino de los denominados “productos de Tabaco Calentado”.

En sendas cartas enviadas a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la jefa de la Unidad Gabinete de Asesores, Sonia Tarragona, la legisladora oficialista expresó su “profunda preocupación y sorpresa” por la medida adoptada “sin consulta previa tanto a los distintos sectores socioeconómicos involucrados” como “a los referentes políticos que venimos defendiendo activamente la promoción de las economías regionales como motor del crecimiento y del empleo”.

“La resolución afecta directamente el empleo y la actividad económica y carece de toda razonabilidad y proporcionalidad con los propios fines de salud pública que enuncia”, advirtió la jujeña, quien además agregó que “los productos de tabaco calentado reducen el riesgo sanitario frente al consumo tradicional de tabaco, en comparación con las otras modalidades habilitadas por la autoridad pública, como los cigarrillos y cigarros que son de tabaco encendido y en combustión”.

Moisés aseguró que tanto ella como “muchos de los legisladores de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, y Misiones” comprenden y defienden activamente desde sus bancas del Congreso Nacional “la trascendencia que el sector tabacalero, y en particular el Fondo Nacional del Tabaco, que importan para el sostenimiento de la actividad económica, y los ingresos de recursos públicos a las correspondientes provincias”.

En ese marco, la diputada sampedreña explicó que Argentina es el 8° productor y el 7° exportador mundial de tabaco y que la actividad primaria se concentra en siete provincias del norte: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca. Tras lo cual, apuntó que “el cultivo del tabaco es el mayor demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, a razón de 120 jornales por hectárea. Y toda la cadena de valor genera más de un millón de empleos directos e indirectos dedicados al cultivo y acopio de tabaco, actividad manufacturera, distribución y venta mayorista y minorista”.

Para Moisés, “es muy probable que en el Ministerio de Salud se desconozcan todos estos datos porque no es información que deba manejar esa cartera”.

Por esto, la diputada del Frente de Todos expresó que “de haber sido consultados, hubiéramos podido exponer que el sector tabacalero está constituido por más de 150 mil PyMEs con unos 50 mil productores primarios agrupados en más de 10 cámaras y cooperativas provinciales -que nuclean los intereses de los que producen, procesan y revenden la materia prima-, 100 empresas de venta mayorista y distribución y 100 mil kioscos que hoy se ven sumamente afectados por esta decisión que necesitamos que quede sin efecto”.

El cultivo de tabaco representa una importante actividad en términos económicos y sociales en el Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) del país, siendo las principales provincias productoras: Jujuy, Misiones y Salta; y en menor medida: Tucumán, Catamarca, Corrientes y Chaco.

En las provincias tabacaleras hay cerca de 23 mil productores registrados -de los cuales unos 15 mil son pequeños agricultores. En el NOA predominan los grandes y medianos productores con mano de obra asalariada; mientras que, en el NEA, Tucumán y Catamarca se caracterizan por explotaciones familiares.

En Jujuy el sector tabacalero es el primer empleador privado en la provincia y segundo empleador después del sector público.

Estamos en época de cosecha y las expectativas de los productores están centradas en los resultados de su trabajo, en poder obtener precios para su producción que les permitan recuperar su inversión y ver crecer su actividad. Sin embargo, gran parte del esfuerzo de los emprendedores está supeditado a las idas y vueltas del Gobierno Nacional, de la AFIP y de la Justicia, que intervienen en el sector tabacalero introduciendo serias distorsiones en los resultados económicos de la producción.

Se trata de un sector altamente regulado y es un gran contribuyente por su alta carga impositiva, ya que cerca del 75% del total del valor de cada paquete de cigarrillos está destinado a impuestos.

El Fondo Especial del Tabaco (FET) establecido por la Ley 19.800 de 1972, regula todas las actividades tabacaleras del país y funciona como un mecanismo para corregir deficiencias estructurales y asegurar un precio compensatorio a los productores tabacaleros.

Son varios los problemas que aquejan al sector, entre los cuales debo destacar:

Lo oneroso que resulta el Derecho de Exportación del 12% al tabaco, afectando significativamente la competitividad del sector. En el caso de Jujuy el 90% del tabaco se exporta, por eso consideramos muy importante que se reduzcan las alícuotas vigentes teniendo en cuenta que el tabaco conlleva al menos 2 procesos industriales, el secado y el despalillado.

Como resultado de la industrialización de la materia prima se exportan láminas y scrap. Esta realidad productiva, hace que el sector reclame la reducción de los derechos vigentes a porcentajes similares a los de otros procesos industriales.

Los productores esperan este cambio de estatus del tabaco lo antes posible, antes de vender su producción a las grandes tabacaleras de manera de beneficiarse de la rebaja de impuestos.

Por otra parte, sigue siendo preocupante para el sector el hecho que parte de la industria del cigarrillo eluda el pago pleno del Impuesto Interno por medidas cautelares con escaso fundamento jurídico. 

La Corte suprema rechazó los argumentos de las empresas litigantes, de manera que está en manos de la AFIP proceder al cobro pleno del Impuesto.

La venta de cigarrillos a precios más bajos es consecuencia directa de la evasión impositiva y atenta directamente contra el espíritu y objetivo de la ley vigente, porque al reducir el precio del producto genera por un lado la fácil accesibilidad para su consumo y afecta la recaudación en materia de recursos fiscales coparticipables. Reduce además la base de cálculo del FET, la remuneración de los productores y la asistencia social y sanitaria a las familias tabacaleras del NOA y del NEA.

Además de cumplir su deber de cobrar los impuestos como corresponde, es imperativo que la AFIP refuerce el control sobre la venta de cigarrillos sin etiqueta, de contrabando o con etiquetas apócrifas. Es lamentable que prolifere el comercio ilícito y que el Gobierno Nacional abandone a su suerte a los productores y a las empresas que pagan sus impuestos.

Otro tema muy preocupante es el encarecimiento de los insumos, especialmente los fertilizantes y el gasoil, además de los eventos climáticos extremos como la sequía y la granizada de fines de noviembre pasado. Estos imponderables se suman a los problemas ya mencionados, reduciendo la productividad de los cultivos y los márgenes del productor.

Valoramos la conformación de la Mesa Nacional del Tabaco y esperamos que los temas más importantes para el sector empiecen a encontrar un cauce favorable a los productores. Acordamos también en la necesidad de incorporar al esquema tributario vigente a los demás productos derivados del tabaco que se comercializan actualmente en nuestro país.

Fortalecer las economías regionales es fundamental para mantener diversificada la matriz productiva nacional, en cada región del país hay oportunidades de progreso que pueden y deben ser aprovechadas. El Gobierno Nacional tomó medidas para mejorar el tipo de cambio de los productores de la agricultura pampeana, creemos pues que llegó la hora de que se apoye con más fuerza a nuestras economías regionales reduciendo los derechos de exportación y combatiendo el comercio ilícito.

El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca prohibir la venta de cigarrillos en lugares ubicados a menos de 100 metros de escuelas de nivel básico y media.

La iniciativa pretende controlar la oferta de tabaco para proteger a la población de la exposición al humo ambiental de esa sustancia y preservar a los adolescentes de su consumo.

Según el Ministerio de Salud bonaerense, el proyecto mejora el estándar legislativo para el control de tabaco en la provincia al garantizarle a la población un mayor nivel de protección en cuanto a la exposición al humo ambiental de esa sustancia.

La propuesta dispone la prohibición de la publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de productos de tabaco, de sistemas electrónicos, productos de tabaco calentado y venta en lugares a menos de 100 metros de las escuelas de educación básica y media.

Con el objetivo de brindar un mayor acompañamiento a la población, el texto contempla que los subsistemas de salud público, privado y de seguridad social deberán garantizar la atención a la adicción al tabaco con tratamientos conductuales y farmacológicos.

Otro de los puntos incluidos en el documento tiene que ver con anular la venta de cigarrillos sueltos o fraccionada y crear una cuenta especial para fondos generados por multas, como así que los municipios creen un área de control del tabaco.

En la actualidad, la Ley 13.894 modificada por la resolución 14.381, permite fumar en patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados de acceso al público y en clubes para fumadores de tabaco.

De esta manera, la coordinadora del Programa Provincial de Control de Tabaco, Silvia Rey, indicó que “si bien la ley actual tiene fortalezas, su calidad puede mejorarse contemplando los estándares legislativos propuestos por el Convenio Marco para el Control del Tabaco”.

En la misma línea, el director de Prevención de Enfermedades no Transmisibles del ministerio de Salud, Sebastián Crespo, señaló que “contar con una mejora en la normativa actual tiene que ver, con desarrollar políticas sanitarias”.

“La salud de la población mejora cuando se generan las condiciones para vivir en contextos y ambientes que los proteja, y este proyecto de ley se basa en esa premisa”, aseguró Crespo.

Para la elaboración del documento, se conformó una mesa técnica en la que participaron representantes del Departamento de Contralor del Tabaco y Establecimientos Comerciales, el Programa Nacional de Control de Tabaco y la Fundación Interamericana del Corazón Argentina.

También participaron de la creación del proyecto, la Asociación Argentina de Tabacología (AsAT), la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Universidad Nacional de La Plata y expertos en tabaquismo.