Preocupa a senadora de UP el aumento “de hasta el 600 %” del gas

Algunos cálculos señalan que el aumento promedio en las facturas de gas para hogares de ingresos medios será “devastador”, con un incremento de casi 600% a partir del 1º de abril.

“Familias trabajadoras van a pagar de 20.000 a 80.000 pesos mensuales el gas en invierno”, estimó la senadora bonaerense de UP Sofía Vanelli.

Tras haberse desarrollado la audiencia pública de gas convocada por el ENARGAS para aumentar las tarifas de gas natural de hasta un 600 por ciento a partir del 1 de abril la senadora renovadora hizo conocer su posición.

Sucede que se estima que esto llevará las facturas mensuales de un promedio de $2.700 a unos exorbitantes $20.000, y en invierno, hasta $80.000.

Al respecto, Vanelli expresó: “Milei y su gobierno están dispuestos a eliminar a la clase trabajadora y a las pymes que son el motor de nuestro país, elevando a porcentajes extravagantes el gas y la energía eléctrica. Una familia en la provincia de Buenos Aires no podrá afrontar un gasto que representa, en muchos hogares, entre un 15 y un 20 por ciento de sus salarios”.

La legisladora massista cuestionó también la participación de la Secretaria de Energía en la audiencia que “tenía como objetivo principal discutir tarifas de distribución y transporte, pero Eduardo Rodríguez Chirillo desvió el foco exclusivamente hacia los subsidios sobre el costo del gas. Hay tres empresas que brindan servicios de gas natural a los bonaerenses, Naturgy, Metrogas y Camuzzi gas pampeana, necesitamos discutir de que manera van a estar proveyendo el servicio a qué costos y cuáles son sus planes de expansión”.

“El secretario tampoco aclaró si los bonaerenses deben solicitar nuevamente el subsidio o de qué manera se continuará con el plan vigente.”

Y añedió: “El esfuerzo que hizo el país financiando el Gasoducto Néstor Kirchner fue para el crecimiento de Argentina con tarifas justas y asequibles. Es necesario que se siga ese camino”.

“De lo que no habló el Rodríguez Chirillo fue del impacto inflacionario adicional sobre comercios, e industrias de este nuevo aumento. Sabemos que cuando sube la energía eso va directo a los precios”, sostuvo también.

Finalmente, Vanelli, senadora de la provincia de Buenos Aires recordó que el modelo que proponía ex el ministro Sergio Massa en relación con las tarifas de electricidad y gas era “un sistema gradual pero priorizando a los sectores medios y bajos, para que ese segmento familiar cuente con la ayuda del Estado, pero claramente este modelo de Milei es ajustar sobre las familias trabajadores, sobre las pymes y los sectores bajos”.

Ritondo pide ampliar las Zonas Frías para incluirlas en la reducción de tarifas de gas

La iniciativa propone la Ley 27.637 con el fin de “beneficiar a 12 millones de usuarios”. “Solicitamos que el mapa elaborado por el ENERGAS sea modificado para que los beneficios sean equitativos”, explicó.

El titular del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, junto a sus pares presentaron un proyecto para modificar la Ley 27.637 que dispuso el año pasado un régimen de beneficios para consumidores de gas natural por red y gas propano indiluido avecindados en Zonas Frías.

Según la iniciativa parlamentaria, los cambios aprobados en 2021 “han dejado excluidos a casi 12.000.000 de usuarios que viven en distritos con características climáticas que ameritan ser incluidos en el régimen de beneficios para Zonas Frías, por el cual se reducen las tarifas de gas entre 30% y 50%, de acuerdo a la situación económica de cada sector”.

“Es un error incluir dentro de los beneficios a un vecino de Luján y dejar fuera a otro de General Rodríguez, o incluir a uno de Baradero y excluir a otro de Zárate, todos viven en zonas de iguales características climáticas. Lo mismo sucede en Entre Ríos, Jujuy y Salta, con amplitudes térmicas menores de 14º, por lo que las necesidades de calefacción son más que evidentes”, señaló el presidente del bloque.

Seguidamente, agregó: “Solicitamos que el mapa elaborado por el ENERGAS sea modificado para que los beneficios sean equitativos. Por error o arbitrariedad, en la Argentina no puede haber exclusiones de ningún tipo”. Y concluyó: “Con decisión política y buena voluntad se pueden subsanar las falencias detectadas”.

Cabe destacar que, con la exclusión de la denominada “subzona IIIb”, quedaron fuera de los beneficios más de 60 localidades, departamentos o ciudades de cuatro provincias argentinas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, han sido perjudicados los municipios de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Tigre, La Plata, Magdalena, Quilmes, General San Martín y La Matanza.

Junto con Ritondo, firman el proyecto de ley los legisladores Virginia Cornejo, Alejandro Finocchiario, Mercedes Joury y María Luján Rey.

2682-D-2022

Jimena Latorre: “El Gobierno deberá aumentar un 65% la tarifa de gas para cumplir con el FMI”

Eso expresó la diputada radical en su participación en una Audiencia Pública en donde advirtió que “no venimos a discutir tarifas, venimos a analizar los precios del gas y la porción que el Estado tomará a su cargo y que tendrá impacto en las metas fiscales”.

jimena latorre sesion diputados 10 junio 2021

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) participó en la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Energía dedicada a tratar qué porcentaje del precio del gas en el “Punto de ingreso al Sistema de Transporte” (PIST) pagará el Estado Nacional a través de subsidios.

En su exposición Latorre destacó: “No venimos a discutir tarifas, venimos a analizar los precios del gas en el PIST y la porción que el Estado tomará a su cargo y que sin dudas tendrá impacto en las tarifas, pero también impactará sobre el déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación y los cumplimientos o incumplimientos de las metas fiscales comprometidas”.

“Se parte de una situación de anomalía legal e institucional, tan anómala también como la intervención de los Entes Reguladores”, afirmó la diputada y explicó que esta situación “se inició en el 2004 con el decreto 181 que fijó un esquema de normalización del precio del gas, hasta que se reencauzara la actividad y se llegara nuevamente a los precios que debían resultar de la libre interacción de la oferta y la demanda y se facultó a la Secretaría de Energía a acordar con los productores el ajuste del precio desoyendo así la reglamentación que sostiene que la producción y comercialización del gas es una actividad desregulada”.

En ese sentido, denunció: “Hace 18 años que vivimos en esta excepcionalidad, paralegal, en la que el Estado interviene con fondos del Tesoro Nacional para controlar precios en lugar de generar las condiciones macro económicas que permitan que el control de los precios llegue de la mano de mayores y mejores inversiones”.

“Los pocos programas que este Gobierno plantea no se encaminan a lograr una competencia de precios, sino y muy por el contrario, concentran aún más la producción en algunos pocos actores favorecidos con beneficios y fomentos que se sostienen con el esfuerzo fiscal”, expresó la legisladora mendocina en su intervención.

Y agregó: “Sin dudas este no es el camino de retorno hacia una puja competitiva”, y sugirió: “Para que ello ocurra se necesita estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, dos conceptos a contramano de las decisiones de este Gobierno, y un programa económico consecuente con una planificación coherente y a largo plazo, y no medidas aisladas, descoordinadas e insostenibles como las que lamentablemente muestran”. 

La diputada también destacó la falta de elementos esenciales para determinar con cuanto va a intervenir el Tesoro Nacional: “Hoy vence la prórroga, de la prórroga, de la prórroga del plazo para renegociar la 6° adenda del contrato de importación de gas de Bolivia suscripto entre IEASA y YPFB. Es prioritario tener certezas sobre esas entregas y en su caso sus sustituciones, para recién entonces poder hablar de los precios de esa oferta y luego cuál será la porción que el esfuerzo fiscal absorberá a fuerza de subsidios”.

Otro interrogante que planteó Latorre fue sobre los fondos dado que “no sabemos con certeza cómo va a estar compuesta la oferta, se plantea también con serias dificultades cualquier previsibilidad acerca del Costo Fiscal que insumirá absorber una porción de esos precios”.

“El precio actual del gas en la tarifa ponderado es de $6.16 m3; ello implica que hoy esa porción a cargo del Tesoro Nacional es del 71%. De continuar en ese sendero, se necesitan 81.000 millones de pesos adicionales a los proyectados en el presupuesto rechazado de 2022. El 2021 cerró con subsidios energéticos cercanos a los 11.000 millones de dólares. En este escenario los subsidios para 2022 se elevarían por encima de los 15.000 millones de dólares”.

En ese marco, Latorre explicó: “Para respetar lo proyectado en 2022, la actualización del precio del gas deberá ser de al menos un 91% para cubrir un 44% en lugar del 71%, el precio del gas deberá ser de $11,77 el m3. Ello implica un aumento trasladado a tarifa final de al menos un 65% y no un 20% como afirma el kirchnerismo”.

La diputada radical concluyó: “Llaman a una Audiencia pública, pero sin hacer públicos los datos sobre el desequilibrio de la balanza energética, sus implicancias, ni posibles soluciones”. “Con las estimaciones del informe se requerirán al menos 81.000 millones de pesos más que lo presupuestado para 2022. De lo contrario deberán sincerar aumentos del 65% en la tarifa de gas; o sincerarle al FMI que no cumplirán con las metas de reducción del déficit fiscal”.

“Sería de una gran honestidad intelectual de los funcionarios a cargo, que llamen a la ciudadanía a participar de la toma de decisiones con base en la verdad que arrojan los datos objetivos, en lugar de continuar con un relato que a esta altura resulta a todas luces insostenible”, cerró.

Zona Fría es ley, tras la sanción del Senado

Después de un extenso debate durante 6 horas, la Cámara alta convirtió en ley la ampliación del régimen de zona fría para que los usuarios de gas natural tengan una tarifa subsidiada en regiones de bajas temperaturas. Duros cruces entre el oficialismo y la oposición por la política energética.

El Senado sancionó y convirtió en ley el proyecto denominado Zona Fría, que prevé la ampliación del régimen de zona fría, incorporando nuevas provincias y localidades del país al beneficio de tarifas diferenciales de gas, con reducciones entre un 30% y 50% para los usuarios.

Con un extenso debate que duró 6 horas, el Senado sancionó la Ley de Zona Fría con 51 votos a favor, 12 negativos y ninguna abstención, con el apoyo del Frente de Todos, aliados peronistas y algunos acompañamientos en general de senadores de Juntos por el Cambio mientras que otros de la oposición votaron en contra.

El debate, que fue intenso por momentos, tuvo tres claras posturas siendo la del oficialismo la misma que en Diputados, ya que se criticó la política energética del macrismo y marcaron que esta iniciativa de ley “otorga derechos y beneficia a los más necesitados”.

En tanto, la mayoría de la oposición cuestionó este proyecto señalando que “otorga subsidios en forma discriminada”, “no tiene un verdadero sustento financiero”, va a producir un “descalabro” en el sistema energético por el “exceso” de consumo, que “es una medida electoralista” y que “va a perjudicar a las futuras inversiones” para realizar obras de infraestructura.

Otros senadores de la oposición, que en su mayoría votaron a favor en general, también realizaron críticas y solicitaron que se atienda el problema de los usuarios de gas en garrafa.

Asimismo, uno de los puntos más recurridos fue la necesidad de que llegue la red de gas a las provincias del norte del país que además solicitaron que haya una política de subsidio diferencial para la red eléctrica en verano donde las temperaturas son elevadas.

De esta manera, distintas localidades de 15 provincias argentinas tendrán tarifas diferenciales de gas, que se sumarán a la región de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), ya contempladas en el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas, se sumarán Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Las voces en el recinto

En el cierre del debate, el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, definió el proyecto puesto en discusión como uno que “básicamente aspira a cumplir con el derecho social. Es una cuestión también de derechos humanos”, dijo.

“Tenemos que tener una visión estratégica, como la que tuvieron los gobiernos de Néstor y Cristina, para que todo ciudadano, viva donde viva, pueda utilizarlos”, dijo. Y agregó: “Ese programa estratégico hace al desarrollo económico y social del país”.

Mayans fue muy duro en su discurso contra el Gobierno de Mauricio Macri.

No faltaron en su discurso, por supuesto, las críticas hacia el Gobierno anterior, al que fustigó por el tema tarifario. “No existió sinceramiento de tarifas”, durante esa gestión, afirmó, asegurando que hubo una “dolarización de los servicios, y ustedes siguen acompañando esa política de Macri”.

“¿Saben cuánto fugaron del país las energéticas en el año 2019? Solamente ese año fugaron 7.500 millones de dólares”, afirmó. “¿Y el problema son estos 5.200 millones del fondo fiduciario?”, se preguntó, asegurando que desde JxC se oponían por cuestiones electorales

Sobre el final, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, reconoció errores en materia tarifaria tomadas por el Gobierno de Cambiemos. Es más, dijo, “yo estoy convencido de que el sinceramiento, del modo que se implementó, tuvo sus consecuencias directas en materia electoral. Y también muchos advertíamos; pero también hay que decir las cosas como son: sincerar y hablar con la verdad y tomar decisiones cuando hay déficit y alguien se tiene que hacer cargo, también tiene su resultado positivo no para un gobierno, pero sí para un país”.

“Era tan grave la situación que no solamente no se resolvió desde la cartera de Energía o lo resolvió un presidente… No, en el 2017 se firmó el Acuerdo Federal Energético, donde todos los gobiernos provinciales, con excepción de San Luis y La Pampa, coincidieron en la necesidad de estipular precios, tarifas, para compensar la cadena de la producción, de la distribución de toda la cadena en materia energética, para establecer la tarifa social para realmente segmentar a quienes lo necesitan, pero había que recuperar los niveles de inversión. Porque se tocó fondo. Había que hacerlo, porque la política anterior de subsidiar indiscriminadamente, nos llevó al peor de los mundos”, agregó.

Naidenoff reconoció que “fue equivocado la política de tarifazos -del gobierno anterior- pero no se trata de una puja solamente de zonas sino que repetimos la historia de la indiscriminación de los subsidios no van más y se equivocan”.

“Yo me hago cargo de la insensibilidad de la decisión de aumentar tarifas porque fui parte de un gobierno, pero esto de tirar manteca al techo para subsidiar la energía a señores que pueden ir a esquiar a Las Leñas o estar tranquilos en Villa La Angostura”, cerró.

En el inicio del debate, el miembro informante del Frente de Todos, Roberto Uñac, sostuvo que “la tarifa diferencial que establece la presente ley no excluye los beneficios que ya gozan por otras normas vigentes”.

“Además, la ampliación del régimen para zonas frías no requiere aportes del Tesoro y significa un beneficio para casi 4 millones de hogares”, agregó el senador sanjuanino.

En tanto, al inicio de su discurso, el miembro informante de Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, adelantó que ese interbloque dio libertad de acción a sus miembros para votar según sus criterios sin una orden política.

El senador misionero dijo que “esta medida no discrimina entre hogares con posibilidad de pagar una tarifa representativa de los costos y aquellos hogares que no tienen esa posibilidad, no es un subsidio focalizado, sino que está armado en función de una zona geográfica arbitraria”, y adelantó que votará en contra al mismo tiempo que elogió la gestión del ministro de Energía del gobierno anterior, Juan José Aranguren.

También en contra del proyecto, la senadora neuquina Lucila Crexell (MPN) manifestó que “lo que debiera ser una herramienta para generar incentivos termina siendo una herramienta de demagogia electoral” porque esta iniciativa “viene a fortalecer la idea de la patria subsidiada que no sabemos bien cómo y a quien subsidiamos”.

En el mismo sentido, la senadora mendocina Pamela Verasay (Juntos por el Cambio) sostuvo que “los subsidios generalizados principalmente benefician a los sectores de altos ingresos”.

Asimismo, el senador chaqueño Víctor Zimmermann consideró que “el sistema de subsidios en la Argentina es pro ricos, seguro que es así y ahora con este proyecto de ley eso se amplía”.

En la misma línea, el senador entrerriano Alfredo de Angeli manifestó que “es un proyecto de ley que yo llamaría ‘ampliación generalizada de subsidios a usuarios de gas en red’, y por eso estoy en contra porque cuando se regala se puede llegar a cometer el error de derrochar, es un proyecto demagogo”.

También la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado sostuvo que “esta es una ley absolutamente injusta porque genera una gran desigualdad. Es un subsidio a una mancha generalizada donde no se distingue quienes lo necesitan de verdad y quienes no”, señaló.

Por su parte, la senadora bonaerense Gladys González fue contundente: “Es justamente en honor a mi convicción por una Argentina justa y equitativa que me opongo a esta ley de zonas frías, porque no hace otra cosa que profundizar la desigualdad, profundizar la injusticia y beneficiar a los más ricos”.

Para el senador mendocino Julio Cobos “la única manera para que se extienda la red de gas es con inversiones que surjan del propio sistema, no hay que ir de un extremo a otro, hay que actuar con razonabilidad y sentido común para extender estos beneficios”, aunque adelantó que va a aprobar el proyecto en forma general.

Otro de los que realizó cuestionamientos al proyecto de ley pero votará a favor fue el senador fueguino Pablo Blanco, quien afirmó: “Hay que hacer una discusión general del tema, hay que estudiar y analizar una tarifa social que esté acorde a los ingresos de quienes deben abonar”.

Desde la oposición, la senadora jujeña Silvia Giacoppo afirmó que “las medidas propuestas tienen la finalidad de garantizar la igualdad real entre habitantes de todo el país. Celebro que los pedidos de los diputados de mi provincia, de mi espacio político, hayan tenido la posibilidad de solicitar la inclusión de Jujuy”, apuntó.

Al cruce de las críticas opositoras, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá sostuvo: “Me sorprende que en momentos de tantas dificultades se busquen argumentos rebuscados. Tenemos que trabajar en defensa del pueblo argentino y esta ley va a proteger a los actores más humildes”, agregó.

Y fustigó: “No los entiendo a los senadores de provincias petroleras, su posición huele a un tufillo de petróleo”.

Al igual que Rodríguez Saá, la senadora santafesina María Eugenia Sacnun disparó: “No se puede entender como que quienes quisieron establecer una nueva medida de energía como las dos pizzas y aumentaron brutalmente las tarifas, ahora nos vienen a decir como tenemos que hacer la política energética”.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y le pidió a Juntos por el Cambio que tengan “un poquito de vergüenza, hagan una autocrítica, no sean cínicos y pídanle disculpas al pueblo argentino antes de hablar de inflación y de tarifas”.

“Le pido a los senadores de Juntos por el Cambio que voten por la gente y para la gente y no por la planilla que le pasan a Mauricio Macri para saber como votó cada senador”, remató.

También el senador neuquino Oscar Parrilli cuestionó la postura crítica de la oposición y luego planteó que “todo ciudadano, sea rico o sea pobre, tiene derecho a pagar una tarifa que corresponda al costo del servicio que recibe”.

En defensa del proyecto oficialista, el senador chubutense Juan Mario País manifestó que “este es un proyecto importante que va a irradiar beneficios para millones de usuarios de un insumo esencial, el gas de redes y el gas de garrafas domiciliarias. Esto no es un subsidio del Estado, es un fondo compensador que pagan los propios consumidores”, remarcó.

Para la senadora peronista de San Luis Eugenia Catalfamo, “este proyecto se constituye como una verdadera declaración de principios, cada uno de los puntos que aborda reconoce el principio de igualdad y de no discriminación. Además, se busca revertir el estrago que provocó la gestión tarifaria macrista”, argumentó.

Asimismo, el senador riojano Ricardo Guerra consideró que “este proyecto amplía los beneficios que brindan un equilibrio entre el costo de las tarifas de gas en determinadas zonas con bajas temperaturas y el precio en otras regiones con condiciones meteorológicas más benignas”.

La senadora sanjuanina Cristina López Valverde sostuvo que “la incorporación de todas las demás zonas, no hace otra cosa que hacer justicia social y además no tiene un costo fiscal porque hay un fondo fiduciario que se va a retroalimentar”.

Qué prevé la ley

La norma prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565 -de Presupuesto Nacional-), y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país con temperaturas bajas, incorporándolas al beneficio.

De acuerdo a datos aportados por el oficialismo, hasta ahora había 849.965 beneficiados con el régimen que contempla a la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), al que con esta norma se sumarán 3,1 millones de nuevos usuarios.

De 10 provincias y 79 departamentos se pasará a 15 provincias y 231 departamentos, con la potencialidad de incorporar a Tucumán y Catamarca, según indicó durante el debate en comisiones el interventor del ENARGAS, Federico Bernal.

A partir de la ley se incluyen al régimen a las provincias de Buenos Aires -en gran parte-, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad.

En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.

El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.

Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de Malvinas que perciban una pensión vitalicia.

En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.

“Esta ley es la más importante de los últimos 40 años para Mendoza”

Fue parte de lo que expresó este miércoles la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en el plenario que trató el proyecto de zona fría.


En el marco del debate de la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto a la Minería, Energía y Combustibles sobre el proyecto que amplía las zonas que reciben una rebaja tarifaria de gas por ser consideradas frías dentro del país, la provincia de Mendoza fue incluida con rebajas de entre un 30 y un 50% en el servicio.

El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de la vicejefa del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien interpeló directo a la oposición: “Esta ley brinda la posibilidad de remendar con su voto lo que hicieron cuando fueron gobierno. Ese desatino que llevó a la pobreza energética a millones de argentinos. Tienen la posibilidad de votar a favor de la gente como no lo hicieron cuando votaron en contra de la ley que retrotraía los tarifazos en el Senado nacional”.


La senadora pidió que se vote “a favor de la gente”, y agregó que “no voten como en la Cámara de Diputados viendo el informe que recibe Mauricio Macri de cómo votaron los senadores”.


Fernández Sagasti también hizo referencia a las movilizaciones sociales que se dieron durante la gestión de Mauricio Macri para pedir que se reviertan los tarifazos. En alusión al concepto de pobreza energética, que afectó a más de 3 millones de argentinos en la gestión anterior, dijo que hubo “una transferencia fenomenal del bolsillo de cada uno de los argentinos a grandes empresas del país, que además fugaron dólares al exterior”.


La referente del peronismo mendocino opinó que de a poco “estamos empezando a desandar ese camino, ver a las tarifas y al servicio de gas desde una mirada más federal y justa para que muchos argentinos tengamos una mejor calidad de vida. Esta ley es una de las más importantes de los últimos 40 años para la provincia de Mendoza, que atiende un reclamo histórico”.


Justamente, para Mendoza, que entra completa con el beneficio representará que más de 50 mil usuarios tengan una reducción del 50%, y más de 350 mil, reducciones del 30%. “Eso significa no solamente un alivio en los hogares, sino que también redunda en un mayor consumo y una reactivación económica para la provincia en medio de una pandemia. Esto implica cumplir con nuestra plataforma electoral, ya que el no al tarifazo de Macri fue uno de nuestros principales aportes cuando no estábamos en el gobierno”, recordó.


Cerca del cierre de su intervención agregó: “Estoy feliz de poder tratar una ley que declara zona fría a la provincia, algo que se viene pidiendo hace muchos años. Podemos tener la tranquilidad, como representantes de nuestras provincias a que contribuimos en que un reclamo justo se haga realidad por la decisión política del Frente de Todos y todos los que han trabajado en Diputados -incluido el jefe de bloque, Máximo Kirchner”.


Por último, la senadora resaltó la inversión que se hizo a través de la Secretaría de Energía de la Nación, para potenciar el gasoducto que ampliará la factibilidad del servicio de gas en General Alvear y San Rafael.

La ampliación del régimen de zona fría pasó a la firma y se debatirá la próxima semana en el Senado

El proyecto con media sanción de Diputados se debatió este miércoles en un plenario de comisiones, en la que participó el interventor del ENARGAS, Federico Bernal, quien además dio datos sobre el aumento que el gas tuvo durante el macrismo.

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El oficialismo en el Senado avanzó con el trámite exprés del proyecto de ley que amplía el régimen de zona fría, incorporando nuevas provincias y localidades del país al beneficio de tarifas diferenciales de gas, con reducciones entre un 30% y 50%.

Luego de la exposición del interventor del ENARGAS, Federico Bernal, se pasó a la firma la iniciativa que tuvo media sanción de Diputados el pasado 10 de junio. De esta manera, el Frente de Todos tiene previsto sancionar la ley la semana que viene en el recinto de la Cámara alta.

Durante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, Bernal explicó que el régimen “se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en PIST aplicable al volumen comercializado en el país que no puede superar el 7,5%. Actualmente el nivel del recargo se ubica en 4,46%”.

“Se prevé que para 2021 el recargo sea de 5,44%, un punto porcentual de aumento; esto generaría un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, un promedio de 0,5% por factura”, agregó y aclaró que “la propuesta no requiere aportes del Tesoro Nacional”.

El funcionario detalló los descuentos del 30% al 50% “dependiendo de la vulnerabilidad económica de los usuarios” y destacó que “el beneficio, que reconoce una demanda histórica, se extiende al 44% de los usuarios de gas por redes del país”.

En la actualidad, hay 849.965 beneficiados con el régimen que contempla a la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), al que con esta ley se sumarían “3,1 millones de nuevos beneficiarios, con lo cual pasamos a un total de 4 millones, con una potencialidad de incorporación de 181 mil usuarios”.

“De 10 provincias y 79 departamentos se pasa a 15 provincias y 231 departamentos, con la potencialidad de incorporar dos provincias (Tucumán y Catamarca)”, precisó el interventor del ENARGAS, que dijo que la clasificación de zonas bioambientales “nos han permitido fijar criterios para la incorporación de las nuevas zonas que se suman”.

En una exposición pormenorizada, Jorge Deferrari, gerente de distribución del ente, detalló las zonas incluidas de acuerdo a una norma del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) de 2012.

Al respecto, Bernal informó que se “está trabajando en la actualización de estas normas”, porque la de 2012 “se basa en la recopilación de datos del acumulado de diez años atrás”. En esa línea, ejemplificó que la nevada registrada este miércoles en Córdoba Capital también se dio “en el sur de Punilla, que hoy por hoy no entra en la ampliación”.

“Este proyecto representa una contribución extraordinaria, inédita”, consideró, al afirmar que se trata de ver a “un servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos”. “Tenemos una inmejorable oportunidad para adentrarnos en el debate de fondo que requiere la energía y los servicios públicos en nuestro país”, continuó.

A modo de ejemplo, señaló que en el consumo promedio, una casa en una zona no fría gasta 850 pesos por mes, mientras que un hogar de similares características en una zona fría consume el doble, 1.500 pesos. A partir del ingreso disponible en hogares de zona fría por la reducción en la tarifa de gas, esos usuarios tendrán 650 pesos más por mes, 8.500 pesos más por año, para poder destinar “a educación, salud, ropa y calzado, alimentos, recreación y cultura”.

“La Argentina se colocará a la vanguardia mundial de países de nuestras mismas latitudes en materia de servicios públicos y está muy bien que así lo haga, para ser más precisos es una obligación que lo haga dado nuestra geografía”, expresó, y mencionó que “Australia y Nueva Zelanda, también en el hemisferio sur, tienen monumentales programas de asistencia para equilibrar los mayores gastos de facturas de invierno a su población”.

Para Bernal, “en Argentina no tenemos una tarifa diferenciada de invierno, pero lo que vamos a tener de aprobarse esta ley es algo muy superior y entiendo que es único en los países de nuestras latitudes”. Sobre ello, dijo que “el reclamo histórico” de usuarios “no es porque quieran derrochar, sino que lo piden porque quieren un servicio público más justo, más equitativo”.

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A través de la iniciativa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, se incluyen a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y La Rioja.

Con gráficos, el funcionario apuntó que la provincia de Buenos Aires “recibe 1,25 millones de nuevos usuarios por este beneficio, eso equivale al 31%” de los usuarios. En el caso de Córdoba, “la ampliación impacta sobre el 85% de usuarios de gas. Estamos hablando de 2 millones de personas, un 55% de la población provincial”.

“Lo mismo para la provincia de Santa Fe: 76% de los usuarios de gas beneficiados, casi 2 millones de personas, un 50% de la población”, añadió y ponderó que en el caso de Mendoza se alcanza “prácticamente al 99%” de los usuarios.

Para la provincia de Salta estarán contemplados “el 70% de los usuarios de gas por redes, 400 mil personas, el 28% de su población”; para San Juan, “el 91% de los usuarios, el 45% de su población”; y para San Luis “también casi la totalidad de los usuarios” con “300 mil personas, el 57% de la población”.

Los números de la gestión Macri

Al igual que sucedió en Diputados, el debate del proyecto se vio marcado por cruces entre oficialismo y oposición por la política tarifaria durante el gobierno de Mauricio Macri. “En los cuatro años del gobierno anterior el pueblo argentino fue empobrecido energéticamente”, lanzó Bernal.

Entre varias de las preguntas que hicieron los senadores, sacó el tema el neuquino Oscar Parrilli (FdT) que consultó sobre “cuál fue el porcentaje de aumento que hubo en gas de 2016 a 2019; cuál fue la inflación en ese período y el aumento de salarios; la cantidad aproximada de nuevas incorporaciones de usuarios de 2011 a 2015 y los que se incorporaron desde 2016 a 2019; y el índice de morosidad”.

Entonces, el funcionario recordó que durante la gestión de Cambiemos “el tipo de cambio, que se utilizó para actualizar las tarifas, pasó de 11 pesos a casi 60, es decir un incremento del 424%; el índice de precios internos al por mayor se elevó 340%; el IPC -inflación-, se incrementó aproximadamente un 300%. Los salarios no acompañaron los incrementos de precios, subieron un 215%”.

Sobre la suba de las tarifas, el interventor del ENARGAS remarcó que de diciembre de 2015 a 2019 aumentaron un “1.000% para residenciales y 3.150% para PyMEs”. “El incremento sideral de las tarifas y la asfixia en materia económica que registró el país y el mercado interno implicó, en cuanto a nuevos usuarios incorporados, que entre 2016 y 2019 se consiguiera el mínimo histórico de 410 mil”.

Además, “se desconectaron 13 mil pequeñas y medianas empresas del sistema de redes” y la morosidad de “usuarios residenciales endeudados por no poder pagar se incrementó 1.283% entre 2015 y 2019, más de 3,1 millones usuarios residenciales endeudados. De cada 10 hogares, cuatro terminaron endeudados por no poder pagar la tarifa. Y de cada 10 PyMEs, cinco terminaron endeudadas”.

Hacia el final de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, la mendocina Pamela Verasay (UCR), lamentó que no asistieran funcionarios de la Secretaría de Energía, porque esta medida “impacta en toda la matriz energética del país” y también subrayó que “hubiera sido correcto que el ENARGAS ya estuviera normalizado para poder opinar de una manera independiente sobre el tema”.

En ese sentido, la radical criticó haber escuchado “muchos descargos de una gestión contra la otra” y no preguntarse “en qué momento Argentina perdió el desabastecimiento energético y cuándo empezaron los problemas estructurales, porque la energía afecta a la economía y la balanza comercial”.

Sobre el proyecto, la senadora observó que “no determina en su articulado la forma en que se va a aplicar el subsidio a las personas que hoy tienen gas por garrafa. No hay gas más caro que el que paga una persona que está por fuera de la red”. “Hay una caída de usuarios no solo desde la gestión pasada, sino desde 2007“, afirmó, cosa que negó Bernal, quien volvió a repetir las cifras durante el gobierno pasado, “los peores indicadores de la historia”.

En respuesta a Verasay sobre el costo fiscal de la ley, el funcionario dijo que “los 5.000 millones de costo fiscal que tendría el Fondo Fiduciario son los 5.000 millones que se obtienen del recargo” de un punto porcentual sobre el precio del gas natural en PIST. “Esos 5.000 no los tiene que poner el Estado, vienen de la recaudación por ese recargo. Aproximadamente la mitad va a provenir de CAMMESA. No hay subsidio cruzado, porque no va a haber un incremento de las tarifas de electricidad”, argumentó.

No conforme, la legisladora advirtió que “la diferencia la va a complementar CAMMESA, deficitaria, ¿significa que lo vamos a pagar cómo? ¿Todos?”. “Esos miles de millones que faltan para implementar la medida hay que aclararlos”, reclamó.

En el cierre, otra mendocina, pero en este caso la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (FdT), disparó contra los senadores de Juntos por el Cambio: “No pueden decir que no están de acuerdo con este proyecto de ley porque saben que beneficia a muchos argentinos, incluso a las provincias que representan”.

La senadora enfatizó que en la gestión de Cambiemos “se dolarizó la tarifa, se dolarizó uno de los principales precios de la economía, se llevó a la pobreza energética a más de 3 millones de personas, y hubo una transferencia fenomenal del bolsillo de cada unos de los argentinos y argentinas a grandes empresas y grandes poderosos de la Argentina, que además fugaron esos dólares que hoy nos faltan”.

Para Fernández Sagasti, los legisladores de Juntos por el Cambio tienen “la oportunidad de remendar con su voto lo que hicieron cuando fueron gobierno. Tienen la posibilidad de votar a favor de la gente, como no hicieron cuando votaron en contra de la ley que retrotraía los tarifazos”.

“Esta ley es una de las leyes más importantes de los últimos 40 años para la provincia de Mendoza. Es un reclamo histórico de la provincia. Estoy feliz de poder votar esta ley”, completó.

Tiene dictamen el proyecto sobre “Zonas frías”

La iniciativa que reduce en algunas regiones del país las tarifas de gas quedó habilitada para ser tratada en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados.

Un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen para el proyecto de ley impulsado por el oficialismo junto a bloques aliados, que propone la disminución de las tarifas de gas en municipios de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, a las que se sumaron en las últimas horas zonas de Córdoba y Santa Fe.

El proyecto obtuvo en la Comisión de Presupuesto 34 firmas, con 5 disidencias; en tanto que en la Comisión de Energía hubo 29 adhesiones y 7 disidencias. No hubo dictamen de minoría, sino disidencias parciales.

Los apoyos estuvieron de parte del Frente de Todos, y los diputados de Consenso Federal, Córdoba Federal, Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque Justicialista y el Frente de la Concordia de Misiones. Algunos diputados de Juntos por el Cambio acompañaron también el dictamen.

La iniciativa fue presentada por Máximo Kirchner (Frente de Todos) y nuclea tres proyectos de Liliana Schwindt (Frente de Todos), Alejandro Rodríguez (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal).

Al comienzo del plenario, la diputada Schwindt se refirió a las modificaciones realizadas al texto original, para incorporar zonas medioambientales como “zonas frías” en base a normas IRAM de clasificación que utiliza ENARGAS. Destacó también que la iniciativa “es un reclamo histórico” de diferentes regiones del país y que incorpora 3.140.000 usuarios al régimen de “zona fría”.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Jimena Latorre (UCR) consideró que la iniciativa “dista abismalmente” del proyecto ingresado originalmente. “Es muy difícil poder seguir el tema cuando cambian el criterio de designación de localidades”, criticó, antes de pedir tener en cuenta otros proyectos presentados con anterioridad.

En tanto, la diputada Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) advirtió sobre las consecuencias de “regalar el gas”. “Se cree que es una medida para beneficiar a los sectores más humildes, cuando en realidad no cuentan con acceso a gas natural por red, por lo tanto van a pagar más caro que alguien de clase media. Más del 40% de la población no cuenta con acceso al gas natural”, argumentó también.

Posteriormente, el diputado José Luis Ramón coincidió en que el proyecto es “una reivindicación histórica” para la provincia de Mendoza. “Se trata de reconocer derechos, la posibilidad de una mejor calidad de vida, es otra ley que vamos a votar en línea directa con un beneficio a los usuarios, los consumidores, la clase media y los trabajadores”, resumió Ramón.

A la hora de la votación, el diputado Omar De Marchi (PRO) adelantó que el interbloque de Juntos por el Cambio presentaría una disidencia parcial, acompañando en general el dictamen de mayoría.

En el plenario anterior, el interventor de ENARGAS, Federico Bernal explicó que “se busca ampliar el universo de beneficiarios y beneficiarias de Tarifa Diferencial” que actualmente alcanza a los cuadros tarifarios en la región Patagónica, la Puna y Malargüe, en Mendoza.

“El beneficio representa un descuento del 30 al 50% dependiendo de la condición de vulnerabilidad económica de cada usuario, es decir que se genera un beneficio progresivo para los hogares”, añadió Bernal.