El bloque de legisladores de Unión por la Patria presentó un proyecto para reducir el aumento del boleto del subte y proteger el bolsillo de porteños y porteñas. El proyecto lleva la firma de todo el bloque de Unión por la Patria, y es encabezado por el diputado Juan Manuel Valdés.

Propone fijar un valor máximo para los aumentos y un plazo mínimo de 3 meses. También buscará disminuir el precio del boleto para la población más vulnerable. Con esta propuesta, el boleto llegaría en junio al valor de $167 en lugar de los $757 anunciados por el gobierno de la Ciudad.

El bloque de Unión por la Patria generó una iniciativa destinada a reducir los aumentos a la tarifa del subte anunciados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta, impulsada por el legislador Juan Manuel Valdés, busca poner plazos mínimos de 3 meses para los aumentos y valores máximos definidos por el menor aumento registrado entre la canasta básica total de la Ciudad y el coeficiente de variación salarial que mide el INDEC.

“Los aumentos anunciados por el Gobierno son insostenibles para la gente”, expresó el diputado Valdés. Y continuó: “Jorge Macri aumentó el boleto de subte 505% en 3 meses, pasando de $125 a $757 para junio de este año. El bolsillo no aguanta más y no existe proporcionalidad entre el aumento otorgado y la calidad del servicio que se ofrece. Ningún número de la economía va a aumentar en la medida que Macri quiere que suba el subte. Se nota que el Jefe de Gobierno viajó mucho durante el verano y quiere que todos los porteños paguemos el subte como si se tratara de un avión privado”.

La iniciativa, acompañada por todos los miembros del bloque Unión por la Patria, protege especialmente a la población más vulnerable: personas con discapacidad, jubilados, y beneficiarios de programas asistenciales. Además, trabajadores que cobren hasta dos salarios mínimos, a través de un Registro especial, podrán recibir descuentos especiales para pasar a pagar una tarifa más reducida.

“No podemos tener tarifas suizas con salarios subdesarrollados. Nuestra propuesta busca darle racionalidad al sistema de actualización tarifaria. El boleto no puede aumentar más que los ingresos de cada familia. El peso de una canasta de 44 viajes va a pasar del 3% del salario mínimo en enero a más del 12% en junio (según las expectativas de inflación relevados por el BCRA). Con Macri, Buenos Aires tendrá uno de los boletos más caros de Latinoamérica y con un servicio cada vez peor: no amplían la red y tuvieron cerrada dos meses la línea D. El subte transporta a unos 644 mil usuarios por día, y la mayoría son personas que lo necesitan para ir a trabajar o estudiar. Es evidente que Jorge Macri decidió trasladar el ajuste de Milei al bolsillo de los que menos tienen”, sostuvo el legislador. “Es increíble que el Gobierno no haya anunciado una política de asistencia junto con los aumentos. Esperamos que las distintas fuerzas políticas colaboren para aprobar este proyecto”.

Valdés también comunicó que el bloque de Unión por la Patria presentará un proyecto para realizar una auditoría completa del servicio subte porteño. “Las nuevas tarifas que anunció Jorge Macri se basan en los costos operativos que informó la empresa Emova, pero este no es un procedimiento transparente porque el servicio de subte no se audita desde 2013”, planteó el legislador, y añadió: “Es escándalo que estemos 10 años sin controlar el funcionamiento de un modo de transporte público, sobre todo en el caso del subte que presenta tantos problemas. Este proyecto va a servir para dar mayor transparencia y poder generar una planificación de la red acorde a las necesidades de la población”.

A través de un proyecto de resolución, la diputada radical cordobesa Soledad Carrizo solicitó expresar el repudio al ministro de Transporte de Nación, Diego Alberto Giuliano, por sus declaraciones públicas sobre los subsidios del transporte público de pasajeros.

“Las mismas constituyen un acto intimidatorio y condicionante del libre ejercicio de derecho al sufragio en democracia”, expresó Carrizo al fundamentar su presentación.

En ocasión de una entrevista radial realizada al ministro de Transporte de la Nación, Diego Alberto Giuliano, éste se refirió públicamente a la medida anunciada oficialmente para la “renuncia voluntaria” a los subsidios al transporte, para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional y que se podrá gestionar a través de la web argentina.gob.ar/SUBE.

En este sentido, la legisladora cordobesa expresó que “de las extensas declaraciones ofrecidas, se destacan por su especial gravedad las que vinculan intencionalmente esta medida con la libre decisión electoral de la ciudadanía en instancias de las próximas elecciones nacionales”, a lo que agregó, “la gravedad de estas declaraciones no sólo anida en el temor que pretende infundir, condicionando la libertad electoral de la ciudadanía, sino en vinculación a la función pública que ocupa y las responsabilidades que le competen como autoridad del gobierno nacional”.

“El contenido de estas declaraciones debe enmarcarse en un reiterado proceso intimidatorio que distintas autoridades del gobierno nacional vienen haciendo públicamente, buscando condicionar el libre ejercicio del sufragio, y debilitando el estado de derecho y la confianza en las instituciones mediante una apropiación electoral y oportunista de la gestión pública y el patrimonio del estado”, amplió.

Para la diputada radical, lejos del correcto desempeño de sus funciones, la conducta de este ministro “sólo busca deslegitimar a otros candidatos y condicionar la libre decisión electoral de la ciudadanía a través del miedo”. “Este comportamiento es una muestra más del abuso de poder y el incumplimiento de sus deberes de funcionario a través  una clara apropiación de la gestión pública para fines electorales, de una medida que se realiza sin ningún tipo de diagnóstico y/o evaluación económica y de impacto social para la población, lo cual demuestra la falta criterio e irresponsabilidad del funcionario”, argumentó la diputada nacional.

“Esta actitud no solo deshonra su función como autoridad nacional, sino que profundizan desconfianza ciudadana en las instituciones, en un contexto de grave crisis económica y social que encuentra a más del 40% de los argentinos bajo la línea de la pobreza y que la irresponsabilidad de los funcionarios de esta gestión ha provocado”, concluyó.

Se conformó este martes la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, confirmando a sus autoridades, el sanjuanino José Uñac, como presidente, el radical catamarqueño Flavio Fama como vice, y se postergó la designación del o la secretario/a.

Durante el encuentro celebrado en el Salón Illia, se dio a continuación tratamiento a diferentes iniciativas relacionadas a tarifas, subsidios y consumo eléctrico para zonas cálidas.

El inicio de las exposiciones trató sobre el consumo de energía eléctrica residencial, con una tarifa diferenciada para las zonas cálidas de la Región del Norte Grande (Noroeste y Noreste de la Argentina), proyecto de los catamarqueños Lucía Corpacci y Guillermo Andrada.

Este último arrancó haciendo hincapié en la importancia del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner: “Acabamos de vivir un hecho histórico como poner en marcha una obra emblemática que, sin duda, modificará nuestra matriz energética y así llegar a hablar de soberanía energética”, dijo.

También se refirió a las características de algunas provincias del Norte Grande que necesitan electricidad tanto en invierno como verano y, por eso, “creemos que es importante determinar las zonas cálidas de nuestro país y que la accesibilidad a la electricidad sea para todas las familias”, agregó.

Sobre el subsidio de las tarifas, Andrada propuso que la tarifa del Norte Grande sea del “30% sustentable con un fondo y en los sectores más vulnerables llegue al 50%”.

A su turno, el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), autor del proyecto sobre disminución de tarifas, expresó que “el planteo sobre las zonas cálidas surge porque también ya se ha tratado una ley de zonas frías y este reclamo se vio exacerbado por la suba de tarifas”. También abogó por el criterio y sustento técnico para determinar las zonas y la correspondiente determinación de sus jurisdicciones, ” este criterio no primó el año pasado”, aclaró.

En concordancia con Andrada, el chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular) expuso su proyecto sobre un régimen diferencial de tarifas para el Norte Grande argentino. Dijo que “se abre una apertura energética por el gasoducto Néstor Kirchner que, a su vez, traerá aparejada la posibilidad de otros emprendimientos”.

“Lo que creo es que hay que terminar de congeniar con el Poder Ejecutivo y con Economía respecto de los subsidios y, para esto, la voluntad de los senadores existe”, finalizó.

Otro senador que presentó su proyecto sobre tarifas diferenciadas para zonas cálidas fue el salteño Sergio Leavy (Unidad Ciudadana). “En mi provincia están todas las zonas frías y cálidas y esto, claramente, debe establecerse bajo un criterio científico de análisis, también hemos creado un fondo fiduciario para los subsidios de zonas cálidas”, destacó.

Al mismo tiempo, Leavy resaltó la importancia de que las zonas sean establecidas no por provincia, sino por temperatura y con sus normas IRAM. Para finalizar, sostuvo que debían tenerse especialmente en cuenta las regiones en las que el consumo eléctrico era mayor al no contar con acceso al gas.

Por último, expuso el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien celebró que se estuviera debatiendo el tema de la matriz energética en Argentina y destacó que “estos son temas referidos a la equidad y en el NEA no tenemos gas natural”.

También expresó su deseo de que “en el futuro tengamos una política de energía que nos contenga a todos y este tema es política de estado”.

El proyecto del senador Zimmermann y otros senadores establece una tarifa eléctrica diferencial para el NEA y crea un fondo fiduciario para subsidios de consumos eléctricos del nordeste.

A medida que el boleto de transporte aumenta tanto en el AMBA y en el interior-el doble- en la Cámara de Senadores están encajonados tres proyectos presentados el año pasado para una distribución equitativa de los subsidios al transporte que solo fueron tratados en un plenario de comisiones el 2 de noviembre de 2022.

En ese contexto, la senadora nacional y vicepresidenta del bloque Unidad Federal, Alejandra Vigo (Córdoba), reclamó a través de sus redes sociales por el tratamiento urgente del tema.

“Aumentó el boleto de transporte urbano de pasajeros en AMBA y aún cuesta menos de la mitad que en el interior del país”, cuestionó y precisó que “desde marzo el boleto en AMBA va desde $39,54 hasta $54,34”, pero remarcó que “la brecha con respecto al precio en el interior sigue siendo muy grande”.

En ese sentido, indicó que “en Bahía Blanca $119.35; Mar del Plata $119.38; Necochea $100; Córdoba $99; Rosario $99; Santa Fe $99; Paraná $94.50”.

“Es decir que persiste la inequidad del Gobierno Nacional a la hora de distribuir los subsidios”, exigió y adelantó: “Seguiremos reclamando a las autoridades nacionales hasta que decidan gobernar para toda la Argentina”.

“Es urgente tratar los proyectos de ley para establecer un Boleto Federal, para que el colectivo en el interior no sea el doble de caro y tengamos que seguir contribuyendo del bolsillo de todos para el transporte del AMBA”, manifestó Vigo.

Los proyectos presentados

Tal como se dijo, la última vez que se debatió el tema en comisión fue en un plenario el pasado 2 de noviembre de 2022 con funcionarios de COFETRA que brindaron su opinión al respecto y se había acordado avanzar en un dictamen unificado, pero pasado cinco meses el debate se dilató y quedó encajonado.

Para recordar son tres los proyectos presentados en el Senado. De acuerdo a su fecha de presentación, se encuentra la iniciativa encabezada por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, la tucumana Beatriz Ávila, y la senadora Vigo.

El proyecto, presentado en mayo pasado, dispone la creación en todo el territorio de la Argentina del “Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros”, que alcanzaría tanto a líneas urbanas como suburbanas del país.

Para el reparto de los recursos fija criterios tales como unidades computables, agentes computables y kilómetros recorridos.

Otra de las iniciativas es la de los senadores oficialistas Rubén Uñac, Cristina López Valverde y Pablo Yedlin, que propone la creación de un Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), “con el fin de garantizar, con eficiencia económica y equidad social, una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina, destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas”.

Al igual que el proyecto de los opositores, determina como criterios objetivos de distribución el parque móvil afectado al servicio, habilitado y declarado ante la CNRT; los kilómetros recorridos promedio mensuales; y los agentes computables.

En el mismo sentido que los dos anteriores avanza el texto impulsado por otros senadores oficialistas, Sergio “Oso” Leavy y Gerardo Montenegro. En este caso habla de un “Régimen Federal de Compensaciones Tarifarias del Transporte Automotor de Pasajeros en todo el territorio de la República Argentina (REFECOT)”.

La precandidata a intendente de Comodoro y actual diputada nacional Ana Clara Romero (Pro – Chubut), recorrió los distintos barrios de la ciudad y se reunió con vecinos en la plaza del barrio Pte. Ortiz en KM5 y hace días en el Barrio Pueyrredón.

“Los vecinos necesitan que se los escuche y se los mire a la cara, en estos encuentros con mate de por medio, los vecinos me cuentan lo que viven día a día en la ciudad como falta de obras, inflación y las necesidades de cada barrio”, expresó Romero, quién está trabajando junto a su equipo en fortalecer una tarifa social municipal para darle una respuesta a los vecinos y contener la situación económica de muchas familias.

“Muy sencilla Ana, de remera, así nomás”; “Ana es muy amorosa… saluda a todos y escucha”, fueron algunos de los comentarios de los vecinos que recibieron con gratitud a la diputada para exponer las necesidades barriales y de cada familia, acompañados del equipo de mate y las reposeras, para dar paso a una charla amena con la funcionaria.

Por su parte, la candidata describió que en los encuentros “una gran cantidad de vecinos transmitieron su preocupación sobre las obras pendientes para evitar las inundaciones. Ellos ven que no hay avances, nosotros vemos que tampoco se ejecutan las licitaciones y después cuando llega la lluvia, la respuesta del municipio no es oportuna e integral”.

En ese sentido, la diputada recordó la pre adjudicación de un terreno fiscal, con servicios en el corazón del barrio Pueyrredón que según se conoció fue entregado al hijo de una diputada provincial del Frente de Todos.

“Esto es una muestra de los privilegios de los que gozan los funcionarios y aliados del gobierno municipal, mientras que los vecinos aspiran a que dicho espacio tuviera un fin social y trabajan todos los días para obtener su techo y tratar de progresar en un contexto muy difícil”, arremetió.

Asimismo, señaló que, en la otra cara de la misma moneda, están las usurpaciones a la orden del día que en muchos casos se dan a “instancias de negocios inmobiliarios de la gestión municipal de turno”.

Preocupación por los aumentos de tarifas de agua y energía

En los encuentros con los vecinos “aparece de forma constante la preocupación sobre los aumentos de la tarifa en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL)”, por eso durante la charla, Romero junto a su equipo contaron sobre el sistema de transparencia de la obra pública que presentó en el Concejo Deliberante pero jamás se trató, pero será parte de la plataforma de gobierno. “Con este sistema lograremos agilizar, aumentar el número de obras a ejecutar y auditarlas al mismo tiempo”, indicó la precandidata a intendenta de la ciudad.

En cuanto a la prestación de servicios públicos, específicamente respecto de los ítems 413 y 473 el poder Ejecutivo, la diputada del Pro remarcó: “Desde 2021 que denunciamos esta situación y como poder concedente, la Municipalidad tiene la facultad de ordenar sancionando al prestatario incumplidor, pero sobre todo debería excluir de la facturas dichos ítems, en tanto no se corresponden con el precio de la energía, ni la prestación del servicio concesionado”.

En relación a los intereses que cobra la SCPL por el atraso en los pagos, Romero se refirió a los mismos como absolutamente leoninos y definió que “tanto el Ente de Control de Servicios Públicos (ENCOSEP), como el Gobierno Municipal deberían accionar como órgano de controlador y poder concedente respectivamente, para aplicar las sanciones del caso en tanto constituyen un abuso que imponen por tener el monopolio”.

En ese marco, manifestó que el municipio “mira sistemáticamente para otro lado al respecto, pero es el que manda los aumentos, no exige la información o si la tiene no la hace pública y el que no utiliza ni una sola de las herramientas que tiene para poner límites y defender a los comodorenses”.

Asimismo, añadió respecto de la conformación de la SCPL: “Más allá de las acciones individuales y colectivas que se puedan intentar, estoy trabajando en un proyecto para modificar la ley de Sociedades Cooperativas, democratizando su gobierno y administración” reveló.

Actualmente los sistemas de elección son indirectos y esto, según la diputada, favorece la rosca y el contubernio. “Hay que desarmarlo, hoy con una cooperativa con más de 60.000 vecinos, hay que garantizar mecanismos de participación directa y poner a todos los socios en realmente en igualdad de condiciones para que sean parte de las decisiones”, sentenció.

“Básicamente con transparencia, trazabilidad y decisión política las transformaciones suceden. Es el gobierno municipal el que tiene las herramientas para dar respuestas y no las implementa: obras, servicios públicos e igualdad real sin privilegios, los vecinos tienen clara la agenda. Nosotros buscamos con vocación de servicio escucharlos, interpretarlos, proponerles soluciones y alternativas”, cerró.

La diputada nacional Carolina Píparo (Avanza Libertad-Buenos Aires) se refirió a la segmentación de tarifas anunciada por el Gobierno y sostuvo que “se trata, lisa y llanamente, de un tarifazo”. Además afirmó que “durante 14 años el kirchnerismo ha pisado el precio de las tarifas y les cuesta asumir que fue un error”.

Entrevistada por Radio Delta, la liberal manifestó: “El Gobierno, en vez de reconocer, sale con su estilo resentido de culpabilizar a personas que les ha ido bien”. En alusión a la filtración de datos sobre los subsidios recibidos por figuras públicas, señaló: “Casualmente las listas están compuestas con personas que piensan diferente a ellos; estaría bueno que muestren cuánto pagaban sus funcionarios”.

A su vez, Píparo advirtió que “en el Congreso solo se votan aumentos de impuestos y el kirchnerismo viene quebrando al país”. “El diálogo debe ser de cara a la gente con un plan en el Congreso y no en una cena con diez rosqueros. Ellos hablan de diálogo, pero patotean a la oposición”, expresó en otro tramo.

Muy crítica, la legisladora aseguró que le “cuesta” pensar en “puntos de encuentros con un presidente que defiende dictaduras como Venezuela, donde la gente no tiene para comer y es reprimida”. “En Argentina tenemos 7 de cada 10 niños pobres y serios problemas con la educación”, agregó.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz defendió este martes el esquema de segmentación de tarifas dispuesto por el Gobierno nacional, y sostuvo: “Vamos a trabajar mucho para que los sectores que tienen capacidad paguen el gas y la luz lo que valen”.

“Somos un Gobierno que va a seguir protegiendo a los sectores que van a necesitar del subsidio, que claramente es un alto porcentaje de la población”, señaló y apuntó que se trata del 90%.

En declaraciones a Radio 10, la legisladora aclaró que habrá un tiempo para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) ya que “hay un 25% de los medidores de Argentina que no concuerdan entre quienes están usando la energía y a nombre de quien llega la factura. Esto es algo que tenemos que ir modificando lentamente sin que sea un shock”.

En esa línea, la oficialista aclaró que “de junio a diciembre, son seis meses, para que todos aquellos sectores que no pidan los subsidios pasen a tarifa plena”. “Hay seis meses donde va a haber campañas de difusión, porque esto vino para quedarse”, indicó sobre el RASE, en alusión a que el año que viene también “va a estar abierto” y “va a haber altas y bajas”, de acuerdo a cómo cambien las condiciones de los usuarios.

“Esto es redistribución, es hacer que los que más tienen le transfieran a los que menos tienen”, destacó y, sobre la situación en particular de los inquilinos, explicó: “Nadie pide el cambio de titularidad, ni pelearse con el propietario, simplemente que ingresen al registro y nos digan qué medidor llega al domicilio”.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció este jueves en conferencia de prensa que se emitirá un decreto de necesidad y urgencia de ampliación presupuestaria. “Esto debimos hacerlo porque la oposición, la fuerza de Juntos por el Cambio, rechazó el Presupuesto” 2022, recordó y resaltó que “por primera vez en la historia” se dio ese hecho.

La funcionaria dijo que con ese DNU, que deberá ser tratado por la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso -aún sin constituir-, “esto se está enmendando”. “En el decreto se fija la nueva distribución de egresos e ingresos”, señaló y expresó que “mantiene las pautas anuales que veníamos trabajando”.

En ese sentido, aseguró que hay “sostenimiento del gasto social” y medidas “para que sigamos en la senda del crecimiento y redistribución de los ingresos”. Al evitar dar cifras macroeconómicas que se proyectan, como por ejemplo de inflación, Cerruti indicó: “Se mantienen las metas acordadas en el programa con el FMI”.

Luego informó que este jueves se publicara en el Boletín Oficial otro decreto, sobre segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas “en tres escalas”.

Aquellos ciudadanos que tengan ingresos por tres veces y media encima del costo de la canasta básica -así como también tres propiedades o tres autos-, alrededor de un 10%, pagarán la tarifa plena sin subsidios.

Para personas en situación de vulnerabilidad -familias de menores ingresos, que reciben prestaciones sociales-, se mantendrá la tarifa social y el aumento no podrá ser mayor al 40% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021.

En un sector intermedio ingresarán los usuarios no encuadrados en las otras dos categorías, para quienes el aumento no podrá ser mayor al 80% de la variación que tuvo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año 2021.

Cerruti explicó “no va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% aproximadamente de la población en el resto del año”.

Además, adelantó que ante los fuertes reclamos se ampliará el corte de biodiesel para el gasoil, ante la escasez de combustible.

El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, participó este martes de la AmCham Summit 2022, organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. El evento busca dialogar sobre el contexto económico, social y político del país, discutiendo alternativas para el desarrollo nacional.

Durante el encuentro, llevado a cabo en el Icon Hotel de Puerto Madero bajo el lema “Construyamos un país sustentable”, Massa se refirió a la importancia de desarrollar un sistema de subsidios progresivo en la Argentina.

“La Argentina tiene un régimen de subsidios que funciona como Hood Robin, porque nuestra matriz tributaria no es progresiva, entonces el que menos cobra es el que más paga, el que más carga tributaria tiene en términos de ingreso. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentado”, expresó.

En esa línea, recalcó la importancia de hacer “el trabajo de segmentación desde cada una de las áreas de gobierno, inclusive en colaboración entre la secretaría de Energía, la AFIP, y las empresas de servicios públicos”.

Y agregó: “Para mejorar la distribución de ingreso en la Argentina, tenemos que trabajar sobre la base de invertir los subsidios en aquellos sectores más vulnerables, que más necesitan la ayuda del Estado”.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) participó este martes de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para tratar los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte de Gas (PIST), aplicables a partir del 1ro. de junio de 2022, y destacó “la falta de ‘oportunidad’ en la toma de decisiones de este Gobierno que al parecer necesita un GPS”.

“Llevan más de dos años con los Entes Reguladores intervenidos ilegítimamente, sin ningún resultado ni avance, y vienen a plantear las actualizaciones de las tarifas que mantienen congeladas desde que llegaron al Gobierno en un escenario de mayor consumo estacional (a partir de junio), alza de los precios internacionales de los combustibles que se importan, y falta de divisas para afrontar esas importaciones”, señaló la radical.

Muy crítica de la política energética, la mendocina cuestionó que “repiten como un mantra que ‘no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios'”, cuando “las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación mientras los costos de la energía se incrementan”.

De acuerdo al informe técnico, base de la audiencia, los subsidios cubren más del 75% del costo del gas, situación que empeora en invierno cuando los usuarios pagan menos del 15% del valor total.

“Estos números dicen mucho acerca de la falta de planificación y visión estratégica de este Gobierno”, enfatizó Latorre, y afirmó que “detrás de esos cantos de sirena de tarifas congeladas para cuidar el sueldo de los trabajadores, el gobierno de Alberto Fernández tiró por la ventana el esfuerzo realizado por los usuarios residenciales durante la recomposición tarifaria de 2017-2019″. “En poco más de dos años han logrado que los subsidios energéticos alcancen el récord histórico de 2014”, continuó.

En cuanto al compromiso del Gobierno con el FMI de reducir subsidios en aproximadamente 3 mil millones de dólares, la legisladora de Juntos por el Cambio destacó que, por el contrario, los subsidios energéticos para este año tendrán un piso de 15 mil millones de dólares. En esa línea, preguntó algo que no dice el informe: “¿Cómo se va a financiar esta diferencia de 8 mil millones de dólares que surgen con claridad de la diferencia entre los costos que hoy presenta la Secretaría de Energía y la actualización tarifaria que se propone?”.

“Lo que sí dice el informe es que se necesitaría una partida presupuestaria adicional de 81.059 millones de pesos si se quiere sostener el actual esquema de subsidios al gas, esto es seguir subsidiando 70,9% del costo total de la demanda prioritaria. Si se da este escenario ganan la pulseada (Darío) Martínez, (Federico) Basualdo y el Instituto Patria”, lanzó Latorre.

Aunque analizó que “otro escenario sería posible” si “el albertismo se pone los pantalones largos y (Martín) Guzmán gana esta pulseada; el Estado Nacional cubriría sólo el 44,4% de los subsidios y no se requerirían partidas adicionales, pero el precio del gas debería subir el 91%”. “Algo poco probable cuando anunciaron los topes de los aumentos antes de conocer los costos y de saber de dónde van a sacar la plata. Así que seguramente será más maquinita y, por ende, más inflación”, lamentó.

Finalmente, la diputada sostuvo que “a los usuarios no se los protege atrasando tarifas y aumentando subsidios que se financian con inflación, estancamiento y pobreza. Pueden jactarse de haber congelado tarifas durante más de dos años, lo que no pueden explicar es para qué sirve si en esos dos años hemos acumulado más de un 215% de inflación. Creo que cualquier ciudadano preferiría pagar una tarifa razonable y poder ir al supermercado la última semana del mes”.

En el marco de las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía de la Nación, los diputados del bloque Encuentro Federal (JxC) elevaron una presentación al secretario de esa cartera, Darío Martínez, en la que proponen reformular los subsidios de las tarifas de gas y electricidad con el fin de favorecer a los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, alertaron sobre la falta de información brindada por el Ejecutivo para que los usuarios opinen sobre los nuevos cuadros tarifarios durante dichas audiencias.

La nota fue presentada por Margarita Stolbizer, presidenta del bloque, y lleva las firmas de Emilio Monzó, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. Los legisladores plantean en ella que “resulta prioritario establecer un esquema de subsidios energéticos que auxilie a quienes menos tienen ya que el esquema actual, que asigna beneficios de manera generalizada a los usuarios, termina favoreciendo a los sectores de mayores ingresos en la medida en que los subsidios que estos reciben son financiados -en parte- por emisión monetaria”.

“El esquema actual profundiza los desequilibrios macroeconómicos que más afectan a los sectores de menores ingresos. Según la información proporcionada por Energía para las audiencias públicas más del 70% de los subsidios en energía eléctrica y en gas natural se destinan a los deciles de población en los cuales menos impacto proporcional tienen los gastos en estos dos servicios”, argumentaron.

En suma, sostuvieron: “Nunca es una buena idea destinar subsidios a quienes no lo necesitan, siempre deberían focalizarse en quienes sí los necesitan. Pero además esta ineficiente asignación de fondos públicos se realiza en el contexto de una fuerte restricción fiscal. Ordenar las cuentas públicas beneficiará a toda la población, pero muy especialmente a los sectores con menor ingreso disponible”.

Por último, llamaron la atención sobre la falta de precisiones respecto a los criterios de segmentación que se utilizarán para establecer el nuevo esquema de subsidios. Si bien en los informes que se brindaron para las audiencias públicas se establece que se aplicarán variables socioeconómicas y espaciales, “los cruces de datos para precisar los alcances en cada región de los criterios de segmentación propuestos por el Estado, aún están sujetos a cruces adicionales de bases de datos y confección de padrones que a esta altura ya deberían estar resueltos”, señalaron los legisladores.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila se refirió al acuerdo alcanzado con el FMI, y sostuvo que se trata de “un tremendo ajuste”, que “contradice lo que hace muy pocos días anuncio el Gobierno”. 

La legisladora del Partido por la Justicia Social sostuvo que en el “Poder Ejecutivo Nacional no se enteraron que terminó el carnaval. Solo de esta manera se puede entender los distintos disfraces que le ponen y le quitan al hasta hoy desconocido y enigmático acuerdo con el FMI”, y agregó: “Un sector afín al presidente lo defiende, mientras los personeros del kirchnerismo lo defenestran y seguramente no lo votaran. 

En este sentido, también cargó contra las críticas del presidente a su sector político: “Pretende que una oposición, a la que agrede y ofende en su discurso hecho a medida de su ‘vice’, lo acompañe en el recinto, avalando ajustes que no quieren transparentar”. 

“Ya trascendió el tremendo ajuste que se viene para los servicios de luz y gas, los que podrán llegar a subas de hasta el 130% para algunos usuarios. Esto contradice lo que hace muy pocos días anuncio el gobierno luego de audiencias públicas relativas a estas tarifas”, concluyó la legisladora tucumana. 

Recuperándose del Covid que contrajo hace pocos días, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti brindó su conferencia de prensa habitual de los jueves desde su casa, y dedicó la primera parte a referirse al acuerdo “inminente” que terminará siendo cerrado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, cuyo texto enviarán “en las próximas horas” al Congreso para iniciar su tratamiento.

En ese sentido y vía zoom, explicó que “estamos en los últimos momentos, los últimos instantes, del entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que venimos llevando adelante una cantidad de negociaciones que implican discutir palabra por palabra, porque cada una de las decisiones que tomemos tienen impacto en la vida de los argentinos y las argentinas”.

“Por eso, tal como dijo el presidente en su discurso del 1° de marzo, ya hemos llegado a acuerdos en todos los puntos sustanciales”, agregó Cerruti, precisando que “se trabajó toda la noche, se continúa trabajando para llegar a plasmar en un texto todos los acuerdos correspondientes. Traducirlos y de esa manera poder tener toda la documentación necesaria pertinente para poder enviarla al Congreso de la Nación, esperamos que en las próximas horas, para que sea allí el que empiece su tratamiento”.

La funcionaria admitió que ha habido demoras en el entendimiento, pero aclaró que “hay que tener mucha templanza”, por cuanto “estamos discutiendo con poderosos, con los poderes más grandes de esta tierra”, y lo que está en debate es “una deuda histórica: la que tomó el presidente Mauricio Macri, que compromete a muchas generaciones de argentinos, y esto no se resuelve en 5 minutos. Y no hay que aflojar hasta el último minuto en la defensa de los intereses de los argentinos y las argentinas”.

Luego detalló uno de los puntos principales a los que se llegó en el entendimiento, tratándose de una de las cuestiones que generaban más diferencias: la cuestión tarifaria.

Al respecto la portavoz señaló que “teníamos una diferencia en cuanto a cómo se iba a trabajar”, y que el Gobierno pretendía que hubiera “tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterio de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que corresponden a cada caso”.

Se establecieron entonces pautas tanto para los usuarios residenciales, como para los no residenciales. Para los primeros “se considerará como criterio objetivo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), como lo establecía la Ley 27.443 que votamos cuando yo estaba en el Congreso de la Nación, que era contra los tarifazos que se estaban llevando a cabo en ese momento. Era una ley que impulsó la oposición y no se pudo aplicar porque el presidente Mauricio Macri en ese momento la vetó”.

“Esa ley establecía que las tarifas no pueden subir más allá del Coeficiente de Variación Salarial”, precisó, detallando a continuación los parámetros establecidos, según los cuales el Poder Ejecutivo Nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que traten un sendero para el bienio 2022/2023, con “un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de servicios”.

Los usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidios en función de su mayor capacidad de pago constituyen el primer segmento, precisó, indicando que los usuarios beneficiarios de tarifa social componen el segundo segmento y para ellos el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% de variación salarial al año anterior.

Para el resto, el total será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Y completó: “Durante 2022 y 2023, no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos para la segmentación de los usuarios b y c”.

Para el presente año se incluirán para el cálculo los incrementos aplicados durante todo el año calendario.

Cerró el tema reiterando que ese era uno de los puntos que habían detenido el cierre total del acuerdo, que “en las próximas horas estará cerrado, escrito y traducido, y enviado al Congreso nacional. Queremos tomarnos todo el tiempo necesario para dar todas las discusiones”.

Tras reiterar su rechazo al acuerdo por la deuda macrista porque “fue una estafa”, la economista y exdiputada nacional Fernanda Vallejos repudió la presión del Fondo Monetario Internacional para forzar un aumento en las tarifas energéticas mediante políticas focalizadas de eliminación de subsidios y sugirió gravar más a los sectores de ingresos altos con el fin de compensar la proporción de los subsidios que reciben sin afectar a los ciudadanos de ingresos bajos y medios ni al sector productivo.

En ese sentido, la economista jefe de Proyecto Económico y referente peronista presentó una nueva propuesta para mantener los subsidios a la energía y evitar un tarifazo energético que afecte los ingresos de los sectores medios y bajos y al sector productivo. Según un informe de Proyecto Económico alentó un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa más una ganancia razonable y que las inversiones queden a cargo del Estado.

El trasfondo de la iniciativa consiste en compensar el subsidio que reciben los deciles de mayores ingresos gravando sobre “la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas)” a estos mismos sectores”.

A través de la red social Twitter, Vallejos presentó las bases del problema y la respuesta: “Si el problema, como algunos plantean, es que resulta ‘injusto’ que reciban subsidios quiénes no lo necesitan (comparto), la segmentación no es la solución. ¿Quiénes no lo necesitan? Nunca se aclara. ¿Qué porcentaje de la población? ¿El 10% más rico? ¿El 20%? No puede ser más que eso”, indicó la economista y acto seguido en un segundo mensaje acotó: “Si la idea es corregir ese sesgo, que sería injusto, para que quienes no necesitan el subsidio, dejen de recibirlo, no hace falta ningún galimatías: basta y sobra con cobrarles más impuestos a ese 10% o 20%, con escalas y alícuotas progresivas, según el nivel de ingresos y riqueza”.

De esta manera, Vallejos sumó otro aporte para evitar un aumento en el servicio energético que impacte en los sectores de ingresos bajos y medios, incida sobre los costos de las empresas y del sector productivo y agregue más presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Cuando el Estado subsidia, inyecta recursos. Cuando cobra impuestos, los absorbe. De modo que, si se quiere, sobre la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas), subiendo esos impuestos se absorben entre los sectores q no necesitan, los recursos que se inyectaron”, explicó la dirigente del Grupo 25 de Mayo, quien a través de un nuevo mensaje se explayó: “Cobrando impuestos a los más ricos, para recuperar los recursos que se volcaron en subsidios en esos sectores, se termina la distorsión de la política tarifaria. Es falso que haya tocar las tarifas, segmentar, etc. Si no se hace de ese modo, es porque el objetivo es otro”.

De esta manera, la economista salió a responderle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que “presiona a la Argentina para que eliminen o reduzcan sensiblemente los subsidios a la energía con el fin de destinar dichos recursos al pago de la deuda de U$S44.500 millones que el Gobierno de Mauricio Macri contrajo en el 2018 violando la normas legales que establece el país y el propio convenio constitutivo del organismos financiero internacional”.

“El FMI y el BM han tenido históricamente una posición (cosmética o, si se quiere, demagógica, que les permite incorporar a los “sectores vulnerables”) a su relato, en pos de políticas ‘focalizadas’. No es algo nuevo, siempre fue así, como lo proponen ahora para ajustar tarifas”, arremetió vallejos al tiempo que recordó: “Peronismo y progresismo siempre nos opusimos a esa focalización’. Nuestros países no son Suecia. Argentina, por ejemplo, tiene 40% de pobreza estadística (por ingresos) y 50% estructural. Y además, hay otro porcentaje de trabajadores (clase media) en riesgo de caer en la pobreza”:

Con esta misma lógica, Vallejos aclaró que la propuesta apunta en realidad a afectar la política del gasto público de la Argentina e indicó: “Efectivamente, el objetivo del FMI es otro: recortar el gasto. Recortar subsidios afecta a sectores mucho más amplios que sólo los ricos, golpeando a trabajadores de clase media más o menos empobrecida. Y no es progresivo ¿o las tarifas aumentarán más según la escala de ingresos?”.

La economista también desmereció las políticas focalizadas de eliminación de subsidios al señalar que “algunos han hablado de mantener la tarifa social (estamos hablando de una población más cercana a los indigentes, por la cantidad que lo recibe) que al 50% de pobres, aumentando la tarifa para el resto. ¿Qué pasará con los pobres y los que están en riesgo de caer en la pobreza?”.

Los términos del preacuerdo que el Fondo Monetario Internacional pretende imponerle a la Argentina estipulan que el Gobierno debe reducir este año el gasto público del 3,3% del Producto Bruto Interno que el Poder Ejecutivo había pautado en el presupuesto 2022 impugnado por la oposición a un 2,5% del PBI, mediante la eliminación “focalizada” de subsidios a la energía.

En este sentido, Vallejos defendió las políticas universales del gasto público y las contrapuso con las focalizadas que impulsan desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “¿Por qué no se corrige el sesgo regresivo (toda política universal lo tiene; es un debate archi resuelto en la disciplina económica, que aplica, por ejemplo: de igual manera al salario básico universal, ¿cobrando impuestos directos a los ricos para compensar esa renta básica) con impuestos? Porque los impuestos directos descargan el esfuerzo en los más ricos. En cambio, el recorte del gasto distribuye el ajuste sobre el conjunto y, proporcionalmente -se sabe- más sobre quienes menos tienen (no es igual pagar 80% más de gas para un rico o un laburante de clase media)”, ahondó la economista.

De acuerdo a un informe de Proyecto Económico “la suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza”, lo que traería aparejado “una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso”. El informe sugiere un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa prestadora más una “ganancia razonable” y que las inversiones queden a cargo del Estado.

Por último, Vallejos recordó que “los servicios básicos son DDHH, por supuesto, nadie lo menciona. Y el FMI, menos. Porque, históricamente, se ha dedicado a pisotear los DDHH de los pueblos de los países endeudados”, y reiteró el carácter fraudulento de la deuda que el FMI le entregó a Macri y la imprescindibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia. “En cualquier caso, lo nuestro fue una estafa, no una deuda regular. Insisto: el camino es la CIJ”, concluyó Vallejos.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) participó este jueves de la audiencia pública convocada por el ENRE para tratar los regímenes tarifarios de transición en 2022.

En su exposición, la legisladora planteó una serie de interrogantes y algunas reflexiones “en función de los datos y declaraciones, dispersión, improvisación e incoherencias de los funcionarios de la cartera”.

En su primer planteo, Latorre hizo referencia a los subsidios para la tarifa eléctrica y cuestionó: “¿Son conscientes que si seguimos en este sendero en diciembre vamos a alcanzar los niveles de subsidios de 2015?”.

Sobre ello, puntualizó: “En 2015 los subsidios cubrían el 88% del precio de la energía para un residencial. En 2019 se bajó a un 22%. Hoy, según la programación provisoria de CAMMESA, un residencial solo paga el 19% del costo de generación, es decir el 81% es cubierto por subsidios”.

Luego, se preguntó si “¿en serio van a plantear como ‘circunstancias exógenas’ asimilables a la sequía, la inflación y el atraso cambiario?”. “Los subsidios crecen a un ritmo del 140% interanual por la decisión política de congelar el precio con una inflación anual superior al 50%”, señaló.

“Si no pueden dar precisiones sobre las principales variables macroeconómicas desde las carteras dependientes del Ministerio de Economía de la Nación, que por otra parte son las que están prometiendo y comprometiendo medidas de ajuste para una necesaria negociación con el FMI, ¿a quién se las pedimos? La economía energética está directa e íntimamente vinculada con la política económica. O en este Gobierno hay ‘dos políticas disociadas’: una que responde a las ideologías del subsecretario (Federico) Basualdo y al Instituto Patria y otra que responde al Ministro de Economía y las metas de reducción de gasto y del déficit”, lanzó la legisladora de Juntos por el Cambio.

“Esta Audiencia Pública es para escucharlos” @dariomartinezpj
Dejo mi intervención, la única que cortaron. Niegan que como Diputada Nacional represento al pueblo.
El sector energético está tomado por el Instituto Patria, son autoritarios e ignorantes como su jefa @CFKArgentina pic.twitter.com/knnUfpVNxZ

— Jimena Latorre 💜🧡💚 (@JimehLatorre) February 17, 2022

Enfática, la opositora expresó que “el ministro del que dependen los funcionarios que abrieron esta audiencia, aunque lo desconozcan, envió un proyecto de Presupuesto al Congreso para 2022 y, por más que lo rechazamos, ha afirmado que será la pauta de gasto que seguirá para poder acordar con el FMI. Ese programa tiene un solo objetivo: la reducción de los subsidios energéticos”.

Entonces Latorre sostuvo: “¿Cuál es la pauta presupuestaria que debe cumplir el programa destinado al subsidio de la generación eléctrica? ¿Cuál es el aumento del precio estacional necesario para cumplir esa meta? ¿A cuánto ascenderían las partidas presupuestarias adicionales de no realizar aumentos?”.

“Si tomamos lo aquí expuesto, el aumento será entre el 17 y 20% en las tarifas del AMBA. Pero reconocieron que en 17 provincias del interior el aumento en 2021 fue del 23% promedio y lo corrijo, fue del 30% promedio, mientras que en el AMBA fue del 9%. ¿Ese es el federalismo de este Gobierno? Los ciudadanos del interior pagamos las tarifas nuestras, los impuestos y la inflación para subsidiar las del AMBA”, cuestionó la mendocina.

Y le consultó a la interventora del ENRE, María Soledad Manín, “¿cuándo van a realizar las revisiones tarifarias que ordena realizar la Ley de Emergencia 27.541 de diciembre 2019? ¿Cuándo comenzará la renegociación de contratos que su Gobierno volvió a romper a partir del congelamiento y que expone al Estado Argentino y a los usuarios a un enorme pasivo contingente frente a las empresas por incumplimiento de contratos? ¿No le da vergüenza la indignidad de ocupar un cargo vacío de funciones, ilegítimo y sin absolutamente ningún resultado a dos años de una tarea que le encomendaron por 180 días?”.

En referencia a la segmentación tarifaria, Latorre se quejó de que se quedó “esperando la exposición del subsecretario Basualdo que después de dos años de vagancia e inoperancia terminó encontrando la solución en un GPS, un criterio de georreferencia, obsoleto y no utilizado en ningún otro país del mundo. Que ese 10% de los usuarios del AMBA, unos 487 mil usuarios que representan el 4% de la población total, soporten aumentos tarifarios muy por encima de la inflación representa un ahorro entre 200/500 millones de dólares de las 7.200 millones de dólares que destinaron a subsidios eléctricos en 2021”.

“Esta audiencia es una puesta en escena, una falta de respeto a la ciudadanía. Los funcionarios se limitan a leer saludos vacíos de contenidos, la información publicada carece de datos que permitan un análisis serio, no hay informes del Ente que debería ser técnico y no político, y menos que menos planificación que permita ver un sendero de recuperación de las cuentas públicas y la balanza comercial energética”, finalizó la diputada.

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (Pro) habló sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional aseguró acompañarán el acuerdo, pero: “No votaremos a favor del aumento de impuestos”. Por otro lado, se refirió al aumento de tarifas y señaló que “deben ser segmentadas”.

En una entrevista en IP Noticias, Asseff explicó la que la oposición actuará con responsabilidad institucional a la hora de votar el acuerdo con el FMI en el Congreso, dado que “en un momento tan grave como el que vive el país, desde la oposición tenemos que hacer todos los esfuerzos para no obstruir la aprobación del acuerdo con el FMI”. En ese contexto, remarcó: “Lo peor que le podría pasar a la Argentina es que entrara en default, porque quienes más sufrirían no serían los principales agentes de la economía, sino las PYMES, la clase media, los trabajadores y quienes buscan trabajo”.

El diputado del Pro además señaló: “Acompañaremos el acuerdo, pero no votaremos a favor del aumento de impuestos”, aunque se mostró a favor de que “el estado utilice sus recursos para ajustar sus cuentas y sus gastos, para de esa manera poder dar cumplimiento a un acuerdo que debe ser consistente”.

Luego fue consultado sobre el aumento de tarifas que acompañaría el ajuste de la economía y el titular del partido UNIR manifestó que “sabemos que gran parte de la población no está en condiciones de pagar aumentos, por lo que las tarifas deben ser segmentadas, pero esa segmentación no debe ser hecha en base a un cálculo político para ser utilizada con fines electoralistas”.

 Y agregó que “el aumento de tarifas debe resolverse lo más rápido posible, pues cuanto más tiempo tardemos en comenzar a arreglarlo más doloroso será cuando lo tengamos que pagar: porque será con cortes de luz, falta de energía y la incapacidad de mantener el servicio”.

Consultado sobre la posibilidad de pagar el crédito y las condiciones que impone el FMI, Asseff consideró que “si le mostramos al Fondo que el país tiene una decisión muy seria de ajustar su economía para poder afrontar el pago de la deuda y simultáneamente crecer, entonces ellos van a aliviar las condiciones de pago”.

Durante la primera reunión de debate del proyecto de Presupuesto 2022, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, ratificaron que ante la quita de subsidios se hará una segmentación de las tarifas de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios.

Al momento de las preguntas, el flamante secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Hugo Romero, advirtió que “tomando los números al 30 de noviembre, tenemos un presupuesto vigente de 694.007 millones de pesos para CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). El presupuesto del año 2022 es de 609.198 millones de pesos. Hay una reducción del 12,2%”.

En tanto, “para la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) hay 271.011 millones de pesos para este año, contra 132.117 millones de pesos para 2022, una reducción de 51,4%”. “¿Cómo va a caer esa disminución de subsidios en la sociedad argentina? ¿Cómo va a ser la política de subsidios?”, consultó el cordobés.

Guzmán respondió que “hay un factor que explica la caída de los subsidios en el área energética que es que caduca la llamada Resolución 46, que es del viejo Plan Gas”. Sobre la segmentación de los subsidios, sostuvo: “Hemos estado trabajando todo el año sobre esto, que es un tema complejo. Va a estar implementándose durante el 2022. Va a ser un avance estructural, porque va a permitir poder focalizar los subsidios en la población que más lo necesita y que el Estado pueda reasignar los recursos a otras partidas”.

Por su parte, Martínez ratificó que “para avanzar en la reducción de los subsidios se está desarrollando una herramienta de segmentación, con un trabajo importantísimo que se está llevando adelante. Ya hemos relevado el 80% de una gran base de datos de 16 millones de usuarios”.

Se trata, dijo el funcionario, de “un trabajo en conjunto con el ENRE, el ENARGAS, la subsecretaría de Planeamiento y la subsecretaría de Eléctrica e Hidrocarburos”.

Además, el secretario de Energía señaló que “hemos tomado la decisión de eliminar los subsidios a los grandes usuarios”, a excepción del sector salud y educación, y “ha sido una gran decisión y no ha traído mayores inconvenientes”.

Martínez recordó que según lo votado en el Presupuesto 2021 se pudo mejorar “la cobrabilidad de CAMMESA, que se había caído en 2020 producto de la pandemia y la situación difícil de todos los usuarios”.
“Esa caída que había llegado al 30% luego se recupera al 60% y hoy está por encima del 80%”, destacó y agregó que “hemos reducido los tiempos de pago de CAMMESA tanto a las transportistas como a las generadoras”.

En su exposición, indicó que “hay una gran volatilidad internacional en cuanto al costo de la energía” y “va a seguir, con lo cual probablemente el año que viene, sobre todo el valor del GNL, tenga variaciones muy importantes”.

“Hay una explicación de por qué hemos bajado los subsidios y qué herramientas tenemos en CAMMESA e IEASA”, remarcó y apuntó que en noviembre del año pasado se dio el lanzamiento del plan GasAr “dándole previsibilidad a una industria que la había perdido”. “Logramos frenar ese declino e incrementar la producción”, continuó.

En ese sentido, argumentó que eso llevó a tener en 2021 “un ahorro de divisas de más de 1.200 millones de dólares y un ahorro fiscal del orden de los 88 mil millones de pesos”.

Por otro lado, el funcionario precisó que “sacando los 1.566 millones de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner“, el año próximo “va a haber una inversión en materia de hidrocarburos del orden de los 8.700 millones de dólares. A excepción del 2015, es el mejor número de inversiones de los últimos 20 años”.

Con el objetivo de establecer normas claras en cuanto al cobro de tarifas por estacionamiento, la Legislatura de la Ciudad sancionó casi por unanimidad (a excepción de Marta Martínez de AyL que se abstuvo) una serie de modificaciones a la Ley 4827, a fin de garantizar que las tarifas sean acordes al volumen del vehículo que hará uso de las instalaciones.

De esta manera, se estableció que en los garajes o playas de estacionamiento “se debe efectuar la exhibición de precios mediante listas ubicadas en las entradas o lugares de acceso, en forma destacada y claramente visible desde el interior de los vehículos que se encuentren en la calzada, donde se harán constar las características y modalidades del servicio que se presta, especificando: el precio por día, hora o fracción, de acuerdo con el tipo  de cada unidad (automóvil y/0 SUV, camioneta, transporte –camiones, ómnibus, micrómnibus y furgones-, bicicletas y motocicleta)”.

Asimismo sostiene que para fijar el monto de la tarifa, se deberá tener en cuenta el tipo de vehículo que estacionará y, al igual que funciona hasta este momento, se cobrará por fracciones de hora y estadía por períodos no mayores a 24 horas. “Los garajes o playas de estacionamiento deben entregar a los clientes obligatoriamente un comprobante que indique el horario de apertura y cierre, la dirección y el teléfono del establecimiento”, sostiene el texto recientemente aprobado.

En el marco de la delicada situación económica que atraviesa el país, el legislador del Frente de Todos (FdT), Santiago Roberto, impulsó en la Legislatura un proyecto de ley para que la Ciudad adhiera a la Ley Nacional N° 27.218 para que entidades de bien público porteñas puedan ser parte del régimen tarifario específico que define un tratamiento particular para aplicar a las entidades sin fines de lucro, en relación al precio que las mismas pagan por los servicios públicos.

La mencionada normativa en el título IV hace referencia a los servicios públicos esenciales, y establece que tendrá aplicación en el servicio público de agua potable, desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía. En tanto, el art. 26 de la referida Ley invita al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y trabajar en coordinación para implementar regímenes equivalentes.

Para acceder al Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público las empresas prestadoras de los servicios públicos podrán requerir únicamente la constancia de cumplimiento, que los clubes de barrio estén inscriptos en inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas (R.U.I.D.), el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (R.O.A.C.), y/o la Secretaria de Integración Social para Personas Mayores que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la tarifa aplicable a los sujetos del Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público será la tarifa mínima establecida en la jurisdicción y nunca podrá ser superior a la aplicable a los usuarios residenciales, según los cargos propios de cada servicio.

Las entidades que no estén registradas en los ítems mencionados con anterioridad o que se encuentren con el trámite pendiente de resolución, gozarán del régimen de manera provisoria por el término de seis meses, que podrá ser prorrogado, por la Autoridad de Aplicación, por única vez por otros seis meses.

Al respecto del proyecto, Roberto afirmó que “si algo caracteriza a las y los porteños es la construcción de lazos sociales que suelen surgir en  los clubes de barrio y otras entidades de bien público” e indicó que “estas organizaciones que muchísimas veces son espacios de contención social han entrado en serio riesgo. Por ello, es necesario que la Ciudad adhiera al Régimen tarifario específico como medida para evitar que deban cerrar sus puertas”.

Asimismo planteó que “dada la importancia de la tarea social, comunitaria, cultural, deportiva y de contención que realizan las entidades de bien público, presentamos este proyecto para hacer frente a una situación social que se potenció con la llegada de la pandemia”.

“El impulso puesto en estas instituciones requiere de voluntad política, de programas y leyes específicas, acordes a estos tiempos y que acompañen a las organizaciones para evitar que cierren sus puertas. Por ello, es necesario  considerar que en ello se juega la posibilidad de que niñas, niños, adolescentes y adultas y adultos pierdan esos lugares de pertenencia que funcionan como ámbitos de sociabilidad, contención social, y desarrollo personal y comunitario”, sentenció el peronista.

El proyecto de ley de Zonas Frías, impulsado por el oficialismo junto a bloques aliados, comenzará a ser tratado el próximo lunes en una reunión informativa conjunta de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero luego obtendrá dictamen el miércoles y el jueves llegaría al recinto para obtener media sanción.

Casi un mes después de ser presentado, Zonas Frías logró tener tratamiento en comisión, por lo que la cita será el próximo lunes 7 a las 15, según pudo averiguar parlamentario.com.

Fuentes parlamentarias adelantaron como será el tratamiento veloz que recibierá el proyecto de ley que impulsa el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

El lunes 7 habrá un plenario informativo de modo virtual en el que participará el titular de Energas, Federico Bernal.

El martes 8 los diputados miembros de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda deberán hisoparse para cumplir con el protocolo debido a la pandemia de coronavirus.

El miércoles 9 habrá reunión plenaria de comisiones de Energía y de Presupuesto para dictaminar favorablemente y llevar el proyecto oficialista con dictamen de mayoría al recinto de la Cámara baja el jueves 10.

El proyecto, que propone la disminución de las tarifas de gas en municipios de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, tiene el beneplácito del Frente de Todos , Consenso Federal y del diputado nacional José Luis Ramón.

La visión de Enargas

El titular del Enargas, Federico Bernal, explicó que “se hizo un estudio teniendo en cuenta información del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas, y se trazó un mapa en el que se incluyeron estas regiones” denominadas “zonas frías”.

Bernal agregó que “sobre el total de los nuevos beneficiarios, 2.300.000 van a recibir un 30% de descuento y 450.000 un 50%, contemplando criterios de vulnerabilidad para recibir la tarifa social”.

El proyecto

El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

Las zonas beneficiadas

Este beneficio se aplicará en Mendoza, en los departamentos de San Juan, de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete.

También en los departamentos de Salta de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos; la Región conocida como la “Puna” y en el Departamento de San Luis General Pedernera

Y en los municipios bonaerenses del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid y Coronel Suárez.

También en Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.

La diputada nacional del Frente de Todos Jimena López presentó un proyecto de ley que establece un Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad con el fin de garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red a los hogares en los que resida una persona con discapacidad sea o no titular del suministro.

Fue elaborado en conjunto la Subcomisión de Salud y Discapacidad del Enargas, integrada por asociaciones civiles e instituciones y el diputado nacional José Luis Ramón, presentado el 3 de noviembre del año 2020.

Para darle un impulso y lograr que avance, se viene difundiendo un video en las redes sociales del que participaron los actores Gustavo Garzón, Julieta Díaz, Teto Medina;  Marcela  Gómez y Leticia Escalante, de la Asociación Argentina de Electrodependientes; Silvina Santa Cruz, de la Asociación tu Aire Mi Esperanza; Ariel Camacho, de la Secretaría de Discapacidad de ATE Congreso; Milagros Pedro, Karina, Florencia, Natalia, Estefanía y María, de Fibrosis Quística Argentina.

⭕Proyecto de ley de tarifa inclusiva para personas con discapacidad#Gas#TarifaInclusivaYa pic.twitter.com/glTXV65XGB

— Jimena López (@MaJimenaLopezOk) May 30, 2021

Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por falta de pago a los beneficiarios del presente Régimen. En los casos en que el servicio haya sido suspendido con anterioridad a la promulgación de la ley por falta de pago, se les reconectará automáticamente. Los costos de reconexión tendrán que ser asumidos por los prestadores. Respecto a la deuda de las facturas impagas de los beneficiarios del Régimen generada con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes de financiación adecuados a la capacidad de pago de los usuarios.

Actualmente el beneficio de la tarifa social de gas  por red alcanza a 100.000 usuarios por “contar con certificado de discapacidad”, criterio de inclusión establecido en la Resolución N° 28/16 del Ministerio de Energía y Minería (MINEM). Considerando que el subsidio mencionado alcanza a un millón de hogares, el colectivo de personas con discapacidad representa solamente el 10% del registro de beneficiarios.

La diputada López expresó que “entre los motivos de tan bajo alcance, nos encontramos con que solo alcanza al titular del suministro, es decir que, si un familiar directo cuenta con certificado de discapacidad, pero no es el titular del suministro, no lo recibe. Al mismo tiempo, desde enero de 2019 solamente se otorga mediante solicitud a través del portal “MI ANSES”, anteriormente se realizaba el cruce automático mediante bases de datos (SINTYS), y se redujeron los subsidios mediante  la Resolución 474/2017 del MINEM y la Resolución 14/2018 de Secretaría de Gobierno de Energía”.

#TarifaInclusivaYa

– Lograr la ampliación de derechos e inclusión de las personas con discapacidad.

– Garantiza el acceso a los servicios públicos.

– Evita cortes por faltas de pago.

– Acceso al beneficio cuando el titular sea un integrante del grupo familiar de la PCD pic.twitter.com/NBD0RzdRTb

— Jimena López (@MaJimenaLopezOk) May 30, 2021

Y agregó Lopez: “El Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad (TIPCD) tiene por objetivo mejorar los derechos actuales de las personas con discapacidad, dotándolos de previsibilidad en la facturación hogareña de los  servicios públicos  supra mencionados, a los cuales accederán a un cargo fijo y variable que son los más económicos de los usuarios residenciales.

El proyecto fue girado para su análisis a las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.

Con la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, se presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de tarifas diferenciales de gas para más de tres millones de personas, que amplía el beneficio que actualmente rige para la región patagónica.

La iniciativa propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que por sus bajas temperaturas se consideran “zonas frías”.

El proyecto fue fruto de un trabajo en conjunto con la oposición, por el cual se unificaron propuestas de los diputados Liliana Schwindt (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).

La presentación formal, realizada en el Salón de Honor, fue encabezada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y participaron la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y las diputadas Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Roríguez y Jimena López, además de los autores de los proyectos.

Massa destacó que la iniciativa “implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo”.

Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto significa “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.

“Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.

El oficialista explicó que “lo que (los usuarios) no destinen al gas, lo van a usar para mejorar sus calefactores, que en las zonas más frías además tienen más uso porque la temporada de bajas temperaturas dura más tiempo”.

Para Kirchner, “este proyecto está en línea con el compromiso que asumimos en 2019 junto con el presidente: buscar alternativas para, de a poco y a pesar de la pandemia, en un contexto complejo donde muchos han perdido a seres queridos, ir avanzando y salir del infierno en el que nos dejaron”.

“Es muy saludable que lo hagamos de manera conjunta con otros bloques y vamos a darle tratamiento lo más pronto posible porque es en beneficio de nuestra gente”, concluyó el titular de la bancada oficialista.

De qué trata el proyecto

El proyecto da respuesta a una demanda histórica por parte de asociaciones de defensa de usuarios y consumidores de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y 54 municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.

Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad -se tomaron quienes están comprendidos en el decreto presidencial 311/20-.

En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.

El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.

Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.

En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.

Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.

Además de la Patagonia, quedarán comprendidos:

• Toda la provincia de Mendoza;

• En San Juan, los departamentos de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia, Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete;

• En Salta, los departamentos de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma y San Carlos;

• En San Luis, el departamento de General Pedernera;

• En provincia de Buenos Aires, los municipios del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido,  Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas y Carlos Casares.

Por José Angel Di Mauro

El Gobierno tiene que lidiar con una pandemia inédita. Es lo que le tocó, a no quejarse… El problema es cómo gestiona esta crisis sanitaria, pero la cuestión es que ya tiene suficientes problemas con la pandemia como para tener que sumar además el fuego amigo.

Ya ha tenido varios episodios en ese sentido, y en todos tuvo que ceder el presidente. Hasta el viernes pasado, en el que una guerra sorda que se libraba desde hacía tiempo en la Secretaría de Energía estalló de manera descarnada, desatando tal vez la crisis interna más grave en lo que Alberto Fernández lleva de mandato. Ese día chocaron de frente las dos corrientes principales de la alianza gobernante y el desenlace tiene aún final abierto.

Recordemos que esa cartera estuvo sometida a tironeos desde el principio de esta gestión. Arrancó al frente de la secretaría Sergio Lanziani, un misionero que respondía al hombre fuerte de esa provincia, Carlos Rovira, y se interpretó su designación como una señal del presidente a los gobernadores, a los que siempre dijo que en ellos se iba a apoyar, en una suerte de “cogobierno”. A esta altura se sabe que ese cogobierno nunca funcionó, pero menos lo hizo Lanziani, que fue el primer funcionario eyectado del cargo.

Siendo Energía un área de particular interés para el cristinismo, el modelo de parcelas implementado en la gestión fernandista mostraba al misionero rodeado de gente que le respondía a la vicepresidenta, como el subsecretario Federico Basualdo y el interventor del ENARGAS, Federico Bernal. Como ha sucedido en otras áreas, la salida de Lanziani fue cubierta por un kirchnerista puro, el neuquino Darío Martínez.

La puja entre Energía y el Palacio de Hacienda se dio por las tarifas. El ministro de Economía, Martín Guzmán quiere implementar dos aumentos en el año, para compensar un poco el déficit achicando subsidios. En esa materia fue la propia vicepresidenta Cristina Kirchner la que se expresó de manera concluyente y contraria, cuando en un acto en La Plata para celebrar el aniversario de la gobernación de Axel Kicillof habló de la necesidad de alinear “salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. Para ella las tarifas no deben ser tocadas en un año electoral. A lo sumo, acepta un solo aumento, pero no de dos dígitos.

El viernes desde el Palacio de Hacienda parecieron patear el tablero, al anunciar que las tarifas eléctricas subirían un 9%, en lo que representaría el primero de los dos aumentos que habría a lo largo del año. Pero no solo eso dejaron saber desde cercanías de Martín Guzmán: también anunciaron el despido del subsecretario Federico Basualdo, un cristinista puro que sostenía la postura tarifaria de la vicepresidenta.

El clima se enrareció cuando voceros cristinistas salieron al cruce de la información, aclarando que nadie le había pedido la renuncia a Basualdo y el tema quedó abierto e irresuelto al comenzar el fin de semana. Hubo en el ínterin -según trascendió- una reunión del subsecretario “rebelde” con la vicepresidenta; toda una señal hacia Alberto Fernández, quien durante su gestión ha tragado más de un sapo, pero esta instancia lo puso en una situación más que incómoda. Con su autoridad puesta en duda como nunca.

Peor quedó Martín Guzmán, que ya viene siendo condicionado por el ala dura en la negociación con el Fondo, pero cuya estabilidad se haría insostenible si Basualdo -al que en el Palacio de Hacienda calificaron de “inoperante”- es mantenido en el cargo.

El viernes desde la Rosada se insistía en que la salida de Basualdo era un hecho y en el suplemento del Boletín Oficial publicado al filo de la medianoche del viernes se confirmó el aumento del 9% a las tarifas de Edenor y Edesur. Fuentes consultadas por este medio el fin de semana sugirieron que se habría puesto paños fríos, y que Basualdo se quedaría “un tiempo más”. La suba tarifaria sería una señal de compensación. En ese caso, habrá que ver si hay un segundo aumento en lo que resta del año, o termina prevaleciendo la postura de la mujer fuerte del Gobierno.

La postura de Economía se asienta meramente en los números. Las cuentas públicas necesitan ser ajustadas y los subsidios por tarifas insumen 65 mil millones de pesos cada mes. “Cuatro veces el gasto de la AUH”, cuantificó el economista Martín Tetaz. Está claro que la decisión de CFK de no aumentar las tarifas -en un año electoral- tiene que ver con su consecuencia inflacionaria. Pero lo que el equipo de Guzmán habría sopesado es que el freno a la economía consecuencia de las restricciones por la segunda ola de la pandemia paralelamente ralentizaría como el año pasado la carrera de los precios. Eso podría compensar en materia inflacionaria el aumento de tarifas.

Además, el ministro sabe que tarde o temprano deberá pagar alguna compensación, tipo IFE, para los sectores perjudicados por el cierre de la economía, que tal como anticipamos aquí ha sido extendido más allá de las dos semanas originales.

Las discusiones en torno a la magnitud del cierre consumieron buena parte de la última semana y concluyeron con el presidente grabando un cuidado discurso el jueves por la noche, que fue difundido a la mañana siguiente. Un horario inédito para este tipo de anuncios, en el que profundizó algunas de las medidas de hace dos semanas y ratificó las que provocaron un serio enfrentamiento entre Nación y CABA, que volvió a darle protagonismo estelar a quien sigue perfilándose como el principal rival para 2023. Horacio Rodríguez Larreta ya habla como tal; en un tono mesurado pero firme, en la tarde del viernes se manifestó “convencido de que la mejor manera de trabajar es en forma conjunta: buscando el diálogo y el consenso -dijo-. Es mi convicción del primer día y siempre va a seguir siendo así. Tanto para enfrentar esta difícil situación, como para sacar a la Argentina adelante”. Esta última frase hizo bastante ruido en Olivos.

Contra lo que se esperaba, el pleito no fue resuelto el viernes por la Corte Suprema. Dicen que hubo una advertencia de la vicepresidenta hacia los cortesanos, transmitida por un contacto entre las partes.

Como sea, en la Rosada esperaban el viernes un fallo adverso respecto de la pulseada de Nación con CABA por la presencialidad en las clases. Un fallo en ese sentido llegó ese día, pero no desde la Corte, sino de la Cámara del Crimen, que ante un hábeas corpus presentado por  vecinos porteños consideró abusivo el uso de los DNU por parte del presidente y pidió al Ejecutivo y al Congreso consensuar una ley para gestionar la pandemia. Les fijó incluso un plazo de 15 días a ambos poderes para ponerse de acuerdo en ese sentido.

Los jueces de ese órgano se habían hecho eco del anuncio hecho en la mañana por el presidente Fernández respecto del envío de un proyecto de ley para tener más facultades en el marco de la pandemia.

De ese proyecto anunciado por Alberto Fernández el viernes no se sabe nada más que lo que dijo: “En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, en función de criterios científicos, claros y precisos, se faculte al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”. Fue en el final de su discurso y puso en guardia a la oposición, fundamentalmente a Juntos por el Cambio, que ya viene sospechando desde que no se restableció el diálogo con Eduardo “Wado” De Pedro sobre la postergación de las elecciones. Desde que se mostraron abiertos a aceptar una prórroga de un mes en ambos convites electorales, condicionándolo a una “cláusula cerrojo”, no hubo más contactos. Y contrariamente a lo que había trascendido, el viernes el ministro del Interior no fue al Congreso para retomar el diálogo sobre el tema. Por el contrario, desde esa cartera aclararon que debe ser el Congreso el que defina la modificación del calendario electoral, y que el Ejecutivo no mandará un proyecto, a pesar de que días pasados había trascendido un borrador del mismo. Mientras más voces oficialistas y algunas de la oposición insisten con la suspensión de las PASO, el tiempo corre y el 10 de mayo el Ejecutivo debería convocar por decreto a las primarias.

El diputado del Pro Pablo Torello blanqueó las dudas que imperan en ese sector a través de un tuit en el que hizo referencia a que Wado De Pedro  “no vino al Congreso con el proyecto prometido para posponer elecciones; el presidente envía proyecto de ley pidiendo delegación de facultades. No quisiera pensar que estas dos cuestiones tienen como fin empezar a clausurar la democracia en Argentina”.

El Ministro @wadodecorrido no vino al Congreso con el proyecto prometido para posponer elecciones; el Presidente envía proyecto de Ley pidiendo delegación de facultades. No quisiera pensar que estas dos cuestiones tienen como fin empezar a clausurar la democracia en Argentina.

— Pablo Torello (@Pablo_Torello) April 30, 2021

En ese sentido fue que más de uno se preguntaba este fin de semana si las facultades extraordinarias pedidas por el presidente para enfrentar la pandemia no podrían llegar a incluir la posibilidad de suspender directamente las elecciones por decreto.

El Gobierno bonaerense resolvió que los prestadores de servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y municipal, así como los prestadores del servicio de agua potable y desagües cloacales bajo jurisdicción provincial, deberán aplicar la Tarifa Cero a los consumos registrados por las Asociaciones Civiles de primer grado del territorio provincial.

Así lo estableció en el Boletín oficial este jueves, tras la sanción en octubre del 2020 de la Ley 15.192 de Emergencia para Asociaciones Civiles provinciales luego de su paso por el Senado y la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Inicialmente, el Proyecto de Ley fue impulsado por el diputado Facundo Tignanelli, presidente del bloque del Frente de Todos.

En ocasión de su aprobación, el propio Tignanelli señaló que se trató de “poner sobre la mesa una deuda histórica del estado provincial con estas instituciones”.

Se trata de beneficios para instituciones como Clubes de Barrio, Centro de Jubilados, Centros Culturales, Sociedades de Fomento, Jardines Comunitarios u Organizaciones de Comunidades Migrantes, cualesquiera sean sus ingresos, y a las Mutuales de Organizaciones de Comunidades Migrantes que tengan ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la categoría G del monotributo, mientras se mantenga la emergencia sanitaria.

En tanto, la norma establece “que las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la Provincia de Buenos Aires, que tengan ingresos anuales totales mayores al monto equivalente de la categoría G de monotributo, deberán efectuar el pago por Consumo Real de Servicios Públicos de agua potable y desagües cloacales, en los casos en que el sistema de facturación se efectivice por servicio medido”.

Al respecto, la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales, Maite Alvado, manifestó que “es de suma importancia el avance sobre este artículo de la Ley, que permitirá a las instituciones acceder a estos beneficios en un contexto muy difícil para todos y todas, y que también significa un acto de repararación respecto del gran tarifazo aplicado durante el gobierno de Vidal y que pone, por primera vez, al Estado del lado de las Asociaciones”.

El Gobierno avanza así sobre los beneficios de la Ley de Emergencia para Asociaciones Civiles Provinciales y aplica la Tarifa Cero y Tarifa por Consumo Real de Servicios Públicos durante la emergencia sanitaria, dispuesta por el Decreto Nº 132/2020 ratificado por la Ley N° 15.174 y su prórroga aprobada por el Decreto Nº 771/2020.

La resolución, rubricada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, Agustín Pablo Simone, prevé que para acceder al beneficio las Asociaciones Civiles y Mutuales deben estar registradas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la primera audiencia pública para definir el precio de las tarifas del gas, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó la importancia de este debate “como instancia de participación popular, en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas”.

“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias -continuó-, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.

Al momento de tomar la palabra, dentro de una lista de 42 oradores, la economista remarcó “el impacto favorable que tiene la política de subsidios para los hogares  y el sector productivo, después de los años de ajuste y recesión macristas y a un año del inicio de la pandemia”.

“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, resaltó la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados.

La primera audiencia se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y también a determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.

La audiencia empezó a las 10, convocada por la Secretaría de Energía a través de la resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.

Otro punto que abordó Vallejos es la relación entre los “tarifazos” durante la gestión de Macri y la inflación durante ese período: “Lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate, también, sobre la inflación que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión -inducida por la demanda- y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad”.

Vallejos reforzó cómo los “tarifazos” durante el macrismo alentaron los altos niveles de inflación. “La política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo, a pesar de la política monetaria de ‘emisión cero’, con el nivel más alto en 3 décadas: 55% de inflación en 2019”, precisó la diputada oficialista.

Asimismo, cuestionó que durante el macrismo, además de reducirse los subsidios, los argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas. “Durante esos cuatro años, el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero, en cambio, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas, con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Sólo durante los primeros 2 años de gobierno de Macri esa transferencia alcanzó a USD 16.000 millones”, detalló.

Por otro lado, alertó que, lejos de realizar las inversiones necesarias, las empresas de la producción, el transporte y la distribución fueron protagonistas de la fuga de capitales. “Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos, registrados en el balance cambiario del BCRA, entre 2015 y 2019, fue escandalosa”, aseveró, y acto seguido detalló el listado de las mismas.

Por último, en el marco de la pandemia de coronavirus, Vallejos sostuvo que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar el costo real de producción del gas y la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad”.

Las exposiciones

Representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, abogados y economistas, entre otros, coincidieron en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población. También subrayaron que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo.

“No podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”, planteó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.

En tanto Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos de la era Macri. “Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5.000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó. 

En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. “Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó.

🗨️#AudienciaPublica #Gas
"No hagan el mismo desastre que el gobierno anterior, donde estas 5 empresas ajustaron un 6.800% el valor de las tarifas, trasladándolo a los usuarios".@Energia_Ar @Economia_Ar pic.twitter.com/7ANwxnMq22

— José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) March 15, 2021

A su turno, José Luis Ramón, diputado y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sostuvo que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.

Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. “La justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de USD 3,51. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de USD 7,60″. Y remató: “Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800% del ajuste del valor trasladado a los usuarios”.

El Poder Ejecutivo enviará este año al Congreso una ley para desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, según anunció este lunes el presidente Alberto Fernández al encabezar la Asamblea Legislativa donde quedó inaugurado el período ordinario de sesiones.

“Enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”, proclamó Fernández, entre aplausos.

Consideró en ese sentido que “las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”.

“La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber ‘cuánto iba a venir de luz y gas’ ha llegado a su fin”, sentenció.

Fernández aclaró que la ley regirá hasta tanto se formule una nueva Revisión Tarifaria Integral. “Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas”, dijo.

El presidente advirtió que durante la gestión anterior “el aumento de las tarifas de luz y de gas se convirtió en un verdadero martirio para los argentinos”, mientras “las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”.

“Si siguiéramos con el sistema de Revisión Integral Vigente que heredamos del anterior gobierno, el gas debería haber aumentado un 80% en octubre de 2019 y debería aumentar un 130% en abril de este año”, y “la electricidad, por su parte, debería aumentar un 168% en el próximo mes de abril”, describió.

Tras remarcar que “cumplió su palabra” al disponer hasta hoy el aumento de tarifas, sostuvo que “ahora llega el momento de regularizar el sistema tarifario que estuvo congelado todo este tiempo”.

“Las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren”, explicó.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa convocó este domingo al diálogo entre los sectores políticos para superar la crisis y aseguró que “crecer, vacunarnos y trabajar unidos deben ser los tres principios rectores de toda la dirigencia política de la Argentina”.

“El desafío que tenemos este año es recuperar el poder adquisitivo de todos los argentinos. Nuestro país depende del mercado interno, por lo que es muy importante la recuperación del ingreso”, señaló en una entrevista que realizó con Radio 10.

Y continuó: “El desafio que recorre el Gobierno es por una cuestion de crecimiento del PBI, y tenes que generar instrumentos que te recuperen el consumo”.

“Es clave el rol del Estado como regulador del mercado”, declaró también en relación a la crisis económica. Y recordó que “desde el Frente Renovador, planteamos por ley que las tarifas no pueden aumentar más que los salarios”.

“Si este año se aplicara el aumento de tarifas en el sector energético que dejó el gobierno anterior, los salarios perderían otro tanto o más que los años anteriores contra las tarifas. Sería una locura”, añadió.

Ante la consulta sobre los posibles cambios en la agenda electoral frente a la pandemia, Massa declaró: “Antes que gastar en boletas, prefiero invertir en vacunas. Las fuerzas políticas tienen que entender que más allá del proceso electoral lo que está en juego es la salud de todos los argentinos”.

Asimismo consideró “una opción muy inteligente desde el punto de vista operativo votar un solo día y que sea la elección primaria y general. Es central por lo menos hablarlo seriamente y maduramente, sin pensar que nadie le quiere sacar un metro a otro, pero entendiendo que estamos en una pandemia y que tenemos que seguir cuidándonos”.

“Simplificar el proceso electoral significa redireccionar recursos para 20 millones de vacunas. Entre gastar en boletas y gastar en vacunas, yo prefiero gastar en vacunas”, puntualizó.

Con respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Massa sostuvo que “es fundamental que el FMI no imponga programas” y que “la decisión este asociada al crecimiento, Argentina tiene que pagar creciendo, no ajustando”.

“El desafio es generar más dólares para enfrentar nuestras obligaciones a partir de un programa de crecimiento y no de ajuste”, aseguró el presidente de la Cámara baja. Y además, afirmó que la renegociacion de deuda privada que la Argentina realizó el año pasado fue “exitosa. Se consiguió plazo, quita y tasa”.

El cine es de esas actividades que tardaron más de lo necesario en retornar. Y de hecho, aún no ha vuelto. Hace tiempo que los representantes del sector aseguran tener los protocolos listos y las medidas a implementar dispuestas para garantizar una actividad que en los lugares del mundo donde ha retornado, no ha registrado contagios. Pero así y todo, recién esta última semana se les dio aquí el visto bueno. La pregunta ahora es qué películas darán los cines cuando reabran, si los tanques se han guardado y en general la producción ha sido derivada al streaming…

A propósito, una película que ya hemos visto los argentinos en tiempo reciente es la que parece estar generándose con la economía. Una que sobre todo se exhibe en años electorales. Es una película en la que se congelan variables clave y se aplican controles de modo tal de contener el índice inflacionario el tiempo que sea suficiente o se pueda. Ya lo adelantó semanas atrás la vicepresidenta en el acto realizado en La Plata, cuando habló de “alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo los de los alimentos- y tarifas”. Y como para que quede claro, CFK remarcó que no estaba diciendo nada que no se pudiera hacer: “12 años y medio en la República Argentina lo hicimos”, afirmó.

A buen entendedor… Marcelo Midlin le vendió Edenor al consorcio liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, convencido de que los tiempos que vienen para las energéticas estarán en línea con una película que vimos en el pasado reciente.

Lo entendió también -tarde, pero lo entendió- Mauricio Macri en 2019, cuando se le venía la debacle electoral y también congeló tarifas, aunque su destino ya estaba marcado.

Tarifas congeladas, Precios Cuidados, prepagas con aumentos pisados… todo lo que se pueda controlar se va a controlar. Comenzando por el tipo de cambio. Al menos hasta las elecciones. Después se verá. Atrasar aumentos con una inflación creciente es preparar una bomba como la que en 2015 recibió Macri; lo que los economistas advierten es que las consecuencias de una estrategia similar, en las condiciones que está hoy la Argentina, las verá este mismo gobierno antes de 2023. No hay resto para estirarlo más tiempo.

Como una lección bien aprendida, los funcionarios actuales repiten al hablar de inflación que en el primer año lograron bajarla “20 puntos”, respecto del último año de Cambiemos. Pero también es cierto que la pandemia causó un impacto directo en la actividad, que aplacó de manera natural las subas. Recién en el último trimestre, con la reactivación paulatina de actividades y la salida del ASPO, la inflación comenzó a acelerarse -octubre 3,2; noviembre 3,8- y llegamos a la cifra de diciembre que verdaderamente inquieta. El 4% anunciado el jueves fue una señal de alerta, advierten economistas como Martín Tetaz, que detalla que “los precios corrieron al 53,6% anualizado en el último trimestre; alimentos y bebidas (4,4%) al 59% anualizado en el trimestre  y la inflación núcleo, que no controla el gobierno (4,9%), corre a una velocidad anualizada del 61,7%”.

Tarifas congeladas, Precios Cuidados, prepagas con aumentos pisados… todo lo que se pueda controlar se va a controlar.

Son datos preocupantes para un año que lleva apenas dos semanas, y para el cual el gobierno prevé un 29% de inflación según consta en el Presupuesto, mientras que el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado, que elabora el Banco Central), en base a datos de los analistas, tiene una previsión del 50%. El oficialismo es muy crítico respecto de quienes proporcionan esos datos. Basta con escuchar el discurso que dio en la Cámara baja Carlos Heller cuando se aprobó la nueva fórmula jubilatoria. Esa tarde el diputado kirchnerista contrapuso los datos del REM con lo presupuestado por este gobierno y se quejó porque los datos privados son “los que salen en los medios y los que se toman de referencia”.

Heller no es el único que expresa el pensamiento imperante en el Instituto Patria. La diputada Fernanda Vallejos también lo hace. Recordemos que fue nada menos que quien encabezó la lista para diputados de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires en 2017, cuando Cristina Kirchner lideró la del Senado. Es una economista que la expresidenta escucha, y es siempre muy sincera: dice lo que piensa. Le trajo problemas en 2017, cuando defendió a Amado Boudou y luego se tuvo que callar el resto de la campaña. Pero hoy no necesita que la silencien y así como el año pasado sugirió la posibilidad de que el Estado se quedara con acciones de empresas a las que estaba asistiendo en la pandemia, esta última semana volvió a decir algo disruptivo: “Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional”. Así las cosas consideró “imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra en pesos de los argentinos”. Habrá novedades en el futuro inmediato, seguramente, pues esta no fue una frase tirada al pasar.

Un precio que en cambio escapa al congelamiento es el de los combustibles, que volvieron a aumentar este fin de semana, por segunda vez en lo que va del año. Es la novena vez que el gobierno de Alberto Fernández autoriza un aumento de los combustibles, un insumo con incidencia directa en el índice inflacionario. Sin embargo en este caso el gobierno piensa en YPF: lo que no deje aumentar, debería ponerlo el Estado y las arcas no dan. No es como con las energéticas, donde deben arreglarse los privados.

La inflación será entonces una amenaza real con la que deberá lidiar el gobierno -y más la gente, claro- todo el año. La otra mala noticia es que las expectativas oficiales respecto de la vacuna ya está claro que resultaron exageradas. Más allá del manejo que puede ser cuestionable en la materia, hay que reconocer que a todo el mundo le ha pasado esto. Cada vez son más las voces que alertan que la normalidad está cada vez más lejana. La OMS -que no se ha caracterizado especialmente por la certeza de sus pronósticos- aseguró esta semana que más allá de las vacunas, el mundo deberá convivir todo 2021 con el coronavirus. Stéphane Bancel, el CEO de Moderna -que elabora una de las vacunas contra el Covid- fue más allá en el pesimismo al anticipar que el SARS-CoV-2 “no va a desaparecer” y, por el contrario, “vamos a vivir con este virus, creemos, para siempre”.

Fue en este contexto tan desalentador que aquí vivimos una nueva polémica vinculada con la vacuna, al admitir Carla Vizzotti la posibilidad de que se aplique una sola dosis de la vacuna rusa, para permitir así vacunar a más gente. Muy ponderada por el Presidente, que solía ponerla como ejemplo cuando rechazaba rebajar salarios de los funcionarios, la secretaria de Acceso a la Salud quedó súbitamente en el ojo de la tormenta. Si bien lo que dijo es algo que llegó a evaluarse en el gobierno, se sabe que sus dichos causaron malestar en la Rosada. “No tenía que decirlo”, sintetizó un funcionario ante este medio. Pesó en esa consideración que el tema de la vacuna se ha enrarecido de manera tan inconveniente que ha crecido el recelo a ponérsela, sobre todo la rusa, que es la única a la que la Argentina por ahora tiene acceso. Y semejantes expresiones no contribuyen a mejorar esas expectativas. Preocupante para todos los gobiernos del mundo que apuestan a la vacuna como único elemento para dar vuelta de una vez la página.

Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja -y candidato a ministro de Salud de Alberto Fernández hasta que CFK le sacó bolilla negra, por ser un hombre del gobernador Juan Manzur-, Pablo Yedlin trató de echar luz en la semana sobre el tema, aventando dudas. Entrevistado por Diputados TV, el diputado tucumano aseguró que la segunda dosis siempre tiene por objeto generar “un repique” de anticuerpos y descartó que se vaya el efecto de la primera dosis si pasa mucho tiempo respecto de la segunda. “El sistema inmune tiene memoria de por vida”, afirmó. Y tras apuntar que en la lucha contra este virus se está aprendiendo sobre la marcha, puso como ejemplo a la vacuna contra la hepatitis A. Contra esa enfermedad se aplicaban también dos dosis, y en 2005 el gobierno de Néstor Kirchner lanzó una campaña de vacunación, pero solo aplicó la primera, con resultados muy positivos. Y a partir de entonces, en el mundo dejó de darse la segunda dosis.

Con todo, el problema para una vacunación masiva se grafica de manera aritmética: las empresas farmacéuticas pueden generar 1.500  millones de dosis, y el mundo necesita 6.000. Hay un cuello de botella que demorará de manera indeterminada el final de esta pesadilla.

En su presentación inicial, en tiempos de Cambiemos, el proyecto no pudo avanzar. Ahora, y a manos de su autora, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, la idea regresa con un amplio acompañamiento y en el marco de una pandemia que visibiliza aún más el incumplimiento de las prestadoras, según enfatiza su propia autora.

El proyecto, que había perdido estado parlamentario y fue presentado nuevamente por la legisladora chaqueña, obliga al Estado, a los fines del desarrollo económico nacional y “la más justa distribución del ingreso y de resguardar la salud y dignidad humana”, asegurar que los servicios públicos sean prestados en forma económicamente eficiente y satisfactoria, cumpliendo estándares de calidad y seguridad; procurando el acceso universal a los servicios públicos a los que se hizo referencia.

Asimismo, compromete a fomentar la educación para el consumo responsable, asegurar acceso a la información adecuada y veraz sobre todo lo referente a los prestadores de estos servicios públicos y a adoptar los recaudos necesarios para que se efectúen inversiones que aseguren el suministro de las prestaciones a largo plazo con la más apropiada tecnología, entre otras cuestiones.

En su iniciativa, Pilatti Vergara explica que, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió “reducir considerablemente los subsidios a las empresas prestatarias con sus bien conocidos tarifazos con alzas de hasta el 500 %, anuló la asequibilidad de los servicios para gran parte de la población”.

Además, afirmó que “la garantía de acceso a los servicios no se logra estableciendo tarifas sociales por excepción, sino consagrando tarifas accesibles en general y, en todo caso, regímenes selectivos para quienes gozan de una posición económica privilegiada”.

“Buscamos otorgar a las instituciones y a la ciudadanía en general, una herramienta que sirva para establecer de manera irrefutable el acceso posible de estos servicios esenciales, para protegerlos y garantizarlos. No se trata de una mera prestación de un servicio público, se trata de la dignidad y a la salud de nuestros ciudadanos, de lograr una más justa distribución del ingreso y mayores niveles de equidad social e igualdad de oportunidades. Aquí no pueden primar solamente las leyes del mercado”, señaló al respecto la senadora.

“La decisión política del presidente Alberto Fernández de congelar los precios de las tarifas de los servicios públicos no obedece a la situación económica que ha generado la pandemia, sino que es un freno a los abusos que se han cometido en la gestión de Macri y de Vidal a favor de las empresas energéticas y en contra de las y de los usuarios, las Pymes, los comercios, los clubes de barrio y las entidades de bien público, tal como quedó demostrado con las irregularidades cometidas por el gobierno anterior en la fijación de las tarifas”, sostuvo la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

“Por supuesto que desde el gobierno nacional y nuestro gobierno provincial venimos estableciendo normas especiales y ayudas excepcionales para amortiguar el impacto económico que genera esta crisis mundial, pero en el caso de lo relacionado con las totalmente desproporcionadas tarifas de energía cobradas a los hogares durante el gobierno de Cambiemos, de lo que se trata es de terminar con la estafa a los bolsillos de los argentinos y bonaerenses y con las ganancias impresionantes que ha tenido ese sector”, agregó Magario.

“Estas auditorías que se están realizando, y que arrojaron ya dos denuncias penales, muestran con claridad que la decisión política de Macri y de Vida les aportaron a las licenciatarias (muchas de ellas de empresarios allegados al ex presidente) ingresos en exceso por al menos $ 21.255 millones constantes desde que asumieran en diciembre de 2016, equivalentes a 1.343 millones de dólares”, explicó la vicegobernadora, que agregó que “esas mismas diferencias que demuestran las auditorias también surgen si se comparan propuestas alternativas del mismo equipo de Aranguren, que fueron desechadas en favor de la desmedida rentabilidad empresarial en prejuicio de los usuarios”.

Magario recordó que “en junio de 2016, cuando comenzó esa transferencia de dinero de los bolsillos de las familias a las ganancias desproporcionadas de las empresas, como intendenta de La Matanza en ese momento me presenté a la Justicia y pedí una medida cautelar para frenar el atropello”.

La vicegobernadora bonaerense fue contundente al señalar; “Nos mostraban un Excel, aparecía el propio Presidente por televisión para explicar que la energía es cara, y mientras tanto le cobraban tarifas desorbitadas a la gente para favorecer negocios objetables”.

Respecto de la acción de amparo que Magario llevó adelante en la Justicia como jefa municipal de los matanceros, sostuvo: “Argumenté con la verdad, simplemente. Le dije a la Justicia, acompañada por todos los sectores productivos y sociales de La Matanza, que esos tremendos tarifazos eran susceptibles de generar un perjuicio irreparable a los usuarios de luz, gas y agua. Nuestro reclamo fue tenido en cuenta y logramos que durante un año no se avanzara con esas tarifas exorbitantes”.

La vicegobernadora reflexionó sobre que “durante el gobierno de Macri y de Vidal debíamos acudir a la Justicia para frenar esos atropellos en contra de la gente y de las empresas. No había un Estado que se preocupara por el bienestar general, ya que todo era en beneficio de unos pocos”.

En ese sentido, Magario celebró que “ahora hay un gobierno que tiene como prioridad la gente y no la rentabilidad de empresarios amigos. Por eso, en algunos casos se trata de evitar que sectores de la sociedad queden sin acceso a servicios esenciales, como la reciente decisión de definir como tales a la provisión de la tv por cable, la telefonía celular y el servicio de internet, servicios estos dos últimos que permiten que las niñas niños y adolescente sigan accediendo a la educación en pandemia y que participen del mundo de la cultura, que ahora está al alcance de quien accede a la conectividad”.

“Pero, además -agregó la vicegobernadora- en el caso de la luz, el gas y el agua lo que se hace es reducir el enorme peso de esas tarifas generadas en los últimos cuatro años”.

Magario recordó que “la política abusiva de esas tarifas no cesó en todo el período de Macri y Vidal. De modo que a principios de 2019 debimos hacer en conjunto otra reiteración sobre los pedidos del amparo presentado en 2016 para frenar los incontenibles aumentos de los servicios públicos para los vecinos, las Pymes, los comercios, los clubes de barrio y las entidades de bien público”.

La vicegobernadora recordó que en ese momento “la luz había aumentado 3.600%, el gas 2.400% y el agua más de 900%”.

“Y a pesar de esos abusos -siguió-, aún hoy padecemos los resultados de la falta de inversión de todo ese período para hacer las obras necesarias para un mejor suministro de luz, gas y agua”.

También, Magario afirmó que: “las maniobras denunciadas revelan que hubo un método similar al implementado en los peajes. Es decir, privilegiar el negocio abusivo sobre el bienestar público”.

Para finalizar, la vicegobernadora volvió a relacionar estas investigaciones con “impedir que se repitan hechos similares en el futuro, y por eso celebramos la decisión del presidente Alberto Fernández de pedirles a quien han ganado tanto que ahora tengan ganancias normales. Y así proteger las economías de las familias, sobre todo en un momento de crisis económica, social y sanitaria como este que atravesamos. Esta decisión del Presidente era imperiosa y del mismo modo debemos estar atentos a todos los servicios, porque hemos seguido sufriendo y sufrimos cortes de suministros esenciales. En ese sentido fue el reclamo de hace un mes que hizo Axel en conjunto con los intendentes”.

En el marco de un diálogo virtual propiciado por el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) Mar del Plata, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez participó junto a Elvis Toto, abogado participante en numerosos procesos colectivos de consumo y especialista en tarifas públicas, de un conversatorio acerca del proyecto de ley presentado por el legislador, que promueve la incorporación de diversos municipios del sudeste bonaerense al régimen de compensaciones del Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas de uso domiciliario, establecido por el artículo 75 de la Ley 25.565.

Estuvieron presentes en la misma, además, los concejales Mercedes Morro (3P) y Horacio Taccone; el secretario General del Partido Socialista, Pablo Zelaya Blanco, y diversos integrantes de organizaciones e instituciones de la ciudad.

En tal sentido, el legislador Rodríguez expresó: “Este proyecto intenta expresar un correlato entre la situación climática de diversos municipios bonaerenses, y una tarifa de gas acorde a ello. Las propuestas que se han venido deslizando hasta el momento, que incluso dejan de lado la universalización de esta readecuación, no hacen más que sostener el atraso tarifario y alargar un estado de indefensión para miles de bonaerenses, sobre todo aquellos de clase media que pueden verse imposibilitados de acceder a una tarifa justa”.

Asimismo, Elvis Toto manifestó: “La ciudad de Mar del Plata muestra desde el punto de vista climático notorias similitudes con ciudades patagónicas como Neuquén capital. Ahora bien, ésta última paga el 54 por ciento menos de tarifa de gas que lo que paga nuestra ciudad. ¿Por qué pasan los años y se sostiene tamaña inequidad? Los números demuestran que la recategorización de gas es una deuda pendiente y absolutamente urgente con General Pueyrredon.”

Por otra parte, Luciano Burket, coordinador de CEMUPRO Mar del Plata y abogado en materia de derecho de los consumidores, expresó: “Con este diálogo quedó más que claro que nuestra ciudad hoy podría estar pagando la mitad de la tarifa de gas residencial. Lo único que falta es voluntad política para que así suceda. La delicada realidad económica no admite más excusas ni dilaciones. Necesitamos que el proyecto presentado por el diputado Rodríguez se apruebe, y de esta forma avancen las condiciones necesarias para tener una tarifa acorde al clima marplatense y batanense”.

Debido a que el aislamiento social obligatorio se extendió por más de tres meses, el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, junto a otros legisladores presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa a través de la cual le solicitan al Gobierno nacional una reducción de carácter excepcional del 50% del valor de las tarifas de los servicios públicos esenciales, tales como electricidad, agua, gas natural y/o provisión de garrafas y servicio de telefonía, a todos los centros de jubilados.

En caso que la medida sea aprobada, el descuento en esos servicios regiría hasta el 31 de diciembre de este año. Además la iniciativa plantea que se les otorgue un subsidio o asignación de carácter mensual, excepcional, transitorio y retroactivo por el equivalente a dos Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) por el mismo período.

En los fundamentos del texto, los oficialistas recordaron que “los centros de jubilados se caracterizan por ser espacios formados por los propios adultos mayores, quienes se organizan con el objeto de construir un espacio que pueda dar respuesta a las múltiples y variadas necesidades” y destacaron que “estas vinculaciones de los jubilados que puede surgir con pequeños objetivos, se transforman en organizaciones muy importantes en la vida diaria de los adultos mayores”.

Asimismo precisaron que en la Ciudad se encuentran registrados 320 centros de jubilados que dan contención a las personas mayores y que “desarrollan actividades sociales de mucha importancia en los barrios en los que están ubicados en las 15 Comunas de la Ciudad”.

Al mismo tiempo afirmaron que a causa de la pandemia estos centros “se encuentran cerrados y sin la presencia de quienes son los verdaderos impulsores de su continuidad, los adultos mayores” e insistieron en la necesidad de “resguardar a estas organizaciones y permitirles subsistir hasta que las condiciones sanitarias permitan su reapertura, evitando que cierren sus puertas por no haber podido afrontar gastos de mantenimientos básicos”.

“La subsistencia de estas organizaciones se encuentra en riesgo, son muchos los centros de jubilados que no pudieron acceder a las tarifas sociales y se encuentran intimados por grandes deudas que no pueden afrontar”, explicaron y sentenciaron que “las consecuencias de la pandemia serán muy disvaliosas en la vulnerable población de los adultos mayores, por eso solicitamos al Estado Nacional esta ayuda excepcional”.

La iniciativa también lleva la firma de Gastón Blanchetiere, Natalia Fidel y María Sol Méndez (VJ).

El jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, propuso otorgar a los espacios y centros culturales un subsidio del 50% del valor de las tarifas de los servicios de electricidad, gas natural y agua corriente que correspondan al uso de sus instalaciones.
A través de un proyecto de ley, además se obliga al Poder Ejecutivo a establecer una tarifa social que tenga en cuenta la situación de carácter permanente.

“La cultura también es una industria que hay proteger de la pandemia. Los espacios culturales independientes que siempre tuvieron sus puertas abiertas para todos, hoy no tienen más remedio que cerrar. Que sean independientes no significa que debamos dejarlos solos”, aseguró el diputado de la CC ARI.

“Con la crisis del Covid-19 muchas organizaciones que hacen a la vida cultural y social de nuestro país se ven fuertemente afectados. Es por eso que propusimos un subsidio excepcional dirigido a salas de cine, teatros no oficiales, grupos teatrales, centros de jubilados registrados, centros culturales autogestivos, clubes de barrio y asociaciones de fomento, entre otras entidades similares”, detalló Ferraro.

Y agregó: “El Congreso Nacional está obligado constitucionalmente a proteger los espacios culturales y la pluralidad e identidad de dichos lugares, como indica el Art. 75 inc 19 de la Constitución Nacional. Es por eso que proponemos este subsidio excepcional con un estricto control de la dirección de los gastos y auditoría posterior”.

“Este beneficio se hará efectivo por el plazo de tres meses a partir de su efectivización. El Poder Ejecutivo Nacional evaluará y propondrá en el plazo de 20 días hábiles el establecimiento de una tarifa social y cultural que contemple a los sujetos beneficiarios del presente régimen a causa de los perjuicios económicos que pudiera provocar la pandemia Covid-19”, explica el proyecto de ley presentado.

Según estimaciones oficiales en nuestro país existen alrededor de 1.591 salas para la exhibición de artes escénicas. De ellas, un 70% son salas de teatro; el 23%, centros culturales, y resto corresponde a centros educativos, bares artísticos y circos que incluyen espectáculos de artes escénicas en su programación.

A nivel nacional, un informe acerca del trabajo cultural privado en la Argentina para 2018 indica que el empleo cultural representó el 1,8% del total del trabajo privado del país: estamos hablando de 305.292 puestos de trabajo. Por otro lado, se estima que sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen 215 clubes de barrio.