A raíz de las numerosas estafas que se registraron en los últimos años, los diputados de Vamos Juntos (VJ) y UCR-Evolución (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscarán establecer el modo en que se deben manipular las tarjetas de crédito y débito de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en los comercios de la Ciudad.

De esta manera, la iniciativa plantea al realizar una operación comercial, los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito, si el consumidor o usuario decidiera abonar con tarjeta de crédito o débito, deberán requerirle al titular que la exhiba junto a su documento nacional de identidad. “La tarjeta podrá ser manipulada únicamente por su titular o usuario, a cuyo efecto el posnet o dispositivo de cobro deberá estar ubicado en un lugar visible y de fácil acceso”, sostiene el texto.

Además, prohíbe que los proveedores de bienes y servicios y comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito requieran su entrega a los titulares o adicionales para realizar una operación comercial.

En los fundamentos de la medida, los legisladores aseguraron que “el presente proyecto tiene por finalidad prohibir la manipulación de las tarjetas de crédito o débito por personas que no sean sus titulares o usuarios, para evitar el uso indebido de las mismas y proteger a los consumidores de bienes y servicios de estafas” y alertaron acerca de que “las modalidades con el fin de vaciar cuentas bancarias, realizar compras con tarjetas de créditos, solicitar un préstamos, etc. son variadas. Ejemplos de ellas son, capturando una imagen del frente y dorso del plástico o pasando la tarjeta por una terminal que copia su información para clonarla”.

“Resulta muy común que al momento de abonar un consumo con tarjeta de débito o crédito en un comercio, se lleven la misma a la caja para realizar el cobro, circunstancia que se debe evitar, ya que el comprador pierde de vista la tarjeta, permitiendo involuntariamente su libre manipulación por parte del vendedor. Se recomienda entonces acercarse a la caja con la tarjeta, efectuar el pago en la mesa o bien realizar el pago con código QR”, sostuvieron.

Por lo que concluyeron remarcando que “lo que se propone con este proyecto que al momento de realizar el pago con una tarjeta de crédito o de débito, el consumidor o usuario sea el único en manipularla, y con ello evitar las estafas por la obtención ilegítima de los datos personales que figuran en los plásticos”.

Con el objeto de encontrar soluciones al problema que representa la operación con tarjetas en estaciones de servicio, las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor, que presiden los radicales Gabriela Lena y Víctor Hugo Romero, respectivamente, volvieron a convocar a una reunión informativa para este miércoles.

Será la tercera reunión sobre esa temática, ya que anteriormente se realizaron encuentros con cámaras del sector de estacioneros, primero, y luego con cámaras emisoras de tarjetas y asociaciones bancarias y de contribuyentes.

La convocatoria de este miércoles a las 10.30 tendrá como protagonistas a Natalio M. Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y Edgardo Phielipp, tesorero de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En el primer encuentro celebrado el 3 de mayo, representantes de las estaciones de servicio, calificaron como “gravísima” la situación relacionada con el mecanismo de pagos del sector, basado en las tarjetas.

En ese sentido se reclaman cambios en los plazos de pago y las comisiones que cobran las empresas de tarjetas.

Debido a que en los últimos meses crecieron las denuncias por estafas a través de las tarjetas de crédito, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscarán regular la manipulación que se realiza de esos plásticos al momento de una compra.

En ese sentido, el proyecto plantea que durante el proceso de pago de compra de productos o contratación de servicios de manera presencial, queda prohibido a los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de crédito, compra y débito requerir la entrega de la tarjeta al titular o usuario. “Las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares o usuarios a cuyo nombre se han emitido”, sostiene el documento.

Al mismo tiempo que sostiene que “para realizar una operación comercial presencial, los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito deben requerirle al titular o usuario que exhiba la tarjeta y el DNI de modo que se puedan constatar que los datos y la firma coincidan con los del DNI de quien las porta”.

La iniciativa es de autoría de Cecilia Segura (FdT), quien aseguró que “ya es uso y costumbre que en cualquier local sea el empleado o dependiente del comercio o prestador de servicio quien tome la tarjeta de crédito, compra o débito para proceder a colocarla en el posnet y realizar así el cobro. Esta conducta que tenemos tan naturalizada podía entenderse cuando usuarios y consumidores no estábamos familiarizados con el artefacto tecnológico y las cuestiones de cuidado ameritaban que fuese el dependiente, capacitado en el uso del aparato electrónico, quien tomara la tarjeta en sus manos para efectuar el cobro”.

“Este procedimiento tan naturalizado ha traído diversas consecuencias, y prácticamente desde el inicio de su existencia, las entidades emisoras han buscado diferentes tecnologías para evitar cobros no realizados por el titular de la tarjeta o la falsificación de plásticos”, advirtió.

Además remarcó que “con los adelantos tecnológicos actuales y la diversidad de dispositivos electrónicos disponibles es necesario modificar este procedimiento y determinar que sólo el usuario pueda manipular la tarjeta de crédito durante el pago, de manera de evitar que la tarjeta sea alejada de su titular” y recordó que “la Ley de Tarjetas de Crédito establece que la denominación ‘tarjeta de crédito’ es un modo genérico para abarcar “al instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor”.

“Más allá de que podemos pensar que ha quedado obsoleta la norma nacional, es la norma que actualmente rige y, por lo tanto, y a fin de preservar la seguridad de los usuarios y consumidores tal como prescribe la ley 24.240, en uso de nuestras facultades concurrentes en materia de defensa de este colectivo, se propone este pequeño pero contundente cambio a fin de modificar el procedimiento naturalizado de entrega de tarjetas para el cobro y prevenir una posible situación similar en el futuro, con los dispositivos que se vayan desarrollando al mismo fin y efecto”, añadió y concluyó señalando que esta propuesta ya ha sido aprobada en distintas provincias, como por ejemplo la Ley 3.318 sancionada por la legislatura de Neuquén.

Este proyecto también lleva la firma de Maia Daer, Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira y Laura Velasco (FdT).

Las comisiones de Comercio, encabezada por la diputada Gabriela Lena (UCR), y la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero (UCR), realizaron un plenario para retomar el debate sobre la problemática existente relacionada con la comercialización con tarjetas de crédito en estaciones de servicio.

Al anterior encuentro asistieron representantes de las estaciones de servicio; en esta oportunidad, los invitados a la reunión fueron: Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Compra No Bancaria (CERTaCyC); Cesar Bastien, director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra de Argentina (ATaCyC); Francisco Grismondi, gerente general de Asociación de Bancos Argentinos (AdeBA); Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina; y Jonás Torrico y Pablo Dono, de la Asociación Argentina de Contribuyentes.

El proyecto sobre el que se debatió es de la diputada nacional Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), elaborado en base a los reclamos del sector estacionero, que prevé entre otras cosas que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3 por ciento sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

A diferencia de la reunión anterior, esta vez sí concurrieron miembros del oficialismo. Como la vicepresidenta de la Comisión de Comercio, Silvana Ginocchio (FdT – Catamarca), que al inicio del encuentro sostuvo que “este proyecto no tiene cabecera en esta comisión”, y cuestionó la poca presencia de legisladores de Juntos por el Cambio. Lena le respondió que el comentario no era necesario.

Con más profundidad en la iniciativa, el diputado nacional Héctor Stefani (Pro – Tierra del Fuego), vicepresidente segundo de la Comisión de Defensa del Consumidor, resumió: “Presentamos un proyecto para reducir comisiones en tarjetas de crédito y débito porque es un reclamo de los consumidores, y pedimos reducir del 3 a 1.5 por ciento en crédito y del 1.5 a 0 en débito”. “Es el medio de pago más importante que utilizan los argentinos”, afirmó.

“Vamos a tener la necesidad de no operar con las estaciones de servicio”

Sin embargo, Norberto Etchegoyen, el primer expositor, manifestó que “en la Argentina hay un 30 por ciento que no pertenece a Visa y MasterCard que no opera en AMBA y son exclusivos del interior”, y agregó: “Al igual que muchas empresas tenemos regulaciones a lo que podemos cobrar”.

En esa idea, hizo hincapié en que “tenemos arancel y tasa fija que nos impone el Banco Central y tenemos prohibido tomar depósito, y eso hace que generemos nuestro propio fondeo”. “Como cualquier empresa, para comercializar debemos recurrir a un banco o al mercado de capitales y los bancos no están en los pueblos de 30.000 o 40.000 habitantes”, señaló.

Lejos de estar a favor de la iniciativa, Etchegoyen explicó: “La tarjeta de crédito es un producto más para los bancos, pero para nosotros el cien por cien de nuestro negocio y todos los dueños viven en las provincias donde operamos”. “El arancel del 1,3 por ciento lo vemos a los 18 días, y no a los 16 como muestra el cuadro”, siguió.

“Hay una circular del BCRA que nos obliga a pagar a los 8 días a las pequeñas empresas y a las grandes empresas a los 18 días”, agregó. Y amplió: “El IVA no es un gasto y es un impuesto que paga el consumidor final que corresponde descontar del 1,3”.

Luego, respondió una pregunta del diputado Pablo Tonelli (Pro – CABA) y explicó sobre “el agregador”: “Es una figura que está entre el comercio y las tarjetas de crédito, bajo la orden del BCRA que cobran el 2,09 por ciento por arriba del arancel que cobramos nosotros”, y agregó: “Los agregadores son empresas que brindan un gran servicio a los comercios”.

Finalmente, el dirigente de la CERTaCyC explicó: “Cuando voy a pagar el 10 de julio, la tarjeta de crédito le paga al comercio a los 18 días y el usuario lo paga a los 40 días y nosotros básicamente pagamos a los 18 lo que cobramos a los 40, por eso las compras grandes se hacen a los pocos días del cierre”.

En segunda instancia, manifestó que “en los últimos diez años hubo reducción en un montón de cosas y nos han puesto al límite de la rentabilidad, por eso dejó de ser un negocio en estos valores”. “Cuando menos vendo en una estación de servicio más contento me pongo porque es donde más pierdo plata”, enfatizó.

Con as énfasis, afirmó que “el proyecto es inviable para nosotros” porque “estamos seguro de que no vamos a poder operar a pérdida”, indicó. De la misma manera, advirtió que “vamos a tener la necesidad de no operar con las estaciones de servicio”.

La caída del 17 por ciento

El segundo interventor fue Cesar Bastien de ATaCyC, quien puntualizó que “agrupamos al 90 por ciento del mercado porque los principales emisores financieros están en nuestra cámara”. En el tema, explicó que “la tarjeta de crédito es un medio de pago y un crédito de consumo que tiene éxito porque minimiza el uso de efectivo (riesgo de robo, billete falso y problema de cambio) y registra la operación”.

Además, ejemplificó que “el comerciante vende con crédito y reemplaza a la vieja libreta del almacenero poque tiene la garantía de que va a cobrar, lo que no ocurría con el fiado”. “Está comprobado que por estas ventajas el comerciante vende más”, afirmó.

Del mismo modo, representó en un cuadro que el mercado “es muy complejo” y “hay muchos jugadores”. De esa manera, desarrolló que “hay 150 emisores (50 financieros y 100 no financieros), 100 nacionales y 2 multimarca (VISA y MasterCard) y 54.000.000 de usuarios entre titulares y adicionales”.

“Este ecosistema hace un montón de tareas cómo captar clientes, financiar compras de clientes, asumir riesgos, atender clientes, promociones (actualmente hay menos), gestión de cobranza y mora, previene el fraude y, además, funcionan las 24 horas del día, los siete días del año todo, que parece sencillo, pero genera para atrás un esfuerzo de integración”, relató.

Sin embargo, Bastien informó que “los usuarios únicos eran 21.700.000 y ahora son 18.000.000 este año”. Del mismo modo, amplió: “Cayó un 17 por ciento porque no hay oferta y eso es porque no hay negocio”, y agregó: “Los únicos que pagan el impuesto a débitos y créditos sobre dinero de terceros somos nosotros porque las billeteras virtuales no están reguladas”.

Al igual que Etchegoyen, sostuvo que “el problema no son las tarjetas”, remarcó que “si lo achican no ofrecemos más el servicio y no por maldad o venganza sino porque no dan los números, nadie está obligado a trabajar a pérdida”.

Finalmente, Bastien replicó: “Esta actividad pierde plata porque ha crecido la cantidad de gente que mira en la tarjeta la posibilidad de utilizar el día del cierre para llegar a fin de mes”, en relación a que la entidad debe pagar al comercio a 8 o 10 días hábiles, y el usuario paga a los 39 días. “Hay costos financieros que hay que sostenerlos con ese 1,3 por ciento”, enfatizó.

El tercero en exponer fue Claudio Cesario, quien brevemente indicó que “el problema es que no somos Suecia, Noruega ni Dinamarca”, y amplió: “No es que el PosNet deja de funcionar, sino que es porque el comerciante empieza a vender en efectivo”.

“Al comercio le conviene procesar la operación por ahí y no por tarjeta de crédito, ya que el problema no es del arancel, el problema es fiscal”, opinó. De esa forma, generalizó que “Argentina hace que estemos todos contra todos para ver quien se salva y quien sufre un poco más”. “El problema es la macro, no la tenemos ordenada”, concluyó.

Ante algunas consultas sobre usuarios que se retrasan en el pago de la tarjeta, Cesario explicó: “Cuando el deudor no paga, se refinancia la deuda para que el cliente termine pagando”. “Deja de usar el plástico, pero refinancia la deuda con una mora no tan alta y la tasa del pago mínimo también está regulada”, aclaró.

La obligación de las entidades crediticias con los comercios

Francisco Grismondi, el último invitado en hablar sostuvo “el tema agravado es la inflación porque distorsiona muchas cosas”. En tal sentido, aclaró que “hay un punto que no se mencionó que es el riesgo de crédito porque son 18 millones de personas que fueron evaluadas en su capacidad de pagos y en su historial”.

“Un usuario podría elegir no pagar, pero el comercio cobra igual, y en este sistema lo pagamos nosotros porque son reglas del juego a nivel internacional si el usuario no paga, la entidad no puede dejar de pagarle al comercio”, advirtió Grismondi.

Del mismo modo, aclaró que “las entidades financieras tienen prohibido operar con criptomoneda” porque “es un mercado que no tenemos”. Para cerrar, sostuvo que “en el efectivo, la recaudación es mucho menor, entonces perderían lo usuarios de menor recursos, los usuarios por menores ventas y perdería el Estado”.

Finalmente, los expositores Jonás Torrico y Pablo Dono de la Asociación Argentina de Contribuyentes, quienes fueron parte de la eliminación de impuestos de la tarjeta de crédito en la Ciudad de Buenos Aires. “Trabajamos para lograr un sistema tributario de bajos impuestos y el Estado debe mejorar las condiciones para que haya inversión y competencia y eso generaría mejores precios”, señalaron.

Antes de dar por terminado el plenario de comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor de la Cámara baja, Ginocchio remarcó que estos proyectos tienen cabecera en la Comisión de Finanzas y pidió que se cumpla el mecanismo previsto por el reglamento, e insistió en la poca presencia de legisladores opositores.

En el marco de una reunión informativa, las Comisiones de Comercio, encabezada por la diputada Gabriela Lena (UCR), y la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero (UCR), mantendrán un encuentro para retomar el debate sobre la problemática existente relacionada con la comercialización con tarjetas de crédito.

La reunión se llevará a cabo el miércoles 31 de mayo a las 10 en l Sala 1 del Anexo de Diputados a la cual asistirán expositores vinculados a la temática.

El debate anterior se realizó el pasado 3 de mayo en el que los representantes de las estaciones de servicio solicitaron cambios en la legislación de las tarjetas de crédito y plantearon la “grave” situación que atraviesan con motivo de la inflación y la demora en los pagos. Además, advirtieron que como consecuencia se “está generando el cierre de numerosas PyMEs”.

El proyecto en el que se está trabajando es el de la diputada nacional Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), elaborado en base a los reclamos del sector estacionero, sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución.El proyecto de la diputada Tejeda prevé que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las tarjetas de débito bancario, este porcentaje máximo será de 1,5%. La acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

Para el caso de las estaciones de servicio, el emisor de tarjetas en ningún caso ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 0,5% sobre las liquidaciones presentadas.

¿Por qué atiende esta iniciativa particularmente el sector de las estaciones de servicio? Porque en su mayoría son emprendimientos pequeños y medianos que viven una situación financiera compleja, sobre todo en la operatoria con las tarjetas de débitos y créditos. La posición dominante, que ostenta el monopolio u oligopolio que presenta el mercado de emisores de estos medios pago, menoscaba la posibilidad de negociación de establecimientos comerciales que sufren un desmedido impacto en su costo de financiación, lo cual atenta en su ecuación económica y rentabilidad. En algunos casos, a niveles de quebranto, señala el proyecto sobre el que girará la discusión de este miércoles.

Las estaciones de servicio concretamente, están atravesando un mal momento económico, los mínimos márgenes de utilidad, la enorme carga impositiva y “los abusos de las empresas que nuclean las tarjetas de crédito” -según denuncian-, ponen al sector en una situación terminal.

Semanas después de que la Legislatura de la Ciudad aprobara la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves que devolverá el dinero retenido por ese impuesto en las compras realizadas entre el 22 de diciembre y 10 de marzo.

El comunicado se llevó a cabo en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura.

“Hoy quiero anunciarles que vamos a asumir la responsabilidad y el costo de devolverle a cada persona lo que pagó por este impuesto desde el 22 de diciembre pasado, día en que la Corte falló a favor de la Ciudad, hasta el día en que lo eliminamos, que fue el 10 de marzo”, comenzó diciendo el alcalde porteño e indicó que “son casi 3 meses donde el impuesto se siguió cobrando a pesar de que el fallo estaba, pero nunca fue efectivizado”.

Según precisó Rodríguez Larreta en promedio se devolverán unos 3200 pesos por plástico para compensar por esos tres meses. Para el Gobierno porteño, esta medida supondrá el desembolso de unos 11 mil millones de pesos “a los bolsillos de la gente”.

“Nadie merece pagar de su bolsillo el incumplimiento de un Gobierno nacional que se cree por encima de la ley y que no hace nada para resolver los problemas que sufrimos los argentinos”, continuó.

Al mismo tiempo que señaló que el proyecto será remitido a la Legislatura porteña en las próximas horas y que remarcó que la medida se aplicará pese a que el Gobierno Nacional sigue “sin girar los recursos correspondientes a la Coparticipación” en base al coeficiente de 2,95% dispuesto por la Corte Suprema.

Un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, presidida por los radicales Gabriela Lena y Víctor Hugo Romero, respectivamente, se reunirá este miércoles 3 de mayo a partir de las 11.

Al encuentro, que se desarrollará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fueron invitados expositores que hablarán sobre la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia.

Esa convocatoria había sido programada para el pasado 19 de abril, pero fue suspendida porque ese día se realizó la última sesión de la Cámara baja.

En este caso el eje del debate girará en torno a un proyecto de la diputada María Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), para acortar los plazos de acreditación, y reducir comisiones de transacciones realizadas con tarjeta de crédito y débito, flexibilizando condiciones financieras a establecimientos comerciales, de servicios, etcétera.

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Por las características del proyecto de Tejeda -a quien acompañan con sus firmas sus colegas de JxC Carolina Castets, Gabriel Chumpitaz, José Núñez y Danya Tavela-, a este evento han sido convocados representantes del sector de las estaciones de servicio.

Sucede que el proyecto de la diputada Tejeda prevé que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las tarjetas de débito bancario, este porcentaje máximo será de 1,5%. La acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

Para el caso de las estaciones de servicio, el emisor de tarjetas en ningún caso ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 0,5% sobre las liquidaciones presentadas.

¿Por qué atiende esta iniciativa particularmente el sector de las estaciones de servicio. Porque en su mayoría emprendimiento pequeños y medianos, que viven una situación financiera compleja, sobre todo en la operatoria con las tarjetas de débitos y créditos. La posición dominante, que ostenta el monopolio u oligopolio que presenta el mercado de emisores de estos medios pago, menoscaba la posibilidad de negociación de establecimientos comerciales que sufren un desmedido impacto en su costo de financiación, lo cual atenta en su ecuación económica y rentabilidad. En algunos casos, a niveles de quebranto, señala el proyecto sobre el que girará la discusión de este miércoles.

Las estaciones de servicio concretamente, están atravesando un mal momento económico, los mínimos márgenes de utilidad, la enorme carga impositiva y “los abusos de las empresas que nuclean las tarjetas de crédito” -según denuncian-, ponen al sector en una situación terminal.

Por eso es que el proyecto contempla que en el caso de las estaciones de servicio, la acreditación de los importes correspondientes a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las transacciones con tarjetas de débito bancario, siempre que sean hechas a través de una “estación de servicio”, el porcentaje máximo será del 0,2%, y la acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

El arancel de 1,25% más IVA que cobran los bancos por operaciones con tarjeta de crédito, más la demora de 10 días hábiles en pagar las operaciones con tarjeta de crédito, dificultan éste tipo de operaciones comerciales, ya que las operaciones efectuadas con tarjeta son un porcentaje muy importante. El margen neto por litro de combustible es muy reducido, y no puede absorber el costo financiero que conlleva la demora en la acreditación. Mientras el precio del combustible sigue aumentando.

Otras iniciativas sobre tarjetas

Recurrentemente el tema de las tarjetas de crédito resulta ser eje de discusiones en ambas cámaras, donde suelen presentarse iniciativas sobre el tema. Una de las más recientes es del diputado Héctor “Tito” Stefani (Pro – Tierra del Fuego), para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito de un 3% al 1,5% y del 1,5% a 0% en las tarjetas de débito.

La iniciativa del legislador fueguino destaca que la Argentina es uno de los países de la región que refleja las comisiones más altas en materia de tarjetas de crédito si lo comparamos con Chile (1,3%), Perú (1,5%), o Brasil (2%).

Recordemos también que el 30 de junio de 2022 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad (59 votos positivos) un proyecto de ley referido a la atención de los usuarios de tarjetas de crédito, impulsado por la senadora neuquina Lucila Crexell.

A través de la iniciativa, que pasó a Diputados, se busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana. Dicha media sanción todavía no ha sido debatida en la Cámara baja.

El último debate que se realizó sobre el tema en la Cámara baja fue el 14 de octubre de 2020, en plena pandemia, cuando las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito. 

En esa reunión virtual, presidida por la exdiputada kirchnerista Fernanda Vallejos, se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).

Dichos proyectos buscaban, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.

Un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, presidida por los radicales Gabriela Lena y Víctor Hugo Romero, respectivamente, se reunirá el próximo miércoles a las 11.

En el encuentro, que se desarrollará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fueron invitados expositores que hablarán sobre la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia.

La convocatoria se había programado en un primer momento para el 19 de abril, pero fue suspendida porque ese mismo día sesionó la Cámara de Diputados.

Semanas después de que se truncara la sesión especial convocada en la Legislatura de la Ciudad para avanzar en la derogación del impuesto de sellos a las tarjetas de crédito, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira impulsó en esa misma casa una iniciativa para que el Gobierno porteño exceptúe el cobro de dicho impuesto a las compras financiadas por el Programa Ahora 12 así como al pago de los servicios públicos y otros impuestos del distrito capitalino.

Respecto de esta situación, la peronista aseveró que “Horacio Rodríguez Larreta introdujo este impuesto con el argumento de que necesitaba compensar la actualización de la alícuota de coparticipación, pero año tras año lo recaudado por este impuesto viene excediendo el cálculo original” y advirtió que “con las proyecciones a 2023 estaría excediendo entre 15 y 20 mil millones de pesos el planteo inicial”.

Asimismo señaló que “por eso estamos pidiendo que se eliminen del cobro de este impuesto al menos a los sectores más sensibles, que en muchos casos utilizan la tarjeta de crédito para pagar servicios insustituibles como la luz, el gas o el agua potable. Lo mismo para los otros impuestos que cobra la Ciudad, por los que se termina produciendo una doble imposición tributaria al contribuyente”.

“Incorporamos también a los consumos financiados con Ahora 12, un programa fomentado desde el Estado nacional para impulsar el consumo y la actividad económica, y que termina siendo perjudicado por este gravamen que aplica la Ciudad al consumo con tarjetas. Es una iniciativa que lograría aliviar la carga tributaria de los porteños y le daría un poco de equidad a este impuesto totalmente distorsivo”, sentenció.

El diputado de Juntos por el Cambio Héctor “Tito” Stefani presentó un proyecto de ley para reducir las comisiones de las tarjetas de crédito de un 3% al 1,5% y del 1,5% a 0% en las tarjetas de débito.

“En medio de una crisis donde nadie está exento, aliviar la carga a los emprendedores y comerciantes que día a día tienen que lidiar con la asfixiante presión impositiva de nuestro país es un aliciente para que puedan seguir adelante”, afirmó el diputado Pro y agregó: “Argentina es uno de los países de la región que refleja las comisiones más altas en materia de tarjetas de crédito si lo comparamos con Chile (1,3%), Perú (1,5%), o Brasil (2%)”.

“Descomprimir la presión y los gastos bancarios de los comercios es una medida que debemos actualizar considerando que el uso de plásticos y los medios digitales se ha incrementado considerablemente”, sostuvo Stefani e insistió: “Es indispensable modificar la Ley de Tarjeta de Crédito para que haya consistencia legal y no quede sujeto a ‘parches’ temporales que hace un gobierno de turno con sectores determinados”.

El diputado de Juntos por el Cambio remarcó que “es un reclamo que desde hace varios años vienen realizando comerciantes y emprendedores. Recordemos que fueron uno de los sectores más perjudicados durante la pandemia, donde para sobrevivir tenían que acudir a todo tipo de plataforma digital para seguir trabajando”.

Para Stefani, “es hora de dar una discusión de fondo, modificar la ley y brindarle seguridad jurídica no solo a los comerciantes y emprendedores sino también al consumidor. La distorsión de precios que generan los costos financieros y fiscales termina perjudicando siempre al consumidor”.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad (59 votos positivos) un proyecto de ley referido a la atención de los usuarios de tarjetas de crédito, impulsado por la senadora neuquina Lucila Crexell (MN-JxC).

A través de la iniciativa, que pasó a Diputados, se busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

De esta manera, se propone que “a los fines de garantizar la atención permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o pérdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las 24 horas del día, en el cual el cliente pueda solicitar en todo momento ser asistido por una persona humana, debiendo identificar y registrar cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante”.

Asimismo, el texto establece que “el sistema deberá permitir receptar la denuncia o urgencia, mediante la mención del DNI junto con otros datos que permitan la validación que la identidad del denunciante corresponde al legítimo usuario de la tarjeta a denunciar, no pudiéndose exigir el número de la tarjeta objeto de la denuncia”. “La atención telefónica debe efectuarse en un tiempo razonable”, agrega.

La Comisión de Industria y Comercio del Senado realizará este miércoles, a las 9.30, una reunión en el Salón Eva Perón, con un temario que tiene como principal punto un proyecto sobre atención a los clientes de tarjetas de crédito.

La iniciativa, de la neuquina Lucila Crexell, busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

De esta manera, se propone que “a los fines de garantizar la atención permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o pérdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las 24 horas del día, en el cual el cliente pueda solicitar en todo momento ser asistido por una persona humana, debiendo identificar y registrar cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante”.

Asimismo, el texto establece que “el sistema deberá permitir receptar la denuncia o urgencia, mediante la mención del DNI junto con otros datos que permitan la validación que la identidad del denunciante corresponde al legítimo usuario de la tarjeta a denunciar, no pudiéndose exigir el número de la tarjeta objeto de la denuncia”. “La atención telefónica debe efectuarse en un tiempo razonable”, agrega.

Visita de la Comisión Directiva de la Asociación de Concesionarios

Por otro lado, la comisión presidida por el sanjuanino Roberto Basualdo (PyT-JxC) recibirá a representantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La delegación estará encabezada por el presidente de la entidad, Ricardo Salome, quien expondrá junto al equipo de contadores sobre “la necesidad de una normativa específica para el sector que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores, con el objetivo de lograr un equilibrio entre las partes que conforman la dinámica de dicho sector”.

El problema que plantean los dirigentes de Acara está vinculado con los contratos de franquicias. Destacan que los fabricantes de automóviles, cuando el franquiciado sufre una merma en las ventas o no alcanza un objetivo, interrumpen el contrato. Entonces, una agencia que estuvo invirtiendo durante años y generando una estructura, se queda sin la posibilidad de ser franquiciado, porque le realizan cancelaciones e interrupciones sin considerar el trabajo, la inversión y el esfuerzo aplicado.

El legislador porteño Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) presentó un proyecto de ley para derogar el impuesto de sellos al consumo de las tarjetas de crédito radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el texto del proyecto, la eliminación de este tributo se hará efectiva en caso de que la Corte Suprema de Justicia reconozca el derecho de la Ciudad de Buenos Aires y devuelva los fondos que el Gobierno nacional le quitó a los porteños para financiar a la gestión de Axel Kicillof. Vale mencionar que la legisladora Marina Kienast, que comparte bloque con García Moritán, es coautora del mismo.

Al respecto, el economista y legislador afirmó que: “Entendemos la necesidad de la Ciudad de reducir el impacto de la quita arbitraria que Alberto Fernández le realizó a los recursos que reciben los porteños, pero la gente nos votó para que racionalicemos el presupuesto y cuidemos su bolsillo, por eso queremos ya garantizarnos que este impuesto no va a permanecer activo ni un minuto más que lo que sea necesario”.

Moritán, que integra el espacio de Ricardo López Murphy, agregó que “la CABA produce el entre el 22 y el 25% de los recursos coparticipables y recibe hoy sólo el 2,32%. Es una completa vergüenza”, y apuntó: “El Gobierno nacional se ampara en una ley que se debió reformar hace 28 años para seguir financiando gobiernos provinciales adictos. Eso ya es una injusticia para los porteños. Encima nos quitan lo que la Ciudad recibió por el traspaso de la Policía”.

“Ojalá la Corte Suprema repare este atropello, mientras nuestra ley sirva para cuidar el bolsillo de todos los porteños”, finalizó.

El bloque “Republicanos Unidos” ya se encuentra en conversaciones con otros bloques de la Legislatura de la Ciudad con el objeto de generar las condiciones legislativas necesarias para que este proyecto avance a la brevedad posible”.

El oficialismo en el Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley que apuntan a limitar la tasa de interés por mora relacionada a los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguro, por 38 votos a favor y 0 en contra.

Como suele ocurrir, al Frente de Todos se sumaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal optaron por ausentarse de la votación.

El debate no fue extenso y solo hubo tres oradores, pero Oscar Parrilli, en voz del oficialismo, y Laura Rodríguez Machado, en representación de la principal bancada opositora, se despacharon largamente y protagonizaron cruces por la cuestión del tiempo.

Abrió el debate el autor de los proyectos, el senador Parrilli, quien detalló los textos, sobre los cuales “veníamos trabajando desde hace mucho tiempo” -dijo- y “fueron proyectos muy discutidos, debatidos intensamente” ya que “aquí se afectan intereses”, sobre todo los referidos “al bolsillo”, donde “no todos votamos igual y no todos pensamos lo mismo”, señaló.

El neuquino aclaró que, por recomendación de la titular de AySA, Malena Galmarini, la iniciativa contempla no dejar la tasa pasiva para todos los usuarios, ya que “a lo mejor una empresa grande” con deudas tenga la posibilidad de especular “entre no pagar y las tasas de interés que podrían darle ese beneficio”, cuando la propuesta apunta a beneficiar “al particular, al club de barrio, al que realmente lo necesita”, resaltó.

“Estamos haciendo algo de equidad, de justicia, y evitar hacerle pagar al usuario, a la familia argentina, algo que no es que no paga porque no quiere, sino porque todavía no cobró, no tiene los recursos”, sostuvo el oficialista, en referencia puntualmente al artículo que establece el día 10 de cada mes como fecha del primer vencimiento.

Durante su extensa exposición, el legislador recordó que en 2014 se había establecido un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, pero en 2015 el gobierno de Cambiemos permitió que los bancos y las financieras “cobraran las tasas de interés que quisieran”. Sin embargo, “ningún banco durante la gestión nuestra perdió plata y se fundió, mucho menos”.

Para el kirchnerista, estas leyes buscan “poner equidad, poner límite, evitar el abuso de poder dominante”. “Los bancos y las financieras en Argentina son los que más rentabilidad tienen en América Latina”, remarcó e insistió: “Ninguna de las empresas a las cuales hoy nosotros le estamos poniendo límite, le estamos poniendo coto, en beneficio de los usuarios, va a perder plata, se van a fundir, ni mucho menos”.

Aspirando a que en la Cámara de Diputados “tengamos los votos necesarios para sancionar la ley”, Parrilli lanzó que “cuando la gente vaya a votar” en las próximas elecciones “también va a votar a diputados que van a estar en contra o a favor de esta ley; a favor de los bancos, las financieras, los grandes grupos económicos, o a favor de la gente”.

Muy crítica de los proyectos, y reclamando tener más tiempo en su discurso por el tiempo excedido por el senador oficialista, Rodríguez Machado disparó: “Hace bastante tiempo que ya le hemos sacado la máscara a estos terribles proyectos que presenta el senador Parrilli y el oficialismo K, que no son proyectos destinados precisamente a defender la producción, el empleo o la mano de obra argentina, sino un despropósito, donde bajo buenas intenciones destruye vastos sectores de la economía. En Córdoba le llamamos a este tipo de proyectos, que presenta Parrilli, Máximo Kirchner y otros de su espacio, los proyectos de lobo con piel de cordero“.

La legisladora del Pro observó que estos son los proyectos a los que “nos están acostumbrando con esa mayoría que tienen”, pero que “12 de septiembre y 14 de noviembre se va a empezar a terminar”, desafió, en relación a las próximas elecciones.

La cordobesa enumeró además medidas que considera erróneas por parte del oficialismo, como las restricciones a las exportaciones de carne, la nueva Ley de Biocombustibles y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego con la que “se iba a solucionar todo. Bueno, les aviso que no funciona”, expresó y mencionó los incendios que sufre su provincia.

En su discurso, Rodríguez Machado opinó que estas iniciativas responden a “internas” dentro del propio Gobierno, porque “estas empresas ya tienen fuertes regulaciones por el Estado argentino” a través del “Banco Central, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Seguros”.

O sino tienen su justificación en que “estamos en una época electoral y quieren ponerse algún moño, haciendo parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación”, analizó. Y continuó: “Están generando un fuerte aliciente a que los usuarios no paguen como corresponde, total de esta manera es mejor no pagar que pagar con mora”.

“Repitan en la cabeza ‘que haya empresas es algo bueno, no es algo malo; que haya fuentes de trabajo en Argentina es algo positivo’. No siempre se puede vivir de subsidios, no siempre se puede vivir del Estado. Y además si ustedes le quieren seguir sacando impuestos a las empresas para pagar el alto gasto que tienen desde el Estado necesariamente permitan que haya empresas en Argentina”, lanzó.

Por último, la senadora no auguró un buen destino de las iniciativas en la Cámara baja, donde pronosticó que “seguramente van a quedar hasta que empiece una nueva gestión en Diputados, con los nuevos diputados, y si se dan las encuestas que venimos manejando no van a tener esta mayoría y estos aliados, que por ahí se hacen los que no son kirchneristas y aprueban las leyes con ustedes; y se van a empezar a tratar las iniciativas el día que haya consenso, y nosotros vamos a poder defender a la producción, y van a dejar de cerrar empresas, y van a dejar de irse por Ezeiza nuestros jóvenes”.

En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, comenzó recordando la deuda y el default del gobierno anterior, durante el que hubo por parte de las empresas un “abuso con los precios”. En relación a las tarifas, subrayó que “mucha gente sacó créditos para poder pagar, sobre todo los jubilados”.

También cuestionó el “currazo” sobre los gastos administrativos extra que se cobran, como “el sostenimiento de cuenta, sostenimiento de la tarjeta, cambio de tarjeta”. “Le esquilman al trabajador, le esquilman al jubilado”, enfatizó y defendió que estos proyectos buscan “que no se le robe al trabajador, para que las empresas no hagan lo que quieran con el trabajador”.

El formoseño añadió que durante la época de Mauricio Macri, al que nombró en varios pasajes, hubo “un sistema financiero de chorros, de corruptos, que roban a los jubilados, a los pensionados, a los argentinos y que después fugan (divisas)”.

Qué establecen los proyectos

El primer proyecto, referido a los servicios públicos, modifica el artículo 31 de la Ley 24.240 -de Defensa del Consumidor- de modo de establecer un límite a la tasa de interés moratorio y/o punitorio por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, como así también las de servicios de televisión por cable, internet y telefonía móvil y fija, a ciertas categorías de usuarios: se trata de residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y cooperativas de trabajo.

De acuerdo al texto, dicha tasa en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último mes anterior al pago. Asimismo, no se podrá cobrar ningún tipo de cargos extras, como por ejemplo gastos de reconexión o administrativos.

También se añade al artículo reformado que la fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.
Otro punto es que los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Las empresas prestadoras de servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecúen su facturación a la tasa de interés regulada por la norma, serán sancionadas con una multa por un monto de 2 a 24 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En caso de incumplimiento por parte de las empresas en el cobro de intereses a los consumidores y usuarios de servicios públicos, se les aplicará una multa de 4 a 48 SMVM.

En todos los casos, las empresas deberán dar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, con tasas y plazos accesibles que serán establecidos por los entes reguladores.
En cuanto a la segunda iniciativa, se establece que “la tasa de interés moratorio y/o punitorio aplicable a las tarjetas de crédito, a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a consumidores y usuarios particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago”.

También, “no se podrá cobrar ningún cargo extra por gastos administrativos o cualquier otro concepto” y en caso de existir una tasa menor, deberá aplicarse siempre la más beneficiosa para los consumidores y usuarios.

La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios mencionados no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.

En sentido similar al otro proyecto, las empresas de estos servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecuen su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio serán sancionadas con multa de 4 a 48 SMVM.

En todos los casos, las empresas deberán otorgar a los consumidores y usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación, de modo que sean accesibles para los consumidores y usuarios.

Durante su exposición, Parrilli precisó que, a pedido de la flamante senadora Juliana Di Tullio, en ambas iniciativas se incorporó un párrafo estableciendo que en caso que la consumidora o usuaria fuera mujer, la tasa “se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios”.

A raíz de la crisis que atraviesa la Ciudad  de Buenos Aires e intentando volver a poner en pie la economía tras la pandemia, el legislador porteño por el Frente de Todos (FdT), Santiago Roberto, presentó un proyecto para incentivar el consumo en el distrito, a través del cual se busca generar un reintegro a los usuarios del Banco Ciudad, que realicen compras con tarjetas de crédito o débito de esa entidad bancaria. La medida será por el lapso de dos meses con un tope de reintegro de 2.500 pesos.

El proyecto además, propone medidas dirigidas a comerciantes de los Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA), Centros Barriales, Organizaciones sin fines de lucro y profesionales independientes, con vigencia de dos meses, como la exención de gastos de mantenimiento de las cuentas de ahorro y/o corrientes de personas físicas, una bonificación del 50% en las comisiones de las operaciones con tarjetas de crédito emitidas por el Banco Ciudad, una bonificación especial equivalente al cargo por impuesto al cheque en todas las operaciones de depósitos en cajas de ahorro de personas físicas.

También establece planes de pago de 24 cuotas sin interés para compras efectuadas en los comercios CCCA, abonadas con tarjetas de crédito emitidas por el Banco y una línea de crédito para capital de trabajo a tasas subsidiadas, para emprendimientos que facturen hasta el equivalente de 10 salarios mínimos vitales y móviles por mes.

Asimismo, propone un complemento, por dos meses, para el importe mensual a acreditar en las cuentas de beneficiarios del Programa “Ciudadanía Porteña – con todo derecho”, equivalente a 235 Unidades Fijas es decir 9.165 pesos.

En ese sentido, el peronista señaló que “las medidas derivadas de la aplicación de los protocolos relativos a la pandemia han implicado, entre otros aspectos, un fuerte impacto en las actividades económicas que se desarrollan en la Ciudad, especialmente en aquellas que generan valor originado genuino y dan empleo a los porteños” e indicó que con esta iniciativa busca “incentivar el consumo con una medida concreta ya que la Ciudad cuenta con los recursos para hacerlo”.

Al mismo tiempo que resaltó que “es necesario que el gobierno porteño tome en cuenta las iniciativas que presentamos ya que apuntan a mejorar la calidad de vida de quienes habitan la Ciudad de Buenos Aires” y remarcó que “la llegada de la pandemia y la falta de políticas por parte quienes gobiernan la Ciudad hace más de una década sufren las consecuencias de la crisis económica y de las medidas preventivas para enfrentar al coronavirus. Los recursos están”.

La actividad económica real cayó un 9,3% en 2020 en la Ciudad como consecuencia de la pandemia. Asimismo, el sector de Comercio y Servicios ha sido uno de los más golpeados y contrajo su actividad un 8,8% en 2020. El mismo año cerraron en todo el país más de 90.700 locales y solo en la Ciudad de Buenos Aires lo hicieron más de 13.500, según datos de CAME. El empleo privado del sector Comercio y Servicios se redujo en la Ciudad de un 5,3% con respecto al 2019.

El Frente de Todos avanzó con los dictámenes de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, impulsados por el senador kirchnerista Oscar Parrilli. Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos, definidos este mismo viernes.

Al explicar los cambios a las iniciativas, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.

De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.

Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.

“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.

También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.

“La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”, señala y añade que “los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley”.

En cuanto a las sanciones, las empresas de servicios públicos que no adecuen su facturación dentro de los 30 días, desde la publicación de la ley, serán sancionadas con multas que van desde los 2 a 24 Salarios Mínimo, Vital y Móvil; y, en caso de incumplimiento, habrá multas desde los 4 a 48 SMVM.

Al igual que en el otro proyecto, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán otorgar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas.

Al sentar la posición el interbloque Juntos por el Cambio, la senadora Laura Rodríguez Machado remarcó que “tenemos que considerar y analizar debidamente ya que no hubo unanimidad en asesores”. La cordobesa opinó que la ley busca “avanzar sobre las facultades del Central, desmereciendo todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo” y “es un verdadero incentivo a no pagar, disfrazado de un falso propósito de aliviar la situación de los deudores”.

“Verdaderamente busca liquidar la rentabilidad y posibilidades de subsistencia de estos sectores que alcanza”, dijo la macrista en referencia a los servicios privados, y ratificó: “No vamos a suscribir el despacho y vamos a tomar una decisión que será comunicada debidamente a los presidentes de las dos comisiones luego que el bloque se reúna y analice el texto”.

Desde el propio Frente de Todos, el chubutense Mario Pais planteó que no se debe “diferenciar a los destinatarios de la facturación, porque al hacerlo dejamos sin tope y sin límite, por ejemplo, a otros usuarios y consumidores de servicios públicos”. “La Ley de Defensa del Consumidor no distingue, habla de consumidores en general”, insistió.

A esa idea adhirió la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, que expresó que le parecía “razonable” porque sino “estamos incorporando una distinción que la Ley de Defensa del Consumidor no tiene”.

Sobre ello, Parrilli asintió que “de aquí al recinto podemos hacer un agregado para aclarar cuál es el régimen que queda para las empresas”. Llamativamente, y admitido por ella misma, Rodríguez Machado defendió la idea original de Parrilli de incorporar únicamente a las personas humanas, porque esto “tiene que ver con la imposibilidad de pago de una persona que con su sueldo no llega; no tiene que ver con los empresarios, con los deudores que puedan ser institucionales”. “Yo preferiría dejarlo como usted lo informó”, agregó, aunque aclaró no estar de acuerdo con la ley.

Participación de representantes del Banco Central

La subgerenta general de Regulación Financiera del Banco Central, Daniela Bossio, explicó que “para todas las operaciones de crédito, sean créditos personales o tarjetas de crédito” si la persona deudora “no se atrasa, lo que hay es un interés compensatorio”. “Si la persona se atrasa respecto de los vencimientos pactados debe abonar además el interés punitorio”, señaló.

“Nos deja más tranquilos la aclaración que se hizo sobre los objetivos de estos proyectos, básicamente vinculado a la reglamentación sobre el interés punitorio y no sobre el compensatorio”, dijo.

“La Ley de Tarjetas de Crédito establece un límite para el interés punitorio que no puede ser mayor al 50% de la tasa de interés compensatorio, en los contratos financieros se adiciona, cuando hay una mora, el interés punitorio al compensatorio”, agregó.

En tanto, Germán Feldman, subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central, apuntó que “el proyecto plantea la pasa pasiva del BNA a 30 días” y las tasas de esta entidad “están alineadas con los mínimos regulatorios que plantea el Banco Central”.

“La tasa de interés de tarjetas, que tradicionalmente se encontraba por encima de la tasa de los créditos personales, pasó a estar por debajo, eso es lo que venimos viendo desde mediados del año pasado”, informó.

Feldman consideró que “en caso de que algún usuario decidiera voluntariamente no pagar el servicio, sería conveniente pensar en una tasa que esté por encima de la tasa de interés pasiva del sistema para desalentar ese tipo de incentivos”.

“Distinguiría lo que es financiación con tarjetas de crédito, porque ya de por sí ahí hay una tasa compensatoria, de lo que es el otro proyecto sobre los servicios públicos”, observó.

A raíz de una cautelar presentada por el legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés la Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad la suspensión del cobro del impuesto a los Sellos sobre las tarjetas de crédito, sancionado por la Legislatura el 10 de diciembre de 2020. La medida, dictada en el marco de una acción colectiva, fue restringida y se apelará para que alcance a todos los habitantes de la Ciudad.

El legislador advirtió que la medida es un fuerte antecedente que destaca “la ilegitimidad del impuesto” y aseguró que pretende darle un carácter colectivo, invitando a vecinos y organizaciones sociales y de consumidores para que participen del proceso judicial. “El 1,2% del impuesto que no me cobren será destinado a la compra de elementos para combatir la pandemia en los barrios populares”, afirmó.

En el escrito firmado por la jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Beatriz Petrella, ordena: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, ordenar al GCBA que –a través de la AGIP– suspenda los efectos de la Resolución Nº 282/2020 del GCBA”. 

Juan Manuel Valdés celebró la decisión y manifestó: “es necesario entender que no se puede avanzar sobre el bolsillo de los porteños y porteñas. La creación de nuevos impuestos no puede ser moneda corriente en el distrito con más recursos del país. Este fallo marca el camino para frenar el afán recaudador del Jefe de Gobierno, en medio de la crisis que atravesamos no podemos golpear a quienes más están sufriendo. No dejemos que Larreta haga campaña con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas”.

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Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados dictaminaron este jueves a favor de un proyecto consensuado que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.

Tras escuchar en reuniones informativas a representantes de pequeñas y medianas empresas, comercios, tarjetas de crédito y bancos, el oficialismo avanzó con una redacción unificada en base a proyectos de Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger.

Los bloques de la oposición acompañaron con su firma, y de esa forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual.

Rauschenberger destacó que “los avances tecnológicos se vieron acelerados en la pandemia, y también hay un Banco Central que ha tomado nota de la situación y está dando una respuesta concreta a través del programa Transferencias 3.0”.

En efecto, al inicio de la reunión se dio lectura a una nota enviada por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, donde se refirió al lanzamiento de este programa, que se pondrá en marcha el 7 de diciembre. La nueva normativa impulsará los pagos digitales y promoverá una mayor inclusión financiera, expandiendo el alcance de las transferencias inmediatas.

“Estamos dando respuesta a una gran parte del problema. Las pymes son las más afectadas por esta situación”, planteó Rauschenberger.

A su vez, Ponce sostuvo que “hay que poner la tecnología al servicio de la economía. No es descabellado pensar que así como es posible la transferencia inmediata, no estamos lejos de que las tarjetas de débito se puedan hacer en el mismo día”.

El dictamen firmado establece “la obligatoriedad para las entidades bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.

Se faculta al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas, y se aclara que la adecuación a la ley “no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.

El oficialista Víctor Hugo Romero resaltó que ese artículo le permitirá a la entidad monetaria definir los términos de la inmediatez. “Si había algún tema operativo, el Banco Central terminará definiendo cuántas horas son”, aclaró.

En el mismo sentido, Luis Pastori (UCR) coincidió en que el artículo “cierra la idea y no nos metemos en el tema de una hermosa ley cuyo cumplimiento sea imposible”. De todos modos, propuso que el Banco Central tome como tope los tres días hábiles que actualmente fija la ley, y consideró que un “término razonable” serían 24 horas.

Las compras con tarjetas de débito alcanzaron 72.488 millones de pesos mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos 652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas, según datos de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).

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Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon este miércoles a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito.  

En la reunión virtual, presidida por Fernanda Vallejos (Frente de Todos), se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).

Los proyectos buscan, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.

El primero en exponer fue Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, que cuenta con una veintena de sucursales en el interior bonaerense. “Somos sociedades anónimas que operamos en el negocio financiero, pero trabajamos con nuestros propios fondos, no tomamos dinero del público y pagamos impuestos”, describió.

Fortunato detalló cómo funciona la tarjeta y advirtió que “si por alguna ley o disposición nos obligaran a adelantar más el pago a los comercios, no lo podríamos hacer, sería imposible, porque daría un faltante de dinero que nos llevaría a tener que pedir fondos, y eso tiene un costo que no se lo podemos cobrar a nadie”.

Señaló además que con el 3% que cobran, como máximo, al comerciante, “nos hacemos cargo de toda la operación, y nos cierra”. “Si bajamos el arancel al 1,5%, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos”, advirtió.

Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias, informó que “en Argentina hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de los cuales 50 son bancarios y 100 no bancarios”, y estos últimos “representan el 30% del mercado y en su gran mayoría son empresas nacionales”.

“Los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan”, aclaró.

Etchegoyen destacó que “las tarjetas de crédito regionales tienen una operatoria 100% en blanco” y una relación “muy estrecha con los comercios en el interior”.

Respecto del arancel que cobran, precisó que deben afrontar el impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y tasas municipales de publicidad por los calcos que se pegan en las ventanas de los comercios, más el financiamiento de las cuotas sin interés. “Pensar que podemos bajar nuevamente el arancel y tener que hacer frente a todo el negocio es imposible”, dijo.

Por último, insistió en que “en el mercado de tarjetas de crédito no es todo igual” y pidió diferenciar entre emisores bancarios y no bancarios, y aquellos de índole regional, a la hora de evaluar los proyectos de ley.

César Bastien, director ejecutivo de ATACYC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), mencionó que los cambios regulatorios “llevaron a que el sector se vaya achicando”, en “una lógica donde todos perdemos: pierden los consumidores, porque pierden el financiamiento del consumo; pierden los comercios, porque están perdiendo ventas; pierde el Estado, porque estamos perdiendo recaudación; y obviamente también pierden las empresas”.

Bastien informó que en el país hay en circulación 58 millones de tarjetas de crédito, distribuidas en 20 millones de usuarios únicos; el 68% del total está en manos de personas de segmentos medios y bajos de la población; y aproximadamente 1 millón de comercios aceptan compras con tarjeta.

El representante de ATACYC advirtió que entre 2018 y 2019 se perdieron 1.274.622 tarjetas y que los emisores sufrieron una “fuerte reducción de los ingresos” debido a la última rebaja del arancel cobrado al comercio, que actualmente es del 2%, siendo “el más bajo de región”.

Otros factores de esta caída, según Bastien, fueron la reducción del plazo de pagos, el programa Ahora 12 y la reducción de la tasa de interés.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesário, manifestó que con la baja del arancel que se aplicó en los últimos años, “el beneficio quedó en el comercio, no hubo ningún beneficio para los consumidores”, por lo que “tampoco va a beneficiar a la economía”.

Sobre la acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante, sostuvo que a nivel mundial no está prevista esta regulación, y explicó que al momento de acreditar los fondos al comerciante, se tienen que realizar retenciones impositivas.

“Las tarjetas de débito aplican aproximadamente 90 regímenes de retención, percepción e información, de los cuales más de 40 se aplican al momento de pagar a los comercios”, detalló Cesário al justificar su rechazo al proyecto, y agregó que si se convierte en ley “va a producir efectos no deseados: se va a achicar la torta, va a haber menos ventas y el Estado va a recaudar menos”.

Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, llamó a pensar la regulación en términos de un “ecosistema” donde coexisten muchos actores -usuarios, comercios, bancos, el Banco Central y la AFIP, entre otros-, con lo cual si se afecta a una de las partes, hay consecuencias sobre todo el sistema.

Por eso, Bolzico pidió que antes de avanzar se analice si estas leyes van a incrementar la cantidad de usuarios de tarjetas o el número de transacciones.

Además, habló de una “paradoja” porque “somos el país con comisiones más bajas, pero también tenemos la carga impositiva más alta”, por lo que propuso hacer foco en el tema impositivo.

Hugo Flores, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada, coincidió en que las tarjetas en Argentina cobran los aranceles más bajos de la región, y sin embargo hay cada vez menos usuarios y menos transacciones.

“Cada vez que metemos la mano en el motor, nos rinde menos kilometraje, y nuestro motor está al límite”, graficó, y añadió: “Los proyectos tienen la mejor intención del mundo, pero van a lograr el efecto contrario”.

Del encuentro también participaron Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco; Alejandra Ruiz, del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirsztein, de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento de dos proyectos de ley sobre acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.

La discusión comenzó en las comisiones de Finanzas y de Comercio, presididas por Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y Gabriela Lena (UCR), con la participación de representantes de cámaras comerciales, mientras que la semana próxima asistirán autoridades de cámaras de tarjetas de débito y crédito.

Uno de los proyectos fue presentado por el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos) y promueve la obligatoriedad de la acreditación inmediata, en la cuenta del comerciante, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro.

Ponce destacó que “más de 250 cámaras” enviaron su adhesión a la iniciativa y comentó las complicaciones de comerciantes por la demora de varios días en acceder al dinero de la compra. “Entre que se produce el débito y le llega al comerciante, hay un jugador externo que se queda con ese dinero durante todo ese tiempo”, dijo.

El diputado precisó que según la última encuesta del INDEC, el uso de tarjetas de crédito creció en forma interanual un 32%, y en los comercios de cercanía el incremento fue del 54% interanual. A su vez, informó que “en el último año los bancos han ganado un 182%”.

Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes (San Luis), dijo que ven “con muy buenos ojos” la iniciativa de Ponce, “porque al propietario de la tarjeta que realiza su compra, ese débito se le realiza en forma inmediata, y el comerciante debería estar en las mismas condiciones”.

Según Sánchez, esta ley “aliviaría mucho la situación de pymes y comercios chicos que no tienen tanta espalda financiera para soportar el tiempo que tardan en recibir el dinero de la compra”, por lo cual la reforma “ayudaría mucho en tener la liquidez de ese dinero”.

Por su parte, Guillermo Siro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires -que nuclea a 67.000 pymes y 270 cámaras- también respaldó el proyecto de Ponce ya que “al margen de los argumentos especulativos que aplican los bancos”, la inmediatez en la acreditación del dinero “es lo que corresponde”.

En el mismo sentido, Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera, -que reúne 60.000 comercios- coincidió en que “la acreditación inmediata sería una ayuda muy buena” y resaltó la continuidad de comercios a pesar de las dificultades que planteó la pandemia.

Gabriel Bornoroni, de la Confederación de Entidades de Comercio, Hidrocarburos y Afines, denunció un “comportamiento abusivo y dramático” ya que “no está expresado en ningún contrato o documento cuál es la justificación de tal demora”.

“No es plata de los bancos; es plata de los consumidores, por eso automáticamente se le tiene que acreditar al comercio”, sostuvo Bornoroni, y agregó que la ley es necesaria porque “el costo financiero de las pymes es realmente inaguantable”.

Por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Fabián Tarrio señaló que el proyecto de Ponce “se ajusta a la realidad” y debería ser ley “lo más rápido posible” por una razón de “absoluta justicia”.

Según datos del Banco Central citados por Tarrio, las operaciones con tarjeta de débito en julio de este año fueron por 76 millones de pesos.

Rebaja de comisiones

El otro proyecto tratado en el plenario de comisiones pertenece a Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) y propone modificaciones a la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, entre otras cosas para rebajar las comisiones de las tarjetas de crédito del 3% al 1,5%; y del 1,5% al 0,5% en el caso de las de débito.

El autor de la propuesta recordó que en años anteriores “hubo muchos intentos de reformular este marco regulatorio, pero no fueron convertidos en ley”.

Los representantes de cámaras comerciales que participaron de la reunión virtual respaldaron la rebaja de comisiones, pero consideraron que hoy es más urgente la acreditación inmediata del monto, tema que también está contemplado en el proyecto de Rauschenberger.

“Es necesaria una reformulación (de las comisiones), pero no en este momento. Hay urgencias que obligan a no dilatar más la retención de fondos, que son miles de millones de pesos por mes”, resumió Edgardo Phielipp, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Rauschenberger sostuvo, sobre este aspecto, que “el desfasaje que se genera entre el momento de la venta y el de la liquidación genera un costo financiero que era muy fuerte y lo sigue siendo hoy a pesar de que el Gobierno bajó las tasas de intereses”.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley, junto al neuquino Oscar Parrilli, para modificar el esquema regulatorio vigente de las tarjetas de crédito. “Queremos debatir la situación de las tarjetas de crédito; queremos debatir y modificar un esquema que sólo le sirve al mercado financiero, pero no a la gente”, explicó al respecto. 

Luenzo sostuvo que “ante la difícil situación sanitaria, económica y social producto de la pandemia y tras la fuerte recesión que dejó el gobierno anterior, hay una ineludible necesidad de brindar una herramienta al ciudadano para reestructurar su deuda corriente con la tarjeta de crédito”. 

“Al mismo tiempo, queremos acompañar a los comercios que han incorporado muchas herramientas de pago electrónico en estos meses fijando una comisión que no sea mayor al 1,5% en caso de crédito y de 0,5% para el débito. También agilizar la acreditación de los importes correspondientes a las ventas realizadas en un solo pago en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y de débito al siguiente día hábil de la operación”, explicó. 

Por otro lado, el proyecto establece la obligación de todo proveedor de bienes y servicios, en relaciones de consumo, a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta de crédito o débito, excepto cuando tal diferenciación -a través de promociones o descuentos específicos- sea efectivamente favorable al consumidor o usuario, debiendo exhibir el precio expresado en moneda de curso legal, de contado y correspondiendo al importe total y final que deba abonar el consumidor final. 

Respecto a la situación del endeudamiento de las familias, la iniciativa propone un esquema de refinanciación usando un concepto de esfuerzo compartido entre el acreedor y el deudor. “Se trata de compartir los costos. Necesitamos que los bancos acompañen en este momento después de las ganancias que han registrado muy por encima de la devaluación y la inflación”, indicó el legislador sobre ello. Con este objetivo, la norma habilitará al Banco Central de República Argentina a realizar una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de las deudas consolidadas por financiamiento con tarjeta de crédito, sus consecuencias sociales y económicas para “aliviar la presión financiera” sobre las unidades familiares. 

En ese sentido, Luenzo explicó que “en el cierre del año anterior y antes de la emergencia sanitaria, las familias argentinas le debían a los bancos el equivalente a 3.200 millones de dólares al cambio actual. Todo ese volumen de endeudamiento tiene que ver con un esquema de tasas, punitorios y comisiones desregulados por el gobierno de Cambiemos que llevó a la bancarrota a gran parte de la clase media”, aseguró. 

El chubutense recordó que “hace 2 años que las familias usan el plástico para llegar a las necesidad básicas pero parece que los bancos no se han enterado”, y lamentó que “esto ha ocurrido en virtud del descalabro y el desorden del mercado financiero que provocó el modelo económico anterior y que llevó al núcleo familiar a refugiarse en el uso de los plásticos para la compra de los alimentos, el pago de servicios básicos como la luz, agua y gas”. 

“Y cuando ya no podían hacer frente al pago de la totalidad del resumen por cualquiera de los motivos que conocemos como fue la suba del costo de vida, la pérdida de ingresos o incluso del puesto de trabajo, era allí donde terminaban cayendo en una refinanciación a tasas y punitorios usureros que incluso treparon a un costo anual del 230%. Se termina en un crecimiento exponencial del endeudamiento”, resaltó. 

Luenzo fue enfático al señalar que “este problema con las tarjetas se lo planteamos desde 2016 al gobierno anterior mediante un proyecto de ley que presenté y que en el senado le dimos media sanción”. Por eso, aclaró que “este nuevo proyecto toma como antecedente esa iniciativa y hemos incorporado muchas nuevas herramientas y tipificaciones que nacieron del intercambio que mantuvimos en el Congreso”. 

Por ende, el proyecto busca “generar competencia en el mercado de las tarjetas de crédito que está concentrado”, y que “por lo tanto genera imposiciones de condiciones tanto a los clientes como también a los comercios a partir de la posición dominante”. 

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el diputado José Luis Ramón, le envió una carta al titular del Banco Central, Miguel Pesce, en la que solicita que se modifiquen aspectos del nuevo plan de financiamiento de tarjetas de créditos, con el fin de “proteger a los consumidores de todo el país”.

En la nota, el mendocino sostuvo que “no es aceptable el pago de interés por el mero paso del tiempo que transcurre durante esta pandemia. Mantener esta situación, en el caso de las tarjetas de crédito, así como de cualquier otro contrato (sea los préstamos UVA, prendarios de todo tipo o personales), es tanto injustificable como inmoral”.

“Todos los consumidores, de todos los niveles sociales, están sufriendo un debilitamiento en una gran parte de los aspectos de su vida común, y el tiempo es aquí un aspecto central, que no puede beneficiar a la parte fuerte de la relación, en este caso, el prestamista”, señaló.

El legislador dijo que ve “como un paso correcto, pero gravemente insuficiente, la disminución de las tasas que viene impulsando el BCRA”. “Es necesario dictar un levantamiento directo de estos intereses, ya que no está en manos de la población argentina el acelerar el pago de estos préstamos, motivo por el cual, no puede sufrir por la demora en dicho pago”, consideró.

También cuestionó la “falta de claridad en la tasa de interés” y el período de tres meses de “gracia”. “¿Qué significa esto? Para la mayoría de la población, esto significa que durante tres meses no pagará el préstamo. Grave error que el BCRA no ha tenido en cuenta ni aclarado. Este período de gracia no está exento del pago de interés, que se distribuirá en las demás nueve cuotas. Esto lleva a confusión a toda la población, e incurre en una falta de claridad, común en la operatoria de las financieras más abusivas de nuestro mercado”.

“El BCRA está incurriendo en una violación a un derecho constitucional básico: el de la libertad de elección del consumidor (artículo 42). Si bien estamos en una situación de emergencia, se está imponiendo una solución que deberán pagar los consumidores a un 43% anual. Esto es inaceptable”, continuó.

Ramón enfatizó que “los consumidores tienen derecho a elegir esta opción, u otras, pero no pueden tener que costear una ganancia fija y permanente para todo el sistema bancario. No es esta una situación en donde las ganancias vayan de los débiles a los grandes bancos, todo lo contrario”.

Además, dijo que “se excluye a las tarjetas dirigidas a los sectores de menores ingresos”. “No son los grandes operadores bancarios, las financieras, o los grandes grupos económicos que ofrecen estas tarjetas de crédito, los que tienen que asegurar su ganancia. La prioridad la tienen que tener los consumidores, los trabajadores y los sectores mas vulnerables de nuestro país”, completó.

El bloque de diputados de la Coalición Cívica volvió a presentar este jueves un proyecto que propone limitar los intereses compensatorios o financieros de las tarjetas de crédito, y le exigió al Gobierno su “urgente” tratamiento a fin de “cuidar a los consumidores” en el actual contexto económico.

La iniciativa sustituye el artículo 16 de la Ley 25.065 por el siguiente texto: “El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor bancario o no bancario aplique al titular no podrá superar más del 5% aquella que resulte del promedio de las tasas de interés que la entidad haya aplicado en el mes inmediato anterior, ponderadas por el correspondiente monto de préstamos personales sin garantías reales otorgados en igual periodo”.

“Este proyecto tiene más de dos años. Lo presentamos cuando éramos oficialismo y ahora siendo oposición, lo volvemos a presentar porque el Congreso tiene que dar una respuesta a los usuarios de tarjetas de crédito que están cansados de las altas tasas de interés”, afirmó la diputada Paula Oliveto, autora de la iniciativa.

En ese sentido, Oliveto añadió que “no podemos desconocer que, con la situación económica, muchos se financian con la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. No podemos ser esquivos a esta realidad y tenemos que dar una respuesta inmediata”.

El bloque de diputados, conducido por Maximiliano Ferraro, considera “carente de fundamento permitir que el usuario soporte, además de elevadas tasas que fija la autoridad monetaria, una sobre tasa que no encuentra justificación alguna en este contexto”, indica en la iniciativa.

Por tal motivo, le pide al Gobierno nacional que promueva el “urgente tratamiento” de este proyecto con el objetivo de “cuidar a los consumidores argentinos que han encontrado en la financiación mediante tarjetas de crédito, la forma de hacer frente a las medidas económicas y a la inflación con salarios y jubilaciones ajustadas”.

El proyecto plantea que “se podrán excluir de la base de cómputo a ser promediada las líneas de crédito instituidas en el marco de programas y/o medidas de fomento o de ayuda social y que adicionalmente cuenten con una tasa de interés que no exceda a la tasa encuesta que publique el Banco Central para depósitos de más de un millón de pesos para el plazo de 30 a 35 días, del tercer mes inmediato anterior, según el tipo de entidad financiera que corresponda (pública o privada), acrecentada en función de la exigencia de efectivo mínimo”.

También propone que la entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjetas de crédito.