La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado pasó a la firma este miércoles un proyecto de ley que tiene como objetivo evitar delitos informáticos a través de las compras con tarjetas de crédito y/o débito, mediante el pago seguro en todos los establecimientos que comercializan bienes y servicios en todo el país. 

Autora de la iniciativa, la senadora riojana Clara Vega señaló que se trata de “un proyecto sencillo” pero “necesitamos una ley que respalde a los consumidores; lo que queremos visibilizar es la necesidad de que, a la hora del pago con tarjeta de crédito o débito, no deban separarse nunca del plástico”. 

“El phishing es cada vez más frecuente, se hizo cada vez más intenso después de la pandemia”, advirtió y detalló que se registran “2.050 denuncias por semana” sobre estafas de este tipo, lo que representa un aumento del 22% respecto del año pasado. 

Para la legisladora, esta iniciativa va a “ayudar a que los comercios puedan garantizarles a quienes son sus clientes que hacen una utilización segura de sus medios de pago”. “El posnet debe llevarse al lugar o el usuario acercarse”, explicó y agregó que se trata de “mantener siempre la vista y la atención sobre la forma en que se utiliza la tarjeta”. 

A favor del proyecto, la senadora oficialista Juliana Di Tullio resaltó que “el phishing tiene diversas formas para poder captar la voluntad de quien tiene tarjetas”, pero “el banco tiene que hacerse cargo de la seguridad de los clientes”. 

En ese sentido, adelantó que le “gustaría que podamos pensar en una cuestión un poco más general sobre el phishing para terminar con estas bandas nefastas, porque el engaño es cada vez más sofisticado”. 

A propósito del phishing y la intención del proyecto, el senador radical Martín Lousteau apuntó que “más que para el ciberdelito o el robo de identidad, creo que este es un proyecto que apunta a evitar la clonación de tarjetas y hoy las tarjetas de crédito están obligadas a tener chip. Alrededor del 75% de las transacciones son contactless”. 

“No me parece que el proyecto en sí prevenga el phishing, es algo muy específico, sino a tratar de evitar la clonación de tarjetas, y hoy esa clonación ya no es posible por la obligatoriedad del chip”, expresó. 

Conceptualmente de acuerdo con Lousteau, Di Tullio aclaró que “la realidad es que en el resto del país no se cumple tan a rajatabla” lo del chip y que “a no todo el mundo le llega la tarjeta contactless y no todos los bancos están emitiendo tarjetas contactless”. 

“El delito que se puede prevenir cuando alguien se separa de su plástico es la clonación de tarjeta en un lector de banda, al tener chip ya no se puede clonar”, insistió Lousteau.

Entonces, Vega indicó que se busca evitar que alguien pueda “quedarse con la información (de la tarjeta) y hacer otro tipo de compras”. “Es correcto el espíritu del proyecto, lo que está haciendo ruido es la palabra phishing”, resumió Di Tullio, pero respaldó que “el objetivo es que la compra sea una y nadie pueda manipular. No se puede clonar si tiene chip, pero sí se puede hacer otra compra. Nada que beneficie a una porción de la población me parece que es un proyecto de ley ‘poquito’, así que quiero reiterar mi absoluto acompañamiento a este proyecto”. 

“El proyecto es un avance”, coincidió el senador del FdT Ricardo Guerra, presidente de la comisión, y pasó a la firma la iniciativa. 

La Comisión de Finanzas que preside la diputada Fernanda Vallejos convocó a sus miembros para analizar los proyectos de acreditación inmediata en los comercios  minoristas, mayoristas y pymes de los pagos con tarjetas de débito, y una segunda iniciativa que establece rebajas en las comisiones que cobran los emisores de las tarjetas de débito y crédito.  La reunión será este jueves a las 15, conjunta con la Comisión de Comercio.

A través de videoconferencia, la comisión debatirá con el objetivo de emitir dictamen, luego de reuniones previas de carácter informativo donde expusieron representantes de los sectores involucrados: pequeñas y medianas empresas, comercios, tarjetas de crédito y bancos.

En el caso del proyecto del diputado del Frente de Todos Carlos Ponce, apunta a que los comercios cobren de manera inmediata las transacciones con tarjetas de débito que pagan los consumidores, ya que la banca y las compañías de créditos las cobran en el acto pero demoran en acreditarlas entre 48 y 72 horas. A su vez, el proyecto indicó que esta adecuación “no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.

Por su parte, el proyecto del diputado oficialista Ariel Rauschenberger busca que “en ningún caso”  el emisor de tarjetas de compra y crédito “efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 1,5% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”. Y para las tarjetas de débito, el porcentaje máximo será de 0,5%. Asimismo, sostiene que para el caso de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito a través de pymes cuyos niveles de facturación anual en ningún caso superen el máximo establecido para dicha categoría, el porcentaje máximo para la aplicación de cargos será del 0,3% y la acreditación de los importes correspondientes en las cuentas se hará en un plazo máximo de dos días hábiles.

Con respecto al proyecto de Ponce, que Vallejos motorizó desde la presidencia, los comercios y las pymes manifestaron un rotundo respaldo. Destacaron que es necesario porque aportará liquidez, en un contexto en el que en muchos casos no tienen espalda suficiente para afrontar las compras en efectivo. Además, remarcaron que la medida va a generar mayor acceso y aceptación del dinero virtual.

Por el lado de los bancos, señalaron que el proyecto es de “imposible cumplimiento” por motivos “contractuales”, y agregaron que las operatorias con débito no se regulan localmente sino por contratos internacionales.

El impacto económico de la pandemia afectó a los comercios y a las pymes, que  deben pagar las comisiones y lo correspondiente al posnet, mientras esperan hasta 72 horas para que el dinero de sus ventas por débito se acredite.

Antes de la pandemia atravesaban un complejo cuadro de situación por la recesión de los últimos dos años. Como contracara, en 2019 la rentabilidad neta de los cincuenta y dos bancos privados del país representó $302.863 millones, mientras que en 2018 había sido de $144.428 millones, según datos del Banco Central.

Las compras con tarjetas de débito alcanzaron los $72.488 millones mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos $652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas, según datos de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).