La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado en la sesión de este miércoles un proyecto de ley que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.

La votación resultó con 232 adhesiones, cuatro rechazos -de los diputados del Pro Luciano Laspina, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo y Dina Rezinovsky- y tres abstenciones, de Omar De Marchi (Pro), Francisco Sánchez (Pro) y Aída Ayala (UCR).

La iniciativa, que conjugó propuestas de los oficialistas Ariel Rauschenberger y Carlos Ponce, modifica los artículos 2 y 15 de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito.

El texto dispone “la obligatoriedad para las entidades bancarias y no bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito y tarjetas prepagas en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.

El dictamen que se había firmado en las comisiones de Finanzas y de Comercio solo refería a las tarjetas de débito, pero en la sesión se agregaron también las prepagas.

En el recinto también se dispuso una excepción, entre los comercios alcanzados, a “aquellos que estén vinculados o controlados por otras empresas o grupos económicos que no revistan la condición de mipymes”.

El proyecto faculta al Banco Central a “establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas”, y aclara que “la adecuación a la que refiere el no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.

Por último, se indica que la ley será de orden público, a aplicar en todo el país, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

“Un volumen muy significativo de estas operaciones se realiza con estos medios de pago, donde el plazo, que va de 48 horas a varios días hasta que el monto es acreditado en la cuenta del receptor, implica una dificultad no menor para esos comercios por la imposibilidad de contar con la masa de dinero involucrada en esas operaciones”, explicó Fernanda Vallejos.

La presidenta de la Comisión de Finanzas destacó que “estamos aportando un elemento para apoyar a este sector de la economía que viene sufriendo las consecuencias de la crisis económica, y en el último año el agravamiento de esa crisis por la pandemia”.

Vallejos señaló que se busca “favorecer una mayor y mejor inclusión financiera” y en ese sentido mencionó el sistema de pagos digitales “Transferencias 3.0” que lanzó el Banco Central y que se pondrá en marcha el 7 de diciembre.

“Este es un beneficio que va a tener repercusión sobre el conjunto de la economía en la medida en que el reemplazo del efectivo por otros medios de pago, como las tarjetas, contribuye a limitar la informalidad en las operaciones y la evasión fiscal”, indicó la oficialista.

La titular de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena (UCR), advirtió que la demora en la acreditación de las ventas con tarjeta de débito genera a su vez un retraso en el pago a proveedores.

También informó que “se ha incrementado casi un 32% el uso de débito en lo que va del aislamiento”.

El puntano Ponce, autor de uno de los proyectos unificados, indicó que “se cree que de la misma manera que se le debita al cliente, se le acredita al comerciante, pero no es así: tarda entre cuatro y seis días en acreditarse esa compra, y en ese tiempo el sistema financiero se queda con ese dinero, y mientras tanto el comerciante debe pagar a proveedores y pagar impuestos”.

“Este proyecto viene a corregir una situación injusta, desigual, que no solo afecta a comercios y pymes sino a la economía de cada rincón del país”, afirmó.

Rauschenberger, quien presentó la otra iniciativa, destacó que la ley traerá “un alivio a los comercios y contribuirá a la inclusión financiera y a la formalización de la economía, generando un efecto positivo en la recaudación”.

Además, el pampeano pidió seguir trabajando en el tema, para reducir nuevamente las comisiones que los comercios les pagan a las tarjetas de crédito y débito.

Por su parte, Alejandro “Topo” Rodríguez lanzó un mensaje a “la banca privada extranjera”: “No se les ocurra inventar vericuetos y dejar de colaborar para que se haga efectiva esta ley, si la aprueba el Senado. No corresponde que nadie haga nada en contra, y por supuesto desde el Congreso los vamos a estar mirando”.

En tanto, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) resaltó que “nunca se pudo llegar al recinto de la Cámara de Diputados a tratar un tema que tocaba tantos intereses. Es la primera vez que estamos por dar una media sanción en ese sentido y esto habla bien de la política”.

Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados dictaminaron este jueves a favor de un proyecto consensuado que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.

Tras escuchar en reuniones informativas a representantes de pequeñas y medianas empresas, comercios, tarjetas de crédito y bancos, el oficialismo avanzó con una redacción unificada en base a proyectos de Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger.

Los bloques de la oposición acompañaron con su firma, y de esa forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual.

Rauschenberger destacó que “los avances tecnológicos se vieron acelerados en la pandemia, y también hay un Banco Central que ha tomado nota de la situación y está dando una respuesta concreta a través del programa Transferencias 3.0”.

En efecto, al inicio de la reunión se dio lectura a una nota enviada por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, donde se refirió al lanzamiento de este programa, que se pondrá en marcha el 7 de diciembre. La nueva normativa impulsará los pagos digitales y promoverá una mayor inclusión financiera, expandiendo el alcance de las transferencias inmediatas.

“Estamos dando respuesta a una gran parte del problema. Las pymes son las más afectadas por esta situación”, planteó Rauschenberger.

A su vez, Ponce sostuvo que “hay que poner la tecnología al servicio de la economía. No es descabellado pensar que así como es posible la transferencia inmediata, no estamos lejos de que las tarjetas de débito se puedan hacer en el mismo día”.

El dictamen firmado establece “la obligatoriedad para las entidades bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.

Se faculta al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas, y se aclara que la adecuación a la ley “no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.

El oficialista Víctor Hugo Romero resaltó que ese artículo le permitirá a la entidad monetaria definir los términos de la inmediatez. “Si había algún tema operativo, el Banco Central terminará definiendo cuántas horas son”, aclaró.

En el mismo sentido, Luis Pastori (UCR) coincidió en que el artículo “cierra la idea y no nos metemos en el tema de una hermosa ley cuyo cumplimiento sea imposible”. De todos modos, propuso que el Banco Central tome como tope los tres días hábiles que actualmente fija la ley, y consideró que un “término razonable” serían 24 horas.

Las compras con tarjetas de débito alcanzaron 72.488 millones de pesos mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos 652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas, según datos de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).

Dictamen-unificado-tarjetas

Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon este miércoles a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito.  

En la reunión virtual, presidida por Fernanda Vallejos (Frente de Todos), se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).

Los proyectos buscan, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.

El primero en exponer fue Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, que cuenta con una veintena de sucursales en el interior bonaerense. “Somos sociedades anónimas que operamos en el negocio financiero, pero trabajamos con nuestros propios fondos, no tomamos dinero del público y pagamos impuestos”, describió.

Fortunato detalló cómo funciona la tarjeta y advirtió que “si por alguna ley o disposición nos obligaran a adelantar más el pago a los comercios, no lo podríamos hacer, sería imposible, porque daría un faltante de dinero que nos llevaría a tener que pedir fondos, y eso tiene un costo que no se lo podemos cobrar a nadie”.

Señaló además que con el 3% que cobran, como máximo, al comerciante, “nos hacemos cargo de toda la operación, y nos cierra”. “Si bajamos el arancel al 1,5%, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos”, advirtió.

Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias, informó que “en Argentina hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de los cuales 50 son bancarios y 100 no bancarios”, y estos últimos “representan el 30% del mercado y en su gran mayoría son empresas nacionales”.

“Los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan”, aclaró.

Etchegoyen destacó que “las tarjetas de crédito regionales tienen una operatoria 100% en blanco” y una relación “muy estrecha con los comercios en el interior”.

Respecto del arancel que cobran, precisó que deben afrontar el impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y tasas municipales de publicidad por los calcos que se pegan en las ventanas de los comercios, más el financiamiento de las cuotas sin interés. “Pensar que podemos bajar nuevamente el arancel y tener que hacer frente a todo el negocio es imposible”, dijo.

Por último, insistió en que “en el mercado de tarjetas de crédito no es todo igual” y pidió diferenciar entre emisores bancarios y no bancarios, y aquellos de índole regional, a la hora de evaluar los proyectos de ley.

César Bastien, director ejecutivo de ATACYC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), mencionó que los cambios regulatorios “llevaron a que el sector se vaya achicando”, en “una lógica donde todos perdemos: pierden los consumidores, porque pierden el financiamiento del consumo; pierden los comercios, porque están perdiendo ventas; pierde el Estado, porque estamos perdiendo recaudación; y obviamente también pierden las empresas”.

Bastien informó que en el país hay en circulación 58 millones de tarjetas de crédito, distribuidas en 20 millones de usuarios únicos; el 68% del total está en manos de personas de segmentos medios y bajos de la población; y aproximadamente 1 millón de comercios aceptan compras con tarjeta.

El representante de ATACYC advirtió que entre 2018 y 2019 se perdieron 1.274.622 tarjetas y que los emisores sufrieron una “fuerte reducción de los ingresos” debido a la última rebaja del arancel cobrado al comercio, que actualmente es del 2%, siendo “el más bajo de región”.

Otros factores de esta caída, según Bastien, fueron la reducción del plazo de pagos, el programa Ahora 12 y la reducción de la tasa de interés.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesário, manifestó que con la baja del arancel que se aplicó en los últimos años, “el beneficio quedó en el comercio, no hubo ningún beneficio para los consumidores”, por lo que “tampoco va a beneficiar a la economía”.

Sobre la acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante, sostuvo que a nivel mundial no está prevista esta regulación, y explicó que al momento de acreditar los fondos al comerciante, se tienen que realizar retenciones impositivas.

“Las tarjetas de débito aplican aproximadamente 90 regímenes de retención, percepción e información, de los cuales más de 40 se aplican al momento de pagar a los comercios”, detalló Cesário al justificar su rechazo al proyecto, y agregó que si se convierte en ley “va a producir efectos no deseados: se va a achicar la torta, va a haber menos ventas y el Estado va a recaudar menos”.

Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, llamó a pensar la regulación en términos de un “ecosistema” donde coexisten muchos actores -usuarios, comercios, bancos, el Banco Central y la AFIP, entre otros-, con lo cual si se afecta a una de las partes, hay consecuencias sobre todo el sistema.

Por eso, Bolzico pidió que antes de avanzar se analice si estas leyes van a incrementar la cantidad de usuarios de tarjetas o el número de transacciones.

Además, habló de una “paradoja” porque “somos el país con comisiones más bajas, pero también tenemos la carga impositiva más alta”, por lo que propuso hacer foco en el tema impositivo.

Hugo Flores, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada, coincidió en que las tarjetas en Argentina cobran los aranceles más bajos de la región, y sin embargo hay cada vez menos usuarios y menos transacciones.

“Cada vez que metemos la mano en el motor, nos rinde menos kilometraje, y nuestro motor está al límite”, graficó, y añadió: “Los proyectos tienen la mejor intención del mundo, pero van a lograr el efecto contrario”.

Del encuentro también participaron Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco; Alejandra Ruiz, del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirsztein, de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo.