Los senadores del FdT, más el aliado Alberto Weretilneck, dieron despacho a proyectos sobre reintegro impositivo para la adquisición de taxis, exención de Ganancias en concepto de guardias para el personal de salud y acceso a cuenta corriente de entidades sin fines de lucro.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen favorable este martes a tres proyectos de ley, dos de ellos que ya cuentan con media sanción de Diputados. A la reunión pegaron un nuevo faltazo los senadores de Juntos por el Cambio, aunque recién en el final se hicieron presentes Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Pablo Blanco (UCR).
En el encuentro, en el que estuvieron los senadores del oficialismo y el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN), se trató en primer lugar una iniciativa sobre reintegro impositivo para la adquisición de taxis. “Es un proyecto muy demandado, por lo tanto espero que podamos aprobar el dictamen en esta reunión para luego ser tratado ya en el recinto”, expresó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT).
La iniciativa, aprobada en junio pasado en la Cámara baja, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional”.
Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.
El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.
Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.
El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.
El proyecto fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.
Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.
También establece que la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos.
Por otra parte, se dio despacho al proyecto que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para profesionales y auxiliares que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias.
Al respecto, el senador Pablo Yedlin (FNyP-FdT) señaló que este “es un tema complejo” porque “definitivamente los sistemas de salud dependen de su recurso humano, y más allá de la tecnología, la infraestructura o el equipamiento, la atención médica tiene que ver con la presencia” de los profesionales.
“En un país como el nuestro, tan extenso y muchas veces tan inequitativo, hay una distribución muy despareja de su recurso humano”, resaltó e indicó que la OMS recomienda “cuatro médicos cada mil habitantes”. “La Ciudad de Buenos Aires tiene 16 cada mil habitantes, pero la gran mayoría de las provincias, les diría todas, salvo Santa Fe y Córdoba, están por debajo de cuatro, y Santa Fe y Córdoba están en cuatro”, precisó el presidente de la Comisión de Salud.
Finalmente, el tucumano sostuvo: “Lo que estamos haciendo es darle una herramienta al sistema de salud para poder usar de la mejor manera posible el escaso y crítico recurso humano”.
En tanto, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) consideró que este es un proyecto “para que los médicos tengan un ingreso suficiente y la tranquilidad de poder trabajar y no tener costos que le impidan hacer su trabajo en forma tranquila”.
A través del texto se modifica el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, de modo de establecer la exención en “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados ubicados en zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales”.
Asimismo, “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de salud, siendo la prestación realizada en centros públicos o privados de todo el territorio nacional, que excedan el número de cuatro guardias mensuales de 24 horas, realizadas por el trabajador o la trabajadora”.
“El beneficio de este apartado debe indicarse, en el recibo de haberes correspondiente al sujeto que tenga a su cargo el pago de la remuneración y/o la liquidación del haber, identificándolo con la leyenda ‘Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud’”, establece el proyecto.
Finalmente, pasó a la firma un proyecto que busca garantizar el acceso a una cuenta corriente para entidades civiles sin fines de lucro, libre de costos de apertura y mantenimiento. Guerra lo calificó como “un proyecto muy útil” para las entidades que “son tan importantes en nuestra sociedad y contienen a tantas personas en nuestros entornos”. Se trata de instituciones religiosas, cooperativas de trabajo escolares, entidades de bomberos voluntarios, clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados, enumeró.
“Es una ley simple pero muy interesante y valiosa”, dijo el oficialista, que explicó les permitirá “tener un ordenamiento en sus administraciones y que los fondos que reciben, muchas veces de donaciones, tengan una trazabilidad”.
Autor de la iniciativa, el senador Pablo Bensusán (FNyP-FdT) reveló que nació “de la inquietud de las asociaciones civiles sin fines de lucro que existen en las localidades más pequeñas de las provincias argentinas”, a quienes además de requerirles que tengan la personería jurídica también se les solicita una cuenta bancaria. “El costo se les torna bastante engorroso” ya que “tienen poco aporte de socios, porque en su mayoría son voluntarias o benéficas”, explicó el pampeano, que destacó que “estas entidades llegan muchas veces donde el Estado no llega”.
“Es un reconocimiento a estas entidades y una mano más que les podemos dar desde la legislación”, afirmó y completó diciendo que a las entidades financieras “no les va a significar absolutamente nada en sus ingresos”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda llevó a cabo el debate de la iniciativa, que viene con media sanción de Diputados, cuyo objetivo es fomentar “la modernización del servicio, así como la industria automotriz nacional”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) debatió este miércoles el proyecto de ley que crea el régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, pero tras varios cuestionamientos por parte de la oposición, se determinó que volverán a tratarlo en comisión.
La reunión se realizó en el Salón Arturo Illia, donde también se analizó un proyecto de comunicación que solicita informes sobre la explotación de litio en el país, iniciativa del senador por Catamarca, Flavio Fama (UCR).
Según la norma, el objetivo principal es fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz” y plantea un “reintegro por el equivalente a las sumas abonadas en concepto de IVA e Impuestos Internos por la adquisición de nuevas unidades”, destinadas para tal fin.
“Los vehículos son elegibles para este régimen de beneficios según tengan componentes nacionales. En el caso de los adquiridos hasta el 31 de diciembre del 2024 tienen que tener como mínimo un 20% de componentes nacionales y cuando son comprados posterior a esa fecha y hasta el 31 de diciembre del 2028 tendría que tener un 30% de componente nacional”, indicó Guerra y remarcó que “tiene que ser una ley distribuida proporcionalmente en todo el territorio del país en función de la cantidad de taxímetros que hay en las ciudades”.
A su turno, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), preguntó: “El artículo 1 establece un reintegro impositivo que es el impuesto al IVA y el impuesto interno al precio de contado, ahora ¿es solo para los taxis o también están incluidos los remises?”. En segundo lugar, planteó: “Está claro que tiene que ser con un contenido mínimo nacional, pero con respecto al articulo 5 con la distribución federal quisiera saber si tenemos una cuantificación de cuántos taxis hay en las provincias. ¿Cómo se establece este criterio de distribución? porque no en todas las provincias hay taxis”.
La oposición solicitó tener el costo fiscal de los reintegros sobre los fondos coparticipables que cada provincia dejará de percibir, “ya que en el proyecto no está escrito” y, también, cómo se incorporarán a la norma, los remises que no usan taxímetros, ya que, son muy utilizados y superan al número de taxis existentes en el interior.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa -que recibió media sanción de la Cámara baja por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional”.
Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.
El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.
Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.
El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.
El proyecto aprobado fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.
Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.
También establece que la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda será la encargada de llevar a cabo el debate de la iniciativa que viene con media sanción de Diputados, cuyo objetivo es fomentar “la modernización del servicio, así como la industria automotriz nacional”.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) se abocará al tratamiento del proyecto de ley que crea el régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
La reunión está prevista para el próximo miércoles a las 16 en el Salón Arturo Illia, luego de un plenario que mantendrá con la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte. También se analizará un proyecto de comunicación que solicita informes sobre explotación de litio en el país.
¿Qué propone el proyecto?
La iniciativa -que recibió media sanción de la Cámara baja por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones. crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional”.
Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.
El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.
Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.
El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.
El proyecto aprobado fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.
Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.
También establece que la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos.
El texto recibió media sanción de la Cámara baja por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones. Qué beneficios contempla.
La Cámara baja aprobó por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones un proyecto sobre reintegro impositivo para la adquisición de autos para el servicio de taxis.
En primer lugar, la impulsora del proyecto, la porteña Mara Brawer (FdT) destacó que la iniciativa “busca incentivar a un sector en crisis”. “Los beneficios impositivos son una herramienta que posee el Estado para promover el progreso y la inversión en sectores que vieron afectada su actividad por diferentes motivos”, señaló.
“Hoy en nuestro país hay más de 100 mil taxis habilitados, pero de los cuales están trabajando menos de 80 mil”, precisó la oficialista, que explicó luego los puntos centrales del dictamen.
Brawer resaltó que “la enorme criticidad del sector” se debe “por un lado, a la crisis económica de la pandemia del gobierno anterior; por otro, por la pandemia de la salud que vivimos en los últimos dos años; y también por el furor y la aparición de las aplicaciones en esta avergonzante competencia desleal”.
“El taxi es el único servicio de transporte público que no recibe ningún apoyo del Estado”, enfatizó la legisladora, que defendió que este proyecto “nos beneficia a todos, porque un taxi renovado es un taxi seguro”. “Los taxis son parte de la cultura popular de nuestro país”, ponderó y agradeció a “las asociaciones de taxistas de todo el país por su enorme lucha”.
A su turno, la bonaerense Vanesa Siley coincidió en que “la pandemia afectó muchísimo la actividad”, pero “otro factor fue la competencia desleal”, que comenzó antes de la pandemia. En ese sentido, detalló que el patentamiento, la compra de autos 0km., bajó un 8% en 2018 y descendió en un 45% en 2019, recién repuntando en 4% en 2021.
Para la oficialista, el costo fiscal de esta iniciativa “es cero, porque no se están comprando autos. Y el IVA que se reintegra nadie lo estaba pagando por el momento”.
“Uber aterrizó en el año 2016 de la mano de (Mauricio) Macri“, recordó, y cuestionó que estas plataformas -que ya son alrededor de cinco- “no pagan impuestos, evaden absolutamente, no cumplen ninguna norma argentina. Luego destruyen a la industria regulada de los taxis y de esa manera, cuando monopolizan el mercado, suben todos los precios, empieza la fiesta de la remarcación de precios”.
Al expresar su apoyo a la iniciativa, la correntina Ingrid Jetter observó que “es un proyecto incompleto, debería ser más amplio” porque “en el interior hay taxis, pero no tantos”. En esa línea, la macrista recordó que en la discusión en la comisión pidió que “se incluyan a los remises y a los transportes escolares, que fueron los más perjudicados en la pandemia”.
Al mostrar un cuadro sobre las habilitaciones de autos en la ciudad capital de Corrientes, la legisladora precisó que 11% fueron taxis, mientras que “un 64,7% son remises”. “Nos hubiera gustado a muchísimos legisladores del interior que los conductores de remises también tuvieran estos beneficios”, insistió.
En el cierre del debate, que fue breve, el diputado salteño Carlos Zapata consideró que con esta iniciativa el oficialismo está reconociendo “a la presión fiscal como un grave problema que entorpece la actividad económica”, al “quitar impuestos para que sea más accesible la renovación de las unidades”.
“Es una medida proactiva”, sostuvo el legislador del monobloque Ahora Patria, dentro de Juntos por el Cambio, y celebró que será un “beneficio para la industria automotriz” que tiene una “capacidad instalada del 56%”. No obstante, aclaró que “el alcance de la ley no va a llevar a que se posibilite una baja de tarifas para que este beneficio llegue también al ciudadano”.
Qué propone el proyecto
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio así como la industria automotriz nacional”.
Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.
El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.
Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.
El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.
El proyecto aprobado fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.
Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.
Antes de pasar a la votación, se aceptó una incorporación propuesta por el radical Víctor Hugo Romero para que se establezca que “la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos”.
La reunión incluye proyectos como el beneficio para la adquisición de taxis; la creación de tres Parques Nacionales; asignaciones a industrias culturales y capacitación en la cuestión Malvinas.
Convocada por el oficialismo y bloques aliados originalmente para las 11 de la mañana, la sesión especial de este miércoles se postergó para el mediodía, y terminó iniciándose a las 12:20, con el fin de aprobar el proyecto impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos.
La reunión se lleva adelante una semana después de aquella convocada por la oposición para tratar la implementación de la Boleta Unica de Papel para votar, y teniendo en cuenta que en esa oportunidad se acordó postergar homenajes y cuestiones de privilegio para esta semana, se descuenta que ese tema llevará un buen tiempo este miércoles.
En el caso de la iniciativa de alivio fiscal, la misma ajusta los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
El proyecto propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Si bien el oficialismo se alzó con un dictamen de mayoría en la reunión de comisión, desde la oposición el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) había adelantado que, de no realizarse modificaciones en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
Otro de los proyectos a debatirse es el impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes. Asimismo, la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos.
Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%.
El dictamen de mayoría establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, creado por la ley 20.630 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.
Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.
El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.
La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.
Tres son los proyectos que tratan sobre la creación de nuevos Parques Nacionales. Se trata de los parques Islote Lobos, en Río Negro; Ansenuza, en la provincia de Córdoba; y la aceptación de la transferencia de jurisdicción por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del Parque Pre-Delta.
Una de las iniciativas establece la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.
El otro proyecto tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
El tercer proyecto tiene como objetivo crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública. en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación. El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.
En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.
Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.
El otro proyecto propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.
El proyecto impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer fue debatido en el seno de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja y pasó a la firma el dictamen.
En el marco de la sucesión de temas que se analizaron este martes en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, uno de los proyectos consensuados fue el que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
La iniciativa corresponde a la diputada del Frente de Todos Mara Brawer (CABA), quien al defenderlo recordó que la misma tuvo dictamen en noviembre del año pasado y cosechó entonces las firmas de todos los legisladores, por lo que esperaba que ahora también resultara de esa manera.
Al hablar del proyecto recordó que el mismo alcanza a todas aquellas personas físicas y jurídicas para la compra de autos con el fin de usarlos como taxis. “A los 7 días hábiles de la compra del auto, se les reintegra tanto el IVA, como el impuesto automotor”, indicó al hacer referencia al eje de la ley.
Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes, detalló Brawer.
Asimismo la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos. “Sería importante para apoyar esta actividad que las provincias adhieran a esta ley y reintegren los impuestos locales”, acotó.
A continuación, Mara Brawer destacó que todos “vivimos cotidianamente” lo que sucede con los taxis al menos en esta Capital. E hizo referencia a una nota publicada precisamente este martes en el diario La Nación, donde se hacía referencia a una persona que contaba que había estado más tiempo esperando un taxi que lo que le había llevado el vuelo para llegar a Buenos Aires. Atribuyó los problemas que vive el sector a “la gran crisis económica de 2015-2019; luego vino la pandemia y también aparecieron las plataformas”.
Al respecto advirtió que “durante 14 años Uber trabajó a pérdida, con la intención de hacer dumping: arruinar a su competencia para imponerse en el mercado”. Y comentó a modo personal que el fin de semana había tomado uno que le salió 730 pesos. “Cuando quise volver, no conseguía ni uno, y las plataformas me querían cobrar 2.200 pesos para el mismo viaje”, ejemplificó.
Comentó luego que para renovar en 2019 un taxi tipo standard, costaba 750.000 pesos; ahora salen $2.500.000… “No hay forma de acceder a la compra de un auto -concluyó-. Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%”.
Brawer habló en otro pasaje de “competencia desleal”, señalando que “en CABA teníamos hace 4 años 40 mil licencias; ahora hay 26 mil, y en la calle solo 15 mil taxis funcionando”. Así las cosas, sostuvo que “esta ley no solo va a beneficiar a los taxistas; también al resto de los argentinos. Como no se pueden comprar autos nuevos, ahora estamos viajando con autos que tienen 10, 12 años de uso, cuando antes el promedio era de 4 años”.
Y sintetizó: “Esta ley es beneficiosa para un sector como el de los taxistas; para la población por la calidad del servicio que recibirá, y será un estímulo para la actividad automotriz, al preverse la compra de 10 mil autos por año”.
Como cofirmante del proyecto, el titular de la comisión, Carlos Heller, acotó que “en la práctica esto no va a tener costo fiscal, porque hoy (los taxistas) no están cambiando los vehículos, así que es una ficción el cálculo del costo fiscal. Son unidades que hoy no se renuevan, y si se renuevan 10 mil, eso va a generar trabajo; no va a haber una pérdida de ingresos fiscales, porque hoy los taxistas no están renovando las unidades”.
A continuación, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas (Santa Fe) quiso saber por qué se trata de un reintegro y no de una exención, que a su juicio “sería más beneficiosa para los compradores, ya que no tendrían que pagarlo y después recibirlo”. Su inquietud encontró apoyo de parte de diputados como el radical mendocino Lisandro Nieri. La explicación de Heller fue que la verificación tiene que ver con evitar que “haya irregularidades”.
A su turno, la diputada del Pro Ingrid Jetter (Corrientes) expresó su apoyo a la iniciativa y celebró que el Frente de Todos estuviera impulsando una iniciativa para bajar impuestos. Eso es, a su juicio, “lo que necesita la Argentina en todos los rubros”.
Con todo, apuntó que le parecía una iniciativa “muy de Buenos Aires”, que atendía un problema que se está viviendo en la Ciudad, pero aclaró que “de todas formas es positivo”. Además dijo pensar que “necesitaríamos devolver el IVA y sacar impuestos internos a todos los argentinos, porque todos usamos es el vehículo para ir a trabajar”.
A continuación, hizo un pedido: “Solicito una mirada más federal, que incluya remises y transportes escolares”. En ese sentido recordó que en su provincia “taxis hay muy pocos; lo que usamos todos es remises y debe pasar en todo el interior”. Por eso pidió extender el beneficio a los que usan los autos para remises y también a los transportes escolares, “que han sido los más damnificados en pandemia. Votamos un beneficio que nunca les llegó”.
La propuesta de Jetter encontró apoyo del diputado oficialista Sergio Casas (La Rioja) y del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, pero no hubo ninguna respuesta en ese sentido que sugiriera que se atendiera esa inquietud.
La nueva ley de VIH, una iniciativa de fomento a las industrias culturales y otra para impulsar la renovación de la flota de taxis avanzaron este miércoles.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller, se reunió este miércoles por más de tres horas y avanzó en un diverso paquete de proyectos.
Además de despachar la iniciativa sobre industria del cannabis medicinal y el cáñamo, la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, y la ley de envases -éstas dos últimas solo con apoyo del oficialismo-, los legisladores dieron aval a otros cinco proyectos.
Nueva Ley de VIH
Ya con dictamen previo de la Comisión de Salud, se avaló en Presupuesto y Hacienda la iniciativa que propone una nueva Ley de VIH, que incorpora además a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Además de mantener la garantía del tratamiento en forma gratuita para todos los pacientes, el proyecto incluye nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades, entre sus principales puntos.
La diputada Carolina Gaillard (FdT), quien presentó el proyecto, destacó que el mismo “fue de autoría de las organizaciones de la sociedad civil”. Explicó que se busca derogar una ley de los ’90 que tuvo una mirada “biologicista”, mientras que ésta actualización contempla “una perspectiva de derechos humanos”.
Con reparos, el diputado Luciano Laspina (Pro) aclaró que no tenía “ninguna objeción sobre el cuerpo general”, pero “cada vez que uno legisla o aprueba un gasto de alguna forma se financia y de algún lado tiene que salir”, apuntó.
“Nuestro sistema previsional está atravesado por una crisis, en un amplio déficit”, advirtió y consideró que “tenemos otra vez una suerte de régimen previsional especial”, en alusión a lo que fue el régimen de jubilación anticipada para viñateros, sancionado recientemente. Entonces, pidió la vuelta a asesores y que “la Oficina de Presupuesto pueda evaluar el costo fiscal”.
Pero Gaillard respondió que previamente fue enviada a la ANSeS “una consulta sobre la viabilidad de la norma” y, desde el organismo, “se respondió de manera favorable, dado que estamos hablando de un grupo muy pequeño de entre 10 mil y 15 mil personas”. También, puntualizó que el beneficio previsional que se contempla, lo recibirán “solo aquellos que no tengan trabajo o que trabajen en relación de dependencia pero no cobren más de dos Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
En el final de la reunión se informó que el dictamen recibió 33 firmas a favor y cinco disidencias.
Fomento a las industrias culturales
Otro de los proyectos que se avaló -con dictamen de mayoría por parte del oficialismo- fue el presentado y defendido por el diputado Pablo Carro (FdT) que extiende por 50 años el fomento de industrias culturales a partir de los fondos de asignaciones específicas de ciertos impuestos.
El cordobés explicó que se trata de “el gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo, concursos o pronósticos deportivos, que va a bibliotecas populares y al Fondo Nacional del Teatro; el impuesto a las entradas de cine y videogramas grabados, para el fondo de fomento cinematográfico; impuestos a servicios de comunicación audiovisual, que van a fondos para el INCA, para RTA, ENACOM, Defensoría del Público”, entre otros. Y enfatizó que se trata de “poder darle previsibilidad a un sector clave de nuestra cultura argentina”.
Desde Juntos por el Cambio, Laspina, vicepresidente de la comisión, objetó que “los impuestos de asignación específica son creados ad hoc” y no son coparticipables, por lo que “empiezan a acumular recursos que nadie controla y van a parar a presupuestos que nadie controla”.
“Deberían ser excepciones y, como lo prevé la Constitución, situaciones transitorias. No impuestos permanentes, y menos prorrogables a 50 años”, expresó y cuestionó: “Es una irracionalidad fiscal y conceptual enorme”.
En el final del encuentro, Heller informó que el dictamen de mayoría reunió 27 firmas, solo del oficialismo.
Ayuda a los taxis
Con aval del oficialismo y la oposición, recibió un fuerte apoyo un proyecto para crear un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, impulsado por la diputada Mara Brawer (FdT).
Al defender su propuesta, la oficialista manifestó que esta actividad “ha vivido varios golpes, varias pandemias”, entre las que mencionó “la crisis del macrismo”, el ingreso de aplicaciones y la pandemia.
“Desde 2016 a 2020 el poder adquisitivo de la tarifa de taxis perdió un 80% en relación a la inflación”, apuntó y dijo que actualmente “tenemos taxis circulando con más de 14 años, producto de la crisis del sector”.
Este régimen, al que se invita a las provincias a adherir, prevé el reintegro a los impuestos nacionales -por el plazo de seis años- a todos aquellos que compren un taxi, explicó Brawer, y agregó que los vehículos que se compren deberán contener “entre un 20% y 30% de producción nacional”. “La ley calcula que se renovarán 10 mil autos por año bajo este régimen”, completó la legisladora.
Además, obtuvieron dictamen un proyecto para crear el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar; y otro para declarar Monumento Natural a la especie animal conocida como “Águila Coronada” (buteogallus coronatus).
El ministro y el candidato analizaron junto a los representantes sindicales la situación del sector y trabajaron en una agenda en común que va desde la regulación de las aplicaciones hasta la posibilidad de otorgar créditos para ayudar a la renovación de unidades.
El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Juan Manzur, y el candidato a diputado nacional Leandro Santoro por el Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires se reunieron este miércoles en el Salón de los Científicos de Casa Rosada con representantes de los gremios de taxis de la ciudad para conversar sobre las problemáticas que aquejan al sector y desarrollar una serie de medidas dispuesta a paliar la situación.
“No hubo ningún tipo de asistencia o apoyo, ni para renovar los vehículos ni para contar con precios más accesibles en relación a sus costos”, afirmó el legislador porteño. Asimismo, destacó que “es la única actividad de transporte que no recibe ningún tipo de subsidio”, y agregó que “sus representantes están muy preocupados porque de 35 mil licencias que había el año pasado, hoy hay 20 mil, lo que significa que mucha gente se ha descapitalizado y que se han perdido fuentes de trabajo”.
El candidato del FdT manifestó: “Nos juntamos con todos los sectores que integran la cadena del taxi para tratar de resolver el conflicto que se viene generando en la ciudad desde hace, por lo menos, tres años a partir de la aparición de aplicaciones que compiten deslealmente con el taxi, además de la falta de apoyo y asistencia que tuvo el sector en la Ciudad durante la pandemia”.
Consultado por las elecciones de este domingo, Santoro hizo hincapié en que “si no hubiese sido por el Gobierno nacional, en la Ciudad de Buenos Aires hubiesen cerrado más pymes y más comercios, porque no hubo ninguna política de apoyo a esos sectores ni defensa del empleo”.
“Para seguir apuntalando el programa de crecimiento económico que se empieza a ver ahora con la salida de la pandemia se necesita continuar con el apoyo al modelo que privilegia la producción, el consumo y el empleo por sobre la especulación financiera. El próximo domingo no solamente se definen diputados sino modelos de países”, concluyó el candidato a diputado.
Durante el encuentro, los delegados de los gremios le acercaron al jefe de Gabinete una serie de medidas que van desde la necesidad de regular las aplicaciones, hasta la posibilidad de otorgar créditos para ayudar a la renovación de unidades.
Por parte de los gremios, estuvieron presentes Julio Munch y Javier Borque, de Taxistas Unidos y Organizados (TUYO); Jorge García y Miguel Soto, del Sindicato de Peones de Taxi (SPT); José Ibarra y Jorge Ríos, del Sindicato de Conductores de Taxi; Luis Fernández y Alberto Rodríguez, de la Asociación Taxistas de Capital (A.T.C); Jorge Celia y Julián Amado, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT) y Ada Veiga Ricco, vicepresidenta de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis (F.N.P.T).
De esta manera, se extendió por dos años la vida útil de los vehículos destinados a prestar este servicio. “Esta modificación es sin dudas trascendental porque resulta en un alivio para el sector”, aseguró la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García.
Debido a la crisis que atraviesa el sector a causa de la pandemia del coronavirus, la Legislatura de la Ciudad aprobó una iniciativa que dispuso la extensión extender por dos años más la utilidad de los vehículos destinados a taxis, que hasta el momento tenía un límite de antigüedad de seis años y fue ampliado a ocho años.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (VJ), explicó que “esta modificación es sin dudas trascendental porque resulta en un alivio para el sector de taxis que siempre cumple un rol esencial y en pandemia mucho más” e indicó que “viene a facilitar el recambio de las unidades en este contexto económico desfavorable producto de la emergencia sanitaria”.
De esta manera, la norma ahora establece que para obtener la licencia y comenzar a funcionar, el vehículo deberá ser 0 km; para la renovación o cambio de material, el auto no podrá exceder la antigüedad de ocho años; y en caso de robo o destrucción total, la unidad de reemplazo sólo podrá ser un año más antigua que la que se sustituye
También con despacho de la comisión de Tránsito y Transporte, se aprobaron modificaciones al Código en esa materia, en su parte referida a las definiciones de vehículos de dos ruedas y otros, con el propósito de incorporar a los rodados con motores eléctricos y establecer también el otorgamiento de licencias a sus conductores de esas unidades.
Fue durante la sesión ordinaria de este jueves. Los diputados ratificaron un DNU de Horacio Rodríguez Larreta que extiende la validez de las licencias de los taxis y amplia por dos años el periodo de recambio de los vehículos escolares.
Debido a la extensión del aislamiento social por la pandemia del Covid 19, la Legislatura de la Ciudad ratificó con 57 votos a favor y uno en contra de la diputada Marta Martinez (AyL) abstenciones un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a través del cual se extendió el plazo de vencimiento de las licencias de los taxis.
Cabe señalar que la misma se trata de una nueva prórroga de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio y a la postergación de plazos de vencimientos o vigencias de licencias de taxistas, carnés de conductores, otros registros afines y verificación técnica vehicular.
Durante esa misma sesión ordinaria, la Casa también sancionó con 52 votos positivos y cuatro abstenciones (de PO, PTS, FIT y AyL) la incorporación de una cláusula transitoria en el Código de Tránsito y Transporte para extender la vigencia de los micros escolares por un plazo de dos años.
De esa manera el texto plantea que “durante los años 2021 y 2022 no será de aplicación la antigüedad máxima de permanencia, autorizándose la continuidad de la prestación del servicio de transporte de pasajeros en vehículos escolares con modelos año 1998 y 1999” y establece que durante la vigencia de esa medida “podrán ingresar vehículos al servicio con una antigüedad máxima de 18 años”.
Al respecto de la medida, la presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte, Cristina García (VJ), indicó que “el servicio de transporte escolar cumple una función esencial, en marzo de este año había 1200 unidades activas pero por la pandemia del Covid 19 tuvieron que suspender sus actividades” y recordó que “luego se les dio la posibilidad de transportar a mayores de 18 años, para garantizar la movilidad de los trabajadores y que funcionaría como un paliativo para ellos”. Además manifestó que “renovar las unidades es importante pero en este contexto es muy difícil poder hacer ese recambió”.
Mientras que la diputada María Rosa Muiños (FdT) remarcó que “son soluciones, paulatinas y transitorias que obviamente no son soluciones definitivas, como sí lo son muchos de los proyectos que nosotros presentamos”.
La Legislatura porteña ratificó con 58 votos a favor y uno en contra un DNU del Gobierno porteño que extiende la validez de los registros cuyo vencimiento ocurra entre el 15 de febrero y 31 de octubre de 2020.
Debido a que el aislamiento social obligatorio se extendió por casi 150 días, la Legislatura porteña sancionó con 58 votos positivos y uno negativo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mediante el cual prorroga de manera excepcional por el término de un año, la vigencia de las licencias de conducir cuyo vencimiento opere entre los días 15 de febrero y 31 de octubre de este año.
Con esta medida, el período de extensión se computará a partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento presente en cada licencia y alcanza a los registros de transportes de taxis, remises, de escolares, vehículos al servicio de mensajería y delivery, y vehículos particulares.
La ratificación de este DNU contó con el acompañamiento de todos los bloques, salvo el de la diputada Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad (AyL).
Asimismo, durante esa misma sesión ordinaria, el Parlamento ratificó con 59 votos a favor y una abstención -también de AyL- otro decreto que suspende los plazos para la renovación de los automotores destinados a taxis, que no deberían tener más de diez años de antigüedad pero en 2019 se dejó sin efecto el cumplimiento de ese requisito por la crisis económica y en 2020 se propone un paliativo similar, en el marco de la pandemia y sus consecuencias.
El debate en el recinto
La presidenta de la Comisión de Tránsito y Transporte y diputada de Vamos Juntos, Cristina García, explicó que “este es un proyecto que da respuesta al pedido que nos acercaron asociaciones de taxistas, desde un principio tuvimos muy en claro que teníamos que legislar en función de un contexto que está siendo cada vez más difícil para todos” e insistió en que “nuestros taxistas han trasladados a los trabajadores esenciales, han llevado a casos sospechosos de Covid 19 y por todo esto es que es necesario que unamos nuestros esfuerzos. A pesar de que se los autoriza a no recambiar el vehículo, debido al difícil contexto económico, se les sigue exigiendo la VTV para que sigan brindando un servicio de calidad”.
En tanto Myriam Bregman (PTS) consideró que estas “son medidas parciales frente a la pandemia, deberíamos discutir lo que realmente está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y no estas cuestiones parciales”; mientras que el trotskista Gabriel Solano (PO) advirtió que “esta Legislatura tiene que discutir las responsabilidades del Estado, no las personales”.
Por su parte, el legislador del GEN Sergio Abrevaya aseguró que “los taxis vienen sufriendo hace años la dificultad de resistir los costos y la necesidad de trasladarlo matemáticamente a las tarifas” e insistió en que “cuesta mucho comprar una unidad, tienen un 40% de impuestos… todo el sector tiene una serie de dificultades que lo viene golpeando a lo largo de los años”.
A su turno el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) explicó que “la pandemia va a tener consecuencias en este tiempo y el futuro, la postergación de tramites va a generar en el futuro que los sistemas administrativos tengan el doble de trabajo que en un año común y se va a saturar el servicio” y remarcó que “deberían escalonarse los vencimientos de estos trámites”.
