Mientras el discurso oficial exalta el libre mercado, las empresas argentinas compiten en un escenario global profundamente desigual. Sin políticas industriales, financiamiento ni reglas que contemplen las asimetrías, la apertura económica expone al entramado productivo local a una competencia inclinada que amenaza su supervivencia.
La narrativa del libre mercado, tan promovida en los discursos oficiales, se enfrenta a una realidad global donde las reglas del juego están lejos de ser equitativas. Mientras Argentina desmantela sus mecanismos de protección industrial, otras naciones refuerzan activamente a sus empresas con subsidios, financiamiento estatal y políticas estratégicas. El resultado es una competencia desigual que pone en jaque a nuestras industrias clave.
El reciente caso de Techint es emblemático. La empresa argentina perdió una licitación de aproximadamente US$203 millones para proveer caños en un gasoducto de 480 kilómetros frente a la firma india Welspun, cuya oferta resultó cerca de un 40% más baja. Incluso tras reducir su propuesta a unos US$280 millones, la brecha seguía siendo cercana al 25%. Más allá de la lectura coyuntural, el dato expone un problema estructural: competir contra compañías respaldadas por esquemas de financiamiento estatal y políticas industriales activas no es libre competencia, es competir en un terreno inclinado.
En el plano digital, Mercado Libre —uno de los mayores casos de éxito empresarial de América Latina— comienza a enfrentar una presión similar con el avance de la plataforma china Temu. Desde su desembarco regional, el gigante asiático ha ganado usuarios con precios extremadamente bajos, campañas agresivas y beneficios logísticos difíciles de igualar. Detrás de ese modelo existe una escala productiva colosal y un ecosistema industrial sostenido durante décadas por planificación estatal. El impacto potencial no es menor: el comercio electrónico argentino depende en gran medida de miles de pymes que operan dentro de esta plataforma.
La paradoja es evidente. Mientras el debate local suele reducirse a “más mercado o más Estado”, las principales potencias económicas aplican modelos híbridos. Estados Unidos protege sectores sensibles mediante incentivos millonarios; la Unión Europea regula para evitar distorsiones competitivas; India subsidia exportaciones estratégicas; y China articula empresas y Estado con una lógica de expansión global. Pretender que las firmas argentinas prosperen sin herramientas equivalentes no es una muestra de modernidad económica, sino de ingenuidad.
Argentina necesita abandonar los dogmatismos y construir una estrategia inteligente de desarrollo.
Abrirse al mundo no debe significar desproteger su entramado productivo. Sin financiamiento competitivo, incentivos a la innovación y reglas que contemplen las asimetrías globales, el país corre el riesgo de transformarse en un simple mercado de consumo para bienes y plataformas extranjeras. La verdadera libertad económica no consiste en la ausencia del Estado, sino en su capacidad para garantizar que el talento, la inversión y la producción nacional puedan competir de igual a igual.
Andrés Vallone es analista y consultor político
La disputa por los tubos indios reabrió el debate sobre los costos locales, el peso de Techint en el entramado productivo y la tensión entre apertura económica y proteccionismo. Mientras el Gobierno aprovecha el conflicto para reafirmar su modelo, el clima empresario muestra señales de inquietud y la política se alista para una semana clave por la reforma laboral.
Carlos Fara
El “tubo” más famoso del mundo obviamente es YouTube. Pero en esta semana los que dieron que hablar fueron los tubos indios, abriendo el debate sobre los eventuales sobrecostos argentinos, el rol de Techint y su accionista principal, los negocios con el Estado, la apertura de la economía y la posibilidad de dumping. Todo esto le permitió al Javo subirse otra vez al púlpito digital y bajar línea sobre el nuevo modelo de país que quiere imponer. Para él, no hay vacas sagradas que se salven de su consideración, al estilo de lo que hicieron Néstor y Cristina en su momento, desde otro punto de vista. Lo que no cambia es el destinatario: con la jefa porque importaba y ahora porque produce acá a costos fuera de conveniencia.
Techint -que es una de las 100 empresas familiares más grandes del mundo y la única argentina entre las primeras 500- ya venía quejándose de los chinos. Quién tiene razón no es tema de esta columna, ya que la mirada siempre es desde la realpolitik. Pero, ¿qué tiene que ver este debate sobre la competitividad de una empresa argentina con la política? Mucho. Cuando uno de los jugadores grandes del mundo industrial se queja, muchos otros actores -no solo del rubro y no solo empresariales- toman especial nota. Algunos porque son aliados de intereses, otros porque están en la cadena valor, otros porque creen que les podría pasar lo mismo y otros porque comparten una mesa de poder. Por ejemplo, Galperín no dijo nada sobre el affaire de los tubos, siendo ultra mileísta, y en la misma semana se quejó del dumping chino apelando a la defensa de las PyMEs argentinas. Quizá el dueño de la principal plataforma de comercio on line cambió de ideología, o ve que están “pasando cosas”. Claro: advierte que las pequeñas y medianas empresas son las que llevan a cabo el 90% de las ventas dentro de Mercado Libre.
Si bien el mundo está cambiando a velocidad sideral a favor de las tecnológicas y desplazando a las industriales, Paolo Rocca no es la persona más rica del país, ni Techint está en el top 5 de Argentina, lo cierto es que el entramado empresarial, social y político que se desprende de un liderazgo, su voluntad de ejercerlo y su capacidad de activar a otros actores está más allá de los números y los rankings. Solo para tomar un dato del clima: la encuesta de expectativas del sector industrial manufacturero para el primer trimestre de 2026 indica una caída del 22,1% interanual del indicador de confianza y dio negativo todo el 2025. Este índice mide la opinión empresarial sobre cómo creen que será en materia de volúmenes de producción, nivel de los pedidos de clientes y niveles de stocks.
Pues los actores industriales -por muchas ramificaciones que tengan- han ido perdiendo peso real, lo cual no significa que eso se traduzca automáticamente en la percepción social. Es muy común que cuando se pregunta en los grupos focales qué debería hacer un gobernante -de cualquier nivel- para que haya progreso y más empleo, la respuesta más generalizada es “poner fábricas”, “que vengan más empresas”. Es muy raro que alguien diga abrir más comercios o emprendimientos agropecuarios. Es lógico: la opinión pública no siempre va de la mano con las tendencias históricas. Al final del camino, se agradecerá algún tipo de empleo, aunque no sea el ideal. Los trabajadores deberán adaptarse tarde o temprano, ¿no? Bueno, sí, pero… Trump ganó dos veces apelando a una mirada nostálgica del esquema productivo americano. Si no hubiese dicho: “Muchachos, están desfasados de la historia, mejor reconviértanse o abandonen la pelea”. Pero dijo otra cosa. Es un proceso complejo articular la orientación global con los imaginarios sociales. Ya tuvo este problema Macri.
Los tubos indios fueron la estrella de la semana, pero, como siempre, hay datos subterráneos que hacen advertencias. Hace dos meses dijimos en esta columna que lo más probable era que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella habría tocado un techo post 2 mediciones seguidas de fuerte recuperación. Efectivamente, no solo llegó a un cenit, sino que además en enero bajó. ¿Por qué? Porque la mayoría social dio un crédito acotado el 26-O, no un cheque en blanco, y las mejoras en el índice se verían en la medida en la cual el oficialismo empezase a satisfacer demandas pendientes, por ejemplo, recuperación salarial, mayor nivel de actividad y más empleo.
El índice, además, está 8% por debajo del mismo mes del año anterior. ¿Más bajo después de haber ganado la elección de medio término? Sí, porque la percepción en lo sociopolítico es compleja, no es una simple derivada de estadísticas objetivas (tampoco de la víscera más sensible del ser humano). Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor de la misma universidad creció en enero -con matices como ya lo comentamos la semana anterior- pero eso no incidió en el ICG.
Pero todo eso son minucias. Lo verdaderamente importante es que el BCRA lleva 20 ruedas comprando dólares, lo cual anualizado arroja una proyección de 14.000 palos. Eso hace que los brokers empiecen a confiar y baje el riesgo país a menos de 500 puntos. La salida al mercado de Ecuador con 413 puntos alienta las expectativas de que Toto también lo logre en el corto plazo. Bausili compra, pero dejó de esterilizar el 13 de enero, por eso aumentó la base monetaria, pero, ¿lo que vende uno lo compra el ministerio de economía para equilibrar? ¿Es verdad que el Gobierno decidió ser gradualista con la baja de la inflación? La Fed decidió no tocar las tasas porque no ve mal a la economía americana y entonces Wall Street hace un “fly to emerging markets”, lo cual favorece al león.
Esta semana se abren las apuestas por la ley de reforma laboral. Santilli está ofreciendo de todo a los gobernadores dialoguistas con tal de no modificar el proyecto original, el que sacudiría las finanzas provinciales en 2026. Terrenos fiscales, compensación de deudas, ATN, obras. ¿Y sobre la reforma en sí? Ah, de eso no se habla, pero con la mía no se metan.
La empresa fue seleccionada por Oldelval para construir un oleoducto de más de 200 kilómetros que elevará la capacidad de transporte del sistema desde Vaca Muerta. El proyecto, valuado en hasta US$400 millones, será estratégico para sostener el crecimiento productivo y las exportaciones de crudo.
Antes de quedar en el centro de la controversia por la licitación de caños para el proyecto de GNL que finalmente ganó la india Welspun, Techint obtuvo una adjudicación clave en la infraestructura petrolera de Vaca Muerta. La compañía fue seleccionada por Oleoductos del Valle (Oldelval) para encarar la construcción de Duplicar Norte, una obra estratégica para ampliar la evacuación del shale oil desde el norte de la formación.
El proyecto prevé la instalación de un nuevo ducto de 24 pulgadas y 207 kilómetros de extensión, cuya traza unirá la estación de bombeo de Auca Mahuida (Neuquén) con la de Allen (Río Negro). Con esta ampliación, la capacidad del sistema se elevará de 20.400 a 55.400 m³ diarios, un salto esencial para acompañar el crecimiento productivo del hub norte.
Además de cubrir una necesidad operativa inmediata, Duplicar Norte se integra a una hoja de ruta de mayor alcance que busca consolidar a Vaca Muerta como exportador neto de crudo. La nueva infraestructura convivirá con el sistema Duplicar Plus, inaugurado este año, y con el proyectado Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), abriendo múltiples rutas logísticas hacia refinerías y puertos.
Desde Techint destacaron en redes que la obra supone un desafío técnico de gran escala, que demandará coordinación entre ingeniería, planificación y ejecución. Mariano Rebollo, Oil & Gas Business Project Manager, señaló que el equipo ya está preparado para avanzar con tecnología de última generación y un enfoque riguroso en seguridad operativa.
La primera etapa del oleoducto está prevista para fines de 2026 y permitirá transportar 220.000 barriles diarios. En fases posteriores, la capacidad podrá ampliarse a 300.000 barriles y, hacia marzo de 2027, escalar hasta 500.000 barriles, descomprimiendo uno de los cuellos de botella más críticos de la cuenca.
Con una inversión estimada entre US$380 y US$400 millones, el proyecto se firmó bajo un esquema “ship or pay” con grandes operadoras —Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y GyP— que garantiza volumen, financiamiento y previsibilidad a largo plazo. El modelo se alinea con los incentivos previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para Ricardo Hösel, CEO de Oldelval, la obra responde de manera directa a la “explosión productiva” del shale, en un contexto en el que Vaca Muerta superó los 600.000 barriles diarios. El ejecutivo viene advirtiendo que la saturación del sistema vigente obliga a acelerar las ampliaciones para evitar descuentos forzados en el precio del crudo.
El proyecto también tendrá un impacto relevante en empleo y actividad regional: durante el pico de obra se requerirán alrededor de 850 trabajadores, dinamizando las economías de Neuquén y Río Negro a partir del primer trimestre de 2026.
La integración del nuevo ducto con Duplicar Plus y VMOS permitirá optimizar el flujo hacia Puerto Rosales y, a la vez, habilitar alternativas para refinerías locales o exportaciones desde Punta Colorada. Con el sistema expandido, Oldelval quedará en condiciones de transportar cerca del 80% del shale oil de la cuenca.
En términos macroeconómicos, la ampliación del sistema de transporte resulta decisiva para sostener exportaciones por entre US$6.000 y US$8.000 millones anuales. Al reducir restricciones logísticas, Duplicar Norte mejora la balanza comercial y refuerza el papel de Vaca Muerta como uno de los motores energéticos del país.
El grupo de Paolo Rocca evalúa denunciar a la india Welspun por presunto dumping, tras perder una licitación clave de 500 kilómetros de caños para un gasoducto estratégico. La oferta extranjera fue 40% más barata y abrió una fuerte disputa entre la industria local, las petroleras y el Gobierno.
La pulseada por la provisión de los caños para el nuevo gasoducto que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro está lejos de cerrarse. Aunque la licitación ya adjudicó la compra a la empresa india Welspun, el grupo Techint decidió avanzar con una investigación propia y analiza presentar un caso por presunto dumping ante las autoridades argentinas.
De acuerdo con fuentes del holding, la constructora de Paolo Rocca considera que la oferta de Welspun -un 40% más baja que la suya- habría sido posible solo mediante prácticas desleales de comercio. La compañía asiática ganó la compulsa con una propuesta cercana a los US$ 200 millones, lo que dejó fuera de juego a Tenaris, el mayor fabricante mundial de tubos de acero con y sin costura y principal proveedor del mercado argentino.
Techint sospecha que Welspun cotizó a precios “de dumping”, apoyada en tubos elaborados con chapa de origen chino y sin incorporar costos habituales para este tipo de operaciones. Entre ellos mencionan aranceles, tasa estadística por importaciones, fletes, gastos logísticos y portuarios, además de los costos financieros. Si estas variables efectivamente no fueron contempladas, argumentan, la oferta india se habría ubicado por debajo de los valores del propio mercado doméstico.
El grupo local afirma que su propuesta hubiera sido competitiva “en condiciones de competencia leal” y remarca el impacto productivo y laboral del negocio. Tenaris Siat emplea a 420 personas en la Argentina y estima que, por cada trabajador directo, se crean otros cuatro en su cadena de valor. Por eso, según fuentes cercanas, la empresa incluso ofreció igualar las condiciones comerciales de su rival para sostener la actividad industrial, a pesar de que no sería un negocio rentable. Este proyecto representa más del 60% del mercado local de tuberías.
La propuesta alternativa fue presentada por Rocca en una carta dirigida a Southern Energy (SESA), el consorcio encargado del gasoducto. El grupo está integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar LNG. Cerca del consorcio sostienen que la licitación fue transparente y que Welspun ganó por presentar “la oferta más barata” cumpliendo los requisitos técnicos. También señalan que la oferta de Techint habría incorporado sobrecostos y demoras en la entrega.
El caso ingresó en la órbita del Gobierno porque el gasoducto fue presentado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que le garantiza beneficios fiscales. En esa línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la adjudicación original y consideró que modificar un contrato ya otorgado dañaría la credibilidad del país ante los inversores. A su vez, ratificó que la oferta de Techint era 40% más cara.
En el conglomerado industrial de Rocca replican que, con los beneficios fiscales del RIGI, el Estado argentino estaría “financiando empleo en India y China”, en detrimento de la producción nacional. Y sostienen que la investigación por dumping seguirá adelante para intentar revertir un proceso que consideran perjudicial para la industria local.
La india Welspun se quedó con un contrato de US$ 200 millones para abastecer los tubos del nuevo gasoducto neuquino–rionegrino. Su oferta fue 40% más barata que la de Tenaris y terminó dejando al grupo Techint afuera en una obra estratégica para el futuro del GNL.
El grupo Techint quedó afuera de una licitación millonaria para la provisión de caños destinados a un nuevo gasoducto fundamental para el desarrollo energético de Vaca Muerta. El contrato, valuado en unos US$ 200 millones, quedó en manos de Welspun, un conglomerado industrial de origen indio que presentó una propuesta muy por debajo de la de Tenaris, la firma del holding que lidera Paolo Rocca.
La compra fue organizada por Southern Energy, el consorcio que integran YPF, Pan American Energy (PAE), Harbour Energy y Pampa Energía, y forma parte de un proyecto estratégico: un ducto de 500 kilómetros que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, infraestructura clave para el plan de producción, licuefacción y exportación de gas natural (GNL) por vía marítima.
De acuerdo con fuentes del sector, el precio terminó siendo determinante. La oferta de Welspun fue 40% más baja que la de Tenaris y, además, incluyó condiciones de pago más flexibles, algo que terminó inclinando la balanza en un proceso competitivo en el que participaron otras 15 compañías de China, Japón, España, México y otros países. Hubo intentos para que Techint ajustara su propuesta y se acercara al número ganador, pero la diferencia resultó imposible de compensar.
Con sede en Mumbai, Welspun es conocida globalmente por su presencia en el negocio textil, aunque desde hace años opera una poderosa división dedicada a infraestructura pesada. Allí es donde se ubica su producción de tuberías de acero de gran diámetro, con plantas y operaciones en Estados Unidos, Europa y Asia, y una presencia consolidada en proyectos de petróleo, gas y agua.
La derrota de Techint se produce en un contexto de mayor apertura comercial y creciente competencia para la industria nacional, especialmente en el sector energético. En los últimos meses, Paolo Rocca había advertido públicamente sobre lo que considera una situación de “competencia desleal”, apuntando sobre todo a la presión de las importaciones de acero chino. En esta ocasión, sin embargo, el desafío no vino de Asia oriental sino del sur asiático.
Desde el holding sostienen que sus precios se explican por la calidad premium del acero, su infraestructura logística en el país y los servicios de soporte que acompañan los proyectos de gran escala. Pese a este revés, el grupo mantiene una apuesta fuerte en Vaca Muerta: Tecpetrol, su brazo petrolero, invirtió cerca de US$ 1.700 millones el último año y proyecta desembolsar otros US$ 2.400 millones en desarrollos de shale e infraestructura asociada.
La petrolera tendrá una participación del 8,16% en el proyecto que lidera YPF y una capacidad de transporte, almacenaje y despacho de 40 mil barriles diarios.
Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint anunció su ingreso al Oleoducto Vaca Muerta oil Sur (VMOS), mediante un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) donde confirma que tendrá una participación accionaria del 8,1633% y una capacidad de transporte, almacenaje y despacho de 40 mil barriles diarios.
El documento señala que "Tecpetrol S.A. se ha incorporado como accionista de VMOS S.A. (“VMOS”), sociedad que se encuentra desarrollando el proyecto único de inversión denominado “Proyecto Vaca Muerta Sur”.
Además, sostienen "un porcentaje de inversión en base a su participación en el proyecto”, el cual prevé una inversión estimada de 3.000 millones de dólares y se financiará con financiamiento externo y en menor medida con aportes de capital de los socios.
Cabe destacar que la petrolera del Grupo Techint es la única entre las grandes que no formaba parte de la construcción del nuevo oleoducto, pero se negaba a confirmar la información.
La meta de la compañía es producir unos 120.000 barriles día dentro de tres años y si bien este ingreso al VMOS es con 40.000 barriles, el proyecto contempla otras etapas de ampliación.
Según las proyecciones del CEO de YPF, Horacio Daniel Marín la inauguración del VMOS se dará a mediados del 2026 con un despacho de 180.000 barriles día que aumentarán a 550.000 en 2027 y podrían llegar a 750.000 en 2028.
Fue a partir de una información en off que difundieron funcionarios del área de Desarrollo Productivo, que fue replicada desde el kirchnerismo y condenada por Cristina que consideró “muy doloroso” el accionar de “funcionarios del propio Gobierno”. La reacción de Alberto Fernández.
Lo que podría haber sido, sino un entendimiento, al menos un pacto de no agresión en el seno del Gobierno, pareció disiparse al día siguiente a partir de los tuits difundidos por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. O más precisamente, luego de una información en off difundida desde el Ministerio de Desarrollo Productivo tras el acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, que despertó la dura reacción del área de Energía que responde a la vicepresidenta, quien tras retuitear el mensaje expresó en otro posteo: “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”.
Si ya tenía apuntado Cristina Kirchner al ministro Matías Kulfas, ni pensar cómo debe estar ahora respecto de ese funcionario al que el presidente Alberto Fernández seguía sosteniendo. Hasta este sábado. Poco después de la serie de tuits que CFK se encargó de difundir, el presidente tomó la decisión de pedirle la renuncia al ministro cuya cabeza su vice reclamaba hacía tiempo.
Antes de confirmarse el pedido de renuncia a Kulfas, el presidente expresó su confianza en "la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del gasoducto Néstor Kirchner”.
Todo comenzó cuando desde el área de Energía salieron a replicar un off difundido desde ese ministerio a través del siguiente comunicado: “A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta”.
Y a continuación difundieron “la captura del mensaje en off distribuido desde el Ministerio de la Producción a distintos periodistas”, tal la transcripción del comunicado. La vicepresidenta retuiteó también ese mensaje.
¿Qué dice el mensaje del área de Kulfas? “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es IASA, con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA). La Secretaría de Industria debía intervenir más activamente en el tema pero el presidente de Ieasa Gerez dijo que si no respondían en el acto se caía la licitación y no llegaban con los tiempos. Y también adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina”.
Ese fue el mensaje de fuentes del área de Desarrollo Productivo, tras lo cual desde el área de Energía expresaron: “Esta vez el periodismo actuó correctamente consignando que se trataba de una información en off difundida desde el Poder Ejecutivo Nacional y encomillaron los textuales que aparecen en sendas notas de Infobae y La Nación”.
Luego llegó la respuesta a dicho mensaje en off, en el que aclaran respecto del tamaño de los caños que “este tema es estrictamente normativo pues está establecido” en las normas, y aclaran que “una condición previa para proceder a definir los espesores necesarios es determinar la clase de trazado del gasoducto”.
Tras una serie de consideraciones técnicas, señalan que la información difundida desde el ministerio “carece de conocimiento técnico y más precisamente del proceso licitatorio llevado adelante”. Puntualizan luego las características de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y que previo a iniciar el proceso licitatorio “Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara qué empresas podían cumplir con dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT SA cumplía. Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubieron consultas realizadas por 6 empresas, pero luego solo SIAT SA presentó oferta”.
“Se desconoce en el rubro a la Empresa Laminados Industriales SA”, aclara además Energía Argentina.
Luego se refieren a la adquisición de válvulas, y puntualmente al párrafo en el que se expresa que “adjudicaron la provisión de válvulas a una empresa importadora en lugar de a un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional”.
“Este punto no merece mayores aclaraciones”, rechazan desde Energía, puntualizando que el proceso licitatorio para las válvulas todavía se encuentra abierto y lo van a declarar “fracasado” debido a que ninguna de las ofertas recibidas cumplen con los plazos de entrega solicitados.
“No solo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones”.
Se trata de un proyecto de modificación del Código Civil y Comercial para que no prescriban las acciones civiles por este tipo de delitos. El debate pasa a Diputados.
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves por unanimidad un proyecto de ley para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.
El texto modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y el 2.560, y deroga además el último párrafo del artículo 2.561.
La iniciativa fue presentada por Cristina López Valverde (Frente de Todos) a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.
En ese fallo, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti resolvieron por mayoría que los reclamos patrimoniales prescriben incluso cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, mientras que Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti opinaron lo contrario.
“Si desde el punto de vista penal los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, también lo tiene que ser el resarcimiento desde el punto de vista civil. Sin embargo, esto no pareciera estar tan claro en el Código Civil y Comercial, aunque sí esté en su espíritu”, explicó la autora del proyecto.
López Valverde destacó que con la futura ley “no habrá tiempos ni plazos que puedan impedir” esta reparación, y vinculó la iniciativa a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia como “una política de Estado que hay que preservar”.
La exmandataria recomendó este domingo un artículo de Página 12 titulado “La conducción política del poder económico”.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner ponderó este domingo un análisis económico que recomendó desde las redes sociales.
Se trata de una nota del periodista Alfredo Zaiat publicado en Página 12, titulado “La conducción política del poder económico”, y refiere a la convocatoria del jueves pasado del presidente a los empresarios del Grupo de los 6 para sumarlos a “la construcción de la nueva normalidad económica, que deje atrás el capitalismo neoliberal hegemonizado por las finanzas globales”.
“No es probable que quieran ser parte de esa tarea más allá del gesto de acompañarlo en el acto del Día de la Independencia”, aclara el periodista.
“El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse”, apuntó la exmandataria en su tuit.
Zaiat apunta que “casi todos los integrantes del bloque de poder concentrado están cada vez más alejados del destino del mercado interno, operan en áreas monopólicas o con posiciones dominantes y están subordinados a la valorización financiera de sus excedentes, los cuales en gran parte son dolarizados y fugados”.
“Es un poder económico conservador, ideologizado al extremo y contaminado de los lugares comunes de la ortodoxia económica, además de ser conducido políticamente por los grupos Techint y Clarín”. Sobre el primero, Zaiat señala que emprendió un proceso de trasnacionalización en las últimas décadas, “opera en sectores con cuasirrentas monopólicas y millonarios subsidios fiscales” y se alinea de ese modo “con la estrategia económica y global de la potencia declinante, Estados Unidos”.
Destaca que a lo largo de décadas, “las fabulosas ganancias obtenidas en el mercado argentino” fueron utilizadas en gran parte para financiar la expansión internacional. Y agrega que durante las últimas dos décadas las inversiones de ese grupo en Argentina “han sido marginales respecto de las destinadas al crecimiento de su negocio internacional”. Agrega que “para Techint el salario es un costo y no un factor dinámico del mercado interno. Por eso postula un modelo económico de tipo de cambio elevado, puesto que por esa vía reduce el costo salarial al tiempo que beneficia su salida exportadora”.
Sobre Clarín, señala que se ha consolidado como un conglomerado de telecomunicaciones luego de conseguir desembarcar en Telecom “gracias a la flexibilidad regulatoria dispuesta por el gobierno de Macri”.
“Desde la última dictadura militar y con cada uno de los posteriores gobiernos democráticos, con la excepción de los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, Clarín consiguió capturar eslabones de su negocio para construir un gigante del sector de las telecomunicaciones”, puntualiza el artículo de Página 12, que agrega que “las manos vacías en esos ocho años es una de las posibles respuestas a los motivos de los persistentes embates contra CFK y su familia que diariamente lanza desde su extenso dispositivo de medios”.
Para Zait, “ambos grupos ya no tienen como base de su propia expansión la necesidad de un modelo económico desarrollista”. A su juicio, “el caso de Clarín es más evidente y el brusco giro de la línea editorial tuvo su bisagra en el conflicto con un sector del campo por las retenciones móviles en 2008”. Sostiene que “el análisis económico de sus canales de difusión fue mudando del desarrollismo hacia un modelo aperturista, de privilegio a la producción de materias primas agropecuarias y de predominio de las finanzas”. Un viraje conceptual que a juicio del autor explica “su actual posicionamiento en el cuadrante de la derecha del espectro ideológico de medios de comunicación”.
Tras atribuirle a Clarín una campaña “anticuarentena” señala que junto con Techint “no son solo la expresión de la derecha empresaria por ser antiperonista o por la obsesión patológica con CFK y la letra K. Son más que canales de esa manifestación política a través de cámaras empresarias o de una red de medios. Ambos se han convertido en la conducción política de ese espacio ideológico, fundamentalmente porque les resulta funcional para la defensa y la aspiración de continuar expandiendo su base material”.
La iniciativa surgió por un fallo de la Corte que denegó una indemnización a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura.
La Comisión de Legislación General del Senado, que preside Ana Almirón (Frente de Todos) avanzó este martes con un proyecto de ley para que el resarcimiento por delitos de lesa humanidad sea declarado imprescriptible.
Tras una intensa discusión en torno a la técnica legislativa, el Frente de Todos aceptó una propuesta de redacción de Ernesto Martínez (Pro) y los senadores firmaron el dictamen, que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.
La iniciativa fue presentada por Cristina López Valverde (Frente de Todos) a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019 que denegó una indemnización a la hija de Enrique Ingeniero, un trabajador desaparecido en las oficinas de Techint durante la dictadura.
En ese fallo, los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti resolvieron por mayoría que los reclamos patrimoniales prescriben, incluso cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.
A raíz de esto, López Valverde presentó el proyecto, que modifica el Código Civil y Comercial en dos artículos, el 2.537 y 2.561, respecto a la imprescriptibilidad de las acciones civiles por daños derivados de delitos de lesa humanidad.
Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Martínez se mostró “esencialmente de acuerdo en la idea del proyecto y sus intenciones”, pero pidió “darle a la ley una forma que después no tenga grises ni problemas de interpretación judicial”.
En ese sentido, consideró que “no daríamos una respuesta adecuada si solo nos quedamos en el Código Civil y Comercial” y por eso sugirió “reformar la Ley de Contrato de Trabajo, donde está el problema real de la prescripción”, aunque finalmente desistió de esa propuesta.
Desde el oficialismo, Mario Pais sostuvo que “es correcta la técnica que estamos utilizando” para procurar “una reparación justa, integral y real por los daños y perjuicios derivados de un acto de un tercero”.
En el mismo sentido se expresó María de los Ángeles Sacnun, al reconocer que “teníamos esta falencia en nuestro derecho interno”. “Estamos saldando una discusión porque la misma Corte manifestó la necesidad de que el Parlamento se exprese”, agregó.
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que el objetivo es “que no haya dudas en cuanto a la reparación que se debe llevar adelante tanto desde el Estado como desde el derecho privado”.
Desde la UCR, Silvia Giacoppo coincidió en que “estamos terminando con una injusticia de 40 años, de gente que se murió esperando justicia”.
La justicia revocó el correspondiente al tramo referido a Techint en la causa de los cuadernos.
Una buena judicial para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió revocar el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos, más precisamente en lo referido al capítulo Techint de la misma, donde dictó la falta de mérito para la exmandataria Luis María Betnaza, Julio De Vido, Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti.
Ese procesamiento había sido dictado por el fallecido juez Claudio Bonadio.
Para Martínez de Giorgi, es “imprescindible profundizar la pesquisa”, y sostuvo que la información existente en la investigación no es suficiente para sostener los procesamientos.
Martínez de Giorgi sostuvo que “resultaría pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEOs de las firmas Ternium y Sidor”.
No obstante, la vicepresidenta continúa procesada en el tramo central de la causa de los cuadernos, que ya fue elevada a juicio.