La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria – Río Negro) expresó su preocupación ante los despidos “injustificados” y la decisión de “limitar” la renovación de contratos del personal administrativo y técnico del CONICET: “Prometieron privatizarlo y ante el rechazo de la sociedad, ahora buscan impedir su normal funcionamiento”.

“Estamos hablando de una institución emblema que recientemente volvió a ser distinguida como la mejor de América Latina”, destacó la legisladora y detalló: “La integran investigadores de todas las áreas disciplinarias y cumple un rol central en la formación de vocaciones científicas. Con una visión ampliamente federal, promueve la investigación y el desarrollo científico-tecnológico en todo el país”.

La rionegrina apuntó: “La decisión de reducir de manera arbitraria su personal, esconde un intento de vaciamiento”, y aclaró: “El CONICET se rige por 3 leyes: la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación; la de Financiamiento del Sistema y el Plan Nacional de Ciencia. Todas fueron ampliamente debatidas y aprobadas por grandes mayorías en el Congreso. Por eso, debilitar de manera discrecional su estructura, implicará -de forma tácita- el incumplimiento de la legislación argentina”.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, la Ciencia y la Tecnología dejaron de ser políticas de Estado. El desfinanciamiento en curso, y la propagación de discursos estigmatizantes -y sin fundamento- hacia sus instituciones e integrantes, atenta contra la continuidad y fortalecimiento de un sector estratégico para el desarrollo y la soberanía nacional”, concluyó.

Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Educación, una ocasión que nos enfrenta a una realidad crecientemente compleja y desafiante para las generaciones más jóvenes. En el contexto del desafío que presenta este 2024 y la situación de emergencia que atraviesa la educación, reflexionamos sobre la importancia crucial de abordar estos retos de manera efectiva.

Datos de la UNESCO demuestran que el número de niños sin escolarizar está aumentando.  Si bien en la República Argentina la educación es un derecho consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y mediante la Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006, donde se jerarquiza su aporte: “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

No obstante, en la actualidad nos encontramos ante una crisis estructural en el sistema educativo argentino, observando una disminución en el acceso de los argentinos a la educación formal. Asimismo, cada ocho minutos presenciamos la deserción de un estudiante de la escuela secundaria. Incluso aquellos que logran completar sus estudios secundarios, solo 3 de cada 10 obtienen resultados satisfactorios en la materia de Matemáticas.

En la Era del Conocimiento y la Innovación, se destaca la idea de que para obtener resultados diferentes, es imperativo establecer prioridades distintas. Nos hallamos en plena Revolución del Trabajo, impulsada por la Transformación Digital, marcando una época donde se demandan habilidades y competencias más avanzadas. Esto confirma que la educación constituye el cimiento fundamental para impulsar estos cambios.

¿La Tecnología puede cooperar en esta emergencia?

La omnipresencia de la tecnología digital se manifiesta cada vez más en la vida cotidiana, extendiéndose incluso a los rincones más remotos y dando origen a nuevos universos. En ocasiones, su capacidad integradora desdibuja las fronteras entre lo real y lo imaginario.

En paralelo, su evolución se acelera a un ritmo que supera nuestra capacidad de evaluación; en promedio, los productos de tecnología educativa experimentan cambios cada 36 meses. En este contexto, la educación no puede permanecer inalterada.

Surge así un potencial transformador que abre las puertas de la educación a millones de personas. La tecnología accesible y el diseño universal proporcionan nuevas oportunidades para los estudiantes con discapacidad. De hecho, alrededor del 87% de los adultos con deficiencia visual señalan que los dispositivos de tecnología accesible están reemplazando a las herramientas de apoyo tradicionales.

Los notables avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de la tecnología digital, están remodelando rápidamente el panorama global.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se consagra la idea de que la educación busca el “pleno desarrollo de la personalidad humana”, el “fortalecimiento del respeto a las libertades fundamentales” y la promoción de “la comprensión, la tolerancia y la amistad”. Sin embargo, esta concepción debe evolucionar para adecuarse a la era actual.

Una interpretación más amplia del derecho a la educación podría incorporar un respaldo efectivo de la tecnología, garantizando que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial, sin importar el contexto o las circunstancias.

Argentina para resolver su emergencia en materia educativa necesita priorizar la formación en habilidades y competencias convirtiendo esta Prioridad en una Oportunidad que permita incluir a todos los argentinos a trayectos formativos en pos del desarrollo laboral y emprendedor garantizando la mayor accesibilidad mediante el uso de la tecnología.

Para abordar la emergencia educativa en Argentina, es esencial dar prioridad a la formación en habilidades y competencias, transformando esta necesidad en una oportunidad. Esto posibilitaría la inclusión de todos los argentinos en programas de desarrollo laboral y emprendedor, asegurando una accesibilidad amplia mediante la implementación efectiva de la tecnología.

 

* Por Mgter. Guillermo Suárez, Presidente de la OIEP, y VP de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral.

El Grupo BGH cumple 110 años y desde la empresa sostuvieron que “nos posicionamos como un referente clave en tecnología e innovación, aportando soluciones inteligentes para las personas, las empresas y los gobiernos, con presencia activa y creciente en once países de dos continentes”.

“La vigencia y liderazgo del Grupo BGH se basa en una combinación de factores clave. Por un lado, su capacidad de adaptación continua a las cambiantes demandas tecnológicas. Por otro, su cultura empresarial, que siempre promovió la creatividad y la búsqueda de soluciones tecnológicas avanzadas. Ambos factores se traducen en la capacidad de desarrollar productos y servicios que satisfacen las necesidades cambiantes de los clientes”, aseguró Demian Podolsky, director de Asuntos Corporativos y Capital Humano del Grupo BGH.

Los 110 años encuentran al Grupo BGH en plena estrategia de diversificación, expansión internacional y vínculo permanente con partners internacionales de primera línea mundial. Lo hace a través de sus cuatro unidades de negocio: BGH Consumer, BGH Tech Partner, BGH Eco Smart y Positivo BGH.

“El Grupo BGH cuenta con un equipo de profesionales con visión estratégica, talento, know-how y orientación a resultados que es capaz de acercar el futuro para las nuevas generaciones. Para nosotros, el mañana es hoy y este desafío nos moviliza en nuestra capacidad para responder a todos nuestros clientes, tanto en el hogar, en empresas y en áreas de gestión estatal”, aseguró Podolsky.

BGH nació en 1913 como una empresa familiar de venta mayorista de productos de ferretería que fue evolucionando rápidamente hacia el negocio de la tecnología, convirtiéndose en pioneros y líderes en los sectores de aires acondicionados, telefonía celular, TV a color y microondas.

En la actualidad, de la mano de una estructura profesional, el Grupo BGH continúa diversificándose en negocios y expandiéndose internacionalmente a través de cuatro unidades de negocio: BGH Consumer, en la fabricación y comercialización de productos de consumo para el hogar; BGH Tech Partner,  en el aporte de soluciones tecnológicas de vanguardia para que las empresas privadas y organismos públicos puedan liderar la era digital;  BGH Eco Smart, en el desarrollo de soluciones de eficiencia energética y smart building para Empresas, Gobiernos y Personas; y Positivo BGH, en la fabricación de productos y el desarrollo de servicios informáticos confiables e innovadores, que mejoran las experiencias educativas, de entretenimiento y de trabajo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, recorrió las instalaciones de IMPSA, en Mendoza, donde analizó junto a las autoridades de la firma el avance de los distintos proyectos de vanguardia de la empresa industrial, como el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y fabricado en el país, el Laboratorio de Máquinas Hidráulicas que es uno de los más solicitados del mundo, y las obras de lo que será el primer Centro Tecnológico de la región Cuyo, dedicado a las energías renovables.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda describió a IMPSA como “un símbolo de Mendoza” y como “uno de los símbolos del desarrollo industrial argentino”. “No sólo tenemos a IMPSA funcionando con 700 trabajadores, con más de 92 proyectos y contratos en marcha, a punto de empezar a proveer a la Armada de Estados Unidos, sino que, además, estamos frente a una empresa que tiene los próximos cuatro años garantizados. Digo esto para aquellos que por ahí piensan en privatizarla; no van a necesitar hacerlo porque IMPSA tiene proyectos de desarrollo y de inversión para los próximos cuatro años”, agregó.

Acompañaron al ministro el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el presidente de IMPSA, Gabriel Vienni; la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; el candidato a gobernador, Omar Parisi; el senador provincial y candidato a la vicegobernación, Lucas Ilardo; el intendente de Tunuyán y candidato a diputado nacional, Martín Aveiro; y la candidata a diputada nacional, María Amalia Granata.

Durante la jornada de trabajo en Mendoza, el ministro Massa recorrió el Centro de Investigación Tecnológica (CIT), donde funciona el Laboratorio de Máquinas Hidráulicas de IMPSA, que es uno de los más solicitados del mundo. Allí se realizan ensayos de modelos en escala reducida de todo tipo de turbinas hidráulicas, lo que permite simular las condiciones de una central hidroeléctrica y motorizar así los modelos de turbina.

En este centro, ingenieros de IMPSA desarrollaron la turbina Kaplan que la semana pasada llegó a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, en Corrientes. Fabricada con tecnología de altísima calidad y programas de Inteligencia Artificial en el CIT, esta turbina brinda mejor eficiencia en los procesos hídricos, de modo que genere mayor energía a igual cantidad de agua. El montaje en obra fue un trabajo conjunto entre los técnicos de IMPSA y el consorcio CIE de Paraguay.

En la fabricación de cada turbina trabajaron 50 ingenieros, 100 técnicos y 250 operarios. Esto equivale a un total de 80.000 horas hombre de trabajo, que incluyen el proceso completo: desde el diseño hidráulico, el ensayo de modelo, la ingeniería, las compras, la fabricación, el gerenciamiento, hasta la supervisión del montaje y su puesta en marcha en Corrientes.

La agenda de Massa en Mendoza continúa con la exposición del Ministro frente a empresarios y productores regionales, para luego mantener un encuentro con jubilados. Más tarde, se dirigirá hacia San Luis para darle continuidad a la agenda federal.

En la primera sesión de la Cámara de Diputados desde el inicio del período ordinario, obtuvo media sanción este martes -y fue girado al Senado- un proyecto motorizado por el Ministerio de Economía que establece un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, apuntado a freelancers con ingresos anuales de hasta 30 mil dólares.

La iniciativa, que obtuvo 111 votos positivos, 11 negativos y 85 abstenciones, fue tratada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda durante el mes pasado, en extraordinarias. La discusión se dio en dos reuniones, la primera de ella con participación de funcionarios, y tras la cual desde la oposición pidió invitar a otros especialistas. Sin embargo, el Frente de Todos no aceptó, como así tampoco modificaciones, y en un segundo encuentro, que se llevó a cabo el 7 de febrero, sacó el dictamen. Fue por eso que el interbloque de Juntos por el Cambio decidió masivamente abstenerse. Lo mismo hicieron los diputados de la izquierda.

Votaron en contra los diputados del interbloque Federal, Graciela Camaño, Natalia de la Sota, Enrique Estévez, Mónica Fein, Carlos Gutiérrez  y Alejandro “Topo” Rodríguez; Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio) y José Luis Espert, Carolina Piparo, Javier Milei y Victoria Villarroel.

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

El debate

Fue el diputado Carlos Heller (FdT) el encargado de iniciar el debate como miembro informante quien destacó que la iniciativa tiene como objetivo fomentar la exportación de conocimiento y talento argentino en las actividades definidas en la Ley de Economía del Conocimiento. También explicó que brinda un marco normativo para otras actividades como por ejemplo personas que realicen deportes electrónicos que “son actividades muy difundidas o en desarrollo”.

“Este proyecto alcanza a toda otra exportación de servicio asimilable en estos conceptos. Es un nuevo esquema tributario para que las y los profesionales que facturan en dólares en pequeñas escalas puedan cobrar en esa moneda”, precisó el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Así indicó que el objetivo es “incorporar el mercado informal a muchos profesionales argentinos en general jóvenes que están fuera del sistema. Es una visión integrada e inclusiva que amplia derechos a una decena de miles de pequeños productores de estos rubros que hoy se verían favorecidos por el contenido del proyecto”.

“Se aspira con esto a evitar la fuga de talentos, que se vayan al exterior”, remarcó Heller y agregó: “Busca sumarlos al sistema registrado y a su vez que puedan acceder y fortalecer el sistema previsional y el sistema de obras sociales”.

Además, afirmó que la iniciativa se inserta en un “paquete de medidas que forma una política integral y constituye un círculo virtuoso para toda la economía nacional. Esto permitirá aumentar el ingreso de divisas por servicios de importación no registrados en la actualidad. Permitirá reducir la informalidad y también fermentará la ampliación en el registro del sistema tributario”.

Heller precisó que con el proyecto se crean dos regímenes fundamentales: un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos como Mono-tech y un régimen cambiario para esos contribuyentes tecnológicos.

“El Mono-tech se encuentra destinado a todos aquellos que realizan actividades relativas a la economía del conocimiento y a aquellos que efectúan cualquier tipo de prestación de servicio siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización se lleve a cabo en el exterior”, describió el oficialista y reiteró: “El objetivo es que tengan un esquema ágil, sencillo para que puedan estar registrados y tributen en el país y generen un incentivo para que opten por ingresar las divisas al país y evitar que recurran a mecanismos de opacidad fiscal en el exterior”.

A su vez, informó que se estima que el grueso de personas que se mueven en dicho sistema tiene una remuneración promedio que se mueve entre los 2.500 y 3.000 dólares mensuales.

Por otro lado, explicó que serán considerados pequeños contribuyentes tecnológicos “las personas humanas, residentes del país, que tengan ingresos brutos por las actividades referenciadas. La base por la que deberán categorizarse se expresa en dólares y los montos de tributos se corresponden con determinadas categorías de régimen simplificado para pequeños contribuyentes”.

“El Mono-tech a nuestro juicio facilita la operatoria fiscal de estas personas toda vez que sustituya en un solo pago el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y los recursos de la seguridad social. También se prevé que se puedan incorporar aquellas personas humanas que ya están inscriptas ya sea por el régimen general o por otras actividades. Esto le da una versatilidad amplia al proyecto siendo una herramienta útil para que exportadores de servicios puedan acceder a él”, cerró Heller.

A su turno, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, ironizó y comparó el proyecto con la película Sheriff que “fue por un puñado de dólares”, porque “es un parche el Mono-tech”, y sumó: “Pero podríamos enumerar una larga lista que corre la misma suerte en el concepto de verdadero parche”.

“Parece que de ambos lados de la grieta perdimos el foco de lo trascendente de nuestra tarea legislativa y nos dedicamos a poner parches sin elaborar políticas sustentables que equilibren la vida de nuestros compatriotas y en este caso de esa industria del conocimiento que se viene desarrollando a pesar de las dificultades”, planteó el cordobés.

En esa línea, cuestionó que el Régimen Simplificado “no es otra cosa o forma parte de esa maniobra desesperada de generar divisas”. “Existen alrededor de 5 mil empresas de soporte y tenemos 30 mil estudiantes universitarios están estudiando carreras afines a esto y las empresas exigen, porque 9 de cada 10 PyMes entre 2019 y 2021 fueron intensivas en las demandas de talento y mano de obra convirtiéndose en uno de los rubros de mayor generación de empleo formal, pero el 15% nada más puede exportar”.

“Las condiciones de intercambios son pésimas. Este el meollo de la cuestión que tira abajo, más allá del parche porque es mejor que facturen a que no lo hagan, en todo caso difícilmente en este contexto de volatilidad que vive el país, esos freelances vayan a ser masivamente uso de este Mono-tech”, alertó Gutiérrez.

Y cerró: “¿Son los dólares del pequeño contribuyente tecnológico con lo que vamos a recuperar el sendero de estabilidad? si no somos capaces de reconocer que nuestros talentos prefieren facturar sus servicios en el exterior porque están condicionados por el sector por la brecha cambiaria y las políticas públicas de promoción del sector estaremos mirando un parche. No es esta la manera de que ese mercado se acerque a lo que cobra un trabajador en relación al mercado externo”, y adelantó que desde su espacio votarán en contra porque “estamos cansados de los parches”.

En respaldo de la iniciativa, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) recordó que el proyecto ingresó a la Cámara con la firma del presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía y que fue incluido en el temario de extraordinarias.

 “Si las personas que venden sus servicios al exterior, si están en blanco tienen que pagar sus impuestos del régimen general y lo que son aportes al sistema previsional y eso implica una carga impositiva importante”, planteó y sumó: “Algunos no están en la economía formal, en consecuencia, se facturan servicios y se reciben a través de cuentas en otros países, con lo que se va a la informalidad”.

Al respecto, precisó que el proyecto propone hacer un régimen especial para permitir que los que están en blanco “tengan una carga impositiva menor y los que están en negro se regularicen. Vemos que este sistema tiene dos fortalezas que son el sistema impositivo porque se crea este régimen que va a englobar el impuesto a las ganancias, el IVA, recursos de seguridad social a las categorías planteadas hasta 30 mil dólares anuales”.

“El Mono-tech es una carga impositiva de acuerdo a la categoría en la que se encuadra. También se crea un régimen cambiario especial el que está en blanco y exporta servicios tiene la obligación de liquidar y reciben los pesos equivalentes. Este nuevo Mono-tech le da al que exporta de abrir una cuenta en dólares en la argentina de libre disponibilidad”, explayó Casaretto.

Por último, brindó datos de exportación de economía del conocimiento que rondan en los 7 mil millones anuales puntualmente “estos servicios informativos pueden están en torno de los 1 mil millones de dólares anuales. Este sector genera 146 mil puestos de trabajo”.

De la vereda de enfrente, el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) planteó que “el problema es que tenemos ese talento argentino que trabajan en la industria del software. Trabajan para el exterior, cobran en dólares, pero con la legislación cambiaria que tiene el país les obliga que al ingresar ese dinero pierden la mitad de su dinero”.

“Ir por el Régimen cambiario les quita prácticamente la mitad de su patrimonio y ese es el problema del plateo que venimos a resolver”, aseguró Cacace, pero criticó: “Lo que no me gusta de cómo plantea la legislación este Gobierno es que genera primero una maraña de distorsiones, entre ella el Régimen cambiario con la enorme brecha cambiaria que tenemos, y después de eso viene el funcionario de turno como papa Noel a decir discrecionalmente a decir a quién le da un beneficio”.

Y apuntó contra el ministro de Economía, Sergio Massa: “En Mendoza anunció el dólar Malbec, y así. Llamativo que hizo todo por resolución porque tenemos 14 tipos de cambio también algunos perjudiciales como el turista que suma tanto que ya ni se puede calcular, todos dispuestos por resolución, pero este solo manda al Congreso”.

“La verdadera utilidad del proyecto es el artículo 15 que dice que los que están inscriptos en esto, no están obligados a liquidar en el mercado libre de cambio y se pueden quedar con los dólares”, cuestionó Cacace y concluyó: “Solo acá se establece que se le tiene que sacar la mitad del patrimonio por lo que vende y tenemos que corregir la distorsión cambiaria que es un problema macro”. Además, alertó que “es una nueva movida más para sacar una tajada de aquello que hoy no se cobra en el exterior”.

Sobre el final de la sesión, intervino el diputado Martín Tetaz, que les preguntó sin éxito al diputado Hernán Pérez Araujo y luego a Carlos Heller cuánto vale un dólar. Luego explicó: “Cada uno que produce en la Argentina y que exporta tiene que poder hacerse de sus dólares; cuando eso no sucede, se produce un sesgo antiexportador”.

Aclaró que eso no es un problema exclusivo de este Gobierno, sino “un cáncer que tiene la economía argentina hace casi 75 años, con honrosas excepciones”. Y agregó que “cuando un dólar vale 380 o 400 pesos y usted le da 200 al que produce esos dólares, y le aplica retenciones, genera el incentivo a producir menos dólares. Cuando tiene menos dólares, exporta menos, el dólar crece y los salarios son más bajos, independientemente de la actividad que haga cualquier argentino. Todos los argentinos son más pobres porque a la Argentina le entran menos dólares y el dólar que equilibra el sector externo termina siendo más alto”.

Cerró el debate el oficialista Itaí Hagman, quien destacó que el proyecto de ley puesto en debate tiene que ver con un contexto particular que indica que hoy hay en la Argentina decenas de miles de jóvenes que exportan bienes al exterior y lo hacen informalmente.

“La Argentina es el segundo exportador de servicios informáticas en América latina”, destacó, resaltando que en los últimos 15 años las exportaciones vinculadas a la economía del conocimiento han crecido el doble que el resto de los servicios y bienes”.

Advirtió a continuación que “oponer al peronismo a la innovación tecnológica, por un lado, y por otro a la búsqueda de aumentar las exportaciones, son dos zonceras. Primero, porque la industria del conocimiento ha sido una política de Estado que más se ha dado con gobiernos populares”. Y luego preguntó “en qué gobierno se ha invertido más en ciencia y tecnología. Además, ¿por qué Argentina es tan competitiva en este sector? ¿No será porque tenemos universidades públicas y gratuitas donde se forman cientos de miles de jóvenes en carreras que después pueden aplicar, y que otros países de la región no tienen? ¿Tendrá que ver eso con la competitividad argentina en la industria del conocimiento?”.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de la oficialista entrerriana Blanca Inés Osuna, mantuvo una reunión este martes en la que avanzaron con distintos proyectos que proponen el acceso a la conectividad y a dispositivos tecnológicos en los establecimientos educativos.

También, pasaron a la firma diferentes iniciativas sobre declaración y resolución, mientras que el proyecto de ley en revisión por el cual se declara Cuna del Magisterio argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, será analizado en otra reunión.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 2, la titular de la Comisión enumeró los distintos proyectos en torno a la inclusión digital educativa, Ley de Justicia Digital Educativa, Agencia Federal de Conectar Igualdad, Plan Federal del Sistema Educativo, modificaciones al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), y remarcó: “Estamos abordando un tema que tiene numerosos antecedentes”.

A su vez, mencionó que el diputado Pablo Carro durante el 2020 “presentó proyectos de ley en ese sentido. Lo hemos trabajado con la diputada Morales Gorleri y hay en años previos iniciativas en este sentido. Cuando hablamos de derecho en educación, estamos abordando este tipo de cuestiones”.

En el uso de la palabra, la diputada de izquierda Romina Del Plá fundamentó que “es un tema que largamente hemos planteado que tiene que ver con el acceso a la conectividad, a los dispositivos”, y resaltó que es un tema que precede la pandemia y que se puso en “evidencia” con la misma.

“Hay que buscar un equilibrio porque no todo es educación digital porque también tenemos que tratar de reforzar todos aquellos aspectos que sabemos deficitarios en materia educativa en todos los aspectos, pero obviamente es necesario avanzar en la accesibilidad plena de los estudiantes, docentes y escuelas a la conectividad y a los dispositivos”, precisó Del Plá y señaló que actualmente hay “muchas escuelas del país que no tienen conectividad”.

En esa línea, agregó que “es la realidad que tenemos en muchos lugares donde las directoras y docentes pagan de su bolsillo el acceso a internet, no muy lejanos, tenemos acá en el conurbano donde podemos encontrar una multitud de esos ejemplos e incluso seguro acta en la Ciudad”.

“Garantizar el acceso y la navegación gratuita a los servicios de internet para docentes, alumnos y escuelas es un tema clave”, plateó la diputada de izquierda y explicó la iniciativa presentada por su espacio. “En primer lugar tiene que ver con determinar este acceso que es fundamental para todas las instituciones. En ese sentido se tienen que dar todas las medidas por parte del Estado para garantizar esto”, precisó y agregó: “Algunos edificios hay que adecuarlos para poder tener acceso correcto. Hay que garantizar el acceso a los dispositivos para aquellos que no los tienen y permitir tener el acceso a la navegación”.

Además, plantearon en el proyecto que “el costo de la conectividad para docentes, estudiantes y escuelas deben asumirlas las empresas de telecomunicaciones sin costo para el Estado”, y explayó: “Son las empresas las que justamente se han llenado enormemente los bolsillos a partir de la pandemia y nos parece que deberían prestar un servicio que es garantizar el acceso a la comunidad educativa a la conectividad. Sería a penas rozar el piso de las superganancias que tienen las empresas y nos parece un error que el Estado tenga que asumir, con recursos que hoy no tiene, el costo de garantizar ese acceso”.

A su turno, la diputada chaqueña Lucila Masin (FdT) destacó que se trata de una política “indispensable” para el país y ponderó el programa Conectar Igualdad que “tuvo un impacto en todas las escuelas públicas, primarias y secundarias, de educación técnica a todo lo largo y ancho del país. Con el propósito, no solo de entregar dispositivos y equipamiento, sino también para poder generar una participación activa hacia la comunidad en su conjunto”. Asimismo, consideró que “este tipo de políticas públicas educativas tienen que ser transformadas en ley para que puedan trascender los gobiernos y garantizar el derecho del acceso a la tecnología”.

La diputada Morales Gorleri (Pro) recordó que en el 2020 presentó un proyecto que “tenía el foco a las grandes necesidades y dificultades respecto a los temas de conectividad”, y sumó: “Creo que la mirada de mi proyecto debe ampliarse, porque la reunión anterior informativa que tuvimos dejó en claro que tenemos que tener una estrategia eficiente y equitativa respecto a la conectividad a nivel país, pero también trabajar con los equipos docentes para que tengan educación inicial y continua y garantizar los insumos”.

“Hay propuestas muy ricas, muy interesantes. Un tema de esta magnitud y en esta época, después de haber atravesado la pandemia, amerita detener diálogos profundos y fecundos para tener dictámenes conjuntos. Es importante intentar llegar a un acuerdo. hay materia muy interesante en los proyectos, en algunos tengo dudas”, opinó la diputada del Pro.

El vicepresidente de la Comisión y diputado del Pro, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que “es una política prioritaria para tender a reducir la brecha digital, asegurar la inclusión digital educativa. Creo que tenemos que ser realistas y saber que esto proviene de dinero público, el Estado recauda e invierte en función de lo que recauda, entonces estamos frente a este desafío con el dinero que tiene el Estado”.

En ese aspecto, señaló: “Mientras más invertimos en lo que realmente se debe invertir, y menos en lo que no se debe, más realidad va a ser ese derecho. Siempre nos enfocamos como dispositivo en la computadora, pero no nos olvidemos que existen otros dispositivos como kit de robótica, drones, equipamiento en 3D. Podemos avanzar en otros tipos de tecnologías y dispositivos”.

Pasaron a la firma proyectos de declaración y resolución

La titular de la Comisión comentó que en las distintas reuniones que se mantuvieron los legisladores presentaron diferentes proyectos de resolución y de declaración sobre las que van a “dictaminar” porque “han sido trabajadas y acordadas”.

Por otro lado, Blanca agradeció a diputados que se sumaron a la reunión pese a que no son parte de la Comisión, pero “tienen particular interés por llevarse esas declaraciones, resoluciones”, y pidió que se leyeran los proyectos para pasarlos a la firma.

En el uso de la palabra, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) adelantó los motivos por el que no acompañó algunos proyectos, uno de ellos de la diputada oficialista Susana Landriscini porque “creo que podríamos tener un criterio en términos de, una cosa es la creación de una universidad a conmemorar el inicio de un ciclo lectivo, más allá que sean 50, 60 o 100 años. Es importante que la comisión, como tienen otras comisiones, tenga un criterio en ese sentido”, y agregó: “Sino estamos declarando los aniversarios de los ciclos lectivos, de las universidades. Es para que tengan un sentido los proyectos de declaración”.

 “No creo conveniente declarar de interés de esta Cámara de Diputados una política de Estado que lleva, en este caso, un gobierno jurisdiccional como es el de la provincia de Buenos Aires porque estaríamos generando una situación de que declaremos de interés por parte de esta Cámara un programa del Ministerio de Educación. No es un criterio lógico ni válido”, agregó Ferraro respecto a otro de los proyectos.

Y sumó: “No soy del criterio de rendir beneplácito a políticas que llevan los gobiernos tanto nacionales, jurisdiccionales o provinciales porque se entiende que las políticas que se impartan por parte de los distintos organismos, sean eficientes y efectivas en ese sentido”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) quien, además, tampoco acompañó el proyecto que establece expresar beneplácito por la graduación de los primeros cinco médicos y cinco médicas de la Facultad de Ciencias Médicas, ya que “entraríamos en la misma lógica de que cada vez que hay un nuevo graduado en una nueva carrera, en una nueva Facultad en el país, se va a expresar beneplácito”.

De la vereda de enfrente respondió la oficialista Mara Brawer: “La actividad legislativa no empezó hoy. Siempre hubo criterios, pero que cada diputado tiene derecho de acompañar o no”, y coincidió con lo expresado por Ferraro respecto a que “las acciones de gobiernos harían engorrosa la tarea y son solo acciones de Gobierno”, pero preguntó: “¿Por qué ese proyecto en particular si está lleno de aniversarios?”.

Fue el propio diputado de la CC-ARI quien le aclaró: “No es a modo de embarrar ni demorar la discusión que tenemos, sino para poder establecer un criterio. Cuando nosotros vemos que habla de la apertura del ciclo lectivo y después habla de la conmemoración de los 50 años de la creación de la universidad. Entonces ¿es el primer ciclo lectivo o los 50 años de la universidad? No se entiende si se expresa beneplácito al primer ciclo lectivo o al aniversario de la institución”.

De forma breve, la rionegrina Landriscini le explicó al diputado preopinante que un proyecto trata de la universidad de Neuquén y el otro tema es el Instituto de Formación Docente en la provincia de Rio Negro. “Se juntaron por una disposición de un gobierno que no tenía funcionando al Congreso porque era época militar y decretan la creación de la Universidad, pero como eran de dos provincias que tenían que hacer todos los trámites internos de adecuación, la universidad lo festeja y rememora cuando se inicia el primer ciclo lectivo de conjunto entre ambas provincias”, explayó la oficialista.

Por último, respecto al proyecto de ley en revisión por el cual se declara cuna del magisterio argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, Osuna aclaró: “Todos sabemos que es la primera escuela normal, no solo de Argentina sino de Latinoamérica. Esto es una declaración con formato de norma. Lo dejamos para cuando tratemos respaldo en particular de leyes”.

La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que extiende hasta el 31 de diciembre de 2034 el Régimen de Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna, e incorpora al sector de la nanotecnología en la sesión de este jueves

Con la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación en el palco, Daniel Filmus, la iniciativa, que tenía media sanción de Diputados, tuvo 57 votos a favor.

Abrió la ronda de oradores la oficialista Silvina García Larraburu (Rio negro) quien celebró el tratamiento del proyecto que “tuvo amplio consenso en la Cámara de Diputados” y bregó por tener el mismo consenso.

A continuación, explicó que es un proyecto que modifica diversos artículos de la Ley 26.270 sancionada en 2007 que es de la Promoción y el Desarrollo y Promoción de la Biotecnología moderna y a la incorporación de la nanotecnología. “Es una prórroga muy esperada que amplia el régimen por 12 años y da certidumbre también al sector para todo lo que es el desarrollo y la investigación”, precisó.

En suma, reiteró que es un proyecto que fue “consensuado y muy trabajado” en Diputados y que también “fue muy bien trabajada en esta casa”. “Tuvimos un plenario de comisiones que realizamos junto con el senador Guerra y tuvimos la presencia y la muy buena predisposición del ministro Filmus, también nos acompañó el presidente de la Agencia de Innovación y Desarrollo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, la presidenta del CONICET”, contó la rionegrina.

“Creemos que esta normativa será muy beneficiaria para un sector que va a la vanguardia a nivel internacional. Buscamos con esta normativa beneficiar los proyectos de investigación y desarrollo basados en la aplicación de la bio y la nano tecnología. Proyectos de ejecución de bio y nano destinados a la producción de bienes y servicios y al mejoramiento de los procesos productivos por medio de la inversión de capital por medio de 3 incentivos”, detalló García Larraburu.

Y amplió: “La amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del impuesto al valor agregado y en el caos de proyectos de innovación y desarrollo, conversión en bonos de créditos fiscal del 50% de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de asistencia técnica de investigación con entidades pertenecientes al sistema nacional de ciencia y tecnología de la Nación. Estos bonos tendrán una duración de 10 años y son transferibles por una única vez”.

“Es una iniciativa que promueve la creación y la innovación de conocimiento local, en un sector que está en pleno desarrollo y que tiene un gran potencial”, resaltó la senadora y sumó: “Es una fuente de empleo y de producción que promueve el desarrollo nacional y el cambio de la matriz productiva”.

Además, mostró unas placas para mostrar lo que produce la bio y nanotecnología y ejemplificó: “Los barbijos del CONICET, un importante desarrollo de vacunas de alta generación para la salud humada y hay cuatro vacunas en investigación, los test de diagnóstico. Toda esta industria tuvo un gran avance durante la pandemia y conocimos todo lo que es capaz de desarrollar. También se producen alimentos terapéuticos, fertilizantes, etc.”.

“La biotecnología en la Argentina exhibe un potencial de 220 empresas consolidadas, el desarrollo de más de 100 startups, implica una facturación aproximada de 2100 millones de dólares anuales de los cuales 220 millones están siendo exportados y la inversión es el equivalente al 3,2% de sus ventas. También hay mas de 2800 becarios investigadores en 71 institutos que desarrollan conocimiento aplicado”, detalló la legisladora oficialista.

En suma, precisó que a través de la agencia E+D+E el Ministerio de Ciencia va a asistir a “1700 PyMes con subsidios y créditos con un aproximado de 9000 millones de pesos, en 2022 más del 25% son proyectos de bio y nano; en los últimos 10 años el gobierno alentó a la formación de empresas de base tecnológica; se fomenta, promueve y ejecuta más de 8 mil proyectos; un 22% son en biotecnología”.

“El Estado está invirtiendo en la promoción y desarrollo de la bio y nanotecnología y con esta ampliación buscamos potenciar aún más el sector”, destacó la rionegrina y cerró: “Los proyectos tienen una visión federal y apartidaria porque tienen un trabajo diario y semanal con cada provincia y con las prioridades de cada una”.

García Larraburu explicó la modificación en el artículo 11 por la unificación que hubo de los ministerios en lo que refiere a la autoridad de aplicación.

En el uso de la palabra, el senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) se sumó a las palabras de la senadora preopinanteporque “hemos tenido un gran debate y discusión tanto en la Comisión de Ciencia como en la de Presupuesto con la presencia del ministro sobre una ley que es muy trascendente para el país”.

El senador retomó la Ley 26.270 de Promoción y Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna aprobada en julio de 2007 por 15 años y recordó que “cuando debatíamos en Diputados en ese año teníamos varios desafíos porque era la primera vez que se iba a normar la biotecnología en el país, porque otro desafío era garantizar el financiamiento para que la ciencia y la técnica se socialice en el interior del país y se convierta en ciencia y técnica aplicada. En ese momento ya fue un trabajo de todos”.

“Cuando miramos el recorrido de estos años podemos decir que la Ley tiene resultados altamente positivos”, ponderó Zimmermann y repasó el “impacto” que tuvo la norma en el sector del campo, de la semilla, la siembra directa, medicamentos. “Nos puso a la vanguardia de los países que se pudieron tecnificar y desarrollar en un sector que es mu dinámico y que es muy transcendente”, destacó el radical.

El último orador fue el riojano Ricardo Guerra (FdT) añadió que “la ley en cuestión sustituye artículos de la 26.270, modificaciones necesarias para modernizar la norma e incorporar a la nanotecnología como materia de promoción”.

“El objetivo de la norma actualizada es la de promover el desarrollo y la promoción de estas dos materias de innovación que los avances tecnológicos lo permiten, estableciendo su vigencia hasta el 2034, lo que implica prorrogar el régimen por 12 años dado que en julio pasado se cumplieron los 15 años para su vencimiento”, informó Guerra.

Por otro lado, explicó que “la biotecnología moderna que se distingue por el conocimiento de la estructura del ADN y la posibilidad de su manipulación es toda aplicación tecnológica que, a partir de la aplicación de la biología, bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos vivos para obtener bienes y servicios y mejorar la productividad a partir de la innovación”.

Y cerró: “La nano tecnología es una aplicación tecnológica de un conjunto de ciencias y técnicas a partir de las cuales se estudian, manipulan y obtienen materiales, sustancias y dispositivos de tamaño nanométricos que le brindan propiedades especiales”.

Puntos principales del proyecto

El texto, enviado por el Gobierno, extiende la vigencia de la Ley 26.270, que vence este año, así como también se incluye una actualización en los conceptos, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, y se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos.

También, incorpora al sector de la nanotecnología, que se define “a toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen -de manera controlada- materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”.

En cuanto a beneficios impositivos, prevé la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, devolución del IVA y conversión en bono de crédito fiscal en un 50% para los titulares de proyectos de investigación y/o desarrollos aprobados. De los dos primeros beneficios también gozarán los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios.

El proyecto indica que “serán aprobados únicamente los proyectos que impliquen un impacto tecnológico fehaciente y cuyos o cuyas titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica y/o financiera para llevarlos a cabo y que cumplan con los requisitos de bioseguridad establecidos por la normativa vigente”.

En tanto, se otorgarán hasta un máximo de 1 proyecto por año por cada persona humana y un máximo de 3 proyectos por año por cada persona jurídica.

Asimismo, se establece que deberá existir una comunicación entre la AFIP y el Ministerio de Economía “a efectos de verificar y controlar el estado de aplicación y uso de los beneficios fiscales”. Entre otros puntos, impulsa la creación de una Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología; y se deroga el “Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna”, atento a que su puesta en funcionamiento generaría una superposición de funciones en la misma autoridad de aplicación y la obligación de solicitar una patente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Hoy, en el marco de la Inauguración del nuevo edificio del INIBIOMA, el presidente anunció que promoverá a San Carlos de Bariloche como Capital Nacional de la Ciencia y Tecnología. Con orgullo y emoción, puedo afirmar que estas palabras no hicieron más que sostener y profundizar la iniciativa del proyecto de ley que presento desde el año 2020 (Exp. 421/22 Proyecto de ley que declara Capital Nacional de la Ciencia, Investigación y Desarrollo de Altas Tecnologías, a la loc. de San Carlos de Bariloche, prov. de Rio Negro). 

Desde el inicio de mi trabajo en la función pública, vengo articulando con los diferentes sectores e instituciones vinculadas a la Ciencia y la Tecnología. Ahora más que nunca, el Estado volvió a poner en valor la actividad, con los Ministerios y áreas del ejecutivo abocados a la temática, por eso seguimos trabajando en expandir la actividad científica, en todos sus niveles, y consolidar la trayectoria en la provincia de Río Negro y en el país en general. La Argentina del mañana nos debe encontrar trabajando en pos de un país soberano y desarrollado. Tenemos que identificar hoy los sectores estratégicos que necesitan una planificación nacional a largo plazo, y la ciencia y técnica es sin lugar a dudas uno de ellos.  

El trabajo ejemplar que desde 1950 realiza la Comisión Nacional de Energía Atómica, se reforzó y articuló con la Fundación Bariloche (1963), la creación de las Universidades Nacionales Comahue (1971) y Río Negro (2009), el INVAP (1976), y recientemente con la puesta en funcionamiento del Parque Industrial Tecnológico Bariloche. La ciudad andina es un polo científico y tecnológico que debemos reconocer e impulsar. 

Estoy convencida que toda la sociedad sueña con un mañana de prosperidad, justicia y desarrollo. La Argentina necesita de un proyecto de país diferente al especulativo financiero. Necesita generar valor, trabajo calificado, desarrollo nacional y soberano en múltiples sectores de la actividad económica. Ahora bien, el científico y tecnológico no solo es necesario, sino estratégico para consolidar la estructura productiva de este Siglo XXI. 

Sabemos que la revolución tecnológica vino para quedarse, es el nuevo modelo de desarrollo que proponen las principales potencias del mundo. Tenemos que continuar ese camino en lo nacional y buscar los nichos de actividad en los cuales somos competitivos, como en la fabricación de satélites, reactores nucleares, para consolidarlos y dotarlos de los instrumentos necesarios. Necesitamos fortalecer la cooperación pública-privada, INVAP, el CONICET y las Universidades Nacionales. Todos los países occidentales que desarrollaron tecnología de punta, lo hicieron de esta manera. En nuestro horizonte, tenemos un modelo de desarrollo integrado, sustentable e inclusivo. 

Funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron este martes sobre el Plan Nacional de Conectividad “Conectar”, durante una videoconferencia de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por el senador Alfredo Luenzo (Frente de Todos).

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom; el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos; el presidente de ARSAT, Néstor Pablo Tognetti; y el coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Gonzalo Carbajal.

Al iniciar la reunión, Malcom explicó que “la lógica que subyace a la implementación del Plan tiene que ver con seguir potenciando el acceso y la universalización de determinados servicios de tecnología de la información y la comunicación”.

La funcionaria sostuvo que “el Plan Conectar está centrado en la tecnología, la inclusión y la conectividad”, y “es un Plan a mediano y largo plazo que implica la inversión que ya se inició durante 2020 en el inicio de la gestión, y que se va a continuar los próximos tres años”.

Asimismo, informó que el Plan tiene, en términos de inversión, cuatro grandes ejes, el primero de los cuales está relacionado con “restablecer el servicio de Televisión Digital Abierta (TDA)”.

“El segundo eje de inversión está vinculado con el Centro Nacional de Datos. Estamos trabajando fuertemente para poder establecer una nube del Estado: invertir en infraestructura, dotar al Estado de herramientas de gestión de última generación, restablecer soluciones integrales, seguras y transparentes”, agregó.

Luego hizo alusión a la Red Federal de Fibra Óptica, detallando que “la penetración de internet está rondando un 65% en todo el país”, y si bien “falta llegar a muchos hogares, en términos de redes estatales es la más importante de América Latina”.

Por último, Malcolm resaltó que “el Plan Satelital Geoestacionario Argentino implica no solamente retomar una lógica de ampliación de accesos y reducción de brechas”, sino también “seguir apostando a la producción nacional y local de tecnología de punta”.

A continuación, Olmos subrayó que “la implementación del Plan tiene que estar fuertemente articulada con las provincias” e informó que ya se firmaron tres convenios marco con Entre Ríos, San Juan y Tierra del Fuego.

Por su parte, Tognetti explicó que “hay muchos lugares, particularmente lugares alejados de la fibra, donde sería muy costoso o a veces complicado llegar por medios terrestres”, por lo que “el satélite es el medio más idóneo, y a costos muy razonables puede llevar internet a sitios rurales”.

Por último, Carbajal puso de relieve que “la manera de universalización de servicios que plantea la Televisión Digital nos permite crecer en el piso de canales de televisión disponibles para los ciudadanos de la Argentina”.

“La Televisión Digital Abierta arranca con un piso, para quienes tienen la cobertura terrestre hoy, de 16 canales de televisión. La cobertura que hoy tiene el sistema llega al 82% de la población”, precisó Carbajal.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, que preside José Riccardo (UCR), realizó este jueves la segunda reunión informativa en el marco del tratamiento de los proyectos de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Al abrir el encuentro virtual, Riccardo destacó que los testimonios de especialistas son “insumos muy importantes para enriquecer el debate”, que en esta oportunidad tuvo como eje la mirada federal del sistema.

El puntano es autor de uno de los proyectos en discusión, que busca incrementar progresivamente el presupuesto destinado a financiar el sistema, comenzando por el 0,60% del PBI en 2021 hasta llegar al 3% en el año 2035.

La iniciativa además establece “una distribución de los fondos con criterio federal, atendiendo a promover una reducción progresiva de las asimetrías presentes entre las distintas regiones del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”.

El primero en exponer en la reunión fue Mauro Carrasco, secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de Chubut, quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia “un incremento progresivo y sostenido en el presupuesto” para “un sector que se considera base y motor del desarrollo”.

Carrasco, doctor en Biología, propuso “pasar de un sistema nacional de ciencia y tecnología a un sistema federal”.

“Siempre hablamos de que la ciencia necesita financiamiento, y esa es solo una de las herramientas en la cuestión de la federalización. Tenemos que federalizar no solo el financiamiento, sino todos los recursos del sistema: recursos humanos, financieros e infraestructura. No todo es plata”, aseguró.

En ese sentido señaló que “muchas veces sucede que los recursos”, así como los investigadores y becarios, “quedan concentrados en cuatro provincias”.

Asimismo, sugirió “aprovechar” el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) “porque ahí está la mirada federal”.

Marcelo Rougier, investigador principal del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, advirtió sobre el “grave deterioro salarial en el CONICET” y consideró que “la ley debería contemplar la cuestión de la remuneración salarial”.

Rougier reveló que el sueldo básico es de entre 8.000 y 12.000 pesos -más ítems que se suman-, y un investigador inicial cobra 50.000 pesos en mano. “El Estado deber garantizar recursos humanos remunerados de manera acorde con sus objetivos estratégicos”, sostuvo.

Por eso, propuso “establecer en el presupuesto un porcentaje destinado a garantizar salarios para los recursos humanos del sistema científico”, y considerar también que “ningún agente del sistema podrá tener una retribución inferior a otro de igual formación requerida para el cargo y tareas similares en el sistema público”.

Por su parte, Erica Hynes, doctora en Química, diputada provincial de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social e investigadora independiente del CONICET llamó a que “el Estado pueda definir temas estratégicos y diseñar e implementar instrumentos para promover el trabajo en esas áreas”.

Hynes marcó como uno de los desafíos principales el de “mejorar la gobernanza”, en el sentido de “integrar a las universidades nacionales, los gobiernos provinciales, los organismos provinciales y las empresas estratégicas de cada región”.

“El Estado nacional necesita aliados en los gobiernos provinciales: tiene una participación elevada en el financiamiento, pero una capacidad de planificación baja”, analizó Hynes, que entre 2017 y 2019 fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia.

En tanto, Luz Marina Lardone, directora de Ciencia y Tecnología de La Pampa e integrante del directorio del CONICET, coincidió en que “Argentina es un país con profundas desigualdades y asimetrías territoriales” que han impactado en el sistema de ciencia y tecnología.

Lardone sostuvo que el objetivo de la federalización “se ha instalado como uno de los ejes centrales” de la discusión en los últimos años, y que tiene como dimensiones la desconcentración, la descentralización y la democratización en el acceso al conocimiento.

Eugenia Rosales, ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica de Catamarca, comentó que esa cartera se creó este año en la provincia -antes dependía de una subsecretaría-, y coincidió en que “hay una concentración de recursos en cuatro provincias” en detrimento de las “zonas con menor desarrollo relativo”, como el caso de Catamarca.

El último expositor fue Agustín Campero, economista especializado en ciencia, tecnología e innovación y exsecretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio a nivel nacional, destacó que “la mayor fortaleza del entramado científico-tecnológico son las universidades nacionales”.

Según Campero, las universidades nacionales son “la columna vertebral” del sistema porque “más del 60% de los investigadores realizan allí sus actividades”, y eso significa “un alto impacto en las distintas regiones”, además de la “capilaridad y llegada al semillero del conocimiento”.

Sin embargo, advirtió que el financiamiento de la ciencia y tecnología en universidades nacionales es “muy bajo”, y propuso “dar incentivos para la incorporación de doctores” en las casas de altos estudios.

El especialista también señaló que “una de las mayores debilidades del sistema es que la expansión se hizo a costa de una baja en el promedio de las remuneraciones”, y pidió hacer un “esfuerzo” para elevarlas.

Conrado Varotto, fundador de INVAP (Investigación Aplicada) y exdirector de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) expuso este jueves ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, donde destacó el apoyo de todos los gobiernos a la actividad espacial y la consciencia en torno a la importancia de la ciencia.

En la reunión conducida por Silvia García Larraburu (Frente de Todos), Varotto -quien se retiró en 2018 y actualmente colabora como asesor ad honorem-, relató cómo llegó al país en 1951 desde Italia con la convicción de que Argentina era “un país de futuro y esperanza”.

“Hemos cometido errores y debemos corregirlos, pero no he perdido la visión de que la Argentina sea un país de futuro y esperanza”, expresó.

Con algunas anécdotas, Varotto repasó su trabajo en el área tecnológica a través de los años, y elogió al senador Jorge Taiana al considerar que en su gestión como canciller “siempre consideró a la actividad espacial como una herramienta de política exterior”.

Presente en la reunión virtual, Taiana le devolvió los elogios: “El desarrollo espacial por supuesto tenía que ver con el desarrollo nacional y Conrado Varotto tuvo una habilidad extraordinaria para lograr la colaboración de países y que Argentina pudiera tener un gran desarrollo espacial”.

El físico habló de la diferencia entre une “empresa de tecnología” y una “empresa de base tecnológica”, y señaló que “INVAP es una empresa de tecnología, que usa tecnología con lo que sea, no tiene límites”.

“Hay una convicción íntima de que la ciencia es muy importante para el desarrollo del país”, destacó, y puso como ejemplo que “todo el mundo está esperando que la ciencia saque la varita mágica con la vacuna” contra el Covid-19.

En tanto, manifestó: “No hay dudas de que desde el área gubernamental el apoyo está hace muchos años, pero tenemos que encontrar la forma de que el sistema financiero avance más rápido” en ayuda al sector.

En otro pasaje de su exposición, Varotto sostuvo que “el hecho de ser capaces de encarar grandes proyectos nacionales ha contribuido importantemente porque atrae a empresas de avanzada que son las que salvan al país”.

“En el área espacial siempre hemos tenido apoyo de todas las administraciones. Independientemente de las posibilidades de recursos en cada momento, los planes espaciales los hemos podido llevar adelante tal como estaba previsto y eso siempre fue continuo”, resaltó.

De la reunión virtual también participaron los miembros de la CONAE Raúl Kulichevsky, Daniel Rocca y Sandra Torrusio, así como Leo Comes, licenciado en Gestión Tecnológica.

Los científicos se refirieron a distintos proyectos encarados, como el Satélite Argentino Brasileño para Información del Mar (SABIA-Mar), una misión conjunta con Brasil “pensada para monitorear nuestro mar y nuestras costas”, que se concretaría en 2023.

La senadora nacional por Río Negro Silvina García Larraburu (Frente de Todos) fue electa presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, que se constituyó este jueves de forma virtual y designó a Víctor Zimmermann (UCR) como vicepresidente y a Silvia Sapag (Frente de Todos) como secretaria.

“En la Argentina, la innovación científica y la tecnológica tienen un rol preponderante para producir el tan deseado desarrollo productivo de nuestra Nación y sentar las bases del crecimiento para lograr la justicia social de las generaciones futuras”, sostuvo García Larraburu, y agregó que “la ciencia y tecnología debe ser una política de Estado que trascienda los gobiernos”.

Para las próximas reuniones, además de tratar proyectos pendientes del año pasado, la comisión acordó convocar, entre otros, al ministro del área, Roberto Salvarezza; al presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, y a Conrado Varotto, quien fue fundador del INVAP y director ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La comisión quedó integrada por García Larraburu, Ana María Ianni, María Inés Pilatti Vergara, Edgardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola, Jorge Taiana, Eugenia Catalfamo, Beatriz Mirkin, Silvia Sapag, y Adolfo Rodríguez Saá por el Frente de Todos.

Por Juntos por el Cambio, participarán Alfredo De Angeli, Víctor Zimmermann, Mario Fiad, Belén Tapia, Esteban Bullrich y Stela Maris Olalla, y la comisión se completa con la neuquina Lucila Crexell.

Por Carolina Ramos

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, destacó este martes que se invertirán “400 millones de pesos” en proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a mejorar la capacidad de respuesta de nuestro país sobre la pandemia del Covid-19.

Salvarezza, exdiputado nacional, brindó un informe ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara baja, en una reunión remota encabezada por el radical José Riccardo.

Allí, el ministro destacó que “se han destinado 400 millones de pesos” en una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación donde se presentaron “900 proyectos centrados en el coronavirus”, con el involucramiento de “casi 4.000 investigadores”.

Estas propuestas, que tienen el formato de “idea-proyecto”, están siendo analizadas por una Comisión Evaluadora, que el próximo 27 de abril realizará la selección, para luego, a fines de mayo, proceder a la aprobación de los proyectos y el desembolso de los primeros fondos, especificó Salvarezza.

“Es posible, con buenas políticas, focalizar el sistema de ciencia en torno a la resolución de un problema; no solo atender la pandemia, sino hacer un ejercicio de respuesta articulada del sistema de ciencia en pos de un objetivo que hace a la soberanía tecnológica”, explicó.

El exdiputado nacional consideró que “cada vez que vemos un avión salir a buscar insumos al exterior, nos muestra la dependencia, el hecho de que hoy en día competimos con esos insumos”. “Nadie en este mundo globalizado es independiente, pero la construcción de capacidades es muy importante”, dijo.

Ante una consulta de la diputada Lorena Matzen (UCR), quien advirtió que “alrededor de un 14%” de las personas infectadas trabaja en el sistema de salud, Salvarezza señaló que “una de las principales funciones que tenemos que tener es la protección del personal médico y de todos aquellos que hoy en día están con sus actividades en la calle y que tienen que cumplir servicio”.

Indicó que el Ministerio se hizo cargo de los elementos de protección con impresión 3D, y en el caso de los barbijos, tapabocas y camisolines, su cartera recibió “varias iniciativas de parte de la comunidad científica en relación con cooperativas”, pero se decidió canalizarlas a través del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Sobre la cantidad de reactivos, el funcionario puntualizó que “el número de testeos que hoy se está realizando está dimensionado con el número de infectados que hay”. “Por cada caso positivo necesitamos diez testeos. Hoy Argentina está en el orden de los 36.000 testeos y 3.100 casos. Estamos claramente en esa dimensión”, precisó.

“Teniendo en cuenta que los reactivos son un bien preciado en este momento y que hay una competencia internacional por ello, este Ministerio se ha dispuesto a desarrollar capacidades”, aseguró, y mencionó el trabajo desarrollado en algunas empresas y en los institutos César Milstein y Leloir, entre otros. “Algunos test ya están en la etapa previa a que la ANMAT los habilite”, agregó.