El senador nacional Daniel Bensusán presentó un proyecto de ley en cuyo articulado se profundiza el acceso a la Ley 27078 – Argentina Digital. Considera en poner sobre el tapete, en forma imperiosa, “que las tecnologías de la información y las comunicaciones vuelvan a ser declaradas por ley como servicio público”.

“Promovemos que aumente la garantía de que el servicio de internet y de los servicios de tecnología de la información y comunicaciones, tengan disponibilidad y lleguen en forma efectiva a la totalidad de la población, sin importar distancias o situación socioeconómica. De esta manera estaremos hablando verdaderamente de servicios públicos”, detalló.

El proyecto prevé también ventajas impositivas para las empresas que tienen participación estatal, como en el caso de la pampeana EMPATEL.

“Esta ley significa un avance importante en cuestión de equidad. Transforma una necesidad en un derecho, como es el de garantizar el acceso a las tecnologías de las comunicaciones digitales a toda la ciudadanía, y que no signifiquen una brecha entre los que más y menos tienen”, expresó.

Bensusán destacó que “este fue un compromiso que asumimos con la ciudadanía, durante la última campaña electoral y lo estamos honrando a través de este proyecto”.

En los fundamentos, Bensusán realizó un recorrido por los avances legislativos que se dieron en la materia, hasta el gobierno de Mauricio Macri, cuando “los servicios de comunicación audiovisual y de las TICs comenzaron a regularse por medio de la ley de oferta y demanda, donde prevalecen intereses económicos en perjuicio de su valor social. Dicho decreto implicó un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos, accesibilidad e inclusión digital”.

Más adelante destaca que la Corte Suprema de Justicia aún adeuda expedirse sobre las medidas cautelares interpuestas por las empresas prestadoras de servicios, ante el decreto presidencial 690/20, que declaraba al acceso a internet, telefonía celular y tv paga como servicios públicos, y sus tarifas sujetas a lo regulado para los mismos.

El legislador amplió, esta vez en lo referido a los precios de estos servicios, explicando que “los precios de estos servicios, considerados esenciales y estratégicos, deben ser regulados por la autoridad de aplicación de la ley, que también deberá reglamentar una prestación básica universal que tenga el carácter de obligatoria”.

“Hay una cuestión que se considera fundamental y es el de lograr que las empresas prestadoras se comprometan a garantizar el acceso gratuito a los portales web con dominio gubernamental, para que de esta manera las y los estudiantes puedan acceder a plataformas educativas y aulas virtuales, en todos los niveles educativos”, añadió.

El senador fundamentó también que se pueden encontrar numerosos antecedentes de los representantes de mi provincia que reflejan la voluntad de achicar la brecha digital y promover el acceso en condiciones de igualdad a los servicios en cuestión. Se han presentado en este Senado algunas iniciativas propuestas por Carlos Verna y Daniel Lovera, durante sus mandatos en la Cámara alta”.

También coincidió con las expresiones del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, en que “debemos seguir trabajando para alcanzar una cobertura total, y pretendemos que eso se replique en todo el territorio nacional, en el convencimiento de que “achicar la brecha digital es la forma más moderna de justicia social”.

Finalmente, aseguró que este proyecto “es complementario con el que presentamos hace unos días, promoviendo que Conectar Igualdad sea ley. Queremos tener docentes, estudiantes y la población en general con posibilidades ciertas de poder contar con las computadoras, pero también con la internet necesaria para su desempeño”.

IDEA expresó su preocupación ante el actual DNU que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos, congela sus precios y los somete a una mayor regulación por parte del Estado, señalaron.

Tras recordar que también se pronunciaron durante la gestión anterior en oportunidades tales como cuando se emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia por los topes a los precios de los combustibles, advirtieron que “la Argentina necesita mantener las reglas claras a mediano y a largo plazo. Esto es válido para cualquier sector de la industria y para cualquier gobierno que lidere a los argentinos”.

“La confianza y la previsibilidad son condiciones imprescindibles para generar empleo e inversiones en el país”, señaló IDEA, que recordó que a lo largo de sus 60 años apoyó todas las iniciativas vinculadas para mejorar la competitividad global del país y asegurar la producción y el bienestar general. Entendemos que éste es el camino para que la Argentina crezca.

A través de un comunicado señalaron que así como, durante la gestión de gobierno anterior, IDEA expresó su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/2019, que disponía aplicar un precio tope a las naftas y al gasoil durante 90 días corridos, hoy IDEA se manifiesta de igual manera “ante el actual DNU que declara a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga como servicios públicos, congela sus precios y los somete a una mayor regulación por parte del Estado”.

El comunicado concluye señalando que “la previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego generan confianza, atraen inversiones y fomentan el empleo. Las políticas de control de precios e impuestos excesivos sólo distorsionan los mercados y reducen la competencia”.

A través de las redes sociales, legisladores del Frente de Todos se alinearon con la decisión anunciada por el presidente de la Nación para declarar servicios públicos a la telefonía celular, el cable y los servicios de internet.

La diputada nacional Fernanda Vallejos sostuvo este sábado que “desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar a nuestro pueblo el acceso a los servicios esenciales. Mi profundo agradecimiento con nuestro presidente Alberto Fernández por la significativa decisión que ha tomado”.

La legisladora kirchnerista destacó “el compromiso” de las autoridades de Enacom, y sus autoridades, Claudio Ambrosini y Gustavo López, y celebró “la vocación del gobierno argentino de cuidarnos a todos y todas, que no es otra cosa que honrar el mandato popular para el que el pueblo nos honró con su voto”.

“Y por supuesto, como todas las construcciones son colectivas, esto también es una construcción del pueblo argentino y de muchos y muchas militantes y dirigentes comprometidos y comprometidas con la realidad de nuestro país, como mi querida compañera Alicia Castro”, agregó Vallejos.

Por su parte, la diputada Gabriela Cerruti señaló que el anuncio del Gobierno representa “una decisión trascendente que legisla a la vez sobre el presente convulsionado por la pandemia y el futuro que ya empezó”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau optó por apuntarle a la oposición: “Juntos por el Cambio se sincera respecto a los intereses que representa. Se opone al gravamen a las grandes riquezas que tendrían que aportar 12 mil personas. Se opone a congelar y regular precios de Internet, telefonía y TV paga. Siempre del peor lado. Eso son ellos”.

A su vez, el diputado Leonardo Grosso señaló que “nuestro presidente acaba de a garantizar el acceso a internet, la telefonía celular y la televisión paga para todes. En este contexto de virtualidad, este es un piso de derechos fundamental. Vinimos a cuidar a todes, sobre todo a les más olvidadxs!”.

Por su lado, Hugo Yasky señaló que “declarar de interés público de los servicios de telefonía celular, internet y TV por cable es garantizar el derecho a la información para todos, todas y todes. Es frenar los abusos cometidos por las empresas con posiciones monopólicas sobre los usuarios”.

La entrerriana Carolina Gaillard consideró que la declaración de servicio público a la telefonía celular, la telefonía fija, el servicio de internet y la TV “es una decisión de nuestro presidente Alberto Fernández que garantiza estos servicios hoy esenciales como un derecho que el estado debe regular para que no sean afectados”.

También celebró el diputado porteño Leandro Santoro, que se quejó: “Ahora dicen que la telefonía celular y la transmisión de datos por internet no son prioridad. Porque prioridad, lo que se dice prioridad, es el gas, la luz y el agua. ¿Quién dice esto? Los que nos subieron el gas, la luz y el agua un 5000%.

¡Fuerte ese aplauso al cinismo!”.

La diputada del Frente de Todos destacó el anuncio que hizo del presidente Alberto Fernández, para declarar “servicios públicos” a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. Vallejos había presentado un proyecto de ley en abril para frenar los aumentos del 35% dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable.

Luego del anuncio presidencial Fernanda Vallejos dijo que “desde el comienzo de la pandemia venimos trabajando para garantizar a nuestro pueblo el acceso a los servicios esenciales”.

“Con la telefonía, el cable y el servicio de internet, el Estado tenía la dificultad de que, al no ser un servicio público, no contaba con las potestades para regular estas tarifas, y esa situación fue permanentemente utilizada por las empresas prestadoras para impulsar aumentos, con una insensibilidad escalofriante, aún en medio de la pandemia”, cuestionó.

Vallejos presentó a fines de abril un proyecto para frenar los aumentos dispuestos en los primeros meses del año por las empresas de telefonía, internet y cable. En concreto, propuso suspender “cualquier tipo de modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1° de marzo y durante la vigencia del ‘Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio’”.

En este sentido, la diputada afirmó que “desde el Congreso, el abuso de las empresas hacia los argentinos y argentinas, nos impulsó a presentar un proyecto de ley a fines de abril, para ponerle límite a esas conductas rapaces”, indicó. “Con esta decisión que acaba de anunciar nuestro presidente, el Estado argentino, administrado por un gobierno que defiende el interés popular, ratifica su compromiso con la defensa de derechos consagrados como lo son los de usuarios y consumidores y reafirma su vocación de cuidarnos a todos y todas, que no es otra cosa que honrar el mandato popular para el que el pueblo argentino nos honró con su voto”, reforzó.

Al proyecto habían adherido 49 diputados, entre ellos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA. También, contó con el respaldo del diputado José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.

El presidente Alberto Fernández comunicó la medida a través de su cuenta de Twitter. “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, señaló. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, amplió.

Fernández concluyó: “La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.