Las prestadoras deberán otorgar precisiones en los contratos sobre el alcance de la cobertura, con el fin de facilitar la decisión de los habitantes de localidades del interior, donde en muchos casos no llega la conectividad.
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Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, donde expusieron representantes de diferentes entidades relacionadas a las telecomunicaciones, para analizar el impacto del DNU que declaró “servicio esencial” a internet, la telefonía móvil y la TV paga.
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Al considerar “excluyentes y desiguales” esos servicios, desde la oposición proponen implementar una tarifa social para los mismos.
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En caso de aprobarse el proyecto presentado por la diputada oficialista Liliana Schwindt, los abonos de esos servicios pasarían a ser tarifas públicas.
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