Arrancó en el Senado el debate sobre proyectos para declarar a Internet como servicio público

Con la participación de especialistas, entre ellos el vicepresidente del ENACOM, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión comenzó con las reuniones informativas.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo, dio el puntapié inicial este miércoles al debate sobre proyectos que buscan declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos y derecho humano universal.

En el arranque de la reunión, que contó solo con la presencia de legisladores del Frente de Todos ya que Juntos por el Cambio rechaza el protocolo de funcionamiento remoto dispuesto por la vicepresidenta Cristina Kirchner, los oficialistas José Mayans y Mario Pais ratificaron la modalidad del trabajo parlamentario y anticiparon que aprobaran el decreto de Presidencia.

A modo de introducción, Luenzo señaló que en la pandemia se vio reflejado que este “es uno de los derechos humanos básicos que también consagra a otros derechos, como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo”.

“Argentina tiene una deuda pendiente particularmente con el interior, donde la brecha digital es importante, es significativa”, remarcó el chubutense y destacó que “ENACOM ha puesto en marcha una serie de planes con una inversión en cuatro años de 40 mil millones de pesos, para seguir desde el Estado cumpliendo con este objetivo, que es el de la inclusión digital”.

El presidente de la comisión consideró que debe existir un “trabajo conjunto entre el sector público y el privado para hacer posible que, a partir de la intervención del Estado, que además es responsable del espacio radioeléctrico, le demos cumplimento a ese objetivo”.

Y subrayó, al repasar que al respecto hay cuatro proyectos presentados por el Frente de Todos y otros dos por Juntos por el Cambio, que “tanto desde la oposición como del oficialismo hay interés” en el tema.

Por su parte, el senador Antonio Rodas lamentó “la actitud por parte de la oposición que pone palos sobre las ruedas, pero ya no nos extraña”. Sobre el tema, recordó que es autor de un proyecto que impulsa la modificación del artículo 15 de la Ley Argentina Digital. “Encontré que lo que Cristina (Kirchner) nos dejó, Macri lo sacó. Todo lo que era el servicio a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) debería considerarse y tratarse, por eso coincido en que tenga un tratamiento adecuado”, sostuvo el oficialista.

Y añadió que su provincia “recibe enormes inversiones y nuestra red de fibra óptica se extiende a más de dos mil kilómetros. Sobre 55 localidades, 43 están haciendo uso de esa herramienta”.

En el cierre de la reunión informativa, que pasó a un cuarto intermedio hasta que se reciban a nuevos expositores, Luenzo informó el pase a la firma de un conjunto de proyectos de declaración y comunicación.

La presentación de los especialistas

La primera oradora fue Bernadette Califano, investigadora del CONICET, quien hizo hincapié y celebró que se tomen iniciativas de políticas públicas porque “es importante hacer foco en los objetivos macros para poder implementar medidas regulatorias integrales y articuladas que conduzcan a una implementación que desagreguen esas políticas”, aunque señaló que, si bien algunos de los proyectos los mencionan hay que volver a preguntarse “por qué queremos declarar el acceso a Internet como servicio público. ¿Qué buscamos? ¿Disminuir brechas digitales? ¿Buscamos fomentar la participación de distintos sectores? ¿Se busca regular precios para el usuario final? Son algunas de las preguntas que me surgen y son interesantes responder para elaborar políticas públicas coherentes que no sean coyunturales, sino a largo plazo articuladas a otras iniciativas de Gobierno”.

“Hay una deuda histórica por la falta de acceso a Internet de calidad para importantes sectores y es necesario que haya políticas públicas que resuelvan este problema”, aseguró, e indicó que según los indicadores del ENACOM “no ha variado la penetración de Internet fija en hogares, es baja. La penetración de telefonía fija es altísima, pero el 90% de los usuarios tienen planes post pagos que utilizan los sectores con menos recursos y registra ingresos más altos”.

Por consiguiente, Califano manifestó que “hay que solucionar un primer nivel de brecha digital que es a la conectividad, pero también en materia de hardware, de alfabetización digital, de calidades de conexión, hay brechas de velocidad. Se necesitan políticas públicas para resolver problemas que el mercado no hizo y tiene que estar en diálogo con el sector empresarial”.

Por otro lado, se refirió a algunos aspectos de los proyectos: “Hay un gran acuerdo de declarar el acceso a Internet como derecho humano, puesto que es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Es un debate que tiene muchos años”.

Además, la expositora recomendó “pensar qué pasa con las plataformas digitales, si se incluyen o no dentro de este proyecto. La telefonía móvil la incluyen dentro de esta clasificación y otros dentro de los servicios públicos”. “Es interesante que se pueda debatir qué implica un servicio público, cuáles son los argumentos para que un servicio de TIC sea considerado como público. Hay que pensar cómo lograr objetivos concretos a través de políticas públicas integrales”, finalizó.

A su turno, Henoch Aguilar, exsecretario de Comunicaciones y exvicepresidente de ARSAT, mencionó que “las desigualdades entre las diferentes provincias argentinas, saco el caso de CABA, no son proporcionales ni a sus ingresos per cápita ni al producto bruto”. “Hay cuatro provincias que están por debajo del 40% de acceso fijo: Formosa con 32%, San Juan 36%, Santa Cruz 37% y Mendoza 39%”.

“Tenemos casos de ingresos muy altos como es el de Santa Cruz; tenemos el caso de unas de las cuatro provincias más ricas como es el caso de Mendoza, no parece tener una explicación lógica”, observó y, por el contrario, precisó que “tenemos líderes provinciales que no son Buenos Aires, Santa Fe ni Córdoba” como La Pampa y San Luis que “lideran con el 82%” de conectividad.

En ese sentido, el expositor explicó que se trata de dos distritos que han tenido “políticas provinciales de largo plazo, que han roto la lógica a través de una continuidad de 20 o más de 15 años”. “La decisión de tomar a la conectividad como un objetivo provincial puede tener resultados que superan a las provincias más ricas”, analizó.

Durante su intervención, resaltó que en el país hay “áreas estructuralmente sin cobertura”, mientras que poblaciones rurales de 500 a 2.000 habitantes “están cubiertas apenas por 3G y muy poquito con 4G”. “No se logrará la cobertura universal que estamos pensando si cada provincia no diseña un plan específico en la medida de sus territorios y sus necesidades”, enfatizó.

Y agregó que “necesitamos nuevas redes, que necesitan inversión y para eso necesitamos un sistema de regulación”, aunque “más que regular precios” él recomienda incentivar la competencia, lo que “exige al otro a mejorar el servicio”.

En tercer lugar expuso Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Derechos de Usuarios y Consumidores, quien opinó que el DNU 690/20 dictado por el Gobierno y objetado en la Justicia por las empresas prestadoras, “abrió una puerta de discusión; viene a terminar con la pobreza en las comunicaciones que en esta etapa significa no poder acceder como en el 90% de la población a información básica. Evidentemente las normas de un país deben adaptarse a la situación, por lo que hay que poner como un derecho humano a las comunicaciones y como prioridad”.

“El concepto de servicio público en las comunicaciones nos lleva a pensar de qué estamos hablando. Argentina tiene un monopolio que ha ido generándose en el tiempo”, expresó y profundizó: “Hay dos grupos poderosísimos, esa división de Telefónica (Movistar) y Telecom, que tienen la disputa del sistema de celulares, Internet y cable. Tenemos empresas que no cumplen con la responsabilidad social empresaria, una función esencial”.

Asimismo, Bassano resaltó que “en esta pandemia se aceleró en forma rápida lo que se venía haciendo a lo largo de los años, que muchas actividades oficiales se desarrollan a través del sistema de Internet. La Justicia es Internet, la salud es Internet. Que un alumno no tenga un celular es apartarlo de la educación”. “El teléfono celular e Internet deben ser universales, son servicios públicos necesarios que el Estado controle las empresas porque la transmisión de los bloques de datos se hace a través de ellas y debe haber regulación y que no haya excluidos”, continuó.

“Si hablamos de que es un servicio público, esencial, universal, estratégico, también debemos hablar que es un servicio controlado y regulado, hay que tenerlo en cuenta. Es peligroso que no se controle el uso de la nube”, concluyó.

La palabra desde el ENACOM

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, se encargó de defender el DNU 690/20 y dijo que este decreto “nunca pretendió ser un todo, sino el comienzo de una política, o retomar una política que había sido anulada” por otro decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

“En el medio de la pandemia, con el ASPO y una situación de crisis sanitaria y económica que vivía el planeta, era necesario tomar una serie de medidas para garantizar el acceso a las TIC’s para todo el mundo”, sostuvo y aclaró que el DNU estuvo en sus fundamentos “inspirado en antecedentes internacionales”.

Sin embargo, el funcionario lamentó que “hay un sector de la economía de Argentina que cree que esto debe ser un bien de mercado y no un derecho humano básico”. “No podíamos dejar que el precio por el acceso al estudio o al trabajo fuera un bien de mercado”, defendió.

E insistió que “el DNU 690, ratificado por el Congreso, lo que hace es ratificar eso y en todo caso reponer y ampliar lo que ya estaba en la Ley Argentina Digital”. Entre sus aspectos centrales, esa norma disponía “generar planes de acceso universales” para los sectores más vulnerables y que la “regulación del precio lo sigue fijando la empresa pero debe ser justo, equitativo y razonable”.

“Todavía hay un sector de la Justicia que entiende que esto es un bien de mercado y no debería ser un servicio público, a pesar de que la Justicia funciona a través de Internet en este momento”, cuestionó.

En otro tramo, López afirmó que “estamos de acuerdo en que la competencia genera reducción de costos” pero “hay muchas legislaciones locales que impiden la competencia, ponen trabas para que donde hay una o dos empresas pueda haber una tercera”.

“Estamos en condiciones de regular precios mayoristas, en el sentido de competencia, para que no haya un abuso de posición dominante, y de precios minoristas, aunque en este momento esta judicializada esa parte del decreto”, prosiguió.

En comparación con la gestión K y la de Cambiemos, el vicepresidente del ENACOM recordó que “entre 2013 y 2015 la inversión del Estado fue de 3.200 millones de dólares” para este área, mientras que “en el período 2015-2019 la inversión estatal total fue de 264 millones de dólares” y “básicamente estuvo puesta exclusivamente en la red federal de fibra óptica”.

Por otra parte, admitió que “la inversión privada es fundamental”. “Hubo una fuerte inversión privada entre 2014 y 2015, 2016 y 2017, pero decayó en 2018 y 2019 y no porque los precios estuvieran regulados, los precios estuvieron más liberados que nunca”, subrayó. Sin embargo, “la telefonía fija en el período 2015-2019 tuvo un aumento de poco más de 2.000%, y en el resto de los servicios estuvo entre 30 y 50 puntos por encima de la inflación”.

“La brecha digital es una realidad, el 690 es un primer paso para vencerla. Con el DNU 690 se da comienzo a una política y un debate necesario”, finalizó.

El Senado abre el debate sobre la declaración de Internet como servicio público

Los proyectos presentados se pondrán sobre la mesa en una reunión que la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que se realizará este miércoles, a partir de las 11.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión debatirá este miércoles, a partir de las 11, proyectos que apuntan a declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos.

Tras el tratamiento en asesores, los senadores pondrán sobre la mesa las siete iniciativas que hay presentadas al respecto, y de las cuales podría salir un único despacho. El dato llamativo es que hay iniciativas de dos opositores: el radical Juan Carlos Marino y la macrista Gladys González.

El resto de los proyectos corresponden a los oficialistas Alfredo Luenzo -presidente de la comisión-, Daniel Lovera, Antonio Rodas, Silvia Sapag y María Eugenia Duré.

Luego que en agosto pasado el presidente Alberto Fernández dijera, durante un acto en Tecnópolis, “vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos estafen y roben con las tarifas”, el senador Luenzo presentó un proyecto en línea con el DNU 690/20.

Ese decreto fue objetado en la Justicia por las compañías prestadoras, aunque recientemente éstas sufrieron un revés mediante un fallo de la jueza María Alejandra Biotti (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5), quien afirmó la validez constitucional del decreto, ratificado además por el Senado.

Según plantea la iniciativa de Luenzo, la idea es establecer “la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia de los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 -Argentina Digital- que permitan reducir la brecha digital”.

Aprueban un proyecto para que las empresas de telefonía móvil informen a los usuarios sobre la cobertura

Las prestadoras deberán otorgar precisiones en los contratos sobre el alcance de la cobertura, con el fin de facilitar la decisión de los habitantes de localidades del interior, donde en muchos casos no llega la conectividad.

El Senado dio media sanción por unanimidad a una iniciativa que busca mejorar la información para los usuarios de telefonía móvil, ordenando a las empresas prestadoras que precisen con detalles el alcance de la cobertura, a fin de que los habitantes de localidades del interior del país puedan decidir sobre la contratación.

El proyecto, impulsado por el senador pampeano Juan Carlos Marino (UCR), incorpora el artículo 55 bis a la Ley 27.078 -Argentina Digital-, que indica que “en los contratos de prestación, los licenciatarios del servicio de telefonía móvil deberán detallar todas las localidades en que presten el servicio y el alcance de la cobertura en cada una de ellas”.

Asimismo, dispone que “en relación al servicio de acceso a internet, deben informar la velocidad de bajada y subida, latencia, fluctuaciones y estabilidad de la línea en cada área”.

Cabe aclarar que la publicación de esta información en las páginas web oficiales no reemplazará lo dispuesto por este nuevo artículo.

Marino precisó que “según el INDEC 84 de cada 100 argentinos utilizan este servicio, y en épocas de pandemia presuponemos que se ha ampliado”.

“En muchos hogares la telefonía móvil es la única vía para poder tener acceso a Internet, y en muchos casos el servicio es precario”, lamentó, y a esto sumó que la información “brilla por su ausencia” en los sitios web de las compañías.

El senador explicó que se busca “traer tranquilidad a las personas que van a comprar teléfonos móviles”, sobre todo aquellas que residen en el interior del país, que corren el riesgo de no poder utilizarlos porque la conectividad no llega a sus localidades.

El salteño Juan Carlos Romero acompañó la iniciativa, pero advirtió que “con este proyecto valioso no terminamos con el problema generado por la falta de inversión, control y la presión de estas empresas que tanto alejan a los argentinos de vivir comunicados como debería ser”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, adelantó que se está trabajando en una propuesta para mejorar la conectividad en todo el país, y destacó que “el derecho a información es un derecho fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de usuarios”.

“La telefonía móvil, es, para muchos, la única herramienta posible para acceder a un aula virtual”, ejemplificó, y reconoció que “la conectividad no está a la altura de las circunstancias y de lo que demanda este extenso territorio”.

Debatieron sobre la prestación de servicios públicos desde la economía social

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, donde expusieron representantes de diferentes entidades relacionadas a las telecomunicaciones, para analizar el impacto del DNU que declaró “servicio esencial” a internet, la telefonía móvil y la TV paga.

Se realizó este martes una prolongada reunión informativa que versó en torno a la prestación de servicios públicos desde la economía social, desafíos y estado de situación. El título de la reunión realizada por videoconferencia fue “Tecnologías de la información y las comunicaciones como servicio esencial: una mirada del sector cooperativo”. La convocatoria surge a partir del dictado del DNU 690/2020, por parte del Poder Ejecutivo, que declara “servicio esencial” a internet, telefonía móvil y TV paga, para analizar y recabar información del impacto en el sector cooperativo.

Presidida por la diputada nacional María Soledad Carrizo (UCR), durante el encuentro expusieron representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR); de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL); de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL); de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (FECOSUR); y de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR).

El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, afianzó la idea de “contemplar una reglamentación de puertas abiertas, que plasme el derecho humano básico a la comunicación”. Sobre la regulación asimétrica, el dirigente expresó que “no es simplemente fijar un precio, sino ver de qué manera plasmamos en una reglamentación el acceso a las tecnologías, donde tiene a las cooperativas como actores centrales”.

Gonzalo Quilodrán, director del mismo organismo, afirmó que “Argentina es desigual en materia de conectividad”.

“El decreto reconoce la importancia superlativa de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que la pandemia hizo que pasaran de ser importantes a imprescindibles”, subrayó, al tiempo que agregó: “Reducir la brecha digital implica un trabajo mancomunado del sector público y el privado, con objetivos claros y metas comunes”.

Desde COOPERAR, Carlos Mansilla, secretario de Relaciones Internacionales, coincidió con el decreto al considerar a los servicios “como una necesidad para los argentinos”, pero solicitó regular el trabajo de las cooperativas “de una manera diferente a las grandes empresas”.

Al coincidir en el concepto de las asimetrías y segmentación en la regulación, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, remarcó que “las cooperativas no especulamos, sino que construimos, especialmente donde la argentina necesita conectividad”.

Osvaldo Petrilli, gerente General de FECOTEL, señaló que uno de los puntos fundamentales es “la protección a las redes de las cooperativas, sino no vamos a favorecer a la competencia y a que haya inversiones”. Luego, Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, aseguró que “el cooperativismo telefónico está en un momento de extraordinaria oportunidad, ya que el Estado nos está convocando, pero también de un extraordinario peligro, porque no se puede analizar el decreto sin tener en cuenta la pandemia”.

También, brindaron su testimonio Nahum Mirad, vocal por el Estado del directorio del INAES; Héctor Carril, coordinador del INAES y miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas; Alberto Calvo, responsable de relaciones Institucionales de COLSECOR; Daniela Monje, docente e investigadora, que trabaja en el área de políticas de comunicación y telecomunicaciones; y Juan Carlos Fissore, dirigente cooperativista.

Impulsan la universalidad y equidad en el acceso a telefonía móvil e Internet

Al considerar “excluyentes y desiguales” esos servicios, desde la oposición proponen implementar una tarifa social para los mismos.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Roxana Reyes, presentaron un proyecto de declaración solicitando que el Estado garantice la universalidad, accesibilidad, asequibilidad y la equidad en el acceso a los servicios de telefonía móvil e internet y el acceso al derecho a la educación a través de dichos servicios.

“La comunicación audiovisual a través de cualquier soporte, incluida Internet, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de garantizar. Hoy la ciudadanía mira, lee, escucha, postea y navega por Internet en la casa, en el móvil y en el trabajo. Sin embargo, los cobros por este servicio siguen siendo excluyentes y desiguales”, explicó Reyes.

En esa línea el proyecto solicita que se implemente un programa integral de Tarifa Social para el acceso a internet y telefonía móvil, especialmente para personas o grupos vulnerables y para los grupos considerados esenciales en este marco de pandemia.

“En 2012 La Organización de las Naciones Unidas declaró a Internet derecho humano, pero sabemos que el acceso está condicionado por el lugar de residencia y la capacidad económica. Por ello es que proponemos, entre otras medidas, incorporar en el debate una tarifa social que garantice el acceso universal a los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” manifestó Reyes.

La propuesta atiende la situación excepcional de pandemia por Covid-19 y establece además que las empresas de los servicios de internet y telefonía móvil deberán abstenerse de suspender, cortar o reducir la calidad de la prestación de los estos servicios a las personas que desarrollan actividades esenciales desde el comienzo ASPO.

Por último, Reyes hizo hincapié en las falencias de la conectividad y la ausencia de recursos para acceder a la misma de muchos estudiantes del país que, debido a esta problemática, no pudieron continuar con las clases de manera remota y esto profundiza y reproduce las desigualdades estructurales.

“Esto plantea un dilema que debe ser resuelto en un futuro inmediato, no sólo porque es un derecho humano fundamental, sino porque expone con una gran crudeza las desigualdades del sistema” concluyó Reyes.

Acompañan a Reyes con su firma en el proyecto los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Karina Banfi, Ximena García, Estela Regidor, Albor Cantard, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate, Gabriela Burgos, Dolores Martínez, José Riccardo, Mario Arce, Gabriela Lena, Alfredo Schiavoni, Camila Crescimbeni y Virginia Cornejo.

Quieren que la telefonía móvil e internet pasen a ser servicios públicos

En caso de aprobarse el proyecto presentado por la diputada oficialista Liliana Schwindt, los abonos de esos servicios pasarían a ser tarifas públicas.

A través de un proyecto de ley, la diputada nacional Liliana Schwindt propone declarar “servicio público, esencial, estratégico y un derecho humano” al servicio de telefonía móvil e Internet, en todas sus modalidades y prestaciones.

A partir de ello, el Poder Ejecutivo Nacional establecerá una prestación básica obligatoria que deberá brindarse en condiciones de igualdad a todos los usuarios. La misma será parte integrante de todo contrato entre la compañía prestadora del servicio y el usuario, señala la iniciativa, según la cual el Gobierno deberá garantizar el servicio universal de telefonía móvil e internet que deberá presentar a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y “a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.

En los fundamentos, la diputada del Frente de Todos argumenta la razón de esta ley en la situación que hoy “viven millones de argentinos en medio de la emergencia sanitaria dictada mediante el Decreto N° 260/20, el cual dispuso por el plazo de un año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia”.

“Si bien la telefonía fija es un servicio público, este carácter no ha alcanzado a la telefonía móvil e Internet, aunque sin que existan fundamentos de fondo para diferenciarla de la primera, constatándose además que muchas personas que no cuentan con telefonía fija, han tenido en la telefonía móvil e internet una posibilidad de acceder a la comunicación, aunque a un costo muy elevado”, señala Liliana Schwindt.

La legisladora de origen massista advierte que “conductas oligopólicas, tarifarias, contratos abusivos, cambios unilaterales en las prestaciones del servicio, baja calidad del mismo, falta de inversión, acceso inequitativo al servicio y discriminación en las  tarifas, son algunos de los conflictos que ha suscitado la falta de regulación del servicio de telefonía móvil e internet y su mantenimiento en la esfera del derecho privado”. A su juicio, la pandemia “ha demostrado la importancia de que estos servicios sean declarados un servicio  público esencial, estratégico y sean considerados un derecho humano dado que la educación, el trabajo, las relaciones familiares y humanas son efectuadas, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, a través de la utilización de distintos medios tecnológicos de comunicación, ya sea efectuándose llamadas telefónicas o móviles, videoconferencias, mensajes de texto, redes sociales,, etc.”.