Una treintena de temas quedaron pendientes de tratamiento en el Congreso de la Nación con la culminación del 2024. Algunos proyectos se debatieron en comisiones durante el año, pero no llegaron al recinto de la Cámara de Diputados ni el Senado, mientras que otros ni siquiera se pusieron en discusión. 

Una de las iniciativas más notorias de la lista es el Presupuesto 2025, sobre el que la oposición ya anticipó buscará dar la discusión cuando se abra el período ordinario en marzo. El Poder Ejecutivo prorrogó por decreto -en el último día hábil del 2024- el Presupuesto 2023, que ya había sido reconducido en el primer año de la gestión de Javier Milei. 

Por otra parte, el Gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias en diciembre pasado por la falta de votos en torno a dos proyectos que envió a la Cámara baja: la reforma electoral, con la derogación de las PASO, y una modificación sobre la constitución y caducidad de los partidos políticos. 

Al temario que no fue, anunciado por el vocero Manuel Adorni, se le sumaba el proyecto de “ley antimafias”, con media sanción; el proyecto sobre juicio en ausencia, que había tenido dictamen de comisiones; la iniciativa para autorizar los viajes de Milei al exterior -todavía no ingresó-; y una reforma a la Ley de Fueros, surgida la intención desde Casa Rosada en medio del escándalo por Edgardo Kueider, pero sobre la que no se conocieron detalles. 

Sin abandonar la idea de eliminar las elecciones PASO, el Poder Ejecutivo busca negociar los votos en el Congreso para decidir si convoca o no a sesiones extraordinarias en febrero para tratar el tema. Dentro de la oposición, incluyendo Unión por la Patria, habría un número importante dispuesto a suspenderlas para este año, cuando se elegirán legisladores nacionales. Se verá si el oficialismo acepta esa posibilidad. 

Por otra parte, en una cuestión que sí o sí necesita de las voluntades del peronismo/kirchnerismo, los pliegos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia también se evalúan para extraordinarias. El trámite no es sencillo, pues las designaciones requieren el voto de dos tercios de los presentes del Senado. Las declaraciones del Gobierno en torno a que Milei nombre por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fueron y vinieron a lo largo de estos meses. Actualmente el máximo tribunal funciona con tres de sus cinco miembros.

Presupuesto, ficha limpia, Aerolíneas, Ley de DNU y “Hojarasca”, entre los temas pendientes en Diputados

De las últimas sesiones convocadas en la Cámara de Diputados, sólo logró media sanción el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Además, en esa misma jornada se dio media sanción a la declaración de emergencia en San Luis por incendios ocurridos meses atrás y se aprobó una declaración contra el decreto 780 que restringió el acceso a la información pública. 

En cambio, no prosperaron por falta de quórum temas como la reforma sindical (con cierta complejidad sobre la validez del dictamen); ficha limpia -para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos-; cambios en el sistema de votación de los argentinos que residen en el exterior; juicio penal en ausencia del imputado y una iniciativa motorizada por el Ministerio de Seguridad sobre reincidencia y reiterancia. 

Dentro de la batería de proyectos que quedaron con dictamen, pero no fueron al recinto, aparece en el listado de la Cámara baja la privatización de Aerolíneas Argentinas. La empresa había quedado afuera de la Ley Bases pero, ante un conflicto gremial que se agudizó en la segunda mitad del año pasado, el Gobierno decidió avanzar a toda marcha con los proyectos que proponían su venta, entre ellos los de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (CC). 

A fines de septiembre arrancó la discusión en comisiones, luego se frenó sin más novedades y se reflotó un mes después, interrumpiendo incluso el debate sobre el Presupuesto 2025. Como resultado hubo cuatro dictámenes. Si bien el oficialismo se alzó con el de mayoría, con acompañamiento del Pro, la UCR y aliados, los votos para su aprobación no estaban garantizados y no se convocó a sesión para tratarlo. 

Desde el lado de la oposición, un tema con el que se avanzó fuerte a partir de un emplazamiento de comisiones fue la reforma a la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, con la intención de evitar un uso excesivo por parte de Milei. La iniciativa consensuada entre Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre plantea, entre sus puntos principales, que el rechazo de una sola cámara bastará para dejar sin efecto un DNU y que los decretos que no se traten en un plazo de 90 días en el Congreso se caerán. 

Los bloques impulsores convocaron a una sesión el 12 de noviembre, la que finalmente se suspendió porque no iba a reunir quórum. La mayor razón del fracaso fue que se incluyó en el temario el DNU 846, sobre canje de deuda, lo que alertó al Gobierno. Finalmente triunfó el oficialismo en hacerla caer. Días más tarde, precisamente el martes 26, se convocó a una nueva sesión -que fracasó por falta de quórum- que incluyó el DNU sobre deuda pero no así el dictamen sobre el proyecto para reformar la Ley 26.122. 

Una de las comisiones que más encuentros realizó a lo largo del año fue la de Legislación Penal. Allí se trataron un conjunto de proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo, especialmente por la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Del paquete enviado por la ministra en abril pasado, la última iniciativa en recibir dictamen fue la que modifica el Código Penal en lo referido a legítima defensa y orden público. 

Los miembros de Legislación Penal debatieron en numerosas reuniones informativas sobre un nuevo régimen penal juvenil, a partir de un texto enviado por el Gobierno y proyectos de varios diputados, pero sin acuerdos en un tema tan complejo, no se firmó dictamen en el año. 

Por otra parte, en base a iniciativas de legisladores se avanzó en la comisión que preside Laura Rodríguez Machado con un dictamen para agravar penas a quienes causen incendios intencionales. Tampoco llegó al recinto. 

Con Legislación Penal involucrada, pero siendo la Comisión de Justicia cabecera, el oficialismo dio luz verde en el segundo semestre al debate sobre proyectos relacionados al juicio por jurados, un método que se aplica en una docena de provincias, más no a nivel nacional. En un hecho inédito, se alcanzó un acuerdo casi unánime y el dictamen unió con sus firmas a La Libertad Avanza y Unión por la Patria, entre otros bloques. Sin embargo, no se convocó a tratarlo en sesión. 

En un breve encuentro, Legislación Penal puso sobre la mesa el proyecto bautizado “Ley Conan”, sobre maltrato animal, pero sólo quedó en una reunión informativa de presentación y grandes titulares en los medios. 

Entre otros temas que quedaron sólo en dictamen aparece un proyecto del oficialismo y aliados para declarar la amnistía para los delitos contra las medidas dispuestas en pandemia; y una iniciativa para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres respecto de la violencia en el ámbito laboral y académico, que contó con consenso de todos los bloques excepto La Libertad Avanza. 

Aunque se debatió en comisiones, no prosperó la firma del despacho de la media sanción venida del Senado sobre tipificar y agravar penas por el delito de compra y venta de menores. 

Tampoco reunió consensos un proyecto del Poder Ejecutivo para habilitar la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, que se debatió en varias ocasiones en la Comisión de Defensa Nacional. Ante el fracaso, a fines de diciembre el Gobierno dictó dos decretos para posibilitar que las FF.AA. actúen ante amenazas terroristas, lo que despertó el rápido rechazo desde la oposición más dura, con presentación de proyectos para retrotraer la medida. El tema promete discusión para este año. 

Anunciada con bombos y platillos desde Casa Rosada luego de la aprobación de la Ley de Bases, a finales de junio, la “ley hojarasca” fue enviada finalmente al Congreso en octubre. Si bien desde el oficialismo se afirmaba que se le iba a dar un pronto tratamiento, en paralelo con el Presupuesto 2025, eso no ocurrió. Así, el proyecto que tiene por objeto la derogación de más de 60 leyes que desde el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger consideran “obsoletas”, no fue ni siquiera tratado una sola vez en un plenario de comisiones. 

Tampoco se activó la discusión sobre otras dos iniciativas que ingresaron junto a esa propuesta, vinculadas a partes contenidas en la Ley de Bases original. Hablamos del proyecto sobre modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia, y aquel para establecer el divorcio exprés. 

Senado: pliego de los jueces de la Corte, ley “antimafias” y escasa actividad en el cierre del año

Bajo la presión de que la oposición se lleve triunfos incómodos para el oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo cerrado el recinto de la Cámara alta desde el 26 de septiembre hasta el fin del período ordinario. El 27 de noviembre sólo se abrió para recibir el informe de gestión de Guillermo Francos.

La escasa actividad de comisiones y el poco interés de los bloques en empujar una agenda de temas colocó al Senado en un rol desdibujado para el cierre del 2024, aunque volvió a concentrar todas las miradas en diciembre pero por el escándalo de Edgardo Kueider y su expulsión. 

Sin dudas, una de las grandes cuestiones pendientes para los senadores es la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, tema que, como dijimos, el PEN tantearía para extraordinarias en febrero. 

Si bien UP se muestra inclinado a apoyar a Lijo -la catamarqueña Lucía Corpacci habilitó con su firma el dictamen-, el oficialismo, con tan sólo seis senadores propios, necesitaría de más votos para alcanzar los dos tercios y la postulación del juez federal no convence a varios integrantes de las bancadas dialoguistas. Incluso fue a causa de esa propuesta que el oficialismo echó de su ultra minoritario bloque al formoseño Francisco Paoltroni, quien osó criticar duramente la candidatura promovida por el Gobierno. 

En el caso de García-Mansilla, el kirchnerismo lo rechaza de plano por su perfil conservador y porque además asegura que debe candidatearse a una mujer. Francos, quien en reiteradas oportunidades habló de la posibilidad de que se nombren a los jueces de la Corte por decreto, enfrentó consultas sobre el tema durante la sesión informativa. En caso que no avancen los pliegos dijo que no descartarían postular a una mujer para la Corte, mientras que desde UP le entregaron un documento en el que rechazan rotundamente la idea de que el Poder Ejecutivo designe “en comisión” a Lijo y/o García-Mansilla. 

También en relación a la Justicia, aunque anunciado desde Casa Rosada, la Cámara alta quedó a la espera del envío del PEN de más de un centenar de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. 

Por otro lado, con media sanción de Diputados, en el Senado quedó pendiente el tratamiento del proyecto de abordaje integral contra el crimen organizado, más conocido como “ley antimafias”, y otro sobre regularización de la tenencia de armas y prórroga del programa de entrega voluntaria. Ambos fueron enviados por el PEN y recibieron despacho en las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales durante noviembre pasado. 

Entre otros proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara baja, tuvieron dictamen de comisión distintos acuerdos internacionales, una iniciativa que propone crear la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias, y la llamada “ley Nicolás”, sobre seguridad del paciente, que prontamente perderá estado parlamentario si no se trata. 

A partir de iniciativas de los propios senadores, se despachó en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable un texto que propone derogar la Ley de Manejo de Fuego; mientras que en las de Seguridad Interior y Justicia y Asuntos Penales se avanzó con un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. 

Comandada por el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, la Comisión de Educación no puso en debate durante 2024 el proyecto con media sanción que declara a la educación como servicio esencial, de modo que se garanticen los días de clases cuando haya paro docente.  

Aprobada en diciembre, la ley sobre ludopatía fue girada a la Cámara alta, donde necesitará del impulso de la oposición para dar el debate. La Libertad Avanza la rechaza y Milei ya anticipó que podría vetarla. 

Con un trabado cierre del año parlamentario, atravesado por las difíciles -y no fructíferas- negociaciones en torno al Presupuesto 2025 y la “guerra” de sesiones de la última semana de noviembre, la agenda que compete al Congreso culminó con el período ordinario con un abultado paquete de proyectos pendientes de tratamiento, muchos de los cuales no se prevé que vayan a ser parte del temario de sesiones extraordinarias que defina el Poder Ejecutivo, si es que finalmente las convoca para diciembre. Y, en ese caso, el Gobierno está centrado en la reforma electoral, con la eliminación de las PASO. 

Durante 2024 el oficialismo hizo su debut legislativo con una marcada minoría tanto en el Senado como en la Cámara baja; eso lo llevó a demorar seis meses en aprobar dos leyes ambicionadas por el Gobierno, pero las consiguió. También logró sostener dos vetos de Javier Milei sobre temas importantes como jubilaciones y universidades. Sin embargo, hay otras iniciativas impulsadas desde Casa Rosada que quedaron sin ser tratadas en el recinto o ni siquiera comenzaron su debate en comisiones. 

A raíz de la fragmentación que impera en la composición de ambas cámaras, sobre todo en la de Diputados, los bloques se movieron a lo largo del año de manera muy dinámica, construyéndose mayorías -o, por el contrario, no alcanzándose- dependiendo de los proyectos que había sobre la mesa.    

De las últimas sesiones convocadas en la Cámara de Diputados, sólo logró media sanción el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Además, en esa misma jornada se dio media sanción a la declaración de emergencia en San Luis por incendios ocurridos meses atrás y se aprobó una declaración contra el decreto 780 que restringió el acceso a la información pública. 

En cambio, no prosperaron por falta de quórum temas como la reforma sindical (con cierta complejidad sobre la validez del dictamen); ficha limpia -para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos-; cambios en el sistema de votación de los argentinos que residen en el exterior; juicio penal en ausencia del imputado y una iniciativa motorizada por el Ministerio de Seguridad sobre reincidencia y reiterancia. 

Privatización de Aerolíneas Argentinas y reforma de la Ley de DNU, entre los temas pendientes en Diputados

Dentro de la batería de proyectos que quedaron con dictamen, pero no fueron al recinto, aparece en el listado de la Cámara de Diputados la privatización de Aerolíneas Argentinas. La empresa había quedado afuera de la Ley Bases pero, ante un conflicto gremial que se agudizó en la segunda mitad del año, el Gobierno decidió avanzar a toda marcha con los proyectos que proponían su venta, entre ellos los de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (CC). 

A fines de septiembre arrancó la discusión en comisiones, luego se frenó sin más novedades y se reflotó un mes después, interrumpiendo incluso el debate sobre el Presupuesto 2025. Como resultado hubo cuatro dictámenes. Si bien el oficialismo se alzó con el de mayoría, con acompañamiento del Pro, la UCR y aliados, los votos para su aprobación no estaban garantizados y no se convocó a sesión para tratarlo. 

Desde el lado de la oposición, un tema con el que se avanzó fuerte a partir de un emplazamiento de comisiones fue la reforma a la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, con la intención de evitar un uso excesivo por parte de Javier Milei. La iniciativa consensuada entre Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre plantea, entre sus puntos principales, que el rechazo de una sola cámara bastará para dejar sin efecto un DNU y que los decretos que no se traten en un plazo de 90 días en el Congreso se caerán. 

Los bloques impulsores convocaron a una sesión el pasado 12 de noviembre, la que finalmente se suspendió porque no iba a reunir quórum. La mayor razón del fracaso fue que se incluyó en el temario el DNU 846, sobre canje de deuda, lo que alertó al Gobierno. Finalmente triunfó el oficialismo en hacerla caer. Días más tarde, precisamente el martes 26, se convocó a una nueva sesión -que fracasó por falta de quórum- que incluyó el DNU sobre deuda pero no así el dictamen sobre el proyecto para reformar la Ley 26.122. 

Una de las comisiones que más encuentros realizó a lo largo del año fue la de Legislación Penal. Allí se trataron un conjunto de proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo, especialmente por la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Del paquete enviado por la ministra en abril pasado, la última iniciativa en recibir dictamen fue la que modifica el Código Penal en lo referido a legítima defensa y orden público. 

Los miembros de Legislación Penal debatieron en numerosas reuniones informativas sobre un nuevo régimen penal juvenil, a partir de un texto enviado por el Gobierno y proyectos de varios diputados, pero sin acuerdos en un tema tan complejo, no se firmó dictamen este año. 

Por otra parte, en base a iniciativas de legisladores se avanzó en la comisión que preside Laura Rodríguez Machado con un dictamen para agravar penas a quienes causen incendios intencionales. Tampoco llegó al recinto. 

Con Legislación Penal involucrada, pero siendo la Comisión de Justicia cabecera, el oficialismo dio luz verde en el segundo semestre al debate sobre proyectos relacionados al juicio por jurados, un método que se aplica en una docena de provincias, más no a nivel nacional. En un hecho inédito, se alcanzó un acuerdo casi unánime y el dictamen unió con sus firmas a La Libertad Avanza y Unión por la Patria, entre otros bloques. Sin embargo, no se convocó a tratarlo en sesión. 

Entre otros temas que quedaron sólo en dictamen aparece un proyecto del oficialismo y aliados para declarar la amnistía para los delitos contra las medidas dispuestas en pandemia; y una iniciativa para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres respecto de la violencia en el ámbito laboral y académico, que contó con consenso de todos los bloques excepto La Libertad Avanza. 

Aunque se debatió en comisiones, no prosperó la firma del despacho de la media sanción venida del Senado sobre tipificar y agravar penas por el delito de compra y venta de menores. 

Anunciada con bombos y platillos desde Casa Rosada luego de la aprobación de la Ley de Bases, a finales de junio, la “ley hojarasca” fue enviada finalmente al Congreso en octubre. Si bien desde el oficialismo se afirmaba que se le iba a dar un pronto tratamiento, en paralelo con el Presupuesto 2025, eso no ocurrió. Así, el proyecto que tiene por objeto la derogación de más de 60 leyes que desde el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger consideran “obsoletas”, no fue ni siquiera tratado una sola vez en un plenario de comisiones. 

Tampoco se activó la discusión sobre otras dos iniciativas que ingresaron junto a esa propuesta, vinculadas a partes contenidas en la Ley de Bases original. Hablamos del proyecto sobre modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia, y aquel para establecer el divorcio exprés. 

Senado: sin avance en los pliegos de los jueces de la Corte y escasa actividad en el cierre del año

Bajo la presión de que la oposición se lleve triunfos incómodos para el oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo cerrado el recinto de la Cámara alta desde el 26 de septiembre hasta el cierre del período ordinario, con la excepción del pasado 27 de noviembre, cuando se abrió solamente para recibir el informe de gestión de Guillermo Francos. Pero además, la escasa actividad de comisiones y el poco interés de los bloques en empujar una agenda de temas, colocó al Senado en un rol desdibujado para el cierre del año. 

Sin dudas, una de las grandes cuestiones pendientes para los senadores es la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, trámite nada sencillo por la mayoría que requiere: dos tercios de los votos, un número imposible de alcanzar sin apoyo de Unión por la Patria, el bloque opositor que es primera minoría con 33 miembros. A ello hay que sumarle que una de las postulaciones, la de Ariel Lijo, ni siquiera convence a varios integrantes de las bancadas dialoguistas. Incluso fue a causa de esa propuesta que el oficialismo echó de su ultra minoritario bloque al formoseño Francisco Paoltroni, quien osó criticar duramente la candidatura promovida por el Gobierno. 

Los pliegos del juez federal Ariel Lijo (también cuestionado en su momento por la propia Villarruel) y el académico Manuel García-Mansilla fueron enviados al Senado el 28 de mayo; tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio y a finales de agosto se realizaron las audiencias públicas en las que los candidatos defendieron sus postulaciones. Los dictámenes pasaron a la firma, pero nunca llegaron al recinto. En los últimos días de noviembre, la catamarqueña de UP Lucía Corpacci estampó su firma en apoyo a Lijo y el despacho alcanzó los avales necesarios, no así el de García-Mansilla. 

Lijo fue propuesto para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021; mientras que García-Mansilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Francos, quien en reiteradas oportunidades habló de la posibilidad de que se nombren a los jueces de la Corte por decreto, enfrentó consultas sobre el tema durante la sesión informativa. En caso que no avancen los pliegos dijo que no descartarían postular a una mujer para la Corte, mientras que desde Unión por la Patria le entregaron un documento en el que rechazan rotundamente la idea de que el Poder Ejecutivo designe “en comisión” a Lijo y/o García-Mansilla. 

También en relación a la Justicia, aunque anunciado desde Casa Rosada, la Cámara alta quedó a la espera del envío del PEN de más de un centenar de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. 

Por otro lado, con media sanción de Diputados, en el Senado quedó pendiente el tratamiento del proyecto de abordaje integral contra el crimen organizado, más conocido como “ley antimafias”, y otro sobre regularización de la tenencia de armas y prórroga del programa de entrega voluntaria. Ambos fueron enviados por el PEN y recibieron despacho en las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales durante noviembre. 

Entre otros proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara baja, tuvieron dictamen de comisión distintos acuerdos internacionales, una iniciativa que propone crear la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias, y la llamada “ley Nicolás”, sobre seguridad del paciente, que prontamente perderá estado parlamentario si no se trata. 

A partir de iniciativas de los propios senadores, se despachó en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable un texto que propone derogar la Ley de Manejo de Fuego; mientras que en las de Seguridad Interior y Justicia y Asuntos Penales se avanzó con un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. 

Comandada por el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, la Comisión de Educación no puso en debate este año el proyecto con media sanción que declara a la educación como servicio esencial, de modo que se garanticen los días de clases cuando haya paro docente.  

El oficialismo en Diputados trabaja para realizar una sesión en el mes de septiembre y se ha impuesto una fecha probable: el martes 19. Pero esa fecha puede variar. Así como en principio se había manejado el miércoles 13, ahora se especula con el 19, y es lo que desde el Frente de Todos se encargan de señalar cuando les piden a sus miembros fechas probables. No es lo que sucede en la oposición, donde aclaran que no hay nada firme. Solo conversaciones y especulaciones, “pero no hay fechas ni certezas”, aseguran.

Una fuente de la oposición consultada por parlamentario.com reconoció su extrañeza respecto a que se hablara tanto en su momento sobre una sesión el 13 de septiembre y en ese sentido aclaró que “hoy tampoco está prevista una para el 19”. Empero, reconoció que seguramente habrá una sesión, pero todavía no hay fecha. Y especuló: “Para fines de septiembre o principios de octubre”.

Desde Juntos por el Cambio admitieron que se preparan para la posibilidad de que el Frente de Todos quiera convocar para el 19 de septiembre, pero aclaran que no están dispuestos a dar quórum, ante la certeza de que el oficialismo quiere incluir en el temario el proyecto denominado “Exteriorización del ahorro argentino”. Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país. El proyecto fue tratado el pasado 24 de agosto en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con las visitas del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el de Aduanas, Guillermo Michel, y obtuvo dictamen a la semana siguiente, con la intención oficialista de incluirlo en el temario de la próxima sesión.

Juntos por el Cambio aseguró en su momento que no apoyarían el proyecto y de hecho presentaron un dictamen de rechazo. Por eso adelantaron que si es incluido en el temario de la próxima sesión, no darán quórum. “Blanqueo bloquea el quórum”, enfatizó la fuente consultada, aclarando que si el oficialismo reúne las 129 voluntades para iniciar la sesión, bajarán a dar el debate.

¿Y universidades? En JxC sospechan que la intención del oficialismo es también incluirlo en ese temario, siendo que parte de la principal oposición no apoya la creación de esas universidades, mas aclaran que el principal rechazo lo tiene el blanqueo, que consideran innegociable faltando tan poco tiempo para concluir el actual Gobierno.

Con 118 diputados oficialistas y aliados insuficientes para formar el quórum, cada presencia será indispensable si no se cuenta con la anuencia de JxC. Al explorar entre los bloques “del medio”, parlamentario.com recibió como respuesta la certeza de que habrá sesión solo si el oficialismo avanza con “un temario razonable y equilibrado”. ¿Qué significa eso? Que si plantea “un temario de mera campaña”, no habrá sesión.

Es la condición sine qua non que se plantea desde los bloques que necesita el oficialismo sentados en sus bancas para poder comenzar a debatir. Esa postura excluye, por ejemplo, la extensión de licencias y el proyecto sobre Aerolíneas Argentinas.

En el primero de los casos, se trata de un proyecto que amplía las licencias laborales y que obtuvo dictamen el pasado 22 de agosto. Entre los principales cambios que establece el dictamen de mayoría figura el otorgamiento de 126 días de licencia para personas gestantes (actualmente es de 90); amplía la licencia de personas no gestantes de 2 a 45 días y crea una licencia de 90 días para personas adoptantes. No son las únicas disposiciones que establece un proyecto elaborado a partir del análisis de 55 proyectos pertenecientes a legisladores de todos los sectores.

Esta iniciativa cuenta con un margen ajustado para su aprobación, ya que desde JxC y el interbloque Federal presentaron dictámenes propios. Así las cosas, no sería este el momento adecuado para llevarlo al recinto.

Menos aún el proyecto de “protección de Aerolíneas Argentinas”. Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner que establece una suerte de “cepo” para la eventual estatización de la aerolínea de bandera. Esto es, para autorizar su eventual privatización, debería contarse con los dos tercios de ambas cámaras. “La conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”, puso como reparo durante su debate en comisión el diputado del Pro Pablo Tonelli, antes de que junto a sus compañeros de Juntos por el Cambio se retiraran de la comisión en discrepancia con la manera propuesta por el oficialismo para dar ese debate, limitándose a una sola reunión para dictaminar, el 22 de agosto pasado. Tonelli agregó ese día que “solo la Constitución nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido, porque la ley posterior deroga a la ley anterior”.

Si bien parecía en principio que el proyecto del expresidente de la bancada oficialista contaría con la anuencia de otros sectores, esto no estaría ocurriendo, razón por la cual esa iniciativa sería un obstáculo para una eventual sesión.

“Si el temario va por la rebaja de contribuciones patronales y GNL, va a haber sesión”, aclararon desde la oposición que el Frente de Todos necesitará para arrancar una sesión. Estamos hablando del proyecto conocido como “Emplea PyME”, que contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que percibe planes sociales o a jóvenes de entre 18 y 25 años que accedan al mercado laboral por primera vez. El proyecto de Sergio Massa figura en el temario de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para este miércoles, que recibirá invitados, pero en la que se planea dar dictamen ese mismo día.

En el caso del Régimen de Promoción del GNL en nuestro país, ese proyecto tuvo dos reuniones informativas el 4 y el 11 de julio pasados, cuando concurrieron el presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía, Flavia Royon. El proyecto del Ejecutivo prevé declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Desde el interbloque Federal ya adelantaron su apoyo a la iniciativa, lo que garantizaría que contara con su aprobación, más allá de la actitud que vaya a tener Juntos por el Cambio. Cabe consignar que el proyecto aún no tiene dictamen.  

En plena campaña electoral, en el medio de elecciones provinciales pendientes y de cara a las presidenciales del 22 de octubre desde la oposición advierten que “si el oficialismo se anima a construir una agenda con diálogo, que aborde temas importantes o estratégicos, va a haber acompañamiento. Si es una agenda de coyuntura para la campaña, no”.

En el medio, puede haber matices, claro está. Por ejemplo, hay temas como la eliminación del pago del impuesto a las Ganancias por parte de los trabajadores, que estaría madurando en el seno del Gobierno y del cual habría novedades este lunes. Desde la oposición admitieron que en tono de campaña el candidato oficialista y ministro de Economía agitó la posibilidad de aprobar una eliminación de ese impuesto y desde JxC redoblaron la apuesta. “Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos”, lo azuzó Cristian Ritondo a través de X, y en el mismo sentido se pronunciaron sus pares Ricardo López Murphy y Sabrina Ajmechet.

Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos. https://t.co/y3jpAXeyDf

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 7, 2023

El tema es que esta semana el ministro/candidato podría avanzar con esa iniciativa, y desde el resto de la oposición están dispuestos a darle rápido tratamiento en ese caso.

Lo mismo harían con alquileres, para el caso de que el proyecto vuelva reformado desde el Senado, por tratarse de “un tema socialmente relevante”.

¿Y universidades? “Una cosa son 8 universidades, otra son 4”, diferenció un diputado de la oposición. Recordemos que desde el año pasado el oficialismo quiere tratar la creación de las universidades nacionales de Madres de Plaza de Mayo, Saladillo, Cuenca del Salado, Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz en Paraná, Entre Ríos. Algunas de ellas tienen fuertes reparos de la oposición, otras no tanto.

Tampoco verían con buenos ojos el tratamiento del Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, que apura el oficialismo con un debate en plenario este miércoles a las 13.30. Desde la oposición rechazaron un tratamiento exprés para un tema que, además, no consideraron prioritario.

Sí se aceptaría en cambio el Plan de Ciencia 2030, que tuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Ciencia y Tecnología.

“Si construyen un temario que no esté asociado a las necesidades de la campaña y la coyuntura, es posible tener una sesión lo más pronto posible, con acompañamiento”, resumió un legislador de los bloques del medio.

Por primera vez, desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 se volverá a realizar una sesión ordinaria en el Senado con la totalidad de sus miembros sentados en sus bancas tras aplicar el formato mixto con la mayoría de forma remota por los cuidados sanitarios debido a la pandemia de coronavirus. Este hecho que quedará en la historia parlamentaria será este miércoles a partir de las 14.

Los temas serán:

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En esta sesión tan particular, el temario no tiene un tema central que incluya polémica sino que se espera que en el incio de la sesión se de el mayor condimento político debido a que más de un legislador de la oposición hará referencia al resultado de las elecciones PASO y el manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional, ya que recién de 1 año y 7 meses se volverá en su totalidad al recinto del Senado.

Entre el órden del día, se destaca la declaración conjunta de la preocupación de Argentina por la inclusión de parte de la plataforma marítica nacional por parte de Chile.

Otro tema que se debatirá este miércoles se trata de una iniciativa de la senadora pampeana Norma Durango que prevé que en todos los establecimientos educativos del país se dicte una jornada de sensibilización sobre la no discriminación en la vejez.